24 de diciembre de 2009

BORRADOR DEL INFORME BAGUA GENERA DESCONFIANZA EN LAS COMUNIDADES


El pedido de las comunidades indígenas de contar con la presencia de un observador internacional que verifique la labor de la comisión investigadora de los hechos ocurridos en Bagua (Amazonas) sigue las recomendaciones del relator especial de la ONU, James Anaya.

Así lo indicó la directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Ada Chuecas, quien a través de CNR señaló que la circulación de un pre informe de la comisión investigadora del “Baguazo”, en donde se responsabiliza de la violencia a los nativos, genera desconfianza en dicho sector.

“Como ya salió este informe, se elevan los niveles de desconfianza de que puede ser un documento que recoja realmente los hechos tal cual ocurrieron. Esto no les está dando confianza a las comunidades”, enfatizó.

Comentó que, en contraste, las mesas de diálogo implementadas tras el 5 de junio avanzaron en acuerdos a pesar de los problemas de comunicación. Por tanto, la comisión especial tiene que elaborar un informe consensuado y que relate lo que realmente ocurrió en aquella fecha.

“Tenemos que responder a este proceso de diálogo, que las organizaciones y los pueblos indígenas están involucrados si ellos han respetado todo ese proceso”, aseveró.

Cabe indicar que el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez aseguró que el gobierno cumplirá el compromiso de ejecutar los acuerdos adoptados por la mesa nacional de diálogo sobre las condiciones de desarrollo de las comunidades amazónicas.

El premier sostuvo que personalmente viajó a diversos puntos de la selva peruana para reunirse con los dirigentes nativos de las comunidades amazónicas para escuchar sus demandas.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 24/12/2009





Con el argumento de llevar atención médica a poblados alejados en la selva peruana se estaría aplicando anticonceptivos a menores de edad.
PIDEN INVESTIGACIÓN



DETALLE

Durante el régimen de Alberto Fujimori se llevaron a cabo más de 400 mil esterilizaciones forzadas en poblaciones campesinas y de extrema pobreza, como parte de una política oficial denominada Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria.

Una inmediata investigación para determinar las acciones que cumple personal médico que recorre en un buque varias comunidades de la selva en Loreto, con apoyo de la Marina y la empresa petrolera Perenco, demandó la Iglesia peruana ante la denuncia de pobladores en Napo sobre una supuesta aplicación de anticonceptivos a menores de edad. El responsable de la Pastoral Indígena del Vicariato San José del Amazonas, reverendo Roberto Carrasco, consideró necesario que se aclare el asunto.

“Como Iglesia estamos llamados a crear conciencia en la población sobre estas políticas no consultadas de esterilizaciones para que no se vuelvan a repetir en nuestro país. En los años 90 se hizo lo que se quería con la población. Les pedimos a los pobladores que no se dejen sorprender”, apuntó.

El buque tópico “Pastaza” visita desde el 18 de noviembre unas 86 comunidades nativas de las cuencas del Napo, Curaray y Arabela con el objetivo, según sus impulsores, de brindar atención médica, vacunación, controles a madres gestantes y niños, así como capacitación al personal de las postas de salud en temas de nutrición, salud preventiva e higiene.

Sin embargo, algunas madres de familia, como la señora Saida Bigay Tihuay, denunció que a su hija de 15 años le aplicaron una inyección para prevenir el embarazo, hecho que también es investigado por la Dirección Regional de Salud de Loreto.

“Un principio fundamental es el respeto a la persona. Esto no se está teniendo en cuenta. Por eso hablo de responsabilidad social. No podemos callar ni estar ajenos, más aún si se trata de comunidades quechuas. A mí me indigna esta situación”, anotó el sacerdote Carrasco.

Diario La Primera-Lima 24/12/2009





COMUNEROS DE ANCASH PROTESTAN PACÍFICAMENTE CONTRA MINERA BARRICK


Un nutrido grupo de comuneros de la localidad de Atuopa y Cuncasca se mantienen apostados desde las 05:00 horas en las inmediaciones de la carretera que conduce desde el distrito de Jangas (Huaraz) a la mina Pierina, propiedad de Barrick Misquichilca.

Los pobladores de las referidas zonas demandan a la compañía minera el cumplimiento de varios acuerdos y buscan renegociar el convenio suscrito para el 2010.

Según reportó Radio Melodía, los lugareños no han bloqueado la vía; por el contrario, permiten el libre tránsito de vehículos a la mina. Sin embargo, hay temor de que el conflicto pueda agudizarse.

Así mismo, directivos de Barrick Misquichilca, consultados a través de la Oficina de Relaciones Públicas, indicaron que esta tarde se reunirán con los delegados de Atuopa y Cuncasca a fin de dialogar sobre sus demandas.

Cabe indicar que la mina Pierina es productora de oro y se prevé el cierre de sus operaciones para el 2010.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 23/12/2009





POBLADORES DE SAN GABÁN DEFENDERÁN INTANGIBILIDAD DE INTEROCEÁNICA


Los pobladores de las localidades de Lechemayo, Loromayo, Puerto Manoa, Challhuamayo, y otros del distrito de San Gabán, provincia de Carabaya, adelantaron que defenderán la intangibilidad de la Carretera Interoceánica y los recursos naturales, rechazando la construcción de la hidroeléctrica de Inambari por las empresas brasileñas.

A través de Pachamama Radio, Artuto Coarite Huanca, miembro del Comité de Lucha de Challuamayo, dijo que la construcción de la hidroeléctrica ha despertado desconfianzas en los poblados ubicados en las cercanías del puente del mismo nombre, en los límites compartidos entre Cusco, Puno y Madre de Dios.

Es por ello que ratificaron que no permitirán la ejecución de la hidroeléctrica y amenazaron con radicalizar sus protestas de lucha. Incluso, no se descarta en los próximos días el bloqueo de otras vías, dejando incomunicada la ciudad de Puerto Maldonado.

Coarite Huanca adelantó que el acuerdo de las poblaciones de la zona de Inambari es no aceptar la propuesta de reubicación ni compra de sus propiedades. Por ello, invocó a las organizaciones sociales de la región Puno y también a los organismos internacionales de derechos humanos y medio ambiente a brindar el apoyo a sus luchas.

Finalmente, el dirigente lamentó que el presidente regional de Puno, Hernán Fuentes Guzmán, haya dejado al abandonado dicha zona cuando otras regiones están mutilando el territorio puneño.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 24/12/2009





23 de diciembre de 2009

BAMBAMARQUINOS ULTIMAN DETALLES DE MESA DE DIÁLOGO


Reunión de trabajo se programó para el 07 de enero de 2010, aunque ya surgen problemas por el primer tema de agenda que se debatirá.

¿DIÁLOGO? Hualgayoc será sede de la primera reunión de trabajo.

Las autoridades de Bambamarca y representantes de las organizaciones sociales de la provincia de Hualgayoc continúan con las reuniones a fin de ultimar detalles sobre los temas que serán debatidos en la mesa de diálogo que se desarrollará en la ciudad de Hualgayoc el 07 de enero de 2010 con representantes del ministerio de Energía y Minas de la ciudad de Lima.

El primer tema de agenda considerado en el memorial es concesiones mineras en la provincia de Hualgayoc, sin embargo, el representante del ministerio de Energía y Minas habría emitido el Oficio. Nº 525-2009-MEM/OGGS dirigido al alcalde provincial, informando que en esta reunión de trabajo se trataría el tema de la concesión minera en Vista Alegre, es decir el tema de minera Consolidada.

Sobre el mencionado documento, los representantes de las organizaciones sociales de Bambamarca indican que los funcionarios del ministerio de Energía y Minas quieren evadir responsabilidad burlándose de los acuerdos tomados. (Fuente: Virtual Informativa).
TEMA DE AGENDA

Como se recuerda y lo publicara el diario EL CLARÍN el 26 de noviembre, tras la instalación de la mesa de trabajo para tratar la problemática del caserío de Vista Alegre con la empresa minera Consolidada de Hualgayoc que se realizó el 25 de noviembre en el gobierno regional de Cajamarca, quedó muy bien establecido el punto agenda de la primera reunión que se programó para el 07 de enero de 2010.

En aquella oportunidad, el director de la oficina general de Gestión Social del ministerio de Energía y Minas, José Luis Carvajal, aseguró que “esta reunión fue muy positiva, porque hemos instalado una mesa de trabajo que definió temas de agenda, así como fecha y lugar de la próxima reunión programada para el 07 de enero de 2010 en la ciudad de Hualgayoc, donde trataremos sobre las concesiones mineras” en la provincia de Hualgayoc. Nunca dijo que el primer tema de agenda sería la concesión minera en Vista Alegre.

Esta versión del representante del ministerio de Energía y Minas fue corroborada y confirmada a través de la nota de prensa emitida por los responsables del área de comunicaciones y relaciones públicas de este ministerio enviada a los diferentes medios de comunicación de la región Cajamarca.

CLARIDATO

El cambio del primer punto de agenda puede generar un problema gravísimo en el funcionamiento de la mesa de diálogo.

Diario El Clarín-Cajamarca 23/12/2009





AGUA EN PELIGRO PARA EL 2025


Riesgo de acabar con sed.

De continuar el panorama de descontrol y casi nula regulación en cuanto al uso de los recursos hídricos, el Perú viviría una situación de “stress hídrico” a partir del 2025, según un balance presentado por el Instituto de Promoción para la Gestión del Agua (Iproga) y la Red Muqui.

Carlos Pereyra, hidrólogo de Iproga, explicó que el ‘stress hídrico’ se da cuando existe un desbalance negativo de la oferta y la demanda del agua por parte de la población, o cuando un ser vivo no tiene la dotación necesaria para la sobrevivencia.

Estimó también que si bien este hecho en el Perú se anuncia para dentro de 15 años, hay lugares del país que ya lo viven, como las zonas de Palpa y Nazca, donde hace años que la población cuenta con agua sólo una hora al día. Por su parte, Ana Leyva, secretaria ejecutiva de la Red Muqui, sostuvo que tras la aprobación de la Ley 29338 de Recursos Hídricos, a la espera que se publique su reglamento, se detectaron vacíos legales que permitirían el uso y acceso ilimitado y sin restricciones de las empresas extractivas (mineras) al agua, permitiendo una apropiación del recurso en desmedro de la población.

Leyva advirtió que la Ley 29338 presenta deficiencias en cuanto a la administración y control del agua, pues continúa con el centralismo de la administración estatal. “En el caso de las cuencas hidrográficas, se quiere centralizar su manejo y administración en la Autoridad Nacional del Agua, cuando deberían crear organismos para que supervisen cada cuenca, ya que tienen realidades distintas”.

Diario La Primera-Lima 23/12/2009





CONTAMINAN PACUSCOCHA


Las autoridades locales y las comunidades circundantes a la localidad de Contonga, región Áncash, denunciaron a la Compañía Minera de Huallanca de contaminar con los relaves la laguna de Pacuscocha, lo que constituye un grave atentado contra el medioambiente de la zona.

Durante una inspección se identificó la presencia de sedimentos con características de relave minero muy cerca de la laguna, por lo que se tomó muestras de agua.

