Servindi, 5 de setiembre, 2013.- Un foro realizado en Celendín,
Cajamarca, concluyó que el proyecto hidroeléctrico Chadin II en la
cuenca del río Marañón tendría la finalidad de proporcionar energía al
cuestionado proyecto minero Conga, además de significar la amenaza de
impactos sociales y ambientales. Así lo destaca un informe sobre dicho
tema elaborado por Luis Manuel Claps para el Latin American Bureau (LAB) y que reproducimos a continuación.
Llueve sobre el Marañón
Por Luis Manuel Claps
5 de setiembre, 2013.- Varias organizaciones se reunieron a mediados
de agosto en Celendín, Cajamarca, al norte de Perú, para articular
estrategias de resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Chadín II.
Además de los graves impactos ambientales y sociales que supone el
represamiento del río Marañón, denuncian que su finalidad es satisfacer
la demanda energética del megaproyecto minero Conga.
El sábado 17 de agosto se llevó a cabo en la Casa del Maestro el foro
público “Hidroeléctricas en el Marañón: Ríos, Vida e Industrias
Extractivas”, organizado por Forum Solidaridad, International Rivers,
Grufides, la Plataforma Interinstitucional de Celendina (PIC) y las
Rondas Campesinas.
El encuentro contó con la participación de diversos expertos y
representantes de las comunidades potencialmente afectadas. En los días
previos, una comisión recorrió durante tres días los valles y
comunidades del cauce medio del Marañón que serían sepultados por el
embalse para informar, conversar, fortalecer vínculos y promover
acciones conjuntas en defensa del río y sus ecosistemas.
El 3 de julio el pueblo de Celendín celebró el “Día de la dignidad Celendina”
y recordó a Faustino, César, José y Eleuterio, quienes perdieron la
vida por la represión de la lucha en defensa del agua. Los responsables
de estos crímenes no fueron identificados ni llevados ante la justicia.
A un año de las masivas protestas contra la expansión minera en las
cabeceras de cuenca, la represa Chadín II podría encender un nuevo
conflicto ambiental en la región. Existe una petitción internet buscando reunir 5,000 firmas de personas que se oponen al proyecto Chadín II project. Para agregar su firma, hagan clic aquí.
La energía
El proyecto hidroenergético Chadín II (600 MW) es promovido por AC
Energía SA, del grupo multinacional brasileño Odebrecht. Supone la
construcción de una presa de 175 metros de altura que formará un embalse
de unos 23 kilómetros de largo en el tramo andino del río Marañón. El
costo monetario del proyecto asciende a US$819 millones, mientras que
los costos ambientales y sociales podrían ser mucho mayores. Se estima
que la etapa de construcción demandará unos 2500 trabajadores, pero la
operación y mantenimiento no requerirá más de 40.
El embalse sepultaría bajo el agua veintiún centros poblados, entre
ellos El Inca, El Mango, El Paraíso, Santa Rosa, Montegrande, Salazar,
Nueva Rioja, El Cura, Saquilillo, Mapish, San Francisco, Libián, Tupén y
Mendán. La principal actividad económica de la zona es la agricultura y
los cultivos más productivos son la hoja de coca y los frutales como
papaya, plátano, naranja, limón, mango y ciruela.
En un pronunciamiento de julio de 2013,
organizaciones locales reclamaron que “no se puede pasar por encima de
las leyes peruanas y los convenios internacionales, ni desconocer los
derechos de los pobladores de las provincias de Celendín en Cajamarca, y
Luya y Chachapoyas en Amazonas, herederos de los pueblos originarios
Chachapoyas, Caxamarcas y Coremarcas”.
En el resumen ejecutivo del EIA del proyecto, actualmente en proceso
de aprobación, AC Energía propone “transacciones individuales” con los
propietarios de los terrenos que serían inundados, sin la intervención
del Estado ni organizaciones intermedias. El estudio no reconoce la
existencia de pueblos indígenas.
El agua
El proyecto Conga está ubicado a unos 73 km al noreste de la ciudad
de Cajamarca, en los distritos de Sorochuco y Huasmín de la provincia de
Celendín y La Encañada de la provincia de Cajamarca. Propone la
explotación de los tajos Chailhuagón y Perol y al menos otros dos tajos
adicionales, Amaro y La Carpa.
