26 de septiembre de 2012

¿POR QUÉ EL PROYECTO CONGA ES INVIABLE? (2ª EDICIÓN) DESTACADO
Por Wilder A. Sánchez Sánchez*


Con el presente documento se busca contribuir a que se conozcan las graves implicancias para el agua, los ecosistemas, las actividades productivas, el desarrollo y la vida social que tendría la continuidad del Proyecto Conga de Minera Yanacocha...

Con el presente documento se busca contribuir a que se conozcan las graves implicancias para el agua, los ecosistemas, las actividades productivas, el desarrollo y la vida social que tendría la continuidad del Proyecto Conga de Minera Yanacocha (filial de Newmont Mining Corporation en Cajamarca - Perú).   Conga es muchísimo más grave de lo que ya señaló el Ministerio del Ambiente en el informe “desaparecido” y de lo que piensa la población en general.  Los impactos negativos que se describen a continuación no son todos los que originaría el referido Proyecto, pero son más que suficientes para demostrar su inviabilidad.

IMPACTOS POTENCIALES EN EL AGUA.

-El Proyecto Conga es inviable porque está ubicado a una altitud que va de los 3,700 a los 4,262 msnm,  en las cabeceras de cinco cuencas hidrográficas: 1) del río Jadibamba; 2) del río Chugurmayo y 3) del río Chirimayo (ambos afluentes del Sendamal, que más abajo se une con el Jadibamba, originando el Río La Llanga); 4) del río Challuagón, que alimenta al río Grande y éste al río Chonta de Cajamarca; 5) de la quebrada Toromacho, que alimenta al Quengorío y éste al río Llaucano.  Tres grandes cuencas hidrográficas sufrirán impactos graves: la del río La Llanga, de Celendín, que pasa por el valle de Llanguat y desemboca en el Marañón; la del río Llaucano, que irriga los valles de Bambamarca y Chota, y la del río Cajamarquino, que irriga los valles de Cajamarca, Llacanora, Namora, Matara y San Marcos.  En los puntos siguientes se detalla cómo ocurrirán los impactos.

-Conga es inviable porque destruirá directa y premeditadamente las lagunas El Perol, Azul, Chica, Mala y Empedrada (5 lagunas, no 4 como se ha dicho)[i].  Las lagunas El Perol y Empedrada serán convertidas en un gigantesco tajo o cráter, y las lagunas Azul, Chica y Mala en botaderos de desmontes. 

-Es inviable porque extraerá por lo menos 6 millones de toneladas de bofedales (pradera altoandina similar a pantano o ciénaga) que hoy ocupan 103 Ha en la pampa Perol, destruyendo así la esponja hídrica (20 m de profundidad) que almacena el agua de lluvia y de neblina y que la filtra lentamente a las lagunas, a las quebradas y a las aguas subterráneas que dan origen a los manantiales.  Como en esta pampa de bofedales y turba nacen varias quebradas que dan origen al río Chirimayo[ii], Minas Conga, al extraer por completo esta esponja, destruirá las nacientes del Chirimayo

 Vista parcial de la pampa de bofedales (humedales) adyacentes a la laguna El Perol que serán extraídos y convertidos en el cráter Perol.  (Foto: Wilder Sánchez Sánchez; 11/07/2011).


 -Es inviable porque lo que hoy es la hermosa laguna El Perol (al menos 800,000 m3), la laguna Empedrada, la extensa pampa de bofedales que bordea a estas lagunas y parte de los cerros aledaños, el Proyecto Conga los convertirá en un gigantesco cráter o tajo ovalado de 224 Ha (60 Ha más grande que la ciudad de Celendín), de casi 2 Km de largo (1950 m), 1500 metros de ancho y de hasta 660 metros de profundidad[iii]: ¡un hueco de más de medio kilómetro! (una profundidad mayor a la que existe desde la carretera a Balsas en la cima de Jelig hasta el caserío de Santa Rosa, en la base del cerro, en el valle de Celendín).   Este cráter destruirá totalmente la cabecera de cuenca del río Chirimayo y parte de la cabecera del Chugurmayo, importantes afluentes del Sendamal.

 
-La laguna El Perol (al fondo), la pampa de bofedales adyacentes y los cerros contiguos a la laguna. Esta área será destruida y convertida en el Tajo Perol, de 1950 m de largo, 1500 m de ancho y 660 m de profundidad. (Foto: Milton Sánchez Cubas; 14/03/2007).

