17 CONFLICTOS SOCIALES SON IDENTIFICADOS POR DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN CAJAMARCA
La Defensoría del Pueblo en su septuagésimo tercer reporte sobre conflictos sociales de distinta intensidad entre población, autoridades de diferentes entidades públicas y empresas, con información actualizada al 31 de mayo de 2009, señala que en el país se han presentado 268 conflictos sociales; de los cuales 212 se encuentran activos (79%) y 56 en estado latente (21%).
En el caso de Cajamarca, se habla de diecisiete conflictos sociales, del tipo ambiental, electoral, municipal y nacional.
CASO 1.
Pobladores de caserío Llanomayo, Lluscapampa Baja y Huambocancha Chica demandan a Minera Yanacocha constitución de servidumbre de paso para un sistema de agua potable y se oponen a construir una planta de tratamiento de agua para consumo por los costos que puede representar para los pobladores.
Ubicación: Centro poblado Huambocancha Chica, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca.
Actores. Caserío Llanomayo, Lluscapampa Baja y Huambocancha Chica, Empresa Minera Yanacocha, Asociación para la construcción del Sistema de Agua Potable Llanomayo – Llushcapampa – Huambocancha Chica.
CASO 2
Las organizaciones y pobladores de Choropampa, San Juan y Magdalena demandan a la empresa minera de Yanacocha atención a los afectados e imdemnización por los daños ocasionados por el derrame de mercurio ocurrido en junio de 2000.
Ubicación: Centro Poblado Choropampa, distritos de San Juan y Magdalena, provincia de Cajamarca.
Actores. Minera Yanacocha, Frente de Defensa Distrito San Juan, Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de Choropampa, Frente de Defensa Distrito Magdalena, Presidencia del Consejo de Ministros PCM, Municipalidad provincial de Cajamarca, pobladores de Choropampa, San Juan y Magdalena, Ministerio de Salud.
CASO 3
La población solicita el retiro de la Empresa Minera Miski Mayo por posible contaminación de las fuentes de agua.
Ubicación: Distrito de Jesús, provincia de Cajamarca. Distrito de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos. Distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba.
Actores. Gobierno Regional de Cajamarca (Jesús Coronel Salirosas), Empresa Minera Miski Mayo S.A.C, PNP, Frente de defensa del Medio Ambiente del río Cajamarquino (José Lezma Sánchez) y las comunidades de Campo Alegre y Colpon.
CASO 4
La comunidad solicita la remediación e indemnización de pasivos mineros, producto de exploraciones mineras anteriores. Además solicita que el monto de la venta del proyecto sea destinado a proyectos de desarrollo para las comunidades de Michiquillay, La Encañada y la provincia Cajamarca.
Ubicación: Comunidad Campesina de Michiquillay, distrito La Encañada, Provincia de Cajamarca.
Actores. Comunidad Campesina de Michiquillay (Presidente Luis Casahuamán), Empresa Minera Anglo-Americana Michiquillay, Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Activos Mineros SA, Comité de Autodefensa de la Comunidad Indígena de Michiquillay (Presidente Mercedes Saucedo Ríos), Frente de Defensa y Desarrollo de seis cuencas que beneficia Michiquillay con sus aguas (Presidente Mercedes Saucedo Ríos), Municipalidad Provincial de Cajamarca, CONACAMI, Congresista Werner Cabrera, congresista Alejandro Rebaza.
CASO 5
La asociación de ex trabajadores de Compañía Minera Colquirrumi exige que se reconozca la propiedad del terreno ubicado en La Lechería, donde se ubica una zona de remediación de pasivos ambientales.
Ubicación: Distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc.
Actores. Asociación de ex trabajadores de Cia. Minera Colquirrumi SA, presidente de asociación Dagoberto Urrutia Morales, Compañía Minera Colquirrumi SA., Gerente de Operaciones Gustavo Jo Iturrizaga, Juzgado Mixto de Hualgayoc – Sala Mixta de Chota.
CASO 6
Caso. Oposición de la población a la explotación minero–informal ubicada en zona en litigio.
Ubicación: Distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba.
Actores. Mineras Algamarca y Sullidén Shahuindo, Pobladores del CP Chuquibamba, Gobierno Regional de Cajamarca.
CASO 7
Temor de la población por la contaminación ambiental del rio Mangaybamba y desacuerdo de la población por el uso del aporte económico voluntario, extraordinario y temporal denominado “Programa
Minero de Solidaridad con el Pueblo”. Además la población demanda proyectos de desarrollo sostenible para la zona.
Ubicación: Comunidades campesinas El Tingo, Anexo, Predio La Jalca, Caseríos de Coymolache y Pilancones, distrito de Hualgayoc, provincia de Hualgayoc.
Actores. Municipalidad distrital de Hualgayocc dos Centros Poblados: Moran y Coimolache, 40 caseríos, Empresa Minera Gold Fields-La Cima S.A, Representante de las Rondas Campesinas, Mesa de diálogo de Hualgayoc, Frente Único de los Interés del Pueblo de Hualgayoc, Gobernación, Frente de Defensa de los Intereses de Hualgayoc y Asociación de Trabajadores del Pueblo de Hualgayoc.
CASO 8
Un grupo de pobladores tomó las instalaciones del municipio de Sallique, manifestando su disconformidad con la reelección del alcalde, al conocerse los resultados de las Elecciones Municipales 2006. Sustentan la protesta con una falta de transparencia en el manejo de los fondos durante la gestión anterior. El alcalde ha presentado denuncias penales contra los dirigentes por la toma del local municipal.
Ubicación: Distrito de Sallique, provincia de Jaén.
Actores: Pobladores del distrito de Sallique y Alcalde distrital de Sallique.
CASO 9
Demandan la recuperación de manantiales Rume Rume, Perga Perga y Cuyoc, para uso de consumo humano y riego tecnificado, que viene utilizando la empresa Minera Yanacocha.
Ubicación: Centro poblado La Ramada, distrito Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca.
Actores. Minera Yanacocha, Comité de agua potable del Centro Poblado La Ramada (presidente Emilio Yopla Chilon), canal de riego La Ramada (presidente José Anastasio Yopla Cueva), Administración Técnica del Distrito de Riego del Jequetepeque, Administración Técnica del Distrito de Riego de Cajamarca, Instituto Nacional de Recursos Naturales, Municipalidad Provincial de Cajamarca.
CASO 10
La población y autoridades de la provincia de Cajabamba demandan al gobierno regional y nacional el asfaltado de la carretera, electrificación rural y otros.
