Las rondas campesinas de Cajamarca no son un juego
El domingo en La República se publicó un reportaje sobre lo sucedido
en Cajamarca con las trabajadoras sexuales de los night club Alondra y
PK2 que fueron golpeadas por las rondas urbanas. A mi entender, el
reportaje adolece de confusión en relación con los que implica la
institución "rondas" y en la medida que he trabajado el tema desde hace
muchos años quería aclarar algunos puntos.
Ante todo quiero
dejar constancia de mi indignación por lo sucedido: simplemente lo que
hicieron las rondas urbanas es un delito y se tipifica de lesiones
contra el cuerpo y la salud. Las fotografías de las piernas de las
lesionadas las expusieron ellos mismos y dan cuenta de un atropello y
violación de los derechos humanos de todas estas jóvenes y, desde que
sé, las rondas siempre han respetado la constitución y la legalidad. Me
solidarizo con todas las mujeres agredidas y espero que se inicie una
investigación fiscal que termine en sanción a los culpables.
Sin embargo, creo que la percepción de esta situación en el
contexto del inminente inicio de trabajos mineros para desaguar la
laguna El Perol, así como de las declaraciones de ayer de Vladimiro
Huaroc (“Si no se rescata el Estado de derecho en Cajamarca puede
devenir el descontrol”), está siendo aprovechada por ciertos sectores
para mellar la credibilidad de las rondas campesinas y desacreditar una
lucha justa contra el Proyecto Minero Conga, que poco a poco está siendo
cercada por los contratos entre la PNP y las empresas mineras, así como
por la flexibilidad que permite a la policía y los efectivos del
Ejército hacer uso de la fuerza letal incluso si es con otras armas de
fuego que no son las reglamentarias (Ley 30151 publicada ayer en El
Peruano).
El reportaje de mi ex alumno Oscar Miranda del domingo apenas
plantea una diferencia entre las rondas urbanas y las rondas campesinas y
se centra en el relato atroz de la incursión de las primeras en ambos
centros de diversión. Lamentablemente desde Lima y otras ciudades del
Perú no se percibe la diferencia entre unas y otras, el reportaje creo
que solo ha contribuido a aumentar la confusión, en tanto que ubica a
todos los ronderos como machistas, salvajes, golpeadores de mujeres. Por
la forma como Miranda narra los hechos, se entiende que los ronderos
urbanos, con Chuquilín a la cabeza, se imponen como moralizadores
autoritarios sin, por supuesto, tener ningún tipo de acreditación para
ello. Obviamente el registro de los hechos demuestra que se comportan
violando los derechos humanos y no responden tampoco a pautas culturales
regidas por una percepción comunal. Pero debo advertir que los ronderos
que yo conozco, también perciben esta actuación de las rondas urbanas
como algo contrario al mandamiento ronderil. Recordemos que las rondas
campesinas están reconocidas en el art. 149 de la Constitución, y sus
funciones y límites en un acuerdo de sala plena de la Corte Suprema.
Asimismo es preciso señalar que la Central Única de Rondas Campesinas
(CUNARC) ha emitido un pronunciamiento condenando la agresión a las
trabajadoras sexuales.
¿Entonces las rondas urbanas no son lo
mismo que las campesinas? Por supuesto que no. Wilfredo Ardito, desde
ambas prácticas, lo explica muy bien: “Las rondas campesinas tienen por
funciones garantizar la seguridad y administrar justicia, teniendo como
meta la armonía comunal. En cambio, las rondas urbanas se limitan a
actuar de manera violenta, aprovechando el vacío de poder existente en
varias ciudades y la incapacidad de la Policía Nacional para enfrentar
la delincuencia. Existe otra institución responsable de su aparición y
es el Ministerio Público: muchos fiscales creen que su función es
archivar denuncias (no hay ningún error en lo que he escrito, pues
inclusive es una meta en algunas fiscalías), logrando de esta forma
generar una sensación de impunidad”.
