DENUNCIA CONTRA PROMOTORES DE CONSULTA VECINAL ES MANIOBRA DIGITADA

La denuncia por terrorismo presentada contra 35 personas que respaldaron y promovieron la consulta vecinal en Piura para determinar la presencia de la empresa minera Majaz, es una maniobra digitada basada sólo en recortes periodísticos, aseveró la congresista del Partido Nacionalista Peruano (PNP), Marisol Espinoza.

“Aquí hay una persecución política contra los dirigentes ambientalistas, quienes osaron llevar a cabo la consulta vecinal; es una campaña digitada y la única prueba son 350 recortes periodísticos de un medio de comunicación, que crea sus propios fantasmas, sus propios terroristas”, expresó.

Desde los estudios de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), la legisladora piurana aseguró que “en estos momentos, se debe dar la voz al pueblo (...) un gobierno que se autocalifica como democrático no puede estar persiguiendo a los pobladores y creando fantasmas donde no hay”.

Así mismo, la parlamentaria nacionalista indicó que la primera preocupación del gobierno “es ponerse en función de la población, de los que menos tienen”.

Espinoza Cruz recordó que existe una denuncia contra la empresa Majaz por usurpación de tierras; sin embargo, “lejos de ello, el gobierno enfrenta y persigue por diferentes cosas, a los productores de la zonas, a los ronderos, los comuneros y a todo aquel que opine en contra”.

Cabe recordar que la denuncia por terrorismo, fue presentada por la autodenominada “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas” (ACFUCCSC) y afirma que la mayoría de los implicados representan a grupos radicales de izquierda y remanentes de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), todos ellos vinculados al Movimiento Bolivariano.

La denuncia, derivada en tiempo récord desde la Quinta Fiscalía Procesal Penal de Piura a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE), incluye a alcaldes así como a conocidos activistas y defensores de derechos humanos en el país. Entre ellos destacan los integrantes de la Red Muqui, Javier Jahncke Benavente, Julia Cuadros y Juan Aste Daffós; Nicanor Alvarado, del Vicariato Apostólico de Jaén; Carlos Martínez, alcalde provincial de San Ignacio; así como Wilson Ibáñez del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, Servando Aponte y Cenesio Jiménez, presidentes de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, entre otros.

Según han denunciado diversas instituciones y organizaciones piuranas, la ACFUCCSC está compuesta por personas que no son parte de la comunidad de Segunda y Cajas, y mucho menos tienen alguna representación de las organizaciones sociales locales.

Señalan también que esta denuncia contra los defensores de los recursos naturales de Ayabaca, se da en medio de una campaña emprendida por algunos medios de prensa, empresas y por el propio gobierno, que pretenden vender la falsa idea de la existencia de una supuesta “red antisistema” que se opone a la minería y busca desestabilizar al gobierno.

Cabe precisar que, actualmente, existe un proceso penal y una investigación fiscal en el Juzgado Penal Mixto de Ayabaca y la Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba por delito de usurpación agravada, iniciado por las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas contra directivos y accionistas de Minera Majaz S.A. (hoy Río Blanco Copper S.A.), por su intención de realizar actividades mineras en las tierras de las citadas comunidades, sin contar con los permisos correspondientes.

Así mismo, la empresa minera ha recibido una multa de parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) por incumplir compromisos asumidos en sus estudios ambientales, así como por haber generado contaminación y daños al medio ambiente.

www.cnr.org.pe – Lima 31/03/2008