RED MUQUI PROPONE NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA ENFRENTAR CONFLICTOS SOCIALES
Construir un nuevo contrato social y ambiental para resolver de manera democrática el escenario inmediato de conflictividad social en torno a las actividades extractivas propuso el colectivo Red Muqui.
Mediante un pronunciamiento público difundido el martes 19 de diciembre el colectivo propuso una serie de propuestas de cambio para enfrentar las causas de los conflictos sociales y avanzar hacia una nueva minería en el Perú.
Debido al escenario de gran conflictividad en el país especialmente por motivos socioambientales, la Red Muqui considera de urgente necesidad “discutir democráticamente cuál es el rol que debe tener la minería en el desarrollo sostenible”.
La primera de las ocho medidas propuestas se refiere a la necesidad de fortalecer el Ministerio del Ambiente “como única autoridad ambiental con capacidad y poder necesarios para implementar una gestión transectorial”.
Esa cartera debe tener responsabilidad sobre la Autoridad Nacional del Agua y sobre la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), proponen.
Por otro lado, demandaron definir nuevas competencias de los gobiernos regionales y locales en la regulación de la mediana y gran minería y las actividades extractivas en general.
Otra medida importante a tener en cuenta es la implementación de una política de ordenamiento territorial y la aprobación de una normatividad que defina donde es factible realizar actividades extractivas.
La Consulta Previa, cuyo reglamento se encuentra en construcción, debe reconocer los derechos de los pueblos indígenas según lo dispuesto por el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esas entre otras propuestas se encuentran en el pronunciamiento que se muestra a continuación:
Agenda pendiente
Ocho medidas de cambio para enfrentar las causas de los conflictos y avanzar hacia una nueva minería en el Perú
Hoy existe una agenda pendiente de cambios en las políticas minero ambientales. El país enfrenta un escenario de alta conflictividad social que plantea la urgente necesidad de discutir democráticamente cuál es el rol que debe tener la minería en el desarrollo sostenible de nuestro país y cómo debe ser abordado, a fin de que sea compatible con el respeto de los derechos de las poblaciones y comunidades, y con la protección de nuestros recursos naturales. Los contenidos de esta agenda han sido validados en diversos espacios sociales, institucionales, sectoriales, regionales y nacionales.
La Red Muqui pone a consideración de los diferentes niveles de gobierno, así como de las organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil, un resumen de estas medidas de cambio.
Recuperar para el Estado capacidad de regulación pública ambiental de las actividades mineras y extractivas. Lo cual implica, fortalecer el Ministerio del Ambiente como única autoridad ambiental con capacidad y poder necesarios para implementar una gestión transectorial; con responsabilidad sobre la Autoridad Nacional del Agua y sobre la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Del mismo modo, con capacidad y voluntad para fortalecer con capacidades, recursos y autonomía el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de reformar los EIA como instrumento de gestión ambiental.
Definir nuevas competencias de los gobiernos regionales y locales en la regulación de la mediana y gran minería y de las actividades extractivas en general; de tal manera que, con las capacidades necesarias, puedan participar en las decisiones de otorgamiento de concesiones y contratos, en la evaluación y aprobación de los EIA y, en la supervisión y fiscalización del cumplimiento de los estándares ambientales y sociales.
Implementar una política de ordenamiento territorial (OT) y aprobar la normatividad específica para, entre otros objetivos, definir donde sí y donde no es posible que se desarrollen actividades extractivas y, garantizar la conservación y uso sostenible de los recursos naturales; esto en el marco de una visión compartida de desarrollo sostenible. Se necesita un instrumento que permita de manera concertada, participativa y planificada asignar los usos del territorio, de tal modo que los planes de OT tengan un carácter vinculante. Todo ello en base al reconocimiento y la regulación de las competencias de los Gobiernos Regionales y Locales en la planificación y gestión del territorio.
