28 de febrero de 2011

PARO INTERPROVINCIAL CONTRA MINERA TANTAHUATAY


Reynaldo Ramos Chávez, presidente de las rondas campesinas de la provincia de Hualgayoc, expresó que no habrá marcha atrás y de todas maneras el 2 de marzo se realizará el paro interprovincial, al que se unen las rondas campesinas de Chota, Cutervo, Hualgayoc, San Miguel y Santa Cruz.

En las últimas horas los dirigentes de las rondas campesinas han hecho llegar un documento al alcalde de la provincia de Hualgayoc, Hernán Vásquez Saavedra, pidiéndole que se sume a esta medida de fuerza contra la compañía minera de Tantahuatay. “Queremos que el burgomaestre sea el mediador”, precisó.

“Es claro que existe un proyecto que viene ejecutándose para almacenamiento de agua en el sector Vira-Vira, y si no ponemos orden el proyecto va a desaparecer y sería en vano, porque algunas lagunas en las partes altas están desapareciendo por las profundas perforaciones que están haciendo para la extracción de agua”, comentó.

Aclaró que no se trata de un paro político, sino de “defensa de los colchones de agua”. “El Gobierno Nacional sabe que existe una firme posición de no más expansión minera en la provincia de Hualgayoc, queremos que nos escuchen las autoridades de los gobiernos central y regional”, apuntó.

Reynaldo Chávez señaló que las rondas campesinas de las provincia de Santa Cruz, Chota, Cutervo y San Miguel, vienen hablando un solo lenguaje y “no cederemos, por nuestras fuentes de agua tienen que ser intangibles”.

Diario Panorama Cajamarquino 28/02/2011





CONCENTRACIÓN MASIVA EN ALTO PERÚ EN DEFENSA DE 286 LAGUNAS


Sergio Sánchez Ibáñez, gerente de los Recursos Naturales y del Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca, informó que para el jueves 17 de marzo habrá una masiva concentración en el caserío Alto Perú, distrito de Tumbadén, provincia de San Pablo.

Señaló que en esta zona se encuentran 286 lagunas, colchones de agua más importantes del mundo.

Fue al dirigirse a cientos de profesores que vienen participando en el Curso-Taller de Pedagogía y Didáctica del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (SUTE) de la provincia de Hualgayoc.

“Las lagunas de Alto Perú están dentro del inventario que ha realizado la Zonificación Ecológica y Económica para el Ordenamiento Territorial (ZEE-OT), al que debemos darle credibilidad e importancia para defender lo que realmente nos va dar sustento durante miles de años. Estas lagunas son intocables”, enfatizó.

Precisó que las pretensiones de las transnacionales es utilizarlas para la extracción de minerales, perjudicando la biodiversidad y poniendo en riesgo que los ríos Cochán y El Rejo, que son afluentes del río Jequetepeque que baña el valle del distrito de Yonán-Tembladera, en donde se encuentra ubicada la represa de Gallito Ciego.

“Gallito Ciego almacena millones de litros de agua para regadío de miles de hectáreas de tierras en las localidades de Chepén, Guadalupe, Ciudad Dios, San Pedro de Lloc, Pacasmayo, en donde hay productores de arroz y caña de azúcar y también es en donde nacen las aguas de ríos y riachuelos, quebradas afluentes del río Llaucano que va al río Marañón”, precisó.

Por lo tato, expresó que en defensa de las lagunas harán una masiva concentración, estableciendo su posición correcta, basándose a la Ordenanza ratificada recientemente por la Municipalidad Provincial de San Pablo y una Resolución de Tribunal Constitucional (TC).

“Impondremos nuestra meta que el Ministerio del Ambiente tenga que hacer lo mismo en la protección de nuestros recursos hídricos, en esta parte de la región Cajamarca, es por eso que invocamos que todos participemos para establecer nuestra posición clara sobre la defensa de las lagunas de Alto Perú”, subrayó Sánchez Ibáñez.

Diario Panorama Cajamarquino 28/02/2011





Jefe de región policial niega que se trate de una provocación y que tampoco entorpece diálogo por proyecto Tía María.
COCACHACRA RODEADA DE EFECTIVOS POLICIALES


La presencia policial en el campamento minero de Tía María y el poblado de Cocachacra, en Arequipa, se mantendrá, al menos por esta semana, previniendo cualquier acto de violencia por parte de los pobladores que se oponen al proyecto de la empresa Southern Cooper Corporation.

Pese a ello el jefe de la XI Dirección Territorial Policial, Carlos Mateo I Tueros, indicó que ésta no tendría por qué entorpecer los trabajos de diálogo entre la población y el Gobierno.

Es así que pidió que tanto el presidente regional Juan Manuel Guillen Benavides, y representantes de la comisión de resolución de conflictos de la Presidente del Consejo de Ministros se hagan presentes en la zona para buscar una solución definitiva.

“Los 100 efectivos destacados a este lugar no deben ser tomados como una provocación para los dirigentes; por el contrario, su presencia tiene que ver con asegurar el bienestar de la población y los intereses privados”, dijo.

Según explicó, en la última reunión de dirigentes en Cocachacra sólo 30 personas habrían asistido a esta concentración, por lo que se desestimó un apoyo masivo a la protesta, cLima propicio para el diálogo entre ambas bases.

En cuanto a las quejas de la población por un supuesto amedrentamiento por parte de las fuerzas del orden, Mateo I Tueros negó tal situación, indicando que la labor de la Policía no tiene que ver con ello, siendo un engaño para los agricultores que aún se mantiene al margen de los problemas por el proyecto minero.

Diario La Primera-Lima 28/02/2011






25 de febrero de 2011

PROTEGERÁN LAGUNAS DE ALTO PERÚ EN SAN PABLO


En sesión de Concejo, el pleno de regidores de la Municipalidad Provincial de San Pablo acordó la ratificación de la Ordenanza Municipal N° 001-2007-MPSP, de protección de las lagunas de Alto Perú, por estar ubicadas en cabecera de cuenca y por ser de primordial interés la conservación del agua y el medio ambiente.

El 16 de febrero de 2007 se emitió la Ordenanza Municipal N° 001-2007-MPSP, que resuelve definir como Área de Conservación Ambiental Municipal a la zona de las lagunas de Alto Perú, ubicada en el caserío Alto Perú, distrito de Tumbadén, provincia de San Pablo, con un aproximado de 2,960 hectáreas.

Asimismo, se establece definir como área de conservación ambiental a la zona de Pozo Seco y sectores aledaños, con un área aproximada de 4,918 hectáreas.

Por lo tanto, se resuelve considerar a estas zonas ecológicas en la categoría de Áreas Naturales Protegidas Complementarias, para uso de protección y conservación de especies nativas e investigación de las mismas.

Como alternativa se podrá practicar el pastoreo no intensivo y el turismo, la construcción de infraestructura para el incremento de la oferta hídrica y cosecha del agua, bajo las restricciones que garanticen las prácticas de protección, conservación y aprovechamiento sostenido de los recursos naturales.

Es por ello que en sesión de Concejo se acordó ratificar la defensa y conservación de esta maravilla natural, conformada por más de 290 lagunas en esta parte del país.

Manuel Castrejón, alcalde de San Pablo, manifestó que se trata de una zona muy importante para esta provincia, sobre todo al tratarse de una riqueza natural que cuenta con gran potencial hídrico, es por ello el interés de buscar que sean protegidas y conservadas en toda su extensión.

Diario Panorama Cajamarquino 25/02/2011





DENUNCIARAN POR DESPIDO ARBITRARIO A MINERA RAURA


La Compañía Minera Raura será denunciada por despido arbitrario ante el Ministerio de Trabajo, informó el Presidente de la comunidad de San Miguel de Cauri, Abner Falcón. El dirigente aseguró que la Minera ha despedido arbitrariamente a los comuneros que encararon las protestas contra la contaminación de la citada minera.

Dijo que los trabajadores provienen del centro poblado de Raura y fueron parte de la mesa de dialogo que se instaló el año pasado para tratar de solucionar la constante contaminación de la minera.

Abner Falcón detalló que notificaran de este hecho a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía de Prevención del Delito, toda vez que consideran que se trata de una represalia de la compañía minera. “Esos trabajadores asumieron la defensa de la comunidad y encararon a la minera” acotó.

El dirigente también informó que la Minera Raura no cumple con asumir el tratamiento médica contra la contaminación por plomo de las 45 personas envenenadas. Recordó que ese fue uno de los compromisos asumidos en la mesa de dialogo.

En mayo de 2010, más de 5 mil pobladores protestaron y tomaron las instalaciones de la Minera Raura con la finalidad de denunciar la incesante contaminación de las diversas lagunas de la zona.

Luego de exigir la presencia de los Ministros de Energía y Minas, y del Ambienta, consiguen conformar una mesa de dialogo en la cual Minera Raura se compromete a cumplir con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 25/02/2011





“DU 001 Y 002 TRANSFIEREN GRATIS LOS ACTIVOS DEL PERÚ”


PROTESTA. Exigen su derogatoria total. Expertos sostienen que inversionistas obtendrían ganancias sin pagar derecho por terrenos del Estado.

No bastó la derogatoria parcial de los Decretos de Urgencia (DU) 001 y 002 para acallar las protestas sobre los 33 proyectos que el Gobierno pretende acelerar.

Esta vez, el coro de reclamos confluyó en un detalle consignado en el DU 001, el cual dispone la transferencia de terrenos y/o edificaciones a título gratuito en favor de los concesionarios.

El sociólogo Manuel Dammert, en una conferencia dada por la CGTP, alertó sobre esta disposición, alegando que se pretende “transferir gratis los activos del Perú”. Es decir: entregar el territorio que les pertenece a todos los peruanos.

Benefician al inversor
Según Walter Vargas, investigador del Grupo de Trabajo Contra la Corrupción, esta situación solo pretende beneficiar íntegramente a los inversionistas, pues existiría la posibilidad de ofrecer infraestructura pública construida para desarrollar proyectos privados, dándoles carta libre para obtener ganancias sin pagar derecho alguno sobre ello, como sucedió con el puerto de Paita.

Asimismo, Vargas añadió que la población queda al margen con esta medida, ya que los bienes del Estado utilizados con otros fines, como educación o salud, podrían entregarse al concesionario si este los requiere para sus fines, toda vez que estén en las inmediaciones del proyecto de inversión.

