30 de octubre de 2012

JUZGADO RESUELVE A FAVOR DE YANACOCHA EN LITIGIO DE TIERRAS
Elízabeth Prado


En el litigio iniciado por Minera Yanacocha contra Jaime Chaupe Lozano, Máxima Acuña Atalaya e Ysidora Chaupe Acuña, por usurpación agravada respecto a treinta hectáreas ubicadas en la localidad de Tragadero Grande, distrito de Sorochuco, en Cajamarca, el Juzgado de Celendín resolvió que la empresa minera es propietaria del predio y sentenció  a la familia Chaupe Lozano a tres años de reclusión suspendida y al pago de 200 soles de reparación civil a favor de Yanacocha.

La lectura de la sentencia en primera instancia ocasionó un severo desvanecimiento a Máxima Acuña, quien tuvo que ser internada en el hospital de Celendín.

La abogada de esta familia, Mirtha Vásquez, de la ONG Grufides, apeló la resolución judicial.

Por su parte Ysidora Chaupe Acuña, hija de Jaime Lozano y Máxima Acuña, afirmó que no saldrán de las 30 hectáreas en razón de que jamás vendieron sus tierras a la compañía minera.

"Nunca vendimos nuestra propiedad, por eso exigimos a Yanacocha que presente el documento con las firmas de mis padres pero hasta ahora no lo ha hecho", refirió.

En agosto del año pasado la policía intentó desalojar a esta familia comunera, sin lograrlo. En esa oportunidad la choza que ocupaban fue destrozada pero los Chaupe lograron permanecer en el lugar donde  viven, siembran y crian animales desde el año 1994, según señalaron.

Debido a este desalojo denunciaron a la empresa por usurpación y daños, pero la fiscalía dispuso que no procedía formalizar ni continuar la investigación y ordenó su archivamiento definitivo. Consideró que Jaime Chaupe Lozano no había demostrado actividades reales de posesión en el predio en disputa, y que la compañía se limitó a recobrar su propiedad.

Adquirido a comunidad

Minera Yanacocha manifestó que en enero de 1996, y mediante escritura pública, la comunidad campesina de Sorochuco transfirió a la empresa Minas Conga SRL una extensión de 226.69 hectáreas, ubicadas entre las zonas de Cerro Cocañes y El Perol.

Más adelante, en febrero del año 2001, esta propiedad pasó a manos de Minera Yanacocha, la que ahora aparece  en el Registro de Propiedad Inmueble de Cajamarca.

La empresa reafirma que la comunidad campesina de Sorochuco es la única y legítima propietaria de los terrenos en Tragadero Grande y que hoy el Juzgado ha ratificado, en primera instancia, su propiedad sobre el predio en litigio.

Treinta días para que se vayan

El Juzgado Unipersonal Penal de Celendín que despacha la jueza Vilma Vicuña ha determinado que la familia Chaupe Acuña tiene treinta días para abandonar la propiedad de Yanacocha.

La abogada Mirtha Vásquez informó que apelará ante la Sala Penal de Cajamarca.

"La sentencia no es correcta, se ha basado en actas que levantaron la policía y la fiscalía en agosto y setiembre del año 2011 que dicen que esta familia estaba dentro del terreno en litigio", reclamó.
Vásquez considera que para que exista la figura de usurpación Yanacocha debía estar en posesión del área en litigio.

 La República 30.10.2012




FAMILIA CHAUPE SENTENCIADA Y A PUNTO DE SER ECHADA DE SUS PROPIAS TIERRAS

 
El día de hoy 29 de octubre de 2012, se leyó la sentencia contra la Familia Chaupe, denunciada por Minera Yanacocha por supuesta usurpación de su propiedad.  Cuatro miembros de esta familia fueron sentenciados a tres años de pena privativa de libertad, al pago de 200 soles de reparación civil a favor de Yanacocha y se les ordenó que en un plazo de 30 días abandonen el predio para ser ocupado por la minera.

Llama la atención que la Sentencia no tenga ninguna rigurosidad jurídica y que no exprese objetividad, pues solo se ha basado en que la familia Chaupe no ha presentado pruebas para desvirtuar su responsabilidad cuando conforme a ley no le toca a los denunciados probar su inocencia sino al denunciante probar la culpabilidad.  Igualmente la sentencia ha considerado como únicas pruebas para sentenciar, las inspecciones realizadas por la policía y la fiscalía en las que se acredita que la familia Chaupe estaba asentada en el predio, sin embargo el elemento fundamental que se debió acreditar es que la empresa minera era la real poseedora del terreno, situación que no se pudo comprobar a lo largo de la investigación.  Por último el Ministerio Público se centró en defender la propiedad de la empresa minera respecto a este predio, sin embargo en este proceso no se discute ese tema sino la posesión del bien, habiendo así incurrido en una falta conocida como sustracción de la materia.

La Sentencia fue apelada ante las instancias superiores y se espera una reevaluación del caso y un fallo que esté acorde con las normas y la justicia.  

La sentencia fue recibida por los inculpados en medio de lágrimas y la desesperación de la madre de esta familia, Maxima Acuña, la llevó a sufrir un súbito ataque nervioso que la mantiene a esta hora internada en el hospital de Celendín.

Observatorio de Conflictos 
GRUFIDES-Cajamarca 29.10.2012 





CONGA Y LA PARADA, LO MISMO?
Ricardo Jiménez A.     


Circula una nueva tesis nacionalista por la cual en buenas cuentas se compara, como si fueran lo mismo, el violentismo desestabilizador de los matones a sueldo de La Parada con la resistencia del pueblo de Cajamarca a un proyecto trasnacional minero que hasta las encuestas más dudosas reconocen que es mayoritariamente rechazado por los afectados.

Ya antes se ensayó una comparación similar que pretendía igualar, nada menos que con la Nueva Política Económica (NEP) de Lenin, la renuncia del actual gobierno a impulsar cualquier cambio de fondo, por los cuales se levantó como alternativa política significativa y ganó las elecciones, para asumir el programa, el discurso, los cuadros dirigentes y la agenda del continuismo neoliberal y autoritario de los últimos 20 años. Para tragarse semejante afirmación, es necesario saltarse groseramente el hecho de que el retroceso de Lenin se debía a situaciones evidentes, objetivas y graves, tales como una larga guerra de varios años contra 14 potencias mundiales, que había devastado la economía de Rusia (¿algo similar en Perú?). Un aislamiento internacional, sin siquiera un país en el mundo que apoyara el proyecto de Lenin (mientras hoy, es al revés, apenas Chile y Colombia se mantienen a duras penas neoliberales y bajo los dictados del FMI, mientras las economías más grandes de Suramérica: Brasil, Argentina y Venezuela y la mayoría de sus países están en un proceso de soberanía, integración regional y cambios a la justicia social). Por último, Lenin no contaba con los cuadros, profesionales y técnicos para emprender los cambios comprometidos, literalmente muertos en masa en la guerra, mientras el actual gobierno peruano, todo lo contrario, para renunciar a lo comprometido, ha debido deshacerse de todos ellos, quienes le habían escrito el programa de la Gran transformación y tienen capacidad de sobra para avanzar a lo comprometido, que por otra parte era mínimo y moderado, aunque necesario.

Ahora, alegremente, se pretende comparar a todo un pueblo que legítimamente rechaza un proyecto trasnacional contaminante con una banda de matones comprados y digitados por la Derecha Bruta y Achorada (DBA), que no se resigna y no perdona a una Alcaldesa que fue elegida contra su voluntad y que después no ha aceptado que ellos, los perdedores de la elección, le impongan la agenda, el programa, los cuadros administrativos y el discurso.

En Cajamarca se trata de todo un pueblo que defiende su vida y la de sus hijos de la contaminación, mientras la DBA pide imponer el gran negocio contaminante a sangre y fuego. Todo lo contrario, en La Parada es esta misma DBA la que contrata lumpen para saquear a pequeños comerciantes, al tiempo que con sus medios pretende generar infladamente pánico en toda la ciudad, con el objetivo de hacer caer a la alcaldesa que no se les entrega en bandeja.

