El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, frente a los acontecimientos de Cajamarca, la oposición de las comunidades al desarrollo del proyecto CONGA y las medidas adoptadas por el gobierno del Perú, expresa lo siguiente:
1. Que reconocemos el derecho de las comunidades a cuestionar y rechazar el proyecto CONGA pues este pone en riesgo sistemas hídricos y cuencas vitales para el abastecimiento de agua y la conservación de los ecosistemas de los que depende una parte importante de la población especialmente, aunque no exclusivamente rural y campesina
2. Que los antecedentes y análisis técnicos del proyecto indican que no se ha asegurado que no afectará la calidad y cantidad de agua y por tanto los ecosistemas y poblaciones que de ellos dependen
3. Que el gobierno del Perú, contrario a las promesas y compromisos asumidos con la región de Cajamarca se muestra ahora dispuesto a imponer dicho proyecto, ignorando el pedido de la población y los innumerables argumentos técnicos ambientales y sociales que indican que los efectos serán enormes e irreversibles condenando a la región a una catástrofe ambiental como se ha conocido en otros proyectos mineros tanto en la región como en el mundo
3. Que el gobierno del Perú, contrario a las promesas y compromisos asumidos con la región de Cajamarca se muestra ahora dispuesto a imponer dicho proyecto, ignorando el pedido de la población y los innumerables argumentos técnicos ambientales y sociales que indican que los efectos serán enormes e irreversibles condenando a la región a una catástrofe ambiental como se ha conocido en otros proyectos mineros tanto en la región como en el mundo
4. Que la protección del agua debe anteponerse a cualquier tipo de proyecto minero para garantizar la sobrevivencia y soberanía alimentaria del pueblo peruano habitante en la zona de conflicto.
5. Que la imposición del estado de emergencia en 4 zonas del país donde se desarrolla el conflicto no contribuye a una solución racional, pacífica y sostenible del mismo y que por el contrario, incrementa la confrontación, disminuyendo ostensiblemente las vías de salida democrática y participativa del conflicto.
5. Que la imposición del estado de emergencia en 4 zonas del país donde se desarrolla el conflicto no contribuye a una solución racional, pacífica y sostenible del mismo y que por el contrario, incrementa la confrontación, disminuyendo ostensiblemente las vías de salida democrática y participativa del conflicto.
Hacemos un llamado a las autoridades:
A reconocer que la empresa Newmont que opera en la zona ha impactado y alterado los sistemas hídricos locales y ha destruído la laguna Yanacocha. Por tanto, reconocer que ha quedado de manifiesto que la compatibilidad entre minería y desarrollo sustentable no es real, debido entre otras cosasa a la práctica cotidiana de destrucción ambiental, social y cultural que ha generado permanentesconflictos en estos años de operación en Cajamarca.
A respetar la voluntad de la mayoría de la población, a implementar un plan que permita la solución real del conflicto y que prioricen la sustentabilidad de las actividades productivas comprometidas, en lugar de la destrucción masiva de ecosistemas de vital valor para la región.
A respetar los canales democráticos y ante todo, los derechos humanos además de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población, garantizando la integridad de las personas y el respeto al derecho de expresión y rechazo a quienes se encuentran defendiendo sus legítimos derechos.
A respetar los canales democráticos y ante todo, los derechos humanos además de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población, garantizando la integridad de las personas y el respeto al derecho de expresión y rechazo a quienes se encuentran defendiendo sus legítimos derechos.
A promover diálogos reales, honestos, transparentes y comprometidos, con los diferentes actores del conflicto, en la búsqueda de una real solución, resolviendo los problemas de fondo y asegurando la vida y los derechos de las comunidades afectadas y las poblaciones opuestas al emprendimiento minero.
Llamamos también a las organizaciones de la sociedad civil a aunar esfuerzos para exigir el respeto a los derechos de las comunidades afectadas que son parte del conflicto, a comprometer su accionar en el desarrollo genuino de la región y a defender a las comunidades frente a cualquier atropello a su integridad y sus derechos.
Llamamos también a las organizaciones de la sociedad civil a aunar esfuerzos para exigir el respeto a los derechos de las comunidades afectadas que son parte del conflicto, a comprometer su accionar en el desarrollo genuino de la región y a defender a las comunidades frente a cualquier atropello a su integridad y sus derechos.
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL
5 de diciembre de 2011
César Padilla
Coordinador OCMAL
5 de diciembre de 2011
César Padilla
Coordinador OCMAL
