02 DE SEPTIEMBRE: HOY SE RECUERDA LA LUCHA POR EL QUILISH
De los propios estudios de exploración hechos por Yanacocha se conoce que el Cerro Quilish alberga en sus entrañas 4 millones de onzas de oro. Pero la población sabe que allí nacen los ríos Porcón y Grande que abastecen con el 70 % del agua a nuestra población urbana (140 mil habitantes) y a aproximadamente 15 mil campesinos de las comunidades ubicadas entre la zona de operaciones mineras y la ciudad.
El Cerro Quilish es un claro ejemplo donde la minería no es compatible con el desarrollo de los pueblos. El año 2001 el Poder Judicial local en dos instancias lo dijo claramente: “el ejercicio del bien privado no puede sobreponerse al bien público, el derecho privado está limitado por el derecho común”. Pero Yanacocha no hizo caso, desconoció la Ordenanza Municipal 012-MPC-2000 que declaraba la intangibilidad del Cerro Quilish y se valió para ello de una curiosa resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales que terminó diciendo que Yanacocha podría explotar el Cerro Quilish previa realización de un estudio de impacto ambiental “independiente” y contando con el pronunciamiento de la autoridad municipal.
En noviembre del 2001, la Mesa de Diálogo del CTAR Cajamarca declaraba la intangibilidad de los acuíferos. En octubre del 2002 el acuerdo de Gobernabilidad y Descentralización Regional promovido por la Mesa Regional de Lucha Contra la Pobreza, fue firmado por todos los candidatos de ese año electoral y allí se declaraba también la intangibilidad del Cerro Quilish. En abril del 2003 las autoridades del nuevo gobierno regional emitieron la Resolución 007-2003-GRCAJ-CR que declaraba la intangibilidad del Cerro Quilish.
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Cajamarca también declaró esa intangibilidad. Miles de campesinos que viven en el propio Cerro Quilish y sus inmediaciones han declarado que si es preciso están dispuestos a morir para defender el Cerro Quilish.
Si bien es cierto que los cajamarquinos no han negado el derecho que Yanacocha recibió del Estado peruano para explotar los recursos naturales, también es cierto que los cajamarquinos solo están pidiendo respeto, que no contaminen sus ríos y suelos, que no abusen de los más pobres, de los campesinos a los que obligaron a venderles sus tierras a precios miserables y, por último, que hicieran participar a la comunidad de las enormes riquezas que obtienen. Por once años los cajamarquinos no han sido escuchados y el Cerro Quilish parece haber llegado a su hora cero.
La inmensa mayoría de ciudadanos cajamarquinos rechazan la violencia y buscan la paz, pero saben bien que la paz es fruto de la justicia. Las autoridades del gobierno central y los más altos funcionarios de Newmont en Denver deben intervenir para que el oro que generosamente han venido sacando no sea manchado por la indolencia de los funcionarios mineros locales y la desesperación de un pueblo que no está dispuesto a seguir soportando más atropellos.
SEXTO ANIVERSARIO
Por motivo de celebración del sexto aniversario de la defensa del Cerro Quilish, el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, ha convocado a la población a participar de las actividades programadas como son: Exposición Fotográfica, Exposición de Video y una Vigila, a realizarse hoy en la Plaza de Armas a partir de las 3:00 de la tarde.
Diario El Mercurio-Cajamarca 02.09.2010
MILITARES PODRÍAN ACTUAR EN CONFLICTOS SOCIALES
Decretos. Advierten expertos en temas militares y derechos humanos. Precisan que hay vacíos para definir ‘grupo hostil’ y causal para declarar zona de emergencia.
Si bien es necesario regular el uso de la fuerza por los miembros de las Fuerzas Armadas, el decreto legislativo N°1095, promulgado por el gobierno, contiene aspectos preocupantes que les permitiría actuar en casos de conflictos sociales, aseguraron Ana María Tamayo, experta en temas militares del Instituto de Defensa Legal, y Miguel Huerta, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Tamayo destacó que se hayan planteado las situaciones en que pueden intervenir los efectivos militares y el marco jurídico para regular el uso de la fuerza, sin embargo, alertó que se da un concepto demasiado vago para definir un “grupo hostil”, al que los militares se enfrentarán, incluso usando armas de fuego, en defensa propia o de otras personas.
“Se habla de personas medianamente organizadas y con capacidad de enfrentarse, pero no queda claro que se trate de un grupo armado que combate al Estado con armas y frente al cual se tiene el derecho legítimo de enfrentarse”, sostuvo.