Los pobladores de las comunidades aledañas a las operaciones de la minera Contonga son los mayores preocupados ya que el recurso hídrico que proviene la laguna es utilizada para la agricultura, pastoreo y consumo humano. Son varias las acequias y manantiales que se originan en Pacuscocha, apuntaron.

Diario La Primera-Lima 23/12/2009





APLICAN ANTICONCEPTIVOS A NATIVAS


La comunidad indígena Patria Nueva, en Naplo, denunció que personal médico del sector Salud, la Marina y la empresa petrolera Perenco aplicaron anticonceptivos a varias nativas menores de edad de la región Loreto sin conocimiento de sus padres. Saida Bigay Tihuay, madre de una de las menores, dijo que durante la visita del buque tópico “Pastaza”, su hija de 15 años fue atendida por médicos que le aplicaron una inyección para prevenir el embarazo. “Una doctora me dijo que le habían puesto su planificación porque es muy tierna”, explicó.

El Director Regional de Salud, Carlos Manrique de Lara, dijo que se investigará la historia clínica de la menor para conocer lo que habría pasado. “Vamos a enviar a un equipo a investigar este caso”, añadió.

El buque “Pastaza”, donde se encuentran personal de la Dirección de Salud (Diresa) de Loreto, la empresa Perenco y la Marina, recorre las cuencas del Napo y Curaray.

Diario La Primera-Lima 23/12/2009





EXIGEN ESCLARECER DENUNCIAS SOBRE PRESUNTAS ESTERILIZACIONES EN EL NAPO


El responsable de la Pastoral Indígena del Vicariato San José del Amazonas, reverendo Roberto Carrasco, demandó una inmediata investigación con la finalidad de determinar las acciones que realiza la brigada de salud conformada por médicos, personal de empresa petrolera Perenco y la Marina de Guerra, en el río Napo.

“Un principio fundamental es el respeto a la persona. Esto no se esta teniendo en cuenta. Por eso hablo de responsabilidad social. No podemos callar ni estar ajenos, más aun si se trata de comunidades quichuas. A mí me indigna esta situación. Ojalá que todo esto se aclare. No hacemos esto con afán de desacreditar a nadie. Si hay otros casos, hermanos del Napo, les pedimos que se acerquen a la parroquia de Santa Clotilde”, dijo el religioso.

Carrasco hizo estas declaraciones tras recoger la denuncia pública expresada por la pobladora Saida Tihuay Bigai, quien denunció que a su hija le aplicaron una inyección anticonceptiva sin su permiso pues ella es menor de edad.

“La preocupación es por la manera como estas tres instituciones se ponen de acuerdo para realizar una campaña donde la Microrred Napo no es considerada. El padre Jack ha escrito una carta dirigida a todas las instancias expresando su malestar por esto. Lamentó que se estén produciendo hechos de este tiempo. Acá hay un tema principalmente de responsabilidad social, me refiero en este caso a la empresa Perenco porque creo que es una empresa seria".

“Como Iglesia estamos llamados estamos a crear conciencia en la población sobre estas políticas no consultas de esterilizaciones para que no se vuelvan a repetir en nuestros país. En los años noventa se hizo lo que se quería con la población. Les pedimos a los pobladores que no se dejen sorprender”, manifestó.

Cabe indicar que, desde el pasado 18 de noviembre, el buque tópico "Pastaza" recorre los poblados de las cuencas del Napo, Curaray y Arabela con el objetivo de atender a pobladores de 86 comunidades durante 28 días.

El buque tópico lleva a bordo a personal del sector Salud, la petrolera Perenco y Marina de Guerra quienes atienden con vacunación, atenciones médicas, controles a madres gestantes y niños, servicio odontológico y exámenes de laboratorio, así como capacitación al personal de los postas de Salud en temas de nutrición, salud preventiva e higiene.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 23/12/2009





DECLARACIONES DE MINISTRO REY PRETENDEN TAPAR EL SOL CON UN DEDO


Este año, en materia de derechos humanos se presentó un panorama muy negativo, pues el gobierno utilizó maniobras en las cuales vulneró los derechos básicos de las personas, consideró Juan José Quispe, abogado de APRODEH.

A través de CNR, indicó que la administración de Alan García puso trabas a casos como los hechos ocurridos en Bagua (Amazonas), y la construcción del Museo de la Memoria.

“Este gobierno puso trabas al tema Bagua, se formó una comisión con participación de personas del gobierno y ahora se sabe que saldrá un informe con una versión no real de los hechos. De otro lado, tenemos el empecinamiento del ministro (de Defensa, Rafael) Rey sobre quien debería estar en el Museo de la Memoria”, precisó.

Sobre las declaraciones del titular del MINDEF, Quispe indicó que esta postura responde a una política del Estado de no querer generar un consenso.

“Es una buena persona, pero tiene ideas opuestas a las ideas que debería tener un ministro de Estado; muy marcadas, muy sesgadas con respecto a los derechos humanos. Quieren tapar con el dedo muchas cosas malas que hace el gobierno”, aseveró.

Puso como ejemplo que nadie investiga porqué Rey Rey y el ministro del Interior, Octavio Salazar, aspiren a contratar al abogado del ex presidente Alberto Fujimori, César Nakazaki, para que defienda a los militares, cuando se debió efectuar un concurso público.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 23/12/2009





ARÁOZ REFORZARÁ MODELO EN FAVOR DE MINERAS Y PETROLERAS


La designación de Mercedes Aráoz como ministra de Economía tiene por finalidad reforzar el modelo económico del gobierno que prioriza la explotación minera y petrolera antes que los derechos de las comunidades.

Así lo sostuvo el economista Pedro Francke, quien a través de CNR, recordó que Aráoz Fernández -desde su gestión como ministra de Comercio Exterior y Turismo- fue la principal defensora de los decretos que dieron pie a la huelga de las comunidades de la selva.

"Cuando fue el conflicto amazónico dijo que no se podían derogar (los decretos) por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo cual fue falso. Será la defensora de radicalizar ese modelo, de explotación minera y petrolera, aún pasando por encima de los pueblos indígenas", apuntó.

Refirió que, de acuerdo a la experiencia de años anteriores, esta política de entrega de recursos sólo ha beneficiado a las grandes empresas. "Se han generado algunos empleos en la costa, pero los salarios no suben. A la sierra y a la selva, los beneficios no llegan (...) en realidad, no hay mucho chorreo", opinó.

En tanto, Francke Ballve puso en duda, también, las declaraciones de Aráoz respecto a que con su ingreso al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no habrá una "farra fiscal".

"Esto es un indicativo de que el gobierno quiere sacar adelante las explotaciones mineras y petroleras a como de lugar (...) habrá más gasto fiscal, con mayor corrupción y más clientelismo de cara al proceso electoral (regional y municipal)", remarcó.

De otro lado, consideró prematuro asegurar que la hasta el lunes titular del PRODUCE logrará que el país llegue a un 5% de crecimiento económico. Esto debido a que, si bien los precios de los minerales en el mercado internacional se mantienen muy altos, es factible que se registre una nueva caída en su cotización.

"Si el escenario se muestra favorables y el gobierno insiste en el gasto acelerado, podría darse ese crecimiento. Empero, si sufrimos un nuevo shock, la situación podría ser mucho más crítica y Aráoz carecería de medios para seguir al frente del MEF", acotó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 23/12/2009





LÓGICA EXCLUYENTE DEL GOBIERNO CONTRIBUYE A AGRAVAR CONFLICTOS SOCIALES


Los hechos de Bagua (Amazonas) corroboran que el gobierno aprista maneja una lógica excluyente que contribuye a exacerbar los conflictos antes que a resolverlos, opinó el analista político Eduardo Toche.

A través de la CNR, Toche comentó que el origen del conflicto que se saldó con la vida de una treintena de peruanos en junio pasado pone al descubierto el lado negativo de nuestra política económica.

"Su vinculación con el resto del mundo casi está reducida a la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) sin ningún tipo de consideraciones, como estos tratados que deben reconocer los derechos adquiridos por la población", comentó.

Recordó que el levantamiento indígena de Bagua estuvo referido al TLC con Estados Unidos y cómo el gobierno violaba los acuerdos suscritos con entidades internacionales -en este caso, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- sobre el derecho a consulta.

Además, este hecho hay que vincularlo en cómo enfoca el gobierno la conflictividad social. "No se ve como una demanda de la sociedad a la cual hay que articular espacios y procesos para resolver, sino como una manifestación negativa a la que hay que extinguir a la buena o a la mala. Y el gobierno ha preferido en estos últimos años una solución a la mala".

Toche indicó que no sólo se están haciendo intervenciones policiales -como la que desencadenó los resultados de Bagua-, sino también se está militarizando espacios como el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) o articulando otros tipos de "respuestas inútiles", como las innumerables mesas de diálogo sin ningún tipo de resultados positivos a la vista.

"Esto no sólo no resuelve el conflicto, sino lo exacerba. Entonces el gobierno no sólo no se convierte en un factor de solución de la conflictividad sino que agrega mayor conflictividad", remarcó.

:: Sentencia a Fujimori es el evento de DDHH de la década

De otro lado, el especialista destacó la sentencia de 25 años de prisión al ex presidente Alberto Fujimori como el hecho fundamental en materia de derechos humanos no sólo del 2009, sino de la década.

"El mensaje es que no hay impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos, y se dirige finalmente a la acción de esos voceros del gobierno que temen los instrumentos como la imprescriptibilidad a delitos de lesa humanidad y corrupción", dijo.

"Esa es la gran lección que tenemos ahora: que no tenemos impunidad. Que puede correr el tiempo, pero tarde o temprano (el criminal) va a ser sometido a la justicia", agregó.

Sin embargo, criticó los reparos de algunos representante del gobierno a la construcción del Museo de la Memoria. "Allí los peruanos nos reconocemos y (buscaremos) evitar que lo que sucedió vuelva a suceder en el futuro", puntualizó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 22/12/2009






REALIZAN PARO EN HUANCAVELICA EN RECHAZO A LA MINERÍA


Más de treinta comunidades indígenas de Angaraes, en Huancavelica, agrupadas en la Alianza de Federaciones de Angaraes, acataron este martes 22 de diciembre un paro de 24 horas.

Así lo informó que alcalde de Seclla, Orlando Valenzuela, quien a través de CNR informó que se reunirán con el presidente de la Región Huancavelica , Federico Salas, para encontrar solución a su plataforma de lucha.

“Estamos en una marcha pacífica, de acuerdo a las normas establecidas, es en rechazo a todo tipo de actividad minera en la zona, especialmente, las que pretende realizar la empresa minera Pampamali S.A. en territorios de la comunidad indígena de Secclla”, precisó.

Así mismo, exigen que se separe del proceso penal al juez Edwin Espinoza Oré, titular del Primer Juzgado Penal de Huancavelica.

“Haremos una marcha pacífica en la ciudad de Huancavelica. No queremos la concesión de territorios comunales a las empresas mineras. El 18 (de enero) nos reuniremos con los doce distritos de Angaraes y con el presidente regional”, aseveró.

