30 de septiembre de 2010

MINERA NO SE QUEDA UN DÍA MÁS EN SAN IGNACIO


Si no abandona en forma pacífica esta provincia, la población actuará dentro de sus formas y costumbres; así lo señala Servando Puerta Peña, presidente de la Organización Regional de los Pueblos de la Amazonía Norte (ORPIAN).

El 5 de octubre una comisión multisectorial irá hasta la zona donde está operando esta empresa extractiva, dialogarán pacíficamente para que se retire en un plazo de una semana como máximo, precisó el dirigente nativo de este sector.

El acuerdo fue tomado en reunión de los Apus (jefes) de las comunidades nativas, autoridades y representantes de las organizaciones e instituciones locales.

Según la información obtenida por este medio de comunicación, esta empresa habría obtenido la aprobación para operar, gracias a un acuerdo o convenio con los jefes nativos.

Se informa sobre cien mil soles que esta organización otorgó a las familias indígenas, para que sean repartidas entre todas, como parte de los primeros beneficios de la licencia social para los trabajos de exploración minera.

Diario Panorama Cajamarquino 30/09/2010





LA FIEBRE DEL ORO


Talleres y consultorios odontológicos y hasta morgues y crematorios vienen siendo asaltados últimamente en Europa, a la desesperada caza de piezas de oro. Lo que no debe sorprender en vista del extraordinario precio de US$ 1.300 que ha alcanzado en estos días la onza fina (= 31,1 gramos) de oro. Lo que equivale a un incremento nominal de casi 50% respecto a los US$ 880 que costaba hace solo dos años y de 30% respecto a setiembre del año pasado cuando se cotizaba a US$ 995. Ciertamente que, en términos reales, aún no alcanza el récord de enero de 1980, cuando la onza llegó a US$ 675.

Y los que no roban, especulan. Lo que puede observarse en el gráfico (II) adjunto, que nos dice que en el segundo trimestre de este año los “inversionistas” han comprado 530 toneladas de oro, algo más de lo que lo hicieran los “productores” propiamente dichos de las ramas electrónica, joyera u odontológica. Lo que es un indicador más del hecho de que la crisis norteamericana y de los países del Norte se extenderá bastante más de lo previsto.

A la falta de confianza en el dólar en todo el mundo, el oro se presenta como un refugio relativamente seguro, así como paralelamente el exuberante aumento –mayor al del oro– de la plata. La mayor demanda de oro proviene, por cierto, de las compras masivas de China, la que ha adquirido 150 toneladas del precioso metal en los doce meses que van hasta agosto 2010. En efecto, el gobierno chino viene alentando a sus ciudadanos a invertir en oro; y a las empresas extranjeras les va a permitir ofrecer monedas de oro en la bolsa de Shanghai. Nótese, de paso, que China es el principal productor mundial del mineral con 330 toneladas en 2009, a la que le siguen con 220 toneladas anuales, tanto Australia, como Sudáfrica.

De lo anterior que llame la atención que las bóvedas del Banco Central de China (BCCH) apenas alberguen en oro un 1,6% de sus gigantescas reservas internacionales (de US$ 2.500 miles de millones), a diferencia del de EEUU, donde llegan al 73% y en el alemán al 68%. ¿Es de esperar que otro factor que presionará al alza el precio en los próximos meses y años sería precisamente la compra de oro por parte del BCCH? Ya que a estas alturas del próximo año la onza de oro estará –conservadoramente hablando– por encima de los US$ 1.450, seguramente será una buena “inversión”, en un contexto en que incluso hay quienes exageran al afirmar que hacia diciembre 2011 la onza llegará a US$ 2.011. Dicho sea de paso, el Banco Central del Perú ha mantenido constante su stock del mineral precioso en 1,1 millones de onzas, que al día de hoy representa algo más del 3% del valor de las RIN; las que ya han llegado a US$ 42.260 millones, que equivalen al 30% del PBI.

Diario La República-Lima 30/09/2010





FUTURO DE DOE RUN EN MANOS DEL ESTADO


Metalúrgica. MEM se presenta ante indecopi con solicitud de US$ 163 millones. El Estado sería el principal acreedor dentro de la junta pero la decisión final la tiene Indecopi, previa evaluación de las solicitudes.

El futuro de Doe Run Perú (DRP) se encuentra en manos del Estado porque sería el acreedor con mayor poder dentro del proceso concursal ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), quien con el resto de acreedores decidirá la liquidación o la reestructuración de la metalúrgica.

Según los expertos consultados por La República, el Estado mandaría sobre Doe Run ya que en el marco del proceso concursal posee la mayoría de las acreencias superior a la deuda que tiene DRP con su casa matriz en EEUU (Renco) que asciende a US$ 150 millones.

Según fuentes de La República confirmadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), dicho ministerio presentó la semana pasada su solicitud de reconocimiento de una deuda ante el Indecopi por un monto que ascendería a US$ 163 millones por incumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Asimismo, el pasado 24 de setiembre la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) presentó su expediente con la solicitud de reconocimiento de crédito por un monto de S/.302 millones (US$ 108.3214 millones) por las deudas tributarias pendientes de Doe Run.

Los otros acreedores son las compañías mineras Buenaventura, Volcan, entre otras proveedoras de concentrados cuya deuda total asciende a US$ 110 millones. Igualmente el sindicato de trabajadores metalúrgicos de la empresa presentó el pasado 13 de setiembre su solicitud para ser incluidos como acreedores en la junta de acreedores.

Según fuentes de La República, son dos mil las solicitudes de reconocimiento de créditos presentadas ante el Indecopi, cuyo plazo venció el pasado martes 28 de setiembre.

Indecopi debe reconocerlo
Ana Leyva, secretaria ejecutiva de la Red Muqui, manifestó que todo indica que el Estado sería el principal acreedor dentro de la Junta de acreedores. Sin embargo, ello dependerá de la decisión de la entidad oficial si lo reconoce como acreedor o no.

“El Estado tendría una posición importante en la Junta porque tendría las mayores acreencias. Eso le va a permitir tener una postura significativa para hacer valer los intereses del Estado que lo debió hacer hace mucho. Eso esperamos en todo el país”, afirmó.

Posición forzada
Tras esta posibilidad, fuentes de Doe Run Perú consideran que el Estado busca tener una participación forzada dentro del proceso concursal en base a las acreencias del PAMA, la que en opinión de la la empresa aún no está resuelto definitivamente.

Mientras que el secretario general del sindicato de trabajadores metalúrgicos de La Oroya, Roiberto Guzmán, afirmó que el Estado debería actuar con cuidado ya que DRP es una empresa internacional y podría hacer valer el blindaje que el Tratado de Libre Comercio con EEUU les da a las empresas de origen norteamericano en el país.

Habrá 90 días de evaluación en el Indecopi
1] Desde ayer comenzó a correr el plazo de 90 días útiles para que el Indecopi evalúe las solicitudes de reconocimiento de crédito presentadas.

2] Luego citará a todos los acreedores de DRP para que conformen la “Junta de acreedores”, la que tendrá un plazo de 45 días hábiles para decidir su destino: la reestructuración o liquidación.

3] De acordarse la reestructuración de la empresa, contarán con 60 días hábiles adicionales para ratificar o cambiar a la administración de la compañía y aprobar el plan de reestructuración, en el que se establecerá la forma y la oportunidad del pago de sus deudas.

4] Pero si optan por la liquidación, contará con un plazo de 30 días adicionales para designar al liquidador y aprobar el convenio de liquidación.

Reacciones
"Es importante que el Estado participe dentro de la junta para así hacer valer los intereses del Estado".
Ana Leyva
Secretaria ejecutiva red Muqui.


"El Estado debería tener cuidado porque es una empresa internacional y podría demandarlo".
Roiberto Guzmán
Dirigente de trabajadores de DRP.

Diario La República-Lima 30/09/2010





POBREZA Y DETERIORO AMBIENTAL


En nuestro país la misión fundamental del desarrollo es eliminar la pobreza. En las naciones desarrolladas el consumo medio per cápita, aumentó en un 70 por ciento en términos reales, la esperanza de vida se elevó de 51 a 63 años y las tasas de matrícula en la enseñanza primaria alcanzó el 89 por ciento. Si estos avances se hubieran distribuido por igual, gran parte de la indigencia mundial se habría eliminado; por el contrario, más de la quinta parte de la humanidad vive en miseria extrema.

El alivio de la pobreza es tanto un imperativo moral, como un requisito indispensable para lograr la sostenibilidad ambiental.

Los pobres son a la vez, víctimas y agentes del deterioro del medio. Así por ejemplo, los agricultores ávidos de tierras, recurren al cultivo de zonas no adecuadas, como laderas montañosas, tierras semiáridas y bosques tropicales. No olvidemos que aproximadamente el 60 por ciento de la deforestación anual en el Perú (250 a 300 mil hectáreas) es producida por la denominada “agricultura migratoria”.

Los pobres que viven hacinados en asentamientos ilegales soportan servicios inadecuados de abastecimiento de agua potable, saneamiento e inundaciones, desprendimientos de tierras, emisiones y contaminación del aire. Teniendo que asumir la externalización de los costos ambientales por el desenvolvimiento de actividades económicas e industriales lesivas al ambiente y, por lo tanto, atentatorias a su calidad de vida.
“el impacto de la degradación ambiental para los pobres en relación a los no pobres, es 20 por ciento más alto en términos de impacto por cada 1,000 personas”

Están expuestos a los mayores peligros que el desgaste del ambiente representa para la salud y suelen ser los más vulnerables a esos riesgos a causa de su nivel de vida. Las familias de escasos recursos económicos, carecen frecuentemente de los medios para evitar la depredación de su entorno. Así lo señala el informe “Análisis ambiental del Perú” (2007) del Banco Mundial al precisar que el impacto de la degradación ambiental para los pobres en relación a los no pobres, es 20 por ciento más alto en términos de impacto por cada 1,000 personas.

Del mismo modo, este documentado trabajo indica que el costo de la degradación de nuestro ambiente es más alto que en otros países con niveles similares de ingreso, además que los impactos de salud están entre el 75 y 300 por ciento más altos entre los pobres. Los efectos de la contaminación en locales cerrados se concentran en los pobres. Un estimado del 80 al 85 por ciento del total de efectos a la salud estarían entre estos sectores menos favorecidos.
“Para los pobres la gestión ambiental no debe ser una lejana opción en sus vidas, sino un elemento inmerso en la agenda social del desarrollo. En consecuencia, es importante elaborar propuestas que incluyan el componente “verde” y sus impactos sociales, económicos, políticos y culturales en la población de menos ingresos”

La pobreza se ha convertido en causa y efecto de la degradación ambiental. Existe una interacción muy fuerte entre estos dos elementos, componentes de un mismo sistema que, influye en otros sectores productivos, niveles de gestión y grupos de población. No podemos dejar de considerar al crecimiento de la economía como un sistema contenido y continente de la variable ecológica. Para alcanzar el desarrollo se requiere la implementación y consecución de diversas políticas. Además, una estrategia que armonice con el mercado, considera básicamente el logro de una macroeconomía estable e inversión en recursos humanos. Estos no son incompatibles con los objetivos ambientales, ya que el quehacer económico y el ordenamiento ambiental son aspectos complementarios de un mismo programa.

