28 de septiembre de 2014

Taller para jóvenes abogados y abogadas en Derechos Humanos e Interculturalidad







OBJETIVOS

  • Fortalecer los conocimientos y la práctica en la defensa jurídica en torno a temas derivados de la problemática de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, la conflictividad socio ambiental, la interculturalidad entre otros.
  • Generar compromiso en jóvenes abogados en la defensa jurídica de los derechos humanos, los derechos colectivos y ambientales 

CONTENIDO TEMATICO 
  • La autoría mediata (Doctrina y aplicación)
  • "Normativa y Jurisprudencia Internacional y local en materia de Tortura".
  • La acción constitucional en la defensa de los Pueblos Indígenas
  • El derecho a la Libertad de expresión
  • Fundamentación de los Derechos Humanos e Interculturalidad
  • Derechos Humanos e Interculturalidad
  • Sistema Internacional para la defensa de los Derechos Humanos.
 
PARTICIPANTES  
30 seleccionados 
Representantes de La Libertad, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ancash, Amazonas, Lima provincias (Huacho) y San Martin. 

Lugar, Duración y Fechas:
Chiclayo: 07, 08 y 09 de noviembre del 2014.

Becas 
Se ha considerado tener en cuenta un porcentaje de becas completas para quienes lo soliciten y resulten seleccionados después de una evaluación.

Certificación 
La Coordinadora expide un Certificado a los participantes del taller.

Requisitos
  1. Tener menos de 35 años de edad
  2. Ser abogados/abogadas o estudiantes de los últimos años de derecho de las regiones de La Libertad, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ancash, Amazonas, Lima provincias.
  3. Llenar la ficha de datos y el cuestionario que están en nuestra web: http://derechoshumanos.pe/ ; o que puedes solicitar en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Calle José Pezet y Monel # 2467, Lince), o al e-mail: tallerjovenesabogados@derechoshumanos.pe
  4. Entregar la ficha de datos hasta el día 17 de octubre del 2014, a la dirección: Calle José Pezet y Monel # 2467, Lince, o al e-mail: tallerjovenesabogados@derechoshumanos.pe,
  5. Cualquier duda o información adicional comunicarse al e-mail tallerjovenesabogados@derechoshumanos.pe

Afiche: Despojo de tierras en Cajamarca. El Caso de la Familia Chaupe


22 de septiembre de 2014

Denuncian que ANA autorizó trasvazar las aguas de la Laguna El Perol - Conga Cajamarca

Por: Juan Arribasplata (Noticias SER)
El secretario de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC),  Milton Sánchez, denunció que el gobierno y la empresa Minera Yanacocha, teniendo por intención el trasvase de las aguas de la laguna El Perol, para poder hacer reservorios en las inmediaciones del proyecto Conga, han cambiado al director de la Autoridad Administrativa de Agua VI Marañón.
Según las noticias publicadas por la Autoridad Nacional del Agua ANA, el nuevo director designado para asumir este cargo es Carlos Enrique Gastelo Villanueva, quien ha declarado: “Mis expectativas son desarrollar un trabajo integrado, en equipo, con todas las subdirecciones y  los actores involucrados con el recurso hídrico, así como atender ágilmente a los usuarios y continuar promoviendo la nueva cultura del agua, para garantizar el uso eficiente del recurso hídrico”
Sánchez reveló a Noticias SER, que el anterior director se negó a firmar el documento de resolución de trasvase de la laguna El Perol, ni siguió las líneas que pretenden imponer los ministros y por lo que fue separado del cargo que ahora está asumiendo  Gastelo. “Este trasvase no está contemplado en la legislación. Hemos enviado un documento a este señor, indicándole las consecuencias, problemas sociales y costos políticos que podría tener. Vamos a coordinar con los compañeros de Bambamarca para ir a hacer un plantón ante las oficinas de estas autoridades”, dijo.
Sánchez refirió, además, que la segunda modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Conga, presentada al Ministerio de Energía y Minas, obedece a un tema estrictamente técnico, pero aún así, se quiere imponer el proyecto Conga. Por eso, han presentado documentos al ANA, para defender la laguna El Perol. Junto a pobladores de Celendín y Bambamarca se han presentado más de 3 mil 500 firmas, para impedir que se imponga el proyecto Conga, que es lo que pretende la modificatoria del EIA de Conga.
Por otro lado, Mirtha Vázquez, secretaria ejecutiva de GRUFIDES,  manifestó, ante un medio local, que para el trasvase de los cuerpos de agua de las lagunas se tiene que informar a la población y, además, ver cuál va a ser el impacto. “Las lagunas cumplen una función ambiental y la AAA tendría que presentar una autorización de los usuarios, y así ver quiénes serán los afectados. No se podría autorizar una actividad de esta naturaleza, si es que antes no se presenta un Estudio de Impacto Ambiental, para ver quién serán los afectados”, explicó.
Sobre la nueva modificatoria del EIA de Conga, dijo que esta está siendo objeto de observación por parte de varios actores. Señaló que la nueva propuesta tendrá que ser estudiada a profundidad, y que en los próximos días estará pronunciándose. “Queremos averiguar qué implica esta modificatoria, qué se está cambiando, porque no tenemos información de parte del Estado, que nos diga lo que esta modificatoria significa para la población. El cambio se haría en desmedro de la población, porque el Estado debería informar qué significan estas modificatorias, y eso va a tener una repercusión sobre la población que esta alrededor”, señaló.