Cabe ahora preguntarse si estas groseras tergiversaciones de la realidad son nada más que un error de análisis o muestran una grave desorientación ética que lleva a quienes las sustentan por la pendiente de la identificación de hecho con la derecha más bruta, autoritaria, y anti popular. El “anti izquierdismo” con que aparecen asociados estos análisis, que no tiene nada que envidiar al macartismo más trasnochado, y que es una réplica exacta de lo que hasta hace poco más de un año esa misma DBA les decía a ellos, es una campanada de alerta.  ¿Serán conscientes de ello? ¿o ya realmente no les importa?

América Latina en Movimiento 29.10.2012





 

26 de octubre de 2012

JUZGADO DE CELENDÍN CITA A FAMILIA CHAUPE PARA DICTARLES SENTENCIA



El día lunes 29 de Octubre el Juzgado Penal de Celendín, leerá la sentencia a la familia Chaupe-Lozano  los mismos que fueron denunciados por Minera Yanacocha por supuesta usurpación de su propiedad.

Como se recordará esta familia tiene un predio denominado “Tragadero Grande” ubicado en Sorochuco el cual está dentro de la concesión del proyecto minero Conga.  La familia poseía este terreno desde el año 1994 teniendo sus títulos de posesión otorgados por la Comunidad campesina de Sorochuco.  

En Mayo del 2011 la empresa minera Yanacocha sorprendió a esta familia presentándose en su terreno con maquinaria pesada pretendiendo realizar una trocha carrozable,  aduciendo que ese predio era de su propiedad y que lo habrían comprado en el año 2001 directamente a los directivos de la comunidad.  Con títulos de propiedad en la mano intentaron desalojarlos violentamente con sus fuerzas de seguridad y policía privada, les destruyeron su precaria choza donde vivían, los golpearon e incluso se llevaron sus humildes enseres con la finalidad de obligarlos a irse del lugar.


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 La familia resistió este ataque,  y aun sin vivienda y a la intemperie se quedaron en su terreno por cuanto no tenían a donde ir.  Sus familiares y vecinos los ayudaron proveyeron de una carpa y comida para poder resistir en el lugar, e incluso meses después los ayudaron a construir nuevamente una pequeña vivienda.  La familia Chaupe denunció ante la fiscalía de Celendín a la empresa minera por este ataque y por intentar usurpar su propiedad, pero el Ministerio Público archivó su denuncia.

La empresa minera no se quedó tranquila e intentó hasta en tres oportunidades desalojarlos nuevamente de manera violenta de esta propiedad sin embargo la familia se resistió.  Por este motivo Yanacocha interpuso una denuncia por supuesta usurpación de su propiedad por parte de los Chaupe.  La Fiscalía de Celendín quien había desestimado la denuncia de la familia Chaupe esta vez sí admitió y formalizó la denuncia de la empresa minera, por lo que se inició un proceso penal contra los Chaupe que el lunes llegará a su fin con la Sentencia que se les dictará.

A lo largo del proceso ha llamado poderosamente la atención la actuación del Ministerio Público quien no se ha limitado a defender su acusación sino que de manera airada, impetuosa y hasta agresiva ha defendido a la empresa minera Yanacocha (más que su propio abogado), tratando de generar por todos los medios condiciones para sentenciar a esta familia acusándolos una y otra vez de ser usurpadores, pese a que ni él ni la empresa lograron presentar pruebas suficientes para acreditar que Yanacocha sea la real posesionaria de este predio. 

El día lunes cabe la posibilidad que cuatro miembros de esta humilde familia sean sentenciados a una pena de Cuatro años de privación de libertad y al pago de cuatro mil soles de reparación civil, pena solicitada por la Fiscalía, solo por el hecho de tratar de defender el único bien que tienen para vivir, que siempre han poseído y que nunca vendieron a la empresa minera.    

Observatorio de Conflictos 
GRUFIDES-Cajamarca 26.10.2012





25 de octubre de 2012

SIN CONGA EL PERÚ CONTINUA CRECIENDO



La dinámica de los proyectos mineros en el Perú no se ha detenido, a pesar de los sucesos de Cajamarca, que propiciaron la suspensión temporal del proyecto Conga. Prueba de ello son los US$18,639 millones comprometidos actualmente en proyectos en etapa de construcción, además de US$8,636 que han sido asignados a proyectos de ampliación de operaciones, afirmó Jorge Merino, ministro de energía y Minas, durante la clausura del 9° Congreso Nacional de Minería. Empero, para el funcionario el controversial proyecto minero Minas Conga no se ha suspendido, solo tomó una pausa.

Sólo un respiro

“Soy un convencido de que Conga simplemente está tomando un respiro para construir los reservorios que suministrarán agua a la población cajamarquina”, opinó el ministro.

“Soy un convencido de que Conga simplemente está tomando un respiro para construir los reservorios que suministrarán agua a la población cajamarquina”, opinó el ministro.

Aunque el ministro insiste en apoyar a Minas Conga, también reconoce que los proyectos mineros continuaron dinámicos en el país, es decir, no se paralizaron.

Así, resaltó los avances en cuatro proyectos mineros: Toromocho (US$2,100 millones), cuya construcción se inició en julio de 2011; Antapaccay (US$1,670 millones), que esta ad portas de recibir la licencia de uso de agua para iniciar producción comercial; Las Bambas (US$5,200 millones), que comenzó la etapa de construcción en mayo pasado; y Constancia (US$1,546 millones), cuyas labores de construcción se iniciaron en agosto pasado.

Otros proyectos en etapa de construcción son: Quellaveco (US$3,300 millones), Mina Justa (US$744 millones), Pucamarca (US$120 millones), Alpamarca-Río Pallanga (US$90 millones), San Luis (US$90 millones), Santander (US$73 millones), entre otros, informó el ministro.

Según el funcionario, el Perú estará cerca de igualar a Chile en producción de cobre a partir del año 2025, siempre y cuando se concreten todos los proyectos cupríferos contemplados en la cartera de inversiones mineras priorizada por el MEM.

La Primera-Lima 25.10.2012





OPINION: LA COMUNICACIÓN ENTRE POBLACIÓN, EMPRESA MINERA Y ESTADO FRENTE A LOS CONFLICTOS MEDIO AMBIENTALES


La actividad de extracción de minerales ha crecido de manera significativa en el mundo, y el Perú no ha estado aislado a esta actividad siendo uno de sus más importantes puntos de ingresos económicos, habiendo implementado progresivamente, desde 1990 una serie de reformas destinadas a facilitar las inversiones orientadas a la explotación de los recursos mineros y mitigar los impactos negativos que pudiera tener esta explotación.

Estas reformas, sin embargo, no han logrado evitar que se multipliquen por todo el país conflictos sociales que giran en torno a la actividad minera.

El Estado peruano no ha logrado articular de manera coherente las políticas y estrategias sobre el desarrollo nacional mediante la promoción de las inversiones en el sector minero con la cosmovisión andina y la razón socioeconómica rural de las zonas donde se asientan las operaciones mineras.

Frente a este problema en las relaciones entre empresas mineras, población y Estado, se plantea, si las mineras tienen incorporadas en sí o les es inherente mantener buenas relaciones con su entorno, y el papel que juega el Estado entre estas dos, así finalmente se quiere ver qué tipo de comunicación existe entre Estado, población y empresa minera en nuestra región (donde existen varias concesiones mineras).

Veamos entonces:

Estado.
El querer ignorar la diversidad geográfica y por ende cultural de nuestro país es la primera gran debilidad, se evidencia que los representantes del Estado peruano con las poblaciones afectadas, y los lideres sociales, dirigentes están desconectados de la agenda política nacional, el proceso de descentralización no funciona como debería ser, debido a que la transferencia de poder político para tomar medidas que permitan manejar los problemas derivados de la actividad minera sigue siendo muy limitada, pues los principales procesos relacionados con la minería continúan concentrados en todo el país.