Ubicación: Provincia Cajabamba
Actores. El Frente de los Intereses Provinciales de Cajabamba (FREDIPC), Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Jesús Coronel; PCM; PROVIAS, Ministerio de Transportes y Comunicaciones
CASO 11
Pobladores de Chilete y Ciudad de Dios piden se declare en emergencia la red vial de Cajamarca y la rescisión del contrato con el Consocio Vial Chilete a cargo del mantenimiento de la vía Chilete- Ciudad de Dios.
Ubicación: Distrito Chilete, Provincia Contumazá y Provincia San Miguel.
Actores. Gobierno Regional de Cajamarca, Ministerio de Transportes – Provias Nacional, Consorcio Vial Chilete, Pobladores del Valle de Jequetepeque- Chilete, Municipalidades del Valle del Jequetepeque (San Pablo, San Miguel y Contumazá), Asociación de Transportistas de Cajamarca.
CASO 12
Los pobladores se oponen al proyecto minero La Zanja por temor a la contaminación.
Ubicación: Distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz.
Actores. Pobladores de Pulán, Minera la Zanja, Federación de Rondas campesinas de la provincia Santa Cruz, Frente de Defensa de Santa Cruz, Municipalidad Provincial de Santa Cruz, Municipalidad Distrital Pulan, Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay
CASO 13
Pobladores de Chalamarca cuestionan al Alcalde distrital y lo denuncian por presuntas irregularidades en la gestión municipal.
Ubicación: Distrito de Chalamarca, Provincia de Chota
Actores. Primarios: Pobladores de Chalamarca, Alcalde distrital, Eduardo Cubas Estela (PAP, 42%), Complementarias 2007), CGR, Poder Judicial.
CASO 14
Regidores del distrito de Lajas denunciaron irregularidades y actos de corrupción en municipio de Lajas responsabilizando al alcalde Idelso Chávez Fernández.
Ubicación: Distrito de Lajas, Provincia de Chota
Actores. Regidores, Pobladores de Lajas, Alcalde distrital de Lajas Idelso Chávez Fernández (Fuerza Democrática, 43.1%).
CASO 15
Pobladores del distrito de Tabaconas cuestionan la gestión municipal por presuntos manejos irregulares del Alcalde. Están promoviendo la revocatoria del alcalde y regidores.
Ubicación: Distrito de Tabaconas, provincia de San Ignacio.
Actores: Alcalde Distrital de Tabaconas- integrante del Movimiento Independiente Fuerza Campesina: Pedro Huamán Ortiz. Regidores. Promotor del proceso de Revocatoria: Joel Campos Flores. Pobladores. Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Tabaconas.
CASO 16
Pobladores del distrito de Choros cuestionan gestión del alcalde, acusándolo de supuestas irregularidades en el manejo de recursos, irregularidades durante el proceso de revocatoria desarrollado en el distrito en diciembre de 2008, de abandono del local municipal y ejercer funciones en un caserío cercano.
Ubicación. Distrito de Choros, provincia de Cutervo.
Actores. Alcalde Distrital de Choros: Salvador Díaz Vásquez (Unidad Nacional: 37,28%), regidores, Promotores de la revocatoria: Javier Orlando Mondragón Ramírez, Vicente Valdivia Barboza y otros. Efraín Altamirano Muñoz, Juez de Paz de Única Nominación Héctor Castro Delgado, Gobernador del Distrito de Choros, Rondas Campesinas de Choros, pobladores.
CASO 17
Demandan la construcción de un nuevo sistema de agua por parte de la empresa Minera Yanacocha.
Ubicación: Centro poblado de Huambocancha Alta, caserío el Batán, distrito Cajamarca.
Actores: Comité Directivo del Sistema de Agua Potable del centro Poblado de Huambocancha Baja, caserío El Batán. Representado por su Presidente Javier Tafur Flores y Empresa Minera Yanacocha.
Diario Panorama Cajamarquino 07/07/2009
DEFENSORÍA PRESENTÓ PROYECTO DE LEY DE DERECHO A CONSULTA
A 15 años de suscrito Convenio 169 de la OIT. Busca garantizar el proceso de diálogo entre el Estado y los representantes de los pueblos indígenas.
Elízabeth Prado.
Para facilitar el cumplimiento de la obligación contraída por el Perú hace quince años respecto al Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Defensoría del Pueblo elaboró el Proyecto de Ley Marco del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas, el mismo que será presentado al Congreso de la República para su debate y posible aprobación.
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, dijo que este proyecto de ley busca garantizar el proceso de diálogo entre el Estado y los representantes de los pueblos indígenas; y el arribo a un acuerdo sobre las medidas administrativas o legislativas que se propongan.
Por su lado, Rolando Luque, adjunto para Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, recomendó que en tanto se apruebe esta ley es necesario implementar un mecanismo ad hoc para superar el conflicto actual con los nativos.
También señaló que la Defensoría del Pueblo supervisará todo el proceso de diálogo entre el Estado y las comunidades, y mantendrá informada a la población. Asimismo, hará un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a los que finalmente se lleguen.
El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por el Perú en 1993, pero incumplido en la ‘Ley de la Selva’.
La propuesta de la Defensoría
El proyecto de ley, de seis títulos y treinta artículos, señala como actores del proceso de consulta al Estado, a los pueblos indígenas, a las organizaciones representativas de los nativos; así como a organismos técnicos del Estado.
También indica que el proceso de consulta debe realizarse previa sensibilización y capacitación intercultural de los representantes indígenas y las autoridades.
En cuanto a la duración del proceso de consulta, el plazo será el que permita a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas conocer, reflexionar y realizar propuestas.
El proceso de consulta puede ser suspendido si no existen garantías para el diálogo entre las partes, ni tampoco se cuente con la seguridad adecuada.
Diario La República-Lima 07/07/2009
Defensoría señala que conflicto amazónico puede reactivarse si gobierno no soluciona demandas nativas.
TEMEN REBROTE DE LA VIOLENCIA
DETALLE
Merino indicó que la investigación de la Defensoría sobre las muertes en Bagua no ha concluido. “Seguiremos realizando visitas a las comunidades nativas para estar seguros de que no hay más muertos ni desaparecidos”, dijo tras defender el informe presentado por su oficina al respecto. “No es correcto que la Defensoría no haya visitado las comunidades alejadas de la selva”, añadió.
La Defensoría del Pueblo sostuvo ayer que el conflicto social en la Amazonía peruana no ha desaparecido y que la violencia permanece latente en la selva. Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales, dijo que “lo que ha terminado, por el momento, es la violencia, pero ésta podría regresar si el gobierno no resuelve las demandas de las comunidades nativas. El conflicto concluirá sólo cuando los problemas desaparezcan y las partes queden conformes”.
