EL 20% DEL TERRITORIO NACIONAL YA ESTÁ CONCESIONADO

Para los próximos 10 años, América Latina recibirá una inversión de US$ 320,000 millones solo en minería y el especialista César Padilla del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, advierte que la cifra es 20 veces mayor a lo invertido en la última década, a la vez que se pregunta si estamos preparados para que nuestro ecosistema soporte tanta minería y si estamos preparados para enfrentar los conflictos sociales que se avecinan. La actividad minera es importante pero debe ser regulada.

El costo social y ambiental de la minería"

Pese a la “suspensión” de proyectos mineros como Tía María en Arequipa o el proyecto Conga en Cajamarca, el Perú recibió US$ 5.440 millones de inversión extranjera directa en el primer semestre de este año, registrando un incremento de 31% en comparación al mismo periodo del 2011, reveló un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Países como Costa Rica no viven de la actividad minera y en algunas provincias en Argentina se prohibió la minería a cielo abierto. Hay un creciente proceso de tratar de hacer frente a esta actividad que cada vez ha demostrado más claramente que no significa ni desarrollo, ni crecimiento, ni empleo.

Nuestro país tiene una cartera de proyectos de US$ 60,000 millones en actividades extractivas para los próximos cinco años; sin embargo es necesario ampliar la mirada y no solo centrarse en el dinero que se pueda recaudar a través de éstas, sino también hacia la degradación que la extracción ocasionaría a nuestro territorio en materia de cuidado ambiental.

El exviceministro del Ambiente, José de Echave, indica que, según el Banco mundial, el índice de degradación ambiental en el país equivale a casi el 4% del Producto Bruto Interno (PBI) lo cual representa un aproximado de S/. 16,000 millones.

“La degradación ambiental le cuesta al país, los conflictos sociales le cuestan al país. Cuando se habla de minería se suma todo y olvidan restar lo que debe restarse y creo que dentro de lo que se debe restar están los costos ambientales y sociales”, señala el exviceministro del Ambiente en el foro “15 años de extractivismo en el Perú y América Latina”.

Según Julia Cuadros, presidenta de CooperAcción, el 20.3 por ciento del territorio nacional está concesionado a la minería y en los últimos 15 años se pasó de tener concesionadas 15 millones de hectáreas a 25.8 millones de hectáreas en el 2011.

Para los próximos 10 años se invertirán US$ 320,000 millones en proyectos mineros en América Latina, cifra 20 veces mayor que lo invertido en la última década y solo el Perú recibirá alrededor de US$ 60 mil millones, mientras que Chile recibirá US$ 100 mil millones por el mismo concepto, así lo señala César Padilla coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL).

Frente a esta nueva realidad ¿qué tanto estamos preparados para enfrentar? ¿Cuántos Conga, cuántos Pascua Lama (proyecto de la minera Barrick Gold de fuerte oposición en Chile) nos espera? Nos espera una conflictividad multiplicada por veinte. ¿Cómo actuarán los Estado? ¿Con más estigmatizaciones, uso desmedido de fuerza, más muertes?”, se pregunta Padilla.

“Lo que nos planteamos desde el Observatorio es qué tanto estamos preparados para recibir estas inversiones. Cómo vamos a tratar la creciente protesta social multiplicada por 20 y quiénes serán los aliados”, agrega Padilla.

Al mismo tiempo nos recuerda que las jubilaciones de los ciudadanos canadienses dependen de la actividad minera, la pregunta es ¿cuán solidarios van a ser? Y finalmente advierte sobre un último escenario: El aterrizaje de la industria minera China en LatinoAmérica.

La minería como promesa incumplida

Hace más de 15 años se instalaron en el Perú las empresas mineras que hoy son las principales protagonistas de las decenas de conflictos sociales.

La situación actual es que ya no es posible que un proyecto minero entregue las garantías que entregaba hace 10 o 15 años, sostiene César Padilla, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL)

“Hoy ya nadie cree cuando alguien dice ‘les vamos a vaciar las lagunas pero les vamos a crear otras’ -refiriéndose a la minera Yanacocha-. Esto es parte del pasado (…) Ahora las mineras están buscando la certificación de ‘minería sin conflicto’, para poder hacerles creer a sus accionistas, legitimando su actividad porque con nosotros ya no necesitan hacerlo, nosotros ya no les creemos”, enfatiza Padilla.

El coordinador del OCMAL nos recuerda que países como Costa Rica no viven de la actividad minera y en algunas provincias en Argentina se prohibió la minería a cielo abierto. “Hay un creciente proceso de tratar de hacer frente a esta actividad que cada vez ha demostrado más claramente que no significa ni desarrollo, ni crecimiento, ni empleo”, subraya.