PREOCUPACIÓN EN CAJAMARCA POR POSIBLE AUTORIZACIÓN QUE PERMITIRÍA DESAGUAR LA LAGUNA EL PEROL

De Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
Desde Cajamarca nos informan que la Autoridad Administrativa del Agua de Cajamarca habría aprobado el estudio presentado por la Autoridad Local del Agua (ALA), que permitiría iniciar el proceso de desagüe de la laguna El Perol. De esta manera se estaría autorizando el trasvase de aguas de la mencionada laguna al reservorio.
Como se recuerda, el desarrollo del proyecto minero Conga implicaría la desaparición de cuatro lagunas (Perol, Mala, Azul y Chica) y en el estudio de impacto ambiental se propone que éstas sean reemplazadas por reservorios. Cabe señalar que el informe elaborado por el Ministerio del Ambiente, en noviembre de 2011, señaló que la desaparición de las lagunas, implica “un impacto irreversible” para el ecosistema y que “un reservorio artificial no cumple las mismas funciones que una laguna natural”.
De confirmarse la noticia, la tensión en la zona se incrementaría nuevamente. Diversos actores sociales de las provincias de Celendín y Hualgayoc han manifestado su preocupación frente a la amenaza del trasvase de la mencionada laguna y se espera que los guardianes de las lagunas refuercen sus acciones de protección de este valioso ecosistema.
Desde el OCM estaremos atentos a la confirmación de la resolución que autorizaría el  trasvase y a las reacciones de la población local.
22/09/2014

21 de septiembre de 2014

LA ESPERA, de Fernando Vílchez

Documental que recoge la cronología del Baguazo, la peor tragedia social de Perú en su última década.

Cámara, montaje y dirección Fernando Vílchez Rodríguez
Producción Rita Solf
Ayudante de dirección Robinson Díaz
Producción periodística Claudia Cisneros, Paola Ugaz y Katherine Subirana
Sonido Claire Camus
Producción ejecutiva Jorge Abanto y Katherine Subirana
Asistente de producción Gina Rosas y Paco Bardales
Productoras Bergman was right Films y Asociación Otra Mirada

 

Movilización Climática de los Pueblos

Un fin de semana para cambiar el curso de la historia

20 y 21 de septiembre 

 

En septiembre, jefes de Estado acudirán a Nueva York para asistir a una reunión histórica sobre el cambio climático. Con nuestro futuro en juego, nos tomaremos un fin de semana y lo usaremos para cambiar el curso de la historia.

En Nueva York tendrá lugar una movilización climática sin precedentes – en tamaño, belleza e impacto. Ese momento no será sólo sobre Nueva York o los Estados Unidos. Jefes de Estado de todo el mundo estarán allí, así como la atención de los medios de comunicación globales.
Nuestra demanda es “¡Acción, No Palabras!” [Action, Not Words]: tomen las acciones necesarias para crear un mundo con una economía al servicio de la gente y el planeta – ahora. En pocas palabras, queremos un mundo que esté a salvo de los estragos del cambio climático.