Derogatoria total
Por su parte, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Juan Carlos Ruiz recalcó la inconstitucionalidad de los DU 001 y 002, puesto que no cumplen con los requisitos normados por la Constitución, el Reglamento del Congreso y el Tribunal Constitucional.

Basándose en ello, el sociólogo Dammert exigió la derogatoria total de los DU, puesto que el veto parcial es solo “una maniobra para acallar la protesta”.

La clave
PARCIAL. El pasado 16 de febrero, el Consejo de Ministros derogó parcialmente el DU 001 ante la presión de los Gobiernos Regionales y la opinión pública. De esta manera, anularon las flexibilizaciones ambientales, que exigían los Estudios de Impacto Ambiental antes de la ejecución de las obras, y no como requisito previo.

Diario La República-Lima 25/02/2011





BARRICK EN CONTRA DE ORDENANZA MUNICIPAL


Funcionarios dicen que vulneraría derechos adquiridos sobre área. “No hay contaminación”

Funcionarios de la empresa minera Barrick expresaron su desacuerdo con la posición del alcalde provincial de Santiago de Chuco, Juan Gabriel Alipio, de declarar intangible las lagunas. El Toro y Los Ángeles, ubicadas en el distrito de Quiruvilca, con el propósito de que no se vean afectadas ante una eventual contaminación a causa de las actividades mineras

Indicaron que el proyecto de ordenanza que viene promoviendo la autoridad edil junto a las rondas campesinas sería ilegal, toda vez que vulneraría los derechos adquiridos por la minera sobre la zona. Advirtieron que si se aprueba dicha norma, interpondrán las acciones legales pertinentes.

Manifestaron que en la zona no hay contaminación, menos en el área donde están las lagunas porque no se están realizando operaciones mineras, sin embargo tienen proyección de iniciar exploraciones

Diario La República-Lima 25/02/2011





24 de febrero de 2011

TEMEN CONFLICTO SOCIAL EN HUALGAYOC POR EXIGIR ESTUDIOS DE AGUAS


Al temer que las aguas subterráneas del Arroyo Vira-Vira se sequen perjudicando a poblaciones de las provincias de San Miguel y Hualgayoc, estas jurisdicciones solicitaron a las autoridades responsables negar el permiso para que se realicen estudios.

El subgerente de Saneamiento y Medio Ambiente de la municipalidad de Hualgayoc, Napoleón Gutiérrez Anticona, indicó que se viene solicitando a la Autoridad Local del Agua (ALA) denegar este permiso hecho por empresas mineras.

Indicó que esta negativa fue tomada consensuadamente el pasado 15 de febrero cuando autoridades locales y regionales se reunieron en esta zona solicitando a José Felipe Puicán Chávez, administrador de la ALA, denegar este pedido y evitar un conflicto social.

“La población se encuentra incómoda lo que va a generar un enorme y fuerte conflicto social y ante esta situación consideramos que no es adecuado y viable que se sigan haciendo este tipo de estudios toda vez que perjudican los colchones acuíferos”, recordó.

Gutiérrez Anticona dijo que con esta decisión se quería evitar la experiencia sucedida en el proyecto Cerro Corona ubicado en la parte alta del caserío Coimolache, en donde “se han quedado sin agua varias comunidades”.

Gutiérrez Anticona agregó: “No queremos que haya un levantamiento en Chugur, San Miguel, Bambamarca y Hualgayoc” por lo que sugirió evitar la escalada de este nuevo conflicto social.

Diario Panorama Cajamarquino 24/02/2011





POBLADORES DE TOTORACOCHA EXPONEN PROBLEMÁTICA


Más de 300 comuneros de Totoracocha y comunidades aledañas al centro poblado El Alumbre – Bambamarca, se reunieron para exponer su problemática actual ante el alcalde provincial y presidente Regional. Ellos exigen atención urgente a problemas de agua y vías de comunicación.

A la cita acudieron Gregorio Santos Guerrero, presidente del Gobierno Regional de Cajamarca; Hernán Vásquez Saavedra, alcalde de la provincia de Hualgayoc; además, los regidores Silvestre Bautista Cubas, Audias Vásquez Huamán y Gilberto Regalado Bustamante. Asimismo, Jorge Vásquez Bazán, alcalde del distrito de La Encañada.

Los asistentes desarrollaron la siguiente agenda: Cosecha de agua, asfaltado de la carretera del circuito turístico del Alto Llaucano y Contaminación de las aguas de la laguna Totoracocha Chica.

Las autoridades del sector indicaron que actualmente son afectados por la minería, muestra de ello es la contaminación de las aguas de la laguna Totoracocha Chica.

Asimismo, señalaron que pese a tener como vecino a una minera poderosa como es Yanacocha, los pobladores viven en pobreza extrema.

Agregaron que el eje principal de su desarrollo es el agua, toda vez que su actividad principal es la agricultura y ganadería, además de las vías de comunicación que los facilite trasladar sus productos a mercados provinciales y regionales.

A su turno, Gregorio Santos dijo que las solicitudes de los comuneros serán atendidas en el Presupuesto Participativo y ejecutadas en el siguiente año, toda vez que este año los proyectos tienen su financiamiento respectivo.

Mientras tanto, Hernán Vásquez manifestó que en los próximos días el equipo de consultores de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc visitará la zona para realizar el estudio técnico para la construcción de la Presa en la Laguna Totoracocha Grande.

Igualmente, solicitó a Gregorio Santos para que sea el Gobierno Regional de Cajamarca quien ejecute este ambicioso proyecto para riego tecnificado.

Posteriormente, tanto autoridad provincial como regional, inspeccionaron las lagunas Totoracocha Grande y Totoracocha Chica.

Dejaron claro sus compromisos de realizar un trabajo conjunto entre alcalde de Hualgayoc, La Encañada y Gobierno Regional de Cajamarca, para defender las fuentes hídricas y utilizarlo para proyectos productivos en beneficio de las comunidades del Alto Llaucano.

Diario Panorama Cajamarquino 24/02/2011






DENUNCIAN ROTURA EN GASEODUCTO


El gaseoducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP) habría sufrido una rotura en el km 91, ubicado en Echarate, Cusco, provocando una fuga o un derrame de gas cuyos efectos se desconocen.
Roberto Zegarra, gerente del Gobierno Regional del Cusco, indicó que el incidente es de consideración, aunque no precisó si se trata de un derrame de líquidos o una fuga de gas. Una comisión supervisora viajará hoy a la zona para verificar la magnitud del hecho.

En tanto, TGP indicó que se trataría de una “pequeña filtración”, por lo que ejecuta su plan de prevención con la toma de muestras e instalación de dispositivos para retener el hidrocarburo.

Diario La República-Lima 24/02/2011





MANIOBRAS DEL GOBIERNO PARA MANTENER LOS DU REPUDIADOS


Un amplio movimiento ciudadano, ha rechazado rotundamente los DU 001 y 002 que subastan el País. El gobierno esta contra las cuerdas. Maniobra para tratar de mantener los principales megafaenones de la subasta.

Su táctica es clara. Quiere dividir a las fuerzas ciudadanas, y segmentar las reivindicaciones. Le fue mal con los Gobiernos Regionales, a los que no pudo comprometer, pero si logro atemperar algunos. No ha podido silenciar las criticas a la inconstitucionalidad de los DU, que formule con la CGTP y que ratifican y amplían diversos especialista y la propia Defensoria del Pueblo. El gobierno lanza nueva maniobra sobre azucareros, portuarios, Empresas Publicas (EEPP) y trabajadores del sector público. Pero esta maniobra ha sido ya respondida, con una mayor unidad impulsada por la CGTP con la convocatoria a la jornada de lucha del 23 de marzo, y con el apoyo de los distintos movimientos regionales. El país sigue movilizado contra la subasta de la infraestructura estratégica de la nación. Humala es el único candidato presidencial que se ha manifestado rotundamente por la Derogatoria de los DU de la subasta antinacional, tema que esta en el centro de la campaña electoral.

El gobierno ha ensayado quebrar desde dentro el movimiento azucarero y aislarlo de las luchas generales. Aceptó la reclamada transferencia de las acciones a los trabajadores, pero lo hace sin dar la norma para que las empresas tengan protección patrimonial. Entrega acciones, pero busca quebrar las empresas, para que los accionistas-trabajadores estén obligados a vender sus participaciones a los monopolios neolatifundistas. La FTA ha sido clara y rotunda. Los trabajadores son los que han exigido las acciones; por eso mismo reclaman se amplíe la ley de protección patrimonial, para continuar reflotando las empresas.

El gobierno pretende imponer como sea la privatización de Enapu Callao, para entregarlo a un Monopolio o Duopolio. Trata de sellar su abdicación de la soberanía portuaria marítima, para favor del monopolio Chileno de Von Appen-Urenda y Claro. En estos días el gobierno anuncia adoptar decisiones, en medio de una escandalosa puja pública entre los Ministros, a espera que el Presidente dirima con suculentos argumentos. El Ministro Parlanchín del MTC, dice que DPW de ninguna manera tendrá monopolio e informa que tiene tres opciones alternativas. El Ministro banquero mercantilista del MEF, afirma que no está mal el monopolio de DPW, y que bastará fortalecer el organismo regulador. Entre bastidores, el activo grupo naviero portuario Chileno, favorito del actual gobierno ( Paita, transporte de petróleo y glp, aeropuertos del sur, muelle minerales Callao, etc), hace lobby con todos para estar en cualquiera de las fórmulas que liquidan Enapu y anulan la soberanía. En el Congreso, sigue en la agenda para ser aprobado el dictamen de la ley para fortalecer y modernizar Enapu. La Fentenapu anuncia una asamblea nacional estos días, para responder con medidas concretas. El gobierno acelera la privatización de las Empresas Publicas, pensando que la gente esta distraída. El Frente de los trabajadores de las EEPP ha acordado declararse en alerta. Sedapal se ha movilizado. Todos acordaron realizar un Paro de EEPP el 23 de marzo, como parte de la Jornada Nacional de Lucha.

Diario La Primera-Lima 24/02/2011



23 de febrero de 2011

NATIVOS SE DECLARAN EN PIE DE LUCHA


Aidesep. En defensa de sus territorios y la Ley de consulta. Demandan la restitución de la inalienabilidad y la inembargabilidad de sus tierras ancestrales.

