Hoy, (23.07.14) un grupo de prominentes
organizaciones no gubernamentales dedicadas a los derechos humanos y los
derechos ambientales, presentaron un escrito de amicus curiae (amigo de la corte) ante el Tribunal Constitucional en apoyo a la impugnación del proyecto Minera Yanacocha’s Conga por la ONG Grufides.
El caso presenta el argumento que el proyecto Conga violaría el derecho
fundamental constitucional a un medio ambiente equilibrado y adecuado.
“El proyecto no solo implica violaciones del derecho constitucional
peruano, sino también de dos principios fundamentales del derecho
internacional ambiental,” dijo Benjamin Hoffman, abogado de EarthRights
International (ERI).
ERI fue acompañado por el Centro para el Derecho Internacional Ambiental CIEL), y Earthworks
– manifestaron su interés en promover que los sistemas de justicia
respeten los principios internacionales de desarrollo sostenible y de
precaución ante posibles amenazas ambientales presentadas por
actividades extractivas. Estos principios, reconocidos tanto a nivel
internacional como a nivel peruano, exigen que el gobierno tome todas
las medidas para evitar y mitigar daño ambiental irreversible, aun y
cuando existiera incertidumbre sobre el grado del daño al medio
ambiente.
Gobiernos toman los primeros pasos para
cumplir con estas obligaciones por requerir la sumisión, revisión, y
aprobación de un estudio de impacto ambiental (EIA) para cada proyecto.
Convenios internacionales, guías y jurisprudencia internacional
requieren que la revisión y aprobación de los EIA debe ser cumplido
independientemente de la promoción del proyecto y la revisión de su EIA
–independencia que fue ausente en el EIA del proyecto Conga.
Con el proyecto Conga, expertos
independientes han planteado preocupaciones legítimas en relación con
los impactos ambientales que justifican la aplicación de los principios
de desarrollo sostenible y de precaución. El proyecto amenaza la
destrucción de humedales y lagunas esenciales para la región y puede
contaminar aguas subterráneas. “El proyecto de mina cambiaría de manera
irreversible la cabecera de cuenca, destrozando el equilibrio hídrico
del ecosistema que provee servicios esenciales para la región de
Cajamarca,” dijo Carla García Zendejas del CIEL.
El sistema adoptado por el gobierno
peruano para la revisión del EIA del proyecto Conga fue insuficiente
para cumplir con sus obligaciones internacionales y constitucionales al
respecto. El Ministerio de Energía y Minas, como el promotor del
proyecto Conga y el árbitro final del EIA del mismo proyecto, creó un
conflicto de interés que interfirió con la protección al medio ambiente.
El proyecto Conga no se benefició de un sistema independiente para la
revisión y aprobación de su EIA, como requerido por los principios
internacionales.
Para responder a esta violación de los
principios internacionales, el escrito urge al Tribunal Constitucional
que se sume a los otros órganos judiciales nacionales que han enfrentado
violaciones de los principios internacionales – como en la India,
Panamá, Canadá, y Colombia – y que ordene que se abstengan de avanzar el
proyecto Conga para evitar el daño ambiental irreversible.
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