Sabemos que una reunión en particular no “resolverá el cambio climático”, y en muchos sentidos este momento ni siquiera será realmente sobre la reunión. Queremos que este momento sea sobre nosotros – para que las personas que nos estamos levantando en nuestras comunidades podamos organizarnos, fortalecernos, enfrentarnos al poder de los combustibles fósiles y cambiar ese poder para obtener un mundo justo, seguro y pacífico.

Para hacerlo, tenemos que actuar juntos.

ÚNETE AL FIN DE SEMANA DE ACCIÓN GLOBAL

 

19 de septiembre de 2014

Entrevista a Carla Calderón-Urquizo para La Revista Agraria

Cuando la población se dé cuenta de los riesgos de la ley nº 30230, habrá grandes conflictos sociales


La Ley 30230, conocida como el “paquetazo ambiental”, ha causado mucha polémica y cuestionamientos debido a que genera varios riesgos en los derechos a la propiedad de las tierras de las comunidades campesinas en todo el país.

Las autoridades argumentan que esta ley solo establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país.

Sin embargo, la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú afirman que el “paquetazo” viola el derecho a la propiedad de las tierras de las comunidades.

La plataforma está conformada por organizaciones de la sociedad civil, gremios agrarios e indígenas, entre los que se encuentra el Instituto del Bien Común (IBC). Su director ejecutivo, Richard Smith, cuestiona el “paquete reactivador” del gobierno en la siguiente entrevista.

¿Cuál ha sido la intención del Gobierno al dictaminar este “paquete reactivador”? ¿Qué intentan cambiar sobre el tema de los derechos a la propiedad de las tierras de comunidades campesinas y nativas?
Creo que el título de la ley es bastante claro: “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”. Es decir, busca facilitar el proceso de inversión extranjera en el país. La manera en que está diseñado este “paquete” de medidas me lleva a pensar que el gobierno ha realizado estudios legales y de marketing, para ser asesorados sobre cómo escribirlo y presentarlo. ¿Por qué digo eso? Claramente, el meollo más grande en este tema no son solo los cambios en los estándares ambientales. También está el título III, que permite al Gobierno tomar tierras – predios – de particulares o del mismo Estado para entregarlos a un proyecto de inversión.  Esta entrega se hará sin importar los títulos existentes o el uso que campesinos e indígenas le estén dando a estas tierras.

¿Cuántas comunidades campesinas y nativas serían afectadas con esta ley?
Todas. Según un estudio que realizamos en el Instituto del Bien Común, en marzo de 2014, existen un total de 10,419 comunidades campesinas y nativas en nuestro país. Todas son contempladas por el reglamento de la Ley general de Comunidades Campesinas (Ley Nº 24656), con el derecho a ser reconocidas como tal.

¿Cuántas comunidades campesinas y nativas en nuestro país están georreferenciadas?
Una mínima parte. Esta reciente ley es muy ambigua porque señala que se realizará el saneamiento físico y legal de predios correspondientes a particulares, sin ninguna excepción.  Entonces, se entiende que cualquier terreno podrá ser tomado por el Estado y otorgado a los grandes inversionistas, independientemente del uso actual o futuro que se les dé a los predios.

¿No existe una proyección del Estado sobre el futuro de dichas tierras?
No. No les importa. La ley debería exceptuar el saneamiento físico y legal de las tierras que ya han sido tituladas. Pero, lamentablemente, esta ley abarca todos los predios, especialmente los que están en comunidades campesinas y nativas.

¿Cuál es la situación de las comunidades sobre sus títulos de propiedad?
La gran mayoría de la propiedad rural en el Perú, tiene un título imperfecto. Es decir, no está registrado o georreferenciado. La reciente ley establece que la delimitación de los predios que haya hecho el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), es el que prevalece. Esto se aplicará cuando los títulos no estén bien hechos, o si no están georreferenciados, etc. Entonces, este nuevo régimen prevalece sobre todo lo que hay en el territorio.