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y los dirigentes de sus ocho bases regionales anunciaron que la población indígena de la Amazonía Peruana se ha declarado en pie de lucha y movilización permanente en demanda de la emisión de la Ley de Consulta y en defensa de sus territorios ancestrales.

“Los pueblos indígenas queremos manifestar que estamos vigilantes del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT por el gobierno peruano y vamos a defender nuestros territorios ante megaproyectos como IRSA y once represas hidroeléctricas que se pretenden hacer en la Amazonía”, afirmó Alberto Pizango, presidente de Aidesep.

Titulación de sus tierras
El líder de los pueblos indígenas refirió que estos acuerdos fueron tomados en el primer Consejo de Coordinación Ampliado.

También piden la restitución de la inalienabilidad y la inembargabilidad de sus territorios, y la titulación de más de 15 millones de hectáreas.

Asimismo, decidieron demandar una justa distribución de los ingresos por la explotación de los recursos amazónicos mediante la modificación de las leyes de canon, sobrecanon y regalías.

Bernardino Chamik, presidente de Orpian, protestó por la constante violación de los derechos indígenas por parte del gobierno y dijo que el único culpable de lo que pueda pasar en adelante es el presidente Alan García.

Diario La República-Lima 23/02/2011





22 de febrero de 2011

CAJAMARCA OCUPA EL CUARTO LUGAR EN CONFLICTOS SOCIALES


En su reporte número 83 la Defensoría del Pueblo ubica a Cajamarca como una de las regiones con mayor cantidad de conflictos sociales, sin embargo, comparte este no tan honroso puesto con Cusco.

Esta posición sin duda ha sido ganada por el problema con las empresas mineras, disputas territoriales entre provincias y el último conflicto que originaron las rondas campesinas al tomar la municipalidad de Chirinos, provincia de San Ignacio. En total suman 17 casos.

El 26 de diciembre del 2010, la Municipalidad de Chirinos fue tomada por el Frente de Defensa de ese distrito, ante la indiferencia de las autoridades. Según denunció, en su momento, Régulo Neira Carranza, presidente de esta organización social, es que el alcalde Sadón Gómez Torres habría malversado más de ocho millones de soles.

“Existe sobrevaloración y obras fantasmas, gastos de representación exagerados, presuntas apropiaciones ilícitas del presupuesto municipal”, explicó el dirigente.

Otro conflicto que se mantiene sin diálogo es con la comunidad campesina El Tingo quienes exigen que la Compañía Minera Coimolache no contrate a la empresa San Martin y de prioridad a las empresas de comuneros de El Tingo. Además, demanda que la empresa aclare la compra y venta de tierras, porque estaría ocupando tierras comunales.

Por lo general, estos conflictos surgen por el incumplimiento de demandas insatisfechas de la población de parte de los gobernantes, por la desconfianza en las autoridades, falta de una gestión transparente en manejo de presupuestos y la acumulación irresponsable de compromisos de obras de las autoridades.

Diario Panorama Cajamarquino 22/01/2011





INSPECCIONAN MINA CASCABAMBA EN CONTUMAZÁ


Personal técnico del Gobierno Regional integrado por representantes: de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la DIRESA Cajamarca y de la Dirección Regional de Energía y Minas, el fin de semana se constituyeron junto a autoridades locales hasta las instalaciones de la Minera Lesfranja, en donde se realizó una inspección de los trabajos que la empresa viene desarrollando, además de tomar muestras de agua de una vertiente muy cercana a la mina y cuyas aguas son captadas por el canal Cascabamba y se utilizan para consumo y riego en un amplio sector de la Provincia de Contumazá.

El alcalde de Contumazá y autoridades de esa provincia, preocupados por la salud de la población que hace uso de las aguas del canal Cascabamba, oficiaron al Gobierno Regional de Cajamarca, para que se haga una inspección en la mina Cascabamba, donde actualmente la Empresa Minera LESFRANJA, viene realizando actividades de cateo y prospección, haciendo uso de maquinaria y explosivos.

Se ha podido determinar, que existe en la zona vestigios de una minería antigua con bocaminas que generan aguas ácidas así como material removido cerca a la vertiente, producto de la minería artesanal que han dejado relaves que están muy cercanos a la vertiente y generan también elementos químicos que sin duda afectan la calidad del agua, debido a que existe arcilla y muchos sedimentos muy cercanos a la quebrada que alimenta el canal.

Los resultados de las muestras de agua tomadas tanto en la quebrada como en el canal, han sido enviadas al laboratorio que la DESA Cajamarca tiene establecido en la Ciudad de Lima; para los análisis y siguiendo los respectivos protocolos técnicos. Sin embargo algunos parámetros que son medibles en campo han sido registrados como es el pH, Conductividad y Temperatura.

Diario Panorama Cajamarquino 22/02/2011





21 de febrero de 2011

RONDEROS ACATARÁN PARO EN CONTRA DE COMPAÑÍA MINERA


Medida radical será acatada por las provincias de Santa Cruz, Chota, Cutervo, Hualgayoc y San Miguel.

Más de 800 ronderos se concentraron en el caserío de Vira-Vira, ubicado en las alturas de la provincia de Hualgayoc, y constataron los abusos que está cometiendo la compañía minera Tantahuatay, que han cercado y cerrado el camino que va justamente a diversos caseríos del distrito de Chugur.

Asimismo, han originado la desaparición de manantiales afluentes de los ríos de Tingomaygasbamba, para la cuenca del río Llaucano que desemboca en el océano Pacífico y el río Chancay que también llega al océano Pacífico.

Reynaldo Ramos Chávez, presidente de las rondas campesinas de la provincia de Hualgayoc, informó que por acuerdo de los ronderos de las provincias de Santa Cruz, Chota, Cutervo, Hualgayoc y San Miguel, han acordado realizar un paro indefinido a partir del 2 de marzo del año, en contra la compañía minera Tantahuatay.

La empresa Tantahuatay viene operando en las partes altas del distrito de Chugur, y está a punto de iniciar su explotación en esa zona.

Lo que preocupa, enfatizó el dirigente rondero, es que algunos manantiales han desaparecido y se tiene entendido que esta compañía minera viene haciendo profundas perforaciones para extraer las aguas subterráneas que sería un peligro para las cuencas de Chancay y Llaucano, con una probable contaminación en el futuro.

Los ronderos de Chugur están siendo respaldados enérgicamente para el paro interprovincial, pidiendo al Gobierno Central que desista con la expansión minera, es una posición radical tomada que conocen también las autoridades regionales a través de los consejeros regionales y congresistas de la República.

Diario Panorama Cajamarquino 21/02/2011





SI ES JUSTO, ES JUSTO


“A nadie le gusta pagar más impuestos, pero si es justo, es justo. Si hay que participar de las ganancias extraordinarias de un momento de coyuntura habría que hacerlo cuidando siempre que los destinos de los fondos sean para mejorar las condiciones de vida de la población”.

Es lo que acaba de declarar a La República el presidente saliente de Confiep, Ricardo Briceño (18/02/2011). La declaración es de la más alta importancia porque deja de lado posiciones inmovilistas que están en contra de que el Perú reciba una renta adecuada de las ganancias extraordinarias que hoy tienen las empresas mineras (y petroleras) debido a los altos precios internacionales.

Además de esta declaración, ha habido otras opiniones importantes esta semana. Luis Alberto Arias, ex jefe de la Sunat, dijo en La Hora N (1) que las condiciones en que se firmaron los contratos –hace cerca de 15 años– son distintas a las de hoy, por lo cual es recomendable sentarse con las empresas para renegociar –en el buen sentido de la palabra– los contratos.

Dijo también que todas las empresas debían pagar regalías (no lo hacen las que tienen contratos de estabilidad tributaria), motivo por el cual no se han recaudado US$ 1,890 millones en los últimos 6 años. Es necesario, por eso, “uniformizar” la ley minera. En el mismo programa el economista Miguel Palomino del IPE dijo que estaba a favor de una regalía progresiva que tenga en cuenta la rentabilidad, como en Chile, donde esta se aplica progresivamente a la utilidad operativa (ingresos menos costos), a diferencia de la peruana, que se aplica sobre el total de ingresos (lo que, de un lado, puede causar problemas cuando los precios son bajos y, de otro, no permite un ingreso tributario más adecuado cuando los precios suben).

Todas estas opiniones nos acercan a los esquemas de tributación de las industrias extractivas que se discuten hoy en el mundo.

Esquematizando, la cosa va más o menos así: en las industrias extractivas, la regalía y el impuesto no deben ser una tasa fija.

Deben aplicarse en función de la rentabilidad de la empresa: a medida que el accionista obtiene el retorno esperado de su inversión, los ingresos tributarios suben. Es el caso de la mina Pueblo Viejo de Barrick en República Dominicana. Allí se ha acordado que cuando se recupere la inversión y Pueblo Viejo obtenga una tasa interna de retorno del 10%, Barrick pagará al Estado una Participación en la Utilidad Neta de 28.75%. De esta manera, la participación del Estado en los flujos netos del proyecto llegaría al 50% (“Pueblo Viejo, contrato nuevo”, 02/11/09, www.cristaldemira.com).

Pareciera, por tanto, que poco a poco estos planteamientos van cobrando fuerza, como sucedió en Chile, donde las 10 más grandes empresas mineras (el Grupo de los 10) aceptaron adelantar el pago de regalías más altas. Muchas de esas empresas también están en el Perú y, por tanto, conocen bien el tema.

Saben que eso proporciona estabilidad en el largo plazo, porque “lo que es justo, es justo”. De lo que se trata, por tanto es de tener la voluntad política de avanzar en esa dirección, ya que ninguna empresa le va a tocar la puerta a la Sunat para decirle: “quiero pagar más impuestos”. Esa voluntad no la ha tenido el actual gobierno pero sí debe tenerla el nuevo gobierno que se elija en abril (volveremos sobre los programas de los partidos). El fondo de la cuestión, para el Estado y para todos los peruanos, es, de un lado, cómo hacer para que la minería contribuya al desarrollo sostenible y, de otro, cuáles son las políticas (económicas, sociales, de diversificación de la base productiva) que el Estado va a poner en marcha para lograr que los ingresos extraordinarios de los recursos naturales propios del siglo XIX financien el Perú del siglo XXI. ¿No es cierto?

Diario La República-Lima 21/02/2011





18 de febrero de 2011

NATIVOS PIDEN DEROGAR DECRETOS DE URGENCIA


Los decretos de urgencia 001 y 002 deben ser derogados en su totalidad y no parcialmente, planteó Jaime Corisepa Neri, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad).