Luque advirtió que existen 14 conflictos activos en las comunidades indígenas, la mayoría del tipo socio ambiental, cuya solución depende de las decisiones que tome el gobierno, pues persiste la desconfianza de los nativos porque el Ejecutivo nunca les consulta sobre el uso de tierras que son de su propiedad.
En ese sentido, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, presentó ayer al Congreso un proyecto de Ley Marco al Derecho a la Consulta de los pueblos indígenas. Merino explicó que esta iniciativa resulta necesaria para sentar las bases que garanticen un diálogo intercultural que incorpore a los nativos en el proceso de toma de decisiones del Estado. El proyecto tiene como finalidad exigir el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.
“La realización de la consulta previa es responsabilidad del Estado, esta ley permitirá tapar esos vacíos legales que permiten el incumplimiento de la consulta. Estamos en un momento clave para hallar soluciones haciendo respetar el acuerdo 169”, dijo Merino tras detallar que esta iniciativa incluye sanciones como la destitución e inhabilitación política para ejercer cargos públicos durante 5 años a las autoridades del gobierno que no cumplan con realizar la consulta popular.
Diario La Primera-Lima 07/07/2009
TRABAJADORES DE DOE RUN HARÁN LOBBY A FAVOR DE LA EMPRESA MINERA
El respaldo al plan de solución integral busca que las labores de la empresa vuelvan a la normalidad sin haber cumplido con el PAMA
Los trabajadores de Doe Run Perú iniciarán gestiones en distintas instancias del Gobierno para apoyar la propuesta de solución integral dada por la empresa minera, según informó el secretario general del sindicato de obreros metalúrgicos, Roiberto Guzmán.
En ese sentido, explicó que hoy empezarían las reuniones con el Gobierno Regional de Junín y mañana estarían haciendo lo mismo con los ministerios de Energía y Minas y Trabajo.
Se debe indicar que el viernes pasado cerca de dos mil quinientos trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya, de propiedad de Doe Run, apoyaron —a través de un plebiscito— la alternativa presentada por la minera, que consiste en solicitar al Gobierno una ampliación de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por treinta meses. La empresa, por su parte, se compromete a inyectar US$31 millones como capital de trabajo.
La otra iniciativa en este plebiscito —que era impulsada por el gobierno— era que los trabajadores solicitaran ante el Poder Judicial la administración temporal de la empresa.
Se supo que ante la decisión de los trabajadores mineros de respaldar a la empresa, el congresista Jorge del Castillo (Apra), que estaba haciendo de facilitador para el diálogo, renunció a esta función debido a su fracaso en tal propósito.
AJUSTE A NORMA CONCURSAL
Por otra parte, el Ejecutivo envió el viernes un proyecto de ley al Congreso para reducir el tiempo en los procedimientos concursales ante Indecopi y faculta a los trabajadores a solicitar la reestructuración de la empresa en caso hayan indicios de quiebra, lo cual hubiera servido si es que triunfaba la propuesta del gobierno en el mencionado plebiscito.
PRECISIONES
Acreedores
No aceptan la propuesta de Doe Run y han asegurado que no darán más concentrados a la Fundición de La Oroya.
GOBIERNO
Rompió conversaciones con Doe Run hace dos semanas.
Diario El Comercio-Lima 07/07/2009
PROTESTA DE MINEROS PARALIZA A PUNO
Aproximadamente, 10 mil pobladores convulsionaron el centro de la capital de la región.
Más de 10 mil habitantes de los centros poblados mineros de La Rinconada y Cerro Lunar, en el distrito de Ananea (San Antonio de Putina), llegaron ayer a la ciudad de Puno para exigir al Gobierno Central y regional el cumplimiento de sus compromisos. La concentración principal se llevó a cabo en la Plaza de Armas, donde la Policía no se dio abasto para controlar a los manifestantes.
Según fuentes locales, los mineros llegaron en 120 buses y 40 camiones e, inmediatamente, exigieron la instalación de una comisión de alto nivel con la presencia del premier Yehude Simon, además de una reunión con el presidente regional Hernán Fuentes. Al cierre de esta edición, se supo que los manifestantes estaban reunidos con la máxima autoridad del departamento. Empero, afirmaron que si no hallaban solución a sus reclamos tomarían medidas radicales.
Entre sus principales demandas se encuentra el asfaltado de la carretera de desvío Huancané-Putina, que si bien se inició en 2007, no muestra avances significativos. Además, exigen el afirmado de la carretera Putina-Ananea-Cerro Lunar. También piden la elevación de categoría de su puesto médico a centro de salud y la construcción de un minihospital para las 35 mil personas que radican en La Rinconada. Asimismo, dicha localidad minera demanda agua y desagüe.
Cabe indicar que si bien, inicialmente, la protesta era de 72 horas, los manifestantes han señalado que permanecerán en la ciudad de Puno hasta que sean escuchados por la autoridades. Esta movilización coincide con el paro a nivel nacional convocado por la CGTP, el SUTEP, la Federación Nacional de Docentes Universitario del Perú (Fendup) y los transportistas, entre otros gremios. Por ello, hoy podría tornarse más tensa la situación en la capital puneña.
Diario Perú 21-Lima 07/07/2009
PRONUNCIAMIENTO DE MIEMBROS DE OCMAL TRAS ASAMBLEA EN QUITO EL 3 - 5 DE JUNIO
'POR LA JUSTICIA SOCIAL Y AMBIENTAL Y LA PAZ EN AMERINDIA'
'Reunidos en Quito, representantes hombres y mujeres de organizaciones sociales de Guatemala, Honduras, México, El Salvador, Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, de comunidades indígenas y de comunidades cristianas de base de estos países, nos dirigimos a nuestros gobernantes, medios de comunicación, autoridades eclesiásticas, hermanos y hermanas de nuestros pueblos que luchan y resisten por la prohibición de actividades mineras en donde éstas aun no se han instalado o por mecanismos estrictos y de regulación ambiental y fiscal de las mismas en países donde ya se hallan instaladas.
Vemos que el capitalismo ha causado graves daños ambientales, por lo que todo el planeta se halla hoy en peligro debido a la voracidad del consumo de los países ricos y el lucro un grupo reducido de corporaciones transnacionales. La reproducción de este sistema, reproduce también el sometimiento de nuestros pueblos y el despojo agresivo de nuestras riquezas naturales.