Por su parte, Huerta dijo que los decretos legislativos indican que se puede declarar como zona de emergencia no solo por casos vinculados al narcotráfico, terrorismo y protección de instituciones estratégicas, sino también en casos que se considere pertinentes, sin precisión ni limitación alguna.
“Esto va más allá de las atribuciones usuales. Y pueden ser usados incluso en los conflictos sociales. Es indispensable hacer precisiones en estos casos”, subrayó.
La clave
Justicia militar. Huerta cuestionó que, por otro lado, el decreto legislativo que regula la justicia militar incluye como tal los crímenes de guerra, que deben ser vistos en el fuero común.
Diario La República-Lima 02.09.2010
El nivel del río sigue descendiendo, y con ello los más afectados son los pobladores de los asentamientos humanos que usan el agua de sus afluentes.
RÍO AMAZONAS SE QUEDA SIN AGUA
Según el último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Loreto, el Amazonas registra 105.97 metros sobre el nivel del mar, superando su altura mínima histórica de 106.46 msnm.
Esta situación no sólo está dificultando el transporte fluvial y el abastecimiento de alimentos de primera necesidad. También poco a poco nos está dejando sin agua potable, a pesar del plan de contingencia implementado por Seda Loreto.
El director del Senamhi Loreto, Marco Paredes, afirmó que el descenso continuará por unos cinco días más, haciendo que el nivel del río baje todavía otros 20 centímetros.
El funcionario estimó que recién en dos semanas empezará a estabilizarse el período de lluvias, lo que ayudará a mejorar el nivel del Amazonas, pero esta recuperación será lenta.
Por su parte el Comité Regional de Defensa Civil de Loreto evaluará el próximo lunes la declaratoria de emergencia del río Amazonas, que presenta un descenso irregular que lo ha llevado a registrar valores que superan su nivel crítico histórico.
Robert Falcón, jefe regional de la oficina de Defensa Nacional, explicó que la cita fue establecida tras una reunión con el presidente regional de Loreto, Norman Lewis del Alcázar.
“La convocatoria será para este lunes a las 9 de la mañana. Esperamos la participación de todas las autoridades integrantes del comité para definir acciones a seguir ante esta difícil situación del Amazonas. Estamos ampliando nuestro informe técnico considerando los problemas que pueden generarse en la salud por el estancamiento de aguas servidas. En la reunión se discutirá la situación y definirán acciones a seguir”, señaló.
Indicó que entre las medidas recomendadas de declararse la emergencia figura el establecimiento de un puente aéreo para el transporte de productos de primera necesidad.
Falcón recordó que el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía ya comenzó a señalizar el desembarque en el río Itaya, por donde la mayoría de navíos llega a la ciudad de Iquitos, a fin de orientar a las naves y hacer viable la navegación.
Diario La Primera-Lima 02.09.2010
MODIFICAN NORMA QUE OBLIGA A EMPRESAS MINERAS LOGRAR COMPROMISO PREVIO
Con fecha 18 de agosto y mediante Decreto Supremo Nº 052-2010-EM, han sido modificados los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Decreto Supremo Nº 042-2003-EM, que establecían el compromiso previo, como requisito para el inicio de las actividades mineras.
El artículo 3 de la norma modificada especificaba la forma en que el titular de la concesión minera debía cumplir con dicha obligación, la misma que se establecía al momento de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental.
Lo que resulta cuestionable del nuevo decreto es que ahora sólo se le demandará al titular minero la presentación de planes, programas en los que se detallen los compromisos asumidos. No se les va a exigir, por ejemplo, la presentación de la documentación que “refleje” (tal como lo señalaba textualmente la norma derogada) estos compromisos, como por ejemplo pueden ser los convenios, actas, u otros actos jurídicos vinculantes.
En efecto, si bien dentro de los considerándoos de la norma se señala textualmente que es necesario especificar en qué forma se traducen estos compromisos, resulta insuficiente que sólo se solicite la presentación de documentos, como pueden ser declaraciones juradas que no son vinculantes para las empresas y que no garantizan que los derechos de las comunidades sean respetados.
Una declaración jurada, no es un instrumento idóneo para evidenciar compromisos legítimos establecidos con las comunidades afectadas. Se debe tener el respaldo de instrumentos legales, como son los contratos, convenios, etc. Además, se debe contar con actas de asamblea que puedan demostrar a la autoridad administrativa que los procesos y acuerdos se han llevado a cabo respetando el derecho a la consulta de las poblaciones involucradas.