Obviamente rondas urbanas y campesinas nacen de un vacío estatal,
pero mientras las primeras responden a un objetivo de seguridad, las
segundas lo hacen frente a situaciones de inseguridad pero sobre todo
debido a las grandes dificultades del acceso a la justicia de los
ninguneados del Perú: me refiero obviamente a las personas que viven en
zonas alejadas de los centros urbanos. Las rondas campesinas nacieron
para frenar el abigeato, pero es importante marcar el inicio de la
primera organización ronderil; nacen de una indignación general frente a
un robo escandaloso: el de los instrumentos musicales de la escuela del
pueblo. Es así que en 1976, en Cuyumalca, Chota, los vecinos de esa
estancia deciden organizarse para evitar ser vueltos a robar y sancionar
a los culpables. De esa fecha a la actual se ha producido un largo
proceso de cambios, fortalecimientos y debilidades de las mismas; por
supuesto, con excesos en muchos casos que responden a una cultura rural
conservadora y patriarcal. Pero las rondas en zonas como Hualgayoc,
Bambamarca, Celendín, San Marcos, Cutervo y otras, todas poco homogéneas
y de diferente estirpe, son la solución concreta del pueblo organizado a
los problemas de abigeato, violaciones sexuales, violencia contra la
mujer, entre otros temas que controlan.
El día viernes estuve en El Tambo, a cuarenta minutos en carro de
Bambamarca, y le pregunté a Manuel Ramos, uno de los líderes más
reconocidos de las rondas en todo el departamento, sobre su opinión de
lo sucedido en el Alondra y el PK2. Ramos me dijo: “jamás las rondas de
El Tambo le han pegado a una mujer, jamás hubiéramos actuado de esa
manera. Y si tendríamos que entrar a un lugar donde se ejerce la
prostitución clandestina, hubiéramos sancionado a los cafichos y a los
explotadores, no a las explotadas”. Entiendo que en Lima se percibe la
prostitución como un ejercicio de libertad de trabajo y de uso del
cuerpo como espacio de mercancía dentro de los anchos límites del
mercado. Quizás esto sea cierto para un porcentaje muy reducido de
trabajadoras sexuales, en términos generales en nuestro país, la
prostitución implica una situación de explotación de jóvenes mujeres,
sobre todo, en zonas alrededor de campamentos mineros legales e
ilegales.
Pero el debate sobre la prostitución es otro tema.
Regresando a las rondas y sus funciones, considero que Vladimiro
Huaroc y las autoridades de este gobierno tendrán que saber que los
ronderos y ronderas de Cajamarca, Piura, Amazonas, y de otros lugares,
no están “jugando a la ronda”. Estamos hablando de una institución muy
compleja que surge en los vacíos de poder del Estado, no por ausencia
como suponen muchos, sino por corrupción entre los jueces, policías y
operadores de justicia como sucedió en Cuyumalca. ¿Las rondas campesinas
administran justicia? Por supuesto que sí, desde hace más de veinte
años legalmente. ¿Esto implica que el Estado ha cedido el monopolio de
la administración de justicia? Claro que sí, pero en el contexto de una
realidad signada por el difícil acceso a la justicia en zonas rurales y
la debilidad institucional de un Estado percibido como corrupto.
Las rondas campesinas son una institución con varios éxitos
además del control del abigeato y de echar a Sendero Luminoso del
departamento de Cajamarca y de las serranías de La Libertad y
Lambayeque. Por eso, lo sucedido así como la hipótesis de que los
ronderos son aliados del narcotráfico — planteada hace un año por Jaime
Antezana— se están blandiendo como excusa para entrar a reprimir a fuego
letal a los ronderos y otros manifestantes que luchan por el agua y la
sostenibilidad de la tierra en las alturas de las lagunas de Conga.
Una versión abreviada de esta nota sale hoy publicada en La República.
LaMula 14.01.14