Cabe indicar que los dirigentes y autoridades de Angaraes piden el cese de la persecución política y judicial, el respeto al desarrollo económico basado en la agricultura y ganadería y la conservación de las cabeceras de cuenca.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 22/12/2009





SOLICITARÁN A COMISIÓN DE MINERÍA CONVOCAR A MINISTRO BRACK


La congresista Susana Vilca solicitará a la Comisión de Energía y Minas convocar al ministro del Ambiente, Antonio Brack, a fin que informe sobre las medidas que asumirá su cartera para resolver la problemática de la minería informal en Madre de Dios.

Vilca Achata asumió este compromiso en la asamblea sostenida días atrás por la Federación Nativa de Madre de Dios (FENAMAD) y la Federación Minera de Madre de Dios (FEDEMIN) en el auditorio de la municipalidad provincial de Tambopata.

En ese encuentro, convocado por el asesor de la FEDEMIN, José Luis Quequejana, la parlamentaria puneña escuchó los argumentos de los líderes de ambas federaciones y les expresó su solidaridad.

“He escuchado todos sus planteamientos sobre su intención de formalización; así mismo, conozco su preocupación en torno a la posición de ministro Antonio Brack que insiste en detener la actividad minera con una serie de argumentos que atentan al medio ambiente. Esto lo canalizaré a través de la comisión que integro”, aseveró.

De igual modo, se comprometió a llamar al congresista por Madre de Dios, Juan Perry, para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones.

Cabe indicar que hacia el final de la cita, Quequejana. pidió a la asamblea elaborar la Carta de Madre de Dios, que recoja el compromiso de las autoridades de la región, sociedad civil y mineros para apoyar a la formalización de esta actividad.

Cabe recordar que, la semana pasada, la FEDEMIN desistió de participar en la reunión convocada por el ministro del Ambiente, Antonio Brack, en Lima, luego de dos reuniones previas en que no se llegaron a acuerdos concretos.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 22/12/2009





22 de diciembre de 2009

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO NO SANCIONA A MINEROS INFORMALES


La alcaldesa de Carabaya, Nancy Rossel, denunció que el Gobierno Regional de Puno tiene pleno conocimiento de que la minería informal afecta la construcción de la Carretera Interoceánica, la cual a escasos meses para su inauguración presenta grietas e inundaciones.

A través de CNR, Rossel Angles indicó que, mediante la Dirección Regional de Energía y Minas, dieron a conocer de esta situación, que pone en peligro la vía que comunicará Perú con Brasil.

“La minería informal afecta porque las 24 horas del día trabajan con maquinaria pesada. Esta no es minería artesanal, sino informal porque no pagan impuestos. Este tipo de personas hacen voladuras más grandes de las que hace la empresa encargada de la construcción de la vía”, refirió.

Señaló que, más que grietas, en la zona de San Gaban hay derrumbes, los cuales se acentúan por estos meses. “Pero eso de los derrumbes se acrecentó por los trabajos realizados por Intersur, por el movimiento de tierras”, aseveró.

Cabe destacar que los desperfectos más graves de la Interoceánica del Sur -uno de los proyectos más destacados durante la visita del presidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva- se localizan a la altura del kilómetro 239, donde se observa grandes grietas que dividen la carretera.

El consorcio encargado de la ejecución de la obra, Cornisa S.A., acusa a un minero artesanal de la zona como el culpable de estos desperfectos

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 22/12/2009






AUTORIDADES AGUARDAN ORDENANZA PARA FRENAR CONTAMINACIÓN EN RÍO SUCHES


En los próximos días, la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno emitirá una resolución que impedirá la venta de combustible a los mineros informales que contaminan el río Suches.

Víctor Paredes Argandoña, titular de la referida dependencia, informó que una vez publicada la ordenanza, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), la Policía y otras instituciones realizarán operativos constantes para frenar la venta de combustible a los mineros informales.

Enfatizó que la contaminación del río Suches, que recorre la provincia de Huancané, se debe a las operaciones de minería informal en el lado boliviano, pero con las máquinas y combustibles que llevan del lado peruano.

El funcionario aseguró que la ordenanza se publicará en los día venideros. Para tal fin, se están gestionando ante las autoridades correspondientes para que se publique en el diario "El Peruano" y se combata la contaminación en los ríos de la región altiplánica.

Cabe indicar que la Comisión Binacional Perú-Bolivia para frenar la contaminación del Suches no ha dado los resultados esperados. Y es que algunos productores pecuarios consideran que las reuniones de dicho espacio sólo sirvieron para prolongar el proceso.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 22/12/2009





EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA AMAZONÍA


El fiasco en que ha terminado la Cumbre Climática de Copenhague tiene una explicación: nada parece saciar la voracidad destructora y suicida del sistema de producción y consumo del neoliberalismo. Los intereses económicos de las multinacionales petroleras que controlan a los gobiernos se han impuesto. Una vez más hay que repetir la sentencia de que el “hombre es la única especie que corta el árbol donde vive”.

El creador del sistema-mundo, Immanuel Wallerstein, ya lo había anticipado cuando dijo que es francamente escandaloso e inmoral que el evento que amenaza la supervivencia de la especie humana en el planeta Tierra, el calentamiento climático, sólo tenga respuestas retóricas: discursos, estudios, cumbres, declaración de principios y promesas. Pero ninguna decisión. Nada concreto.

¿Por qué no se pasa de las palabras a las acciones? Wallerstein tiene la respuesta: los gigantes que controlan la economía mundial -sobre todo petroleras y mineras- no quieren internalizar sus costos ambientales; los gobiernos de los países pobres son laxos y concesivos con las empresas en la aplicación y cumplimiento de los estándares ambientales bajo el supuesto de que si se les obliga a cumplir la ley dejarán de invertir en el país. Doe Rum y hasta hace poco Pluspetrol en los lotes 1AB y B son una muestra de esta política de estados y gobiernos débiles, irresponsables y corruptos.

En el caso del Perú, el tercer país más vulnerable al cambio climático, el fracaso de Copenhague, la inoperancia de la política ambiental, el modelo primario-exportador y el tratamiento privilegiado que dispensa el doctor García a la minería, a la que no toca ni con el pétalo de un rosa, tiene ya enormes costos que superan los 8 mil millones de soles anuales.

Estos costos e impactos son devastadores en la Amazonía donde, como es de suponer, ni los gobiernos regionales, locales ni el gobierno central mueven un dedo para conjurar, con acciones de mitigación o adaptación, el cambio climático. Por supuesto que nos les pedimos que impidan que las micorrizas que nutren al bosque desaparezcan; que eviten las lluvias diluviales que ahora inundan la Amazonía; que las caobas vuelvan a dispersar sus semillas entre setiembre y diciembre como en otras épocas y que las frutas maduren en su tiempo.

Ya no será posible evitar esos cambios drásticos en la naturaleza que está transformando para mal la vida en la Amazonía. Pero por lo menos le pedimos al alcalde de Iquitos, Salomón Abenzur Díaz, que no contamine con su basurero las aguas del Alpahuayo-Mishana, que alimentan al Nanay, el río que sacia la sed de Iquitos.

Tenía razón el sabio Albert Einstein cuando decía que es más fácil que un planeta cambie de curso a que el hombre renuncie a sus prejuicios y su estupidez.

Diario La Primera-Lima 21/12/2009



21 de diciembre de 2009

DENUNCIAN A 19 DIRIGENTES RONDEROS DE HUANGAMARCA


Representantes de la minera Liriopampa SAC denunciaron por secuestro y coacción a 19 dirigentes ronderos de las zonas de Liriopampa y Secce, en el caserío de Huangamarca, provincia de Hualgayoc.

La denuncia fue formulada por Francisco Carranza Rubio, representante de la compañía antes mencionada, quien en mayo pasado fue detenido junto a otras dos personas cuando realizaban exploraciones en la localidad.

Marco Aguilar Vásquez, asesor de las rondas, informó a Radio Coremarca que los procesados rindieron su manifestación ante la Segunda Fiscalía Provincial. Las investigaciones de la policía determinaron que no hubo responsabilidad de parte de los procesados en los delitos imputados.

Luego, el atestado fue llevado ante la Fiscalía que evaluó los hechos y tampoco encontró responsabilidad en los ronderos por el delito de secuestro agravado. Sin embargo, sí responsabilizó a tres de ellos por coacción.

Aguilar informó que el delegado de Liriopampa SAC ha interpuesto una queja de derecho ante la Fiscalía provincial a cargo de las investigación, pues no está de acuerdo con el archivamiento del caso. Por ello, la decisión compete ahora a la Fiscalía Superior de Chota.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 21/12/2009






ACTUANDO AL MARGEN DE LA LEGALIDAD


Hasta noviembre de 2005 la vida de las familias de las comunidades de Segundo y Cajas y Yanta, en Piura, transcurría dedicada a la agricultura, agroindustria, ganadería y turismo. Ese mes todo cambió para ellos: el Ministerio de Energía y Minas autorizó la exploración de la minera Majaz con el proyecto Río Blanco, sin tomar en cuenta la opinión de los comuneros y sin considerar que en los planes de la región no aparece la minería como centro de desarrollo.

Han pasado más de cuatro años y las comunidades siguen en lucha porque se les respete sus derechos. En el camino cuatro campesinos han sido asesinados, otros secuestrados y torturados en una demostración de que a este gobierno le importa más el gran capital que las demandas y las vidas de los comuneros. En cambio, la Corte del Reino Unido dio un ejemplo al régimen del presidente García y pidió, en respuesta a la denuncia de torturas, que se le congele las cuentas por ocho millones de dólares a la empresa Monterrico Metals (entonces dueña de Majaz).

Esta semana (La República, 13/12/09) se conocieron nuevos hechos sobre las muertes de los campesinos, Vicente Ramírez y Cástulo Correa Huayama, ocurridas el 2 de diciembre pasado. Los protocolos de necropsia señalan que los campesinos murieron a consecuencia de disparos que recibieron por la espalda. La investigación no ha concluido, pero es evidente que los efectivos policiales que esa fecha llegaron hasta la comunidad de Cajas para detener a varios comuneros, acusados de atentar contra el campamento de la minera y causar la muerte de dos vigilantes y un policía, tienen mucho que explicar. Fotografías exhibidas por este diario (La República, 17/12/09) confirman que los policías llegaron armados. El ministro del Interior ha dicho que se investigarán las denuncias, pero el jefe regional de la Policía en Piura ha dado por zanjado el asunto y restó validez al informe forense.

Los campesinos han negado toda participación en el atentado a la minera. Creen más bien que la empresa, hoy en manos del consorcio chino Xiamen Zijin Mining, lo organizó para inculparlos y seguir adelante en un proyecto que tiene el rechazo de las comunidades.

Los comuneros se enfrentan al poder de la minera que tiene el aval del gobierno, de la Policía y de algunos jueces que se han prestado al juego de la compañía china. Ello explica la persecución a los líderes campesinos y la denuncia a más de 130 personas, en su mayoría comuneros. Los acusan de los más diversos delitos: contra la seguridad pública, asociación para delinquir, arrebato de armamento, homicidio culposo, conspiración, terrorismo, etc.

El proceso judicial abierto no toma en cuenta que los comuneros sólo quieren vivir en paz. Con sus bosques y con sus actividades agrícolas que históricamente son las que han impulsado el desarrollo de la región. No quieren la minería porque destruye sus fuentes de agua y afecta la biodiversidad. La legislación los ampara, pero eso no parece importar a las autoridades de esta administración.