-Es inviable porque, además del Tajo Perol, el Proyecto Conga abrirá el Tajo Chailhuagón, de 1 800 m de longitud, ancho de hasta 900 m y profundidad de 470 m en su extremo norte[iv], con el que destruirá 143 Ha de tierras dedicadas al pastoreo y otras actividades.  Afectará gravemente a la laguna Challuagón (a 500 m de distancia del tajo, distrito La Encañada) que irá secándose poco a poco, pues el fondo del cráter – que estará a 3 588 msnm – quedará 121 m por debajo del espejo de agua de la referida laguna (3 709 msnm).   De nada servirá, pues, el trasvase del agua de la laguna Mala a la laguna Challuagón ni la construcción de un reservorio para hacer posible el trasvase.

-Es inviable porque la laguna Huashwas, ubicada a sólo 300 m al noreste del Tajo Chailhuagón, pero en la cuenca del Chirimayo, también se irá secando paulatinamente[v] debido a la enorme profundidad del cráter Chailhuagón.

-Minas Conga es inviable porque los Tajos Perol y Chailhuagón, debido a sus enormes profundidades, destruirán la napa freática y alterarán gravemente el flujo normal de las aguas subterráneas (el sistema hidrogeológico); ocasionarán la desaparición de los manantiales[vi] y otras lagunas de los alrededores, además de las cinco lagunas que serán destruidas directamente, y contaminarán las aguas subterráneas con sedimentos, metales pesados y aguas ácidas que se infiltrarán por entre las rocas removidas.


El Tajo Chaquicocha, de 186 m de profundidad, es menos de un tercio de hondo de lo que será el Tajo Perol; aun así, ya secó los manantiales de La Sacsha, en el distrito de Baños del Inca, y al principal canal de riego del distrito.  (Foto: Sergio Sánchez Ibáñez; 19/09/2011)

-El Proyecto Conga es inviable porque hará el enorme Botadero de Desmonte Perol, de 289 Ha (130 hectáreas más grande que la ciudad de Celendín), en donde depositará 480 millones de toneladas de rocas y mineral de baja ley, con las que destruirá la hermosísima laguna Azul (400,000 m3) y también la laguna Chica (100,000 m3), ubicadas al Norte de la laguna El Perol, más los pajonales y bofedales que rodean a estas lagunas.

-Es inviable porque hará el enorme Botadero de Desmonte Chailhuagón, de 169 Ha (igual en extensión que la ciudad de Celendín), con el que destruirá a la laguna Mala (al menos 100,000 m3 de agua), más otros humedales, pajonales y tierras adyacentes.

-Es inviable porque Conga hará un gigantesco Depósito de Relaves de 700 Ha en las cabeceras de cuenca del río Jadibamba y de la quebrada Toromacho.  (Será el doble del área del valle de Celendín, incluyendo en éste la ciudad de Celendín en su totalidad).  Además de destruir 700 has de tierras, pastos, bofedales y otros humedales del Alto Jadibamba, esta cancha de relaves y aguas ácidas será un grave y permanente foco de contaminación para el medio ambiente, especialmente para las aguas superficiales y subterráneas de las cuencas media y baja del Jadibamba y de toda la cuenca del río La Llanga; a la corta o a la larga, los relaves se irán infiltrando a las aguas subterráneas y las contaminarán.  Además del gigantesco depósito de relaves, al lado de éste y en la misma cuenca alta del Jadibamba estará el enorme Botadero de Desmonte Perol, de 289 Has, que, además de matar a las lagunas Azul y Chica, será una fuente permanente de aguas ácidas por la oxidación de las rocas conteniendo mineral de baja ley.

-Es inviable porque los diques que el Proyecto Conga construirá en los cuatro reservorios a los que pretende trasvasar las aguas de las cuatro lagunas y, sobre todo, el enorme dique que construirá en el sector norte de la cancha de relaves, cortarán los flujos subterráneos; es decir, las aguas subterráneas ya no podrán circular libremente como en vasos comunicantes y, por lo tanto, los manantiales que estén por debajo de estos diques se secarán[vii].  Además, los diques impedirán el libre flujo de las aguas superficiales hacia el cauce de los ríos y quebradas.  Por lo tanto, se reducirán los caudales en las cinco microcuencas y en las tres grandes cuencas indicadas más arriba, lo que será especialmente notorio en los meses de estiaje.



