Santiago Pedraglio,
Es sorprendente que se propongan estos “frentes policiales” para las zonas de extracción minera, un tipo de organización que recuerda a los frentes político-militares de la época del conflicto armado interno. Incluso si tuviera una buena intención, la promesa del ministro implicaría un cambio de 180 grados frente al modo de actuar de los últimos gobiernos; y, lejos de la defensa multipropósito que propone, se acabaría por legalizar la privatización de la labor de la Policía en defensa de las inversiones mineras.
Mientras tanto, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, anunció, a propósito de las protestas en Cañaris (provincia de Ferreñafe), que “son los mismos agitadores”. Agregó que “hay que decirlo con nombre propio”, y señaló que “el dirigente del frente de defensa estuvo preso 10 años por terrorismo”.
La respuesta del gobierno viene siendo la conocida: afirmar que quienes exigen derechos son radicales y/o terroristas, y que no se puede hablar con ellos. Así se pretende descalificar las demandas y aislar a los dirigentes. Pero el ministro está olvidando Conga, donde usaron los mismos argumentos hasta el cansancio y, a pesar de eso, la encuesta de Ipsos Apoyo aplicada en el momento del conflicto dejó ver que 78% de los cajamarquinos eran contrarios al mencionado proyecto (¡y 82% en la zona rural!). No era, pues, un pequeño y caprichoso grupo el que impulsaba los “desmanes”.
Sin repetir los errores de Conga y Espinar –sin falsear la realidad ni abusar de la fuerza–, bien haría el Gobierno en establecer un diálogo serio y equilibrado con los ciudadanos de Cañaris, una comunidad, dicho sea de paso, muy rica culturalmente.
Fuente: Diario Perú 21 25.01.13