De modo que, el crecimiento económico es esencial para disminuir la pobreza. Los efectos negativos causados por este crecimiento, afortunadamente, pueden reducirse si se destinan los recursos para lograr una mejor ordenación del medio. Para los pobres la gestión ambiental no debe ser una lejana opción en sus vidas, sino un elemento inmerso en la agenda social del desarrollo. En consecuencia, es importante elaborar propuestas que incluyan el componente “verde” y sus impactos sociales, económicos, políticos y culturales en la población de menos ingresos.

Eliminar la pobreza debe ser el compromiso prioritario de nuestros gobernantes. Los menesterosos tienen derecho a disfrutar de un “ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza”.

Servindi-Lima 29/09/2010





29 de septiembre de 2010

TALA ILEGAL EN CORDILLERA ESCALERA


Cien hectáreas de bosques de la zona de amortiguamiento del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, en el departamento de San Martín, fueron presa de la tala ilegal, informó hoy el jefe del lugar, Mario Ríos Vela.

La zona afectada se encuentra en la naciente de la quebrada Anayo, en el sector Barranquita, y fue detectada por los guardabosques durante las rondas que realizan.

Señaló que ante esta situación elaboraron un informe técnico con mapas de referencia que fue cursado a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Moyabamba, a la espera de que se lleve a cabo una inspección.

“Cien hectáreas es una gran cantidad de tierra, cuya deforestación implica el riesgo de consecuencias negativas para el medio ambiente, pues muchas veces genera la pérdida de quebradas”, advirtió.

Según indicó, hasta el momento se ha identificado a una familia de apellido Carrión como la principal responsable de lo sucedido y la que tendrá que enfrentar la investigación fiscal.

“Estamos hablando de tierras boscosas a las que aparentemente con la tala quieren dar otro uso, como la de cultivar pastos para la ganadería, lo cual no es correcto y es sancionado en el Código Penal”, manifestó.

Ríos indicó que confían en que el caso sea atendido con prontitud por el ministerio Público y que a futuro se pueda lograr la reforestación.

El Área de Conservación Regional Cordillera Escalera fue creada el 25 de diciembre de 2005. Tiene una superficie de 149,870 hectáreas y se extiende sobre las provincias de San Martín y Lamas.

Diario La Primera-Lima 29/09/2010





DOE RUN CON BAJA NOTA EN REPUTACIÓN


Empresas. Según un sondeo realizado por arellano marketing y Centrum Católca. Las industrias extractivas tienen el menor puntaje, mientras que las del rubro alimentos y bebidas alcanzan la mayor calificación.

Un reciente estudio elaborado en conjunto por Centrum Católica y Arellano Marketing sobre el Índice de Reputación Corporativa Arellano (IRCA) califica a Doe Run Perú con el menor puntaje, tanto en la opinión de la población como en la de los líderes de opinión.

Así, DRP, la filial de la transnacional estadounidense, conocida por sus seguidos incumplimientos en materia ambiental, obtuvo un 2.92 de calificación de la población y un 2.14 de los líderes de opinión.

Rolando Arellano Bahamonde, representante de Arellano Marketing, explicó que el IRCA busca medir cuánto considera el público (población como líderes de opinión) que una empresa es o no socialmente responsable.

Baja percepción

Si dividimos por rubros, el IRCA revela que tanto para el público en general como para los líderes de opinión las industrias extractivas (minería y petróleo) obtienen el puntaje más bajo, 3.95 y 3.91, respectivamente. En contraposición, las industrias de alimentos y bebidas de consumo son las que tienen el puntaje más alto, con un promedio de 4.80.

Por otro lado, según Percy Marquina, director del Centro de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de Centrum Católica, aunque se dio una reducción significativa de la pobreza extrema, el tema ya no es la sobrevivencia sino la calidad de vida.

“El ciudadano no solo evalúa su situación en base a qué gana más o menos sino que lo está haciendo de una manera comparativa, es decir, cómo está versus a su vecino. Entonces, la aparente inequidad derivada de la acentuación de las diferencias de los que más tienen o los que menos tienen tiende a responsabilizar este problema al gobierno debido a la mala distribución de la riqueza”, señaló Arellano.

El dato

Universo. La encuesta para establecer el Índice de Reputación Corporativa fue realizada entre 1,500 personas de 18 años a más, provenientes de Lima, Chiclayo, Arequipa, Huancayo, Trujillo y Cusco, de niveles de ingreso de alto a bajo (A a D).

Diario La República-Lima 29/09/2010






28 de septiembre de 2010

TRIBUTOS Y MINERÍA


Cada vez un mayor número de países con actividad minera en el mundo opta por gravar a sus empresas para aumentar sus recaudaciones en un contexto en el que las sobreganancias caracterizan al sector.

Si bien los ejemplos recientes apuntan a Australia, Rusia y Chile, no se debe olvidar que en 1980 en los Estados Unidos se aprobó un impuesto a las sobreganancias a las compañías petroleras (crude oil windfall profit tax), en una coyuntura caracterizada por el incremento en el precio del petróleo. El impuesto se aprobó bajo la administración Carter, pero estuvo vigente durante dos periodos republicanos que le siguieron y permitió recaudar US$ 80 mil millones.

El Perú comienza a ser uno de los pocos países con una actividad minera importante que mantiene su política tributaria casi intacta, sin afectar los enormes ingresos que vienen obteniendo las empresas.

¿Por qué se necesitan ajustes? Aparte de las sobreganancias, en los últimos dos años la recaudación de países que dependen de los ingresos que genera la minería ha caído: la presión tributaria en Chile pasó de 18.5% en el 2008 a 14.6% en el 2009, y en el caso del Perú, luego del estallido de la crisis a finales del 2008, la presión tributaria pasó de 15.6% en el 2008 a 13.8% en el 2009.

Según el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, durante el 2009, Chile y Perú fueron los países de la región más afectados en la recaudación del Impuesto sobre la Renta.

Mientras que en Chile se han presentado propuestas concretas para generar mayores ingresos del sector minero y así cubrir, por ejemplo, los enormes gastos que necesitan para la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto, en el Perú las empresas mineras se resisten a que esta posibilidad siquiera sea debatida.

Además, como se sabe, las empresas mineras en el Perú no pagan todos los impuestos o contraprestaciones que les corresponde, debido a una serie de beneficios tributarios y convenios de estabilidad que mantienen.

Es clave para el país establecer una política fiscal y tributaria de mediano y largo plazo, orientada a que las actividades productivas paguen los impuestos que les corresponden. Esto les conviene al país y, por supuesto, a las empresas mineras.

El tributario aparece como un tema que debe ser abordado con urgencia: expertos en la materia recomiendan reducir el carácter regresivo del sistema tributario en el Perú y comenzar por gravar las sobreganancias mineras.

Diario La República-Lima 28/09/2010





TÍA MARÍA: MINERÍA Y CONFLICTO POR EL AGUA


La propaganda que hace la Sociedad Nacional de Minería en la televisión peruana busca relacionar la extracción minera con el desarrollo nacional. Nos hablan de miles de millones de inversión y cifras espectaculares, pero nadie valoriza los otros miles de millones que se sacrifican debido a la contaminación del aire y el agua de las zonas aledañas. El proyecto Tía María de la Southern Perú Copper Corporation es un claro ejemplo de lo que puede ocasionar un proyecto minero que se vende engañosamente con la imagen del progreso.

Sin duda, la minería de tajo abierto es la más peligrosa del mundo, pues, además de contaminar el aire con emanaciones de cianuro, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, entre otros gases, lo que atenta contra la vida de los pueblos aledaños, produce grandes desequilibrios hídricos al elevarse el nivel de sedimento de los ríos producto de los residuos sólidos muy finos que pululan en el ambiente, al mismo tiempo que se afectan las aguas subterráneas o freáticas con las lluvias que caen sobre los reactivos, aceites y sales minerales residuales de los procesos de tratamiento.

Tía María, proyecto minero a tajo abierto promovido por la empresa minera Southern en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, Región Arequipa, es un caso emblemático de la afectación de una actividad económica próspera debido a las industrias extractivas que el gobierno no sólo promueve, sino que apoya y defiende con fuerza en perjuicio de las comunidades afectadas.

Este caso originó, en abril pasado, una contundente respuesta social de los productores agrarios de Cocachacra y sus familias, los mismos que se veían afectados directamente en su principal actividad económica, al ser marginados y excluidos del uso del agua subterránea necesaria para sus cultivos y que la minera pensaba usar en un principio. Y a pesar que ahora la Southern ha anunciado que va a usar el agua del mar (alternativa negada antes del conflicto social), el peligro sigue latente por la contaminación que, de todas maneras, ocasionaría la extracción de miles de toneladas de cobre al año.

Y si bien se habla de 3,500 trabajos directos que se generarían a partir de la explotación de la Tía María, y los ingresos por canon a la Región, los impactos económicos y sociales no la justifican.

El Valle del Tambo
Hablar del Valle del Río Tambo significa hablar de un emporio productivo agrario que sustenta la alimentación, no sólo del distrito de Cocachacra, sino de toda la región arequipeña.

El Tambo produce azúcar, hortalizas, papas, alfalfa y otros productos agrarios. Además, es una zona de producción de camarones, lo que ha hecho deliciosa y muy variada a la dieta arequipeña.

Sin embargo, este valle sufre de un evidente desequilibro hídrico que no le permite mantener con solvencia su variada producción, debido a que el agua que proviene de la cuenca del Río Tambo (cuya cabecera está en Puno) es escasa, especialmente en las épocas de estiaje.

Esta dificultad hídrica, que procede de los irregulares volúmenes de agua superficial que viene de las alturas, es manejada por los agricultores mediante el uso de las aguas subterráneas. De esta manera, se ha logrado un precario equilibrio hídrico a fin de atender sus necesidades de agua potable y de producción agrícola.

Es por ello que en abril, la población se movilizó organizada en un frente de lucha. Además, porque desde hace varias décadas, la Southern Perú Copper Corporation, viene contaminando sistemáticamente los aires y los suelos de este valle con sus humos, y sin reconocer su responsabilidad. El pueblo de Islay conoce bien la prepotencia de la poderosa minera.

Tía María
Es un proyecto minero de explotación y procesamiento de mineral oxidado de cobre, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región de Arequipa. Contempla dos etapas: en LA PRIMERA se explotará, a través de un tajo abierto, el depósito mineralizado La Tapada; y, en la segunda, se explotará, también a través de un tajo abierto, el depósito mineralizado Tía María. Este proyecto tendrá cerca de 18 años de operaciones. Supone la inversión de casi mil millones de dólares para producir 120 mil toneladas de cátodos de cobre de alta pureza (99.99%) por año.

En un inicio se propuso obtener agua necesaria para las operaciones de Tía María, mediante pozos ubicados en el mismo valle del Río Tambo, en la zona de Cocachacra, profundizando el desequilibrio hídrico del valle.

Pero luego del conflicto que paralizó este proyecto en el primer semestre del año, la Southern cambió su propuesta y planteó construir su propia planta de desalinización de agua del mar. Y si bien ya no se “comería” las aguas del río Tambo, aún sigue latente el problema de la contaminación al ser un proyecto minero de tajo abierto.

No todo es dinero
El gobierno, que anunció con entusiasmo la inversión de Tía María, y la propia Southern, que opera hace años en el sur del Perú, no calcularon la masiva resistencia de los agricultores y del pueblo de Islay a este proyecto. Y si bien en un inicio se intentó señalar que se trataba de manipulación, lo cierto es que había un problema concreto, que es en realidad cuando la masa se moviliza.