·En el caso de la cuenca del río Jadibamba esto será tan grave que ya no volverá a recibir ni aguas superficiales ni subterráneas de la zona del Proyecto Conga.  Por lo tanto, las hermosísimas cataratas del Chorro Cornelio – que junto con las lagunas deberían ser conservadas y protegidas para promover el ecoturismo y el desarrollo sostenible de Celendín y de la Región Cajamarca – desaparecerán en la temporada de estiaje y sólo existirán cuando llueva.  (El Reservorio Inferior, proyectado para 1 000 000 m3 de capacidad, recibirá aguas de escorrentías provenientes de las 289 Ha del Botadero de Desmonte Perol y de las sobrantes (sobrenadantes) del Depósito de Relaves (p. 4-23); por lo tanto, almacenará aguas contaminadas).

· El Proyecto Conga es inviable porque el gigantesco Tajo Perol, las Pilas de Mineral, el enorme Botadero de Desmonte Chailhuagón y parte del Tajo Chailhuagón estarán ubicados en la cabecera del Alto Chirimayo, afluente del río Sendamal.  Por lo tanto, el caudal del Chirimayo se reducirá drásticamente en los meses de estiaje, no sólo por la destrucción total de sus nacientes o cabecera de cuenca en los bofedales de la pampa Perol – como ya se explicó anteriormente – sino también por la destrucción de 400 Ha de cobertura vegetal que actualmente lo regulan, y todo el año arrastrará aguas ácidas y metales pesados provenientes de los referidos tajos, pilas de mineral y botadero de rocas de desmonte[viii].  En consecuencia, el río Sendamal también estará muy contaminado todo el año con aguas ácidas y metales pesados, y en los meses de lluvia recibirá también gran cantidad de sedimentos que bajarán del Chirimayo.  Además, el caudal del Chirimayo también disminuirá al ir secándose la laguna Huashuas debido al Tajo Chailhuagón.

·El Proyecto Conga es inviable porque el río La Llanga, a lo largo de todo su trayecto hasta su desembocadura en el río Marañón, en verano reducirá aun más su caudal debido a la gran reducción de los caudales de los ríos Jadibamba y Sendamal causada por la deforestación y destrucción de humedales y acuíferos en sus cabeceras de cuenca; además, estará contaminado todo el año con las aguas que reciba del río Sendamal.  Por lo tanto, el valle de Llanguat y los demás valles irrigados por estos ríos serán impactados negativamente.

·El Proyecto Conga es inviable porque el secamiento paulatino de la laguna Challuagón debido a la gran profundidad del Tajo Chailhuagón, y la desaparición de los manantiales cercanos a este cráter, terminarán por secar al río Challuagón en los meses de estiaje; por lo tanto, el caudal del río Grande también se irá reduciendo y, en consecuencia, el del río Chonta.  Además, el dique sur que Conga construirá en el Reservorio Chailhuagón para ampliar la capacidad de la laguna impedirá el flujo del agua subterránea, ocasionando la desaparición de los manantiales ubicados más abajo.


Cataratas del Chorro Cornelio, que forma el río Jadibamba; otra maravilla natural de Celendín condenada a desaparecer al secarse el río Jadibamba en los meses de estiaje, debido a los diques de la cancha de relaves y del reservorio inferior.  (Foto: Wilder Sánchez; 21/06/2008).

·Conga es inviable porque la reducción de los flujos del río Grande y la contaminación de sus aguas por la explotación minera en su cabecera de cuenca, además de los impactos en la cantidad y calidad del agua del río Azufre por el Proyecto Carachugp de Yanacocha, inviabilizaría la proyectada represa en el río Chonta para proveer de agua potable a la población de la ciudad de Cajamarca en el mediano y largo plazo.

·Es inviable porque a los impactos negativos en la cantidad y calidad de las aguas del río Mashcón por los yacimientos de Yanacocha en sus cabeceras de cuenca, se acumularán los impactos negativos en la cantidad y calidad de las aguas del río Chonta ocasionados por Minas Conga y por Carachugo.  Por lo tanto, todo el trayecto del río Cajamarquino y los valles que irriga se verán tremendamente afectados.

·El Proyecto Conga es inviable porque una parte del Depósito de Relaves y el enorme dique o Presa Toromacho estarán ubicados en la cuenca del Quengo Río, afluente del río Llaucano.  Los diques de ambos sistemas impedirán la escorrentía de las aguas superficiales y además cortarán los flujos de las aguas subterráneas; en consecuencia, el Quengorío se secará y, por esto, disminuirá el caudal del Llaucano a lo largo de todo su recorrido por los valles de Bambamarca y Chota.  Además, siempre habrá el riesgo de que los relaves rebalsen la presa o se infiltren hacia el agua subterránea y ocasionen un desastre ambiental en una amplia zona de Bambamarca y Chota; el riesgo será  mayor después del cierre de Minas Conga pues ya no habrá quién maneje la presa.