¿Es una amenaza que COFROPRI esté encargado del saneamiento de las tierras?
Si COFOPRI está encargado del saneamiento físico y legal de los todos predios del país, nos preocupa que tenga el poder de otorgar dichos predios a los grandes inversionistas. ¿Qué va a suceder con el Ministerio de Agricultura y Riego, que era el rector de saneamiento y formalización de las tierras?, de igual forma ¿qué sucederá con el papel de los gobiernos regionales? Ambos quedan en el aire.

¿Y por qué surge este problema entre el Minagri, gobiernos regionales y COFOPRI?
El problema es que COFOPRI es parte del Ministerio de Vivienda. Su experiencia está netamente ligada a titular predios urbanos. Se podría decir que tiene una pequeña experiencia en titulación rural, desde el año 2008. Sin embargo, lo que COFOPRI ha desarrollado en estos últimos años es parcelar las tierras de comunidades, con el pretexto de delimitar las zonas urbanas. Me preocupa que estas tierras, ahora, también sean vulneradas. En realidad, esta ley afecta a todos.

En la actualidad, muchas comunidades campesinas y nativas no tienen cómo acreditar la propiedad de sus tierras. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las causas?
Hay comunidades que sí tienen sus títulos registrados. Pero los que están georreferenciados son mínimos. No llegan ni al 10%. La gran mayoría tiene planos hechos a mano, los cuales no están bien elaborados. Si interpretamos correctamente lo que la ley 30230 dice respecto a la prevalencia de la información sobre el área de los predios, pues un plano hecho a mano no tiene prevalencia ante un plano hecho por COFOPRI. Por ello, las comunidades campesinas y nativas están en una desventaja total.

¿Cuál es la propuesta que tienen las organizaciones de la sociedad civil para modificar esta norma?
La sociedad civil del país, desconoce este tema. Por esta razón, en el colectivo  Territorios Seguros, estamos promoviendo una campaña desde hace dos años, sobre estos temas. El primer paso es informar a la población sobre los riesgos de este paquete de medidas. Desde mi punto de vista, el gobierno ha sabido en qué momento presentar estas normas. Ha sido un cambio radical, del mismo nivel que el de Alan García y su famoso discurso del “síndrome del perro del hortelano”. Lamentablemente la población va a demorar para darse cuenta de este “paquetazo”, pero cuando esto suceda, se van a desatar una serie de conflictos sociales. Por esta razón, las organizaciones de la sociedad civil estamos con la labor de informar a la población sobre los riesgos en este tema.


Mineras buscan ahogar a la OEFA

El financiamiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) está amenazado por demandas de amparo

LAMULA.PE

El próximo año el Perú podría quedarse sin financiamiento para las actividades de evaluación y fiscalización ambiental de prosperar la demanda que un grupo de  veinte empresas mineras han interpuesto al OEFA con la finalidad de esquivar el pago del Aporte por Regulación (APR). 

El APR es un impuesto que afecta a las empresas vinculadas a los sectores de minería, energía y petróleo, creado por la Ley 27332 en el año 2000, siendo las leyes 29951, 30011 y 30115 expedidas entre el 2012 y el 2013 las que reconocen al OEFA como acreedor tributario de una contribución que supone  el 84.12% del presupuesto proyectado por este organismo del Ministerio del Ambiente para el 2015. 

Con un total de ciento cincuenta millones de soles previstos para las actividades del próximo año, si la demanda de estas empresas prospera, Perú podría quedarse sin poder financiar las actividades de supervisión, regulación, sanción y solución de controversias. Dicho impuesto supone, según ley, un monto no mayor al 1% del valor de la facturación anual de las empresas mineras, productoras de energía eléctrica o extractoras de petróleo. Actualmente, el monto se ha fijado en 0.15% del valor de las ventas de estas empresas, un cobro que estas compañías consideran confiscatorio. 

En rueda de prensa convocada por el OEFA esta mañana, se informó que un grupo de 20 empresas mineras (la lista va más abajo) demandaron ante diversos juzgados de la Corte Superior de Justicia de Lima y Callao que el DS No 130–2013–PCM asociado a la Ley 27332 que establece la alícuota del APR que le corresponde percibir al OEFA, es inaplicable, y solicitaron a su vez que el importe ya pagado al Estado por dicho concepto les fuera devuelto. 

Según declaró Luz Orellana, secretaria general del OEFA, sectores como energía y petróleo han venido cumpliendo con el compromiso tributario del APR sin problemas.