“Yo creo que debe ser importante que esos decretos se deroguen totalmente y no en parte como ha hecho el gobierno, puesto que atentan contra los intereses de la soberanía nacional y ponen en peligro nuestro medioambiente. Si bien la derogación de este decreto es un avance, debemos seguir trabajando y exhortando al gobierno para su final eliminación”, señaló.

Diario La Primera-Lima 18/02/2011





17 de febrero de 2011

ELIMINAN FACILIDADES AMBIENTALES


Salida. consejo de ministros cedió a medias ante queja masiva por decretos. Tras pedido de los presidentes regionales, el Ejecutivo eliminó los artículos que abogaban por realizar estudios previos a la ejecución de las obras.

El Consejo de Ministros aprobó la derogación de las facilidades en materia ambiental de los proyectos de infraestructura que fueron priorizados en el Decreto de Urgencia (DU) 001 el pasado 18 de enero.

De esta forma, el Ejecutivo tomó en cuenta las voces de los presidentes regionales del país y varios agentes de la amazonía que hace unos días sentaron su posición contra los dispositivos y reclamaron a las autoridades un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para la concesión de los citados 30 proyectos, que más tarde sumarían 33 con el DU 002.

Lo que se elimina de la norma

A su salida del Consejo de Ministros, el titular de la Producción, Jorge Villasante, explicó que la parte derogada del DU 001-2011 es la correspondiente al punto 5.3 que eximía de la presentación de estas certificaciones ambientales previas al inicio de la ejecución de los proyectos de inversión.

Sin embargo, Villasante aclaró que la norma tal cual estaba en vigencia permitía que los EIA sean exigidos al momento de ejecución de las obras y no se eliminaba la presentación de estos.

Centrales con estudios

Detalló que en la reunión con los presidentes regionales se aclaró que la inclusión del proceso de subasta de centrales hidroeléctricas por un total de 500 megavatios (Mw) entre los proyectos priorizados no permitirá que se ejecute alguna central sin sus respectivos estudios.

“Se pensaba que con el decreto de urgencia se metía de contrabando a algunas centrales que no iban a contar con EIA o con ningún otro requisito, pero eso no es cierto”, expresó.

La subasta debe ser realizada por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) para satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica.

Saludan la medida

La parlamentaria Elizabeth León, ex presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, saludó la decisión del Consejo de Ministros de derogar parcialmente los DU.

“Durante estas últimas semanas hemos venido exigiendo al Gobierno la derogación de estos decretos; sin embargo, saludo el trabajo que han venido haciendo permanentemente los presidentes regionales, que han logrado que hoy la PCM derogue parcialmente dicho decreto”, aseveró.

De igual forma, sostuvo que vigilarán que el Ejecutivo no afecte directamente a los pueblos indígenas, ya que deben ser consultados para evitar conflictos sociales y migraciones a otras zonas.

Por su parte Mariano Castro, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), saludó esta derogación, aunque sostuvo que es aún necesario mejorar y fortalecer la regulación ambiental.

“Otra de las cosas que debía recuperar el Gobierno es la buena práctica de prepublicar las normas con tiempo para que no ocurran este tipo de situaciones”, expresó.

Un pequeño paso en el camino de la derogación...

Hace un mes se aprobó el polémico DU 001 (que se implementaría poco después con el DU 002) para llegar a un total de 33 megaproyectos de infraestructura que se otorgaban ‘al caballazo’ y sin los requisitos constitucionales necesarios. Tras el aluvión de críticas de la mayoría de los sectores de la sociedad peruana, el Ejecutivo da a torcer su mano para derogar las facilidades medioambientales y pedir, de esta forma, un estudio previo de impacto ambiental.

Según el congresista de la bancada nacionalista Daniel Abugattás, esta derogación es una “falsa total”, pues la ilegalidad de los DU está en su inconstitucionalidad y no en sus medidas ambientales. Agregó que esta medida es una “cortina de humo” para intentar acallar algunas voces que se oponen frontalmente a la derogación total de estos decretos.

Diario La República-Lima 17/02/2011






16 de febrero de 2011

PREMIAN OPERACIÓN DIABLO EN BERLÍN


Operación Diablo. Documental del padre Marco Arana recibió el The Internacional Human Rights Film.




El documental peruano “Operación Diablo”, dirigido y producido por Stephanie Boy y protagonizado por el padre Marco Arana, ganó el premio The International Human Rights Film Award, otorgado por la fundación Cinema for Peace (Cinema por la Paz) de Alemania, en un evento paralelo al Festival de Cine de Berlín.

El premio fue entregado al mismo padre de manos de Bianca Jagger, ex esposa de Mick Jagger, conocida activista que en el 2000 participó dentro de una misión de observadores de las elecciones presidenciales de Alberto Fujimori. Durante su discurso, Marco Arana pidió a la Corte Internacional de los DDHH en La Haya que de una vez empiece a procesar crímenes ambientales cometidos por las empresas transnacionales.

“Para él fue toda una sorpresa esta distinción y dijo que este premio será un reto para continuar ayudando a los campesinos de Cajamarca y Piura en su lucha contra las transnacionales mineras”, contó a Fama la directora del filme, Stephanie Boyd.

“Ahora, esperamos que el Festival de Cine se interese en mostrar el documental aquí en el Perú, donde aún no se ha visto”, añadió Boyd.

“Operación Diablo” narra la persecución del padre Marco Arana por una poderosa minera sudamericana que lo ha apodado “El Diablo”, por defender los derechos de las comunidades.

Diario La República-Lima 16/02/2011





TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SE LAVA LAS MANOS EN CASO DE ALTO PERÚ


Un año 7 meses, una semana 6 días han tardado los miembros del Tribunal Constitucional de la República (TCR) en dar el fallo del caso de las 248 Lagunas de Alto Perú, el que fue visto el 27 de abril del 2009 en Arequipa que según ley debería darse en un termino no mayor de 10 días y recién el 10 de Diciembre del 2010 emiten una resolución extraordinaria a las dos del poder judicial y ordenándole que se admita la demanda contra la Municipalidad Provincial de San Pablo, a fin de entregar el agua para minería y dejar a muerte lenta a importantes valles del Jequetepeque, Llaucano, Cajamarca y parte del Marañón.

Se lee en su resolución con el voto en mayoría de los magistrados Masías Ramírez y Beaumont Callirgos, el voto en discordia del magistrado Eto Cruz, y el voto dirimente del Magistrado Calle Haye, que se agregan REVOCAR la resolución apelada y ordenar al juez de primera instancia que proceda a admitir la demanda y la resuelva dentro de los plazos establecidos.

La Asociación de San Pablinos y el Frente de Defensa de las Lagunas del Alto Perú consideramos y respetamos su resolución de este organismo tan importante que se formó para administrar justicia en beneficio de los peruanos, pero no estamos de acuerdo con la forma tan descabellada que insultan, no solo al Poder Judicial sino a millones de moradores que viven del líquido elemento en el norte del Perú y aún más estos elementos se lavan las manos como Pilatos dejando nuevamente al poder judicial sea el que dictamine la resolución por tercera vez. Estamos más que seguros que los ilustres magistrados del PJ. Darán un fallo positivo, de acuerdo a ley, sabiendo que el agua primero para el ser humano, luego para los animales, plantas y si sobra, para las industrias extractivas.

Alguien que postule a ser Autoridad Nacional, primero debería ser evaluado sobre la realidad del país muchos de estos personajes que se jactan de tener maestrías, diplomados y doctorados en universidades del extranjero, llegan a ocupar cargos muy importantes dentro de las instituciones de nuestra patria, sin conocer su realidad, dejando mucho que desear y al final manchan a las instituciones otorgando resoluciones injustas

Por éste motivo señores del TCR. Visiten al Perú, conozcan el Perú y verán el verdadero valor de la tierra de los incas y porsiacaso el 22 de marzo en el día mundial del agua, será un día muy especial en este hermoso paisaje andino donde rendiremos homenaje a nuestras venditas lagunas cristalinas y que hermoso hubiese sido tener la presencia de Uds. A fin de brindar en vaso de oro la pureza de las aguas cristalinas que guardan las 284 lagunas de Alto Perú

Diario El Mercurio-Cajamarca 16/02/2011






“EL EJECUTIVO USURPA ROL LEGISLATIVO CON DU”


Entrevista/Juan Carlos Ruiz Molleda. Abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) exigió al Congreso mayor control político y sostuvo que los Decretos de Urgencia 001 y 002 tienen “vicio de nulidad”.

¿Qué problemas encuentra en los discutidos Decretos de Urgencia (DU) 001 y 002?
En principio, el Ejecutivo sólo puede legislar mediante DU y Decretos Legislativos, pero siempre y cuando se cumplan requisitos de excepcionalidad. En los DU 001 y 002 no está justificada la situación extraordinaria y excepcional. Tampoco hay algo imprevisible como dice la Constitución. Y los DU no abordan asuntos económicos y financieros, sino de materia ambiental. Lo que quiere el Gobierno es tapar su falta de capacidad de gestión en los proyectos. Está vaciando de contenido la idea de los DU.

¿El Congreso debería pronunciarse al respecto?
El Congreso está abdicando de sus funciones, porque el Ejecutivo está usurpando facultades legislativas al no cumplir los requisitos con los DU. Y el Reglamento del Congreso dice que éste tiene la obligación de ejercer control.

¿Debe derogarlos inmediatamente?
El art. 46 de la Constitución lo dice: “Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas” y “nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes”. Estos DU tienen un vicio de nulidad. Están heridos de muerte.

¿Qué requisitos de fondo se incumplen?
El derecho a la consulta y la desnaturalización de los Estudios de Impacto Ambiental. Para que una comunidad opine sobre una determinada decisión, primero debe saber cuál es el impacto en el medio ambiente, y no después, cuando ya está tomada la decisión, tal como pretenden estos DU. Están liquidando el derecho a la consulta, escrito en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.

¿Qué otros derechos está jaqueando el Gobierno?
Dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los pueblos indígenas tienen derecho a la delimitación, la demarcación y la titulación de los territorios que utilicen. Es decir: hay la obligación de no disponer de las tierras donde viven ellos si no están tituladas. Y no existe eso en los DU.