IMPACTOS EN EL ECOSISTEMA.

· Conga es inviable ecológicamente porque la destrucción directa e inmediata de cinco lagunas y el secamiento paulatino de por lo menos dos lagunas más, la destrucción de 103 Ha de bofedales en la pampa Perol, así como la destrucción de 700 Ha de bofedales, pajonales y manantiales en las cabeceras del Jadibamba y el Toromacho, aniquilará las importantísimas funciones ambientales de estos ecosistemas hidrobiológicos para las ecorregiones Jalca y/o Quechua de las provincias de Celendín, Hualgayoc, Chota, Cajamarca y San Marcos.  Sobre todo, su función de reguladores de los flujos de agua y del ciclo del agua; su función de zonas de recarga de los acuíferos o aguas subterráneas, pues están ubicados en donde más llueve, y su función de hábitats de especies de flora y de fauna silvestre (aves, mamíferos, peces y batracios especialmente).  Es imposible que los reservorios que se proyecta construir reemplacen las funciones ambientales de las lagunas, formadas a lo largo de millones de años, porque además de estar desconectados estarán severamente impactados por la enorme pérdida de cobertura vegetal en más de 3,000 Ha y por la contaminación que ocasionarán los cráteres, botaderos de desmonte, pilas de mineral, plantas de chancado y procesamiento, circulación continua de vehículos de gran tonelaje, y demás instalaciones y operaciones de la mina.

·  El Proyecto Conga es inviable ecológicamente porque aniquilará directa e inmediatamente más de 3,000 Ha de vegetación que cumple funciones de captura carbono[ix] y generación de oxígeno.  Esa gran extensión de verdes y hermosas praderas; de plancton y plantas ribereñas de lagunas y riachuelos, y de laderas de pajonales, queñuales, quishuares y otros árboles y arbustos en la delicada ecorregión Jalca, Minas Conga la convertirá en un horrible desierto – en realidad mucho peor que esto – con sus gigantescos tajos abiertos, cancha de relaves, botaderos de rocas de desmonte, pilas de mineral, kilómetros de carreteras de 42 metros de ancho, pozas de sedimentación, talleres, depósitos de combustible, oficinas administrativas y otras instalaciones, con lo que contribuirá al calentamiento global y al cambio climático al destruir toda la vegetación que actualmente cubre más de 3 000 Ha de tierras.  El efecto invernadero de Conga será, incluso, mayor porque la contaminación de las aguas y la disminución – o secamiento – de los caudales de los ríos y canales de riego en las cinco cuencas, malogrará pastos y cultivos que también capturan carbono en extensas áreas de los valles y laderas de Celendín, Bambamarca, Chota, Cajamarca, Llacanora, Namora, Matara y San Marcos, ubicados en la ecorregión Quechua.

· Minas Conga es inviable ecológicamente porque durante las dos décadas de sus operaciones, las 24 horas de cada día, arrojará a la atmósfera gases contaminantes y de efecto invernadero (CO2 y otros) que aumentarán el calentamiento global y el cambio climático.  Durante los 3 años y medio de su etapa de construcción, la gran cantidad de vehículos de carga, de transporte de personal e insumos y las voladuras con ANFO emitirán a la atmósfera un total de 12,995.59 toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente; y durante los 18 años que durará la etapa de explotación Conga lanzará a la atmósfera 54,937.68 toneladas de CO2 equivalente, por lo menos[x].

·  Minas Conga es inviable ecológicamente porque sus 3,140 Ha de instalaciones[xi]  destruirán los hábitats y nichos ecológicos no sólo en esas 3,140 Ha sino aún más lejos.  Por ejemplo, el ruido de la chancadora, de la faja transportadora de 2.4 Km, de las voladuras para abrir los tajos, de las perforadoras, de las palas y cargadoras; el ruido y el transporte continuo de rocas en vehículos de gran tonelaje, la gran cantidad de personal en actividad, etc., alejarán a todas las especies de fauna en un área mucho más amplia que las 3,140 ha., además de la destrucción de toda la flora en esa área.