Consideramos que este sistema debe ser cambiado y que la justicia social que por siglos venimos reclamando debe extenderse también a la justicia con la tierra. Como nos enseña la sabiduría de nuestros hermanos de la amazonia y de las comunidades andinas: “Debemos cuidar la tierra porque ella nos cuida”, su lucha entonces no es solo por su territorio, sino por salvar la humanidad entera. Por ello, nos comprometemos a seguir trabajando solidariamente, sin descanso, porque la lucha de nuestros pueblos sea reconocida como una lucha justa y logre sus objetivos, y levantamos nuestra voz de indignación y protesta frente a abusos y violaciones de derechos humanos fundamentales de muchos de nuestros hermanos y hermanas en el continente:
1. Condenamos las políticas desarrollistas primario exportadoras que buscan despojar, una vez más, de sus tierras a las comunidades indígenas y campesinas. En particular, nos solidarizamos con los pueblos Awajún, Achuar, Wampis y Shuar de la amazonía nororiental de Bagua- Perú cuyos miembros han sido asesinados por defender sus territorios. Igualmente, exigimos sanción para los responsables políticos y directos de todas las víctimas (indígenas y policías). Así como la investigación sobre los numerosos desaparecidos, el alto inmediato a la persecución de los líderes indígenas y el cese de las acciones de hostigamiento y criminalización contra ellos.
2. Nuestra solidaridad con los diez líderes campesinos de la provincia de San Marcos, en el Departamento de Cajamarca en Perú que próximamente van a ser sentenciados por el poder judicial por haberse opuesto a la realización de actividades mineras en la cabecera de sus cuencas y haberse defendido de las acciones de hostigamiento de los grupos paramilitares organizados por la transnacional minera Vale Do Río Doce. Exigimos justicia para ellos y sanción para los responsables de la empresa minera.
3. Pedimos a las autoridades del gobierno boliviano se proteja los derechos y la seguridad de nuestros hermanos del CEPA de Oruro en Bolivia, miembros del OCMAL, que por defender los derechos de las comunidades afectadas por las actividades mineras hoy son víctimas del hostigamiento de sectores mineros movilizados para atacar al Hno. Gilberto Pauwels - OMI y los colaboradores de su equipo. Un gobierno que se precia de defender los derechos de la tierra no puede permitir que empresas mineras irresponsables amenacen impunemente a los defensores de los derechos sociales y ambientales de las comunidades que se ven afectadas.
4. Reconocemos el gran avance pastoral de nuestros obispos, declarado en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en La Aparecida: “(hay que buscar) un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana, que se fundamenta en el evangelio de la justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes, y que supere la lógica utilitarista e individualista, que no somete a criterios éticos los poderes económicos y tecnológicos. Por tanto, alentar a nuestros campesinos a que se organicen de tal manera que puedan lograr su justo reclamo” (474,c) y que hay que “Profundizar la presencia pastoral en las poblaciones más frágiles y amenazadas por el desarrollo depredatorio” (474b) por ello, exhortamos a los obispos a apoyar decididamente a sus sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes de pastoral que defienden la vida, y que por ello, muchas veces se ven amenazados por las empresas mineras o aun por las acciones de los Estados que protegen intereses privados en vez del bien común. Expresamos nuestra fraternidad y solidaridad con los sacerdotes claretianos del Lago de Izabal de Guatemala cambiados recientemente por el obispo, así como con el padre Wimper Zaldunbide, que está siendo incomprendido y hostigado por haber acompañado a su pueblo en la lucha contra las empresas mineras que quieren imponerse en esta comunidad sin respetar su derecho a vivir en un ambiente sano y saludable.
5. Nuestro enérgico rechazo a la restricción de libertades democráticas y los procesos de criminalización cada vez más extendidos en nuestros países para expandir las industrias extractivas, lo que está llevando a que cada vez haya más personas denunciadas, encarceladas, asesinadas o desaparecidas. De manera especial, expresamos nuestra preocupación por el compañero Gustavo Marcelo Rivera Moreno, miembro de una organización popular de la República de El Salvador que por haber luchado contra la minera Pacific Rim se halla actualmente desaparecido.
6. Los problemas derivados del calentamiento global nos llama a tomar especial atención en la disminución de las fuentes de agua de calidad para el consumo de la población, por esta creciente amenaza exigimos se respeten las leyes en defensa de los glaciares y espejos de agua en la cordillera de los andes por ser estos la fuente del agua del continente Sudamericano.
7. Por último nos solidarizamos con el hermano pueblo de Honduras, repudiamos la ruptura de la democracia, el amedrentamiento y la violación de los derechos de la población. Llamamos a hacer todos los esfuerzos posibles para restituir el Estado de derecho y garantizar de inmediato la democracia.
Los miembros del OCMAL que nos hemos reunido del 3 al 5 de julio en Quito, nos reafirmamos en nuestras convicciones y valores por construir un mundo más justo y luchar por el derecho al buen vivir que hemos aprendido de nuestros hermanos indígenas, y anunciamos que seguiremos fortaleciendo la solidaridad entre nuestros pueblos y organizaciones para construir un mundo social y ecológicamente justo.
Quito, 05 de julio 2009
FIRMAS:
FRENTE AMPLIO OPOSITOR, MEXICO
FRENTE DE DEFENSA DEL VALLE DE SAN LORENZO Y TAMBO GRANDE, PERU
CENTRAL ACRE ANTEQUERA, BOLIVIA
VICARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE JAEN, PERU
CUNNRC, PERU
CAMPANHA JUSTICIA NOS TRILHOS, BRASIL
MACH, RENACE, UAC, ARGENTINA
COOPERACCION, PERU
ASOCIACION DE ARTESANOS DE EL ORO, ECUADOR
CENSAR AGUA VIVA, COLOMBIA
CONFERRE, CHILE
CLUB CONDOR, ECUADOR
OCAS, CHILE
FECAC-BRUNARI, ECUADOR
RED MINERIA Y COMUNIDADES, PERU
CEPA, BOLIVIA
ADES, EL SALVADOR
COLECTIVO CASA, BOLIVIA
RED ORGANIZACIONES SOCIALES, CHILE
MINAS Y COMUNIDADES, ARGENTINA
PASTORAL INDIGENA, ECUADOR
RED MUQUI, PERU
OLCA, CHILE
ASALY, GUATEMALA
CDNSVCP, ECUADOR
JPG, ECUADOR
COMITE AMBIENTAL DEL VALLE DE SIRIA, HONDURAS
FOBOMADE, BOLIVIA
RED DE MUJERES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS SOCIOAMBIENTALES, AMERICA LATINA
ACCION ECOLOGICA, ECUADOR
FUNDACION VIENTOS DE VIDA, ECUADOR
GRUFIDES, PERU
CEDIB, BOLIVIA
OBSEERVATORIO BOLIVIANO DE CONFLICTOS MINEROS
COMITE DE DAMAS EN DEFENSA DE LA VIDA Y LA NATURALEZA, ECUADOR
http://www.catapa.be/es/noticias/431
Catapa 05/07/2009
La Defensoría del Pueblo en su septuagésimo tercer reporte sobre conflictos sociales de distinta intensidad entre población, autoridades de diferentes entidades públicas y empresas, con información actualizada al 31 de mayo de 2009, señala que en el país se han presentado 268 conflictos sociales; de los cuales 212 se encuentran activos (79%) y 56 en estado latente (21%).