Por su parte, Eduardo Gudynas del Centro Latinoamericano de Ecología Social considera que las políticas públicas en referencia al extractivismo merecen una reflexión, teniendo en cuenta los escenarios cada vez más complicados para la extracción: el crecimiento de la protesta social y las pérdidas humanas que se generaron tanto por represión de los gobiernos de turno como por daños al ambiente.

“El extractivismo de hoy es depredador, tiene un alto impacto social y ambiental. Es un extractivismo violento con muerte de personas y daños graves al ambiente. El rol de las políticas públicas es cada vez más complicado y necesita una reflexión desde lo social”, declara Gudynas.

Conga no está Suspendido

La minera Yanacocha ha iniciado la construcción de los reservorios de agua que forman parte del plan para continuar con la ejecución del polémico proyecto minero Conga. Marco Arana, líder del partido Tierra y Libertad y actor en el conflicto por Conga, advierte que el proyecto no está suspendido como quieren hacer parecer el gobierno y la empresa y que la construcción de los reservorios está dentro del calendario previsto para que Conga se ejecute en el 2016.

Arana sostiene que el fuerte conflicto pudo evitarse, ya que se inició en el año 2002 y que a partir del año 2004 diversas oposiciones, movilizaciones, documentos se cursaron al gobierno central y que en el 2011 el nuevo gobierno regional (con Gregorio Santos a la cabeza) entró y se encontró con que Conga tenía ya un estudio de impacto ambiental aprobado.

Ese mismo año se aprueba la ordenanza regional 036 que declara intangible la zona, donde se ubica el proyecto Conga, para actividad minera y el Tribunal Constitucional desecha la decisión del gobierno regional y decide favorecer a la empresa minera Yanacocha.

“Siguiendo la doctrina del perro del hortelano desconocen el instrumento del gobierno regional e imponen el proyecto minero”, agrega Arana.

El conflicto por Conga se inició en el 2002 y estalló en el 2011, la violencia cobró la vida de 5 personas. Conga tiene que ser visto como un conjunto de los impactos acumulados que han generado los 20 años de minería, con malas prácticas, de Yanacocha, considera Marco Arana.

El líder del partido Tierra y Libertad nos recuerda que Cajamarca es la tercera productora de lácteos del país, LA PRIMERA de carnes, de arvejas y lentejas y tiene una población mayoritariamente vinculada a las actividades agropecuarias. El 60% de su población es rural.

“La desgracia de Cajamarca -dice Arana- es que las concesiones mineras se ubiquen sobre los páramos, zona de importancia hídrica de la región y que conforman un 23.6% del territorio”.

Hay que precisar que el proyecto Conga, nos cuenta Arana, solo representa la punta del iceberg, con él vienen otras seis concesiones mineras: La Zanja, Tantahuatay, Shahuindo, Michiquillay, Galeno y Cerro Corona que también amenazan el recurso hídrico de la región.

A la espera de apoyo internacional

Los grupos que lideran la protesta social en contra del proyecto minero Conga en Cajamarca, están llevando a cabo distintas acciones en pos del apoyo internacional ante su justo reclamo.

Es así que el líder ambientalista Marco Arana nos adelanta que hay acciones que están en curso, una de ellas en la Corte Interamericana de derechos humanos (CIDDHH) que tiene que ver con la violación del derecho de consulta.

Además, hay una mesa de trabajo en Washington sobre Conga y a fines de noviembre y en los próximos días en Buenos Aires se reúne el Tribunal Latinoamericano del Agua que en el caso de la violación del derecho al agua en el proyecto Conga se espera una sentencia de dicho tribunal para el 9 de noviembre.

Marco Arana confía en que el pronunciamiento de entes internacionales acerca de la problemática alrededor de Conga tenga una significación ética muy importante a nivel continental y que también tenga algún tipo de efectos y repercusión a nivel internacional.

A su turno, el exviceministro del Ambiente, José de Echave, analiza y advierte que “Sinceramente yo creo que ese proyecto no tiene viabilidad social y si se insiste en llevar adelante el proyecto en el corto plazo lo que va a generar es mayor conflicto social como el que está pasando en las lagunas. Hay una movilización de ronderos, guardianes de las lagunas y la presencia policial se ha reforzado y hay una fuerte tensión”.

Al mismo tiempo, De Echave aclara que “nosotros (CooperAcción) no estamos en la posición de que no debería haber minería pero sí creemos que la actividad minera debe ser regulada”.

La Primera-Lima 06.11.2012