DEPARTAMENTOS MINEROS LIDERAN TASA DE POBREZA Y DESNUTRICIÓN INFANTIL

 

Los departamentos mineros que ocupan los primeros lugares de las inversiones como Cajamarca, Huancavelica y Apurímac, son los departamentos más pobres y con mayor desnutrición infantil, según advierte un estudio de CooperAcción.

El Ministerio de energía y Minas, a través de su Boletín Estadístico de Minería, informó que la inversión minera sumó un total de US$ 4,329 millones entre enero y julio del 2012. Dicha inversión se viene incrementando en los últimos años.

Contrariamente a lo que algunos anuncian como la disminución de la inversión por los conflictos sociales, como el de Conga, el panorama se aclara: la inversión minera continúa creciendo. En el 2010, la minería aportó el 5,25 del PBI nacional, a diciembre del 2011 representa 24% de la inversión extranjero y el 60% de las exportaciones, en el 2011 su participación respecto al total de tributos es de 17,5%, y si nos focalizamos en el Impuesto a la Renta, fue de 33,3%.

El total de trabajadores ocupados en minería, tanto de los titulares mineros, como contratistas, representa aproximadamente el 1% de la Población Económicamente Activa (PEA) nacional.

“Algunos ven la promoción de la minería responsable como un «atajo» para obtener recursos a fin de alcanzar las inversiones necesarias para invertir en Educación e infraestructura, y por lo tanto «romper el círculo vicioso»”, dice Calisto.

MINERÍA Y POBREZA

Sin embargo, el economista señala que hay más de un indicio de que la minería no ha resultado ser beneficiosa para impulsar el desarrollo en los departamentos con mayor presencia de esta actividad como Cajamarca, Ancash, Junín.

Según el documento «Desnutrición crónica infantil cero en 2016» las regiones mineras encabezan ranking de desnutrición crónica infantil en el Perú, siendo las regiones con tasas de mayor nivel de desnutrición crónica infantil: Huancavelica (46,4%), Cajamarca (29,9%), Huánuco (28,8%), Apurímac (31,3 %) y Ayacucho (28,1 %). Huancavelica tiene casi el 50% de su territorio concesionado a la minería (40.34%) y es uno de los departamentos con la tasa de pobreza más alta con el 77.2%y donde la cobertura al seguro de salud, según el INEI, no alcanza ni a la mitad de la población (47.6%).

Le sigue Cajamarca con el 44.37% de su territorio concesionado y donde aún el 17,1% de su población es analfabeta y sólo el 36,7% de las viviendas está conectado a una red pública de agua dentro de la vivienda. El 36.1% de Ancash está concesionado, tiene una tasa de analfabetismo del 17,9%.

En Apurímac, que tiene el 54.44% de su territorio concesionado, el 70.3% de la población es pobre. Ayacucho tiene el 16,8% de su población sin ningún nivel educativo y la tasa de analfabetismo es de 17,9%, el porcentaje del territorio concesionado alcanza el 26.2%

“El argumento más usado para justificar esta realidad es la ineficiencia de los gobiernos locales. Sin embargo, hasta el 31 de octubre de este año, el gobierno nacional ejecutó sólo el 66.9%, los gobiernos locales, el 56.1% y los gobiernos regionales, el 66.7%. Al 26 de octubre de este año el Ministerio de la Producción ha ejecutado el 52.97% de su presupuesto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo el 63.71%.

El Ministerio del Interior espera para fin de año ejecutar tan solo el 55% del presupuesto de inversión. Vemos entonces que la ineficiencia es un problema nacional, y que empieza por el gobierno central”, agrega Calisto.

Reformas pendientes

Y dado que el debate en torno a las industrias extractivas se suele dar alrededor de indicadores económicos, es necesario considerar los costos que ocasionan las actividades mineras en el ambiente. En el estudio de Herrera y Millones (2011), se calculó el costo económico de la contaminación ambiental minera sobre los recursos hídricos, que reporta US$ 814,7 millones en el 2008, y US$448,8 millones en el 2009.

“El Estado debe encarar las reformas pendientes en políticas públicas, que permitan un control eficiente sobre las actividades extractivas, de modo que se proteja el ambiente y se vele por la calidad de vida de las personas. Los gobiernos regionales y locales, por su parte, deben de gestionar sus recursos, promoviendo el desarrollo con una estrategia integral, que aborde Educación –básica y superior–, desarrollo productivo, salud y ejercicio de derechos”, dice Calisto.

Si vemos el porcentaje de población que emplea la minería, este nos remite a un 1% de la PEA. Y por otro lado, no ha demostrado promover el desarrollo humano en los departamentos donde opera –los resultados indican lo contrario–, y no suele considerar el costo económico de la contaminación ambiental, que no es nada despreciable.

La Primera-Lima 07.11.2012