Hoy jueves, el Pleno del Congreso de la República debate los informes de la 'Megacomisión' que investigó los presuntos casos de corrupción cometidos durante el gobierno de Alan García Pérez.
El contenido de los informes es contundente. En el caso narcoindultos, la Megacomisión recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Alan García, el exministro Aurelio Pastor Valdivieso y el extitular de la comisión de indultos Miguel Facundo Chinguel.
Respecto al caso Business Track (BTR), el grupo parlamentario encontró "indicios razonables de la presunta comisión de delito de asociación ilícita para delinquir" en el expresidente Alan García, los exministros Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca, así como el general de la PNP Miguel Hidalgo, por la obstaculización de las investigaciones judiciales en el caso.
Además, en el caso de los Colegios Emblemáticos, el grupo parlamentario recomienda acusar constitucionalmente a Yehude Simon, quien era presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Alan García.
En respuesta, la defensa de Alan García llama "absoluto desacato y desafío" la decisión del parlamento de debatir los citados informes, en alusión a la sentencia que el Poder Judicial. Como se recuerda, en marzo pasado, el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima declaró la nulidad de la citación del 4 de octubre y la sesión del 30 de octubre del 2013 y de los actos posteriores "que afecten los derechos constitucionales protegidos en el presente proceso", referidos exclusivamente a Alan García.
Al respecto, debemos señalar que esta sentencia no debe ser considerada un impedimento para debatir los informes de la Megacomisión, ya que este grupo parlamentario se formó para investigar irregularidades cometidas en el gobierno que presidió Alan García, pero no exclusivamente para investigar a su persona. Como señala el abogado y coordinador del Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP, Erick Guimaray, "la exposición de los informes de la Megacomisión frente al Pleno del Congreso de la República sigue siendo un escenario político ajustado a Ley". "Por tanto, las consecuencias que se deriven de su exposición comparten su legitimidad".
En este sentido, Asimismo, la defensa sostiene que el ex presidente no cometió ningún delito ni violó la Constitución.
Esto es lo que dicen:
lamula.pe 19.06.14