Entonces, ¿qué hay detrás de toda esta problemática?
Se están creando beneficios para un grupo de empresarios de manera injustificada. Además, lo expide un gobierno que está de salida. Eso genera cierta suspicacia y arroja un manto de duda y de sospecha sobre la transparencia. Normas tan delicadas no pueden ser discutidas entre cuatro paredes.

“El Gobierno evidencia mal uso de los DU”

¿Existe un plan entreguista al aplicar constantemente DU?
Es una mala costumbre que viene desde los 80’. En materia de cantidad, si sumamos los DU y los Decretos Legislativos, y los comparamos con las leyes, existen más normas con rango de ley del Ejecutivo que del Congreso. Y en materia de calidad, muchas de las leyes del Congreso son fe de erratas, mientras que las leyes del Ejecutivo son mucho más desarrolladas. Es decir: hay una usurpación de facultades legislativas, y el Congreso no es capaz de defender su fuero.

La ministra de Justicia ha propuesto reemplazar los DU por un “marco normativo”.

¿Qué le parece la idea?
Está evidenciando que no hay nada excepcional para recurrir a los DU, porque lo que pretenden es hacer una norma permanente, y los DU son transitorios.

Diario La República-Lima 16/02/2011





15 de febrero de 2011

EXIGEN QUE EL EJECUTIVO DEROGUE DU


DEBATE. Presidentes de los Gobiernos regionales ratificaron su posición. Las propuestas de las regiones serán debatidas este miércoles en el Consejo de Ministros. Se reemplazarían los DU por proyectos de ley.

La posición de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ante los Decretos de Urgencia (DU) 001 y 002 es inquebrantable: deben ser derogados. Ese fue el descargo que presentaron ante autoridades del Poder Ejecutivo en una reunión realizada ayer por iniciativa de la ministra de Justicia, Rosario Fernández.

Esta decisión no hizo más que ratificar lo que el 1º de febrero anunció Vladimir Cerrón, el titular de dicha Asamblea y presidente de la región Junín, el mismo que informó ayer que más de 20 de sus colegas están a favor de la derogatoria, mientras que el resto apuesta por una modificatoria de los DU, la cual consiste en incluir otros proyectos en la agenda del gobierno aparte de los 33 priorizados en los citados decretos.

Ante esta situación, la ministra Fernández anunció que este miércoles dichas propuestas serán llevadas al Consejo de Ministros, donde tomarán parte del destino de los controvertidos DU, aunque detalló una posible salida: “Quizá (las propuestas) nos puedan llevar a modificar las normas, más bien para reemplazarlas por proyectos de ley, prepublicados, y que recojan mayor votación (...) y se acelere la realización de los proyectos necesarios para cada región”.

Más vínculo con las regiones
Esta respuesta de la ministra de Justicia fue en vista de las exigencias de la defensora del Pueblo Beatriz Merino, quien propuso enfocar la problemática en tres puntos esenciales: 1) establecer un mecanismo de coordinación permanente entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales; 2) prepublicar las normas para someterlas a debate público; y 3) considerar las implicancias sociales y prevenirlas.

Asimismo, Merino recalcó la importancia de fortalecer el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental para que no sea considerado un mero requisito administrativo, sino un instrumento a favor de la sostenibilidad, la prosperidad y la convivencia pacífica.

En la reunión también participaron el ministro de la Producción, el ministro del Ambiente, trece presidentes regionales y representantes del sector privado y la Conferencia Episcopal.

Más razones en contra
Por otro lado, Fausto Alvarado –vocero de Perú Posible y ex ministro de Justicia– aseveró que los autores de los DU no solo tienen responsabilidad política por infringir la Constitución, sino también penal por propiciar actos delictivos.

Decretos inconstitucionales
Vladimir Cerrón propuso ante la mesa de discusión que se incluyera a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales en el organigrama del Estado para que así sus opiniones tengan un carácter vinculante.

Ante las preguntas sobre la inconstitucionalidad de los DU, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, prefirió callar, alegando que la reunión no era un debate de temas jurídicos.

El ministro del Ambiente, Antonio Brack, escuetamente respondió que siguen vigentes los Estudios de Impacto Ambiental, y agregó que se ha malentendido los procesos de cuándo se deben ejecutar.

Diario La República-Lima 15/02/2011





DENUNCIAN A ELECTRO ORIENTE POR DERRAME


Como es de conocimiento público, la semana pasada el alcalde de Punchana junto a otras autoridades se constituyeron al puerto Ganzo Azul (río Itaya) para evaluar y coordinar las acciones inmediatas, a fin de constatar el derrame del petróleo residual. El alcalde de Punchana y el director regional de energía y Minas, solicitaron el apoyo de la empresa PetroPerú para articular acciones de contención inmediatas, colocando una barrera de 150 metros para impedir que la contaminación se expanda al río Amazonas, así como realizar el posterior recojo de las especies acuáticas contaminadas.

En tal sentido, el alcalde de Punchada denunció ante el Ministerio Público a la empresa Electro Oriente por los delitos contra la ecología – recursos naturales y el medio ambiente, afin de que el Poder Judicial determine las responsabilidades.

Diario La Primera-Lima 15/02/2011





14 de febrero de 2011

GRUPO TECNICO DEL AGUA HUANCAVELICA CUESTIONA PROYECTO CHOCLOCOCHA


Servindi, 14 de febrero, 2011.- El Grupo Técnico Regional del Agua de Huancavelica (GTRAH) emitió un pronunciamiento en el que cuestiona el proyecto hídrico de Choclococha que es uno de los que estaba comprendido en el Decreto de Urgencia 001.

El Proyecto Choclococha Desarrollado comprende la Construcción de la Presa El Tambo, la construcción del canal colector Ingahuasi y la refacción de obras existentes.
Pronunciamiento

Los miembros del Grupo Técnico Regional del Agua de Huancavelica (GTRAH), conformada por instituciones públicas y privadas preocupadas por gestión integral del recurso hídrico, nos dirigimos a la opinión pública local y nacional, para cuestionar la expedición de los Decretos de Urgencia Nº 01-2011 de fecha 18-01-2011 y el D.S. 02-2011 de fecha 20-01-2011 respectivamente, que declaran de “interés nacional” la ejecución de una serie de obras, entre ellas el Proyecto Choclococha Desarrollado, el mismo que comprende la Construcción de la Presa El Tambo, Construcción del Canal Colector Ingahuasi” y la Refacción de Obras Existentes, todos estos en la jurisdicción de las comunidades campesinas de la provincia de Huaytará-Huancavelica. Consideramos que el exonerar a estos proyectos del requisito previo de la certificación ambiental para la obtención de autorizaciones administrativas de carácter sectorial, vulnera derechos fundamentales de las comunidades campesinas, como el de la consulta previa y la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.
1.- Antecedentes:

El Proyecto de Canal de Trasvase Choclococha, que ya viene funcionando hace más de 50 años y se encuentra en territorio huancavelicano, nunca contó, ni cuenta en perspectiva con un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, el mismo que permitiría la remediación e indemnización por los daños ocasionados en los bofedales, el movimiento de tierras, el impacto en el hábitat alpaquero y los problemas sociales generados y persistentes en perjuicio de las comunidades altoandinas de Huaytará y Castrovirreyna, cabeceras de las cuencas que proveen agua para la Costa.

Las comunidades campesinas de Huancavelica, encabezadas por la comunidad de Carhuancho, han reiterado en muchas oportunidades las razones de su oposición a cualquier proyecto futuro que afecten sus intereses, principalmente que afecten su supervivencia y desarrollo económico y social.

El pretendido Proyecto Colector Ingahuasi, que fuera impulsado por el PETACC en el 2003, tuvo el rechazo definitivo desde Huancavelica debido a que se gestó y se presentó sin el requisito de una licencia social, e incluso sin la presentación de los Estudios de Impacto Ambiental, respectivos.

Este último fue motivo de observación por el propio Ministerio de Agricultura y del Ministerio del Medio Ambiente, quienes objetaron la continuidad de la gestión del Colector Ingahuasi. Este caso fue elevado como queja al Tribunal Latinoamericano del Agua que dio razón a los reclamos de la comunidad campesina de Carhuancho, además de recomendaciones explicitas como el respeto a los derechos de las comunidades campesinas y la consideración especial por tratarse de comunidades con autodeterminación que el Estado debe de proteger.

El Gobierno Regional de Ica y el PETACC en el año 2007, asumieron compromisos de respeto hacia las comunidades campesinas huancavelicanas, y con posibilidades de apertura de procesos de negociación bajo principios de respeto mutuo. Sin embargo, esto no ha estado ocurriendo, y una vez más, de manera poco transparentes han continuado desarrollando sus “lobbies” en el más alto nivel a fin de forzar la ejecución del Proyecto Choclococha Desarrollado y otros, dejando fuera de la negociación a los pueblos de Huancavelica en cuyo territorio se encuentran las cabeceras de los ríos hoy amenazados.
2. Derechos Vulnerados:

La emisión de los DU 001 y 002 -2011, que implican los proyectos pretendidos por Ica, tanto la Central Hidroeléctrica El Tambo, el Colector Ingahuasi, el Proyecto Choclococha Desarrollado, vulnera gravemente la institucionalidad democrática, la participación ciudadana, equidad social y nuestros derechos culturales. Esta misma norma transgrede las normas ambientales, las posibilidades de una gestión territorial y la formación de las futuras cuencas compartidas, amenaza latente de un conflicto no resuelto o haciéndolo de manera unilateral, nos da mucha desconfianza. Entonces para qué hemos invertido para tener una Ley de Recursos Hídricos, estándares de calidad ambiental, entre otros, si en un solo acto prepotente por demás, se opta por la imposición y dejando a unos ganadores y a otros perdedores, como siempre ha sido.

¿Cuál es la urgencia del actual gobierno para ejecutar estos megaproyectos, exonerando de requisitos que garantizan que se realicen respetando los derechos fundamentales de protección del medio ambiente y la obligada consulta de las comunidades campesinas?

Pero el más serio cuestionamiento se refiere a la declaración de “interés nacional” de estos proyectos, con fines de agilizar su construcción; entre ellas el proyecto del “Canal Colector Ingahuasi”, seriamente cuestionado en su diseño pues bordea los nevados y no permite que el agua discurra hacia las altiplanicies donde la Comunidad de Carhuancho y otras las utilizan en su principal y casi única fuente de ingresos, como es la crianza de alpacas. Aquí también identificamos otra contradicción ya que la producción alpaquera ha sido identificada como uno de los potenciales de la región en el Plan de competitividad. Por tanto, es evidente que esta obra sólo responde al interés de grupos, por una lado los productores y por otro los contratistas de las obras, negando y excluyendo el derecho de estas comunidades al agua para su actividad económica principal.