·  El Proyecto Conga es inviable ecológicamente porque en las 3,140 Ha que convertirá en desierto aniquilará 520 especies de plantas (460 vasculares y 60 briofitas); entre ellas, 46 especies de plantas endémicas del Perú, y, de éstas, 6 especies endémicas del departamento de Cajamarca[xii] (o sea, que sólo existen en esta parte del mundo).  Además, en dicha área desaparecerá 36 especies de flora que se encuentran en alguna categoría de conservación nacional o internacional, 14 de las cuales están en el listado de flora amenazada del Perú: 7 especies consideradas “en peligro crítico”, 4 especies consideradas “vulnerables” y 3 especies como “casi amenazadas”[xiii].  Entre las especies amenazadas por Minas Conga están el queñual (Polylepis racemosa), el quishuar (Buddleja incana), el quisuar (Buddleja longifolia), el pinco pinco (Ephedra rupestris), y la orquídea Sauroglossum schwenfurthianum, que es endémica del Perú.

· Minas Conga es inviable ecológicamente porque en las 3,140 Ha que convertirá en desierto destruirá los nichos ecológicos (las condiciones de vida y de reproducción) de 225 especies de vertebrados: 205 especies de aves, pertenecientes a 15 órdenes y 41 familias, 13 especies de mamíferos, 4 de anfibios y 3 de reptiles.  De las especies de avifauna, 18 de ellas están consideradas como de alta sensibilidad, y 13 tienen algún estatus de conservación según el INRENA: 1 en “peligro crítico” (el picaflor Taphrolesbia griseiventris), 4 “en peligro”, 5 “vulnerables” y 3 “casi amenazadas”)[xiv].

· El Proyecto Conga es inviable ecológicamente porque la destrucción de cerros y colinas, de los cauces naturales de ríos y quebradas, de las praderas de bofedales y de toda la vegetación en más de 3,000 Ha en cabeceras de cuenca, ocasionará que cuando se desaten lluvias torrenciales, especialmente en las temporadas de Fenómeno del Niño, se generen enormes huaycos o avalanchas en las cinco cuencas señaladas, y que las praderas, campos de cultivo y centros poblados ubicados cuenca abajo sufran severas inundaciones, con la consiguiente destrucción de casas, pérdida de sembríos, muerte de animales o incluso de personas.  En los casos de las cuencas del Jadibamba–La Llanga y del Toromacho–Llaucano, si las lluvias torrenciales persisten durante días o semanas, se podría colmatar y rebalsar la cancha de relaves y éstos precipitarse junto con los huaycos de rocas y lodo, agravando el desastre ambiental.

IMPACTOS EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y EL DESARROLLO

· El Proyecto Conga es inviable socialmente porque destruirá directamente más de 3,000 Ha de tierras dedicadas al pastoreo y la agricultura, principalmente, reduciendo, por lo tanto, la cuenca lechera de Cajamarca, la producción de leche y derivados lácteos y la producción de alimentos altoandinos.  En una época en que la tendencia mundial es a la escasez y elevación de los precios de los alimentos[xv], Conga constituye un atentado a la seguridad alimentaria de nuestros pueblos y a la soberanía alimentaria de nuestro país.

·  El Proyecto Conga es inviable socialmente porque implica el desarraigo de muchas familias de sus tierras o heredades en más de 3 000 Ha del Proyecto, en un periodo en que la tendencia que se venía dando era al aumento de la ocupación de la Jalca.

·  Minas Conga es inviable socialmente porque los cuatro reservorios con los que pretende reemplazar a las lagunas que serán destruidas, jamás cumplirán las funciones ambientales y sociales que tienen éstas, fundamentalmente por las siguientes razones: 1) porque Conga destruirá el sistema hidrológico de ríos, riachuelos y manantiales asociados a las lagunas, y los reservorios carecerán de tal sistema natural; 2) porque el sistema hidrogeológico de aguas subterráneas será alterado gravemente por los gigantescos y profundos tajos abiertos; 3) porque al ser aniquilada toda la cobertura vegetal en las cabeceras de cuenca, los reservorios, que estarán rodeados de un desierto y rocas removidas, se irán colmatando con gran cantidad de sedimentos cada vez que llueva; 4) porque recibirán aguas ácidas y otros contaminantes provenientes de los relaves, tajos, pilas de mineral, botaderos de desmonte, de las explosiones, de la circulación continua de vehículos y de otras operaciones de la mina.  A la corta o a la larga, los reservorios, en vez de constituir activos ambientales, como sostiene Yanacocha, se convertirán en una carga social o pasivos ambientales, cuando colapsen y repliquen lo que sucede con el reservorio San José o con las cuatro tuberías que dan “origen” artificial al río Grande, en el distrito de Cajamarca.