En general, la preocupación central del Estado frente a los conflictos mineros parece enfocarse, por un lado, en el mantenimiento del orden público y, por el otro, en evitar que las protestas desalienten la inversión minera. Para ello, más que la represión, debe buscar lograr el consentimiento de la población y su conformidad, para lo que está dispuesto a mediar y a proporcionar información, pero poco dispuesto a un diálogo que suponga la posibilidad de que un proyecto minero llegue a ejecutarse.

«La actuación del Estado en los conflictos muestra su presencia desigual en los diferentes casos y espacios. Sin embargo, coincide que esta actuación está más orientada a resolver los problemas generados por los estallidos de los conflictos que a solucionar las causas que los generan»

Las empresas mineras.
“Sus vínculos con las comunidades locales, enmarcados en el mejor de los casos en las lógicas de la responsabilidad social, transitan bajo los criterios de buena vecindad y de buena voluntad de las empresas y no son en absoluto forzosos ni regulados. Sus actividades de responsabilidad social pueden eventualmente orientarse al desarrollo local “ (ECKHARDT, Karen ; GIRONDA, Aldo ; LUGO, Jeannette ; OYOLA, Walter ; UZCÁTEGUI, Reina Empresas mineras y población: estrategias de comunicación y relacionamiento. – Lima : Universidad ESAN, 2009. – 180 p. – (Serie Gerencia para el Desarrollo ; 11) ).

Sin embargo, pocas veces se incluyen en las discusiones locales sobre planificación y presupuesto y, están orientadas a minimizar el descontento de la población local. Para ello, buscan convencer e informar a la población local de los beneficios que trae la actividad minera, al mismo tiempo que aseguran respetar los códigos del medio ambiente (dentro de los estándares establecidos) y no competir con la población local por los recursos de la zona. La mayor parte de las empresas saben que una nueva operación minera puede generar protestas.

Lo que está en juego
Los proyectos mineros están atados a un determinado espacio geográfico, es decir, no pueden trasladarse de lugar cuando las cosas no salen bien y deben encontrar una forma de convivencia con la población en las zonas de su intervención. De esta manera, el mantener buenas relaciones con las comunidades colindantes se ha convertido en “una necesidad, no una opción”( Empresas mineras y población: estrategias de comunicación y relacionamiento. – Lima : Universidad ESAN, 2009. – 180 p. –; 11)

o los temas más frecuentes en los conflictos mineros –el medio ambiente, los derechos de acceso a la tierra y el agua y la distribución de los beneficios económicos– expresan aspectos eminentemente políticos.
“ El problema radicaría en que no logran generar confianza en la población ni revertir esta imagen de un “pasado negro” dejado por la minería tradicional”

Las comunidades locales

Dos situaciones diferentes
PRIMERO: Ya se implementó un proyecto minero: Frente a los efectos generados por empresas en operación, las comunidades locales interponen una serie de reclamos. Estos son eventualmente manifestaciones de un malestar más general, originado en el cambio acumulado sobre la forma de vida anterior a las operaciones mineras, agravado muchas veces por la naturaleza de las relaciones establecidas con sus representantes y la sensación de desgobierno sobre el propio destino, sumada muchas veces a la sensación, más que al cálculo, sobre la relación costo-beneficio. Al respecto, las colectividades locales solicitan y reclaman a las empresas tanto empleo como obras. Pero dadas las características de la minería moderna, la oferta de trabajo es siempre insuficiente.

SEGUNDO: Se pretende iniciar una operación o ampliar las áreas de operación ya existentes
Planteándose el conflicto en términos de la afectación y de la participación de los beneficios de la actividad.

En donde los reclamos se orientan a la conveniencia o no de dicha actividad, por múltiples consideraciones

Esta demanda que encuentra eco en las políticas de responsabilidad social y de buena vecindad de las empresas, supone cierta suerte de reemplazo del Estado por agentes privados, aunque ello es bien recibido por las poblaciones pobres y con sensibles carencias.

Este interés y reclamo por las obras directas contrasta con el limitado interés que exhiben las colectividades locales por los recursos provenientes del canon.

Por lo tanto la relación entre las colectividades locales y las empresas (y también con el Estado) está marcada por las mutuas desconfianzas y la escasa credibilidad en las acciones y promesas del otro.

Comunicación
Detrás de esta actitud hay herencias históricas, constataciones más recientes, pero también problemas de comunicación intercultural e incomprensión mutua. En general, las colectividades locales se enfrentan a la problemática desde una posición estructural de debilidad económica, técnica-legal e incluso cultural. Por ello, para la consecución de sus propósitos, las comunidades locales necesitan conseguir y asegurar un soporte externo, técnico, económico y mediático, tanto para la mediación como para la interlocución, así como para la formulación de alternativas y el desarrollo de las mismas. Los actores externos se convierten, así, en una suerte de complemento a las colectividades locales en el marco del desarrollo de los conflictos mineros.

“Población local, empresas, estado está marcada por las mutuas desconfianzas y la falta de credibilidad en las acciones y promesas del otro”

“Para las empresas, entonces, los conflictos se deben principalmente a una deficiente comunicación con la población afectada, la que no se encuentra debidamente informada sobre los peligros reales (o la ausencia de ellos) de la “nueva minería”. Comunicación e información son los elementos clave para mejorar la relación: este argumento se menciona en virtualmente todas las publicaciones sobre conflictos mineros, en todo caso en aquellas que vienen desde el lado de las empresas”. (Tanaka y Ludwig Huber – IEP, Bruno Revesz y Alejandro Diez – CIPCA, Xavier Ricard y José de Echave – CBC) Minería y conflicto social1)
Esta posición supone que una población adecuadamente informada estaría –de manera casi natural y lógica a favor de una minería moderna. Se sustenta en un lenguaje técnico-científico que no toma en cuenta o, en todo caso, trata de disimular que los temas más frecuentes en los conflictos mineros el medio ambiente, los derechos de acceso a la tierra y el agua y la distribución de los beneficios económicos expresan aspectos eminentemente políticos.

• Uno de los problemas más graves es que se continúa generando mecanismos de participación ciudadana de “baja intensidad” que no son útiles para influir en la toma de decisiones, razón por la que no gozan de una mayor credibilidad en las poblaciones.

• Los procesos de participación ciudadana deben contar con comunidades involucradas, con estructuras organizadas, representativas y fuertemente comprometidas. Por ello, los procesos de participación ciudadana deben es proceder de un trabajo de fortalecimiento interno de las organizaciones de las poblaciones que permita identificar una agenda legítima, capaz de recoger los verdaderos intereses en juego, para que a partir de ellos se pueda tomar las decisiones más adecuadas.

 o Participación informada. El control de la información, de sus contenidos y de su circulación, es uno de los principales atributos de poder. Es fundamental que el Estado ponga a disposición de estas poblaciones la información total disponible y que lo haga además de una forma eficaz y culturalmente adecuada.

o Participación oportuna. Los procesos de información y consulta deben realizarse a tiempo y en diferentes tiempos. Es necesario definir mecanismos transparentes y criterios compartidos para poder fijar el momento y los plazos de la fase de consulta.

o Participación influyente. Las decisiones tomadas en el marco de las consultas públicas deben generar derechos y deberes de todos, en función de criterios y procedimientos transparentes.

o Participación culturalmente adecuada. Todos los mecanismos de participación anteriormente mencionados tienen que ser culturalmente adecuados. Se debe respetar las formas de transmisión de información, de negociación política, de sanción, culturalmente asentadas en los espacios locales.