Instituciones defensoras de los derechos humanos públicas y privadas a nivel nacional, incluyendo la Defensoría del Pueblo; medios de comunicación serios se han pronunciado en contra de estos Decretos de Urgencia, por no cumplir los requisitos formales para la expedición de este tipo normas como se ha explicado líneas arriba, y además por vulnerar derechos fundamentales como es el derecho a un medio ambiente adecuado al desarrollo de la vida, previsto en el artículo 2 inc. 22º de la Constitución Política y el derecho a la consulta garantizado por el artículo 6º del Convenio Nº 169 de la OIT. Además la Defensoría del Pueblo ha exhortado al Congreso de la República a ejercer las facultades de control de la constitucionalidad para que derogue estas normas.
3.- Nuestra Propuesta

Pero, si el gobierno central insiste, pese a las críticas a ejecutar estas obras, no habrá más remedio que interponer acciones de inconstitucionalidad contra estos Decretos Supremos, para evitar se haga irremediable los perjuicios, por ello invocamos a los Congresistas Huancavelicanos, al Gobierno Regional de Huancavelica y al Consejo Regional de Huancavelica que se reúna y acuerde interponer estos procesos, que para ello están facultados. Mientras ello, todas las fuerzas vivas, lideradas por sus autoridades deben emitir cartas dirigidas al Gobierno Central, condenando estas actitudes unilaterales y nada democráticas, exigiendo la derogatoria de los Decretos de Urgencia que atentan la dignidad de Huancavelica, en particular.

Servindi-Lima 14/02/2011





12 de febrero de 2011

DOS FILMES PERUANOS EN BERLIN
Las malas intenciones y Operación Diablo


Una tendrá hoy su premier mundial, y la otra trata sobre el sacerdote Marco Arana y su lucha contra las mineras.


Dos películas peruanas se lucirán en los entretelones del Festival de Berlín este año.

La primera es la ópera prima de Rosario García-Montero: Las malas intenciones (The Bad Intentions), cuya premier mundial será hoy dentro de la Berlinale, en la sección Generation Kplus.


Este filme es protagonizado por la pequeña actriz Fátima Buntix, quien interpreta a una niña de 9 años que ha creado un mundo de fantasía habitado por todos los héroes nacionales que conoció en sus clases de Historia. Con ella participan, entre otros, Pietro Sibille (como Alfonso Ugarte) y Nicolás Fantinato (como Miguel Grau).


La segunda es el documental titulado Operación Diablo y postula por el premio The International Human Rights Film Award, otorgado por la fundación Cinema for Peace (Cinema por la Paz) de Alemania en un evento paralelo al Festival de Cine de Berlín a los activistas.


“El Diablo” sacerdote

Dirigido y producido por Stephanie Boyd, Operación Diablo narra la persecución del padre Marco Arana por una poderosa minera sudamericana que lo ha apodado “El Diablo” por defender los derechos de las comunidades.

El padre Marco Arana partirá hoy a Berlín para asistir a la ceremonia de premiación que será este 14 de febrero.


“Más allá de los premios, lo importante es que el cine mundial ya está reflejando la problemática de las comunidades latinoamericanas con las mineras, además de interactuar con tantos activistas del mundo.


“Es muy bueno que crezca la conciencia social en el mundo. El hecho de ser nominados ya es un aprecio por las causas justas y si ganamos le tocará al país ser el foco de la atención mundial”, señaló el sacerdote Arana.


El dato

Competidores. El padre Arana y Operación Diablo compite con los filmes Ayed Morrar, en Budrus, y Aung San Suu Kyi, con Aung San Suu Kyi.

Diario La República - Lima 12/02/2011





11 de febrero de 2011

INDÍGENAS UNEN FUERZAS PARA ENFRENTAR LA CONTAMINACIÓN PETROLERA


Hoy continúa el encuentro de bases que ha convocado la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipshca (Acodecospat), donde se abordará la problemática de la contaminación petrolera en los territorios de los pueblos originarios de la zona.

El encuentro de tres días –del 10 al 12 de febrero- busca generar propuestas que permitan afrontar la contaminación de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón, y por ende Amazonas, que han sido contaminados por la actividad petrolera desde hace más de 40 años.

Se anunció la presencia de los abogados Jorge Tacuri y Vladimir Pinto del Programa de Defensa de los Pueblos Indígenas.

Además de las bases de Acodecospat, se ha previsto que asistan diversas organizaciones indígenas como la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), la Federación de comunidades nativas del río Corrientes (Feconaco), y la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Perené (Feconabat).

El evento se realiza en la comunidad nativa de Solterito y para el 12 de febrero está prevista una conferencia de prensa en la ciudad de Nauta donde se anunciarán los acuerdos de las bases indígenas.

Servindi-Lima 11.02.2011





NATIVOS RECLAMAN DIÁLOGO REAL


Reclamo. Desacuerdo por ley forestal. Abandonan masivamente sesión informativa al considerar que aprobación de ley es apresurada.

Indígenas de la Federación Nativa del Río Madre de Dios (Fenamad) abandonaron masivamente la sesión informativa sobre Ley Forestal y Fauna Silvestre organizada por la Comisión Agraria del Congreso de la República, al estar en desacuerdo con el método que se sigue para su aprobación.

Los dirigentes consideraron que no solo hay apresuramiento para sancionar la ley, sino información poco clara y no transparente. Solicitaron que sea aprobada en el próximo gobierno y en mejores condiciones de información.

Diario La República-Lima 11.02.2011





¿Y POR QUÉ NO SUBIR IMPUESTOS A LOS RICOS?


La rebaja del IGV del 19 al 18% del PBI, aprobada ayer por el Congreso por un pedido del Ejecutivo, es una medida positiva pues el IGV es un impuesto indirecto que grava a todos los peruanos en general, pero que proporcionalmente grava más a los pobres.
Esto porque los pobres destinan una proporción mucho mayor de sus salarios a la compra de bienes gravados con IGV, mientras que esa misma proporción es mucho menor para las clases altas ya que sus salarios son 7 a 8 veces superiores.

Ahora bien, todo esto es en la teoría porque en el Perú sabemos que las rebajas de los impuestos casi no llegan a los consumidores debido al carácter oligopólico de los mercados (están concentrados en pocas empresas). El gobierno ha dicho que desea combatir la “inflación importada”. Pero ya sabemos que las alzas de precios internacionales no se combaten con rebaja de impuestos, lo que ya ha sido demostrado con las rebajas de aranceles, que tuvieron un impacto nulo en los precios de los productos, siendo el caso de las medicinas la demostración más flagrante de este “engañamuchachos”.

La cuestión clave es que el gobierno dice que esta baja del IGV no afectará los ingresos tributarios porque “el país está creciendo y eso mejorará la recaudación de todas maneras”. O, lo que es lo mismo, se nos dice que la recaudación es adecuada y que no se necesita subir impuestos sino bajarlos.

Eso no es así porque en el Perú la presión tributaria es una de las más bajas de América Latina, ya que solo llegó al 15% del PBI en el 2010 mientras que el promedio de la Región es 17%. Agreguemos que estamos en 15% debido a los altos precios de los minerales, ya que en el 2009 –cuando bajaron– la recaudación tributaria solo llegó al 13.6% del PBI. Ese es su nivel “normal”.
Por eso el Acuerdo Nacional, en el 2002-2003, planteó que la presión tributaria debiera llegar, progresivamente, al 18% del PBI para atender las necesidades de inversión en salud, educación, infraestructura que necesitan los peruanos. Para eso se necesita una reforma tributaria integral que –ya sabemos– “se promete pero no se cumple”.

Lo coherente hubiera sido que el gobierno diga: bajamos el IGV (impuesto indirecto que afecta a los más pobres) al mismo tiempo que subimos los impuestos directos, que gravan más a los que más tienen.

Recordemos que la estructura tributaria en el Perú (y en América Latina) recauda más con impuestos indirectos que con directos. Lo contrario sucede en EEUU y Europa donde la recaudación por impuestos directos (a la renta y al patrimonio) es mucho mayor. Por eso, nuestra estructura tributaria es considerada regresiva.

Muchas cosas se pueden hacer para elevar los impuestos directos: una es eliminar las exoneraciones tributarias al sector financiero y al minero. Otra es combatir la evasión al impuesto a la renta. Dice el Centro Internacional de Administración Tributaria (CIAT) que en el Perú la recaudación del impuesto a la renta debiera ser el 10.2% del PBI pero que solo llega al 4.9%, lo que nos da una tasa de evasión del 51%.

Otra, tanto o más importante, es el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras, algo que este gobierno planteó en el 2006 pero después dejó de lado.

Así, se puede concluir que esta rebaja del IGV tiene un claro tinte político: de un lado, golpear a Toledo (diciendo que fue su gobierno el que lo subió a 19%) y, de otro, sacar del debate político la reforma tributaria integral (que incluye el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras) porque “la recaudación es adecuada”. García a las andadas, otra vez. Qué les parece.

Diaria La República-Lima 11.02.2011





10 de febrero de 2011

IDL, SPDA Y OBISPOS AMAZÓNICOS EXIGEN DEROGAR DE INMEDIATO DECRETOS DE URGENCIA


El Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), exigieron la inmediata derogatoria de los cuestionados Decretos de Urgencia Nº 001-2011 y 002-2011 por considerarlos inconstitucionales y vulnerar gravemente los cuidados ambientales.

Mediante un comunicado ambas instituciones reiteran su crítica a dichas normas expedidas por el poder ejecutivo y se suman a la lista de organizaciones de la sociedad civil y académicas, Defensoría del Pueblo, parlamentarios y líderes políticos, que han realizado el mismo pedido.

Los decretos son inconstitucionales por que no han cumplido los requisitos exigidos por la Constitución Política (art. N° 118.19), el Reglamento del Congreso (art. N° 91) y la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional sobre decretos de urgencia.