PD: El ministro de Economía, Luis Carranza, no tiene otro camino que acatar el mandato del Tribunal Constitucional que ordena al gobierno cumplir con la ley y proceder a la homologación salarial de los docentes universitarios. Es inconcebible que los profesores lleven tres meses en huelga para lograr que el gobierno cumpla con la legislación. Y, sin embargo, cada día escuchamos al Dr. García dar lecciones de democracia y de respeto a las leyes.

Diario La República-Lima 20/12/2009





HOY SE PRESENTA INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA DEL "BAGUAZO"


En un clima de incertidumbre por los resultados, será presentado hoy el informe final de la comisión investigadora de los hechos producidos en Bagua el 5 de junio.

Según la integrante del grupo de trabajo, la ex ministra Susana Pinilla, los resultados se basan en "un trabajo muy profesional con un análisis profundo dentro del corto plazo que se nos dio".

En declaraciones a la Agencia Andina, Pinilla aseguró que el documento a presentarse será objetivo sobre los hechos acontecidos el 5 de junio en la Curva del Diablo, donde falleció una treintena de personas, producto del violento desalojo perpetrado por la policía.

Cabe señalar, que hace unos días se conoció el borrador del documento, que reflejaba, según diversas fuentes, inexactitudes sobre los hechos, además de señalar como responsables de los actos de violencia, a los pobladores amazónicas y sin encontrar responsables políticos.

Hace unos días, a través de CNR, el coordinador de la mesa de diálogo entre el gobierno y las comunidades indígenas, Carlos Navas, denunció que hubo mala intención en el informe elaborado por la comisión del gobierno encarga de esclarecer los hechos de Bagua.

"Gracias a Dios que este informe se ha hecho público. Tenía una mala intención: culpar a los indígenas, a ONGS y a la Iglesia. Menos mal apareció porque no tiene que ser secreto, pues es de interés de todo el país", declaró a través de CNR.

El también alcalde del centro poblado de Imazita (Amazonas) descartó que la responsabilidad de los contenidos del documento sean del representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Jesús Manacés.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/12/2009





18 de diciembre de 2009

COMISIÓN NO SEÑALA A RESPONSABLES DE ‘BAGUAZO’


Informe. Reconstruirá lo que pasó el 5 de junio. Pero de la reconstrucción de los acontecimientos se deduce quiénes son, dice comisionado.

El informe final de la comisión investigadora de los hechos de Bagua no señalará a los responsables de este cruento suceso, pero la reconstrucción de los acontecimientos ocurridos el 5 de junio va a permitir deducir quiénes deben responder por lo que pasó tanto en la Curva del Diablo como en la Estación N°6 de Petroperú.

Fue la declaración que brindó Jesús Manasés, presidente de esta comisión, a tres días de la entrega del informe final. “Nuestro objetivo es aclarar los hechos, que no es lo mismo que determinar responsabilidades”, explicó tras indicar que las conclusiones a las que arribaron se han logrado por consenso.

Diario La República-Lima 18/12/2009





POLICÍAS ENTRARON AL PUEBLO CON SUS ARMAS EN LA MANO


Huancabamba. Comunero los fotografió cuando llegaron. Juan Romero registró con su cámara los instantes en que las fuerzas del orden ingresaron a Cajas Canchaque.

María Elena Castillo.

Fotografías tomadas el 2 de diciembre pasado, pocos minutos después de que efectivos policiales llegaron al caserío de Cajas Canchaque, en Huancabamba, con el objetivo de detener a comuneros presuntamente involucrados en el ataque a un campamento minero de Río Blanco, revelan que los custodios ingresaron a la zona con las armas en la mano, alarmando a la población.

Las imágenes, captadas por la cámara de Juan Romero Labán, poblador de la zona e hijo de uno de los comuneros fallecidos, muestran a un grupo de policías ingresando a la comunidad en actitud amenazante.

“Mi padre (Vicente Romero) y yo estábamos en la casa y escuchamos cuando llegó la policía. Salimos a ver lo que pasaba y fui a traer la cámara para tomar fotos, porque se sabía que los policías maltratan a los campesinos”, contó a La República.

Dijo que los policías llegaron en dos camionetas hasta el ingreso de la comunidad y subieron caminando por una trocha de tierra. Explicó que la población se alarmó y salió a preguntarles por qué estaban allí, qué estaban buscando.

“Unos policías subieron con las armas en la mano y otros a la altura en la cintura. En ese momento había como doce personas, que les preguntaban qué querían. Les decían que allí vivíamos tranquilos, que somos gente sana”, recordó.

Me amenazaron

El testigo señaló que el señor Cástulo Correa, otro de los fallecidos, “estaba un poco embriagado” y se habría caído cerca de un policía, lo que motivó que los miembros de las fuerzas del orden lanzaran bombas lacrimógenas e insultaran a la población.

Relató que la gente comenzó a correr asustada y la policía empezó a disparar. “No pude tomar fotos de eso porque se acabó el rollo. Me amenazaron con la pistola en mano. Me dijeron: te baleo si sigues tomando fotos”, aseguró.

Su tía, Eulalia Romero, recibió un impacto de bala en la pierna –según dijo el testigo–, por defender a un comunero que estaba siendo maltratado por los custodios.

Su padre, Vicente, fue alcanzado por un proyectil cuando corría con el resto de la población. El protocolo de necropsia señala que el orificio de entrada de la bala se ubica en la espalda, a la altura del tórax, lo que confirma la versión de que el campesino estaba corriendo, huyendo de los policías, y no atacándolos como afirman los miembros de las fuerzas del orden.

Precisiones

1] No atacaron. La abogada de Fedepaz, Rosa Quedena, negó que los comuneros hayan atacado a la policía. Afirmó que los pobladores estaban desarmados.

2] Apuro. Días antes ella fue a la base instalada en Huancabamba para coordinar la presentación de testigos y un policía le reveló que querían acabar con las investigaciones esa semana. “Actuaron por apuro”, explicó.

Diario La República-Lima 18/12/2009






Para Aidesep, el premier Javier Velásquez también tiene responsabilidad política en el baguazo. “Los nativos sólo han suspendido su lucha”, advierte.
INFORME BUSCA DEJAR IMPUNES A LOS RESPONSABLES DEL BAGUAZO


Pretenden exculpar a los principales responsables de las muertes de policías y civiles en Bagua.

CRONOLOGÍA

08/ 2008. Comienza la primera gran protesta amazónica contra lo decretos legislativo lesivos a los intereses nacionales. El gobierno se niega a derogarlos pese a no haber sido consultados, pero el Congreso cede y anula dos de los decretos.

09/04/09. Empieza una nueva protesta amazónica, con bloqueos de carreteras y ríos, así como tomas de instalaciones petroleras y aeródromos.

28/4/2009. Los nativos toman la Estación 6 del oleoducto, cerca de la ciudad de Bagua.

4/6/2009. El entonces premier Javier Velásquez se niega a poner en la agenda del pleno la derogatoria de los decretos legislativos.

5/6/2009. Violento desalojo de la Curva del Diablo desata un enfrentamiento en el que mueren 13 policías y 10 civiles. Desaparece el mayor Bazán. En la Estación 6, descontrolados nativos matan a 10 policías, en represalia por el desalojo de la Curva del Diablo.

18/5/2009. García acepta que promulgó los decretos legislativos 1090 y 1064 de manera inconsulta

7/9/2009. Tras muchas dilaciones, el gobierno crea el grupo de trabajo encargado de investigar los sucesos en Bagua ocurridos el 5 de junio.

7/12/2009. Se filtra informe preliminar de esa comisión, que responsabiliza principalmente a las comunidades indígenas.

El secretario general de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Saúl Puerta, dijo ayer a LA PRIMERA que no cabe duda que el informe de la Comisión Especial investigadora de los sangrientos sucesos de Bagua buscará ocultar la responsabilidad política del gobierno, excluyendo a los verdaderos culpables: los representantes del Ejecutivo que provocaron el conflicto y que dieron la orden para el desalojo de la Curva del Diablo de la carretera Fernando Belaunde que el 5 de junio desencadenó los luctuosos acontecimientos.

Sostuvo que será una tragedia para el país que el informe final omita la responsabilidad política del ex premier Yehude Simon, los ex ministros del Interior, Mercedes Cabanillas, y Defensa, Ántero Flores-Aráoz, y los generales de la policía Luis Muguruza y Javier Uribe, cuyos nombres no aparecen en ninguna de las 40 páginas de preinforme del caso. “La comisión no fue pensada para que actúe de manera independiente porque fue creada por decreto ministerial y no por un decreto supremo, por eso, será parcializado”, aseveró.

“También hay que recordar, dijo Puerta, que el 4 de junio (un día antes del Baguazo) el entonces presidente del Congreso, Javier Velásquez, excluyó de la agenda del pleno el debate de los decretos legislativos lesivos a los intereses nacionales para su derogatoria. Por eso también hacemos responsables al actual premier”, dijo.

Reiteró que un informe parcializado carecerá de valor porque de nada servirá un informe que oculte la verdad y responsabilice a los pueblos amazónicos y sus dirigentes.

“Diga lo que diga el Ejecutivo, vamos a seguir luchando para que se conozca la verdad. Hay que tener en cuenta que los amazónicos nunca han terminado con su lucha sino que la han suspendido para llegar a la verdad y encontrar la reconciliación”, sostuvo.

Dijo que una cosa muy grave de la comisión es haber omitido la denuncia de la fiscal de Utcubamba, Luz Rojas, que encontró responsabilidad en los oficiales encargados de la fallida operación policial, Uribe y Muguruza. “No hay ni una letra sobre aquella denuncia”, dijo.

La fiscal Rojas encontró suficientes elementos para formular denuncia contra los responsables de la muerte de los nativos, pero su dictamen fue desestimado por el Poder Judicial.

Diario La Primera-Lima 18/12/2009





MINEROS DE SHOUGANG PROTESTAN EN NAZCA


Los trabajadores de la minera Shougang, en el distrito de San Juan de Marcona, provincia de Nazca, Ica, acatan una paralización luego que la empresa, aparentemente, dejara de lado a 8 de sus colegas.

Más de mil empleados decidieron bloquear las vías de acceso a la mina y cerca de 200 policías los vigilan en previsión de cualquier eventualidad.

Las operaciones de la compañía se habrían visto afectadas en 80 por ciento, debido a la medida de fuerza.

CPN Radio-Lima 18/12/2009





DE ECHAVE: AUTORIDADES NO SACAN LECCIONES DE CONFLICTOS SOCIALES


El especialista en temas de minería, Jose De Echave consideró preocupante que las autoridades nacionales no aprendan de los actos de violencia producto de los conflictos mineros en las comunidades.

A través de CNR, De Echave calificó de "contradictorio" el reciente anuncio del viceministro de Energía y Minas, Fernando Gala, respecto al adelanto de inversiones en el sector minero.

“La verdad no se entiende, es sumamente contradictorio porque además la situación no ha cambiado; (la crisis) es más aguda y los mecanismos no se modifican, en el sentido que los proyectos mineros y las concesiones se entregan sin que las poblaciones estén enteradas”, aseveró.