En el caso de Cajamarca, se habla de diecisiete conflictos sociales, del tipo ambiental, electoral, municipal y nacional.
CASO 1.
Pobladores de caserío Llanomayo, Lluscapampa Baja y Huambocancha Chica demandan a Minera Yanacocha constitución de servidumbre de paso para un sistema de agua potable y se oponen a construir una planta de tratamiento de agua para consumo por los costos que puede representar para los pobladores.
Ubicación: Centro poblado Huambocancha Chica, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca.
Actores. Caserío Llanomayo, Lluscapampa Baja y Huambocancha Chica, Empresa Minera Yanacocha, Asociación para la construcción del Sistema de Agua Potable Llanomayo – Llushcapampa – Huambocancha Chica.
CASO 2
Las organizaciones y pobladores de Choropampa, San Juan y Magdalena demandan a la empresa minera de Yanacocha atención a los afectados e imdemnización por los daños ocasionados por el derrame de mercurio ocurrido en junio de 2000.
Ubicación: Centro Poblado Choropampa, distritos de San Juan y Magdalena, provincia de Cajamarca.
Actores. Minera Yanacocha, Frente de Defensa Distrito San Juan, Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de Choropampa, Frente de Defensa Distrito Magdalena, Presidencia del Consejo de Ministros PCM, Municipalidad provincial de Cajamarca, pobladores de Choropampa, San Juan y Magdalena, Ministerio de Salud.
CASO 3
La población solicita el retiro de la Empresa Minera Miski Mayo por posible contaminación de las fuentes de agua.
Ubicación: Distrito de Jesús, provincia de Cajamarca. Distrito de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos. Distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba.
Actores. Gobierno Regional de Cajamarca (Jesús Coronel Salirosas), Empresa Minera Miski Mayo S.A.C, PNP, Frente de defensa del Medio Ambiente del río Cajamarquino (José Lezma Sánchez) y las comunidades de Campo Alegre y Colpon.
CASO 4
La comunidad solicita la remediación e indemnización de pasivos mineros, producto de exploraciones mineras anteriores. Además solicita que el monto de la venta del proyecto sea destinado a proyectos de desarrollo para las comunidades de Michiquillay, La Encañada y la provincia Cajamarca.
Ubicación: Comunidad Campesina de Michiquillay, distrito La Encañada, Provincia de Cajamarca.
Actores. Comunidad Campesina de Michiquillay (Presidente Luis Casahuamán), Empresa Minera Anglo-Americana Michiquillay, Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Activos Mineros SA, Comité de Autodefensa de la Comunidad Indígena de Michiquillay (Presidente Mercedes Saucedo Ríos), Frente de Defensa y Desarrollo de seis cuencas que beneficia Michiquillay con sus aguas (Presidente Mercedes Saucedo Ríos), Municipalidad Provincial de Cajamarca, CONACAMI, Congresista Werner Cabrera, congresista Alejandro Rebaza.
CASO 5
La asociación de ex trabajadores de Compañía Minera Colquirrumi exige que se reconozca la propiedad del terreno ubicado en La Lechería, donde se ubica una zona de remediación de pasivos ambientales.
Ubicación: Distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc.
Actores. Asociación de ex trabajadores de Cia. Minera Colquirrumi SA, presidente de asociación Dagoberto Urrutia Morales, Compañía Minera Colquirrumi SA., Gerente de Operaciones Gustavo Jo Iturrizaga, Juzgado Mixto de Hualgayoc – Sala Mixta de Chota.
CASO 6
Caso. Oposición de la población a la explotación minero–informal ubicada en zona en litigio.
Ubicación: Distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba.
Actores. Mineras Algamarca y Sullidén Shahuindo, Pobladores del CP Chuquibamba, Gobierno Regional de Cajamarca.
CASO 7
Temor de la población por la contaminación ambiental del rio Mangaybamba y desacuerdo de la población por el uso del aporte económico voluntario, extraordinario y temporal denominado “Programa
Minero de Solidaridad con el Pueblo”. Además la población demanda proyectos de desarrollo sostenible para la zona.
Ubicación: Comunidades campesinas El Tingo, Anexo, Predio La Jalca, Caseríos de Coymolache y Pilancones, distrito de Hualgayoc, provincia de Hualgayoc.
Actores. Municipalidad distrital de Hualgayocc dos Centros Poblados: Moran y Coimolache, 40 caseríos, Empresa Minera Gold Fields-La Cima S.A, Representante de las Rondas Campesinas, Mesa de diálogo de Hualgayoc, Frente Único de los Interés del Pueblo de Hualgayoc, Gobernación, Frente de Defensa de los Intereses de Hualgayoc y Asociación de Trabajadores del Pueblo de Hualgayoc.
CASO 8
Un grupo de pobladores tomó las instalaciones del municipio de Sallique, manifestando su disconformidad con la reelección del alcalde, al conocerse los resultados de las Elecciones Municipales 2006. Sustentan la protesta con una falta de transparencia en el manejo de los fondos durante la gestión anterior. El alcalde ha presentado denuncias penales contra los dirigentes por la toma del local municipal.
Ubicación: Distrito de Sallique, provincia de Jaén.
Actores: Pobladores del distrito de Sallique y Alcalde distrital de Sallique.
CASO 9
Demandan la recuperación de manantiales Rume Rume, Perga Perga y Cuyoc, para uso de consumo humano y riego tecnificado, que viene utilizando la empresa Minera Yanacocha.
Ubicación: Centro poblado La Ramada, distrito Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca.
Actores. Minera Yanacocha, Comité de agua potable del Centro Poblado La Ramada (presidente Emilio Yopla Chilon), canal de riego La Ramada (presidente José Anastasio Yopla Cueva), Administración Técnica del Distrito de Riego del Jequetepeque, Administración Técnica del Distrito de Riego de Cajamarca, Instituto Nacional de Recursos Naturales, Municipalidad Provincial de Cajamarca.
CASO 10
La población y autoridades de la provincia de Cajabamba demandan al gobierno regional y nacional el asfaltado de la carretera, electrificación rural y otros.