Radio Onda Azul.Puno 24.10.2012




CAMPESINOS PERUANOS CONVOCAN PLANTÓN EN CAJAMARCA CONTRA PROYECTO CONGA

Campesinos y otras organizaciones unidas de Perú convocaron para este miércoles una manifestación en Cajamarca, por 48 horas en rechazo al proyecto minero Conga y a la construcción de reservorios en la región por su afectación al medio ambiente. teleSUR

 En rechazo al proyecto minero Conga, organizaciones sociales y de defensa ambiental de Perú tiene previsto realizar otros plantones en las próximas semanas hasta lograr sensibilizar al Gobierno.

Organizaciones campesinas de Perú convocaron para este miércoles y por 48 horas un plantón, en la región de Cajamarca (norte), en protesta por la construcción de reservorios en el área del proyecto minero Conga.

Como parte de la medida de protesta, los ciudadanos se trasladarán hasta los alrededores de las lagunas Azul y Namococha, para con una acampada evitar el movimiento de maquinaria de la empresa minera Yanacocha.

La corresponsal de teleSUR en esa nación, Verónica Insausti, reportó los miembros de las organizaciones campesinas piden que se construyan reservorios en las cercanías a la ciudad de Cajamarca, “más no en esa zona intangible cerca de las lagunas”.

“El objetivo es sensibilizar al Gobierno y a la empresa de capital estadounidense”, agregó la periodista.

Recordó que hace en la primera semana de octubre un grupo de campesinos intentó retirar la maquinaria de la empresa Yanacocha y se generó un enfrentamiento con efectivos de la policía, “afortunadamente no pasó a mayores porque no hubo heridos de gravedad”.

Insausti destacó que las organizaciones sociales y de defensa ambiental en Cajamarca tienen previsto organizar plantones en las próximas semanas hasta que el Gobierno decida anular la concesión del proyecto minero Conga.

El primer ministro de Perú, Juan Jiménez, informó en agosto pasado que el proyecto minero Conga entró en fase de “suspensión”, luego que el Gobierno fijó un plazo de dos años a la compañía para que garantice el agua en la región de Cajamarca.

Sin embargo, pese a la medida la empresa Yanacocha mantiene su maquinaria en la zona.

Los peruanos han emprendido una batalla en contra de la aprobación del proyecto Conga desde el 2010, debido a que su desarrollo obligaría secar cuatro lagunas naturales que surten de agua a la región, cuya principal actividad económica se centra en la agricultura y la ganadería.

En los últimos años los proyectos mineros a cargo de transnacionales ha provocado conflictos socio-ambientales en cinco departamentos del país.

TeleSUR 24.10.2012





CONVOCAN PLANTÓN EN PERÚ CONTRA PROYECTO MINERO ESTADOUNIDENSE



Los campesinos peruanos tienen previsto realizar un plantón de protesta desde este miércoles, y durante 48 horas, contra el proyecto minero Conga de la compañía estadounidense Newmont en la región norteña de Cajamarca.

Los indignados se trasladarán hasta los alrededores de las lagunas Azul y Namococha a fin de manifestar su rechazo contra la construcción de reservorios en el área del proyecto.

Las organizaciones sociales y de defensa ambiental en Cajamarca pretenden también llevar a cabo plantones en las próximas semanas hasta que el Gobierno decida anular la concesión del proyecto minero.

El pasado mes de agosto, el primer ministro peruano, Juan Jiménez Mayor, informó de la suspensión del polémico proyecto hasta que la empresa garantizase agua en la zona; sin embargo, la minera Yanacocha, filial de la transnacional Newmont, mantiene su maquinaria en la región.

Las protestas contra el proyecto minero Conga comenzaron en el mes de junio. Los manifestantes denuncian que el proyecto acabará con los recursos de agua para el ganado en la referida zona.

El proyecto aurífero Conga busca extraer oro y cobre en Cajamarca mediante una inversión de 4.800 millones de dólares.


HispanTv 24.10.2012




FALTA DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE


 
La coordinadora de la ONG Cooperacción, Enma Gomez, explicó que en Latinoamerica existe un amplio crecimiento en las actividades extractivas, por ello diversos gobiernos están tomando una serie de políticas de protección del medio ambiente, como es el caso de Costa Rica, que prohibió la minería a tajo abierto. En cambio, el gobierno peruano no realiza políticas de protección del medio ambiente.

“Todavía no se están dando los cambios necesarios para garantizar que las actividades extractivas se realicen bajo un marco legal exigente, que garantice el minimizar el impacto ambiental social y cultural”, señaló la especialista medioambiental.

En los conflictos que existen la población exige mejores condiciones para su desarrollo, mientras que otras si se niega porque considera que hay otras opciones de desarrollo.

Por último, informó que realizarán un foro el jueves 26 de octubre en el Colegio Médico.

Generacción-Lima 24.10.2012





DINOES DETIENEN A PERIODISTA Y ALCALDE


Policía sigue  agrediendo y abusando de las autoridades población y representantes de los  medios de comunicación

A pocos metros de la laguna azul, la mañana  de ayer  fueron detenidos por algunos minutos el alcalde de Huasmín, José Marín Agusti y el corresponsal de radio coremarca (Bambamarca- Hualgayoc), cesar Estrada.

La Dinoes a bloqueado  carreteras públicas y  caminos  rurales que son de uso público de los campesinos y ayer  impidió  el paso  de una delegación que  visitaba la laguna azul y para relevar  a los campesinos que se encuentran apostados en la zona por más de ocho días

Después de 30 minutos, el alcalde logró pasar, sin embargo  el corresponsal de radio coremarca (Bambamarca) le arrebataron su cámara en el caserío Pampa Verde, se denunció

Minutos más tarde César Estrada, junto a dos ronderos regresaron ala tranquera policial a exigir la devolución de la cámara, sin embargo después de suplicar a los policías recuperaron la cámara al promediar el medio día.

Esta acción demuestra una vez más el abuso y atropello que comete la Policía Nacional del Perú en contra  de las autoridades, periodistas y población que lucha en defensa del agua y la vida y se opone al proyecto minero Conga, que pretende desarrollarse en las cabeceras de  varias cuencas y destruir varias lagunas

Esta acción abusiva de la policía  se cometió en la zona que es propiedad de los comuneros, quienes respaldan la presencia de la población que defiende el agua y la  vida y rechaza el megaproyecto conga.

El Clarín-Cajamarca 25.10.2012





18 de octubre de 2012

RONDAS CAMPESINAS DE CAJAMARCA ACATARÁN PARO CONTRA PROYECTO CONGA


 
Los once delegados de la Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca acordaron acatar un paro de 48 horas para el 24 y 25 de octubre, en contra del proyecto minero Conga.

Como parte de esa medida de protesta, las delegaciones en simultáneo se trasladarán hasta las lagunas para acampar y evitar así el movimiento de maquinaria de la minera Yanacocha. 

Al respecto, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, remarcó que no van a permitir el avance de los comuneros a las zonas que corresponden a dicha concesión minera. Reveló que están definiendo si el terreno que hoy ocupa un grupo de unas 80 personas corresponde o no a la concesión. 

"Si eso es así, vamos a pedirles que salgan de esta área; y si no es así, estaremos expectantes como ha ocurrido en días pasados", señaló a Ideeleradio.

Según el presidente del Frente de Defensa del sector denominado el Tambo (Bambamarca), Eladio Huamán, los comuneros que provienen de Sorochuco y Huasmín (Celendín) permanecerán en la zona para evitar que continúe la construcción de los reservorios. Igualmente, el congresista Jorge Rimarachín (AP-FA) aseguró que las autoridades cajamarquinas (y él por supuesto) no permitirán que las lagunas se vean afectadas. 

Sin embargo, el dirigente comunal de San Nicolás, Segundo Tasilla, quien se encuentra a favor de la mina, advirtió que no permitirán que campesinos de otras zonas  ingresen a la suya a protestar.