Cuatro de esas demandas de amparo ya han sido desestimadas por juzgados de Lima y Callao. Se trata de las acciones de amparo presentadas por Gold Fields S.A, Minera Aurífera Retamas S.A, la Compañía Minera Antapaccay y Perubar S.A. 

 El OEFA espera que el resto de juzgados proceda de la misma manera con las demás  demandas. 

Lista de las empresas mineras que han interpuesto una demanda al OEFA
  • MINERA YANACOCHA S.R.L.
  • COMPAÑÍA MINERA COIMOLACHE S.A.
  • COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A.
  • VOTARANTIN METAIS – CAJAMARQUILLA S.A.
  • COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C.
  • CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.
  • SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
  • MINERA COLQUISIRI S.A.
  • HUDBAY PERÚ S.A.C.
  • SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
  • COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A.
  • IMPALA PERU S.A.C.
  • SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
  • COMPÑAIA MINERA BATEAS S.A.C.
  • COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
  • MINERA CHINALCO PERU S.A.
  • CONPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A.
  • PERU BAR S.A.
  • MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.
  • GOLD FIELDS LA CIMA S.A.

2014-09-18 

Presentan la Cumbre de los Pueblos como espacio ciudadano global paralelo a la COP20

Movimientos sociales, pueblos indígenas y sociedad civil en general unen sus voces y propuestas en un espacio unitario común frente a la Conferencia de las Partes (COP20) que organiza Naciones Unidas en Lima.

Servindi, 19 de setiembre, 2014.- 

http://servindi.org/img/2014/09/CP_logo_final_chico.jpg
La Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático se desarrollará del 8 al 11 de diciembre en el Parque de la Exposición de la ciudad de Lima y contará con mesas de debate, exposiciones y presentaciones artístico-culturales.

El miércoles 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se desarrollará la Marcha Global de los Pueblos frente al Cambio Climático, con un pasacalle que mostrará la diversidad cultural de los pueblos y recordará que las políticas sobre cambio climático son también un asunto de derechos humanos, y no solo ambiental o climático.

El evento que tiene por lema “Cambiar el Sistema y no el Clima” se propone como un escenario para movilizar a la sociedad civil en torno al tema de cambio climático, un espacio de crítica y propuesta frente a las políticas gubernamentales y los intereses de las  grandes empresas extractivistas.

La Comisión Política de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, encargada de la organización, llama mediante un pronunciamiento, a todos los pueblos y movimientos sociales del mundo a unir fuerzas y congregar propuestas en la Cumbre, en diciembre.

Los planteamientos claves de la sociedad civil hacia la COP 20 son que los Estados adopten compromisos vinculantes y emprendan políticas efectivas de mitigación, y en especial de adaptación, que reduzcan las vulnerabilidades e impactos sociales, económicos y culturales del cambio climático para las próximas generaciones a fin de alcanzar justicia climática.

¿Por qué la sociedad civil propone este espacio?
El movimiento social parte de la premisa de que el problema del cambio climático no es solo ambiental, sino que involucra al conjunto de la vida social y natural, por lo que debe abordarse en toda su complejidad y de manera integral.
Debido a su magnitud en la vida humana, la sociedad civil considera que la comunidad de Estados tienen la obligación de atender las diversas demandas y propuestas de las organizaciones sociales y pueblos originarios.
Es sabido que los principales afectados son las poblaciones vulnerables –entre éstas las comunidades y pueblos indígenas y en particular las mujeres rurales–, cuyas prácticas productivas, sociales y culturales guardan una estrecha relación con el ambiente y la Madre Tierra.
Además, la crisis climática aumenta los riesgos y amenaza la vida, el ambiente, la salud, los ecosistemas, la biodiversidad, la seguridad y la soberanía alimentaria de todas las poblaciones del mundo.
Cabe destacar que en el Perú asistimos en los últimos meses a una regresión en materia ambiental y climática expresada en la Ley 30230 (llamada “paquetazo ambiental”), la escasa participación de la sociedad civil en la elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y en la poca claridad respecto al papel del Estado peruano en la presidencia de la COP 20.
En este contexto se produce el repudiable asesinato de Edwin Chota y tres dirigentes indígenas a manos de criminales vinculados a la mafia de la tala ilegal de madera que se desarrolla de manera impune en el Perú.

