DW- VIERNES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 16:45 GMT
La inadecuada respuesta gubernamental a la
población campesina en Perú por los serios impactos de la gran minería
preocupa a organizaciones de la sociedad civil. DW habló con uno de sus
representantes en Bruselas.
“Por cada gramo de oro hay que mover
una tonelada de roca. Son 600.000 toneladas al día. Las fuentes de agua y
los manantiales han desaparecido en Cajamarca. Cuando las
manifestaciones en contra del proyecto Conga –la ampliación de la mina
Yanacocha- el ejército y la policía fueron pagados por la mina. Estamos
presenciando una mercenarización de la Policía”, afirmó Pablo Sánchez,
director de Grufides (Grupo de Información e Intervención para el
Desarrollo Sostenible).
Cajamarca, un mal augurio
Que
Cajamarca, la mitad de cuyo territorio está bajo concesiones mineras,
sea la región más pobre y con mayores conflictos de Perú –a pesar de que
su economía registra un crecimiento del 6% y de que la pobreza se ha
reducido a la mitad en diez años- lanza sombras oscuras para el porvenir
de las poblaciones rurales.
Tanto la organización alemana
Misereor como las belgas Justice et Paix y Centre Avec detectan un
incremento en la criminalización de la protesta social. También la falta
de espacios de diálogo.
“Después de 20 años de actividad de la
empresa Yanacocha y de sus elevados beneficios gracias a la explotación
de la mayor mina de oro a cielo abierto de América del Sur -a pesar de
las promesas de empleo y prosperidad para la ciudad, Cajamarca es la
primera en la lista de ciudades con pobreza extrema en Perú”, afirma
Géraldine Duquenne de Justice et Paix.
A esto se suma que el
Ministerio de Medio Ambiente y los mecanismos de control autónomo se
enfrentan a recortes en su campo de acción. Además las comunidades
campesinas indígenas no están protegidas por la Ley de la Consulta
Previa, aprobada en Perú en 2011 y que prevé la posibilidad de que una
población originaria se oponga a un proyecto extractivo.
Según
Susanne Friess de Misereror, las comunidades andinas del Perú nunca se
autodenominaron indígenas por temor a la discriminación. La situación en
conjunto pinta de negro el porvenir del 30% de la población del país
andino que no habita los grandes centros urbanos.
Pero no será
“sólo” la población rural la afectada: los pasivos ambientales que
provoca la extracción minera, con legislaciones nacionales muy
permisivas, se prevén a perpetuidad. Sobre todo en cuanto a la
contaminación de las aguas se refiere.
¿No sirven las cláusulas?
En
este contexto, tanto el acuerdo de libre comercio firmado con la UE
(2012) como el acuerdo de materias primas firmado con Alemania (2013)
preocupan, pues son instrumentos políticos para promover la actividad
económica, en el Perú claramente orientada a la exportación de materias
primas.
Aunque no se fijan volúmenes, el acuerdo de materias
primas con Perú reviste mucho atractivo para Alemania, pues “aparte de
ser un gran consumidor de recursos mineros a escala global, su sector
empresarial siempre ha mostrado mucho interés por proveer servicios a la
actividad minera en el Perú”, explica a DW el director de Grufides.
Cabe
subrayar que el acuerdo firmado con Alemania tiene una cláusula
referente a la observación de los convenios de la OIT –como el de la
consulta previa. Y que el firmado con la UE posee mecanismos de
observación del cumplimiento de estándares de desarrollo sostenible y de
derechos humanos.
No obstante, “esto representa sólo una
herramienta, que de ser usada brinda una posibilidad, una ventana de
esperanza. La prioridad de los acuerdos”, resalta Sánchez De Francesch,
“no es necesariamente su cumplimiento. A ello se suma las limitaciones
que existen para aplicar desde Europa controles sobre decisiones que los
políticos europeos consideran domésticas o locales”.
Así las
cosas, en la gira que por Europa hace el activista, apoyado por
organizaciones europeas, el objetivo es visibilizar la preocupante
situación y la perspectiva en el país andino.
“Las naciones de la
UE tienen una responsabilidad a través de la compra que hacen las
naciones de los minerales en el mundo y también de las inversiones que
se realizan”, concluye el activista abogando por mayor trabajo a favor
de la transparencia y la trazabilidad de los minerales. Y subrayando que
es muy importante que se sepa que en su país en este momento, según el
entrevistado, las empresas mineras pagan a la policía.
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