Además, han desnaturalizado la gestión de los estudios de impacto ambiental (EIA) “al eliminar el requisito de la certificación ambiental para una gama de autorizaciones administrativas relacionadas con los varios tipos de proyectos de inversión.”
Cuidar la casa de todos

El Presidente de la Conferencia Episcopal y los Obispos de los Vicariatos Apostólicos de la Amazonía Peruana también expresaron su preocupación por que los decretos de urgencia “puedan convertir la exigencia de los estudios de impacto ambiental en un requisito administrativo no obligatorio”.

Señalaron que los estudios de impacto ambiental son un “requisito fundamental para toda actividad extractiva y energética, a fin de conocer las graves consecuencias que un mal manejo ambiental podría tener para la población y nuestra diversidad de ecosistemas”.

Recordaron que en su calidad de pastores han mediado en muchos conflictos entre las comunidades y el Estado, en los que “el que más pierde es el más pobre, cuya marginación es clamorosa”.

Por ese motivo afirman que es tarea de la Iglesia “cuidar la casa común, pues los recursos naturales se pueden agotar y corremos el riesgo de administrar miseria, llanto y desolación.”

“SUSPENSIÓN” TEMPORAL
Ante la ola de críticas de diversos sectores de la opinión pública el gobierno anunció ayer que la aplicación de los decretos de urgencia ha quedado de momento suspendida, mientras esperan reunirse de inmediato con los presidentes regionales, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Miguel Cabrejos, y la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino.

Rosario Fernández, ministra de Justicia informó que la decisión se tomó ayer en sesión de Consejo de Ministros porque “lo justo es que los presidentes de esas regiones sean escuchados, que nos alcancen sus pareceres, opiniones, intenciones y sus apreciaciones sobre el tema” y dejó abierta la posibilidad de que los decretos sean anulados.

Fernández dijo esperar que las reuniones no demoren más de algunos días porque esperan conversar “de manera profesional y conciliadora”.


GOBIERNO O CONGRESO DEBEN DEROGAR DECRETOS DE URGENCIA INCONSTITUCIONALES
Frente a los Decretos de Urgencia Nº 001-2011 y 002-2011 que reducen requisitos y procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, así como otras obligaciones aplicables a más de 33 proyectos, consideramos necesario señalar lo siguiente:

1. Valoramos la importancia de la inversión privada pero las medidas promotoras de esta inversión no deben afectar el orden constitucional, los derechos fundamentales ni la sostenibilidad ambiental tal como, lamentablemente, ha ocurrido con los Decretos de Urgencia, DU, N° 001-2011 y N° 002-2011.

2. Estas normas del Poder Ejecutivo son inconstitucionales porque los DU:

a) no están habilitados para regular en materia ambiental,

b) no han acreditado la situación excepcional ni extraordinaria,

c) no han justificado la necesidad de actuar en forma urgente, pues el procedimiento de ejecución ordinario de ejecución de los proyectos señalados en los referidos DU no genera algún daño o perjuicio a la economía del país,

d) no han acreditado la existencia de un interés nacional para cada uno de los proyectos señalados,

e) no aseguran la vigencia del derecho constitucional a la consulta previa de los pueblos indígenas contenido en el Convenio 169 de la OIT y desarrollado por la sentencia del Tribunal Constitucional 00022-2009-PI/TC.

Es decir, los DU han incumplido los requisitos exigidos por la Constitución Política (art. N° 118.19), el Reglamento del Congreso (art. N° 91) y la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional (exp. Nº 0008-2003-AI/TC, f.j. 59 y 60; Nº 0007-2009-PI/TC, f.j 9 y 10; y Nº 0025-2008-PI/TC, f.j 6).

3. Al establecer los DU que las certificaciones ambientales ya “no serán requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial, otorgadas por dichas entidades, para el ejercicio de las actividades económicas materia del proyecto adjudicado”, se desnaturalizan características básicas de la evaluación de impacto ambiental, EIA, de los proyectos de inversión, tales como:

a) que la EIA debe ser entendida como un proceso de advertencia temprana a través del que se debe identificar, reducir y controlar los impactos negativos derivados de la aplicación de los proyectos y actividades;

b) para que la EIA surta efecto, es necesario que sus hallazgos, análisis y recomendaciones ambientales y sociales se incorporen oportuna y preventivamente en el planeamiento y gestión de los proyectos de inversión.

La certificación ambiental es una resolución administrativa con la que la autoridad aprueba el estudio de impacto ambiental incluyendo las obligaciones de prevención, reducción, corrección y manejo de los efectos ambientales que se generen con la obra o actividad autorizada. Por ello, los DU desnaturalizan la gestión de las EIA al eliminar el requisito de la certificación ambiental para una gama de autorizaciones administrativas relacionadas con los varios tipos de proyectos de inversión considerados en los DU.

Es decir, tal como lo ha destacado la Defensoría del Pueblo con los cambios introducidos por los DU,

“la certificación ambiental ya no será un requisito previo para obtener una licencia de uso de agua –vinculada con alguno de los más de 33 proyectos–, conforme lo establece la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, art. 54º, inc. 5. Ni tampoco será necesario contar antes con la certificación ambiental para otorgar una concesión definitiva para la generación de energía hidroeléctrica, tal como lo señala el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas”.

Los EIA no deben ser entendidas como un mero trámite, y deben ser parte de una regulación ambiental más autónoma, creíble y, además, deben ser aplicadas con una responsable participación ciudadana así como una efectiva coordinación entre los sectores involucrados.

4. En los últimos días, diversos medios de comunicación nacional y regional, líderes polítcos, organizaciones académicas, diversas organizaciones de la sociedad civil la Iglesia Católica (Obispos de la Amazonía), algunos parlamentarios y, muy especialmente, la Defensoría del Pueblo, han cuestionado estos DU y han solicitado al Gobierno que se rectifique.

5. Los firmantes coincidimos por los fundamentos expuestos, solicitar al Gobierno y al Congreso de la República que escuchen estos serios cuestionamientos y que de manera inmediata deroguen estos Decretos de Urgencia Nº 001-2011 y 002-2011, por resultar manifiestamente inconstitucionales.

Lima, 9 de Febrero del 2011

Instituto de Defensa Legal (IDL)

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)


CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA: CUIDAR LA CASA DE TODOS
Invocación del Presidente de la Conferencia Episcopal y de los Obispos de los Vicariatos Apostólicos de la Amazonía Peruana

Hermanas y hermanos, como pastores de la Iglesia Católica, hacemos nuestra la gran preocupación suscitada por la reciente publicación de los Decretos de Urgencia N° 001–2011 y N° 002–2011, por parte del Poder Ejecutivo, en base a las facultades extraordinarias que le otorga la Constitución, a través de los cuales se dictan disposiciones especiales para facilitar la aplicación de 33 proyectos de inversión en nuestro país. Estos decretos de urgencia están destinados a exonerar del estudio de impacto ambiental a estos proyectos de inversión como requisito previo para la obtención de autorizaciones administrativas.

La Iglesia, como Madre y Maestra, jamás estará en contra de todo aquello que suponga sumar esfuerzos para alcanzar el bienestar de peruanos y peruanas. Es tarea nuestra -como nos lo han recordado nuestros hermanos del Episcopado Latinoamericano y Caribeño en Aparecida- cuidar la casa común, pues los recursos naturales se pueden agotar y corremos el riesgo de administrar miseria, llanto y desolación (Aparecida, 474).

La respuesta que damos se debe a la insistencia de numerosos fieles sobre la necesidad de los estudios de impacto ambiental, requisito fundamental para toda actividad extractiva y energética, a fin de conocer las graves consecuencias que un mal manejo ambiental podría tener para la población y nuestra diversidad de ecosistemas.

En los últimos años, como pastores hemos asistido a distintas solicitudes de mediación entre las comunidades y el Estado, a fin de evitar situaciones de violencia producto de la agudización de los conflictos sociales. En ellos, quien más pierde es el más pobre, cuya marginación es clamorosa.

Sabemos que desde el mes de diciembre pasado, hay más de 200 conflictos sociales, la tercera parte de ellos vinculados al manejo del agua y recursos hídricos. Es preocupante que estos decretos puedan convertir la exigencia de los estudios de impacto ambiental en un requisito administrativo no obligatorio.

El agua, el aire, la tierra, son elementos esenciales de esa naturaleza gratuita que Dios nos ha otorgado generosamente. Los conflictos sociales se pueden prevenir y evitar si actuamos a tiempo. El desarrollo requiere el respeto a nuestra tierra y su gente (Cfr. Populorum Progessio, 20). Si queremos la paz, cuidemos la creación, nos dijo el Papa Benedicto XVI en su mensaje del 1 de enero de 2010. Estamos comprometidos en esa tarea.

Lima, 4 de febrero de 2011

(Firmas del Presidente de la Conferencia Episcopal y de los obispos de los vicariatos apostólicos de la Amazonía peruana presentes en el IV Encuentro de la Pastoral Indígena)

* Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM., Arzobispo de Trujillo y Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
* Monseñor Gerardo Zerdin OFM., Obispo del Vicariato Apostólico de San Ramón
* Monseñor Francisco González OP., Obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado
* Monseñor José Luis Astigarraga CP., Obispo del Vicariato Apostólico de Yurimaguas
* Monseñor Santiago García de la Rasilla SJ., Obispo del Vicariato Apostólico de Jaén
* Monseñor Gaetano Galbusera SDB., Obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa
* Monseñor Alberto Campos OFM., Obispo del Vicariato Apostólico de San José del Amazonas
* Monseñor Juan Tomas Oliver, OFM., Obispo del Vicariato Apostólico de Requena

Servindi-Lima 10/02/2011





9 de febrero de 2011

JAENOS NIEGAN PERMISO A MINERA


Más de cien comuneros del distrito de Pomahuaca, en Jaén se reunieron convocados por el Burgomaestre, Filemón Recalde Reyes, para debatir el permiso social para la empresa minera Origen Group, donde los segundos dieron diferentes ponencias sobre los beneficios para la población.

Pese al refuerzo de Roberto Rosario Vidal, uno de los representantes de la minera, los asistentes, rechazaron el desarrollo de las actividades mineras, ya que no aceptaron las propuestas de los abogados de la empresa

Sin embargo, Valeriano Leonardo MONTENEGRO, Gobernador de Pomahuaca, ha señalado que las autoridades locales, reprogramarán una nueva reunión a fin de tratar nuevamente la licencia social para que Origen Group S.A.C. inicie sus actividades en esta comunidad de la provincia de Jaén en Cajamarca

A pesar de que el diálogo se extendió hasta altas horas de la noche los asistentes no llegaron a algún acuerdo

Diario El Mercurio-Cajamarca 09/02/2011





CONSEJO REGIONAL RESPALDÓ LA ZEE


El Consejo Regional de Cajamarca respaldó ayer por unanimidad el proceso de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) y declaró “infundada la solicitud de reconsideración interpuesta por los representantes legales de las empresas mineras que operan en la región Cajamarca contra la ZEE, aprobada mediante Ordenanza Regional Nº 018-2010-GRCAJ-CR”.