¿Quiénes lo organizan?
La Comisión Política de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático surge de un proceso de articulación y coordinación de la sociedad civil frente al cambio climático.
Su propósito es cimentar un espacio unitario con la aspiración común de plantear nuevas formas de vida y convivencia basadas en el Buen Vivir y el respeto de los derechos humanos.
La Comisión Política está conformada por trece organizaciones nacionales de Perú.
Integran la Comisión gremios sindicales como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillados del Perú (FENTAP).
Asimismo, organizaciones indígenas como la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA).
A ellos se agrega la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP).
También se encuentra el Grupo Perú COP20, que reúne a más de 80 organizaciones de la sociedad civil, la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE PERÚ), la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) y la Marcha Mundial de Mujeres (MMM).

Voceros de la Comisión Política
La Comisión Política tiene cinco (5) voceros acreditados oficialmente y que son: Ibis Fernández (CGTP), Rosa Guillén (MMM), Antolín Huáscar (CNA), Moisés Quispe (ANPE) y Gladis Vila Pihue (ONAMIAP).

Acceda a la Declaración de la Cumbre de los Pueblos 18 de setiembre, 2014

Asamblea de las Comunidades Originarias Awajún y Wampis, Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas de las Regiones de Cajamarca y Amazonas


Acuerdos y Conclusiones de la Asamblea de las Comunidades Originarias Awajún y Wampis, Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas de las Regiones de Cajamarca y Amazonas

El día 16 de septiembre en el distrito de Huarango de la provincia de San Ignacio-Cajamarca, se realizó la asamblea, de las autoridades comunales y ronderas de Jaén y San Ignacio, líderes Awajún de la comunidad de Supayaku, distrito de Huarango, como de San José de Lourdes provincia de San Ignacio junto a nuestras organizaciones e instituciones representativas, como: Oficina Regional de Comunidades Nativas, campesinas y rondas campesinas de Cajamarca, Organización Fronteriza Awajun de Cajamarca – ORFAC, ODECOFROC, OCCAAM, CIAP, FEMAAM, ORPIAN, CUNARC –PERÚ, COMUNIDADES CAMPESINAS DE SAN PEDRO DE PERICO, SAN ANTONIO DE HUARANGO, SAN JUAN DE CHIRINOS, COMUNIDAD CAMPESINA NIÑO DIOS DE ZAPOTAL, COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JOSÉ DE LOURDES, FEDERACIÓN REGIONAL DE RONDAS CAMPESINAS, URBANAS E INDÍGENAS DE CAJAMARCA, FEDERACIONES PROVINCIALES, DISTRITALES, BASES Y SECTORIALES DE RONDAS CAMPESINAS DE JAÉN Y SAN IGNACIO, dicho evento se llevó a cabo en el local comunal de Huarango, provincia de San Ignacio, Región Cajamarca desde las 9:00 am, con los objetivos de:

1. Fortalecer los conocimientos de dirigentes locales y regionales sobre temas de institucionalidad indígena, consulta previa y conflictos socio ambiental.
2. Promover alianzas con organizaciones indígenas de la región Amazonas con la finalidad de dar asesoramiento y acompañamiento para el fortalecimiento de la consulta previa a nivel de región.
3. Debatir alianzas y articulaciones entre organizaciones de base sobre los impactos medioambientales en la minería fronteriza en las provincias de San Ignacio-Cajamarca y Condorcanqui – Amazonas.

Para ello hemos desarrollado varios Temas como: Ley de Consulta Previa, Paquete de medidas ambientales y económicos dados por el gobierno, Criminalización de la protesta social y luego del Informe sobre la presencia de los proyectos mineros Águila Dorada – San Ignacio y Afrodita en la Cordillera del Cóndor en Condorcanqui – Amazonas, nos pronunciamos:

Por tal motivo,

Exigimos el respeto a los procesos de consulta popular, libre e informada, por constituir un derecho de las poblaciones indígenas y comunidades campesinas, quiénes tienen un sistema propio de justicia y desarrollo económico, político y social. La empresa Águila Dorada no puede pasar por encima de las leyes peruanas y convenios internacionales firmados por el Estado peruano y mucho menos por encima de los derechos de los pueblos de las comunidades indígenas de Naranjos y Supayaku de los distritos de San José de Lourdes y Huarango en la provincia de San Ignacio, en Cajamarca, herederos de los pueblos originarios jíbaros. Asimismo, exigimos al gobierno que respete y haga respetar nuestros derechos como peruanos.