Días atrás, Gala informó que en la región Piura se identificaron 140 zonas mineras, de las cuales 55 están ubicadas en la provincia de Ayabaca. En ese contexto, el economista refirió que es contraproducente que no se avance en cuanto a consulta a las comunidades.

“El Ministerio de Energía y Minas (MEM) acaba de aprobar un plan de exploración a la empresa Afrodita y las comunidades huampis y awajún nuevamente están en situación de incertidumbre tras los sucesos en Bagua. No sacamos lecciones, no implementamos correctivos”, enfatizó.

Finalmente, De Echave recordó que Perú firmó el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) referido al derecho a consulta de las comunidades. Por lo cual también consideró una mala señal la resistencia del Congreso para aprobar el informe que dispone una serie de recomendaciones orientadas a establecer ese derecho como un instrumento de gestión estatal.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 17/12/2009





COMUNEROS DE HUANCABAMBA FUERON BALEADOS MIENTRAS HUÍAN


Por la espalda. Peritaje muestra trayectoria de disparos de la policía. Según experto forense Carlos Bacigalupo, los orificios de bala revelan que la policía tenía el dominio de la situación.

María Elena Castillo.

Los protocolos de necropsia de los cadáveres de los campesinos asesinados el 2 de diciembre pasado en el caserío Cajas Canchaque, Huancabamba, revelan que la policía les disparó por la espalda y cuando se encontraban huyendo, lo que significa que los efectivos del orden se encontraban en una situación de superioridad.

Los documentos señalan que los comuneros Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama recibieron impactos de bala de “atrás hacia delante”, y con orificios de entrada en las costillas inferiores al de los hoyos de salida.

En el caso de Romero Ramírez, el proyectil ingresó por la región escapular derecha, a la altura de la séptima costilla, y salió entre la 4ta. y 5ta. costilla derecha.

En el caso de Correa Huayama, se observa el orificio de entrada a la altura del “tercio inferior de la región escapular derecha” (entre la 6ta. y la 8va. costilla) y el de salida a la altura de la tercera costilla derecha.

El perito forense del Centro Andino de Investigaciones Antropológico-Forenses (CENIA), Carlos Bacigalupo, explicó que estas características indican que ambos impactos se produjeron cuando los comuneros estaban de espaldas y con una trayectoria de abajo hacia arriba.

MIENTRAS CORRÍAN

Tras examinar los protocolos, el experto forense concluyó que “las víctimas se hallaban en plano superior al tirador, delante de éste y de espaldas a él”; pero además agregó que los fallecidos tenían “el tórax inclinado hacia delante, en una posición similar a la que se adopta cuando uno corre”.

Esta afirmación desmiente la versión policial que argumenta que los campesinos los atacaron y ellos dispararon para defenderse, pues demuestra más bien que la agresión se efectuó cuando los comuneros escapaban, tal como han afirmado vecinos y testigos de los hechos.

Bacigalupo señaló que las lesiones recibidas por los comuneros fueron de gravedad, pues “es muy posible que, a pesar que ambas personas hubieran recibido asistencia médica oportuna, las lesiones serían igual de necesidad mortal”.

Determinó además que, en base a la posición de las víctimas y los efectivos policiales, éstos estaban en una situación de superioridad y dominio de la situación.

Diario La República-Lima 17/12/2009





“A ESE INFORME NO SE LE PUEDE DAR IMPORTANCIA”


Entrevista/Santiago García de la Rasilla. El obispo de Jaén niega que los misioneros de esa zona hayan azuzado la violencia durante el llamado “Baguazo”. Además, cuestiona el preinforme de la Comisión.

Ana Núñez.

El preinforme de la Comisión que investiga el “Baguazo” acusa a los misioneros de Jaén de apoyar acciones ilegales que terminaron en la muerte de policías...

Que lo demuestren. Eso es algo que no tiene ningún fundamento. Son acusaciones absolutamente absurdas y falsas. El mismo consejo aguaruna-huambisa lo ha dicho. Es una cosa totalmente gratuita que no sé de dónde la han sacado.

¿Cuál fue la relación que tenían los misioneros con la gente de la zona durante la protesta contra los decretos legislativos?

Yo soy obispo de Jaén, de todo Condorcanqui, y por tanto es mi gente... Yo conozco a muchos de los líderes y participé con Salomón Awananch en una conversación con el general Uribe. He estado con ellos... sí, sí... porque es mi gente.

¿Ustedes apoyaban la protesta de los indígenas contra los Decretos Legislativos...?
La causa de los indígenas es totalmente justa y eso no tiene discusión. Nuestra participación se dio porque, al ser nuestra gente, teníamos que ayudar en el sentido humanitario. Lo que hemos hecho en Jaén (y lo que se hizo en Bagua) fue ayudar con víveres y, después de los hechos del 5 de junio, apoyar en el hospital; cosas totalmente humanitarias de ayuda a quienes estaban sufriendo...

Según el documento, ustedes instigaron a la violencia...

Pero ese es un documento muy poco serio al que, en verdad, no le doy ninguna importancia. No aporta ninguna prueba. La metodología no es seria y un profesor de castellano le pondría cero a la redacción del documento.

Y el día mismo, el 5 de junio, ¿no alentaron a los indígenas a radicalizar su protesta?
Por favor, si la noche anterior yo estuve junto al dirigente de toda la movilización hablando con el general Uribe, que estaba al mando del operativo policial, tratando de ayudar en el diálogo...

O sea, incluso usted estuvo mediando para buscar una solución pacífica al conflicto...?
Sí, sí, sí... el 4 de junio estuve personalmente en la estación número 7 conversando con el general Uribe, buscando una solución. Eso nadie lo puede negar. Hasta ese momento, no había ninguna orden de desalojo. La orden vino de Lima, a las 5 y media del día siguiente.

¿Y ese fue el detonante de la crisis del 5 de junio?
Los Apus tuvieron una reunión en la que me negué a participar y, según me contaron, decidieron retirarse, pero para ello necesitaban tiempo. Yo no he visto el documento y por ello no puedo dar fe, pero a mí me han dicho que hicieron un acta en la que se comprometían a retirarse. Entonces, les tomó por sorpresa que a las 5 y 30 viniera toda esa invasión. Porque no fue que los nativos emboscaran a la Policía. Eso es totalmente falso. La Policía entró a la Curva del Diablo, donde había gente que había pasado la noche ahí.

“No existe grabación sobre el mayor Bazán”
El preinforme de la Comisión habla también sobre una supuesta grabación que ustedes habrían editado para encubrir a los victimarios del mayor Bazán.

Ni el vicariato ni la gente que trabaja en medios de comunicación con nosotros ha hecho esa grabación. Yo ese DVD no lo he visto. Yo he conversado cinco o seis veces por lo menos con el papá y el hermano del mayor desaparecido y ninguna de esas veces me han hablado de ese DVD. Ellos han venido, además, a pedirme si puedo encontrar pistas en los indígenas...

¿Y no las han hallado?
No, no hay ninguna información. Por lo menos de mi parte, no. Ellos han recorrido todo el río, han ido al Cerro Colorado, a la parte de atrás de la Curva del Diablo y a todos los sitios en los que les dije podría estar el cuerpo del mayor, pero no...

Diario La República-Lima 17/12/2009





PROVOCACIÓN A INDÍGENAS AWAJÚN Y WAMPÍS CON LA APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN CORDILLERA DEL CÓNDOR


El 11 de noviembre leíamos con preocupación en el diario La República el pedido del presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, al sector privado para "articular un plan de acción que confronte en el terreno de las ideas y comunicaciones las posiciones antimineras que se presentan en el país".

El premier se reunió con representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y propuso un replanteamiento al modelo de concesiones para informar a la población acerca de los beneficios (léase para los comisionistas y transnacionales) de la inversión privada.

“Este problema es absolutamente ideológico. Un proceso de esta naturaleza no se responde con balas, sino que hay que darle una respuesta ideológica a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que con apoyo de medios de comunicación y algunas autoridades locales venden a la población ideas como que apoyar la inversión minera es estar en contra del país”, dijo Velásquez Quesquén.

Es una lástima que la respuesta gubernamental siempre sea con balas y no con diálogo como acabamos de ver recientemente en Huancabamba.

Javier Velásquez Quesquén sigue el guión gubernamental de declaraciones de Alan García que “las malas prácticas mineras” son cosa del pasado cuando vemos los desastres de Ananea, Inambari, Majaz, La Oroya, Yanacocha, Guacamayo, Carabaya, Huancabamba, o tantos otros, algunos propiciados por empresarios del entorno palaciego.

Siguen despojando a los indígenas de su protagonismo, de que piensen por sí mismos y de que haya una mano o varias que mueven sus designios. Hernando de Soto, ideólogo gubernamental, en una entrevista concedida !cómo no¡ al diario Correo volvía también a exponer esta falsedad racista tras la cual se esconden los artífíces de la política del "Perro del hortelano".

"El plan de inversiones en minería asciende a US$ 25 mil millones. Beneficiará principalmente a la población más pobre en el Perú, dijo Velásquez, quien reiteró la intención del gobierno de establecer una base militar en Río Blanco (Huancabamba), pero criticó a los opositores, de quienes dijo consideran que se quiere militarizar la zona" dijo Velásquez Quesquén.

No dudamos que hay un plan militar para Río Blanco, pero no creo que les sirva de algo militarizar el Cenepa, ya que la historia reciente y pasada nos enseña que los pueblos Awajún y Wampis son normalmente pacíficos, hospitalarios y amistosos, pero también pueden pasar a la defensa armada frente a ataques o injusticias que amenacen a sus familias.

http://amazonasindigena.blogspot.com/2009/12/provocacion-indigenas-awajun-y-wampis.html
Amazonas Indígena 17/12/2009





APRUEBAN ACTIVIDAD MINERA EN CORDILLERA DEL CÓNDOR Y PROVOCAN A INDÍGENAS AWAJÚN-WAMPIS


La asociación Cooperacción expresó ayer su precupación por la decisión del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de autorizar el inicio de exploraciones mineras en la Cordillera del Cóndor, territorio ancestral de los pueblos Awajun y Wampis.

La decisión adoptada de espalda a las comunidades y sin su consulta ni consentimiento puede considerarse una provocación, más aún cuando las heridas del conflicto de Bagua no se han cerrado y la mesa de diálogo no avanza de manera consistente, indicó un vocero de CooperAcción.

El MINEM aprobó la semana pasada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero Afrodita a pesar que los pueblos indígenas han expresado reiteradamente su rechazo a dicha actividad por poner en riesgo la contaminación de sus fuentes naturales de agua.

La actividad minera impactaría de forma negativa las tierras de las comunidades y los recursos hídricos contenidos en los ríos Sawiensa, Comaina, Marañón y Amazonas. Del mismo modo, afectaría el Parque Nacional Ichigkat Muja, la Reserva Comunal Tuntanain y la Zona Reservada Santiago-Comaina.

La Cordillera del Cóndor, ubicada en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, se ubica en la frontera con Ecuador y se viene llenando de concesiones mineras a pesar que la Constitución Política prohibe actividades de empresas extranjeras en los 50 km. de la línea de frontera.