Ubicación: Provincia Cajabamba
Actores. El Frente de los Intereses Provinciales de Cajabamba (FREDIPC), Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Jesús Coronel; PCM; PROVIAS, Ministerio de Transportes y Comunicaciones
CASO 11
Pobladores de Chilete y Ciudad de Dios piden se declare en emergencia la red vial de Cajamarca y la rescisión del contrato con el Consocio Vial Chilete a cargo del mantenimiento de la vía Chilete- Ciudad de Dios.
Ubicación: Distrito Chilete, Provincia Contumazá y Provincia San Miguel.
Actores. Gobierno Regional de Cajamarca, Ministerio de Transportes – Provias Nacional, Consorcio Vial Chilete, Pobladores del Valle de Jequetepeque- Chilete, Municipalidades del Valle del Jequetepeque (San Pablo, San Miguel y Contumazá), Asociación de Transportistas de Cajamarca.
CASO 12
Los pobladores se oponen al proyecto minero La Zanja por temor a la contaminación.
Ubicación: Distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz.
Actores. Pobladores de Pulán, Minera la Zanja, Federación de Rondas campesinas de la provincia Santa Cruz, Frente de Defensa de Santa Cruz, Municipalidad Provincial de Santa Cruz, Municipalidad Distrital Pulan, Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay
CASO 13
Pobladores de Chalamarca cuestionan al Alcalde distrital y lo denuncian por presuntas irregularidades en la gestión municipal.
Ubicación: Distrito de Chalamarca, Provincia de Chota
Actores. Primarios: Pobladores de Chalamarca, Alcalde distrital, Eduardo Cubas Estela (PAP, 42%), Complementarias 2007), CGR, Poder Judicial.
CASO 14
Regidores del distrito de Lajas denunciaron irregularidades y actos de corrupción en municipio de Lajas responsabilizando al alcalde Idelso Chávez Fernández.
Ubicación: Distrito de Lajas, Provincia de Chota
Actores. Regidores, Pobladores de Lajas, Alcalde distrital de Lajas Idelso Chávez Fernández (Fuerza Democrática, 43.1%).
CASO 15
Pobladores del distrito de Tabaconas cuestionan la gestión municipal por presuntos manejos irregulares del Alcalde. Están promoviendo la revocatoria del alcalde y regidores.
Ubicación: Distrito de Tabaconas, provincia de San Ignacio.
Actores: Alcalde Distrital de Tabaconas- integrante del Movimiento Independiente Fuerza Campesina: Pedro Huamán Ortiz. Regidores. Promotor del proceso de Revocatoria: Joel Campos Flores. Pobladores. Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Tabaconas.
CASO 16
Pobladores del distrito de Choros cuestionan gestión del alcalde, acusándolo de supuestas irregularidades en el manejo de recursos, irregularidades durante el proceso de revocatoria desarrollado en el distrito en diciembre de 2008, de abandono del local municipal y ejercer funciones en un caserío cercano.
Ubicación. Distrito de Choros, provincia de Cutervo.
Actores. Alcalde Distrital de Choros: Salvador Díaz Vásquez (Unidad Nacional: 37,28%), regidores, Promotores de la revocatoria: Javier Orlando Mondragón Ramírez, Vicente Valdivia Barboza y otros. Efraín Altamirano Muñoz, Juez de Paz de Única Nominación Héctor Castro Delgado, Gobernador del Distrito de Choros, Rondas Campesinas de Choros, pobladores.
CASO 17
Demandan la construcción de un nuevo sistema de agua por parte de la empresa Minera Yanacocha.
Ubicación: Centro poblado de Huambocancha Alta, caserío el Batán, distrito Cajamarca.
Actores: Comité Directivo del Sistema de Agua Potable del centro Poblado de Huambocancha Baja, caserío El Batán. Representado por su Presidente Javier Tafur Flores y Empresa Minera Yanacocha.
Diario Panorama Cajamarquino 07/07/2009
DEFENSORÍA PRESENTÓ PROYECTO DE LEY DE DERECHO A CONSULTA
A 15 años de suscrito Convenio 169 de la OIT. Busca garantizar el proceso de diálogo entre el Estado y los representantes de los pueblos indígenas.
Elízabeth Prado.
Para facilitar el cumplimiento de la obligación contraída por el Perú hace quince años respecto al Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Defensoría del Pueblo elaboró el Proyecto de Ley Marco del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas, el mismo que será presentado al Congreso de la República para su debate y posible aprobación.
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, dijo que este proyecto de ley busca garantizar el proceso de diálogo entre el Estado y los representantes de los pueblos indígenas; y el arribo a un acuerdo sobre las medidas administrativas o legislativas que se propongan.
Por su lado, Rolando Luque, adjunto para Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, recomendó que en tanto se apruebe esta ley es necesario implementar un mecanismo ad hoc para superar el conflicto actual con los nativos.
También señaló que la Defensoría del Pueblo supervisará todo el proceso de diálogo entre el Estado y las comunidades, y mantendrá informada a la población. Asimismo, hará un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a los que finalmente se lleguen.
El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por el Perú en 1993, pero incumplido en la ‘Ley de la Selva’.
La propuesta de la Defensoría
El proyecto de ley, de seis títulos y treinta artículos, señala como actores del proceso de consulta al Estado, a los pueblos indígenas, a las organizaciones representativas de los nativos; así como a organismos técnicos del Estado.
También indica que el proceso de consulta debe realizarse previa sensibilización y capacitación intercultural de los representantes indígenas y las autoridades.
En cuanto a la duración del proceso de consulta, el plazo será el que permita a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas conocer, reflexionar y realizar propuestas.
El proceso de consulta puede ser suspendido si no existen garantías para el diálogo entre las partes, ni tampoco se cuente con la seguridad adecuada.
Diario La República-Lima 07/07/2009
Defensoría señala que conflicto amazónico puede reactivarse si gobierno no soluciona demandas nativas.
TEMEN REBROTE DE LA VIOLENCIA
DETALLE
Merino indicó que la investigación de la Defensoría sobre las muertes en Bagua no ha concluido. “Seguiremos realizando visitas a las comunidades nativas para estar seguros de que no hay más muertos ni desaparecidos”, dijo tras defender el informe presentado por su oficina al respecto. “No es correcto que la Defensoría no haya visitado las comunidades alejadas de la selva”, añadió.
La Defensoría del Pueblo sostuvo ayer que el conflicto social en la Amazonía peruana no ha desaparecido y que la violencia permanece latente en la selva. Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales, dijo que “lo que ha terminado, por el momento, es la violencia, pero ésta podría regresar si el gobierno no resuelve las demandas de las comunidades nativas. El conflicto concluirá sólo cuando los problemas desaparezcan y las partes queden conformes”.