Reservorio San José, de 27 Ha y con capacidad de 6 millones de m3, que fue inaugurado por Alan García el 28/04/2008, en una inspección del congresista Jorge Rimarachín del 28/03/2012 comprueba que hoy está completamente vacío.  (Foto: Jorge Rimarachín Cabrera)

· El Proyecto Conga es inviable socialmente porque la destrucción de los recursos hídricos en las cabeceras de cinco microcuencas y tres grandes cuencas hidrográficas de la Región Cajamarca, sumado a la contaminación de las aguas de sus ríos y canales de riego, afectará la salud de los animales que beben esas aguas y la producción agrícola y pecuaria en todos los valles y laderas irrigados por el Sendamal, el Jadibamba, el La Llanga, el Llaucano, el Chonta y el Cajamarquino.  Por ejemplo, el canal de irrigación Sendamal – El Toro, cuyos ramales riegan las tierras de las laderas del distrito de Celendín y llegan hasta José Gálvez, es probable que se seque en la época de estiaje y además estará contaminado, debido a la reducción del caudal del río Sendamal y a la contaminación de sus aguas por las operaciones de Conga.

·  El Proyecto Conga es inviable socialmente porque alterará profundamente las relaciones sociales y la paz social en gran parte de la Región Cajamarca.  A medida que sean destruidas las lagunas, a medida que se vayan abriendo los tajos, a medida que se vayan secando los manantiales que alimentan a los sistemas de agua potable y a los canales de riego, a medida que se vayan reduciendo y contaminando los ríos, a medida que vayan enfermando y muriendo los animales, los conflictos socioambientales estarán generándose y agudizándose durante los 20 años previstos para sus operaciones.

·  El Proyecto Conga es inviable socialmente porque todos los daños económicos que ocasionará en el agua, en los demás recursos naturales y en los ecosistemas (los pasivos ambientales), así como en las actividades productivas, en el transporte y el comercio, y en las relaciones sociales, culturales y comunitarias, superarán con creces los supuestos beneficios económicos.  Esos daños o perjuicios no han sido valorizados.

·Por todas estas y otras razones, el Proyecto Conga anularía las posibilidades de desarrollo sustentable o sostenible de gran parte de la Región Cajamarca.

-       .  -

Por todas estas y otras razones, Conga debería parar definitivamente.

¡OTRO MODELO DE DESARROLLO ES POSIBLE!

Notas finales:

 [i]  La Laguna Empedrada, que no es mencionada en el Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga, elaborado por Knight Piésold, se encuentra a aproximadamente 720 m al NO de la laguna El Perol, en línea recta.  En el Informe Final, Anexo 4.1, Fig. 1 (“Bofedal Perol: Planta e Investigaciones de Campo”) esta laguna se encuentra aproximadamente en las coordenadas:  N  9 235 500  y  E 792 000; tiene 0.51 Ha de espejo de agua y 3 m de profundidad (Capítulo 3, p. 387).

[ii]  Véase: Umbrella EcoConsulting.  Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto Conga, Anexo IV, Plano 3.

[iii]  Como el Tajo Perol cortará parte de los cerros que rodean la pampa de bofedales y el fondo de este cráter (en su cuerpo norte) estará a 3 354 msnm, desde su borde oeste (que estará a 4 014 msnm) hasta su fondo habrá una profundidad de 660 metros. (Véase el Informe de Golder Associates: “Revisión del Diseño de los Tajos de la Etapa 3”, en el Anexo 4.10 del Informe Final del EIA, p. 9 y Figura 9).  Si no fuese destruida la laguna El Perol, desde su espejo de agua (que está a 3 877 msnm) hasta el fondo del tajo habría más de medio kilómetro: 523 metros.  El Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental de Conga sólo indica que el Tajo Perol tendrá una longitud de 1 950 m, pero oculta deliberadamente la profundidad que tendrá y falsea el dato de altitud de su fondo; textualmente dice: “la máxima profundidad del tajo se encontrará a 3 432 m de altitud” (Knight Piésold. Resumen Ejecutivo del EIA, p. 29).

[iv]  Knight Piésold.  Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga: Informe Final, Capítulo 4, p. 54 (4-54).