Una planta con capacidad para procesar diariamente 92,000 toneladas
de roca permitiría obtener 3,1 billones de libras de cobre y 11,6
millones de onzas de oro en 20 años. La ley del mineral es muy baja:
cada tonelada contiene menos de un gramo de oro y 0,2% de cobre. Todos
conocen la devastación que vendrá con Conga: la misma empresa explota
desde hace veinte años la mina de oro y cobre Yanacocha, la más grande
de Sudamérica.
Los yacimientos de Conga fueron descubiertos originalmente en 1991
pero las actividades de exploración comenzaron en 2004. En octubre de
2010 se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental. El Gobierno Regional y
las comunidades denunciaron los graves impactos que provocaría en las
cabeceras de cuenca.
Ante el reclamo por la destrucción de las lagunas Azul, Perol, Mala y
Chica, Minera Yanacocha respondió que construiría cuatro reservorios
para reemplazarlas. El 27 de julio de 2011 la estadounidense Newmont
Mining y su socia local Buenaventura, propietarias de Yanacocha,
hicieron pública la aprobación de la financiación del proyecto por
US$4800 millones, la mayor inversión minera en la historia del Perú.
Pero en noviembre de 2011 un contundente paro
obligó a la empresa a suspender sus actividades. La renuncia del
viceministro de Gestión Ambiental, que mantenía una posición crítica del
proyecto, precipitó una crisis política en el primer gabinete del
recién asumido Ollanta Humala. Miles de personas salieron a las calles
para defender el agua y Yanacocha anunció la suspensión del proyecto por
exigencia del gobierno nacional.
El 4 de diciembre el premier Salomón Lerner, varios ministros y las
autoridades regionales se reunieron en la ciudad de Cajamarca. Esa misma
noche Humala decretó el estado de emergencia en las provincias de
Cajamarca, Hualgayoc, Celendín y Contumazá por el término de sesenta
días y Óscar Valdés, entonces ministro de Interior, fue designado primer
ministro.
El 17 de abril de 2012 un Tribunal Constitucional invalidó una ordenanza
del Gobierno Regional que había declarado inviable al proyecto minero.
En los primeros días de julio, la brutal represión a los manifestantes
opositores al proyecto por fuerzas del Ejército y la Policía Nacional
dejó el trágico saldo de cinco muertos y unos ciento cincuenta heridos.
Veinte por uno
En un solo decreto,
en abril de 2011 Alan García declaró de interés nacional la
construcción de veinte centrales hidroeléctricas en el río Marañón.
Rebautizada como la “arteria energética” que aseguraría el “desarrollo
productivo del Perú hasta el año 2050″, con “impactos mínimos o nulos
sobre el medioambiente”, la decretada “revolución energética” de “quince
mil millones de dólares” generaría más de “doce mil megavatios” y
permitiría “irrigar millones de hectáreas agrícolas”.
Los principales proyectos incluidos en el decreto son Cumba (1400
MW), Rentema (1500 MW), Escurrebraga (1800 MW) y Manseriche (4500 MW). A
éstos se suman otros cuatro: Chadín II, Marañón (96 MW), CH del Norte
(600 MW) y Veracruz (700 MW). El decreto omite sus reales motivaciones
económicas: la exportación de energía a Brasil y el abastecimiento de la
extensa cartera de megaproyectos mineros de las empresas
transnacionales en la región.
Audiencias abusivas
Elmer Saldaña Montoya, presidente del recientemente creado Frente de
Defensa de Yagén, fue uno de los dirigentes locales que tomó la palabra
en el foro de Celendín. Aseguró que “mi pueblo no se puede comprar, hay
300 hectáreas cultivadas que son de propiedad comunal. Podrán comprar a
algunas personas, como a las autoridades cobardes de Cortegana y
Chumuch, pero mi pueblo no se puede comprar”.
Por su parte H. Rojas Gonzales, del Frente de Defensa del Río
Marañón, llamó a “ponerse en pie de lucha contra las represas y rechazar
Chadín II y Conga”. “Estamos seguros de que no nos van a vencer, se
trata de una empresa corrupta que promueve audiencias abusivas, llenas
de policías”. “El alcalde de Cortegana se ha prestado a la cobardía.
¿Por qué llaman progreso al estancamiento del río? Los valles
productivos del Marañón ya tienen dueños”.
Los ronderos y la PIC denunciaron a Odebrecht y al gobierno nacional
por “montar una falsa consulta previa en el distrito de Cortegana”. En
una “audiencia pública” celebrada el pasado 5 de julio, la policía
reprimió y no dejó ingresar a quienes se oponen al proyecto. Algo similar ocurrió en Chumuch el sábado 6 del mismo mes.