Reconocer y aplicar plenamente la Consulta Previa como derecho de los pueblos indígenas u originarios (comunidades nativas y campesinas) de conformidad con lo establecido por el convenio 169 de la OIT y por la ley vigente. Es necesario aprobar de manera inmediata el reglamento, asegurando su adecuación a los estándares del Convenio 169 de la OIT, así como las condiciones básicas que garanticen el cumplimiento de las responsabilidades del Estado. En consecuencia, es fundamental que el reglamento reconozca todos los supuestos obligatorios y especiales en los cuales el Estado está obligado a buscar el consentimiento de los pueblos indígenas. A la par de ello, fortalecer y asegurar la correcta aplicación del derecho a la participación ciudadana de todas las poblaciones afectadas en las decisiones que tienen que ver con la actividad minera y extractiva.
Aprobar una política de concesiones que produzca cambios sustantivos en el régimen vigente, en la Ley General de Minería y en la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Política de concesiones que tome en cuenta los procesos económicos y de planificación territorial de las regiones, así como las consultas con las poblaciones y comunidades indígenas. Además, es urgente la moratoria del otorgamiento de las concesiones mineras hasta que se hayan aprobado e implementado la ley y el reglamento de OT, así como el reglamento de la Ley de Consulta Previa y, al mismo tiempo, revisar todas las concesiones dadas en la última década que no hayan cumplido con el ordenamiento legal o que ocupan zonas prioritarias de conservación y de valor cultural.
Proteger y conservar las cabeceras de cuenca y sus ecosistemas hídricos, como uno de los territorios que deben estar exentos de explotación minera y extractiva, por su alto valor ambiental, ecológico, cultural y socio económico. Esto, en el marco de la aprobación e implementación de políticas de gestión integrada de los recursos hídricos a nivel nacional y regional, que aseguren disponibilidad, calidad y conservación del agua, respetando el orden de prelación aprobado por la Ley de RR.HH. Ello implica constituir los Concejos Hídricos de Cuenca y elaborar e implementar los Planes de Gestión de Recursos Hídricos, ampliando la participación de las comunidades campesinas.
Abordar, integralmente, la problemática de la minería informal, artesanal y en pequeña escala, con la finalidad de frenar su expansión o regularla cuando la actividad minera sea posible; reorientando la participación de los pequeños productores y trabajadores informales hacia oportunidades de producción y empleo alternativos. A la par de la formalización, con base al ordenamiento territorial, y con la incorporación de tecnologías limpias donde es posible esta actividad, desarrollar acciones de erradicación del trabajo infantil y adolescente, así como de la explotación sexual infantil y adulta; garantizando al mismo tiempo el trabajo digno y la protección a toda la población vulnerable. Revisar los mecanismos de concesión vigentes, controlar el tráfico de insumos e introducir un Sello de Calidad Ambiental, para que particularmente el oro, producido informalmente, no entre en los circuitos legales de comercialización.
Invertir en la reconversión y diversificación productiva de las zonas donde hay actividades mineras y extractivas, priorizando el uso de la renta minera en la implementación de programas de capitalización y de desarrollo de capacidades productivas de la pequeña producción rural; de tal manera que las familias campesinas e indígenas incrementen sus ingresos y mejoren su competitividad. En esta perspectiva, financiar la incorporación de paquetes tecnológicos productivos que incluyan, entre otros, el riego tecnificado, así como financiar infraestructura productiva, vial y comunicacional. Impulsar cadenas de valor que permitan potenciar la producción y la comercialización de su producción, a fin de superar nuestra dependencia económica de recursos no renovables.
La Red Muqui propone que el Estado y la sociedad civil, a través de sus instituciones representativas, discutan y consensuen esta agenda pendiente, con miras a resolver de manera democrática el escenario inmediato de conflictividad social y a CONSTRUIR UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL en torno a las actividades extractivas, de modo que éstas sean abordadas desde criterios que compatibilicen la inversión con el desarrollo sostenible y la inclusión. Esto implica reafirmar la democracia como escenario de diálogo y la concertación como eje de la relación Estado-sociedad, alejando así cualquier forma de autoritarismo y criminalización de la protesta social, que fue el sello que caracterizó el quinquenio pasado. En este sentido, la declaratoria de emergencia en Cajamarca y el acoso a los dirigentes y gobiernos locales, no son buenas señales para el impulso de este nuevo pacto social ambiental.
Perú, 19 de diciembre del 2011.
www.muqui.org
RED DE PROPUESTA Y ACCIÓN
Servindi-Lima 20.12.2011