[v]  El secamiento de la laguna Challuagón, de la laguna Huashwas y probablemente de otras, como la Alforjacocha, podría no ser paulatino sino rápido, pues las ondas de choque que generarán las grandes explosiones con ANFO para abrir los cráteres, viajando a 4 000 m/seg. por el subsuelo, producirán grietas o fisuras en las rocas sobre las que se asientan las lagunas; la fuerza de gravedad hará el resto.  (Conferencia del Ing. Geólogo Raimundo Rodríguez C. en el Centro de Convenciones “Ollanta” de la Universidad Nacional de Cajamarca; Cajamarca, 3/12/2011).

[vi]  El Tajo Chaquicocha del Proyecto Carachugo de Yanacocha, que “solamente” tiene 186 m de profundidad, ya secó los manantiales de La Shacsha que abastecían al principal canal de riego de Baños del Inca, en la provincia de Cajamarca.

[vii]  El propio EIA de Conga admite que: “Por las mismas razones expuestas en el caso de agua superficial, el proyecto representaría una variación en los niveles de infiltración, en la distorsión de los flujos hidrogeológicos como consecuencia:  (1) del emplazamiento  de infraestructura (i. e. presas que cortan casi en su totalidad el flujos subterráneos), (2) del desarrollo de los elementos del proyecto (i. e. conos de depresión por los tajos) o (3) de la ocurrencia de filtraciones de flujos de mala calidad.”.  (Knight Piésold. Minera Yanacocha S.R.L. Proyecto Conga. Estudio de Impacto Ambiental. Resumen Ejecutivo, febrero 2010, p. 34).

[viii]  El propio EIA de Conga admite:  “… el proyecto tiene el potencial de impactar tanto la calidad como la cantidad de los flujos de las quebradas aledañas, estando el impacto en la calidad de las aguas asociado al incremento de sedimentos y a la generación de acidez en ciertas áreas del proyecto relacionadas con el yacimiento Perol”.  (Resumen Ejecutivo del EIA, p. 34).

[ix]  En el país vecino de Ecuador, Hofstede y Mena (2000) hicieron mediciones en el pajonal del páramo, obteniendo 40 toneladas de materia seca por hectárea, de la cual el 50% (o sea, 20 toneladas) era carbono elemental, equivalente a 72 toneladas de CO2 por hectárea, sin incluir al suelo en el cálculo; con respecto a éste, considerando hasta 2 m de profundidad, calcularon que se almacenan 1 700 toneladas de carbono en cada hectárea de suelo paramuno.  (Véase Jorge Recharte y otros.  “El Grupo Páramos/Jalcas y Punas del Perú: Instituciones y Acciones en Beneficio de Comunidades y Ecosistemas Altoandinos”, p. 795).

[x]  Datos de emisiones de CO2 calculados, conservadoramente, por Knight Piésold.   Véase el Anexo 5.2 del Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Conga: “Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero”, enero 2010, pp. 4 y 5.

[xi]  De este total, la cancha de relaves ocupará 700 Ha, los dos tajos o cráteres 367 Ha,  los dos botaderos de desmonte 458 Ha, las áreas de almacenamiento de suelo orgánico 61 Ha, la planta procesadora 30 Ha, las pilas de mineral 17 Ha, las pozas de sedimentación 8 Ha, los 4 reservorios 53 Ha, y las 15 carreteras o caminos internos de hasta 42 m de ancho, más las áreas de: oficinas administrativas, talleres de mantenimiento, depósitos de combustibles, depósitos de residuos sólidos y áreas libres para la circulación ocuparán alrededor de 1,450 Ha adicionales.

[xii]  Informe Final, Capítulo 3, pp. 287, 299 y 302.

[xiii]  Véase el respectivo Resumen Ejecutivo del EIA de Conga, febrero 2010, p. 24.  Asimismo, Informe Final, Capítulo 3, pp. 298-299 y 302 (3 – 298-299 y 302).  El equipo que evaluó la flora consideró que hay 7 especies clave, todas ellas en peligro crítico según la legislación peruana: el queñual (Polylepis racemosa), el quishuar (Buddleja incana), el quisuar (Buddleja longifolia), el pinco pinco (Ephedra rupestris), la orquídea endémica del Perú Sauroglossum schwenfurthianum, el Ortholobium munyensis y el Alnus acuminata, (Capítulo 3, pp. 299-301).

[xiv]  Knight Piésold. Proyecto Conga. Estudio de Impacto Ambiental. Resumen Ejecutivo, febrero 2010, pp. 24 y 25.