La República-Lima 18.10.2012 



CONGA: PELIGRO DE MUERTE. DECLARACIÓN DE LIMA DESTACADO
Por Wilder A. Sánchez Sánchez



Habiendo concluido el plazo dado a Minera Yanacocha para que paralice definitivamente su ecocida Proyecto Conga, y no lo ha hecho, desde el 8/10 centenares de campesinos de diversos caseríos y centros poblados de la provincia de Hualgayoc se encuentran apostados en torno a...

Declaración de la III Asamblea Nacional de los Pueblos

Habiendo concluido el plazo dado a Minera Yanacocha para que paralice definitivamente su ecocida Proyecto Conga, y en vista que no lo ha hecho, desde el lunes 8 de octubre centenares de campesinos de diversos caseríos y centros poblados de la provincia de Hualgayoc se encuentran apostados en torno a las lagunas Mamacocha y Mishacocha, en la estratégica y delicada ecorregión Jalca de las provincias de Hualgayoc y Celendín.

A ellos se han sumado, desde el lunes 15, pobladores del campo y la ciudad de la provincia de Celendín y representantes de todo el Perú agrupados en la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP).  Estos nuevos contingentes se han dividido en tres grupos, instalándose en las inmediaciones de las lagunas Cortada, Azul y El Perol, respectivamente.

Pero el régimen minero-militar de Ollanta Humala ha enviado un contingente policial de alrededor de 400 efectivos de la División Nacional de Operaciones Especiales (DINOES), armados como para ir a la guerra, incluso con lanzagranadas, quienes al llegar intentaron arrebatar a los campesinos las provisiones alimenticias que han llevado a la zona altoandina para pernoctar allí los días o meses necesarios hasta que se declare la inviabilidad del Proyecto Conga.

Denunciamos ante los movimientos ecologistas y las organizaciones de defensa de los derechos humanos del Perú y del mundo, estas graves violaciones a los derechos humanos que comete el régimen de Ollanta Humala en alianza con la transnacional Newmont y su filial Minera Yanacocha en Cajamarca.  No se descarta una nueva masacre, como las ya cometidas en noviembre del 2011 y en los primeros días de julio de este año.

Los ronderos, campesinos y pobladores están haciendo un sacrificio en defensa del agua, de los recursos naturales y del medio ambiente para las presentes y futuras generaciones, soportando granizadas, lluvias, frío y corriendo el riesgo de ser golpeados, heridos o muertos por las fuerzas represivas del régimen humalo-montesinista al servicio de Newmont-Yanacocha.  Los guardianes de las lagunas y ecosistemas de la Jalca requieren frazadas, carpas, plásticos e impermeables para que puedan soportar las condiciones climáticas a 4,000 metros de altura.

Juan Jiménez Mayor, Javier Pulgar Vidal y otros ministros del Gobierno Central, así como los gerentes de Yanacocha, mienten descaradamente cuando afirman que Conga está “suspendido”, “postergado” o que “ya salió de agenda”.  La realidad es que, bajo el amparo del gobierno minero-militar, Newmont-Yanacocha sigue ejecutando el referido proyecto, no sólo con la construcción de los reservorios sino también destruyendo los bofedales cercanos a las lagunas Azul y Chica, como puede verse en las siguientes imágenes:



Véase más información, que incluye videos y fotorreportajes, en los siguientes enlaces con medios periodísticos de Cajamarca y el Perú:





Por otra parte, los días 12 y 13 de octubre tuvo lugar en Lima la III Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y el Tawantinsuyo, en la que participaron diversos frentes de defensa, organizaciones populares y de izquierda de las diversas macro-regiones del Perú; la I ANPP-T se desarrolló en Cajamarca los días 30 y 31 de marzo del año en curso, convocada por el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca (FDAC).  Léase a continuación la Declaración emitida por la III ANPP-T.

DECLARACIÓN DE LA III ASAMBLEA NACIONAL DE LOS PUEBLOS DEL PERÚ Y EL TAWANTINSUYU

LIMA 12 Y 13 DE OCTUBRE 2012

Nos hemos reunido en la ciudad de Lima, los días 12 y 13 de octubre de 2012, diferentes organizaciones sociales desde las  bases de nuestro pueblo, de diversas regiones del Norte, Centro, Sur y Oriente peruano, dándole continuidad a las dos asambleas anteriores realizadas en las ciudades de Cajamarca y Lima los días 30-31 de marzo y 06 de mayo del presente año respectivamente, para realizar la III Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y el Tawantinsuyu y consolidar el desarrollo de este fundamental espacio de unidad socio-política del pueblo peruano para la defensa de sus recursos naturales y sus derechos como el agua, la salud, la educación, etc., así como para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo basado en una democracia directa y comunitaria.

La III Asamblea nos encuentra en un contexto político nacional en el cual arrecian los conflictos populares debido a la continuidad de la política neoliberal que ha sostenido el gobierno actual de Ollanta Humala, a pesar de sus promesas iniciales y la expectativa que el pueblo tuvo con su elección.  Médicos, trabajadores del sector salud y maestros, principalmente, despliegan huelgas y paros a nivel nacional para reclamar por sus legítimos derechos y por salarios dignos, ante la negativa del gobierno de modificar su presupuesto y cambiar el plan económico que aplica el ministro Castilla - quien en la práctica se pone por encima del Presidente, ante su complicidad - siguiendo los mandatos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, desoyendo los reclamos de los sectores sociales afectados.

Por otro lado, la misma política económica sigue impulsando la gran explotación minera transnacional, sin restricciones mínimas, reproduciendo la contaminación ambiental, el mal uso de las aguas y el consiguiente deterioro de nuestros recursos naturales, afectando las fuentes de vida de las comunidades campesinas y nativas del interior del país. Varios conflictos se vienen generando por la prepotencia minera transnacional y el respaldo que ésta encuentra en el gobierno central. Otros conflictos están a punto de estallar, como en el sur del país, ya que los reclamos, peticiones y apelaciones que las poblaciones afectadas hacen a las autoridades no son escuchados. En el caso de Cajamarca, el emblemático proyecto Minas Conga, llevado adelante por la empresa Newmont-Buenaventura, avanza con el silencio cómplice de la prensa, y se sigue adelante con la construcción de los diques, originando que el pueblo cajamarquino reanude sus acciones de lucha y la protección de sus lagunas. El primer  ministro Jiménez que anunció, como el presidente, que se priorizaría el diálogo con la población, no ha hecho sino desoír los reclamos legítimos de los pueblos de las provincias.

Otra punta de la lanza de los intereses depredadores de las transnacionales, bajo el falso discurso de que solo la gran inversión privada traerá desarrollo, ha sido la adjudicación de tierras para proyectos de grandes empresas agroindustriales, perjudicando la actividad de las comunidades campesinas y pequeños productores y afectando el uso de recursos para su actividad agrícola como el agua. Esto además, viene generando una reconcentración de las tierras impulsando la relatifundización, consecuencia nefasta de la firma de los diversos TLC  y, consiguientemente, una enorme desigualdad en el campo, además del hecho de que los trabajadores de estas empresas sufren de sobreexplotación y no se respetan mínimamente sus derechos, los cuales están a merced de las contratas y services.

Por otro lado, las antiguas organizaciones burocráticas no son capaces de articular un discurso y, sobre todo, una acción real que unifique a las crecientes masas excluidas de nuestro país, que retomen desde las bases un verdadero proyecto transformador. Priman en muchos casos, como en décadas anteriores los afanes personalistas y sectarios.

Ante esa realidad, nuestros pueblos han continuado con la movilización y los frentes de defensa se consolidan como el vehículo más importante para la defensa y desarrollo de nuestros recursos naturales, de nuestra soberanía y de nuestros territorios ancestrales. Pero es necesaria su articulación mayor con gremios, sindicatos, federaciones, organizaciones urbanas y de trabajadores y estudiantes y, en general, con todas las bases que están protestando y proponiendo alternativas al ser afectadas, de distintas maneras, por un solo enemigo, el capitalismo y el modelo económico neoliberal.  Día a día se reafirma la necesidad de unificar y centralizar nuestras luchas, aún dispersas, de dotarlas de un espacio común de articulación, discusión y coordinación para la acción y de elaboración de una Plataforma común en defensa de nuestra soberanía, recursos naturales y por el desarrollo integral de la nación, en justicia e igualdad.