Luque advirtió que existen 14 conflictos activos en las comunidades indígenas, la mayoría del tipo socio ambiental, cuya solución depende de las decisiones que tome el gobierno, pues persiste la desconfianza de los nativos porque el Ejecutivo nunca les consulta sobre el uso de tierras que son de su propiedad.
En ese sentido, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, presentó ayer al Congreso un proyecto de Ley Marco al Derecho a la Consulta de los pueblos indígenas. Merino explicó que esta iniciativa resulta necesaria para sentar las bases que garanticen un diálogo intercultural que incorpore a los nativos en el proceso de toma de decisiones del Estado. El proyecto tiene como finalidad exigir el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.
“La realización de la consulta previa es responsabilidad del Estado, esta ley permitirá tapar esos vacíos legales que permiten el incumplimiento de la consulta. Estamos en un momento clave para hallar soluciones haciendo respetar el acuerdo 169”, dijo Merino tras detallar que esta iniciativa incluye sanciones como la destitución e inhabilitación política para ejercer cargos públicos durante 5 años a las autoridades del gobierno que no cumplan con realizar la consulta popular.
Diario La Primera-Lima 07/07/2009
TRABAJADORES DE DOE RUN HARÁN LOBBY A FAVOR DE LA EMPRESA MINERA
El respaldo al plan de solución integral busca que las labores de la empresa vuelvan a la normalidad sin haber cumplido con el PAMA
Los trabajadores de Doe Run Perú iniciarán gestiones en distintas instancias del Gobierno para apoyar la propuesta de solución integral dada por la empresa minera, según informó el secretario general del sindicato de obreros metalúrgicos, Roiberto Guzmán.
En ese sentido, explicó que hoy empezarían las reuniones con el Gobierno Regional de Junín y mañana estarían haciendo lo mismo con los ministerios de Energía y Minas y Trabajo.
Se debe indicar que el viernes pasado cerca de dos mil quinientos trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya, de propiedad de Doe Run, apoyaron —a través de un plebiscito— la alternativa presentada por la minera, que consiste en solicitar al Gobierno una ampliación de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por treinta meses. La empresa, por su parte, se compromete a inyectar US$31 millones como capital de trabajo.
La otra iniciativa en este plebiscito —que era impulsada por el gobierno— era que los trabajadores solicitaran ante el Poder Judicial la administración temporal de la empresa.
Se supo que ante la decisión de los trabajadores mineros de respaldar a la empresa, el congresista Jorge del Castillo (Apra), que estaba haciendo de facilitador para el diálogo, renunció a esta función debido a su fracaso en tal propósito.
AJUSTE A NORMA CONCURSAL
Por otra parte, el Ejecutivo envió el viernes un proyecto de ley al Congreso para reducir el tiempo en los procedimientos concursales ante Indecopi y faculta a los trabajadores a solicitar la reestructuración de la empresa en caso hayan indicios de quiebra, lo cual hubiera servido si es que triunfaba la propuesta del gobierno en el mencionado plebiscito.
PRECISIONES
Acreedores
No aceptan la propuesta de Doe Run y han asegurado que no darán más concentrados a la Fundición de La Oroya.
GOBIERNO
Rompió conversaciones con Doe Run hace dos semanas.
Diario El Comercio-Lima 07/07/2009
PROTESTA DE MINEROS PARALIZA A PUNO
Aproximadamente, 10 mil pobladores convulsionaron el centro de la capital de la región.
Más de 10 mil habitantes de los centros poblados mineros de La Rinconada y Cerro Lunar, en el distrito de Ananea (San Antonio de Putina), llegaron ayer a la ciudad de Puno para exigir al Gobierno Central y regional el cumplimiento de sus compromisos. La concentración principal se llevó a cabo en la Plaza de Armas, donde la Policía no se dio abasto para controlar a los manifestantes.
Según fuentes locales, los mineros llegaron en 120 buses y 40 camiones e, inmediatamente, exigieron la instalación de una comisión de alto nivel con la presencia del premier Yehude Simon, además de una reunión con el presidente regional Hernán Fuentes. Al cierre de esta edición, se supo que los manifestantes estaban reunidos con la máxima autoridad del departamento. Empero, afirmaron que si no hallaban solución a sus reclamos tomarían medidas radicales.
Entre sus principales demandas se encuentra el asfaltado de la carretera de desvío Huancané-Putina, que si bien se inició en 2007, no muestra avances significativos. Además, exigen el afirmado de la carretera Putina-Ananea-Cerro Lunar. También piden la elevación de categoría de su puesto médico a centro de salud y la construcción de un minihospital para las 35 mil personas que radican en La Rinconada. Asimismo, dicha localidad minera demanda agua y desagüe.
Cabe indicar que si bien, inicialmente, la protesta era de 72 horas, los manifestantes han señalado que permanecerán en la ciudad de Puno hasta que sean escuchados por la autoridades. Esta movilización coincide con el paro a nivel nacional convocado por la CGTP, el SUTEP, la Federación Nacional de Docentes Universitario del Perú (Fendup) y los transportistas, entre otros gremios. Por ello, hoy podría tornarse más tensa la situación en la capital puneña.
Diario Perú 21-Lima 07/07/2009
PRONUNCIAMIENTO DE MIEMBROS DE OCMAL TRAS ASAMBLEA EN QUITO EL 3 - 5 DE JUNIO
'POR LA JUSTICIA SOCIAL Y AMBIENTAL Y LA PAZ EN AMERINDIA'
'Reunidos en Quito, representantes hombres y mujeres de organizaciones sociales de Guatemala, Honduras, México, El Salvador, Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, de comunidades indígenas y de comunidades cristianas de base de estos países, nos dirigimos a nuestros gobernantes, medios de comunicación, autoridades eclesiásticas, hermanos y hermanas de nuestros pueblos que luchan y resisten por la prohibición de actividades mineras en donde éstas aun no se han instalado o por mecanismos estrictos y de regulación ambiental y fiscal de las mismas en países donde ya se hallan instaladas.
Vemos que el capitalismo ha causado graves daños ambientales, por lo que todo el planeta se halla hoy en peligro debido a la voracidad del consumo de los países ricos y el lucro un grupo reducido de corporaciones transnacionales. La reproducción de este sistema, reproduce también el sometimiento de nuestros pueblos y el despojo agresivo de nuestras riquezas naturales.