Como lo denunció el periodista César Hildebrandt “el señor Carlos Ballón, asesor del doctor Alan García en temas de minería, miembro principalísimo del equipo que diseñó el plan minero del gobierno aprista, es el hombre que, en nombre de la corporación canadiense que vicepreside, está detrás de la compra de la mina Afrodita” (Ver: El búfalo del hortelano, por César Hildebrandt).

Cabe indicar que la Cordillera del Cóndor, una zona sensible debido a que fue escenario del conflicto armado entre Perú y Ecuador es también una zona de especial riqueza en biodiversidad por lo que hace años el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) sustentó tecnicamente la necesidad de crear el Parque Nacional Ichigkat Muja.

Sin embargo, el área original de la propuesta de Parque Nacional fue recortada por el Estado para favorecer la entrega de concesiones mineras a un pequeño puñado de supuestos testaferros que estarían favoreciendo a personajes vinculados al entorno presidencial.

Para Cooperacción la aprobación del MINEM crea “incertidumbre, preocupación y malestar” a las comunidades Awajun-Wuampis, uno de los núcleos de la movilización indígena amazónica contra los decretos legislativos que afectaban sus derechos colectivos.

Servindi-Lima 17/12/2009





PERÚ: ¿POR QUÉ LA SANGRE SIGUE LLEGANDO AL RÍO EN HUANCABAMBA?


Por La Otra Mirada

El pasado 2 de diciembre, un contingente policial se enfrentó a un grupo de comuneros del caserío Cajas Canchaque, ubicado en el distrito de El Carmen de La Frontera, en Huancabamba, Piura. Estos campesinos reclamaban por la detención arbitraria de algunos de sus compañeros, quienes eran acusados de formar parte de un violento ataque a un campamento propiedad de la empresa minera Río Blanco Cooper S.A. (ex Minera Majaz S.A.).

El enfrentamiento con la policía acabó con la vida de 2 comuneros y lo más terrible es que, según información que recoge el diario La República, la necropsia realizada a los comuneros asesinados revela que recibieron disparos por la espalda. ¿Por qué tanta violencia? ¿Qué hay detrás de estas absurdas muertes?

El último reporte de la Defensoría del Pueblo (noviembre 2009) identifica este conflicto socioambiental, donde la población rechaza la presencia ilegal de la empresa Río Blanco Cooper. El conflicto en esta zona es de vieja data.

Recordemos que en 2007 se llevó a cabo una consulta popular en los distritos de El Carmen de La Frontera, Ayabaca y Pacaipampa, donde más del 94% de los votantes se declaró en contra de Río Blanco. El gobierno desconoció la validez de dicha consulta, aunque un informe de la Defensoría del Pueblo de 2006 decía que esta empresa estaba ocupando territorio sin contar con el acuerdo previo de los propietarios. Esta consulta popular y los resultados del informe de la Defensoría también fueron avalados por un informe del Parlamento.

En 2008, OSINERGIM evaluó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de exploración minera “Río Blanco – Programa de Exploraciones 2008 – 2010” y concluyó que esta empresa debía levantar una serie de observaciones para no desaprobar la evaluación. A pesar de ello, esta minera siguió operando y, ahora, se encuentra alistando un nuevo EIA para iniciar la fase de explotación.

Sin embargo, este año se supo que en la Alta Corte de Inglaterra, la compañía Monterrico Metals (anterior accionista principal de la Minera Majaz S.A.) enfrenta una demanda millonaria por daños y perjuicios contra un grupo de comuneros que fueron secuestrados y torturados por miembros de seguridad de la Minera Majaz y algunos efectivos policiales. ¿Cómo es posible que se permita a Río Blanco seguir operando con estos antecedentes? ¿De quién es la responsabilidad?

El gobierno ha anunciado la posibilidad de instalar bases militares para proteger los asentamientos mineros, pues suponen que la violencia se debe a la presencia de narcotraficantes que quieren proteger su negocio y por la presión de sectores “antimineros”.

¿Será esta una lectura responsable de lo que ocurre en Huancabamba? Para el economista José de Echave (1), especialista en conflictos mineros, entender así el problema deja de lado dos temas fundamentales: 1) Que Río Blanco Cooper no ha cumplido con los estándares ambientales y sociales necesarios para operar en Huancabamba y 2) Que la mayoría de pobladores no quieren que la zona se convierta en un distrito minero.

Desde que se originó este conflicto en 2004, han muerto 7 personas, 28 han sido torturadas y 30 han sido denunciados por terrorismo. Ni los ex premieres Jorge del Castillo y Yehude Simon pudieron lograr algún avance con las mesas de diálogo.

CONACAMI (2), en representación de los pobladores de la zona, ha formalizado el pedido de investigación sobre estos sucesos, entregando toda la documentación pertinente tanto al Congreso como al Ministerio del Interior y a la Defensoría del Pueblo.

De Echave, por su parte, señala que decretar medidas extremas, como la militarización de la zona, paralizaría cualquier posibilidad de diálogo. Esperamos que el gobierno tome cartas en el asunto de manera responsable para que no llegue más sangre al río.

Servindi-Lima 17/12/2009





16 de diciembre de 2009

“A COMUNEROS LES DISPARARON POR LA ESPALDA”


Entrevista/Beatriz Merino. La defensora del Pueblo sostuvo que los resultados de la necropsia practicada a los dos comuneros de Huancabamba son claros y la Fiscalía debe investigar este hecho.

María Elena Castillo.

Ustedes, en la Defensoría del Pueblo, están investigando la muerte de dos comuneros en Huancabamba ¿Qué pasó realmente?

De inmediato enviamos una comitiva, presidida por el defensor del Pueblo de Piura. Ayer hemos remitido un oficio al fiscal de Huancabamba. Hemos podido recabar una serie de informaciones, entre ellas las necropsias de los dos ciudadanos muertos, Cástulo Correa y Vicente Romero.

Abogados de derechos humanos afirman que les dispararon por la espalda y en situación de total indefensión…

En el caso del señor Cástulo Correa aparece una herida por arma de fuego, con orificio de entrada de 0.5 centímetros de diámetros y la trayectoria del proyectil es de atrás hacia adelante, y de abajo hacia arriba. En el caso del señor Vicente Romero, la necropsia dice herida por arma de fuego, también con un orificio de entrada de 0.5 y la trayectoria es de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo.

¿Qué quiere decir eso?

En palabras sencillas esto quiere decir que les han disparado por la espalda. El Ministerio Público debe evaluar estas pruebas.

Entiendo que el general Walter Rivera, de Piura, ha declarado que es inverosímil que los comuneros murieran como consecuencia de tiros por la espalda y ha señalado que quizás los propios comuneros han dado muerte a sus compañeros. Por el bien de la institución policial, de la legalidad y la verdad, el Ministerio Público y el juez evaluarán estas pruebas y nos dirán lo que ocurrió en verdad ese día en Cajas Canchaque.

La policía acusa a los campesinos de una emboscada y los comuneros a la policía de haberlos atacado. ¿Cuál es la verdad?

Hay dos versiones y corresponde al Ministerio Público investigar. Nosotros nos hicimos presentes para evitar más actos de violencia, para que haya un debido proceso. Hemos estado en las primeras declaraciones ante el fiscal. Vamos a seguir mirando este tema con gran atención.

¿Cuál ha sido la conclusión de la Defensoría?

En la necropsia está muy claro de que los disparos se habrían producido por la espalda. La Defensoría ha tratado de proporcionar un espacio para que se restablezcan el diálogo y la tranquilidad en la zona y para que las autoridades, jueces y fiscales impartan justicia.

También está el caso del Escuadrón de la muerte, en Trujillo…

El Estado está encargado de hacer cumplir la ley y proteger al ciudadano. Jamás debe incurrir en un acto que viola la ley y menos aún de ataque a una persona, sin respetar el debido proceso, así cometa un delito. Nosotros nombramos un equipo de la Defensoría del Pueblo.

¿Cuánto han avanzado?

Hemos pedido al Ministerio Público copia de todas las investigaciones archivadas entre julio del 2007 y del 2009; al presidente de la Corte Superior de La Libertad, copia de los procesos penales concluidos entre esas mismas fechas; al jefe de la división médico legal de La Libertad, las necropsias de personas fallecidas por proyectiles de arma de fuego atribuidas a efectivos policiales; al jefe de la Tercera Dirección Territorial de la Policía, información sobre los enfrentamientos e informes policiales por fallecimiento de personas a causa de armas de fuego y arma blanca.

¿Están colaborando?

Hasta este momento hemos recabado copia de seis investigaciones penales concluidas que estamos evaluando. La Diterpol de Trujillo nos ha alcanzado el informe sobre enfrentamientos entre personal policial con delincuentes comunes. En su oportunidad alcanzaremos a las autoridades pertinentes, y a toda la sociedad, el resultado de la evaluación.

¿Y el caso de Bagua? Hay problemas con el informe de la comisión investigadora…

En realidad sí se han logrado determinados avances. Por ejemplo, la mesa de los decretos legislativos cuestionados ha terminado con una propuesta de Ley Forestal y Fauna Silvestre; la de derecho a la consulta ha terminado con una propuesta conjunta, aunque hay algunas observaciones que espero puedan ser levantadas; la mesa número cuatro ha aprobado un plan de desarrollo amazónico, en el que están los temas de la agenda histórica de la amazonía, como educación, salud, propiedad de la tierra, recursos naturales. Falta la mesa número uno, de la comisión investigadora.

Ha sido cuestionada por algunos de sus miembros pues no es clara en determinar la responsabilidad de las muertes de Bagua…
No quisiera adelantar una opinión sobre este informe, porque el presidente de la comisión ha señalado que lo están revisando. Lo que sí quiero decir es que espero que este informe respete las normas esenciales del debido proceso que, como que todo lo que se afirma esté sustentado, documentado, o como que las partes aludidas hayan podido hacer su descargo, ejercicio de su derecho de defensa.

“No se queman legajos ni planes operativos”

Los juicios por violaciones de DDHH tampoco avanzan…

No hay ninguna razón para no entregar la información, y existe porque hay normas que impiden que se quemen los legajos de personal y los planes operativos. Las fuerzas armadas democráticas deben tener muy claro que se trata de hechos cometidos por algunas personas que deshonraron el uniforme. La institución tiene la obligación de darles a los fiscales la información que necesitan para identificar a los responsables.

Pero no entregan nada…

Creo que es un mal entendido espíritu de cuerpo. Porque nada le da más prestigio, dignidad y fortaleza a una institución que excluir de sus filas a las personas que las deshonraron. Yo estoy segura de que eventualmente tendrá que ser quebrado ese falso espíritu de cuerpo y tendrán que dar sus archivos al Ministerio Público.

Diario La República-Lima 16/12/2009





AMENAZAN DE MUERTE A FISCAL QUE ACUSÓ A GENERALES POR BAGUAZO


Por haber denunciado a dos Generales de la policía Nacional que intervinieron en el lamentable desalojo de os nativos en la curva del diablo, donde fallecieron 34 personas entre indígenas y policías el pasado 5 de junio, la ex fiscal de la provincia de Utcubamba, Luz Marlene Rojas Méndez viene recibiendo constantes amenazas de muerte.