Por eso  la III Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y Tawantinsuyu declara:

    Reafirmar su posición de rechazar la actividad minera en cabecera de cuenca y glaciares o que utilice mercurio y cianuro, así como cualquier actividad extractiva que genere contaminación y que usurpe los recursos naturales y territorio de las poblaciones del interior, pueblos originarios, comunidades campesinas y nativas. En ese sentido se deben revisar los contratos mineros y priorizar en ellos los intereses de las poblaciones locales, del desarrollo del país en base a una industrialización que no afecte la sustentabilidad de los ecosistemas naturales.

    Impulsar la nacionalización de los sectores mineros y extractivos estratégicos, que bajo gestión pública y con fiscalización de las comunidades y poblaciones involucradas, desarrollen una minería sostenible y que realmente genere ingresos para el desarrollo social.

    Defender irrestrictamente el agua como derecho humano inalienable, imprescriptible e inembargable, y que se le dé rango constitucional.

    Defender los recursos naturales y culturales, como elementos de nuestra soberanía e identidad. Exigimos se declare a nuestro país como multicultural, rumbo a la consolidación de la unidad para llevar a la práctica la defensa del país de Todas las sangres.

    Solidarizarnos y hacer nuestras las luchas de los diferentes sindicatos, gremios y trabajadores del país, que pugnan por defender sus derechos y modificar la injusta política laboral que tiene más de veinte años de vigencia. Luchamos por una nueva Ley de Trabajo, en donde se elimine los CAS, services, así como se limite los contratos laborales temporales. Se eleven las remuneraciones y sueldos, a fin de que se garantice a los trabajadores un trabajo digno, para una vida digna.

    Defender absolutamente los derechos fundamentales del pueblo como la salud, la vivienda, la seguridad social y la educación entre otros. En ese sentido nos solidarizamos con la lucha del magisterio peruano por la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Rechazamos los intentos de privatización de la educación a través de su municipalización, así como de eliminar los derechos laborales de los maestros.

    Denunciar todos los actos de corrupción vengan de donde vengan, principalmente del Estado.

    Rechazar totalmente la impunidad y los indultos por crímenes de lesa humanidad. Nos oponemos a la política neofascista de criminalización de la protesta social y nos declaramos en contra de la aprobación de la Ley del Negacionismo por ser antidemocrática.

    Ratificar nuestra firme posición respecto al rechazo de la Constitución fujimontesinista de 1993, por  ilegítima. Forjar una nueva Carta Política que no solo declare los derechos del pueblo, sino los haga eficaces y efectivos. Sentar las bases para la convocatoria a una Asamblea Constituyente popular, democrática y representativa.

    Proponer a nivel de construcción orgánica de la ANP-T lo siguiente:

    Iniciar un proceso acelerado de institucionalización a nivel orgánico y nacional de la ANP-T, consultando a bases una propuesta de Estatutos, con miras a una próxima Asamblea Estatutaria.
    Constituir Frentes de Defensa afiliados como bases de la ANP-T verdaderamente representativos en todos los distritos y provincias de nuestro país, así como fortalecer los ya existentes.
    Desarrollar una Plataforma Unitaria de Lucha a nivel nacional en base a un diagnóstico de la situación política y económica de cada región realizado en asambleas populares.
    Continuar con los esfuerzos demostrados en la presente Asamblea por la construcción del nuevo Instrumento Político representativo a nivel nacional, herramienta que se debe seguir nutriendo desde las bases que están en lucha y no desde las cúpulas burocráticas.

    Bajar a bases la consulta de nombre oficial como ASAMBLEA NACIONAL DE LOS PUEBLOS DEL PERÚ DEL TAWANTINSUYO Y LA AMAZONÍA o ASAMBLEA NACIONAL DE LOS PUEBLOS.

    Ratificar la naturaleza de la ANP-T como movimiento o frente socio-político de carácter estratégico e histórico para el desarrollo de las luchas directas en función de la conquista del Poder Político.
    La ANP-T no es un partido político de carácter electoral, sin embargo las organizaciones y miembros de la ANP-T tienen el derecho de participar en cualquiera de los Frentes Políticos Electorales del campo popular, democrático y nacionalista que estimen conveniente y así garantizar la naturaleza y la unidad de la ANP-T.
    Constituir una Coordinadora Nacional Transitoria (CNT) con representantes de cada región a nivel nacional, la misma que tendrá como tarea coordinar todas las tareas de dirección orgánica hasta la IV ANP-T de carácter Estatutario. Así mismo constituir una Comisión de Prensa adscrita a la CNT.

¡CONGA NO VA, NI NINGUNA CONGA EN EL PAÍS… VA EL PUEBLO!

¡POR LA GRAN TRANSFORMACIÓN DEL PERÚ!

¡VIVA LA UNIDAD DEL PUEBLO DE TODAS LAS SANGRES!

ANEXO



Plataforma Política Social

  
I.     POR UN GOBIERNO SOBERANO, PATRIÓTICO DEL PUEBLO PARA EL PUEBLO

1.     No al Pago de la Deuda Externa. Rechazo a los TLC violatorios de la soberanía nacional.

2.     Ni Conga en Cajamarca, ni otras Congas en el Perú.

3.     Nacionalización de los centros mineros de oro y de los sectores estratégicos.

4.     No a las privatizaciones y concesiones mineras, puertos, petroleros y gasíferos ilegales.

5.     Defensa del medio ambiente y recuperación de los recursos naturales.

6.     Constitucionalización y defensa irrestricta del agua como derecho inalienable.

7.     Asamblea Constituyente con representación real del pueblo organizado. Orientada a elaborar una nueva Constitución en base a la soberanía, desarrollo con justicia social.


II.  POR BIENESTAR DEL PUEBLO

1.      Por una política económica que priorice la alimentación, la educación, la salud y el empleo.

2.      Abajo el alza del costo de vida. Remuneración digna para los trabajadores y pensionistas.

3.      Reforma tributaria. Más impuestos a los que más tienen.

4.      Recuperación efectiva del Gas de Camisea para los peruanos.

5.      Mayor presupuesto para educación y salud pública, gratuita y de calidad.


III.     POR EL RESPETO Y DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNICOS

1.     Por una nueva Ley de Consulta Previa. Respeto al derecho de los pueblos, comunidades indígenas, campesinas y nativas a tomar decisiones y ser consultados sobre actividades extractivas y todo tipo de intervención en su territorio. (Convenio OIT 169).

2.     Respeto a nuestra identidad nacional afirmando nuestra pluriculturalidad.

3.     Defensa de los derechos a los territorios indígenas y comunales.

4.     Por el desarrollo agrario para las zonas cocaleras. Cese de la erradicación compulsiva.


IV. POR LA DIGNIDAD DE LOS TRABAJADORES

1.     Aprobación de una Ley General de Trabajo restituyendo nuestros derechos.

2.     Defensa de los derechos laborales. Respeto a la libertad sindical y negociación colectiva.

3.     Pase a planilla y nombramiento. Derogatoria de los Services, CAS y Tercerizaciones.


V.    POR LA VIDA. ALTO A LA REPRESIÓN, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

1.      No a la criminalización de la protesta social..

2.      Defensa de los Derechos Humanos. Por la no prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos por  los representantes de los anteriores y el actual gobierno.