Como se conoce, la ZEE “es un proceso dinámico y flexible para la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio determinado, basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales”, según el Decreto Supremo Nº 087-2004-PCM que norma este proceso.

Se agrega que la ZEE “una vez aprobada se convierte en un instrumento técnico y orientador del uso sostenible de un territorio y de sus recursos naturales”.

Además “la finalidad es orientar la toma de decisiones sobre los mejores usos del territorio, considerando las necesidades de la población que la habita y en armonía con el ambiente”.

El proceso de ZEE Cajamarca se aprobó en sesión ordinaria del consejo regional el 03 de diciembre de 2010, mediante la Ordenanza Regional Nº 018-2010-GRCAJ-CR, proceso que se determina “a nivel macro del departamento de Cajamarca a escala 1:250,000, como un instrumento base para el ordenamiento y la planificación territorial; para la implementación de políticas de desarrollo, programas, proyectos de inversión pública y privada, que conlleven al logro del desarrollo sostenible del departamento”.

Tras la aprobación de la ZEE, el 17 de enero de 2011, a través de Juan Ramón Cragg del Grupo Norte, en nombre de las empresas mineras Yanacocha, Rio Tinto, Gold Fields La Cima, Lumina Copper, Coimolache, Colquirrumi, La Zanja, Angloamerican Michiquillay, presenta la solicitud de reconsideración contra la decisión tomada en el ZEE y aprobada mediante Ordenanza Regional No. 018-2010-GRCAJ-CR”.

Esta solicitud fue tratada por el Consejo Regional, estamento que aprobó el dictamen No. 001-2011-GR.CAJ-CR/COAJ-COP-COGAS con el que declara infundado en todos sus extremos la solicitud del Grupo Norte, tras escuchar la sustentación de los representantes de las empresas mineras, el levantamiento de observaciones e informe del equipo técnico ZEE-OT y evaluar y debatir el dictamen presentado por las comisiones ordinarias de Asuntos Jurídicos, Gestión Ambiental Sostenible y Planeamiento, el mismo que se sustenta en la opinión favorable de la dirección de Asesoría Jurídica.

El dictamen emitido por el consejo regional señala además que “los argumentos que sustentan la solicitud de reconsideración [del Grupo Norte] no inciden en el fondo del proceso de Zonificación Ecológica y Económica a nivel macro del departamento de Cajamarca; por lo que el proceso debe continuar, como base para el ordenamiento y la planificación territorial; para la implementación de políticas de desarrollo, programas, proyectos de inversión pública y privada, que conlleven al logro del desarrollo sostenible del mismo”.

El pleno del Consejo Regional también aprobó una moción presentada por el consejero por la provincia de Jaén, Elzer Elera López, en la que se acuerda “respaldar el proceso de la Zonificación Ecológica y Económica a nivel macro del departamento de Cajamarca” y “respaldar las acciones que viene realizando el Equipo Técnico Multidisciplinario encargado de realizar el proceso de Zonificación Ecológica, Económica y Ordenamiento Territorial del departamento de Cajamarca; acciones que permitirán alcanzar los objetivos y fines propuestos en procura del desarrollo regional”.

Diario El Mercurio-Cajamarca 09/02/2011





INACEPTABLE PRÓRROGA DEL ÓBOLO MINERO


Ayer la Sociedad de Minería planteó que se prolongue cinco años más (hasta el 2016) el “Programa de Solidaridad con el Pueblo”, popularmente conocido como óbolo minero. Consiste en que las empresas aporten el 3.75% de sus ingresos para que sean invertidos en las Regiones donde están situadas las minas. El óbolo no es un impuesto y su administración está a cargo de un comité en el cual la empresa es mayoritaria.

El óbolo nació en el 2006 como respuesta de las empresas mineras a las propuestas electorales de García y Humala de aplicar un impuesto a las sobreganancias. Se dijo que el óbolo recaudaría S/. 2,500 millones en los 5 años de vigencia, pero cálculos actuales dicen que el total será S/. 2,300 millones. Debe tenerse en cuenta que, debido a su carácter “voluntario”, algunas empresas no han adherido al óbolo.

La prolongación es inaceptable, por dos razones fundamentales. Una, porque el Estado no puede abdicar de su responsabilidad soberana de recaudar los impuestos. Dos, porque las cantidades recaudadas son una proporción muy pequeña de las utilidades de la gran minería, lo cual no permite una adecuada distribución de la renta de los recursos naturales entre las empresas y el Estado. Veamos.

Del 2005 al 2010 las utilidades netas de la gran minería suman US$ 24,057 millones (ver cuadro). Puede verse también que en el 2005 las utilidades fueron US$ 2,731 millones, aumentando 60% en el 2006 debido a los precios extraordinarios, llegando a US$ 4,335 millones. Esta cifra se mantuvo constante en el periodo, salvo en el 2009 debido a la gran recesión internacional de ese año (aun así fueron superiores a las del 2005).

Así, las sobreganancias han estado en el rango de US$ 1,500 millones/año en promedio del 2007 al 2010, con respecto al 2005. O, lo que es lo mismo, del 2007 al 2010 (período del óbolo) las sobreganancias han sido de US$ 6,000 millones, aproximadamente. Si esta sobreganancia se hubiera repartido en la proporción 30% para el Estado y 70% para la minera (lo que es conservador) los ingresos tributarios adicionales habrían sido de US$ 1,800 millones (S/. 5,200 millones), cifra que más que duplica al magro óbolo minero.

Pero hay una tercera razón de la más alta importancia. Las empresas en general, y las mineras en particular, calculan su rentabilidad a partir de una proyección de los precios futuros de los minerales y, también, de la evolución de sus costos. En el año 2000, Antamina planteó que, con precios promedio del cobre de US$ 0.95 / libra durante los 24 años de vida útil de la mina, la tasa interna de retorno de su inversión sería de 15%, cifra considerada “muy buena” por sus accionistas.

Pues bien, debido a los altos precios, en solo 7 años de producción, su TIR ya está en 22% (Antamina y el impuesto a las sobreganancias, www.cristaldemira.com 27/11/10). Retornos similares están obteniendo el resto de las empresas mineras del país, los que superan en 5 a 6 veces las tasas de interés internacionales y del mercado de bonos.

Lo que quiere decir que nuestra legislación debe modernizarse, como la de Israel y Chile (Cristal de Mira, 12/11/10 y 07/02/11) para que se tome en cuenta el retorno de la inversión de la empresa. Lo mismo ha hecho Azerbaijan con el petróleo –en acuerdo con British Petroleum– y Barrick con la mina Pueblo Viejo en la República Dominicana (Cristal de Mira, 02/11/09).

Resumiendo, hay que decirle no a la prolongación del paupérrimo óbolo minero y, más bien, modernizar nuestra legislación. De esa manera, los mejores ingresos por recursos naturales del Siglo XIX nos ayudarán a financiar el Siglo XXI. ¿No es cierto?

Diario La República-Lima 09/02/2011





GOBIERNO OTORGA 54 CONCESIONES MINERAS EN CAJARURO (CAJAMARCA) SIN REALIZAR CONSULTA PREVIA


El Gobierno central otorgó 54 derechos mineros en Utcubamba listos para iniciar exploraciones y explotaciones en unas 46 mil 400 hectáreas sin realizarse las consultas a los agricultores de la zona. Los lugares referidos son los distritos de Cajaruro con 51 concesiones, en Bagua Grande 02 y en Jamalca 01.

Frente a ello, la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Utcubamba acordó que mientras las mineras o el Ministerio de Energía y Minas no cumplan con la consulta previa no dejarán que ninguna empresa minera ingrese a explorar o explotar en el distrito de Cajaruro.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 08/02/2011





DIRECCIÓN DE ENERGÍA Y MINAS, PNP Y GOREL LLEGAN A GANZO AZUL PARA INVESTIGAR DERRAME DE PETRÓLEO RESIDUAL


El vertimiento de petróleo residual a las aguas del rio Itaya movilizó esta mañana a autoridades de la región quienes se constituyeron hasta el puerto “Ganzo Azul”, ubicado a la altura de la cuadra cinco de avenida La Marina, en el limite entre Punchana a Iquitos. Al llegar al lugar del incidente ambiental, el Director Regional de Energía y Minas, Víctor Montreuil, dijo que se trataría de residuos de petróleo que fueron vertidos al rio a través de tuberías de desagüe que pertenecen a Electro Oriente, cuya planta central se encuentra ubicada a pocos metros de la zona de vertimiento.

“Hemos pedido explicaciones al gerente general de Electro Oriente, sobre porque no se comunicó este hecho si la población señala que desde el sábado viene ocurriendo este problema. Nos respondieron que implementaron un plan de contingencia, pero enviar a tres obreros a juntar todo en bolsa no es un plan de contingencia ni aquí ni en donde”, declaró mortificado el funcionario.

Ante la evidencia, un grupo de técnicos de la Dirección General de Salud Ambiental procedieron a tomar muestras del rio para someterlas luego a exámenes de laboratorio. Se informó que el resultado seria dado a conocer en un plazo de 24 horas y así saber con exactitud la sustancia que fue vertida al rio Itaya.

Minutos mas tarde las autoridades presentes, a las que se sumó el alcalde de Punchana, Juan Cardama Guerra, recorrieron la zona afectada y comprobaron que el petróleo derramado en el rio Itaya es considerable ya que a simple vista se aprecian manchas negras que son arrastradas por la corriente.

Los pobladores cuestionaron la lentitud de las autoridades para reaccionar ante hechos como este que afectan el medio ambiente y la salud de los que habitan en este puerto, “Cuando nosotros derramamos un poquito de aceite de nuestros motores vienen a intervenir y nos multan pero ahora como se trata de Electro Oriente vienen después de tres días”, declaró un poblador.

Es preciso señalar que hasta la zona del incidente llegaron también agentes de la Policía Ecológica quienes investigación de los hechos.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 08/02/2011