Integración energética
El 16 de junio de 2010 los ministros de Energía y Minas del Perú y Brasil firmaron un Acuerdo Energético
con el objetivo de establecer el marco legal para promover la
construcción de centrales hidroeléctricas en el Perú por empresas de
capital brasileño y establecer las condiciones para la exportación de la
electricidad al Brasil.
El 17 de febrero de 2012 se creó la Comisión Multisectorial de
Facilitación de Inversiones Energéticas para promover “acciones de
coordinación con organismos del Poder Ejecutivo a fin de establecer
mecanismos de facilitación para el otorgamiento de concesiones,
licencias y autorizaciones”.
Con el apoyo financiero del Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social (BNDES), la institución financiera de desarrollo más grande de
América Latina, empresas multinacionales como Odebretch exportan a los
países de la región el modelo de acumulación capitalista neoliberal que
aplican en su propio país.
Como denuncia el Movimento dos Atingidos por Barragens
(afectados por represas), que lleva veinte años de lucha contra la
privatización del sistema eléctrico y por la democratización de la
matriz energética, en Brasil ya se construyeron unas 2000 represas que
expulsaron a más de un millón de personas de sus tierras: una dictadura
impuesta contra los pueblos ribereños.
La serpiente de oro
El Marañón conforma una de las cuencas más importantes del Perú,
donde vive al menos el 17% de la población del país. Tras recorrer los
valles interandinos a lo largo de 1600 kilómetros y surcar seis
regiones, entre las cadenas occidental y central de los Andes, atraviesa
la región de los pongos en el departamento de Amazonas, el último
obstáculo antes de alcanzar la llanura amazónica, reunirse con el
Ucayali y tributar sus aguas en el río Amazonas.
El curso Marañón da vida a una rica biodiversidad y sus bosques secos
albergan un alto endemismo de aves. Las represas se proponen sin
suficiente entendimiento de la escala y complejidad de los servicios
ambientales que presta, ni sobre los impactos que sobre ellos podrían
provocar.
Buena parte de la sección media del río forma un cañón de abismal
profundidad a ambos lados, mayor incluso a la del famoso Gran Cañón del
Colorado. El llamado cañón del Marañón configura uno de los mejores
sitios del mundo para la práctica del rafting. Por allí está la villa de
Calemar, sobre la que el narrador peruano Ciro Alegría basó una de sus
novelas más entrañables.
Difusión y articulación
En
junio de este año Forum Solidaridad y otras organizaciones sociales de
las regiones Amazonas y Cajamarca lanzaron la campaña “Río vivo, Marañón sin represas”
cuyo objetivo es alertar a la opinión pública sobre los graves impactos
que podrían ocasionar la construcción de las centrales hidroeléctricas.
Como parte de esta campaña, una comisión conformada por
especialistas, líderes y pobladores locales recorrió durante tres días
los valles y oasis del Marañón entre Celendín y Chumuch. A pie y en
mula, ya que no hay caminos de acceso, la comisión visitó Yagén y luego
Playa El Inca, donde río abajo se encuentra el sitio donde sería
levantada la represa Chadín II. El objetivo de la comisión fue recoger
información sobre la situación actual e informar, conversar y establecer
vínculos para posibles acciones conjuntas en defensa del río.
De Playa El Inca continuaron hasta Tupén, pasando por los
asentamientos de Saquilillo, Choropampa y San Lucas. En Yagén, Tupén y
Mendán (con unos 500 habitantes, el más poblado), la comisión se reunió
con los vecinos para presentar información sobre Chadín II, sus posibles
impactos ambientales y sociales, los derechos humanos que estarían en
riesgo y las posibles acciones legales para defenderlos.
Costos ambientales
En el foro público de Celendín, el ingeniero José Serra Vega formuló
algunas observaciones al resumen ejecutivo del EIA del proyecto Chadín
II. “La primera constatación es que el costo ambiental de la represa
está completamente ausente y no hay ningún análisis de los impactos
aguas abajo del embalse”. Para el ingeniero Serra, “el costo total del
proyecto no debe medirse solamente en términos monetarios como hace la
empresa, sino considerando también los costos en términos ambientales”.