Si bien los principios que detallan la nueva norma responden a un enfoque de derecho, no son materia de exigibilidad. Se quedan en el terreno de las buenas intenciones, ya que el titular minero tendrá siempre la posibilidad de presentar un documento unilateral que es la “declaración jurada”.
En la práctica, la nueva norma flexibiliza la documentación requerida para el inicio de actividades mineras y el proceso administrativo que se requiere para que se otorgue el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
No debemos olvidar que otorgar una certificación ambiental como un EIA, es prácticamente la puerta abierta para el inicio de un proyecto minero. Por lo tanto, dicho proceso debe garantizar los compromisos que deben asumir las empresas mineras así como propiciar que se minimicen los impactos ambientales de sus actividades. Estos compromisos son independientes de los procesos administrativos que deben seguir las empresas para obtener los permisos legales de los propietarios de los terrenos superficiales.
Servindi-Lima 01.09.2010
AGRICULTORES RECHAZAN ENTREGA DE AGUA PARA PROYECTO QUELLAVECO
Este miércoles, gremios sociales y agrarios de Moquegua se movilizaron exigiendo a la a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) anule la resolución que libera parte de la reserva hídrica del Proyecto Especial Pasto Grande (PEPG) para cederla al proyecto minero Quellaveco.
Desde temprano, un gran número de agricultores se concentró en los exteriores de la sede del Gobierno Regional de Moquegua, junto con los comerciantes del Mercado Central, docentes del SUTEP y miembros de los comités de regantes de Torata y San Antonio.
En un determinado momento, los manifestantes que buscaban dialogar con el presidente regional Jaime Rodríguez Villanueva, forzaron las puertas del local, dando pie a la reacción de los policías, quienes lanzaron abundantes bombas lacrimógenas.
Sin embargo, trascendió que la autoridad se encuentra en la provincia de Ilo. Al respecto, el titular de la Junta de Usuarios del distrito de Moquegua, Juan Rodríguez Linares, aseveró que cederle agua al proyecto de la minera Anglo American pondría en riesgo la segunda etapa del PEPG, que incluye la irrigación de las lomas de Ilo.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01.09.2010
De los propios estudios de exploración hechos por Yanacocha se conoce que el Cerro Quilish alberga en sus entrañas 4 millones de onzas de oro. Pero la población sabe que allí nacen los ríos Porcón y Grande que abastecen con el 70 % del agua a nuestra población urbana (140 mil habitantes) y a aproximadamente 15 mil campesinos de las comunidades ubicadas entre la zona de operaciones mineras y la ciudad.
El Cerro Quilish es un claro ejemplo donde la minería no es compatible con el desarrollo de los pueblos. El año 2001 el Poder Judicial local en dos instancias lo dijo claramente: “el ejercicio del bien privado no puede sobreponerse al bien público, el derecho privado está limitado por el derecho común”. Pero Yanacocha no hizo caso, desconoció la Ordenanza Municipal 012-MPC-2000 que declaraba la intangibilidad del Cerro Quilish y se valió para ello de una curiosa resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales que terminó diciendo que Yanacocha podría explotar el Cerro Quilish previa realización de un estudio de impacto ambiental “independiente” y contando con el pronunciamiento de la autoridad municipal.
En noviembre del 2001, la Mesa de Diálogo del CTAR Cajamarca declaraba la intangibilidad de los acuíferos. En octubre del 2002 el acuerdo de Gobernabilidad y Descentralización Regional promovido por la Mesa Regional de Lucha Contra la Pobreza, fue firmado por todos los candidatos de ese año electoral y allí se declaraba también la intangibilidad del Cerro Quilish. En abril del 2003 las autoridades del nuevo gobierno regional emitieron la Resolución 007-2003-GRCAJ-CR que declaraba la intangibilidad del Cerro Quilish.
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Cajamarca también declaró esa intangibilidad. Miles de campesinos que viven en el propio Cerro Quilish y sus inmediaciones han declarado que si es preciso están dispuestos a morir para defender el Cerro Quilish.
Si bien es cierto que los cajamarquinos no han negado el derecho que Yanacocha recibió del Estado peruano para explotar los recursos naturales, también es cierto que los cajamarquinos solo están pidiendo respeto, que no contaminen sus ríos y suelos, que no abusen de los más pobres, de los campesinos a los que obligaron a venderles sus tierras a precios miserables y, por último, que hicieran participar a la comunidad de las enormes riquezas que obtienen. Por once años los cajamarquinos no han sido escuchados y el Cerro Quilish parece haber llegado a su hora cero.