Rojas Méndez denunció que el pasado 7 de diciembre personas extrañas ingresaron en la madrugada a su despacho de la segunda fiscalía provincial mixta de Chachapoyas, y le dejaron un sobre con excrementos y una carta amenazándola de atentar contra su vida o la de su familia

Indico haber sido intimidada en más de sesenta llamadas y mensajes de texto a su celular. Además le envían pasquines y excremento humano a su centro de trabajo con la finalidad de alterar su salud emocional y crearle zozobra en su vida y trabajo

Diario La República-Lima 16/12/2009





BAGUAZO SIN RESPONSABLES POLÍTICOS


Preinforme. Señala a los instigadores, a la policía, pero no al ejecutivo. No se dice nada de la participación del Ministerio del Interior. Miembro de la comisión responde que ellos no son jueces.

Un preinforme impreciso sobre los violentos y luctuosos hechos del 5 de junio pasado en la Curva del Diablo y que no señala responsabilidades en el ámbito político, es el que hasta el momento obra en manos de los miembros de la Comisión nombrada por el Ejecutivo para investigar la que constituye una de las crisis políticas más agudas del gobierno actual.

El documento señala quiénes habrían supuestamente azuzado a la violencia (congresistas nacionalistas, dirigentes del Sutep y otros gremios) y hasta acusa a los misioneros de Jaén de acompañar y promover acciones ilegales que terminaron en la muerte de policías, pero no precisa qué autoridades del gobierno central tuvieron responsabilidad en los hechos.

Sobre el particular solo se dice de modo genérico que “el presidente de la República se excedió en la promulgación de una serie de decretos, varios de ellos no consultados a los indígenas de acuerdo con el Convenio 189 de la OIT y la Convención Internacional de Promoción y Protección de la Diversidad Cultural de la Unesco, que el Perú aprobó en el 2006”.

No se dice nada, sin embargo, sobre la responsabilidad que podría tener la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, pese a que sí se señala responsabilidad en el alto mando policial. “Si el escuadrón del general Muguruza salía a las 6 am, como estaba planificado (...), no se hubieran concentrado los nativos en la parte alta del cerro, cercando al comandante Carpio y sus hombres, y se hubiera evitado la toma del mayor Bazán y su escuadrón”, se indica.

El presidente de la comisión, Jesús Manasés, dijo que “los comisionados no son jueces” y, por ello, el informe no establece responsabilidades.

Amenazan de muerte a fiscal

La ex fiscal de la provincia de Utcubamba (Amazonas) Luz Marlene Rojas Méndez, quien denunciara a los generales Luis Muguruza y Javier Uribe por el desalojo en la llamada “Curva del Diablo”, informó que ha recibido amenazas contra su vida y la de su familia por medio de escritos, mensajes de texto y llamadas telefónicas .

Rojas, quien actualmente se desempeña como adjunta de la Fiscalía Provincial Mixta de Chachapoyas, precisó que el 7 de diciembre personas desconocidas ingresaron a su oficina y dejaron una carta con amenazas. Indicó que estos sucesos se iniciaron desde que ordenó la investigación de los generales y un grupo de oficiales que participaron en el desalojo del 5 de junio que dejó como saldo 34 personas muertas entre policías y nativos.

Diario La República-Lima 16/12/2009





MISIONEROS DE JAÉN RECHAZAN ACUSACIONES SOBRE VIOLENCIA EN LA SELVA


El obispo del Vicariato Apostólico San Francisco Javier de Jaén, monseñor Santiago García, rechazó la información propalada por un diario nacional, donde se acusa a los misioneros de la provincia cajamarquina de impulsar la violencia en la selva.

El martes, el diario "El Comercio" publicó en su portada un titular donde, en base al informe preliminar de la comisión del Ejecutivo sobre los acontecimientos de Bagua, se afirmaba que los misioneros de Jaén promovieron la violencia en las protestas de junio.

"Yo sé que esto no es una afirmacion de El Comercio; simplemente dice que el borrador del informe dice que acusan (a los misioneros). Pero al ponerlo como titular en primera página, da pie que muchas personas que no se fijan en detalles lo tomen así", declaró monseñor García de la Rasilla a Radio Marañón.

Empero, el religioso reafirmó que las acusaciones contenidas en el informe del gobierno carecen de veracidad y negó que los misioneros de su vicariato hayan impulsado hechos de violencia de tipo alguno.

"Quiero afirmar que eso no es verdad (...) para decir eso, tendría que haber pruebas, y en ese informe, en el párrafo del que se habla, no da ninguna prueba de que sea eso verdad", subrayó.

Monseñor García indicó que si bien ha participado directamente en muchos momentos del conflicto, "ni por educación ni por apoyo social hemos hecho algo absolutamente ilegal como pone el informe, y por tanto, no es verdad".

:: Aguarunas condenan informe

Ayer, el Consejo Aguaruna Huambisa, que representa a los pueblos awajún y huambisa de las cinco cuencas de las provincias de Bagua y Condorcanqui, emitió un pronunciamiento donde también condena las acusaciones contra los misioneros de Jaén.

En el texto, rechazan el pasaje del informe donde se señala que los religiosos "promovido, apoyado y acompañado medidas y normas legales e ilegales que terminaron con la muerte de policias y nativos"

"Esta información es falsa y contraria a la realidad de lo sucedido en esta justa protesta indígena", reza el pronunciamiento.

De igual modo, respaldan la labor de los misioneros de Jaén, "quienes durante esta lucha prestaron un apoyo humanitario invalorable a favor de nuestros hermanos indígenas y aportaron para la construcción de la paz social".

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 16/12/2009





PODER DE DECISIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ESTÁ EN MANOS DEL CONGRESO


El Pleno del Congreso decidirá esta mañana si aprueba o no el informe que recomienda la incorporación de la consulta previa a los pueblos indígenas en la reglamentación del Legislativo.

La votación del informe que propone la consulta previa en la reglamentación del Congreso fue pospuesta para hoy, luego que la Representación Nacional debatiera el martes en el Pleno los pormenores de la iniciativa.

El informe, elaborado por la Comisión Especial Multipartidaria Encargada de Evaluar y Recomendar las Soluciones a la Problemática de los Pueblos Indígenas, sugiere la implementación de la Consulta Previa contenida en el artículo 6 del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Para tal fin, la comisión recomienda crear una Comisión Especial Multipartidaria Permanente que analice previamente todos los proyectos de ley que atañen a las comunidades indígenas antes que pasen a las comisiones ordinarias.

“Los mecanismos que incorporen la consulta previa en los procedimientos legislativos será determinado por la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento”, detalló Gloria Ramos, presidenta de la comisión que elaboró el informe.

En tanto, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicas y Afroperuanos dictaminará las iniciativas legislativas a fin de establecer una Ley Marco de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas para todos los sectores del Estado.

El documento exhorta al Ejecutivo, “desarrollar e implementar políticas y mecanismos de dialogo intercultural oportuno entre el Estado y los pueblos indígenas”. Así mismo, exhorta a los ministerios adecuar su normatividad al convenio 169 de la OIT.

Solicita, a su vez, al Instituto de Desarrollo de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), la creación de un “Padrón Oficial de Organizaciones Representativas de los Pueblos Indígenas”.

:: No es un instrumento para eximir responsabilidades

Entre las objeciones presentadas durante el debate del informe que implementa la consulta previa a la reglamentación de Congreso, se halla la que expuso el congresista de la bancada fujimorista, Rolando Souza. El parlamentario aseguró que el contenido del informe podría eximir de responsabilidad a quienes estén involucrados en los sucesos de Bagua.

Mientras, Javier Bedoya (Unidad Nacional) rechazó que una comisión especial como la que se pretende crear para analizar los proyectos de ley referidos a los pueblos indígenas, pueda revisar los proyectos antes de pasar a las comisiones ordinarias.

“Se ha desnaturalizado la función parlamentaria, poniendo un sesgo previo, un paso previo por el cual todos los proyectos de ley deban pasar antes que a las comisiones dictaminadoras”, expresó Bedoya Vivanco.

Frente a estos cuestionamientos, la congresista Gloria Ramos aseguró que el fin del informe es dar viabilidad a la consulta previa. Negó que el espíritu del análisis sea “avalar acciones contra el Estado o los derechos de las personas”.

Ramos recordó que el informe fue presentado en mayo de este año, antes que ocurrieran los hechos luctuosos de Bagua (5 de junio). “Quizás, si se hubiese aprobado la consulta previa para que los pueblos indígenas tuvieran la opción de elegir su modelo de desarrollo, no hubiese pasado lo de Bagua”, acotó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 16/12/2009





SE ARCHIVARON 180 INVESTIGACIONES SOBRE VIOLACIÓN DE DDHH


Defensa no apoyó. Ministerio no entregó información sobre los militares involucrados. El encubrimiento a militares y el abandono de la lucha contra la corrupción se intensificaron.

El Ministerio Público se vio obligado a archivar 180 investigaciones sobre violación de derechos humanos debido a la poca sensibilidad y falta de sentido de justicia mostrada por el Ministerio de Defensa, que se ha negado a brindar información y documentación sobre los militares involucrados en violación de derechos humanos en las zonas de emergencia.

Así lo manifestó Germán Vargas, de la Asociación Paz y Esperanza, en una conferencia sobre las víctimas de la violencia organizada por el Movimiento “Para que no se repita”.

También señaló que en los últimos tres años la voluntad de encubrir a los militares implicados en violación de derechos humanos se ha intensificado, y la lucha contra la corrupción prácticamente fue abandonada.

En tanto, Javier Azpur, de Propuesta Ciudadana, lamentó que el gobierno haya paralizado el trabajo del Consejo de Reparaciones restringiéndole el presupuesto.

Dijo que con la implementación de un plan nacional de reparaciones y entendiendo que la reparación individual es un derecho y no una dádiva, el Estado garantizará justicia para miles de víctimas.

El dato

Sin pesar. Germán Vargas dijo que durante los funerales de las víctimas de Putis “el gobierno no presentó sus condolencias, lo que dice de su valoración ética”.

Diario La República-Lima 16/12/2009




15 de diciembre de 2009

CONFLICTO MINERO YA OCASIONÓ 7 MUERTES


Huancabamba. Tan solo en este año y en un mes murieron cinco personas. Dirigente de las rondas campesinas de Huancabamba llegó al Congreso para denunciar el caos que viven y pedir el cese de la persecución policial.

Elízabeth Prado.

Manuel Guerrero Zurita, vicepresidente de las rondas campesinas de Huancabamba, dijo en el Congreso de la República que desde el arribo de empresas mineras a esta provincia piurana ya se han producido siete muertes, sin que los culpables hayan sido identificados.

“Hasta la fecha tenemos 7 muertos, 28 torturados y 30 denunciados por terrorismo”, afirmó el dirigente rondero, para luego lamentar “la tragedia que se vive en el norte del Perú por defender el páramo de neblina y el medio ambiente en general, que en Piura parece ser un delito”.

A la desaparición de Remberto Herrera Racho en el año 2004 y de Melanio García Gonzales en el 2005, se añadió la muerte de Luis Gómez Vílchez, de Joel Severino Zapata, y de Eduardo Ramírez Montero, el primero de noviembre del presente año. Un es después, el 2 de diciembre, fallecieron Cástulo Correa Huayama y Vicente Romero Ramírez. Es decir, cinco fallecidos en solo un mes. Guerrero Zurita también denunció que las autoridades judiciales, policiales y políticas de Huancabamba han terminado parcializándose con la empresa minera Río Blanco.