Entre los principales impactos, Serra mencionó que “el dique va a
retener los sedimentos que alimentan los cultivos aguas abajo y
obstaculizar el paso de los peces, dos elementos esenciales para la
seguridad alimentaria de las comunidades Awajún. No se ha estudiado lo
suficiente la relación entre el río y las llanuras productivas y es
alarmante que el MINAM no haya hecho observaciones sobre estos puntos”.
Serra realizó una valoración económica de los impactos de la represa
de Inambari, cuya recomendación final fue la cancelación del proyecto
(ver Inambari: La urgencia de una discusión seria y nacional. Pros y contras de un proyecto hidroeléctrico).
Desplazamiento y pobreza
Aurelia Matos López e Hilda Montenegro Bonilla, tenienta gobernadora
de Nuevo Huabal, representantes de los desplazados por Odebrecht en el
Proyecto Especial Olmos Tinajones, en la región Lambayeque, denunciaron
los abusos de la empresa y las penurias sociales y económicas que les
toca enfrentar a sus familias después de ser reubicadas para hacer lugar
al embalse de la represa Limón.
“Vivíamos en lo mejor, pero ahora estamos en lo peor” concluyeron. Su
mensaje fue claro: “no crean, el desplazamiento genera pobreza”. Según
el resumen ejecutivo del EIA de Chadín II, el programa de capacitación local de AC Energía se denomina CREER.
Benjamin Hoffman, abogado de EarthRights International,
explicó que la construcción del proyecto Chadín II supone varios
riesgos para los derechos humanos. Particularmente preocupante es el
posible desplazamiento de la población que vive y trabaja en las zonas
que serían inundadas.
Aseguró que el Estado debe demostrar los beneficios del proyecto y
que no hay alternativas menos perjudiciales para alcanzarlos. Por otra
parte, “ante un posible reasentamiento, el nuevo sitio debe ofrecer las
mismas oportunidades de trabajo y derecho a la salud, alimentación y
vivienda que el lugar original”.
Hoffman agregó que el procedimiento relacionado con la construcción
del proyecto Chadín II no está asegurando el respeto por los derechos
humanos de la población. “El Estado debe asegurar el derecho a la
participación, y para ello, la población afectada debe contar con toda
la información relevante y la oportunidad real de expresar sus opiniones
de acuerdo a la ley. Estos requisitos, después de nuestra visita a la
zona, se encuentran en seria duda”.
¿Para qué y para quiénes?
Antonio Zambrano, coordinador del Área de Integración Solidaria de
Forum Solidaridad Perú, ofreció una mirada crítica sobre el proceso
vigente de integración sudamericana bajo el dogma de la gran inversión.
“Los megaproyectos de infraestructura se anuncian como más producción y
empleo, pero también generan deforestación y degradación de bosques,
desplazamiento de poblaciones, colonización desordenada, prostitución y
trata de personas, diseminación de enfermedades, aumento de la
criminalidad y tráfico de tierras”. “¿Cuánto tiempo más seguiremos
ignorando los conflictos sociales? ¿Cuánto tiempo más seguiremos
creyendo ciegamente en el dogma de la inversión?” se preguntó.
Jaime Rivera Gonzales, subgerente de la Gerencia de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de
Cajamarca, subrayó que “los proyectos Conga y Chadín II son inviables”.
Por su “impacto en los derechos humanos y el medioambiente, serias
deficiencias en los estudios y su potencial contribución con el fenómeno
del cambio climático local y global”, Rivera llamó a las organizaciones
de la sociedad civil a “mantener la actitud vigilante frente a los
megaproyectos mineros y energéticos”.
Por su parte Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina
(PIC), destacó en su exposición la relación entre Chadín II y el
proyecto minero Conga. Para Sánchez “el consumo de energía del proyecto
minero no tiene precedentes, prueba de ello son las dimensiones del
molino de rocas que pretenden instalar allí arriba”. Según su fabricante, la finlandesa Metso, Conga utilizaría el molino de rocas semiautógeno más grande jamás instalado.
Sánchez advirtió que la demanda energética de la minería en Cajamarca
se multiplicaría geométricamente con la puesta en producción de los
proyectos Minas Conga, Cerro Negro y Chaquicocha (Newmont y
Buenaventura), El Galeno (Jiangxi Copper), La Granja (Rio Tinto),
Michiquillay (Anglo American), Tantahuatay (Buenaventura y Southern
Copper), Shahuindo (Sulliden Gold), Sipán (Hochschild Mining) y Cerro
Corona (Gold Fields).