3.      Control ciudadano y popular sobre las autoridades. Sanción a los actos de corrupción.


VI. POR LA UNIDAD Y SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE LA MADRE TIERRA

1.     Por la unidad de los pueblos hermanos en defensa de sus territorios y recursos naturales.

2.     Rechazo a toda forma de dominación e intromisión extranjera.

3.     Por la libre autodeterminación soberana de los pueblos.

4.     Integración a la CAN, ALBA, UNASUR y otros bloques latinoamericanos.

5.     Solidaridad con Cuba socialista y soberana y con los pueblos oprimidos y en lucha del mundo. Contra el bloqueo económico a Cuba y Corea del Norte.


A ellos se han sumado, desde el lunes 15, pobladores del campo y la ciudad de la provincia de Celendín y representantes de todo el Perú agrupados en la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP).  Estos nuevos contingentes se han dividido en tres grupos, instalándose en las inmediaciones de las lagunas Cortada, Azul y El Perol, respectivamente.

Pero el régimen minero-militar de Ollanta Humala ha enviado un contingente policial de alrededor de 400 efectivos de la División Nacional de Operaciones Especiales (DINOES), armados como para ir a la guerra, incluso con lanzagranadas, quienes al llegar intentaron arrebatar a los campesinos las provisiones alimenticias que han llevado a la zona altoandina para pernoctar allí los días o meses necesarios hasta que se declare la inviabilidad del Proyecto Conga.

Denunciamos ante los movimientos ecologistas y las organizaciones de defensa de los derechos humanos del Perú y del mundo, estas graves violaciones a los derechos humanos que comete el régimen de Ollanta Humala en alianza con la transnacional Newmont y su filial Minera Yanacocha en Cajamarca.  No se descarta una nueva masacre, como las ya cometidas en noviembre del 2011 y en los primeros días de julio de este año.

Los ronderos, campesinos y pobladores están haciendo un sacrificio en defensa del agua, de los recursos naturales y del medio ambiente para las presentes y futuras generaciones, soportando granizadas, lluvias, frío y corriendo el riesgo de ser golpeados, heridos o muertos por las fuerzas represivas del régimen humalo-montesinista al servicio de Newmont-Yanacocha.  Los guardianes de las lagunas y ecosistemas de la Jalca requieren frazadas, carpas, plásticos e impermeables para que puedan soportar las condiciones climáticas a 4,000 metros de altura.

Juan Jiménez Mayor, Javier Pulgar Vidal y otros ministros del Gobierno Central, así como los gerentes de Yanacocha, mienten descaradamente cuando afirman que Conga está “suspendido”, “postergado” o que “ya salió de agenda”.  La realidad es que, bajo el amparo del gobierno minero-militar, Newmont-Yanacocha sigue ejecutando el referido proyecto, no sólo con la construcción de los reservorios sino también destruyendo los bofedales cercanos a las lagunas Azul y Chica, como puede verse en las siguientes imágenes:



Véase más información, que incluye videos y fotorreportajes, en los siguientes enlaces con medios periodísticos de Cajamarca y el Perú:





Por otra parte, los días 12 y 13 de octubre tuvo lugar en Lima la III Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y el Tawantinsuyo, en la que participaron diversos frentes de defensa, organizaciones populares y de izquierda de las diversas macro-regiones del Perú; la I ANPP-T se desarrolló en Cajamarca los días 30 y 31 de marzo del año en curso, convocada por el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca (FDAC).  Léase a continuación la Declaración emitida por la III ANPP-T.

DECLARACIÓN DE LA III ASAMBLEA NACIONAL DE LOS PUEBLOS DEL PERÚ Y EL TAWANTINSUYU

LIMA 12 Y 13 DE OCTUBRE 2012
Nos hemos reunido en la ciudad de Lima, los días 12 y 13 de octubre de 2012, diferentes organizaciones sociales desde las  bases de nuestro pueblo, de diversas regiones del Norte, Centro, Sur y Oriente peruano, dándole continuidad a las dos asambleas anteriores realizadas en las ciudades de Cajamarca y Lima los días 30-31 de marzo y 06 de mayo del presente año respectivamente, para realizar la III Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y el Tawantinsuyu y consolidar el desarrollo de este fundamental espacio de unidad socio-política del pueblo peruano para la defensa de sus recursos naturales y sus derechos como el agua, la salud, la educación, etc., así como para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo basado en una democracia directa y comunitaria.

La III Asamblea nos encuentra en un contexto político nacional en el cual arrecian los conflictos populares debido a la continuidad de la política neoliberal que ha sostenido el gobierno actual de Ollanta Humala, a pesar de sus promesas iniciales y la expectativa que el pueblo tuvo con su elección.  Médicos, trabajadores del sector salud y maestros, principalmente, despliegan huelgas y paros a nivel nacional para reclamar por sus legítimos derechos y por salarios dignos, ante la negativa del gobierno de modificar su presupuesto y cambiar el plan económico que aplica el ministro Castilla - quien en la práctica se pone por encima del Presidente, ante su complicidad - siguiendo los mandatos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, desoyendo los reclamos de los sectores sociales afectados.

Por otro lado, la misma política económica sigue impulsando la gran explotación minera transnacional, sin restricciones mínimas, reproduciendo la contaminación ambiental, el mal uso de las aguas y el consiguiente deterioro de nuestros recursos naturales, afectando las fuentes de vida de las comunidades campesinas y nativas del interior del país. Varios conflictos se vienen generando por la prepotencia minera transnacional y el respaldo que ésta encuentra en el gobierno central. Otros conflictos están a punto de estallar, como en el sur del país, ya que los reclamos, peticiones y apelaciones que las poblaciones afectadas hacen a las autoridades no son escuchados. En el caso de Cajamarca, el emblemático proyecto Minas Conga, llevado adelante por la empresa Newmont-Buenaventura, avanza con el silencio cómplice de la prensa, y se sigue adelante con la construcción de los diques, originando que el pueblo cajamarquino reanude sus acciones de lucha y la protección de sus lagunas. El primer  ministro Jiménez que anunció, como el presidente, que se priorizaría el diálogo con la población, no ha hecho sino desoír los reclamos legítimos de los pueblos de las provincias.

Otra punta de la lanza de los intereses depredadores de las transnacionales, bajo el falso discurso de que solo la gran inversión privada traerá desarrollo, ha sido la adjudicación de tierras para proyectos de grandes empresas agroindustriales, perjudicando la actividad de las comunidades campesinas y pequeños productores y afectando el uso de recursos para su actividad agrícola como el agua. Esto además, viene generando una reconcentración de las tierras impulsando la relatifundización, consecuencia nefasta de la firma de los diversos TLC  y, consiguientemente, una enorme desigualdad en el campo, además del hecho de que los trabajadores de estas empresas sufren de sobreexplotación y no se respetan mínimamente sus derechos, los cuales están a merced de las contratas y services.

Por otro lado, las antiguas organizaciones burocráticas no son capaces de articular un discurso y, sobre todo, una acción real que unifique a las crecientes masas excluidas de nuestro país, que retomen desde las bases un verdadero proyecto transformador. Priman en muchos casos, como en décadas anteriores los afanes personalistas y sectarios.

Ante esa realidad, nuestros pueblos han continuado con la movilización y los frentes de defensa se consolidan como el vehículo más importante para la defensa y desarrollo de nuestros recursos naturales, de nuestra soberanía y de nuestros territorios ancestrales. Pero es necesaria su articulación mayor con gremios, sindicatos, federaciones, organizaciones urbanas y de trabajadores y estudiantes y, en general, con todas las bases que están protestando y proponiendo alternativas al ser afectadas, de distintas maneras, por un solo enemigo, el capitalismo y el modelo económico neoliberal.  Día a día se reafirma la necesidad de unificar y centralizar nuestras luchas, aún dispersas, de dotarlas de un espacio común de articulación, discusión y coordinación para la acción y de elaboración de una Plataforma común en defensa de nuestra soberanía, recursos naturales y por el desarrollo integral de la nación, en justicia e igualdad.