La inmensa mayoría de ciudadanos cajamarquinos rechazan la violencia y buscan la paz, pero saben bien que la paz es fruto de la justicia. Las autoridades del gobierno central y los más altos funcionarios de Newmont en Denver deben intervenir para que el oro que generosamente han venido sacando no sea manchado por la indolencia de los funcionarios mineros locales y la desesperación de un pueblo que no está dispuesto a seguir soportando más atropellos.
SEXTO ANIVERSARIO
Por motivo de celebración del sexto aniversario de la defensa del Cerro Quilish, el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, ha convocado a la población a participar de las actividades programadas como son: Exposición Fotográfica, Exposición de Video y una Vigila, a realizarse hoy en la Plaza de Armas a partir de las 3:00 de la tarde.
Diario El Mercurio-Cajamarca 02.09.2010
MILITARES PODRÍAN ACTUAR EN CONFLICTOS SOCIALES
Decretos. Advierten expertos en temas militares y derechos humanos. Precisan que hay vacíos para definir ‘grupo hostil’ y causal para declarar zona de emergencia.
Si bien es necesario regular el uso de la fuerza por los miembros de las Fuerzas Armadas, el decreto legislativo N°1095, promulgado por el gobierno, contiene aspectos preocupantes que les permitiría actuar en casos de conflictos sociales, aseguraron Ana María Tamayo, experta en temas militares del Instituto de Defensa Legal, y Miguel Huerta, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Tamayo destacó que se hayan planteado las situaciones en que pueden intervenir los efectivos militares y el marco jurídico para regular el uso de la fuerza, sin embargo, alertó que se da un concepto demasiado vago para definir un “grupo hostil”, al que los militares se enfrentarán, incluso usando armas de fuego, en defensa propia o de otras personas.
“Se habla de personas medianamente organizadas y con capacidad de enfrentarse, pero no queda claro que se trate de un grupo armado que combate al Estado con armas y frente al cual se tiene el derecho legítimo de enfrentarse”, sostuvo.
Por su parte, Huerta dijo que los decretos legislativos indican que se puede declarar como zona de emergencia no solo por casos vinculados al narcotráfico, terrorismo y protección de instituciones estratégicas, sino también en casos que se considere pertinentes, sin precisión ni limitación alguna.
“Esto va más allá de las atribuciones usuales. Y pueden ser usados incluso en los conflictos sociales. Es indispensable hacer precisiones en estos casos”, subrayó.
La clave
Justicia militar. Huerta cuestionó que, por otro lado, el decreto legislativo que regula la justicia militar incluye como tal los crímenes de guerra, que deben ser vistos en el fuero común.
Diario La República-Lima 02.09.2010
El nivel del río sigue descendiendo, y con ello los más afectados son los pobladores de los asentamientos humanos que usan el agua de sus afluentes.
RÍO AMAZONAS SE QUEDA SIN AGUA
Según el último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Loreto, el Amazonas registra 105.97 metros sobre el nivel del mar, superando su altura mínima histórica de 106.46 msnm.
Esta situación no sólo está dificultando el transporte fluvial y el abastecimiento de alimentos de primera necesidad. También poco a poco nos está dejando sin agua potable, a pesar del plan de contingencia implementado por Seda Loreto.
El director del Senamhi Loreto, Marco Paredes, afirmó que el descenso continuará por unos cinco días más, haciendo que el nivel del río baje todavía otros 20 centímetros.
El funcionario estimó que recién en dos semanas empezará a estabilizarse el período de lluvias, lo que ayudará a mejorar el nivel del Amazonas, pero esta recuperación será lenta.
Por su parte el Comité Regional de Defensa Civil de Loreto evaluará el próximo lunes la declaratoria de emergencia del río Amazonas, que presenta un descenso irregular que lo ha llevado a registrar valores que superan su nivel crítico histórico.
Robert Falcón, jefe regional de la oficina de Defensa Nacional, explicó que la cita fue establecida tras una reunión con el presidente regional de Loreto, Norman Lewis del Alcázar.