Denunciamos las malas prácticas empresariales y sociales que ha venido utilizando la empresa Minera AGUILA DORADA SAC, quien para la realización de los talleres informativos y audiencias públicas en la comunidad de Naranjos, ha sido chantajeados, presumiblemente pagadas o condicionadas, para firmar las actas de asistencia.

Rechazamos la criminalización de los dirigentes y líderes indígenas y campesinos, incluso la persecución política de nuestras autoridades regionales, como es el caso de nuestro compañero rondero Gregorio Santos Guerrero, injustamente detenido y encarcelado, que se viene realizando como represalia a su oposición al proyecto minero Conga y a todos los proyectos mineros, caso Águila Dorada SAC. Nos solidarizamos con el pueblo Saweto, Memoria viva –Asháninkas, asesinados por defensa de sus territorios.

Pedimos al Ministerio de Energía y Minas que considere INVÁLIDOS la Declaratoria de Impacto Ambiental y la Resolución de aprobación de las actividades de exploración llevadas a cabo por la empresa minera águila Dorada SAC, por haberse realizado mediante el uso de prácticas deshonestas, sin tomar en cuenta a los hermanos y hermanas ubicadas en la cuenca alta, media y baja del río Chirinos o Miraflores o chingonzales y sus poblaciones principalmente afectadas: Naranjos, Alto Naranjos, Chinim, Santa Águeda, Nuevo kucha, Chimi Chimi, Tuna, Supayaku, Yamakey, Nuevo Kunchin, Suwa, Valencia, Chingozales,Sawintsa, Najen, Datem, por lo que dejamos constancia la violación del derecho de nuestro territorio, arrasamiento de nuestra vegetación en cabecera de cuenca, dado que no hemos sido informados sobre el proyecto y tampoco hemos dado nuestro consentimiento para su exploración y explotación. Por lo tanto, Águila Dorada SAC no cuenta con licencia social.

Afirmamos la necesidad de los procesos informativos y de diálogo como instrumentos para la toma de decisiones por las poblaciones afectadas, así como para evitar el inicio de nuevos conflictos sociales.

Consideramos necesario evaluar la viabilidad ambiental y social del proyecto MINERO Águila Dorada SAC, así como del resto de PROYECTOS MINEROS que se pretenden construir en el río Chirinos o Miraflores o Chingozales, a través de una Evaluación Ambiental Estratégica que revise los impactos integrados de las inversiones proyectadas. Nuestra vida, cultura e integridad están en peligro, sobre todo nuestro recurso natural agua.

Pedimos al Gobierno del presidente Ollanta Humala que inicie una discusión nacional sobre el modelo de una nueva minería, la diversificación productiva en el Perú y el nuevo modelo de desarrollo basado en la agricultura, anteponiendo los intereses nacionales y de las grandes mayorías a los de empresas extranjeras y grandes industrias extractivas.

Hacemos un llamado al Perú y el mundo a solidarizarse con la lucha y resistencia de los pueblos originarios AWAJÚN de Supayaku, Naranjos de los distritos de Huarango y San José de Lourdes y sus anexos y del CENEPA por presencia del proyecto minero Afrodita y del proyecto petrolero del Lote 116 a cargo de Pacifico Rubiales y Maurel ET PROM. Nuestra defensa del río Chirinos o Miraflores o chingozales, y por ende de la Amazonía, se da en el marco de la protección de nuestra historia y de la herencia cultural y ancestral que queremos dejar a nuestras futuras generaciones.