“Nosotros hemos demostrado ante la justicia que los comuneros denunciados por terrorismo no loson. Ahora queremos denunciar a quienes hicieron esa falsa acusación, pero las autoridades compe tentes no nos entregan el documento que necesitamos para iniciar la demanda”, reclamó.

Asimismo, Manuel Guerrero señaló que el burgomaestre de Huancabamba ha cedido el local del comedor estudiantil para que la Policía Nacional tenga una sede más en el lugar.

“El día que se hizo la necropsia de los restos de los comuneros de Cajas-Canchaque tuve una reunión con el alcalde para tratar este atentado, pero después lo vi bebiendo licor con los jefes de la Policía Nacional”, objetó el rondero y pidió al Ejecutivo que dé solución al caos en que viven.

Mesa de diálogo

Manuel Guerrero aseguró que las comunidades de esta provincia están dispuestas a entablar un diálogo con el Ejecutivo. “La mesa de diálogo se inició y se quebró con el ministro Jorge del Castillo en Ayabaca. Después se intentó proseguir el diálogo con el ministro Yehude Simon pero tampoco prosperó”, explicó Manuel Guerrero. Luego refirió que Jorge del Castillo no aceptó darle validez a la decisión que tomó el 90 por ciento de la población de rechazar la actividad minería, en una consulta popular.

“Ahora pedimos a las autoridades que investiguen lo que está pasando en Huancabamba, que la muerte de los dos comuneros de Cajas-Canchaque no termine archivada como las anteriores”, manifestó. En tanto, la congresista nacionalista Marisol Espinoza dijo que el ministro del Interior, OctavioSalazar, aún no cumple con informar sobre las circunstancias en que Cástulo Correa y Vicente Romero fueron baleados. Asimismo exigió el cambio del fiscal Martín Rijalva por mostrar parcialización en este caso.

EL DATO

ATENTADO. Durante la agresión que sufriera el campamento minero de la empresa Río Blanco Cooper el 1° de noviembre pasado fallecieron tres de sus trabajadores: Eduardo Ramírez, Luis Gómez y Joel Severino. Los atacantes quemaron el 80% de la sede y no se llevaron ocho armas, dos antenas parabólicas y un generador eléctrico que allí había. Nada se ha aclarado aún.

Diario La República-Lima 15/12/2009





POSTERGAN 5 DÍAS MÁS LA ENTREGA DEL INFORME SOBRE SUCESOS DE BAGUA


Pugna. Posiciones distintas en el interior de la comisión no permiten ponerse de acuerdo. Los comisionados desconocieron el contenido del informe final que salió a luz la semana pasada.

La entrega del documento con el informe final que la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua debió presentar hoy fue postergada por cinco días más, según informó Jesús Manasés, presidente de este grupo de trabajo.

“Estamos revisando bien todos los testimonios, informes y documentos que recogimos en la zona del conflicto y tratamos de llegar a un consenso”, refirió.

En tanto, los miembros de esta comisión informaron, mediante un comunicado, que desconocen “cualquier documento que haya sido alcanzado a terceros en nombre de ésta”.

De este modo, los cinco comisionados: Jesús Manasés, Pilar Mazzetti, Susana Pinilla, Ricardo Álvarez y Manuel Bernales, restaron valor al documento que apareció la semana pasada y que contenía las conclusiones respecto a lo que sucedió en Bagua, las mismas que la hermana Maricarmen Gómez denunció como sesgadas.

La clave

PREOCUPACIÓN. Alberto Pizango lamentó las discrepancias dentro de la comisión y dijo que tenía esperanzas en que se aclare lo que pasó en Bagua.

Diario La República-Lima 15/12/2009





SE RESPETARÁ Y CUMPLIRÁ RESULTADOS DE MESA DE DIÁLOGO


Presidente del Consejo de ministros propuso una agenda de paz y desarrollo a los apus y nativos con los que se reunió en Chiriaco

El presidente del Consejo de Ministros Javier Velásquez Quesquén, manifestó que el gobierno aceptará y hará cumplir los resultados y acuerdos que emita la Mesa Nacional de Diálogo, que ve el caso de Bagua

Asimismo, dijo que se respetará la disposición contemplada en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que dispone que se consulte a las comunidades indígenas sobre las decisiones que se adopten en relación a sus tierras. “La agenda del pasado que es de incomprensión tenemos que cerrarla, y debemos de abrir la del futuro que se basa en la integración y el entendimiento con todas las comunidades nativas y amazónicas”, precisó.

Durante la reunión de trabajo que sostuvo con las autoridades locales de Chiriaco-Imaza, así como los apus de la zona, anunció la ejecución de una serie de obras de desarrollo en beneficio de la población de esta parte del país.

Asimismo, que quienes tienen la responsabilidad de conducir el futuro del Perú deben entender que esta es otra realidad y aclaró que por ello decidieron bien quienes crearon el convenio 169 de la OIT

De otro lado Velásquez Quesquén quién propuso una agenda de paz y desarrollo a los Apus y nativos de la localidad, desterrando el odio y el enfrentamiento entre los peruanos afirmando que los sucesos del pasado 5 de junio nunca más se deben volver a repetir

No obstante advirtió que aún cuando su visita a Chiriaco es para escuchar a los pobladores, no se puede establecer agendas con herencias de muertes ni de violencia

Diario La República-Lima 15/12/2009





LEY SOBRE LEVANTAMIENTO DE CADAVERES DE FFAA Y PNP ES UN RETROCESO


La ley que faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a proceder con el levantamiento de los cadáveres de sus efectivos caídos en zonas de emergencia elimina garantías para la justicia, afirmó el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi.

A través de la CNR, Rospigliosi Capurro indicó que normas como ésta mellan la imagen de la institución policial.

“Es un problema muy importante, porque desgraciadamente hay una fuerte desconfianza en las fuerzas del orden. Hemos visto en el "escuadrón de la muerte" de Trujillo como se falsean las evidencias; entonces, eso (la norma) podría dar lugar a muchas suspicacias”, declaró.

Sin embargo, remarcó que en zonas alejadas de país y en donde hay conflicto interno es muy difícil que una autoridad judicial acuda con prontitud para disponer el recojo de los efectivos fallecidos.

“También hay que reconocer que cuando se producen enfrentamiento en el Alto Huallaga o el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) hay mucha dificultad para que un fiscal entre a una zona de combate. Son casos excepcionales; pero por eso puede generalizarse. Siempre que sea posible, tiene que intervenir el fiscal”, remarcó.

Cito por ejemplo, los recientes actos de violencia en Huancabamba (Piura), como un caso en donde esta norma generaría controversias. “Esto aumenta el desprestigio de la institución”, finalizó.

La ley Nº 29472 autoriza a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el levantamiento de los cadáveres de los efectivos que fallezcan en las zonas alejadas de emergencia, a donde no puedan llegar los representantes del Ministerio Público.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/12/2009





LEY SOBRE LEVANTAMIENTO DE CADÁVERES DE EFECTIVOS FFAA Y PNP VULNERA LABOR FISCAL


La ausencia de un fiscal en el levantamiento de cadáveres dentro de zonas de emergencia deslegitima a dichas autoridades y al acto mismo, pues su presencia salvaguarda y garantiza realizar dicha acción dentro de lo establecido, sostuvo el abogado penalista Luis Lamas.

A través de CNR, Lamas Puccio comentó los alcances de la ley Nº 29472 que autoriza a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el levantamiento de los cadáveres de los efectivos que fallezcan en las zonas alejadas de emergencia, a donde no puedan llegar los representantes del Ministerio Público.

El letrado indicó que la presencia de las autoridades judiciales es fundamental, pues este verifica la conformidad de la escena del crimen, elemento básico para el enjuiciamiento de los posibles responsables en caso de muertes violentas.

Manifestó que, sin importar si la persona es militar o civil, es indispensable la presencia de los fiscales para no viciar ni generar suspicacias respecto a un crimen; además para evitar que inescrupulosos alteren las evidencias.

“Lo más conveniente hubiera sido es que un fiscal ad hoc especializado en temas antisubversivos y terroristas fuera verificado en su trabajo para salvaguardar la cadena de custodia”, aseveró.

La norma, promulgada el lunes, precisa que el recojo de cadáveres por parte de los miembros de las FFAA y PNP se realizará de manera excepcional cuando existan dificultades que impidan la presencia del fiscal.

Esto se da mediante la incorporación de un tercer párrafo en el artículo 239 del Código Procesal Penal de 1991 y en el numeral 2 del artículo 195 del Código Procesal Penal de 2004, según lo publicado ayer en el boletín de Normas Legales del diario oficial "El Peruano".

El dispositivo precisa además que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional procederán al acto de levantamiento de cadáver dejando constancia de dicha diligencia y dando cuenta al representante del Ministerio Público dentro de las 24 horas más al término de la distancia de ser el caso.

Añade que la entrega de los cadáveres deberá hacerse en forma inmediata, bajo responsabilidad. Precisa, sin embargo, que para el levantamiento de cadáveres civiles, se requiere la respectiva delegación del fiscal.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/12/2009





AIDESEP Y APUS ANALIZARÁN INFORME SOBRE BAGUA ESTE FIN DE SEMANA


El informe que presentará la comisión que investiga los sucesos ocurridos en Bagua serán analizadas por los apus de las distintas etnias de la Amazonía peruana y Aidesep este fin de semana, informó Leandro Calvo, líder de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN).

Fue al comentar el documento que presentará este 15 de diciembre, la Comisión Investigadora de los sucesos de Bagua.

“No podemos dejar un espacio de un mes o tres meses tenemos que agarrarlo ‘caliente’ para ver hasta dónde terminamos con esta actividad, porque si mañana presentan el informe éste luego llegará al despacho de Aidesep y ellos convocarán a una reunión de consejo ampliado donde se va a evaluar con los apus”, expresó en Ideeleradio.

“Posiblemente sea entre el 17 ó 18 de diciembre porque no podemos pensar en Navidad o Año Nuevo mientras seguimos teniendo este problema porque aún no está resuelto y ello es una preocupación”, subrayó.

Señaló que por el momento no puede precisar el lugar donde se realizaría esta reunión. Sin embargo, adelantó que ya se está coordinando con los distintos líderes amazónicos para analizar este tema.

Para el vocero indígena del pueblo wambis de la provincia de Condorcanqui refirió que las comunidades nativas mantienen su total esperanza en que se pueda esclarecer lo que ocurrió en la Curva del Diablo y la Estación 6 de Petroperú, a través del informe final de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua.

“El pueblo en general está esperando que haya un mayor resultado a favor de las comunidades indígenas, tanto para el país y para el mundo”, declaró.

Leandro Calvo evitó pronunciarse sobre la posible reacción de los pueblos indígenas si el informe no esclarece este suceso. Sin embargo, precisó que lo importante y elemental en este momento es encontrar un entendimiento entre el Gobierno Central y el movimiento indígena.

Finalmente, reveló que los pueblos indígenas están cansados de que las autoridades miren a las etnias con una “doble cara”.

Diario La República-Lima 14/12/2009