Consideramos que este sistema debe ser cambiado y que la justicia social que por siglos venimos reclamando debe extenderse también a la justicia con la tierra. Como nos enseña la sabiduría de nuestros hermanos de la amazonia y de las comunidades andinas: “Debemos cuidar la tierra porque ella nos cuida”, su lucha entonces no es solo por su territorio, sino por salvar la humanidad entera. Por ello, nos comprometemos a seguir trabajando solidariamente, sin descanso, porque la lucha de nuestros pueblos sea reconocida como una lucha justa y logre sus objetivos, y levantamos nuestra voz de indignación y protesta frente a abusos y violaciones de derechos humanos fundamentales de muchos de nuestros hermanos y hermanas en el continente:
1. Condenamos las políticas desarrollistas primario exportadoras que buscan despojar, una vez más, de sus tierras a las comunidades indígenas y campesinas. En particular, nos solidarizamos con los pueblos Awajún, Achuar, Wampis y Shuar de la amazonía nororiental de Bagua- Perú cuyos miembros han sido asesinados por defender sus territorios. Igualmente, exigimos sanción para los responsables políticos y directos de todas las víctimas (indígenas y policías). Así como la investigación sobre los numerosos desaparecidos, el alto inmediato a la persecución de los líderes indígenas y el cese de las acciones de hostigamiento y criminalización contra ellos.
2. Nuestra solidaridad con los diez líderes campesinos de la provincia de San Marcos, en el Departamento de Cajamarca en Perú que próximamente van a ser sentenciados por el poder judicial por haberse opuesto a la realización de actividades mineras en la cabecera de sus cuencas y haberse defendido de las acciones de hostigamiento de los grupos paramilitares organizados por la transnacional minera Vale Do Río Doce. Exigimos justicia para ellos y sanción para los responsables de la empresa minera.
3. Pedimos a las autoridades del gobierno boliviano se proteja los derechos y la seguridad de nuestros hermanos del CEPA de Oruro en Bolivia, miembros del OCMAL, que por defender los derechos de las comunidades afectadas por las actividades mineras hoy son víctimas del hostigamiento de sectores mineros movilizados para atacar al Hno. Gilberto Pauwels - OMI y los colaboradores de su equipo. Un gobierno que se precia de defender los derechos de la tierra no puede permitir que empresas mineras irresponsables amenacen impunemente a los defensores de los derechos sociales y ambientales de las comunidades que se ven afectadas.
4. Reconocemos el gran avance pastoral de nuestros obispos, declarado en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en La Aparecida: “(hay que buscar) un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana, que se fundamenta en el evangelio de la justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes, y que supere la lógica utilitarista e individualista, que no somete a criterios éticos los poderes económicos y tecnológicos. Por tanto, alentar a nuestros campesinos a que se organicen de tal manera que puedan lograr su justo reclamo” (474,c) y que hay que “Profundizar la presencia pastoral en las poblaciones más frágiles y amenazadas por el desarrollo depredatorio” (474b) por ello, exhortamos a los obispos a apoyar decididamente a sus sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes de pastoral que defienden la vida, y que por ello, muchas veces se ven amenazados por las empresas mineras o aun por las acciones de los Estados que protegen intereses privados en vez del bien común. Expresamos nuestra fraternidad y solidaridad con los sacerdotes claretianos del Lago de Izabal de Guatemala cambiados recientemente por el obispo, así como con el padre Wimper Zaldunbide, que está siendo incomprendido y hostigado por haber acompañado a su pueblo en la lucha contra las empresas mineras que quieren imponerse en esta comunidad sin respetar su derecho a vivir en un ambiente sano y saludable.
5. Nuestro enérgico rechazo a la restricción de libertades democráticas y los procesos de criminalización cada vez más extendidos en nuestros países para expandir las industrias extractivas, lo que está llevando a que cada vez haya más personas denunciadas, encarceladas, asesinadas o desaparecidas. De manera especial, expresamos nuestra preocupación por el compañero Gustavo Marcelo Rivera Moreno, miembro de una organización popular de la República de El Salvador que por haber luchado contra la minera Pacific Rim se halla actualmente desaparecido.
6. Los problemas derivados del calentamiento global nos llama a tomar especial atención en la disminución de las fuentes de agua de calidad para el consumo de la población, por esta creciente amenaza exigimos se respeten las leyes en defensa de los glaciares y espejos de agua en la cordillera de los andes por ser estos la fuente del agua del continente Sudamericano.
7. Por último nos solidarizamos con el hermano pueblo de Honduras, repudiamos la ruptura de la democracia, el amedrentamiento y la violación de los derechos de la población. Llamamos a hacer todos los esfuerzos posibles para restituir el Estado de derecho y garantizar de inmediato la democracia.
Los miembros del OCMAL que nos hemos reunido del 3 al 5 de julio en Quito, nos reafirmamos en nuestras convicciones y valores por construir un mundo más justo y luchar por el derecho al buen vivir que hemos aprendido de nuestros hermanos indígenas, y anunciamos que seguiremos fortaleciendo la solidaridad entre nuestros pueblos y organizaciones para construir un mundo social y ecológicamente justo.
Quito, 05 de julio 2009
FIRMAS:
FRENTE AMPLIO OPOSITOR, MEXICO
FRENTE DE DEFENSA DEL VALLE DE SAN LORENZO Y TAMBO GRANDE, PERU
CENTRAL ACRE ANTEQUERA, BOLIVIA
VICARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE JAEN, PERU
CUNNRC, PERU
CAMPANHA JUSTICIA NOS TRILHOS, BRASIL
MACH, RENACE, UAC, ARGENTINA
COOPERACCION, PERU
ASOCIACION DE ARTESANOS DE EL ORO, ECUADOR
CENSAR AGUA VIVA, COLOMBIA
CONFERRE, CHILE
CLUB CONDOR, ECUADOR
OCAS, CHILE
FECAC-BRUNARI, ECUADOR
RED MINERIA Y COMUNIDADES, PERU
CEPA, BOLIVIA
ADES, EL SALVADOR
COLECTIVO CASA, BOLIVIA
RED ORGANIZACIONES SOCIALES, CHILE
MINAS Y COMUNIDADES, ARGENTINA
PASTORAL INDIGENA, ECUADOR
RED MUQUI, PERU
OLCA, CHILE
ASALY, GUATEMALA
CDNSVCP, ECUADOR
JPG, ECUADOR
COMITE AMBIENTAL DEL VALLE DE SIRIA, HONDURAS
FOBOMADE, BOLIVIA
RED DE MUJERES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS SOCIOAMBIENTALES, AMERICA LATINA
ACCION ECOLOGICA, ECUADOR
FUNDACION VIENTOS DE VIDA, ECUADOR
GRUFIDES, PERU
CEDIB, BOLIVIA
OBSEERVATORIO BOLIVIANO DE CONFLICTOS MINEROS
COMITE DE DAMAS EN DEFENSA DE LA VIDA Y LA NATURALEZA, ECUADOR
http://www.catapa.be/es/noticias/431
Catapa 05/07/2009