Acuerdos
1. Exigimos la paralización de trabajos y retiro inmediato y definitivo de la empresa minera Águila Dorada SAC, de nuestros territorios ancestrales de la comunidad Awajún en San José de Lourdes-San Ignacio.
2. Toda persona extraña o minera será detenida por las rondas campesinas, comunidades campesinas y los pueblos Awajun y serán amonestados de acuerdo al derecho consuetudinario, se les hará firmar un acta de compromiso de nunca más ingresar a territorio ancestral sin el permiso y consentimiento de los pueblos ronderos e indígenas de San Ignacio.
3. Las autoridades ronderas y Awajuns, que estén traicionados o negociando con las mineras, entre ellas Águila Dorada SAC, serán amonestados y sancionados de acuerdo a las normas comunales, de persistir serán expulsados de la comunidad.
4. Con el fin de garantizar la tranquilidad de los pueblos indígenas y ronderos, se pondrán tranqueras en entradas y salidas de los pueblos, con letreros que digan propiedad comunal- rondera e indígena, resaltando el marco legal que los ampara a los pueblos indígenas y ronderos.
5. Las comunidades campesinas y rondas campesinas, como los pueblos awajun, asumen el compromiso de realizar asambleas, en todos los pueblos de la cuenca del rio Chirinos o Miraflores o chingonzales y el marañón, con el fin de implementar tales acuerdos.
6. SI la empresa minera Águila Dorada SAC, no se retira de los territorios ancestrales de los pueblos awajun en el menor tiempo posible, se implementaran acciones de resistencia y lucha hasta que dicha empresa se retire definitivamente de los territorios que ha invadido.
7. Rechazamos todo tipo de negociación que están realizando algunas autoridades estatales y privadas, a través de las famosas mesas de dialogo, a cambio de sacar adelante el megaproyecto minero Águila Dorada, de suceder cualquier costo social, serán las únicas responsables.
8. San Ignacio, Jaén y toda la zona nororiental de Cajamarca y Amazonas, es netamente agropecuaria, cafetalera, cacaotera, forestal y turística. Los territorios de bosques naturales de flora y fauna, son declarados habita natural y cultural de los pueblos Awajun y Wampis, por lo tanto dichos pueblos de dicha zona nororiental, tiene su propio modelo de desarrollo económico, sostenible y sustentable en el tiempo, por lo expuesto la actividad extractiva de minerales no son compatibles en dichos territorios, los mismos que se defenderán cueste lo que cueste.
9. La próxima Asamblea de los pueblos originarios, Awajun, Wampis, comunidades campesinas y rondas campesinas, se realizar el 18 de octubre, en el distrito de San José de Lourdes-San Ignacio.
10. Para mejor coordinación e integración de los pueblos originarios, se conformó el “FRENTE DE DEFENSA NORORIENTAL, EN DEFENSA DE LOS TERRITORIOS (tierra, vida, agua, recursos naturales, identidad cultural y autoridad consuetudinaria comunal-rondera), quedando conformado por las siguientes instituciones indígenas y ronderas:
  • Organización Fronteriza Awajun de Cajamarca – ORFAC.
  • Federación Subregional de Rondas Campesinas y Urbanas de Jaén.
  • Federación Provincial de Rondas Campesinas de San Ignacio.
  • Federación Distrital de Rondas Campesinas de Huarango
  • Federación Distrital de Rondas Campesinas de San José de Lourdes
  • COMUNIDADES CAMPESINAS DE SAN PEDRO DE PERICO, SAN ANTONIO DE HUARANGO, SAN JUAN DE CHIRINOS, COMUNIDAD CAMPESINA NIÑO DIOS DE ZAPOTAL, COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JOSÉ DE LOURDES.
Huarango, 16 de setiembre del 2014

Oficina Regional de Comunidades Nativas, campesinas y rondas campesinas de Cajamarca. Organización Fronteriza Awajun de Cajamarca – ORFAC. Federación Subregional de rondas de Jaén. Federación provincial de rondas campesinas de San Ignacio. Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú – CUNARC-PP. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz FEDEPAZ .ODECOFROC. OCCAAM,CIAP, FEMAAM, ORPIAN, CUNARC P, COMUNIDADES CAMPESINAS DE SAN PEDRO DE PERICO, SAN ANTONIO DE HUARANGO, SAN JUAN DE CHIRINOS, COMUNIDAD CAMPESINA NIÑO DIOS DE ZAPOTAL, COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JOSÉ DE LOURDES,FEDERACIONES DISTRITALES , BASES Y SECTORIALES DE JAÉN Y SAN IGNACIO.