En setiembre del año pasado, los pobladores de Islay dijeron no a la Tía María, pero las autoridades no sólo desconocieron esta consulta democrática, sino que convocaron a una audiencia pública para aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por la empresa y avalado por el gobierno. Sin embargo, en abril cientos de agricultores y pobladores de la zona tomaron la carretera Panamericana Sur durante 6 días, señalando que el EIA no respondía al cuidado ambiental del valle. El Frente de Defensa del Pueblo de Islay realizó cerca de 3 mil observaciones al EIA. El resultado fue que el gobierno declaró la intangibilidad de las aguas superficiales y subterráneas del Río Tambo. Es decir, había fundamento técnico.

Si bien es una victoria de los productores agrarios de Arequipa, aún sigue latente un conflicto social, pues el proyecto Tía María sigue siendo impulsado. Es que al mismo tiempo de calcular millonarias inversiones y beneficios fiscales, se debe valorizar económicamente el impacto de un proyecto a tajo abierto. Es la única manera de saber si sale más cara la lavada que la camisa.

Las minas de tajo o cielo abierto
Son minas de superficie que adoptan la forma de grandes fosas en terraza, cada vez más profundas y anchas. La minería a tajo abierto supone dinamitar la roca superficial y llevarla a pequeñas dimensiones. Montañas enteras son convertidas en rocas. Su extracción empieza con la perforación y voladura de la roca.

Diversos informes científicos determinaron que durante la fase de explotación, los principales impactos ambientales causados son:

* Modificación de la superficie terrestre del área de explotación: devasta la estructura del suelo produciendo cambios severos en la morfología del terreno.
* Eliminación del suelo y resecamiento en la zona circundante.
* Disminución del rendimiento agrícola y agropecuario.
* El impacto sobre la flora es de gran magnitud, implica la eliminación de la vegetación y los bosques en el área de operaciones.
* Destrucción y modificación de la flora en el área circunvecina.

Provoca presión sobre los bosques existentes en áreas vecinas que pueden llegar a destruirse.

* El entorno queda afectado porque se transforma radicalmente, pierde su atracción escénica o paisajística, sumada a la contaminación sonora por el ruido producido por las distintas operaciones: trituración y molienda, generación de energía, transporte, carga y descarga de materiales, etc.

http://www.servindi.org/actualidad/32488
Servindi-Lima 28/09/2010





Acuerdan cronograma para evaluar demandas de población sobre recursos hídricos.
SE INSTALÓ MESA DE DIÁLOGO EN ESPINAR


La Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo y las autoridades y dirigentes de las organizaciones sociales del Cusco acordaron un cronograma para buscar una salida a las demandas de Espinar sobre los recursos hídricos y el proyecto Majes Siguas II, informó el ministro de la Producción, Jorge Villasante.

“Ya terminamos la reunión de hoy y lo que hemos establecido es una agenda y un cronograma de trabajo que continuará mañana en Lima en una reunión que deben de tener el jefe de la Autoridad Nacional del Agua con los técnicos del gobierno regional del Cusco para continuar con el levantamiento de las observaciones que será en esta semana. Acto seguido esta misma comisión se va a constituir en Espinar para tratar conjuntamente con los representantes de la municipalidad y la sociedad civil continuar con la evaluación técnica del tema”.

Asimismo, aseguró que mientras duren estas reuniones existe el compromiso de suspender cualquier medida de protesta que pueda afectar el normal desarrollo de las actividades en la región.

“La provincia de Espinar y concretamente su capital Yauri tienen algunas restricciones con respecto al agua potable”, precisó.

Lamentó, en ese sentido, que el 9 de setiembre pasado debido a la falta de un notario público en el acto de recepción de sobres, se haya tenido que suspender el otorgamiento de la buena pro para el proyecto de agua potable en esta localidad.

“Pero el proyecto se va a ejecutar y hay un cofinanciamiento de parte del ministerio de Vivienda y Construcción que va financiar parte del proyecto y está considerado para el año 2011”, aseguró.

Como se recuerda, la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo, presidida por el ministro de la Producción, Jorge Villasante, llegó hoy a la provincia cusqueña de Espinar para dialogar con sus dirigentes y autoridades sobre el proyecto Majes-Siguas II, motivo de una protesta la semana anterior.

Por su lado, el alcalde provincial de Espinar, Eloy Chancayauri, calificó de “fructífero” el diálogo con la Comisión de Alto Nivel. “El pueblo ha demostrado su conducta normal frente a la Alta Comisión que ha estado presente”, comentó. Participaron del diálogo el ministro de la Producción, Jorge Villasante, presidente de la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo, el gobierno regional, dirigentes, autoridades locales y congresistas.

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/nacional/se-instalo-mesa-de-dialogo-en-espinar_71100.html
Diario La Primera-Lima 28/09/2010





NUEVO DERRAME EN RÍO CORRIENTES, A LA ALTURA DE VILLA TROMPETEROS, AFECTA 11 COMUNIDADES


Indignación causó la actitud de la empresa Plus Petrol quién minimizó un nuevo derrame de crudo de petróleo en el río Corrientes, frente a la comunidad de Villa Trompeteros, hecho ocurrido el viernes 24 a las 3 de la madrugada.

- Reporte radio Ucamara, Nauta (archivo mp3. Descargar con un clic en el enlace y elegir guardar como).

Según un reporte efectuado por radio Ucamara, desde la ciudad de Nauta, el derrame de un número aún no determinado de barrilles de crudo se produjo al romperse una válvula en la base de Pluspetrol ubicada frente a la citada comunidad.

La empresa restó cualquier importancia al hecho e informó que se trata de apenas tres barriles de crudo.

Sin embargo, pobladores de la zona manifestaron que el derrame ha sido mucho mayor. De otra manera se no explica cómo es que once comunidades estén afectadas en un tramo de 15 a 20 km. de río.

Los pobladores afirman que el derrame les afecta pues no pueden beber el agua del río, y los que lo hicieron están sintiendo los estragos de una posible intoxicación pues las manchas en el cuerpo así lo confirmarían.

Ucamara registró que las autoridades de la provincia de Loreto repitieron los datos proporcionados por la empresa y que minimizan el hecho como ya es costumbre.

Representantes de la Defensoría del Pueblo y el organismo supervisor Osinergmin visitó la zona durante el día viernes luego de instalarse en la base de la empresa. No se habrían dirigido aún a las comunidades para explicarles la gravedad del problema.

La denuncia del derrame fue corroborada por Henrry Vásquez, Presidente del Frente Patriótico de Villa Trompeteros, vía telefónica con Radio Ucamara en Nauta, quien además hizo un llamado a las autoridades provinciales y regionales a pronunciarse al respecto.

http://www.servindi.org/actualidad/32600
Servindi-Lima 27/09/2010





25 de septiembre de 2010

RESCATAN MINEROS ATRAPADOS


Los siete mineros que quedaron atrapados cuando extraían ilegalmente minerales de un socavón en el sector Cachica, ya fueron liberados. El socavón se ubica en el distrito de Parcoy, departamento de La Libertad.

Los liberados fueron conducidos al puesto policial de Retamas, donde se les brindó los primeros auxilios, informó el jefe de III Dirección Territorial Policial, Oswaldo Alfaro Lagos.

Los mineros fueron identificados como Fortunato Alegría Loyola (33), Modesto Matos Janampa (28), Zalomir Matos Janampa (30), Samuel Seminario Baca (26), Valentín Layza Bringas (22), Roger Figueroa Ruiz (28) y Agustín Layza Bringas (26).

Diario La Primera-Lima 25/09/2010





POBLACIÓN DE CANCHIS LEVANTA PARO CONTRA PROYECTO MAJES SIGUAS II


La protesta contra el proyecto de irrigación Majes Siguas II fue levantada en la provincia de Canchis, en Cusco, y el paso de vehículos por la vía a Sicuani se normalizó a la altura del puente Arturo.

El despeje se concretó luego de que representantes del Ministerio Público conversaron con los dirigentes y les presentaron un documento sobre las acciones tomadas por el Ejecutivo para promover el diálogo y una solución a sus demandas.

El dirigente Néstor Cuti Huallpa adelantó que este viernes, por la noche, las bases se reunirán en la provincia de Espinar, a fin de evaluar si levantan la huelga o dan una tregua al Ejecutivo.

También fue sofocado el fuego que estos manifestantes prendieron alrededor del muro del aeropuerto "Alejandro Velasco Astete", el cual fue derribado parcialmente por unos 500 revoltosos.

Por otro lado, se reportó que el monumento al líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicado en la avenida De la Cultura, fue derribado y quemado por los universitarios. En el lugar se produjo un enfrentamiento con la Policía.

En los incidentes, un agente de la Unidad de Servicios Especiales (USE) resultó con un corte de ocho centímetros en la cabeza y fue llevado a un hospital. Otros efectivos presentan lesiones por impactos de piedras.

El gobernador Marcelo Angulo pidió que estos hechos de violencia sean investigados y se identifique y sancione a los responsables.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 24/09/2010





23 de septiembre de 2010

EL CONFLICTO DEL CUSCO PUEDE AGRAVARSE


Presidentes regionales de Arequipa, Aaron Maldonado, y de Cusco, Hugo Gonzales Sayán, no llegaron a ningún acuerdo con el ministro de Agricultura Rafael Quevedo Flores.

“El señor Hugo Gonzales mantiene su terquedad al oponerse a Majes II y que el gobierno declare la nulidad de su concesión. Ha convocado a los congresistas de Cusco para que planteen en el Parlamento la nulidad de la concesión de Majes. Ya me comuniqué con Juan Carlos Eguren para que los congresistas de Arequipa se mantengan alertas y defiendan la concesión del proyecto”, refirió Maldonado.

Con su posición las autoridades cusqueñas han demostrado que no tienen intención de resolver el problema de Espinar. La terquedad de Gonzales Sayán impide que la solución sea técnica y prevalezca el tema político.

Finalmente, Aron Maldonado advirtió que si el gobierno nacional da marcha atrás en la concesión de Majes II, la población de Arequipa también se alzará en protestas. “No queremos llegar a ese extremo, pero de ser necesario lo haremos”, agregó.

De otro lado, el titular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas [Confiep], Ricardo Briceño, dijo que el presidente regional del Cusco, Hugo Gonzales, hace su propio “juego político” al oponerse al proyecto hídrico Majes-Siguas II afectando el futuro de la población y el desarrollo de la región.

“Estuve con el presidente regional del Cusco hace 4 meses donde él garantizaba y decía que era promotor de las inversiones en la región y después nos enteramos que su propio gobierno regional había emitido una resolución con la cual se suspendía las exploraciones mineras. Entonces el presidente regional del Cusco está lleno de contradicciones. Está haciendo un juego político y es lamentable que esté jugando con el futuro de la gente, con el desarrollo de las regiones por cuestiones de puro tinte político”.

A decir del experto Nikolai Wilhelmi, integrante de la Comisión Andina de Juristas, el Estado no tiene capacidad de gestión para afrontar los conflictos sociales. “En general, el estado peruano afronta tarde los conflictos, las crisis. Si bien no se puede saber exactamente cómo se dará una crisis, se puede saber cuándo va a ocurrir, es decir, la pregunta es ¿el Estado sabe asumir que va a venir una crisis?, ¿sabe canalizarla políticamente?, o prefiere hacer la política de la avestruz hasta que la crisis estalle o esperando a que nunca estalle. Creo que antes de traer grandes inversiones a cualquier región del Perú, el Estado debería tener pensado cómo fortalecer la gobernabilidad, de tal manera que se dé seguridad a los grandes inversionistas, y no sólo a ellos sino también a los pequeños inversionistas locales, porque cuando no hay seguridad, la gente prefiere no hacer inversiones y eso estanca la economía. Un elemento básico de la gobernabilidad desde los 70, es gestionar pacíficamente los conflictos sociales”, concluye el especialista.

Diario La República-Lima 23/09/2010




22 de septiembre de 2010

CONVOCAN A PARO MACRO-REGIONAL EN RECHAZO A EXPLOTACIÓN MINERA


Medida de fuerza indefinida está programada para el próximo 25 de noviembre.

El Comité de Defensa del Valle Chancay Lambayeque, que agrupa a diferentes organizaciones sociales, en reunión realizada el 16 de setiembre acordó convocar a un paro macroregional indefinido para el 25 de setiembre.

Esta medida de fuerza es en rechazo a la explotación minera que pretende realizar la empresa minera la Zanja, en el distrito de Pulán, en la provincia de Santa Cruz.

Otra de las razones es precisamente porque el Gobierno no atiende las peticiones escritas y verbales de las organizaciones que luchan por la defensa de la vida y el medio ambiente.

Estas solicitudes están referidas a que el Poder Ejecutivo tiene que enviar una comisión de alto nivel y canalizar el clamor del pueblo que no quiere explotación minera en la zona por tratarse de cabecera de cuenca.

Asimismo, estarán exigiendo a las autoridades judiciales el cese de las denuncias y persecución a dirigentes sociales, tan solo por oponerse a la explotación minera en el distrito de Pulan, provincia de Santa Cruz.

Así lo indicó Estinaldo Quispe Mego, dirigente rondero en Santa Cruz, en declaraciones al diario Panorama Cajamarquino.

Por tales razones, llamó a todos los pobladores de las provincias vecinas a Santa Cruz a defender la salud y la vida, y a participar en el paro indefinido programado para el 25 de noviembre, y lograr que sean atendidos por el Gobierno Central.

Diario Panorama Cajamarquino 22.09.2010





HALLAN MUERTOS A MILES DE PECES EN EL RÍO MOCHE


El río moche apesta a muerte. Alrededor de media tonelada de peces han muerto en los últimos tres días en la desembocadura del mencionado río por causas que son materia de información por parte de las autoridades ambientales de Trujillo

Uno de los pescadores de la zona, identificado como Abel Abanto Carranza de 41 años, contó que el viernes último detecto que la corriente del río arrastraba agua negra, pero no le prestó mucha atención. Dos días después su hijo de 17 años le contó que cuando había ido a la boca –como le llaman ellos a ese lugar- a cazar aves se había dado con la sorpresa de que muchos peces flotaban muertos en la orilla

Al siguiente día Abel acudió a la zona y confirmó la versión de su hijo. Sin embargo también vio que personas extrañas recogían con baldes y tinas los peces muertos y los enterraban a unos metros de la orilla, pero las aves lo sacaban a flote “He vivido toda mi vida aquí y nunca eh visto algo parecido. Pedimos a las autoridades que se investigue y se castigue a los responsables”, declaró

Acciones Inmediatas
Tras la denuncia de los pescadores, representantes de la Defensoría del Pueblo la Dirección de Salud Ambiental y la Autoridad Local del Agua acudieron hasta el lugar para levantar un acta sobre este posible atentado ambiental

“Hemos tomado algunas muestras de agua y de los peces muertos para enviarlas a Lima y que sean analizadas, con el fin de que se pueda determinar que contaminó el agua aunque podemos deducir a simple vista que se debe algún producto químico que ha sido arrojado al río” informó el Director de Salud Ambiental Jorge Izquierdo

Trascendió que la defensoría del pueblo esperará los resultados de los análisis para determinar que químico ocasiono la muerte de los peces y qué empresa que labora a lo largo del río lo arrojó al agua

Diario Perú 21- Lima 22.09.2010





FORO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE CONSULTA


Hoy 22 de setiembre, a las 18:00 horas se realizará el Foro “Retos para la implementación de la Ley de Consulta en el Perú”, en la sala Miramar del Hotel San Antonio Exclusive, ubicado en la calle Colón 325, del distrito de Miraflores.

En el foro se analizará el dictamen de allanamiento a las observaciones emitidas por el Ejecutivo a la Ley de Consulta Previa y la sentencia de Tribunal Constitucional sobre la implementación del derecho a la consulta en el Perú.

Participarán en el foro especialistas nacionales y extranjeros, como: Sergio Fuenzalida, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Chile y Hernán Coronado, experto en temas indígenas del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

Además, estará Mario Palacios, por la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), y los congresistas Guido Lombardi de Unidad Nacional y Marisol Espinoza del Partido Nacionalista del Perú.

El foro está organizado por las instituciones que integran el Grupo de Trabajo por la Aprobación de la Ley de Consulta.

Servindi-Lima 22.09.2010





21 de septiembre de 2010

PREOCUPACIÓN POR DECRETO LESIVO


Diversas organizaciones indígenas expresaron a la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, su preocupación por la aprobación del DL 1095, que autoriza a policías y militares el uso de las armas contra las protestas sociales. Esa posición fue expresada por dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (Conacami), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina (Ccpican).

Merino sostuvo que la Defensoría está estudiando la constitucionalidad del citado decreto, que establece las reglas para el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y regula su intervención en el control del orden interno ante situaciones de violencia en zonas declaradas en estado de emergencia, o en cualquier otra situación.

Diario La Primera-Lima 21/09/2010






20 de septiembre de 2010

PROTESTA EN CUSCO LLEGÓ A UN PUNTO MUERTO


El defensor del Pueblo en Cusco, Silvio Campana, confirmó que organizaciones sociales de esa ciudad acatarán un paro los días 21 y 22 de setiembre para sumarse a las demandas de Espinar.

Entre los que se sumarán están el sindicato de obreros de construcción, los mercados y estudiantes universitarios. La huelga indefinida en la provincia de Espinar, Cusco, contra el proyecto de irrigación Majes-Siguas II, ingresó a un “punto muerto” por la falta de entendimiento entre el Gobierno y los manifestantes, admitió la Defensoría del Pueblo en esa región.

“La situación está en calma hasta el momento, pero no sabemos qué pueda ocurrir más tarde”, declaró Silvio Campana.

Los pobladores de Espinar protestan contra la licitación del proyecto de irrigación Majes-Siguas II por considerar que el proceso ha sido irregular al no considerar estudios de impacto ambiental y porque, además, se cree que los desabastecerá de agua.

Los promotores de la protesta en Espinar acordaron mantener la huelga hasta que llegue la comisión de alto nivel del Gobierno, con la que se pueda formar una mesa de diálogo para solucionar el conflicto, que ya dejó un muerto el pasado jueves.

Sin embargo, el Ministro de la Producción, Jorge Villasante, manifestó que “nadie puede negociar con una pistola en la sien”, al insistir en que los manifestantes tienen que levantar la protesta antes de acudir a dialogar.

“Entonces, hay un punto muerto”, agregó Campana y confió en que “no ocurra ninguna desgracia”.

Diario La Primera-Lima 20/09/2010





RESOLVER EL CONFLICTO EN ESPINAR


La población de la provincia cusqueña de Espinar se encuentra en huelga indefinida convocada por su Frente de Defensa desde hace una semana y los esfuerzos de una comisión mediadora integrada por monseñor Miguel Cabrejos y la Defensoría del Pueblo no han dado, hasta el momento, los resultados que se esperaban.

Esto quiere decir que los huelguistas se rehúsan a levantar su medida de fuerza, condición exigida por el Ejecutivo para que una comisión de alto nivel presidida por el premier José Antonio Chang llegue a la zona de conflicto y logre firmar los indispensables acuerdos que permitirían superar la situación.

Si bien la actitud del Ejecutivo es correcta, pues nadie puede negociar bajo la presión de una medida de fuerza, hay que decir que –una vez más– estamos ante un conflicto anunciado y cuyo deterioro se ha dejado avanzar de modo irresponsable. Es que los pobladores de Espinar habían anunciado en reiteradas ocasiones su total oposición al desarrollo del proyecto Majes-Sihuas II sin antes haberse realizado los estudios de impacto ambiental adecuados.

Espinar consiguió que el Primer Juzgado Mixto de Wanchac dictara una medida cautelar contra la concesión del proyecto, pero la respuesta de Proinversión fue adelantar el concurso y proceder como si nada ocurriera, un hecho que fue considerado una provocación por los huelguistas. El mismo juzgado acaba de ordenar que se suspenda la firma del contrato con el consorcio ganador y se paralice la obra hasta que las partes implicadas logren un acuerdo.

En nuestra opinión, el proyecto Majes-Sihuas II, que requiere una inversión millonaria que el Estado no puede afrontar por sí mismo y por ello resolverá en forma mixta, es un proyecto que beneficia al país al extender la frontera agrícola y crear miles de puestos de trabajo, pero que ha sido conducido de la peor forma posible. Desde hace meses se sabía de la oposición de la población de Espinar a la construcción de una represa sobre el río Apurímac que, en opinión de los lugareños, los dejará sin abastecimiento hídrico en los periodos secos.

La respuesta de las autoridades ha sido que no ocurrirá tal cosa, pero los pobladores de Espinar exigen algo más que un acto de fe: un estudio integral de la cuenca de Apurímac y su afianzamiento hídrico. Esta exigencia era conocida por el gobierno central, pero, en lugar de buscar consensos, se prefirió imponer las cosas de modo unilateral y con una política de hechos consumados. Los resultados están a la vista y ahora se enfrentan con un pueblo en paro. El centralismo limeño no cambia.

Diario La República-Lima 19/09/2010






El gobierno convoca a la Iglesia para mediar en el conflicto de provincia cusqueña.
DOS MUERTOS Y MÁS DE 20 HERIDOS EN ESPINAR


Las protestas no cesan en Espinar y la represión se pone dura. Ahora ya son dos los muertos que en vez de disuadir a los manifestantes, los harán más rebeldes y valientes. El martes por la noche el enfrentamiento entre los pobladores y la policía dejó como saldo la muerte de Leon-cio Fernández Pacheco, un humilde trabajador de la Universidad Nacional San Antonio Abad, del Cusco. En la mañana de ayer una multitud paseó el cadáver de Fernández en medio de gritos y arengas.

Pero se ha informado desde Yauri que hay un segundo fallecido aún no identificado en la morgue de Espinar. Se trataría de un adolescente de 15 años. Todo esto contribuirá a encender la pradera, mientras que Alan García cree que son revueltas electorales. ¿Realmente lo cree o le importa poco la vida y las necesidades de los pueblos?

Hasta el momento se han reportado además 18 heridos, entre civiles y policías. En el hospital Essalud están internados 10 policías que fueron heridos con piedras.

Entre los heridos se encuentra el dirigente del Frente de Defensa, Silvestre Carlos, quien fue impactado por una bomba lacrimógena.

En diálogo con RPP Noticias, Silvio Campana, representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, indicó que tres de los heridos fueron trasladados a la ciudad de Arequipa por su estado grave.

Los pobladores, identificados como Miguel Sumac Paucara (15), Santos Cuevas Cáceres (23) y Kevin Quispe Allca (16), habrían recibido el impacto de perdigones en diferentes partes del cuerpo.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, Silvio Campana, señaló que la provincia de Espinar, donde los pobladores acatan un paro contra el proyecto Majes Siguas II, no existe personal del Instituto de Medicina Legal.

La Federación Departamental de Trabajadores del Cusco aprobó un paro de 48 horas en la región Cusco, para los días 21 y 22 de setiembre, en respaldo a Espinar.

En tanto, la representante de la Fiscalía de la provincia de Canchis, Vicky Luque, lamentó los acontecimientos violentos en Espinar y condenó la acción de la Policía y el Ejército Peruano.

Llama a la Iglesia
Luego del saldo represivo, el premier, José Antonio Chang, afirmó que el gobierno está dispuesto a dialogar con los manifestantes de Espinar por Majes Sihuas II, siempre y cuando se levante la medida de fuerza.

Chang refirió que tras asumir el cargo, se tomó contacto con los presidentes regionales de Cusco, Arequipa, así como el alcalde de Espinar para conocer la problemática de la zona y solicitó la mediación de monseñor Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal.

Diario La Primera-Lima 17/09/2010




DOS POBLADORES MUERTOS Y 18 HERIDOS EN ENFRENTAMIENTO CON LA POLICÍA EN CUSCO


Parlamentarios de la región Cusco demandaron la presencia inmediata del Presidente del Consejo de Ministros, José Antonio Chang, y del ministro del Interior Fernando Barrios, ante el Pleno del Congreso para explicar los luctuosos sucesos ocurridos la noche de ayer (15), en Espinar.

Exigieron también la formación de una comisión de alto nivel que investigue las causas de las muertes civiles a manos de la policía.

Víctor Mayorga mostró un reporte del director de salud de la zona, en el que da cuenta hasta el momento de 18 heridos y dos fallecidos, uno de los cuales se trata de un menor de edad (15).

Mayorga Miranda denunció ante la opinión pública la violenta represión de las fuerzas del orden en contra de la población cusqueña que rechaza la ejecución del proyecto de irrigación Majes Siguas II.

Responsabilizó a la Mesa Directiva del Congreso por no atender con la urgencia debida el pedido para llamar a los ministros y para conformar la comisión.

Por su parte, María Sumire precisó que el pasado 10 de junio habían solicitado la formación de una comisión multipartidaria que trate el problema suscitado por el proyecto de irrigación y que el Congreso mostró desinterés.

En la conferencia de prensa realizada al mediodía en el Congreso, estuvieron presentes además los parlamentarios Oswaldo Luízar, Hilaria Supa y Juvenal Silva.

Servindi-Lima 16/09/2010





DENUNCIAN INMINENTE INVASIÓN A RESERVA NACIONAL DE TAMBOPATA


La minería informal avanza incontenible destruyendo la biodiversidad de Madre de Dios

La Reserva Nacional de Tambopata (RNT) se encuentra amenazada por la inminente invasión de mineros informales denunció Luis Alfaro Lozano, jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp).

Alfaro denunció que los mineros informales se ubican en la zona de amortiguamiento de la reserva nacional, a la altura de los kilómetros 98, 108 y 117 de la carretera interoceánica.

El director del Sernanp contó que pidió a las autoridades locales destruir los accesos a Malinowski, pero recibió por respuesta “no se puede hacer nada, ya que es un camino que existe hace tiempo”.

El camino que se ha habilitado a la altura del kilómetro 107 atraviesa una concesión de reforestación y va al río Manuani, afluente del Malinowski, en la zona de amortiguamiento de la reserva.

El año pasado, con apoyo de la Dirección Forestal y de Fauna se logró cerrar este acceso, pero en la actualidad se encuentra reabierto por gente inescrupulosa.

“Esta situación de informalidad e ilegalidad que se da en la zona de amortiguamiento pone en serio riesgo la integridad de la Reserva Nacional de Tambopata”, señala Alfaro Lozano.

Sin duda, este hecho demuestra que la actividad minera informal se ha intensificado en Madre de Dios, como resultado del avance progresivo de esta actividad a nivel nacional.

El diario La República informó el 23 de julio pasado, que la Defensoría del Pueblo comprobó en su última visita a Madre de Dios que las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene y de la reserva Nacional de Tambopata, pese a ser consideradas intangibles, sufren el avance incontenible de la explotación minera.
Adiós a la diversidad

“El bosque rebosante de vida”, como se le conoce a la RNT dejaría de brindar su vitalidad y biodiversidad si no se toman acciones concretas, como lo pidió Iván Lanegra, representante de la Defensoría del Pueblo mediante el oficio Nº 158 en el mes de julio cuando visitó Nueva Arequipa, en el kilómetro 108 de la carretera interoceánica.

Este hecho que a todas luces es un grave atentado contra el medioambiente debería ser atendido con prontitud por el gobierno, indicó Lanegra.
Reserva Nacional de Tambopata

La reserva nacional se ubica en el departamento de Madre de Dios, tiene una superficie de 274 690 hectáreas y fue creada el 4 de setiembre de 2009.

El nombre de la reserva se debe a la cuenca del río Tambopata que guarda uno de los mayores índices de biodiversidad del mundo.

En ella se encuentran diversos ecosistemas como son los aguajales, pantanos, pacales y los bosques ribereños.

Además, entre los principales hábitats existen los acuáticos que sirven de lugar de descanso a más de 40 especies de aves migratorias transcontinentales.

También alberga especies consideradas en peligro de extinción como el lobo de río y especies endémicas de anfibios, aves, mamíferos e incluso árboles como la castaña.

Asimismo, en las zonas de amortiguamiento colindante se encuentran las comunidades nativas de Palma Real, Sonene e Infierno del grupo etnolingüístico Ese`Eja y la comunidad nativa Kotsimba del grupo etnolingüístico Puquirieri.

Servindi-Lima 16/09/2010





POBLADORES DE ESPINAR AMENAZAN CON RADICALIZAR PROTESTAS


Al cumplirse el tercer día del paro indefinido contra la licitación del proyecto de irrigación Majes Siguas II, la población de Espinar amenaza con tomar la represa de Pañe y bloquear la carretera rumbo a la localidad de Imata.

Según reportó Radio Sicuani, varios piquetes de manifestantes se desplazan rumbo a la represa, aledaña al sector de Condoroma, para exigir al gobierno respetar los recursos hídricos de la cuenca alta del río Apurímac.

Cabe recordar que, en la víspera, los espinarenses se enfrentaron con la policía cuando intentaron tomar la bomba de agua que abastece a la planta de relaves de la minera Strata Tintaya.

En el incidente hubo dos heridos. En tanto, los revoltosos retuvieron hasta anoche a un fiscal y ocho policías, quienes fueron liberados durante la madrugada.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/09/2010





VIOLENCIA EN ESPINAR POR MAJES-SIGUAS


Choque. Retienen a fiscal caballero y a comisaria Santillán. Policía detuvo a dos manifestantes. Hubo batalla campal a punta de huaraca y piedras en ambas direcciones. Pese a protestas entregan Majes

La situación en Espinar se agrava con el pasar de las horas. El segundo día del paro contra el proyecto Majes-Siguas II estuvo cargado de momentos de tensión y violencia. La chispa se encendió, pasada la una de la tarde, cuando un grupo de 120 pobladores intentó tomar la planta de bombeo de agua de la compañía minera Xstrata Tintaya. Los manifestantes exigen se anule la buena pro entregada el lunes al Consorcio Angostura Siguas.

Las áridas pampas del sector de Alto Huancané y el río Salado, a 15 minutos de la minera y 30 de Yauri (capital de Espinar), fueron escenario del choque entre los manifestantes y el contingente de 200 policías que dejó dos detenidos: Edgar Zevallos Carlos (32) y Aníbal Huillca Flórez (60).

Los agentes rodearon a los revoltosos, lo que motivó su reacción, quienes lanzaron piedras con huaracas (hondas) contra los policías. Los efectivos repelieron el ataque también usando las hondas como arma y piedras como proyectiles. Así, durante diez minutos, se desató una pelea que terminó cuando, al verse cercados, los manifestantes huyeron del lugar.

La detención de sus conciudadanos irritó a los espinarenses, luego de que Néstor Cuti, presidente del Comité de Lucha, manifestara al retornar a Yauri que fueron objeto del “abuso de la policía que detuvo a nuestros compañeros”. A las 5 de la tarde, un enardecido grupo retuvo al fiscal provincial adjunto de Espinar, Wilver Caballero Osorio, y al comisario, mayor Richard Santillán, quienes permanecieron detenidos durante una hora en la Casa del Maestro.

La titular de la Fiscalía Provincial, Celia Hancco, buscó negociar con el Comité de Lucha. El acuerdo fue intercambiar a las autoridades secuestradas por los detenidos.

La superioridad numérica de la población, les permitió rescatar a los huelguistas detenidos y retener también a la fiscal Celia Hancco; mientras tanto la policía optó por retirarse y abandonar a las autoridades. Una hora después, con los ánimos menos alterados, los dirigentes decidieron dejar en libertad a las autoridades. Los huelguistas preparan nuevas medidas.

Piden presencia del premier Chang

Según una norma aparecida ayer, el Ejército Peruano estará a cargo de mitigar las acciones de protesta en esa zona del país.

El presidente del Comité de Lucha, Néstor Cuti, exigió la presencia en Espinar del nuevo premier, José Antonio Chang, para que resuelva el conflicto desatado por la entrega de la buena pro del proyecto Siguas-Majes II.

Cuti responsabilizó al gobierno central de lo que pueda pasar en las siguientes horas.

Diario La República-Lima 15/09/2010





PESE A PROTESTAS ENTREGAN MAJES


Tensión en el sur. Pobladores cusqueños temen quedarse sin agua. Ministro de Agricultura asegura que afianzamiento hídrico evitará racionamiento cuando se inicie la derivación del agua hacia Majes-Siguas II. ProInversión da buena pro para el proyecto Majes-Siguas II

Pese a las protestas que se han desatado en la provincia de Espinar, en Cusco, ayer ProInversión otorgó al consorcio peruano-español Angostura-Siguas la buena pro del proyecto arequipeño de irrigación Majes-Siguas II, que dejaría sin el recurso hídrico a la provincia cusqueña.

El temor de los pobladores está sustentado en el balance hídrico que se realizó a la cuenca del río Apurímac, en Espinar, el cual reveló que de concretarse el proyecto se produciría un déficit de 12.8 millones de metros cúbicos de agua al año.
Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo aseguran que ya existe un plan de contingencia.

Plan de contingencia

Al respecto, el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, destacó que la semana pasada el gobierno central emitió un decreto supremo en el que se declaró de interés nacional el afianzamiento hídrico que permita abastecer con 30 millones de metros cúbicos de agua al año a la provincia cusqueña.

“Hemos dado la contrapartida pertinente de S/.4 millones a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para que inicie el perfil de preinversión del proyecto de afianzamiento hídrico de la cuenca del Apurímac, la cual abastece al pueblo cusqueño”, comentó.

De Córdova pidió calma a la población y aseguró que el afianzamiento hídrico en la cuenca del Apurímac evitará el desabastecimiento en el Cusco cuando se inicie la derivación de agua hacia Majes-Siguas II. “Es falso que se vaya a dejar sin agua a Espinar cuando se inicie la derivación de aguas”, sostuvo el titular de Agricultura.

Respaldo a Majes-Siguas II

El presidente del gobierno regional de Arequipa, Aarón Maldonado, también respaldó el proyecto de irrigación Majes-Siguas II y afirmó que no hay motivo para que la población de Espinar mantenga su protesta, toda vez que el recurso hídrico ya está asegurado.

“El afianzamiento hídrico en el sector de Espinar sobre una base de 30 millones de metros cúbicos de agua superará largamente los 12.8 millones de déficit. Con esto Espinar no tendría por qué quejarse”, dijo Maldonado.

Pero la provincia cusqueña de Espinar no confía en las promesas del gobierno central y ayer retomó la huelga indefinida en rechazo de la concesión del proyecto arequipeño de irrigación.

La sorpresiva entrega de la buena pro al consorcio Angostura-Siguas (programada para el 15 de setiembre) motivó a que el Comité de Lucha de esa provincia radicalizara la huelga indefinida iniciada en la víspera.

Si bien ayer la jornada no tuvo contundencia (solo el 50% de comercios e instituciones públicas suspendieron sus actividades), la indignación empezó a crecer al conocerse que el Ejecutivo adelantó la apertura de sobres.

Los dirigentes de los diferentes gremios, salvo de los campesinos, junto a unas 200 personas aproximadamente, iniciaron una movilización por las arterias de la ciudad. Luego bloquearon con un inmenso neumático el puente Cañipía, impidiendo el transporte entre Espinar y Cusco. La marcha concluyó en la Plaza de Armas de Yauri, donde sostuvieron una asamblea.

Néstor Cuti Huallpa, presidente del Comité de Lucha, en su alocución acusó al gobierno central de traicionar al pueblo y dejar a los pobladores espinarenses sin agua al entregar la obra con bastante celeridad.

“Es una vil traición de nuestras autoridades. Vamos a multiplicarnos desde mañana (hoy) para corregir este atropello. Si hay que dar nuestras vidas la daremos, yo seré el primero en ofrendar mi vida para defender el agua de Espinar” arengó el dirigente.

Asimismo, responsabilizó al ex premier Javier Velásquez Quesquén de haber despertado “al león dormido que es Espinar”, así como de lo que pueda suceder en los siguientes días con la radicalización de la protesta.

Mientras tanto, en Espinar, en horas de la tarde, el comité de lucha de la zona acordó que hoy se dirigirán a la zona de Imapa (límite entre Cusco y Arequipa) para bloquear esa vía. Durante la reunión también se propuso que una delegación viaje a Arequipa y otra a Cusco para protestar por el proceso de licitación y lograr que sea anulada. Federaciones de Cusco también se plegarán a la medida.

Cifras

38,500 hectáreas irrigará el proyecto Majes-Siguas II en los próximos cinco años.

407 millones de dólares es la inversión global del proyecto de irrigación.

Entrega de la buena pro es ilegal

El presidente regional de Cusco, Hugo Gonzales, cuestionó el proceder de ProInversión. “De manera ilegal, prepotente y pisoteando los derechos regionales adelantaron el proceso y le dieron la buena pro al consorcio Angostura-Siguas”. De Córdova respondió que el proceso se adelantó debido a la menor cantidad de ofertas que tuvo que evaluar ProInversión.

Luis Gallegos, procurador del GRC, anunció que hoy plantearán un recurso de nulidad contra el proceso ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (Osce) porque se vulneró la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de Estado.

“Entregaré personalmente ante Osce la nulidad. En ninguna parte de la ley se habla de adelantar el cronograma de la licitación, solo contempla la prórroga excepcional”, aseveró.

Diario La República-Lima 14/09/2010





“EL PERÚ ES MINERO, NO AGRARIO”


Según el presidente Alan García, “el Perú no es un país agrario” sino “esencialmente minero”. ¿Por qué? Según el presidente, por tres razones: porque la cantidad de tierra agrícola por habitante es baja, inferior a la de Ecuador, Colombia y Argentina ; porque para tener seguridad alimentaria (“idea que ya no sirve en el mundo”, dice) más importante que la producción interna de alimentos es tener recursos para importar alimentos, como hace el Japón; en tercer lugar, porque en la historia del país los indígenas de las comunidades campesinas fueron confinados a las tierras más pobres.

Algunas aclaraciones son pertinentes.

En primer lugar, lo deseable sería que el Perú fuera caracterizado no por los recursos naturales que posee, sino por su excelencia en transformarlos. Es lo que hacen las economías desarrolladas: agregar alto valor a las materias primas. El problema del Perú a lo largo de su historia es que se ha mantenido hasta hoy como una economía básicamente primaria, con escaso desarrollo de su capacidad transformadora, con incipiente industria y deficiente sistema educativo (base para la formación del capital humano necesario para una economía transformadora). El presidente García piensa como un gobernante del siglo XIX.

En segundo lugar, si entramos a la lógica presidencial de caracterizar al Perú por la importancia económica de sus recursos, el aporte de la agricultura al producto bruto interno es similar al minero, con tres grandes diferencias: (1) la agricultura da empleo directo a casi un tercio de los trabajadores del país, mientras que la minería lo hace al uno por ciento; (2) la agricultura es la base de la economía de la mayor parte de las regiones, mientras que la minería tiende a tener características de enclave; (3) la actividad agrícola, por ser realizada por centenares de miles de familias, es fuente descentralizada de ingresos, mientras que las inmensas rentas mineras se concentran básicamente en un reducido número de grandes empresas.

En tercer lugar, darle un carácter segundón a la agricultura con el argumento peregrino de que “la seguridad alimentaria es una idea que ya no sirve en el mundo” y que podemos canjear gas por alimentos, va no solo contra el sentido común, sino en directa oposición a las preocupaciones mundiales sobre el problema alimentario, particularmente a partir del año 2008, y de la que se hacen eco los organismos multilaterales como la FAO e incluso el Banco mundial.

No le falta razón al presidente, sin embargo, cuando afirma que las comunidades fueron en la historia confinadas a las tierras más pobres. ¡Él mismo se está ocupando de que continúe esta lamentable tradición!

1 Entrevista al presidente García publicada como suplemento especial del diario Expreso el lunes 6 de setiembre. De lectura obligada. Según información de la FAO, la disponibilidad de tierras agrícolas por habitante es solo algo mayor en Ecuador que en el Perú, y bastante menor en Colombia.

2 Según información de la FAO, la disponibilidad de tierras agrícolas por habitante es solo algo mayor en Ecuador que en el Perú, y bastante menor en Colombia.

Diario La Primera-Lima 13/09/2010





El gobierno ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas en la provincia cusqueña de Espinar en apoyo a la Policía Nacional.
ESPINAR ENTRA EN HUELGA INDEFINIDA


Los cusqueños están en contra del proceso de licitación del proyecto Majes Siguas II. Esto implica un nuevo conflicto en Cusco, que intenta detener el proyecto. La acción de amparo y medida cautelar, interpuesta por el Gobierno Regional del Cusco, admitida por el Primer Juzgado Mixto de Wanchaq, que ordena detener el proyecto Majes - Siguas II, fue tomada con sorpresa y desagrado por representantes de la región Arequipa y del ministerio de Agricultura.

Ambos entes, aseguraron que no existe ninguna notificación oficial, sobre la mencionada acción judicial, por lo que no se pronunciarán mientras no haya algo concreto, bajo ese criterio, por el momento, no se asumirá ninguna estrategia legal para contrarrestar los efectos de la demanda.

“No asumiremos ninguna estrategia, mientras no sepamos bajo qué argumentos está planteada la demanda cusqueña”, resaltó el gerente del Gobierno Regional de Arequipa, Berly Gonzáles, descartando que se considere adelantar en dos días la entrega de la Buena Pro del megaproyecto.

Similar posición y bastante molesto, el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, aseguró que se cumplirá el cronograma planteado para el proyecto y el miércoles 15 de setiembre se entregará la concesión de Majes II, con la presencia del presidente Alan García en el Centro de Convenciones de Cerro Julio a partir de las 10:00 horas.

“El viernes hasta las seis de la tarde, ni al ministerio de Agricultura, ni a Pro Inversión llegó ningún comunicado de ninguna instancia judicial, desconozco del tema”, indicó, tras asegurar que las medidas a ejecutar recién serán evaluadas una vez que el Juzgado cusqueño haga oficial la resolución.

Cusco ya el año anterior interpuso una acción similar, cuya sentencia ordenó realizar los Estudios de Impacto Ambiental y de Balance Hídrico antes que el proyecto Majes II continuara. Los argumentos del por qué el jurista cusqueño, Carlos Bárcena, en la actualidad, admite la nueva causa cusqueña, refieren que esos estudios no fueron validados por el Gobierno Regional del Cusco.

Al respecto, Berly Gonzáles explicó que estos criterios “no serían válidos”, pues la sentencia del Juzgado Mixto de Canchis (que ordenó hacer los estudios), en ninguna parte estableció que se haga validaciones. “Son argumentos no válidos, ya antes Cusco intentó parar el proceso no pagando la parte que le correspondía de los estudios de balance hídrico”, remarcó.

Diario La Primera-Lima 13/09/2010





17 de septiembre de 2010

RONDEROS DE PIURA Y CAJAMARCA SE DECLARÁN "LIBRES DE MINERÍA"



A través de un pronunciamiento público, las rondas campesinas y comunidades de Ayabaca, Huancabamba (Piura), San Ignacio y Jaén (Cajamarca) declaran sus territorios “libres de minería”.


Entre los fundamentos que exponen, se indica que existen ecosistemas únicos -como bosques de neblina y páramos- que son esenciales para la provisión de agua y que podrían verse afectados por la actividad minera.


También recalcan que la población de tres distritos de la región Piura, como son Pacaipampa, Ayabaca y Carmen de la Frontera, ya han dicho no a la minería a través de una consulta vecinal que se realizó el 16 de setiembre del año 2007.


Por ello, en la declaración demandan que se establezcan zona libre de minería, que se declare una moratoria a la entrega de concesiones mineras y que se revisen las concesiones mineras ya entregadas en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, San Ignacio y Jaén.


Finalmente, solicitan que los gobiernos provinciales y regionales aumenten los esfuerzos para priorizar el desarrollo de las actividades agropecuarias y el ecoturismo en dichas provincias.


Coordinadora Nacional de Radio-Lima 17/09/2010

10 de septiembre de 2010

RELATOR DE NACIONES UNIDAS SOSTIENE QUE DL 1097 REFUERZA CLIMA DE IMPUNIDAD


Martin Scheinin, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, expresó su preocupación por el último paquete de decretos legislativos promulgados por el presidente García.

También se pronunció sobre el Plan Integral de Reparaciones y sobre la actuación del Estado respecto a los derechos humanos y la judicialización.

Scheinin culminó el pasado 8 de setiembre su misión en el Perú para estudiar el marco legislativo e institucional y analizar las políticas en la lucha contra el terrorismo, y ver si éstos cumplen con el derecho internacional de los derechos humanos.

Decreto Legislativo 1097

“La percepción de un clima de impunidad, que ya existe, se ha reforzado recientemente mediante el nuevo Decreto Legislativo 1097, que parecería someter a prescripción los procesos penales contra perpetradores de delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú antes del 9 de noviembre de 2003″, señaló.

El DL 1097 tiene otra disposición que parecería imponer un plazo estricto irrazonable para el manejo de casos de delitos de lesa humanidad, lo que a juicio del Relator Especial probablemente dará pie a violaciones del derecho internacional, precisa.

Muchos de los interlocutores que se reunieron con el Relator Especial opinaron que el DL 1097 es inconstitucional y no debería ser aplicado por los tribunales peruanos.

Decreto Legislativo 1095

El Decreto legislativo 1095 relativo al uso de la fuerza por las fuerzas armadas en territorio nacional parecería basarse en una premisa equivocada de que una decisión interna para autorizar a las fuerzas militares a ejercer los poderes del Estado en una zona dentro del territorio peruano generaría la aplicación del derecho humanitario, con posibles consecuencias adversas para los derechos humanos.

La definición de “grupos hostiles”, que según la ley se supone que actúan como parte a un conflicto armado es tan lata que podría abarcar a movimientos de protesta social que no llevan armas de fuego consigo.

El Relator Especial recalca que el derecho humanitario internacional solamente es aplicable cuando los hechos objetivos en el terreno demuestran la existencia de un conflicto armado en curso entre partes identificables, las cuales son capaces de llevar a cabo hostilidades armadas y se organizan para ello.

Plan Integral de Reparaciones

El Relator Especial celebra que el gobierno peruano haya adoptado la Ley Número 28592 en el año 2005 sobre el Plan Integral de Reparaciones, que contempla reparaciones individuales y colectivas para las víctimas del conflicto armado interno.

El Relator Especial señala como elemento de mejores prácticas el hecho de que los planes de reparación no hacen diferenciación alguna entre las víctimas de la violencia terrorista y las víctimas de abusos de las autoridades militares y policiales del Estado, sino que tratan de brindar justicia a todas las víctimas de la violencia en pie de igualdad.

El Relator Especial considera de capital importancia que la aplicación de los programas colectivos de reparación se lleve a cabo mediante la participación efectiva de los beneficiarios de los mismos. Esto concierne en particular a los pueblos indígenas y a mujeres que a menudo se hallaron en el fuego cruzado del conflicto violento.

Aunque reconoce la importancia de la labor de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) para integrar a los gobiernos regionales y locales en el proceso de implementación, manifiesta su preocupación porque hasta la fecha se ha dado muy poca consideración a la participación de la mujer.

Esto quedó muy claro en sus conversaciones con varios interlocutores que frecuentemente no pudieron identificar elementos específicos de género en la implementación de los programas de reparación.

Además, el Relator Especial se preocupa porque la obligación de consultar con los pueblos indígenas, tal como lo requiere el Convenio número 169 de la OIT, ratificado por el Perú, no se tiene debidamente en cuenta en la implementación de los programas colectivos de reparaciones.

La potenciación debe ser un elemento central dentro del proceso de reconciliación. Además el Relator Especial quiere recalcar que la participación efectiva ayuda a evitar a que haya más episodios de injusticia social, y a que se corra el riesgo de fomentar caldos de cultivo para nuevas oleadas de terrorismo.

A su juicio, la piedra angular para la construcción de una sociedad sin terrorismo es la participación de las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades rurales en el diseño y la implementación de programas de reparaciones.

Supervisión a los sitios de detención

El Relator Especial señaló que aunque el Perú es parte a la Convención contra la Tortura y, desde 2006, a su protocolo facultativo (OPCAT), aún no ha creado un mecanismo nacional independiente para visitar todos los sitios de detención, aunque haya una propuesta para confiar esta función a la Defensora del Pueblo.

La creación de un mecanismo nacional independiente de visitas es una de las principales obligaciones de tratado con arreglo al OPCAT y es particularmente importante en el contexto de la lucha contra el terrorismo, pues las personas detenidas como sospechosos de terrorismo corren frecuentemente el riesgo agravado de tortura, y por ello un mecanismo efectivo de prevención es necesario para eliminar cualquier tentación de recurrir a medios prohibidos de interrogación durante la investigación de casos de terrorismo.

Estado de emergencia y restricción a los derechos humanos

En sus anteriores trabajos temáticos y por países acerca del derecho a un juicio justo en la lucha contra el terrorismo, el Relator Especial ha recalcado la importancia del principio de la normalidad, es decir su firme preferencia por abordar el terrorismo como delito grave, sujeto a un proceso ordinario ante tribunales ordinarios.

El Perú aporta lecciones importantes en ese sentido tras haber prescindido de los “tribunales sin rostro”. Sin embargo, el Relator Especial sigue preocupado porque el Perú es uno de los pocos países que reiteradamente han recurrido a la declaración del estado de emergencia, y a derogar algunas de sus obligaciones de derechos humanos debido al terrorismo.

Juicios por terrorismo

Como dimensión de las políticas de lucha contra el terrorismo de decenios anteriores, cabe destacar el enjuiciamiento de una gran cantidad de personas por terrorismo, aunque los juicios no cumplieron con las normas internacionales de derechos humanos por el uso, entre otras cosas, de los llamados “tribunales sin rostro”.

A raíz de un fallo de la Corte Constitucional de 2003 que declaró la inconstitucionalidad de varios elementos del marco jurídico que se aplicaba anteriormente, se llevaron a cabo nuevos juicios, que dio pie a la absolución de la mayor parte de los acusados que habían sido condenados equivocadamente por delitos de terrorismo.

El proceso de rejudicialización y de absoluciones se ha convertido en un elemento importante del proceso de reconciliación, y de la restauración del estado de derecho en el país.

Igual de importante ha sido el hecho de que el Sr. Alberto Fujimori Fujimori, antiguo Presidente del Perú, y varios de sus colaborados gubernamentales y militares más cercanos, hayan sido llevados ante la justicia, en un muy aclamado juicio, por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante los años en que la Constitución y sus garantías fueron suspendidas o pasadas por alto.

Sin embargo, aunque reconoce la complejidad de estos casos y de una gran cantidad de otros casos en curso, el Relator Especial se preocupa porque el juicio y el castigo de funcionarios del estado por violaciones de derechos humanos, incluyendo matanzas de la población civil, avanzan muy lentamente y pueden toparse con obstáculos legales, tanto antiguos como nuevos.

Sendero y el VRAE

Durante su misión, el Relator Especial buscó información sobre las formas y las amenazas actuales del terrorismo en el Perú. Se le informó que los remanentes de la organización Sendero Luminoso, principal perpetrador de las atrocidades contra la población civil y otros delitos terroristas durante el periodo entre 1980 a 2000 actualmente operan principalmente en la región del VRAE, en una alianza con grupos de crimen organizados que se dedican al narcotráfico.

No queda claro hasta qué punto constituye una real amenaza de una nueva oleada de terrorismo, en comparación con otros tipos de crimen organizado. El Relator Especial fue informado de casos de rebrote de actividades ideológicas y de propaganda, incluyendo en algunos centros docentes, que recuerdan los lemas de Sendero Luminoso, pero que no parecen estar vinculados con esa organización o con actos reales de terrorismo.

Principio de legalidad en la lucha contra el terrorismo

El Relator Especial, aunque reconoce el derecho y el deber del Estado de luchar contra el terrorismo, y consciente del espantoso sufrimiento de grandes partes de la población durante los decenios de violencia y conflicto armado interno, recalca que el terrorismo solamente se puede combatir cumpliendo con las normas internacionales de derechos humanos.

El principio de la legalidad no permite definiciones excesivamente amplias y latas de los crímenes relacionados con el terrorismo. El derecho a un examen judicial eficaz en relación a cualquier tipo de detención tiene que ser efectivo igualmente en casos basados en acusaciones de terrorismo.

La independencia del poder judicial es indispensable en una lucha contra el terrorismo que sea efectiva y respetuosa de la ley. El Relator Especial se preocupa por información que se le suministró en Ayacucho acerca de un juez que modificó un mandato de detención, emitido en un proceso relacionado con el terrorismo, en una orden de comparecencia, y cuya destitución del poder judicial por el órgano competente de control se estaría solicitando exclusivamente por esta razón.

Decreto Ley 25475

El Relator Especial se preocupa por la formulación amplia de la definición básica del delito de terrorismo en el Artículo 2 del Decreto ley 25475 que no ha sido enmendado oficialmente, aunque el Tribunal Constitucional haya emitido en su fallo de 2003 unas directrices sobre la interpretación de esta disposición.

Reitera su posición de que el terrorismo debe definirse en función de los medios injustificables a los que recurre, a saber violencia letal o, sino violencia física grave, contra miembros de la población civil o segmentos de la misma, o la toma de rehenes.

Conjuntamente con la intención de sembrar el miedo en la población, o de obligar a un gobierno a hacer algo, este umbral de violencia es suficiente para distinguir el terrorismo de cualquier otro tipo de delito, o de la protesta social por ello. El Relator Especial opina que la definición peruana es excesivamente lata ya que no se basa en semejante umbral de violencia.

Igualmente, el Relator Especial sigue preocupado porque el artículo 4 del mismo Decreto ley que parecería tipificar como colaboración con el terrorismo aquellas acciones cuyos “objetivos” coincidan con los que persiguen los terroristas, en vez de exigir vínculos fácticos con actos específicos de terrorismo o con personas que perpetran esos actos.

Tendencia a tipificar la protesta social por terrorismo

El Relator Especial durante su misión, debido a la naturaleza lata de estas disposiciones, buscó información acerca de episodios en que se hubiera recurrido a detenciones o enjuiciamientos por delitos de terrorismo en relación a casos que constituyan protesta social y no terrorismo.

Se convenció de que semejante tendencia de hecho existe también en el Perú, aunque huelga decir que la vigilancia de un poder judicial independiente puede contrarrestarla debidamente. En Cusco se le informó de un incidente en el que la policía había identificado equivocadamente una manifestación de la comunidad local como partidaria de Sendero Luminoso.

En Ayacucho le llamó la atención conocer en el Penal de Yanamilla a dos líderes comunitarios indígenas en detención preventiva por delitos de terrorismo aunque pareciera que solamente estaban manifestando de manera pacífica las reclamaciones legítimas de sus comunidades, incluso algunas relativas al Convenio 169 de la OIT.

Además ha manifestado su preocupación al gobierno peruano por una investigación por delitos de terrorismo contra 35 activistas indígenas y ambientales que se oponían a proyectos mineros en Piura. Igualmente se le dijo que los medios de comunicación o algunos políticos locales utilizan el concepto de terrorismo para estigmatizar las expresiones de protesta.

El Relator Especial recomienda el examen de los artículos 2 y 4 del Decreto ley No. 25475 y otras disposiciones que definen lo que constituyen crímenes terroristas para lograr un cumplimiento estricto con el requisito de la legalidad. Es consciente de que la aplicación de las disposiciones existentes está limitada por directrices que dimanan del fallo del Tribunal Constitucional de 2003.

Nueva ley contra el terrorismo

Sin embargo, recomienda una reforma legislativa para contrarrestar cualesquiera tentaciones hacia una aplicación más amplia. Según él, la perspectiva de redactar y adoptar una ley apropiada contra el terrorismo es una oportunidad para alejarse de los Decreto ley, es decir, leyes adoptadas por el Ejecutivo mediante la delegación de la autoridad, y para reforzar el estado de derecho mediante la creación a través de la legislación parlamentaria de un marco apropiado para las medidas contra el terrorismo.

Durante su misión el Relator Especial se enteró de que una Comisión de expertos ha preparado un proyecto de nueva ley contra el terrorismo que sustituiría el Decreto ley 25475.

La nueva ley también tendría en cuenta el marco de las obligaciones internacionales del Perú con arreglo a distintos convenciones y protocolos contra el terrorismo, y resoluciones del Consejo de Seguridad. El Relator Especial celebra este plan y la oferta que se le cursó durante la misión a ser consultado acerca del proyecto de ley en un futuro cercano.

Conflictos sociales

Se le informó al Relator Especial de que actualmente en el Perú hay cientos de casos que han sido clasificados como conflictos sociales, con frecuencia relacionados al disfrute efectivo de derechos humanos o a elementos de subsistencia, es decir agua, energía, educación, servicios de salud o tierras agrícolas.

Recalca que dichos conflictos no pueden resolverse confundiendo la protesta con la subversión, o mediante la detención e imputación por delitos de terrorismo a los líderes de las mismísimas comunidades que más padecieron durante los decenios de violencia y de conflicto interno armado, las cuales siguen marginalizadas y sujetas a la discriminación.

Oír a todos los sectores

Durante su misión el Relator Especial hizo gala de una gran voluntad para cumplirla a cabalidad, al sostener múltiples reuniones con representantes de todos los sectores y analizar una copiosa información sobre la materia en cuestión.

Martin Scheinin visitó Lima, Ayacucho y Cusco. Se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Defensa, así como con funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y del Interior.

También sostuvo reuniones con funcionarios de la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la Policía y los servicios de inteligencia.

Además se reunió con parlamentarios, jueces de la Corte Suprema y otros miembros del Poder Judicial, la Defensora del Pueblo y sus representantes regionales, el Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y con autoridades regionales y locales en Ayacucho y en Cusco.

Se reunió con representantes de la sociedad civil, incluyendo a organizaciones no gubernamentales, académicos, abogados, representantes de comunidades locales e indígenas y de desplazados, víctimas del terrorismo, y víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado, y con miembros de las comisiones de reparaciones.

El Relator Especial, durante sus reuniones como también mediante otros métodos de investigación, recaudó información sobre las cuestiones prácticas y las consecuencias de las medidas contra el terrorismo del Perú.

Los abogados de los acusados de delitos de terrorismo, como también miembros de las fuerzas de seguridad, de las cuales algunos de sus miembros supuestamente cometieron violaciones de derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo, aportaron perspectivas y experiencias valiosas.

En el Penal Miguel Castro Castro en Lima y en el Penal de Yanamilla en Ayacucho pudo entrevistarse en privado con procesados y sentenciados por delitos de terrorismo. El Relator Especial asimismo visitó a una comunidad reasentada de desplazados internos y se reunió con líderes de comunidades retornadas.

El Relator Especial agradece a todos sus interlocutores por su cooperación constructiva en la preparación de la misión, como también durante la misma, en particular al Ministerio de Relaciones Exteriores por la excelente facilitación de la visita.

Asimismo manifiesta su agradecimiento a la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y a las agencias de la ONU en el Perú, como también a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y su competente y comprometida delegación, integrada por dos asistentes y dos intérpretes.

Servindi-Lima 10.09.2010





“LA DEROGATORIA DEL DL 1097 ES LO MÁS SALUDABLE PARA EL PAÍS”


Entrevista/Luis Bambarén. Ex presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. El DL 1097 es una norma inconstitucional con nombre propio. Por tanto debe ser derogada, dice monseñor Bambarén.

Liliana Rojas.

Tras el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal y de diveros sectores de la sociedad en contra del DL 1097, ¿considera también que éste debe derogarse?

Es una gran cosa que se pronuncie la Conferencia Episcopal, pero los fiscales han ofrecido intervenir en esto para declarar la inconstitucionalidad del decreto. También se ha pronunciado en el mismo sentido la Defensoría del Pueblo. Nadie desea que alguien esté preso, pero tampoco que injustamente esté libre. Por ejemplo, (José Enrique) Crousillat aparecería en Buenos Aires tranquilamente mientras aquí fingía enfermedad. ¿Cuánta gente pobre no tiene la posibilidad de contar con la debida atención procesal? Que la justicia sea para todos.

¿Cree que el DL 1097 es una nueva versión de la Ley de Amnistía dada por Fujimori?

Parece que sí, por lo menos por las declaraciones del ministro (Rafael) Rey, esa es la intencionalidad.

¿No cree que esta norma debió haber sido debatida en el Congreso en vez de ser emitida por el Ejecutivo en virtud a las facultades que se le dio?

He escuchado a los políticos y muchos coinciden en la derogatoria de la polémica norma. Me gustó la posición del ministro de Justicia que incluso amenazó con su renuncia. Por lo pronto, él ha sido claro en que no va a favorecer al grupo Colina. ¿Cómo este grupo que ha cometido tantas muertes se va a acoger al decreto? Este es un decreto con nombre propio, de ninguna manera.

¿El DL 1097 es un retroceso en la lucha contra la impunidad?

Por supuesto. Es una inconstitucionalidad encubierta.

¿Cuál es el mensaje de la Conferencia Episcopal?

Está en la misma línea de la defensa de la vida.

¿En qué situación moral queda el país si se aplica el decreto?

Sería un golpe muy duro para las víctimas del terrorismo, especialmente porque han venido reivindicando las reparaciones por excesos de los militares. Es cierto que los militares se han jugado la vida por defender al país del terrorismo, pero también ha habido excesos como los cometidos por el Grupo (paramilitar) Colina.

Entre el derecho del agresor y el de la víctima, ¿cuál prevalece?

El de la víctima, por supuesto, pero con justicia. Es la justicia la que debe prevalecer. No podemos dar prioridad a unos delincuentes sobre otros que a lo mejor son inocentes pero que están en la cárcel y son pobres. La justicia debe llegar a todos por igual.

¿Qué llamado les haría a los jueces para responder con justicia ante el reclamo de las víctimas y los militares procesados?

El clamor que se ha manifestado públicamente es que este decreto no puede aplicarse de la manera como está planteado, sumamente cuestionado. Pido al Poder Judicial, al presidente de la Corte Suprema, que tomen una posición.
¿Cuál es la posición que se debe adoptar respecto a este controvertido decreto?

Indefectiblemente, la derogatoria. Soy muy claro en eso.

¿Es el único camino?

Es lo más saludable para el país y para todos, sin atropellar los derechos de nadie. Que se haga justicia para todos por igual, que se derogue este decreto.

REACCIONES

"Mi percepción de un clima de impunidad, que ya existe, se ha reforzado mediante el DL 1097 que parecería someter a prescripción los procesos penales contra perpetradores de delitos de lesa humanidad cometidos en Perú”.

Martin Scheinin
relator de ONU para protección de DDHH

"Este decreto es una tarjeta para ‘salir de la cárcel gratis‘ para individuos que han cometido atrocidades sistemáticas en contra de civiles. Es un mensaje equivocado para las fuerzas de seguridad, por eso le enviamos una carta al presidente García”.

Coletta Youngers
Investigadora afiliada a Wola

"Una declaración interpretativa no puede modificar una cláusula de la Convención sobre imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra, no tiene el peso ni la entidad jurídica para hacerlo. Todas las violaciones de los Derechos Humanos deben ser juzgadas”.

Hugo Relva
Coordinador del Programa Justicia Internacional de Amnistía Internacional

"Hace 42 años se estableció la imprescriptibilidad para el crimen de genocidio y los crímenes de guerra. Al ratificar un tratado, lo que hace el Perú no es crear una nueva ley sino reconocer una norma internacional ya existente”.

José Zalaquett
Ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Diario La República-Lima 10.09.2010





RESERVAS DE ORO EN EL PERÚ SE ACABAN EN 10 AÑOS


Escasez. Ministerio de energía y minas lo confirma. Germán Alarco, investigador de Centrum Católica, asegura que las reservas probadas de zinc y estaño no superarán los 7 años de vida al ritmo de la producción actual. Infografía

Omar Mariluz.

El Perú ya no es un mendigo sentado en un banco de oro o por lo menos lo dejará de ser en los próximos años. Y es que de mantener los niveles actuales de producción, las reservas auríferas probadas en el país se agotarían en poco más de tres años, mientras que a la suma de probadas y probables les resta un plazo de vida menor a 11 años.

En su investigación, Germán Alarco, economista de Centrum Católica, fija la proyección de vida de los principales metales que se producen en el Perú, tras contrastar información del propio Ministerio de Energía y Minas (MEM) y del Servicio de Geología de los Estados Unidos. (Ver infografía).

Así, tenemos que la producción de las reservas probadas de zinc no superaría los seis años y medio de vida, mientras que las de estaño a duras penas sobrepasarían los siete años. Un caso distinto es el de las reservas probadas de plata y cobre que sí superarían los 17 y 35 años de vida, respectivamente.

La fuerza del oro en el Perú

Lo más preocupante en el caso del oro es que solo este metal representa casi la tercera parte de las exportaciones totales del Perú, mientras que las exportaciones mineras en su conjunto significan poco más del 60% de lo que exporta el país al resto del mundo. Es decir, una posible escasez impactaría significativamente en el Producto Bruto Interno (PBI) nacional.

¿Minería sostenible?

Pese a que el Perú es considerado un país rico en recursos naturales en toda su historia, el investigador de Centrum Católica lamenta que no hayamos sabido aprovechar esas riquezas y afirma que las cifras que acaba de presentar demuestran que el país no ha tenido una minería sostenible.

“Lo que tenemos aquí es una llamada de atención al gobierno para que preste atención a sus propios números y una llamada de atención al sector privado de aclarar estos números o presentar nueva información sobre los proyectos de incorporación de nuevas reservas”, manifestó Alarco.

Carlos Anderson, también investigador de Centrum Católica, prefiere darle el beneficio de la duda al MEM y abre la posibilidad de una supuesta inacción o descuido del ministerio al momento de actualizar la proyección de vida de las reservas mineras.

“Tenemos que cambiar la forma como miramos nuestro sector productivo porque durante siglos hemos tenido una visión extractiva y de acabar con lo que tenemos y lo que sucede es que hay límites. Yo creo que debemos empezar a invertir más”, invocó Anderson.

Ambos investigadores coincidieron en que el actual escenario obliga a plantear un rediseño del esquema tributario minero, tal como el que se aplicó en Australia y como se intenta introducir en Chile (impuesto a las sobreganancias), más aún ante una posible escasez de reservas.

Una fuente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía dice que aunque hay un problema de limitación de reservas auríferas, es a causa de los conflictos sociales que se desatan en el país, que no permiten desarrollar proyectos de exploración.

Cifras

589 toneladas de oro es el total de reservas probadas existentes en el país.

1,968 toneladas de oro es el total de reservas probadas y probables.

PRECISIONES

Exportación. El investigador Germán Alarco afirma que la exportación de las reservas probadas de oro solo durará para los próximos tres años, mientras que la exportación de las reservas probadas y probables del metal precioso alcanzará para los siguientes 9.9 años.

Hierro. Pero hay minerales que sí son abundantes. Detalló que se podrá exportar reservas probadas de hierro para los próximos 126.3 años.

El MEM reconoce las nuevas cifras

El departamento de estadística del MEM coincide con el investigador de Centrum en que las reservas probadas y probables de oro solo alcanzarán para los próximos 10 años, pero aseguran que en el caso de las probadas, les restaría un promedio de vida de 5.4 años.

Explicaron que el nivel de reservas es bajo porque es un mineral más errático que el cobre; es decir, descubrir yacimientos de oro no es simple. Además resaltaron que no solo es un tema de exploración minera, afirmaron que la escasez también responde a factores como la cotización, costos y gastos.

Diario La República-Lima 10.09.2010