Por eso  la III Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y Tawantinsuyu declara:

    Reafirmar su posición de rechazar la actividad minera en cabecera de cuenca y glaciares o que utilice mercurio y cianuro, así como cualquier actividad extractiva que genere contaminación y que usurpe los recursos naturales y territorio de las poblaciones del interior, pueblos originarios, comunidades campesinas y nativas. En ese sentido se deben revisar los contratos mineros y priorizar en ellos los intereses de las poblaciones locales, del desarrollo del país en base a una industrialización que no afecte la sustentabilidad de los ecosistemas naturales.

    Impulsar la nacionalización de los sectores mineros y extractivos estratégicos, que bajo gestión pública y con fiscalización de las comunidades y poblaciones involucradas, desarrollen una minería sostenible y que realmente genere ingresos para el desarrollo social.

    Defender irrestrictamente el agua como derecho humano inalienable, imprescriptible e inembargable, y que se le dé rango constitucional.

    Defender los recursos naturales y culturales, como elementos de nuestra soberanía e identidad. Exigimos se declare a nuestro país como multicultural, rumbo a la consolidación de la unidad para llevar a la práctica la defensa del país de Todas las sangres.

    Solidarizarnos y hacer nuestras las luchas de los diferentes sindicatos, gremios y trabajadores del país, que pugnan por defender sus derechos y modificar la injusta política laboral que tiene más de veinte años de vigencia. Luchamos por una nueva Ley de Trabajo, en donde se elimine los CAS, services, así como se limite los contratos laborales temporales. Se eleven las remuneraciones y sueldos, a fin de que se garantice a los trabajadores un trabajo digno, para una vida digna.

    Defender absolutamente los derechos fundamentales del pueblo como la salud, la vivienda, la seguridad social y la educación entre otros. En ese sentido nos solidarizamos con la lucha del magisterio peruano por la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Rechazamos los intentos de privatización de la educación a través de su municipalización, así como de eliminar los derechos laborales de los maestros.

    Denunciar todos los actos de corrupción vengan de donde vengan, principalmente del Estado.

    Rechazar totalmente la impunidad y los indultos por crímenes de lesa humanidad. Nos oponemos a la política neofascista de criminalización de la protesta social y nos declaramos en contra de la aprobación de la Ley del Negacionismo por ser antidemocrática.

    Ratificar nuestra firme posición respecto al rechazo de la Constitución fujimontesinista de 1993, por  ilegítima. Forjar una nueva Carta Política que no solo declare los derechos del pueblo, sino los haga eficaces y efectivos. Sentar las bases para la convocatoria a una Asamblea Constituyente popular, democrática y representativa.

Proponer a nivel de construcción orgánica de la ANP-T lo siguiente:

Iniciar un proceso acelerado de institucionalización a nivel orgánico y nacional de la ANP-T, consultando a bases una propuesta de Estatutos, con miras a una próxima Asamblea Estatutaria.

Constituir Frentes de Defensa afiliados como bases de la ANP-T verdaderamente representativos en todos los distritos y provincias de nuestro país, así como fortalecer los ya existentes.

Desarrollar una Plataforma Unitaria de Lucha a nivel nacional en base a un diagnóstico de la situación política y económica de cada región realizado en asambleas populares.

Continuar con los esfuerzos demostrados en la presente Asamblea por la construcción del nuevo Instrumento Político representativo a nivel nacional, herramienta que se debe seguir nutriendo desde las bases que están en lucha y no desde las cúpulas burocráticas.

Bajar a bases la consulta de nombre oficial como ASAMBLEA NACIONAL DE LOS PUEBLOS DEL PERÚ DEL TAWANTINSUYO Y LA AMAZONÍA o ASAMBLEA NACIONAL DE LOS PUEBLOS.
Ratificar la naturaleza de la ANP-T como movimiento o frente socio-político de carácter estratégico e histórico para el desarrollo de las luchas directas en función de la conquista del Poder Político.

La ANP-T no es un partido político de carácter electoral, sin embargo las organizaciones y miembros de la ANP-T tienen el derecho de participar en cualquiera de los Frentes Políticos Electorales del campo popular, democrático y nacionalista que estimen conveniente y así garantizar la naturaleza y la unidad de la ANP-T.

Constituir una Coordinadora Nacional Transitoria (CNT) con representantes de cada región a nivel nacional, la misma que tendrá como tarea coordinar todas las tareas de dirección orgánica hasta la IV ANP-T de carácter Estatutario. Así mismo constituir una Comisión de Prensa adscrita a la CNT.

¡CONGA NO VA, NI NINGUNA CONGA EN EL PAÍS… VA EL PUEBLO!

¡POR LA GRAN TRANSFORMACIÓN DEL PERÚ!

¡VIVA LA UNIDAD DEL PUEBLO DE TODAS LAS SANGRES!

ANEXO
Plataforma Política Social

 I.     POR UN GOBIERNO SOBERANO, PATRIÓTICO DEL PUEBLO PARA EL PUEBLO

1.     No al Pago de la Deuda Externa. Rechazo a los TLC violatorios de la soberanía nacional.

2.     Ni Conga en Cajamarca, ni otras Congas en el Perú.

3.     Nacionalización de los centros mineros de oro y de los sectores estratégicos.

4.     No a las privatizaciones y concesiones mineras, puertos, petroleros y gasíferos ilegales.

5.     Defensa del medio ambiente y recuperación de los recursos naturales.

6.     Constitucionalización y defensa irrestricta del agua como derecho inalienable.

7.     Asamblea Constituyente con representación real del pueblo organizado. Orientada a elaborar una nueva Constitución en base a la soberanía, desarrollo con justicia social.

II.  POR BIENESTAR DEL PUEBLO

1.      Por una política económica que priorice la alimentación, la educación, la salud y el empleo.

2.      Abajo el alza del costo de vida. Remuneración digna para los trabajadores y pensionistas.

3.      Reforma tributaria. Más impuestos a los que más tienen.

4.      Recuperación efectiva del Gas de Camisea para los peruanos.

5.      Mayor presupuesto para educación y salud pública, gratuita y de calidad.

III.     POR EL RESPETO Y DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS ANDINOS AMAZÓNICOS

1.     Por una nueva Ley de Consulta Previa. Respeto al derecho de los pueblos, comunidades indígenas, campesinas y nativas a tomar decisiones y ser consultados sobre actividades extractivas y todo tipo de intervención en su territorio. (Convenio OIT 169).

2.     Respeto a nuestra identidad nacional afirmando nuestra pluriculturalidad.

3.     Defensa de los derechos a los territorios indígenas y comunales.

4.     Por el desarrollo agrario para las zonas cocaleras. Cese de la erradicación compulsiva.

IV. POR LA DIGNIDAD DE LOS TRABAJADORES

1.     Aprobación de una Ley General de Trabajo restituyendo nuestros derechos.

2.     Defensa de los derechos laborales. Respeto a la libertad sindical y negociación colectiva.

3.     Pase a planilla y nombramiento. Derogatoria de los Services, CAS y Tercerizaciones.

V.    POR LA VIDA. ALTO A LA REPRESIÓN, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

1.      No a la criminalización de la protesta social..

2.      Defensa de los Derechos Humanos. Por la no prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos por  los representantes de los anteriores y el actual gobierno.

3.      Control ciudadano y popular sobre las autoridades. Sanción a los actos de corrupción.

VI. POR LA UNIDAD Y SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE LA MADRE TIERRA

1.     Por la unidad de los pueblos hermanos en defensa de sus territorios y recursos naturales.

2.     Rechazo a toda forma de dominación e intromisión extranjera.

3.     Por la libre autodeterminación soberana de los pueblos.

4.     Integración a la CAN, ALBA, UNASUR y otros bloques latinoamericanos.

5.          Solidaridad con Cuba socialista y soberana y con los pueblos oprimidos y en lucha del mundo. Contra el bloqueo económico a Cuba y Corea del Norte.


 Kaosenlared -18.10.2012