“La convocatoria será para este lunes a las 9 de la mañana. Esperamos la participación de todas las autoridades integrantes del comité para definir acciones a seguir ante esta difícil situación del Amazonas. Estamos ampliando nuestro informe técnico considerando los problemas que pueden generarse en la salud por el estancamiento de aguas servidas. En la reunión se discutirá la situación y definirán acciones a seguir”, señaló.
Indicó que entre las medidas recomendadas de declararse la emergencia figura el establecimiento de un puente aéreo para el transporte de productos de primera necesidad.
Falcón recordó que el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía ya comenzó a señalizar el desembarque en el río Itaya, por donde la mayoría de navíos llega a la ciudad de Iquitos, a fin de orientar a las naves y hacer viable la navegación.
Diario La Primera-Lima 02.09.2010
MODIFICAN NORMA QUE OBLIGA A EMPRESAS MINERAS LOGRAR COMPROMISO PREVIO
Con fecha 18 de agosto y mediante Decreto Supremo Nº 052-2010-EM, han sido modificados los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Decreto Supremo Nº 042-2003-EM, que establecían el compromiso previo, como requisito para el inicio de las actividades mineras.
El artículo 3 de la norma modificada especificaba la forma en que el titular de la concesión minera debía cumplir con dicha obligación, la misma que se establecía al momento de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental.
Lo que resulta cuestionable del nuevo decreto es que ahora sólo se le demandará al titular minero la presentación de planes, programas en los que se detallen los compromisos asumidos. No se les va a exigir, por ejemplo, la presentación de la documentación que “refleje” (tal como lo señalaba textualmente la norma derogada) estos compromisos, como por ejemplo pueden ser los convenios, actas, u otros actos jurídicos vinculantes.
En efecto, si bien dentro de los considerándoos de la norma se señala textualmente que es necesario especificar en qué forma se traducen estos compromisos, resulta insuficiente que sólo se solicite la presentación de documentos, como pueden ser declaraciones juradas que no son vinculantes para las empresas y que no garantizan que los derechos de las comunidades sean respetados.
Una declaración jurada, no es un instrumento idóneo para evidenciar compromisos legítimos establecidos con las comunidades afectadas. Se debe tener el respaldo de instrumentos legales, como son los contratos, convenios, etc. Además, se debe contar con actas de asamblea que puedan demostrar a la autoridad administrativa que los procesos y acuerdos se han llevado a cabo respetando el derecho a la consulta de las poblaciones involucradas.
Si bien los principios que detallan la nueva norma responden a un enfoque de derecho, no son materia de exigibilidad. Se quedan en el terreno de las buenas intenciones, ya que el titular minero tendrá siempre la posibilidad de presentar un documento unilateral que es la “declaración jurada”.
En la práctica, la nueva norma flexibiliza la documentación requerida para el inicio de actividades mineras y el proceso administrativo que se requiere para que se otorgue el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
No debemos olvidar que otorgar una certificación ambiental como un EIA, es prácticamente la puerta abierta para el inicio de un proyecto minero. Por lo tanto, dicho proceso debe garantizar los compromisos que deben asumir las empresas mineras así como propiciar que se minimicen los impactos ambientales de sus actividades. Estos compromisos son independientes de los procesos administrativos que deben seguir las empresas para obtener los permisos legales de los propietarios de los terrenos superficiales.
Servindi-Lima 01.09.2010
AGRICULTORES RECHAZAN ENTREGA DE AGUA PARA PROYECTO QUELLAVECO
Este miércoles, gremios sociales y agrarios de Moquegua se movilizaron exigiendo a la a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) anule la resolución que libera parte de la reserva hídrica del Proyecto Especial Pasto Grande (PEPG) para cederla al proyecto minero Quellaveco.
Desde temprano, un gran número de agricultores se concentró en los exteriores de la sede del Gobierno Regional de Moquegua, junto con los comerciantes del Mercado Central, docentes del SUTEP y miembros de los comités de regantes de Torata y San Antonio.
En un determinado momento, los manifestantes que buscaban dialogar con el presidente regional Jaime Rodríguez Villanueva, forzaron las puertas del local, dando pie a la reacción de los policías, quienes lanzaron abundantes bombas lacrimógenas.
Sin embargo, trascendió que la autoridad se encuentra en la provincia de Ilo. Al respecto, el titular de la Junta de Usuarios del distrito de Moquegua, Juan Rodríguez Linares, aseveró que cederle agua al proyecto de la minera Anglo American pondría en riesgo la segunda etapa del PEPG, que incluye la irrigación de las lomas de Ilo.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01.09.2010