De acuerdo a la ONG con sede en Lima Cooperacción, el 55,2% del
territorio de la provincia de Celendín, y el 77,7% del territorio de la
provincia de Cajamarca, fueron otorgados en concesión minera por el
gobierno central (ver mapas).
Llueve sobre mojado
Las mineras alientan la construcción de represas para aprovechar la
energía que producen. La ley del mineral determina el consumo: a menor
proporción de metales en la roca, mayor demanda de agua y energía para
extraerlos.
En 2011 la brasileña Vale adquirió una participación
del 9% en el megaproyecto hidroeléctrico Belo Monte (11,2 GW), uno de
los más resistidos del mundo. La mayor exportadora mundial de hierro es
también la principal consumidora unitaria de energía del Brasil. En 1984
construyó la represa de Tucuruí y el lago de 72 metros de profundidad
generado por el embalse desplazó a 35,000 personas.
Xstrata Copper impulsó durante años la construcción de represas en
los ríos prístinos de la Patagonia, entre el sur de Chile y Argentina.
En 2007 la subsidiaria Energía Austral presentó un EIA para represar el
río Cuervo y construir una central hidroeléctrica (640 MW) y línea de
alta tensión de 800 kilómetros para alimentar sus minas de cobre en el
norte.
A pesar de haber sido aprobado por la autoridad ambiental regional, el proyecto se encuentra suspendido
por la resistencia social y un fallo de la Tercera Sala de la Corte
Suprema de Chile. En abril de 2012 Xstrata vendió el 51% de su
participación en Energía Austral a la australiana Origin Energy, con
sede en Sydney. Después de fusionarse con Xstrata este año, ahora la
mayor compañía de commodities del mundo, Glencore, posee el 49%
restante. En agosto de 2013 Energía Austral presentó estudios geológicos adicionales del proyecto Cuervo a las autoridades chilenas.
Cambio climático y vulnerabilidad
Según el Ministerio del Ambiente (MINAM)
el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático. La
mayor intensidad e imprevisibilidad de los fenómenos del clima amenaza
los grandes proyectos de infraestructura como carreteras, ductos y
represas.
En junio de 2010 el colapso del dique
de colas de Minera Caudalosa derramó 25 mil metros cúbicos de desechos
tóxicos a lo largo de 100 kilómetros de un río que cambia de nombre
según el pueblo que recorre: Escalera, Huachocolpa, Opamayo, Lircay,
Urubamba y Cachimayo, en la región Huancavelica. Las lluvias
inusualmente intensas y la irresponsabilidad de la empresa provocaron el
desastre, uno de los peores en su tipo de los últimos años.
Los ríos profundos
Para Monti Aguirre, coordinadora en América Latina de la organización International Rivers e integrante de la Red Latinoamericana contra represas y por los ríos,
sus comunidades y el agua, “la mayoría de los proyectos de represas
actuales, incluyendo la serie sobre el río Marañón, se basan en
investigaciones originadas en los años 1960 a 1970, desde el ethos del
agua vigente en ese momento, en el cual cuestiones de gran relevancia
actual como el cambio climático estaban ausentes”.
Según el informe de la Comisión Mundial sobre Represas de 2000, que
reveló los impactos globales de la industria hidroeléctrica, en el mundo
existen unas 47,000 represas consideradas grandes (de más de 15 metros
de alto) y los países que más las han construido son Estados Unidos,
China e India.
En términos sociales, la Comisión encontró que con frecuencia los
efectos negativos de las represas no se valoran ni se toman en cuenta
adecuadamente. Una gran variedad de impactos afectan la vida, los medios
de subsistencia y la salud de las comunidades que dependen de los
ambientes ribereños. Entre 40 y 80 millones de personas han sido
desplazadas por represas en el mundo y muchas de ellas sin
reconocimiento ni indemnización alguna.
Los impactos en los medios de subsistencia de las comunidades río
abajo de las represas tampoco fueron valorados adecuadamente ni
incorporados en la planificación y diseño de los grandes embalses.
Actualmente la comunidad científica se ha replanteado el lugar de las
grandes represas en la matriz energética porque hay alternativas viables
para asegurar las necesidades vitales y productivas de las poblaciones
locales, como las represas de pequeña escala, la energía eólica, solar o
de biomasa.
Firme la petición con un acceso mediante el siguiente enlace:
