30 de septiembre de 2011

MINISTRO VALDÉS PIDE A GOBIERNOS REGIONALES COLABORAR EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES


El ministro del Interior, Óscar Valdés, pidió hoy que las autoridades regionales y locales colaboren en la prevención de los conflictos sociales, porque la Policía, además de resguardar el orden público, tiene que luchar contra la delincuencia y el narcotráfico.

Indicó que actualmente existen en curso diversos conflictos sociales –heredados de los últimos años– ante los cuales la Policía tiene que estar atenta, para resguardar el orden público en caso de movilizaciones.

“Pediríamos a los gobiernos regionales que, en vez de encabezar las protestas, comiencen a encabezar propuestas, que vean qué problemas tiene su población y busquen el diálogo, porque la Policía no puede estar en todos los lugares”, anotó.

Indicó que muchas veces las marchas y movilizaciones no son pacíficas, sino que algunos revoltosos terminan atacando las instalaciones públicas y privadas, frente a lo cual la Policía tiene que intervenir en resguardo del orden.

Advirtió además que la Policía no está bien equipada con instrumentos antimotines y armas no letales para cumplir su labor; hecho que se agrava cuando los agentes son enjuiciados por cumplir su rol de hacer respetar el orden.

Añadió que además la Policía tiene que hacer frente a la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico en zonas cocaleras de la selva, como el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE).

Manifestó que durante la anterior gestión no se dio un apropiado equipamiento a la Policía por un problema de inadecuada gestión, pero ya se están adoptando las medidas para solucionar esas carencias.

El titular del Interior señaló a Panamericana Televisión que pronto se realizarán adquisiciones con los 200 millones de nuevos soles destinados por el Poder Ejecutivo al Fondo para la Seguridad Ciudadana.

Valdés reveló que hasta el momento no se han conseguido aportes del sector privado para este fondo y espera que esa situación se revierta pronto.

Andina-Lima 30.09.2011





GOBIERNO OFRECE MESA DE TRABAJO A LA POBLACIÓN TACNEÑA




El ministerio de Energía y Minas pidió a la población tacneña, a través de una carta, establecer condiciones para la organización de una mesa de trabajo, hecho que hizo se aplazara la huelga anunciada por el presidente regional Tito Chocano hasta el tres de octubre.

Sin embargo, algunas autoridades y gremios manifestaron molestia y se retiraron de la reunión donde se llevó a cabo la votación.

Por su parte la congresista nacionalista por Tacna Natalie Condori Jahuira invocó a las autoridades tacneñas actuar con responsabilidad porque el Ministerio de Energía y Minas cumplió con anular la audiencia pública de su proyecto de ampliación, el pasado 21 de setiembre.

“Ya existe la propuesta del gobierno y de la Presidencia del Consejo de Ministros para una mesa de diálogo. Es el presidente regional Tito Chocano quien tiene que definir el día y la hora”, informó

Servindi-Lima 30.09.2011





GOBIERNO PROMULGÓ REGLAMENTO DEL GRAVAMEN ESPECIAL AL SECTOR MINERO


Ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, sostuvo que con toda la reforma tributaria, el gobierno recaudaría unos S/. 250 millones mensuales.

Enrique Larrea.

Con una celeridad inusitada el gobierno promulgó ayer uno de los tres reglamentos que reforman el sistema tributario del sector minero. El reglamento está referido al gravamen especial a la minería y permitiría recaudar S/. 1.412 millones adicionales al año de las mineras que cuentan con contratos de estabilidad tributaria. Este monto se obtendría siempre y cuando se mantengan los precios actuales de los minerales.

El gravamen especial establece tasas de entre 4% y 13,12%, en función del margen operativo. El reglamento aprobado ayer mediante decreto supremo Nº 173-2011-EF determina que el gravamen se aplicará sobre la utilidad operativa trimestral y la tasa efectiva se establecerá en función al margen operativo.

El citado reglamento faculta al Estado a firmar convenios, a través de los cuales las compañías mineras se comprometan de manera voluntaria al pago del gravamen. Asimismo, se establece una periodicidad trimestral para el gravamen.

La firma de estos convenios forma parte del acuerdo al que arribó el gobierno con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) con la finalidad de no dañar la imagen del país frente a los inversores alterando los convenios de estabilidad jurídica.

Excepcionalmente, por concepto del gravamen del último trimestre del 2011 (octubre, noviembre y diciembre), las empresas se comprometen a efectuar anticipos mensuales en base a los ingresos generados por las ventas mensuales y el margen operativo del ejercicio 2010, redondeado a dos decimales.

Así, deberá declararse y pagarse el anticipo hasta el último día hábil del mes siguiente al que corresponda. Las empresas deberán declarar y efectuar el pago definitivo del gravamen correspondiente al último trimestre del 2011, dentro de los últimos 12 días hábiles de febrero del 2012, señala el reglamento.

Quince compañías lo pagarán

En total, son 15 las empresas mineras que suscribieron 18 convenios de estabilidad tributaria con el Estado durante los años noventa y que ahora pagarán el nuevo gravamen. Era crucial captar de estas empresas mayores ingresos para el fisco debido a que, según cifras de los Ministerios de Economía y Energía y Minas, éstas aportan el 60% del Impuesto Minero a la Renta, es decir son las que mayores ingresos reportan.

S/. 250 millones al mes

Al respecto, el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, señaló que el nuevo régimen tributario que se aplicará al sector minero permitirá recaudar aproximadamente S/. 250 millones de nuevos soles por mes.

“El Estado empezará a recibir S/. 3 mil millones en el 2012, que será el primer año completo de vigencia de este nuevo régimen, y si dividimos esto entre 12 meses da aproximadamente 250 millones de soles al mes en promedio”, dijo el titular del MEM.
La carga tributaria sube ente 3% y 6%
1]Un estudio de INDE Consultores, cuyo gerente general es el ex jefe de la Sunat Luis Arias Minaya, indica que, con la modificación del régimen fiscal actual, la carga tributaria total de las empresas estabilizadas sube de 38% a una tasa que varía entre 41% y 44%.

2] “Para las empresas con convenio de estabilidad vigente y que no pagan regalías, el régimen fiscal se transforma de proporcional a progresivo. En el régimen vigente las empresas tienen una carga fiscal de 38%. Con el nuevo régimen la carga fiscal varía entre 41% y 44%”, señala el estudio.

3]Cabe recordar que los convenios de estabilidad tributaria se aprobaron desde 1992, durante el gobierno fujimontesinista.
Datos
Exportación. En el primer semestre, las exportaciones de los productos mineros registraron un valor de US$ 15.520 millones, que supera en 32,5% al del año anterior en el mismo periodo, que fue de US$ 11.710 millones.

Mineral lÍder. El cobre aparece en primer lugar con un monto comercializado por US$ 6.249 millones, que es mayor en 32,3% al alcanzado el año anterior que fue de US$ 4.723 millones.

Diario La República 30.09.2011






29 de septiembre de 2011

INICIAN PARO CONTRA YANACOCHA


Ante la negativa de Minera Yanacocha en el Proyecto Conga que pretende construir una carretera por el centro de dos importantes lagunas como son Laguna Seca y Laguna Negra en el Centro Poblado El Alumbre, cerca de medio millar de comuneros de 8 caseríos decidieron iniciar un paro indefinido, el mismo que empezó a las 5 de la tarde de ayer.


Encabezado por el ex alcalde del Centro Poblado El Alumbre Alfredo Cruzado Díaz, así como el Gobernador de Bambamarca Manuel Vásquez Uriarte, los regidores provinciales ingenieros Silvestre Baustista y Adrián Vásquez y un gran número de comuneros ésta mañana se concentraron en las lagunas a la espera de los funcionarios mineros para hacerle llegar su propuesta contundente de no afectar las lagunas y sugerían desviar la carretera por la parte baja de las laguna, propuesta que fue rechazada por los mineros, tercamente señalaron que no afectarán las aguas, anuncio que ningún campesino los creyó, con el antecedente de otras lagunas que ahora han desaparecido.

Los pobladores de 8 comunidades como: Namococha, Quengorio Alto, El Alumbre, Corralpampa, San Antonio, entre otras, señalaron que defenderán las lagunas Seca y Negra hasta con sus propias vidas por considerar que son las nacientes principales de todas las aguas que vierten a otras lagunas, ríos y quebradas de la zona.

Por su parte el funcionario del proyecto Conga Fernando Cabanillas, soberbiamente expresó que no afectarán las aguas, además ratificó que desaparecerán la Laguna El Perol señalando que cuentan con la autorización de las autoridades competentes.

La medida de lucha se inició bloqueando la carretera hacia Combayo, El Alumbe y El Tambo-Bambamarca, amenazando que radicalizaría las medida de fuerza en las próximas horas, las autoridades de Bambamarca como el Gobernador Manuel Vásquez Uriarte, los regidores Silvestre Baustista y Adrián Vásquez comprometieron su apoyo a los comuneros por considerar justos sus reclamos.

Diario El Mercurio-Cajamarca 29.09.2011





CANDARAVE SE QUEDA SIN AGUA


Presidente de la Comisión de Regantes de Candarave confirma que Laguna de Vizcachas se ha quedado totalmente desierta, mientras que Laguna de Suches sólo cuenta con 1 mil 400 litros por segundo cuando antes abastecía a Candarave con 3 mil 500 litros de agua por segundo. La directa responsable, según el dirigente es la presencia de la Southern en la zona y ahora la tentativa de ampliación de su planta concentradora.

El Presidente de la Comisión de Regantes de Candarave, Wilbert Acero confirmó que la Laguna de Vizcachas que antes abastecía del recurso hídrico a la provincia ahora ha quedado completamente desierta, mientras que la Laguna de Suches cuenta a la fecha con 1 mil 400 litros por segundo, cuando antes abastecía a los agricultores con hasta 3 mil 500 litros por segundo.

“La situación del recurso hídrico en Candarave cada día es peor y como consecuencia ha originado que de tener 40 mil cabezas de ganado ahora tengamos no más de 10 mil. Antes en la Laguna de Suches teníamos 3 mil 500 litros por segundo de agua. Ahora sólo tenemos 1 mil 400 litros, aún cuando nuestra licencia de aguas nos permite el uso de 2 mil 346 litros por segundo. Y cada año baja el caudal lo que origina que los niveles de pobreza en Candarave alcance hasta el 50%. También la Laguna de Vizcachas ya no existe, es una pampa polvorienta, después de haber sido un espejo de agua”, indicó.

Según Acero Tellería, la situación de esta laguna sólo se revertiría si la empresa minera Southern desiste de continuar usando los 1 mil 950 litros por segundo de agua, que permitiría –dijo- que nuevamente aflore el recurso hídrico en esta ahora desierta laguna. Con esta cantidad de agua podrían sumar los existentes 1 mil 400 litros por segundo y de esta forma se permitiría elevar las condiciones de vida de miles de agricultores de Candarave.

“Si rechazamos el uso de agua subterránea de la Southern podremos nuevamente recuperar la laguna de Vizcachas. Sumados a los 1 mil 400 litros por segundo, da los 3 cubos y medio que debería existir en el rio. Nuestro pronunciamiento suscrito ayer va por ese lado, estamos rechazando la ampliación de la concentradora de Toquepala porque sabemos que sí usarán más agua. Es ilógico que al aumentar de una producción de 60 mil a 120 mil toneladas no se use más agua, cuando hay precedentes en que no respetaron la licencia de aguas”, indicó.

Servindi-Lima 29.09.2011





28 de septiembre de 2011

ARANA HAN MATADO AL RÍO GRANDE, Y AHORA BUSCAN MATAR LA SHACSHA EN BAÑOS DEL INCA


Los conflictos socio-ambientales marcan el territorio nacional. En el caso de Cajamarca el tema de explotación del acuífero Quilish es una herida abierta y motivo de serios enfrentamientos.

Muchos a favor y muchos en contra de la explotación de esta veta de oro, que para Yanacocha significaría millones en ganancias y para los cajamarquinos una muerte segura. Las recientes visitas a las nacientes del río Grande demuestran que el agua que se vierte al cauce es bombeada, y se pone al descubierto un convenio reservado entre SEDACAJ y Yanacocha sobre información privilegiada en el tema de aguas.

Más dudas que certezas, más desengaños respecto de nuestras instituciones. Todo apunta a un nuevo motivo de problema y enfrentamientos.

Diario El Mercurio conversó con Marco Arana Zegarra respecto de esta situación que involucra a todos.

¿Ha tomado fuerza el conflicto entre la minera y la población de Cajamarca por el tema de agua?
El conflicto estaba latente, digamos dormido, pero quien en verdad reactivó el conflicto fue el gerente de Yanacocha, el señor Carlos Santa Cruz, quien declaró en mayo que se estaban realizando los estudios para la explotación del cerro Quilish.

¿Fue un retiro provisional?
Todo indica que así fue. Parece que es parte de una estrategia de dejar pasar el tiempo, dejar enfriar las situaciones tensas a fin de iniciar operaciones en el momento más adecuado, en otras circunstancias.

¿Pero no se pierde de vista el objetivo?
Yanacocha nunca ha dejado en el olvido ese tema, al parecer el Quilish es la meta de esta empresa minera y desean de todas formas explotarlo por el enorme potencial de oro que alberga en sus entrañas. el deseo de explotar el Quilish no son nada oculto, se pueden disfrazar las situaciones, querer ocultar las verdaderas intenciones y sugerir un sinfín de temas, pero la realidad es que el Quilish siempre será la meta de Yanacocha.

¿La visita a las nacientes del río Grande fue un factor que generó mayores controversias?
La visita que organizó el Frente de Defensa ha servido para difundir la grave situación de escasez de agua en Cajamarca. Durante las épocas de estiaje en Cajamarca el agua no era abundante pero tampoco faltaba, y eso lo saben muy bien los pobladores de la zona rural y urbana de Cajamarca. Ahora hablamos de un severo déficit de agua en las fuentes.

¿Es dramática la situación respecto de depredación de acuíferos?
La situación es dramática, y de manera constante se ha estado difundiendo fotos, videos sobre la situación de las cabeceras de cuencas, pero muchos desean no darse por enterados, y otros grupos desean que la población se entretengan en otros temas y no ver y tomar conciencia que la situación es más que preocupante.

¿Qué opina del bombeo de aguas en las nacientes del río Grande?
El río Grande ha muerto, el río Grande en estos momentos ya no existe, lo que se vierte al cauce es simplemente agua que utiliza la minera, pero esa fuente de agua ya quedó en el pasado, es parte de la historia de Cajamarca. Las imágenes de la última vivita realizada a la zona demuestran qué calidad de agua están consumiendo los cajamarquinos, como existen tuberías que vierten agua directamente en el cauce del río Grande, uno de los ríos que abastecen a las plantas de tratamiento de SEDACAJ.

¿Se hizo público que establecía un convenio secreto entre SEDACAJ y Yanacocha?
Lo cual demuestra cual es la verdadera forma de trabajar de esta empresa y lamentablemente cómo es posible que una entidad como SEDACAJ haya aceptado este convenio. Hablamos de agua, el líquido elemento para la población.

¿Hay un juicio o controversia entre Yanacocha y Baños?
Si. Yanacocha desea explotar en la Shacsha. Este espacio es el acuífero de Baños del Inca, y la municipalidad de Baños emitió una ordenanza de protección de esa zona, felizmente. Pero no creo que las cosas se queden tan tranquilas my el juicio entre la empresa y el municipio es una realidad, así que esperemos a ver que decide el Poder Judicial.

¿Adiós Baños del Inca?
Si. Si Yanacocha explota en la Shacsha hablamos de un serio problema en cuanto a colchones acuíferos. Ahora, si se reduce la cantidad de agua en Baños como poder abastecer el complejo turístico, que representa el principal atractivo turístico de ese distrito.

¿Se afectaría también las fuentes termales?
Definitivamente, lo que representa un grave riesgo. El tema de protección de colchones acuíferos de fuentes de agua es algo que compete a autoridades, frentes de defensa, y sobre todo a la población que debe exigir el respeto a su derecho al agua, su derecho a la vida, a un ambiente sano.

¿Su apreciación respecto del laboratorio del agua en Cajamarca?
El laboratorio del agua es un tema bastante delicado. Ahora se dice que hay observaciones por levantar, que se cuenta con un laboratorio que no cumple con exigencias, que no permite la realización de un buen trabajo. Se sugiere levantar observaciones, pero el tema va por saber cuánto tiempo más demorará levantar observaciones, y cuándo contar con un ente especializado en el análisis de la calidad de aguas. Tal vez para algunos el tema del laboratorio sea incómodo.

Diario El Mercurio-Cajamarca 28.09.2011





RECHAZAN EXPLOTACIÓN DE MINERAL


Comuneros enviaron documentos al primer mandatario rechazaron actitud de vicepresidente regional

Los dirigentes de la comunidad campesina San Juan de Kañaris, distrito del mismo nombre en la provincia de Ferreñafe, mediante una carta de pronunciamiento han solicitado al presidente de la república Ollanta Humala Tasso que se suspenda la actividad minera que viene realizando la empresa, Candente Resource corp.

Los comuneros indicaron que esta empresa actualmente viene explorando el primer tramo de las concesiones continuas que aproximadamente cubren unas 17,200 hectáreas de bosque y tierras comunales. Dijeron que la empresa canadiense es propietaria del 100% de la propiedad minera de Cañariaco (adquirida por 75 mil dólares)

Cristóbal Barrios Carrillo presidente de la comunidad campesina San Juan de Kañaris, señalo que la extracción minera contaminaría las aguas del Huancabamba (río Cañariaco) y las aguas del Huayambamba-Motupe (río Torcas que nace en la parte este del Cañariaco).

El dirigente indico que una de las propuestas es realizar una consulta comunal previa, para que la empresa canadiense comience a explotar. “Sabemos que la exploración al diez por cierto y luego vendría la explotación de cobre, complementando con oro y plata, por eso pedimos que se realice una ley de consulta previa para que el pueblo decida si debe realizar la explotación de minerales”, precisó.

También sugirieron que la Agencia ADCI se abstenga de intervenir con el financiamiento al consorcio formado por la empresa minera Canadiense, ONG, Gobierno Regional de Lambayeque y Save the Children. “Este consorcio esta orientado a dividirnos a favor de la empresa minera, por eso no quieren dialogar con la población”; anotó

Además han solicitado que declaren sus bosques como zona protegida bajo gestión de la comunidad campesina, y pidieron el apoyo del ministerio del Medio Ambiente

“No somos antimineros como nos quiere presentan la minera Canadiense, somos conscientes que el recurso minero es nuestro, pertenece a nosotros y a la sociedad, pero se debe priorizar rimero la vida del pueblo y la del resto de generaciones”, afirmó el dirigente

Diario La República-Lima 28.09.2011





27 de septiembre de 2011

PIDEN SANCIÓN A YANACOCHA POR LA CONTAMINACIÓN DE TOTOROCOCHA


En enero del presente año, se estuvo participando junto con los pobladores de Totoracocha Chica y autoridades, en la inspección a la Planta de Cal Chinalinda de Minera Yanacocha, en febrero, salieron comunicados de dicha Empresa manifestando que estábamos equivocados con los informes que hicimos sobre el incumplimiento del EIA, las denuncias se hicieron, el problema se judicializó y la OEFA también tuvo que participar en la inspección a esta importante laguna, finalmente el dictamen de la OEFA es que sí hay incumplimientos y hay responsabilidad ambiental de parte de esta Minera y la afectación a las aguas es innegable.

Lo que ha pasado en estos días es que la laguna Totoracocha chica (distrito de la Encañada) ha disminuido alarmantemente su caudal y esto puede afectar las actividades agrícola ganadera en la zona.

En verificación de los manantiales con la comunidad se constató que muchos de estos han desaparecido, las conclusiones de la OEFA en uno de sus puntos manifiesta que las detonaciones en la calera China Linda de Yanacocha han fracturado demasiado el suelo y han alterado los cursos de las aguas subterráneas razón por la que uno de los manantiales más importantes el Uñigan y la Chorrera han disminuido considerablemente y desaparecido en otro sus caudales lo que afecta a la laguna en su caudal. Otro manantiales como Picota 1, 2 y 3 han desaparecido totalmente.

Desde Grudides a través de ACSUR se viene apoyando legalmente a la comunidad de San Antonio de Pachachaca (La Encañada) quienes piden que OEFA sancione a Yanacocha y que la fiscalía judicialice la desaparición de manantiales en perjuicio de la población

Diario El Mercurio-Cajamarca 27.09.2011





SÁNCHEZ: EL LABORATORIO DEL AGUA FUE CONSTRUIDO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA DIGESA


La visita realizada al laboratorio de aguas del Gobierno Regional dejó más dudas que certezas. Según la especialista Carmen Vargas García esa infraestructura no cumple con los requisitos para ser certificado como laboratorio.

Al respecto dialogamos con Sergio Sánchez Ibañez, ex gerente de recursos naturales del gobierno regional, quien fue uno de los propulsores de ese laboratorio, que tanta falta hace para Cajamarca.

¿El laboratorio del agua tiene serias deficiencias como se asevera?
Imposible. El laboratorio del agua fue construido por personal profesional. Se contó con la autorización de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) para su construcción.

¿Sin esa autorización era imposible construir?
Sin la autorización de DIGESA nadie puede construir un laboratorio, se tenía que cumplir con los requisitos de esa entidad, la cual es la autoridad nacional en ese tema. Se presentaron los expedientes y se realizaron las gestiones en Lima, ha sido todo un proceso, no podíamos construir un laboratorio para Cajamarca, a espaldas de las autoridades, menos para un tema tan sensible como es la calidad del agua.

¿Hay observaciones en la construcción?
La construcción compete a la gerencia regional de infraestructura. Ellos tenían las competencias para determinar lo concerniente a materiales o realizar las observaciones. En el tiempo de mi gestión como gerente de Recursos naturales, mi meta fue que Cajamarca cuente con un laboratorio de aguas, se cumplió con los procedimientos, nada ha sido oculto, todo ha sido en base a las especificaciones y normas administrativas.

¿Falta un sistema para control de gases?
Se observó eso, pero era por un tema de seguridad. En el laboratorio de aguas no se trabajará con insumos altamente inflamables, o mucho menos se espera que haya reacciones en cadena. Hablamos de un laboratorio de aguas, que contará con equipos de última generación, los cuales ocupan poco espacio, no se requiere de grandes cantidades de agua para los análisis y los resultados son procesados a través de computadoras, en un plazo de dos horas a lo mucho.

¿Los equipos no son enormes?
De ninguna manera. Hablamos de equipos modernos, los cuales también fueron autorizados por la DIGESA. Se requería un espacio adecuado, pero no una construcción impresionante para su funcionamiento.

¿Esos equipos fueron comprados?
Aún no.

¿Había presupuesto?
Sí. El proyecto del laboratorio abarcaba todos esos aspectos, no solo infraestructura, también equipamiento. No se podía comprar equipos sin la infraestructura.

¿Se observa que las mesas son de madera?
Eso no es grave. Se pueden cambiar las mesas de madera por cemento y mayólicas. No implica que se necesiten grandes y complicados estudios para cambiar esas mesas de trabajo.

¿No es un real impedimento para que entre en funcionamiento ese laboratorio?
No, de ninguna manera. Si deseamos evaluar la calidad de aguas sencillamente con la infraestructura y con los equipos establecidos en los proyectos se puede hacer perfectamente.

¿Buscan politizar el tema?
Serían una lástima, porque hablamos de la calidad de agua que consumimos los cajamarquinos, hablamos de un tema de vital importancia para todos, no solo para un grupo.

¿Se propone un rediseño?
Puede hacerse, pero recordemos que eso demora tiempo y dinero, hay que cumplir procedimientos, hay que pasar por todo un sistema, eso no es cuestión de días. Además, el laboratorio cumple con las exigencias de la DIGESA, el tema no puede ser politizado, serían un error.

¿Se dice que debería haber un nuevo laboratorio que esa infraestructura no sirve?
Lo cual sería ilógico. Tener un laboratorio y dejar todo en el olvido para iniciar un nuevo proyecto, se requiere desde encontrar un terreno, tener planos, empezar de cero, no se justificaría.

¿Quiénes diseñaron ese laboratorio?
Los mismos equipos de ingenieros que han diseñado el laboratorio de aguas de la empresa minera Yanacocha. Se los contactó y se les pidió que hagan el diseño para el laboratorio de aguas del gobierno regional.

¿Por qué ellos?
La minera dice tener un laboratorio que cumple con todas las condiciones, pues bien, el gobierno regional también debería contar con instalaciones similares, de esa forma no podía haber pretexto u observación en los resultados.

Diario El Mercurio-Cajamarca 27.09.2011





26 de septiembre de 2011

TRIBUNAL VERÁ CONFLICTOS POR AGUA


Como un paso previo para la implementación y funcionamiento del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, previsto para antes de fin de año, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) publicó el proyecto de reglamento para la actuación de este nuevo colegiado con el propósito de recibir aportes y sugerencias de los usuarios de este recurso en todo el país.

La puesta en marcha del referido tribunal permitirá resolver y atender casos que generan conflictos en materia del agua en el ámbito nacional, como aquellos que se encuentran pendientes por el uso de este recurso por parte de la minera Quellaveco en Moquegua, de la minera Tía María en Arequipa y el conflicto del uso del agua en Ica, entre otros, informó un funcionario de la ANA.

Determinará también el otorgamiento de licencias de estos derechos, de vertimientos y casos de contaminación en el uso del recurso hídrico, agregó la fuente, tras detallar el contenido del proyecto destinado a promover la participación ciudadana en la redacción de la norma, que regirá al órgano de la ANA encargado de resolver –en última instancia administrativa– los reclamos y demandas por el uso del agua.

Importa precisar que la función resolutiva es actualmente ejercida por el jefe de la ANA. De ahí la importancia de este tribunal para la transparencia e imparcialidad en las decisiones, así como el de resolver en menor tiempo los procedimientos administrativos que maneja dicha entidad en el país.

“Con este proceso participativo, se espera avalar que los profesionales que ocupen el cargo de vocales sean los más capacitados e idóneos, tal y como establece el reglamento del tribunal”, dijo el vocero de esta entidad, quien agregó que para este año también se avanzará con el consejo directivo de la ANA.

De acuerdo con la propuesta, la designación de los cinco vocales que conformarán el tribunal será designado previo concurso público de méritos convocado por el jefe de la ANA, que comprenderá las etapas de evaluación curricular, evaluación de conocimientos, evaluación psicológica, psicométrica y de competencia, y entrevista personal.

En cuanto al trámite, agrega que la presentación de documentos, el cómputo de plazos y en general los actos y procedimientos administrativos se realizarán de conformidad con la Ley del Procedimiento Administrativo General. Igualmente, incorpora la audiencia especial para recibir los informes orales de las partes del proceso a fin de que puedan fundamentar sus posiciones sobre las materias en controversias.

La medida forma parte de la implementación del Decreto Legislativo 997, que crea la ANA como organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos en el país.

Diario Panorama Cajamarquino 26.09.2011





DEFENSORÍA DEL PUEBLO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL AYUDARÁ A DISMINUIR CONFLICTOS


El ordenamiento territorial y el establecimiento de mayores mecanismos de participación ciudadana ayudarán a disminuir los conflictos en el país y permitirán que el reclamo social sea abordado de manera constructiva y no mediante el uso de la fuerza, aseveró la Defensoría del Pueblo.

Alicia Abanto, jefa del programa de Pueblos Indígenas de la referida institución, indicó que se requiere una ley de ordenamiento territorial para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y desarrollo sostenible.

Sostuvo que en la actualidad se han efectuado trabajos técnicos de zonificación en algunas regiones, con el objetivo de determinar las áreas del país adecuadas para las actividades productivas, aunque se necesita una labor integral y no esfuerzos aislados.

Asimismo, dijo que resulta fundamental que se institucionalice el diálogo en los tres niveles del Estado para promover una mayor participación de la población en la elaboración de los estudios de impacto ambiental.

“Estas acciones junto a la Ley de la Consulta van a favorecer el clima de inversiones, al desarrollo del país y a la gente más desatendida para que nunca más se repitan los lamentables hechos luctuosos de Bagua, (donde murieron unas 30 personas, entre civiles y policías)”, expresó.

Destacó que exista una conciencia colectiva en el Estado para institucionalizar el diálogo, empero, invocó al Congreso y a todas las instituciones del Ejecutivo adecuar su ordenamiento jurídico interno a efectos de incorporar los procedimientos de la Consulta Previa, tal y como lo ordena la ley.

Recordó que la referida norma establece que cada entidad pública tiene que consultar con los pueblos nativos las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar su territorio o ámbito de acción.

Por ejemplo, “si la Comisión de Justicia del Congreso aprueba una ley de justicia indígena, esa norma antes de ir al Pleno del Parlamento tiene que ser consultada con las comunidades indígenas”, explicó.

Lo mismo debe ocurrir con el Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, agregó.

Subrayó que a cada sector gubernamental le toca definir, a través de un reglamento interno, en qué situaciones se procede a consultar a los pueblos indígenas.

“Esto es parte de la implementación de la norma y es un trabajo que requiere de un estudio técnico para el cabal cumplimiento del derecho a ser consultados”, refirió.

Andina-Lima 26.09.2011






23 de septiembre de 2011

PARO EN TACNA CONTRA SOUTHERN PERÚ DEJA 26 HERIDOS Y 100 DETENIDOS


La paralización regional en Tacna realizada el pasado miércoles contra el proyecto de ampliación de la concentradora de Toquepala y recrecimiento del embalse de relaves de Quebrada Honda de la empresa Southern Perú, dejó 26 heridos y 100 detenidos en la población.

Según el presidente regional, Tito Chocano, los enfrentamientos con la policía dejaron heridos de bala y perdigones que han sido trasladados a nosocomios de Candarave y Tacna, mientras que los detenidos, acusó, se encontraban en las instalaciones de la minera.

Los más graves enfrentamientos ocurrieron en la garita de ingreso a Toquepala, donde la Policía impidió el ingreso a cerca de 800 manifestantes al Estadio Millsite, donde se tenía previsto realizar la audiencia de Southern, dirigida por el director de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Jorge Carranza.

La audiencia pública convocada por Southern Perú se realizó con trabajadores de la minera e impidiendo el ingreso de los pobladores de Ilabaya y Candarave, los más afectados con el proyecto de la minera.

El alcalde provincial de Tacna, Fidel Carita, señaló que el MEM ordenó, a través de la gobernación, suspender la audiencia, sin embargo, esta comunicación no llegó a los funcionarios que se encontraban en la cita de Toquepala; en tanto, afirma que la reunión fue ilegal.

José Carranza, director de Asuntos Ambientales, señaló que la reunión se cumplió en el marco legal. “Si no se les permitió el ingreso (a los pobladores) o no pudieron tomar la palabra es porque no quisieron identificarse”, señaló.

Violenta represión en Cairani


Mientras tanto el alcalde distrital de Cairani, Pedro Pablo Jinchuña, afirmó que otro grupo de pobladores de la zona también resultó herido tras la fuerte represión policial con bombas lacrimógenas y perdigones.

Además afirmó que un camión donde se encontraban pacíficamente reunidos los protestantes fue incendiado, y que quienes intentaban salir fueron heridos con perdigones.

“Esto fue una masacre. No les ha importado nada y nos han lanzado balas, perdigones y bombas lacrimógenas. Nadie ha tenido la oportunidad de escapar porque estábamos dentro de un camión que después quemaron. Lo han hecho tiras”, relató Jinchuña.

El burgomaestre mencionó a algunos de los heridos: Gregorio Catacora, con impacto de bala en el muslo; Julián Gallegos, herido con perdigones y que ha sido derivado a Tacna; Wilder Marona Cataccora, con golpes en todo el cuerpo; entre otros.

El alcalde de Candarave, Gerardo Marón, dijo que “la policía metió bala a la población. Estamos preocupados, los heridos están llegando a la posta de Candarave, con hemorragia”. “Los balearon a quemarropa, cuando se retiraban de la marcha pacífica”, añadió.

Pedirán nulidad de la audiencia
Las autoridades y la sociedad civil de Tacna otorgaron un plazo de 72 horas al Gobierno Central para que declare nula la audiencia pública donde se aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación de la concentradora de Toquepala.

En la reunión convocada por el presidente regional Tito Chocano Olivera, se acordó también solicitar la renuncia de los titulares del Ministerio del Interior, Óscar Valdez Dancuart; y del MEM, Carlos Herrera Descalzi, por permitir la realización de la audiencia.

Si el Poder ejecutivo no accede a sus reclamos, las autoridades anunciaron la realización de un paro indefinido desde el 28 de setiembre.

Servindi-Lima 23.09.2011





LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN GARANTIZA EL RESPETO DE LOS DEMÁS DERECHOS, AFIRMÓ RELATORA DE LA CIDH

El jueves 22 de setiembre se realizó el seminario nacional “Los estándares interamericanos de libertad de expresión, acceso a la información y mecanismos de protección”, organizado por el instituto de Defensa Legal (IDL) bajo el auspicio de la Unión Europea.

Carolina Botero, Relatora Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la libertad de expresión, explicó la importancia de la relatoría que maneja en virtu de que “es más difícil desaparecer o torturar personas si hay libertad de expresión, porque lo primero que hacen los regímenes autoritarios es acabar con la libertad de expresión”, manifestó

“Es mucho más difícil llevar los otros derechos sin la libertad de expresión, entonces si debemos garantizar un derecho, garanticemos ese a través del cual podemos garantizar otros, y que es la ase de la democracia”, explicó.

La experta explicó que ningún Estado puede prohibir la difusión de una idea u opinión, puesto que se trata de un derecho que hemos estado defendiendo desde hace cerca de 100 años.

Asimismo, Botero dijo que no se puede sancionar la opinión sobre funcionarios públicos, puesto que el cargo que han asumido, los obliga a estar expuestos a este tipo de situaciones.

Sin embargo, cuando se trata de algo que un periodista dice y que no corresponde a la verdad, entonces puede estar sujeto a una sanción si es que se demuestra que actuó de mala fe, que no realizó una investigación pertinente.

Estándares americanos de acceso a la información pública
“El derecho más maltratado en el mundo es el de acceso a la información pública”, dijo Mauricio Herrera, de la Relatoría de la CIDH para la libertad de expresión.

El experto explicó que esta obligación de los Estados de permitir a los ciudadanos el acceso a la información en su poder se encuentra amparada en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH).

Asimismo, el mismo derecho se reafirma en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado, afirmó Herrera, está siempre en obligación de otorgar la información que solicite un ciudadano o institución, sin restricción alguna – salvo cuando se trata de un secreto de Estado, lo cual deberá además, ser explicado.

Todo ciudadano tiene derecho a solicitar información al Estado, sin ninguna condición particular, es decir, no es necesario acreditar un interés directo o una afectación para obtener información.

Asimismo, entidades privadas también estarían en el rango de esta obligación en tanto el Estado les ha dado la autorización respectiva para ofertar determinado bien social.
“Vladimiro Montesinos fue el principal editor de los medios del Perú”


“No ha habido un editor de medios que controle las portadas, lo que sale y lo que no sale en los medios en ningún momento de nuestra historia como Vladimiro Montesinos”, afirmó Gustavo Gorriti, director de IDL-reporteros.

Gorriti hizo un breve recorrido histórico sobre la situación de la prensa durante las últimas décadas en el Perú. Así contó cómo en el año 1974 el gobierno de Velasco hizo un cambio fundamental en el aspecto de la prensa, expropió los principales medios impresos y los dio a ciertos sectores sociales.

Cuando vuelve Belaúnde, vuelven los antiguos dueños “y fue como cuando vuelven los Borbones (…) y decidieron que el silencio era una manera de informar”, ironizó Gorriti.

Mientras tanto, durante el fujimorato Vladimiro Montesinos controló los medios de comunicación a través de sobornos a sus directivos, quienes vendieron sus líneas editoriales al servicio del gobierno.

En la actualidad, sucede que la familia Miró Quesada tiene la propiedad de cuatro medios impresos (El Comercio, Perú.21, Gestión y Trome) y el 75% de la propiedad de la cadena televisora más importante del país, América Televisión y Canal N, lo cual provoca que un grupo tenga excesiva influencia sobre las informaciones en el país.

En la última campaña presidencial, afirmó Gorriti, se vio antes que una campaña periodística una campaña de guerra psicológica por parte del grupo El Comercio.

“Los vicios en el control propietario de los medios de comunicación ciertamente afectan la calidad periodística de lo que sale, afectan la libertad de prensa y afectan ciertamente lo que debe ser el periodismo”, expresó Gorriti.

Por su parte, César Romero del diario La República afirmó que es preocupante esta centralización en la propiedad de los medios, y frente a ello muchos buscan la alternativa de internet, a pesar de que los principales medios también manejan páginas webs.

Frente al reto que imopnen las nuevas tecnologías, el periodista cree que “debemos conjugar la modernidad con lo antiguo, con ir al lugar donde se está produciendo la noticia, y no conformarse con la nota de prensa”.

Por último, riticó que una herencia de la época montesinista es la costumbre a esperar a que llegue la información y no salir a buscarla.

Servindi-Lima 23.09.2011





COMUNIDADES, TERRITORIO Y CONCESIONES FORESTALES


“Ya no podemos ni ir a cazar nuestros animalitos o a sacar nuestra hoja para techar nuestras casas, nos dicen que nuestros bosques tienen otro dueño”, se quejaba un indígena Kichwa del Napo en un reciente taller en la Comunidad de Tutapischo, cuya comunidad se superpone con una concesión forestal en el bajo Napo.

Varias comunidades indígenas en la cuenca media del río Napo se quedaron sin territorio por culpa de las concesiones forestales. Decenas más están en la misma situación en Loreto y Ucayali. Hay que tener en cuenta que todavía quedan cientos de comunidades indígenas, y varios miles de ribereñas o mestizas, por reconocer y titular en la Amazonía peruana. Según el Censo del INEI del 2007, en la Amazonía peruana existen 11,978 centros poblados, de los que menos de 1500 tienen territorios titulados. Sin embargo, el censo sólo consideraba comunidades con más de 150 personas, y a las más pequeñas las clasifica como “población dispersa”, por lo que se estima que hay muchas más. En Loreto, donde el censo del INEI registra 2,271 comunidades, apenas han sido tituladas poco más de 500, entre indígenas y campesinas. Sin consideramos centros poblados “menores” quedarían por titular y reconocer más de 2000 comunidades.

En el caso del Napo, las comunidades de Pinsha, Negro Urco, Nueva Libertad, Cerro de Pasco, Floresta y Nueva Antioquía llevan años reclamando en vano la titulación de sus territorios; los de COFOPRI les contestan que no se puede porque el área está concesionada por cuarenta años a una señora Rivadeneira. La mayoría de estas comunidades están ya reconocidas formalmente como comunidades indígenas, pero de poco les sirve, porque ya no son suyos los bosques de sus ancestros, donde sus padres, abuelos y tatarabuelos cazaron los animales con que alimentaron a sus hijos, y extrajeron las plantas medicinales con que les curaron, las hojas de palmera con las que cubrieron sus casas, y las canoas con las que navegaron. Similares historias escuché de boca de pobladores de las riberas del Marañón y del Tigre, en un reciente encuentro indígena sobre la problemática forestal.

Las comunidades del Napo se enteraron de que estaban concesionados sus bosques cuando ya era tarde, los contratos habían sido firmados. Nunca fueron informados y menos consultados, violando el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que establece la obligatoriedad de consultar toda norma o proyecto que pueda afectar a las comunidades indígenas y a sus territorios. No por gusto algunos afirman que, en justicia, el proceso de concesiones forestales es nulo; el poder judicial dio la razón a las comunidades del Mazán que reclamaron por las concesiones en esta cuenca, aunque lamentablemente el Tribunal Constitucional luego se desdijo con un cuestionado fallo.

¿Qué Estado es éste que niega a los pueblos originarios el derecho a sus tierras para otorgarles derechos a terceros, movidos por el ánimo de lucro? Todos quizás son peruanos, y todos tienen derecho a ganarse la vida dentro del marco de la ley. Pero obviamente, algunos tienen más derechos que otros: el derecho de los pueblos indígenas a su territorio tradicional y a sus recursos –que son esenciales para su subsistencia- es preferente e inalienable, de acuerdo a la legislación nacional e internacional. Ningún derecho al legítimo lucro se puede anteponer al derecho a la supervivencia de un pueblo.

En un documento del IIAP sobre la problemática de los bosques de producción permanente (BPP) y las concesiones forestales, elaborado en el 2009, se afirma.:

“…existen hasta ahora serios problemas de superposición de los BPP y de concesiones con propuestas de nuevas áreas protegidas, con áreas prioritarias para la conservación del Plan Director de ANP, con zonas muy sensibles desde el punto de vista social (ej., posible presencia de indígenas en aislamiento voluntario) o ecológico (ej., cabeceras de cuenca, zonas de altas pendientes, bosques de varillal o pantanos), o con territorios de poblaciones amazónicas (indígenas y ribereñas).”

Efectivamente, el mapa de BPP fue diseñado desde Lima sin una adecuada consulta, ni siquiera con las autoridades regionales y otros sectores involucrados (más allá de los madereros con influencias en el Ministerio de Agricultura).

Los BPP suman un total de 23.7 millones de hectáreas en cinco regiones de la Amazonía peruana, de las cuales un 32% fue entregado a 576 concesiones forestales (7.5 millones de ha, que representan el 32% del total). Gran parte de esas concesiones, especialmente en Loreto y Ucayali, no se encuentran operativas o han sido declaradas en abandono, por lo que sería relativamente fácil reordenar los bosques de producción permanente para evitar conflictos en el futuro.

Por eso la propuesta del IIAP es contundente: revisar y rediseñar los BPP con base en una ZEE y a una consulta previa con las comunidades afectadas, como establece la normatividad vigente y dicta el sentido común:

“Con base en una Zonificación Ecológica Económica (ZEE) a nivel “meso” (se debe) realizar una verificación exhaustiva y detallada del mapa de los bosques de producción permanente (BPP), incluyendo las concesiones otorgadas, para el saneamiento de la superposición con áreas en conflicto con terceros (especialmente comunidades indígenas y no indígenas), con propuestas de áreas naturales protegidas y en cabeceras de cuenca, zonas de alta pendiente, bosques sobre arena blanca y otros…”

También el documento recomienda, entre otras cosas, dar una atención preferente a las comunidades amazónicas en el tema forestal, lo que incluye la promoción del manejo forestal comunitario, el fortalecimiento de capacidades comunales, y el involucramiento de las comunidades en el control de la tala y caza ilegales.

La nueva ley forestal (Ley 29763), todavía no vigente (falta reglamentar, y debe pasar un proceso de consulta de acuerdo a la norma recientemente aprobada), con todos sus defectos, incorpora muchas mejoras con respecto a las leyes anteriores, especialmente en lo relativo al respeto a los derechos de las comunidades locales amazónicas, incluyendo el derecho a la consulta previa y el derecho exclusivo de las comunidades sobre sus tierras (Art. 29). Esperemos que, aprovechando los procesos de ZEE que están impulsando el Gobierno Regional y el IIAP, se revise el mapa de los bosques de producción permanente y se respeten los derechos de las comunidades locales, así como las áreas prioritarias para la conservación y los ecosistemas frágiles.



*José Álvarez Alonso es biólogo e investigador de Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IAAP).

Servindi-Lima 23.09.2011





22 de septiembre de 2011

NUEVAMENTE EL PUEBLO EN LAS CALLES EN DEFENSA DEL QUILISH

Ayer, más de cinco mil personas salieron a las calles para protestar por la contaminación de las aguas y en defensa del acuífero Quilish. Esta movilización fue promovida por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Cajamarca (SUTEC), a la cual se han plegado diferentes organizaciones sociales.

A pesar de los comunicados emitidos por la minera Yanacocha, en los cuales se indica que el Quilish será respetado, la población muestra su recelo y expresa su férrea oposición a las pretensiones de la transnacional.

Las visitas a las nacientes del río Grande, volvieron a caldear los ánimos, y se duda del real concepto que tiene Yanacocha cuando habla acerca de responsabilidad ambiental. Parece que la tensa calma que se ha vivido en los últimos meses entre población y minera ha llegado a su fin. El séptimo aniversario de la defensa del Quilish ha servido de marco para una serie de protestas contra la Yanacocha. Defensoría del Pueblo tiene ya argumentos sólidos para señalar que un conflicto que se creía latente ha vuelto a ser activado.

Estudiantes de colegio, trabajadores, obreros, universitarios y autoridades participaron ayer de una multitudinaria protesta en defensa del medioambiente. Recorrieron las principales calles de la ciudad expresando su rechazo ante las pretensiones de la empresa minera Yanacocha de avanzar en sus explotaciones.

Las recientes visitas a las nacientes del río Grande ha generado una polémica, y los enfrentamientos entre la minera y la población se han reactivado.

Los dirigentes del Sutec y de los frentes de Defensa improvisaron una tribuna en la Plaza de Armas, desde la cual se dirigieron a la multitud. Los miles de manifestantes exigieron respeto a la intangibilidad Quilish, la conformación de una comisión de alto nivel para proteger los colchones acuíferos, el coto a las concesiones mineras en la región, el monitoreo de la calidad de agua que se consume por entes independientes.

Un tema que ha generado mayor polémica es la divulgación de documento en los cuales se da a conocer que SEDACAJ tenía un convenio confidencial con Yanacocha para el monitorea de las aguas que se consumen en Cajamarca. Convenio que tenía un carácter de reservado, y en el cual, ambas partes estaban comprometidas a no dar a conocer los resultados de los estudios realizados, ni mucho menos responsabilizarse por cualquier controversia o problema que pueda suscitarse.

Universitarios y su lucha
Otra de las exigencias que se hicieron ayer durante la protesta es la destitución del actual jefe de la Dirección Territorial de la Policía (DITERPIL) Cajamarca, el General PNP Víctor Rojas Herrera. Esto por su desastrosa acción en el desalojo de los universitario que tomaron la carretera Cajamarca – Baños del Inca, en exigencia del medio pasaje.

Los universitarios volvieron a exigir al alcalde provincial y al presidente regional se pronuncien y hagan llegar una queja formal ante el Ministerio del Intrerior respecto del alto mando de la policía en Cajamarca.

Diario El Mercurio-Cajamarca 22.09.2011





MILES PROTESTAN DEMANDANDO PROTECCIÓN DEL CERRO QUILISH Y DEL MEDIOAMBIENTE


Autoridades y dirigente reconocieron lucha de universitarios en protesta por alza de pasajes.

Como no se veía en muchos años, las calles del centro de la ciudad desbordaron de protestantes en la víspera quienes en su mensaje central demandaron la defensa del cerro Quilish como símbolo de la vida y de la protección medioambiental en la región.

La participación fue multitudinaria. El sindicato de profesores y sus diversas bases fue el más numeroso al que se sumaron el Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial, los estudiantes y docentes universitarios y los principales colegios secundarios de la ciudad.

En esta marcha, los asistentes reivindicaron el papel cumplido por los alumnos universitarios en los últimos días los que ante el incremento de los pasajes se enfrentaron violentamente con la policía que dejó varios heridos de consideración.

El recorrido culminó con un discurso en la Plaza de Armas de la ciudad ante unas 3 mil personas aproximadamente. Aquí las principales autoridades de Cajamarca y diversos dirigentes gremiales y sindicales adhirieron a los motivos de esta manifestación.

UN SOLO MENSAJE
En su alocución, el dirigente provincial del magisterio señaló que la crisis del agua que ahora se vive se debió a la irresponsabilidad de los anteriores gobernantes por lo que demandó la solución inmediata de estas acciones.

Asimismo comprometió a las principales autoridades, entre ellas el alcalde Ramiro Bardales Vigo, a visitar el próximo lunes las instalaciones del Laboratorio de Agua el que servirá para determinar la calidad de este servicio.

Por su parte, el dirigente universitario Vladimir Ruiz Carhuajulca responsabilizó nuevamente al general de la XIV Dirtepol del saldo elevado de heridos que dejaron las últimas manifestaciones; pidió su renuncia y la investigación respectiva.

Aquí tambien adhirió la Federación de Estudiantes de Colegios Secundarios (Fesca) cuyas representantes destacaron el papel de los jóvenes en los grandes cambios sociales.

INSISTENCIA EN ACLARACION
El presidente de la Federación de Defensa Ambiental de Cajamarca, Wilfredo Saavedra Marreros, pidió la “repetición” de las acciones para defender al Cerro Quilish y pidió la conformación de una comisión multisectorial.

Esta sería creada con el fin de investigar la presunta contaminación de las aguas que consume Cajamarca debido a la actividad minera y la realización de una auditoría a la empresa Sedacaj y a la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental.

PARALIZACION MASIVA

Lucio Díaz Chávez, secretario regional del Sutec dijo que esta jornada de protesta y la paralización de 24 horas de este sector “es el inicio de la articulación de la población de Cajamarca”.

Manifestó asimismo que el 99% de profesores no trabajaron pidiendo asimismo la derogatoria de diversas normas que habrían favorecido de forma irregular a la actividad minera. “Vamos a estar atentos a las nuevas políticas que implementará en este sector el nuevo gobierno”, agregó.

de la MCLCP regional, señaló que en este trabajo de promoción hecho por el citado colectivo busca implicar a los medios por su importante influencia que ejercen en la sociedad.

De las actividades programadas para esta semana, señaló que se presentarán documentales elaborados por los mismos niños los que serán presentados el próximo 30 de setiembre. Asimismo se realizará un taller de cuento y un encuentro infantil de debate.

Diario Panorama Cajamarquino 22.09.2011





EXIGEN REVISIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO MINAS CONGA


En una movilización multitudinaria en defensa del ambiente, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, exigió al Gobierno Nacional la descentralización urgente de la Autoridad Nacional de Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) al Gobierno Regional de Cajamarca para que “nosotros decidamos el modelo de desarrollo de nuestra región basado en la ganadería, agricultura, turismo y la agroindustria como principales ejes del desarrollo regional dejando de lado el modelo extractivo exportador”, señaló.

“El Gobierno Regional de Cajamarca exige la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Minas Conga, además ya contamos con la documentación para solicitarle al Gobierno Central la nulidad de las resoluciones que emitió la Autoridad Nacional de Agua (ANA) a Minas Conga para utilizar el agua de nuestros manantiales en sus operaciones minera, con claros indicios fraudulentos”, enfatizó.

Gregorio Santos invocó públicamente al Primer Ministro Salomón Lerner Ghitis y al Ministro del Ambiente Ricardo Giesecke para una reunión en Cajamarca con las autoridades del Gobierno Regional, Municipalidades y representantes de los sindicatos y organizaciones populares para debatir el tema ambiental y exigirle la protección de las cabeceras de cuenca de nuestra región.

Otra exigencia del pueblo es el cambio urgente de la Constitución Política del Perú: que sea descentralista, que respete la decisión del pueblo con derecho a la consulta, discutir el tema tributario del gravamen minero, revisar los contratos mineros, que se pague el impuesto a las sobre-ganancias y que no solo sea un simulacro de normas como lo están haciendo los actuales gobernantes del Gobierno Central, agregó.

La movilización empezó a las 10 de la mañana donde los integrantes del Sutep iniciaron un recorrido por las diferentes calles de la ciudad desde su local institucional, lo propio lo hicieron los trabajadores de construcción civil, rondas campesinas y urbanas, los estudiantes universitarios y otros gremios sindicales.

Por su parte los funcionarios y trabajadores del Gobierno Regional de Cajamarca liderados por el presidente Gregorio Santos Guerrero, se movilizaron por las diferentes calles hasta concentrarse en la Plaza de Armas de Cajamarca.

Diario El Mercurio-Cajamarca 22.09.2011





BLOQUEO DE CARRETERA POR PROTESTAS CONTRA SOUTHERN PERÚ


Miles de pobladores liderados por alcaldes de diferentes distritos de la ciudad sureña, suspendieron sus actividades laborales para evitar que se lleve a cabo la audiencia pública de presentación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación de la Concentradora de Toquepala y recrecimiento del embalse de relaves de Quebrada honda, a cargo la empresa minera Southern Perú, programado para ayer miércoles en la localidad de Toquepala.

Desde tempranas horas las principales vías de ingreso y salida de la ciudad fueron bloqueadas por piquetes de pobladores; sin embargo, los representantes de organizaciones sociales indicaron que no se realizarán movilizaciones por las calles. Decenas de turistas de diferentes nacionalidades que se dirigen de Lima hacia Tacna, fueron obligados, por piquetes de huelguistas, a caminar varios tramos por la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Locumba, provincia Jorge Basadre (Tacna), para poder llegar a su destino.

Diario La Primera-Lima 22.09.2011





21 de septiembre de 2011

“ORDENANZA MUNICIPAL 012 SE DEBE RESPETAR”


Empresas mineras están abusando de la Ley de minería pero alguien tiene que poner orden.

Tenemos una resolución municipal en la cual el ex alcalde cajamarquino Jorge Hoyos Rubio con su concejo provincial de aquel entonces, llegaron al acuerdo que el Quilish es intangible y se debe respetar; porque además hubo toda una movilización ya hace algunos años atrás, en la cual se respetaba esa ordenanza y lógicamente eso para demostrar que el pueblo de Cajamarca defiende lo que es suyo, siendo lo principal la defensa de su recurso natural que es el agua, sostuvo el biólogo Héctor Garay Montañés.

Resulta que las empresas mineras están haciendo uso y abuso de la ley de minería, pero alguien tiene que poner coto a este tipo de cosas, quienes son esos alguien es el Presidente Regional y el Alcalde Provincial; el señor presidente regional ha sacado una ordenanza que me parece perfectamente bien, pero es de un poco liderar esta situación, porque él tiene un espacio ganado y por lo tanto debe acrecentar ese espacio, porque defender el Quilish no es defender a la provincia de Cajamarca sino es defender a la región de Cajamarca, añadió el también docente de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo – Upagu.

De otro lado; el señor alcalde debe el dirigir, liderar un movimiento en defensa del acuífero antes indicado, si no tiene tiempo que le encargue a un regidor o simplemente un regidor que no necesariamente debe ser de la mayoría, se haga cargo del caso y vaya adelante, no esperar que venga un congresista -que también me parece bien- pero no esperar la visita de él para que el pueblo se empiece a movilizar, enfatizó.

Nunca en nuestro departamento de Cajamarca habido tanta escases de agua, si bien es cierto habido racionamiento, pero fue por algunas horas y no todos los días; entonces algo está pasando que es necesario que nuestras autoridades tomen la batuta y lideren todo un proceso que nos permita tener una idea real del tema, acotó el también analista político.

“Pregunto, ¿el pueblo de Cajamarca no tiene agua?, y pregunto ¿alguna día habrá parado la extracción del oro en las empresas mineras como Yanacocha?; lo dudo ellos han continuado con la extracción del oro por una sencilla razón a ellos no les falta el agua, entonces que nos están demostrando nuestras autoridades que es más importante el recurso no renovable llamado oro que la vida humana, de manera que debemos tener en cuenta muchos aspectos porque para eso hemos elegido mediante un proceso eleccionario a nuestras principales autoridades y deben sensibilizarse con la población porque actualmente no existe dicha sensibilización”, comentó Garay Montañés.

Por lo tanto, Héctor Garay Montañés dijo: “el recurso agua es fundamental porque significa vida, el agua lo necesitan todos los seres humanos y especies vivientes de este planeta, tanto como la vida macro y la vida micro y no podemos dejar de lado; por ello es bueno tratar de insistir con nuestras autoridades, porque son ellos los que tienen que liderar este movimiento en defensa de los recursos hídricos y del acuífero mas importante como el Quilish, por el simple hecho de que el agua es un recurso natural y si permitimos que desaparezca no volverá más”, finalizó.

Diario El Clarín-Cajamarca 21.09.2011





MINEROS DE CERRO VERDE RETOMARÁN HUELGA INDEFINIDA


El próximo 28 de setiembre los 3 mil trabajadores de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde, retomarían la huelga indefinida que el sábado pasado tuvieron que dejar ante el peligro de ser declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la minera, Leoncio Amudio Peña, señaló que la Dirección Regional de Trabajo, no había declarado el inicio de su huelga con el tiempo de anticipación exigido por ley, situación que haría ilícita la paralización.

“Para evitar que la empresa tenga alguna forma de declarar nuestra media de fuerza como ilegal, optamos por dejar de lado el paro y presentar la documentación del caso y retomar la huelga el 28 de setiembre.

Los trabajadores exigen un aumento de 45 soles a su remuneración base que oscila entre los mil 600 y 2 mil soles, instalación de un comedor, planes de Educación para sus hijos, mejores prendas de trabajo entre otros pedidos.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores, Leoncio Amudio Peña, aseveró que solo aceptarían no realizar la medida, si la minera acepta sus pedidos, de otra manera no desistirán.

Diario La Primera-Lima 21.09.2011





PROYECTOS EXTRACTIVOS SON UNA FUENTE DE ABUSO DE DERECHOS DE PPII EN TODO EL MUNDO


Imagen del tajo minero en la región Pasco, una de las ciudades mas empobrecidas del Perú a pesar de sus aportes a la economía nacional. Fuente: Cerrodepasco.wordpress.com

El relator de las Naciones Unidas James Anaya expresó su convicción de que los proyectos de extracción de recursos naturales y otros grandes proyectos en territorios indígenas o cerca de ellos “constituyen una de las fuentes más importantes de abuso de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo”.

Así lo manifestó en su cuarto informe anual presentado el 20 de setiembre de 2011 ante la sesión del Consejo de Derecho Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

“En su forma prevaleciente, el modelo de extracción de recursos naturales en los territorios de los pueblos indígenas parece socavar la libre determinación de los pueblos indígenas en las esferas política, social y económica” indica James Anaya.

El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas sustentó su informe en el documento cuyo tema central es Industrias extractivas y sus operaciones dentro o próximas a territorios indígenas, de 22 páginas.

El informe se realizó sobre la base de un cuestionario distribuido ampliamente a los gobiernos, a los pueblos indígenas, a las empresas y a la sociedad civil.

Las respuestas recibidas confirman de que esos proyectos e industrias están convirtiéndose “en los más graves retos al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas”.

La situación empeora por la falta de comprensión tanto de las normas básicas mínimas relativas a los efectos de las industrias extractivas sufridos por los pueblos indígenas como de la función y la responsabilidad del Estado para asegurar la protección de sus derechos.

El Relator Especial concluye su informe exponiendo la necesidad de proseguir el estudio mediante nuevas consultas encaminadas a lograr la realización efectiva de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la extracción de recursos naturales que afecta a los territorios indígenas, a fin de poder presentar una serie concreta de directrices o principios para 2013.

Proyectos Extractivos Son Una Fuente de Abuso de Derechos de PPII en Todo El Mundo Servindi 21.09


Servindi-Lima 21.09.2011





OBSERVATORIO INTERNACIONAL EXIGE INVESTIGAR AGRESIÓN CONTRA LÍDER AMBIENTALISTA MARCO ARANA


Cesar Padilla, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), repudió la agresión que sufrió el sacerdote y activista ambiental Marco Arana el 16 de setiembre y exigió a las autoridades investigar y sancionar a los responsables.

Marco Arana, quién es un reconocido defensor de los derechos humanos y dirigente del movimiento Tierra y Libertad, fue atacado con piedras y armas de fuego mientras se desplazaba por el lugar denominado Cajas Capsol, cercano caserío del Singo, a veinte minutos de la ciudad de Huancabamba.

Afortunadamente, no se reportaron daños personales aunque sí hubo roturas de los vidrios de las puertas laterales y abolladuras de la carrocería del vehículo que fugó rápidamente ante la agresión.

Los afectados descartan que se trate de un acto delincuencial común, puesto que media hora antes del atentado, el vehículo en que iba el padre Arana fue detenido por un grupo de treinta presuntos ronderos campesinos del sector Quispampa, quienes cotejaron el nombre de Arana de una lista impresa.

Luego de dialogar unos momentos los campesinos les manifestaron su apoyo a la minería porque querían “desarrollo y trabajo” y expresaron su rechazo a la agricultura. Luego, dejaron que el vehículo avanzara hasta el lugar donde se produjo el atentado.

El coordinador de la OCMAL pidió sanción también para los autores intelectuales que usan a los campesinos para sembrar el miedo e intimidar a quienes defienden sus derechos frente a las actividades extractivas y la destrucción ambiental y social que ellas provocan.

También exige protección efectiva a Marco Arana y de todos y todas las defensoras de los derechos humanos en el Perú, considerándose esta protección como una obligación de las instancias del Estado y sus diversas reparticiones.

Servindi-Lima 21.09.2011





20 de septiembre de 2011

PUEBLO KANDOZI DENUNCIA QUE ACTIVIDADES EN LOTE 144 AFECTARÁ LAGO RIMACHI


El pueblo Kandozi de Musa Karusha, Distrito de Pastaza, Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto, a través de su organización representativa (ORKAMUKADIP) expresó su preocupación respecto a la concesión del Lote 144, que abarca su territorio titulado y ancestral.

En distintas cartas enviadas al Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Defensoría del Pueblo, la organización refiere que el territorio concesionado abarca un sistema de lagos, ríos, bosques inundables, y pantanos que alimenta al importante lago Rimachi.

El lago Rimachi es parte del Complejo de Humedales del Abanico del Pastaza, además es un sitio Ramsar, es decir, de importancia internacional debido a su riqueza biológica.

Es por ello que la organización ha enviado una solicitud a la secretaría general de Ramsar para el envío de una misión de evaluación que analice el caso del abanico del Pastaza y el riesgo de las operaciones de hidrocarburos en el lote concesionado.

Además el sitio constituye una de las principales fuentes de pescado para la Región Loreto y “es vital para la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo Kandozi”.

Asimismo la organización remarcó el hecho de que la concesión petrolera nunca tuvo el consentimiento libre, previo e informado de sus comunidades, tal como lo establece el Convenio N° 169 de la OIT y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

Por otro lado, denunciaron que su pueblo ha sido diezmado por la epidemia de la hepatitis B, desde que ingresaron personas ajenas a la comunidad en los años de exploración petrolera en la década del 70.

Estos y otros documentos sobre el pueblo Kandozi se encuentran en el blog La voz de Kandozi, de la Federación de Comunidades Nativas Kandozi del distrito del Pastaza (FECONACADIP).

Los kandozi habitanen la provincia de Datem del Marañon, en las orillas de los afluentes del bajo Pastaza (Manchari, Huitoyacu, y Ungurahui), y en las orillas del Chuinda, del cahpuli y del lago Musa Karuzha.

Hay tambien algunas comunidades situadas en el alta Nucuracuy. Actualmente el pueblo Kandozi está conformado por aproximadamente 2800 personas.

Servindi-Lima 20.09.2011





19 de septiembre de 2011

CONMEMORACIONES, CONSULTAS Y ATENTADOS. ¿EL PERÚ ES DE LOS PERUANOS O DE LAS TRANSNACIONALES?


Otra quincena movida de polo a polo a nivel del territorio peruano, que nos muestra de que los cambios no se realizan desde los escaños del Congreso, sino en el diario andar, palmo a palmo, cerro a cerro, valle a valle, montaña a montaña surcando los ríos, calzando nuestras manos con nuestras hermanas y hermanos.


Mientras en Ica se hablaba de la pertinencia y resultado del traslado del congreso en pleno a los lugares más olvidados por gestiones anteriores, Rafo interpretaba su novela de amor con Montesinos… en Cajamarca se conmemoraba los 7 años de resistencia en defensa del Quilish y publicaban los daños que vienen ocasionando en las nacientes de los ríos que abastecen el agua de Cajamarca: por su parte la transnacional Yanacocha de propiedad de la estadounidense Newmont Mining impedían que visiten sus instalaciones sobretodo en las “nacientes” de cuatro mangueras del otrora Río Grande y cínicamente Germán Alva García, funcionario de Yanacocha expresaba que: “hace tiempo está pasando eso y no ha pasado nada, la población no ha sido afectada”, sin embargo la población cajamarquina se solidarizaba con el encadenamiento del hermano celendino Humberto Portal Silva, para evitar más desastres de las cuencas de Cajamarca.

En Huancabamba por el 4º aniversario de la consulta popular se había programado una marcha hacia Río Blanco donde se congregaron cientos de comuneros y comuneras que bendecidos por una lluvia llegaron y verificaron in situ el abandono del campamento por parte de la empresa minera transnacional China Zijin Mining, la misma que publicaba en todos los medios que quería “reiniciar el diálogo” con las comunidades, mientras preparaba amedrentamientos para que la población afectada por esta empresa no pudiera llegar a la celebración que hace cuatro años en una extraordinaria y pionera consulta popular expresó su rechazo unánime a las actividades mineras en sus territorios por atentar contra las nacientes de sus ríos.

Los mineros llegaron al extremo de “controlar el acceso” de los vehículos con una lista en mano parando a las movilidades para impedir la llegada de algunos dirigentes, sufriendo un ataque terrorista minero el hermano Marco Arana Zegarra, cuyo vehículo fue atacado cobardemente con piedras, a lo cual debe responder ante este acto la empresa y sus lacayos.

En Arequipa se venía desarrollando el Foro Nacional de los Pueblos paralelamente a la 30 Convención Minera que era cubierta por todos los medios de comunicación como el “adalid del desarrollo económico del Perú”; pero a pesar del silencio cómplice de los grandes medios de “comunicación libre” los representantes de las organizaciones de las comunidades acordaron la formación de una comisión de la verdad sobre la actividad minera en el país, la creación de un tribunal ambiental, la suspensión de las concesiones mineras y una asamblea constituyente desde los pueblos para la propuesta de una nueva Constitución, acto que terminaría con un pasacalle por la ciudad de Arequipa pero como una réplica del comportamiento delincuencial de las empresas transnacionales, también habían sincronizado sabotear, silenciar y atacar las manifestaciones populares al más estilo fascista, con trabajadores de la empresa Cerro Verde de propiedad mayoritaria de la norteamericana Freeport McMoRan Copper& Gold y el resto es de propiedad de SMM Cerro Verde Netherlands B.V., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. intentaron agredir a los manifestantes comunales.

Nada es casual, todo está sincronizado, los engreídos del Estado hacen sus fechorías, compran autoridades, contratan policías y atacan al pueblo: ¿es esto democracia? ¿Consulta previa? ¿Desarrollo sostenible? ¿Ignorancia o complicidad?

Basta ya de silencio, de tolerancia, de plazos, si el pueblo sigue esperando desorganizadamente, lo único que recibirá es más represión, exclusión y expulsión de sus territorios, recuperemos nuestros territorios, necesitamos urgentemente un cambio de Constitución, donde los recursos naturales vuelvan a ser de nuestro país, donde dignamente podamos decidir qué tipo de economía necesitamos en armonía con la Pachamama para asegurar nuestra soberanía alimentaria y no que nos quiten las tierra y nos den “gravámenes voluntarios” chucherías y alimentos transgénicos para acabarnos de liquidar. Esto no es terrorismo, ni desorden es todo por el contrario nacionalismo y ordenamiento de nuestra casa.

Servindi-Lima 19.09.2011





CASERÍO DE SHUSHUNGA DESAPARECERÍA POR ORDEN DE DESALOJO


Alrededor de 400 nativos pertenecientes al centro poblado de Shushunga del distrito de Imaza, Bagua, podrían quedar sin sus tierras y prácticamente en la calle, por una irregular orden que les ordena el desalojo del lugar.

Teófilo Zambrano, teniente gobernador de Shushunga distrito de Imaza, informó que por una demanda de reivindicación de tierras, que ha interpuesto una persona que tiene en su haber alrededor de 120 hectáreas contiguas al lugar, se estaría intentando desaparecer el caserío que tiene más de 25 años de constituido.

Al respecto, aseveró que existen documentos que acreditan ser los propietarios del lugar que cuenta con un colegio primario, secundario y una Iglesia.

“Nosotros tenemos una resolución del 78 de reforma agraria, del ministerio de Agricultura y de un juez penal Oscar Villanueva que nos autorizó que sigamos trabajando porque estábamos en lo propio. Tenemos resolución de propiedad, él ha sorprendido a las autoridades de Lima, dice que lo hemos invadido, dice que ha comprado tierras en el año 62 y entonces por qué recién reclama ahora. El Estado ha invertido en la zona”, aseveró.

Asimismo denunció que el juez Lucien Eli Montoya Urbina Juzgado Mixto de Bagua manifestó que la orden de desalojo podría ser cambiada si es que desde Lima se emite una resolución de nulidad y que inclusive habló de otorgarle algún tipo de reconocimiento.

“Nosotros estamos conversando con el juez penal de Bagua, [Lucien Eli] Montoya. El juez nos dice que tenemos venir a Lima para traer una contra orden de nulidad y que no puedo hacer nada . El juez dice que debemos reconocerle algo”, denunció.

Servindi-Lima 19.09.2011





FORO NACIONAL DE LOS PUEBLOS EXIGE COMISIÓN DE LA VERDAD SOBRE LA MINERÍA


- Evento alternativo a Perumin suscribe Declaración del Misti y culmina con exitosa movilización pacífica.

El Foro Nacional de los Pueblos culminó ayer con una exitosa marcha en la ciudad de Arequipa y en la que demandó al gobierno la formación de una Comisión Nacional de la Verdad sobre la Minería y otras industrias extractivas, como una de sus principales exigencias.

El llamado foro alternativo a la cumbre de empresarios mineros Perumin, que se realizó del 13 al 16, culminó con una marcha de más de dos mil delegados de pueblos y comunidades de todas las regiones andinas del Perú que recorrieron las principales calles de Arequipa.

El Foro Nacional de los Pueblos fue convocado y organizado por la Confederación Nacional de las Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) y logró congregar a otras importantes federaciones regionales del sur del país, con las cuales comparten las mismas preocupaciones.

El Foro suscribió la Declaración del Misti, en la cual se proponen once medidas, entre las cuales abrir canales de diálogo directo entre las comunidades afectadas por la minería y el gobierno central para atender los conflictos urgentes y prioritarios.

Asimismo, respetar el carácter obligatorio o vinculante de las consultas ciudadanas realizadas con la participación de las poblaciones indígenas y no indígenas sobre actividades mineras, como en los casos de Tambogrande e Islay.

También demanda adoptar medidas jurídicas y administrativas eficaces para sancionar ejemplarmente a los responsables de los daños al ambiente, a la vida y la salud de los pueblos y comunidades y sancionar de manera drástica a las empresas mineras que han contaminado con metales pesados el ambiente y los recursos naturales.

Declaración del Misti
Propuestas al país de las comunidades del Perú afectadas por la minería

El Foro Nacional de los Pueblos celebrado del 13 al 16 de setiembre en Arequipa, luego de haber recibido los informes de los pueblos y comunidades de diversas regiones del país sobre los terribles impactos de la actividad minera sobre la vida, la salud, el ambiente, los recursos naturales y la organización autónoma de las comunidades; y en concordancia con los informes de las mesas de trabajo que formaron parte de este evento declara lo siguiente:

Considerando que la actividad minera ha crecido enormemente desde inicios de la década del 90 del siglo pasado, superponiéndose al territorio de las comunidades y alterando su desenvolvimiento social, económico y cultural, menoscabando su identidad cultural y su autonomía, elevándose actualmente a más de 24 millones de hectáreas que comprende el 18.91 por ciento del territorio nacional.

Considerando que alrededor de 300 mil personas de los pueblos y comunidades indígenas del país son víctimas de los impactos de la actividad minera que ha invadido sus territorios y trastornado sus condiciones esenciales de vida y sus actividades productivas como la agrícola, ganadera, pesquera, entre otras, que son esenciales para su subsistencia, para la alimentación local, regional y para la economía nacional.

Considerando que se ha incrementado a nivel nacional los casos de mujeres y niños contaminados con metales tóxicos muy superiores a los límites permisibles y que se ha acentuado la situación de vulnerabilidad de las mujeres en las comunidades.

Considerando que la actividad minera ha contaminado directa e indirectamente numerosas fuentes de recursos y servicios ambientales como ríos, lagunas, ojos de agua, cabeceras de cuenca, que ponen en peligro el bienestar y salud de las personas, la biodiversidad y que existen numerosos pasivos e impactos mineros de los cuales nadie se hace responsable.

Considerando que los pueblos y comunidades campesinas u originarias son poblaciones altamente vulnerables a los impactos del cambio climático por su condición de pobreza, desprotección, y debido a que sus actividades dependen de los cambios en el clima y la naturaleza a la cual están estrechamente vinculados.

Considerando que los gobiernos anteriores al presente han actuado favoreciendo la actividad minera sin que esta promoción haya desarrollado mecanismos de control efectivos y reguladores, adecuados y suficientes, para cautelar la protección del ambiente, de forma que se desarrolle en armonía con otras actividades económicas y no vulnere los derechos de los pueblos y comunidades afectadas.

Considerando que la visión de desarrollo que enfatiza el crecimiento económico como principal indicador sobre la base de proyectar una imagen de “Perú Minero” soslaya y menoscaba otras actividades esenciales y sostenibles indispensables para la alimentación, la salud y el bienestar de la población del país, que además están asociadas a la protección de nuestra diversidad cultural y biológica y a nuestras tradiciones culturales.

Considerando que la principal respuesta de las empresas y el Estado se condensa en la nefasta política del “perro del hortelano” del presidente Alan García, que ha profundizado la división entre peruanos, ha acentuado numerosos conflictos socioambientales -aún no resueltos- y ha criminalizado la protesta social, amenazando y enjuiciando a mas de mil líderes comunales y sociales que defienden la vida y el ambiente.

Considerando que el triunfo electoral del actual presidente Ollanta Humala es el reflejo de una voluntad de cambio profundo y radical del modelo vigente, que desea un crecimiento económico pero con equidad e inclusión social, el cual cautele de manera prioritaria y fundamental los derechos humanos de los pueblos y comunidades cuyas voces han sido marginadas y excluidas del debate y de las grandes decisiones nacionales.

Considerando que es fundamental empezar por crear las condiciones para un diálogo constructivo, propositivo y con equidad, que actúe con veracidad sobre la realidad, superando los antagonismos entre “promineros” y “antimineros”, con la finalidad de sentar las bases para un entendimiento y formular políticas públicas adecuadas para superar los conflictos y preservar el interés nacional y los derechos humanos y de los pueblos.

Proponemos al gobierno:

1. Crear una Comisión de la Verdad sobre la Minería y las industrias extractivas, que investigue el desempeño de la minería desde la década del 90, para que informe la situación real de los impactos sociales y ambientales de la minería, recomiende medidas de política pública para revertir y controlar sus efectos negativos y proponga medidas de reparación para las víctimas.

2. Ampliar y fortalecer el marco jurídico nacional para proteger con eficacia los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, organizados en el Perú en comunidades campesinas y nativas, y que se encuentran amparados en instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales definen los niveles jurídicos mínimos para interpretar las normas nacionales y cautelar derechos esenciales como el derecho a la libre determinación, a elegir un modelo de desarrollo propio, a la autonomía y a la gestión de su territorio y recursos naturales.

3. Abrir canales de diálogo directo entre las comunidades afectadas por la minería y el gobierno central para atender los conflictos urgentes y prioritarios que enfrentan a los pueblos y comunidades con las empresas mineras y el propio Estado.

4. Respetar el carácter obligatorio o vinculante de las consultas ciudadanas realizadas con la participación de las poblaciones indígenas y no indígenas sobre actividades mineras, como en los casos de Tambogrande e Islay. Asimismo, cancelar aquellas concesiones mineras otorgadas que sean denunciadas por los pueblos y comunidades como lesivas y que no hayan sido consultadas ni tengan su consentimiento previo.

5. Adoptar medidas jurídicas y administrativas eficaces para sancionar ejemplarmente a los responsables de los daños al ambiente, a la vida y la salud de los pueblos y comunidades. Sancionar de manera drástica a las empresas mineras que han contaminado con metales pesados el ambiente y los recursos naturales, prohibir la minería a tajo abierto y el uso de cianuro y otras sustancias altamente tóxicas en las actividades mineras. Crear un Registro Nacional de las Víctimas por metales tóxicos, e identificar y sancionar a los responsables de estos atropellos a la vida.

6. Derogar los decretos legislativos que criminalizan la protesta social y pretenden restringirla. Amnistiar a los dirigentes comunales y luchadores sociales procesados por defender el ambiente y la vida frente a la actividad minera y reparar a las víctimas de la represión.

7. Demandar al Gobierno del presidente Ollanta Humala retomar su propuesta de campaña electoral para aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras que sustituya al gravamen u óbolo minero a fin de asegurar un fondo para resarcir los daños al ambiente y a las víctimas.

8. Designar al Ministerio del Ambiente como ente rector para la aprobación de los estudios de impacto ambiental, con parámetros técnicos y sociales adecuados y con respeto a los derechos humanos.

9. Ordenar el territorio nacional con criterio de sostenibilidad ambiental y con la participación de los pueblos y comunidades originarias, para definir las zonas del país en las cuales se pueda o no se pueda hacer minería.

10. Apoyar la formación de una red de comités de vigilancia ambiental, para que desde las comunidades se vigile la actividad minera y se identifique con prontitud y precisión la emanación y variación de sustancias tóxicas en el aire, ambiente y cuerpos de agua.

11. Incorporar en la agenda política nacional el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza a fin de fortalecer la conciencia ambiental y promover medidas que equilibren el uso armonioso y racional de los recursos naturales para el bienestar de las actuales y futuras generaciones.

Arequipa, 16 de setiembre 2011


Servindi-Lima 17.09.2011