[xv]  El Panel de Alto Nivel sobre Sostenibilidad Global de la ONU presentó el 30/01/2012 en Addis Abeba, Etiopía, su Informe titulado: Gente Fuerte, Planeta Fuerte: Un Futuro que Vale la Pena Elegir, en el que predice que en el 2030 la demanda de alimentos habrá crecido un 50%, la de energía 45% y la del agua 30%.

  • M. Cs. en Gestión Ambiental.  Docente de la Universidad Nacional de Cajamarca.
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/32086-%C2%BFpor-qu%C3%A9-el-proyecto-conga-es-inviable?-2%C2%AA-edici%C3%B3n.html
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JUNÍN: EL 56% DE LA POBLACIÓN BEBE AGUA CONTAMINADA


Dirección Regional de Salud detectó presencia de metales pesados en seis localidades de tres provincias

La Dirección Regional de Salud de Junín encontró que el 56% de los 800 mil pobladores de la región bebe agua no apta para el consumo humano, pues hay presencia de metales pesados. Treinta muestras de agua potable se tomaron en seis localidades de tres provincias, que surten del servicio a toda la jurisdicción.

El año pasado ya se había detectado contenido de arsénico en volúmenes que superaban los niveles máximos permisibles, por lo que se hizo nuevamente un muestreo.

La coordinadora del Programa Estratégico de la Vigilancia de la Calidad del Agua del Gobierno Regional, Basilia Beraún Vásquez, señaló a El Comercio que ya se ha advertido a las empresas encargadas del servicio agua potable para que la procesen de forma adecuada. Sin embargo, aún no se han aplicado sanciones directas.

Las muestras se tomaron en las localidades de Paccha, Santa Rosa de Sacco y La Oroya, en la provincia de Yauli; en Orcotuna y Concepción, en la provincia de Concepción; y en la localidad de Jauja.

“Hasta fin de año se recogerá unas 120 muestras de aproximadamente 40 centros poblados para tener resultados más completos”, dijo Beraún.

Comercio-Lima 25.09.2012
ANULACIÓN DE POLÉMICO FALLO PREPARA JUSTICIA PERUANA         


La justicia peruana se aprestará hoy a definir el procedimiento de anulación de un fallo judicial favorable a miembros de un grupo paramilitar, tras un dictamen internacional que así lo determina.

Tanto el Poder Judicial como el Gobierno manifestaron casi de inmediato su conformidad con el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de que Perú es signatario del Pacto de San José y acepta por tanto la jurisdicción de ese tribunal.

El presidente de la Corte Suprema, César San Martín, dijo ayer, tras conocer la decisión del tribunal con sede en Costa Rica, que Perú está obligado a acatar la resolución que dispone corregir el reciente fallo judicial por no ajustarse a los criterios convenidos por los países que reconocen su autoridad.

El cuestionado fallo rebajó condenas previas aplicadas al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, el exjefe de las fuerzas armadas Nicolás Hermoza y oficiales y agentes de inteligencia militar integrantes del paramilitar Grupo Colina.

El escuadrón de la muerte fue condenado por dos matanzas y un secuestro con muerte, perpetrados durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

La corte peruana dictaminó, provocando indignación nacional e internacional, que esos crímenes no tenían carácter de lesa humanidad y eliminó el delito de asociación ilícita para delinquir, además de argumentar que el Grupo Colina había actuado para combatir el terrorismo.

"Estamos absolutamente obligados a obedecer, acatar y cumplir las decisiones que dicte la Corte nos guste o no nos guste, porque para eso hemos suscrito el convenio y somos gente seria, y la gente seria respeta y cumple con sus compromisos internacionales", dijo San Martín.

Según informaron el titular de la Corte Suprema y la ministra de Justicia, Eda Rivas, la Corte Interamericana dio plazo hasta el próximo 20 de enero para que el Estado peruano le informe sobre la ejecución de sus recomendaciones, es decir la anulación del fallo cuestionado.

De lo contrario, el tribunal externo podría, indicó San Martín, dictar una nueva sentencia, y el procedimiento de anulación podría se la aprobación de una acción de amparo presentada por el Gobierno contra el polémico dictamen.

La ministra Rivas señaló que la resolución externa no ordena precisamente anular el fallo, sino adecuarlo a la jurisprudencia peruana, establecida por sentencias como la de 25 años de cárcel para el expresidente Fujimori, como autor mediato de crímenese de lesa humanidad

Para la abogada de la Asociación Pro derechos humanos, Gloria Cano, la Corte Suprema debería anular la sentencia cuestionada y dar un nuevo fallo, para lo cual deberá excluirse al magistrado Javier Villa, quien presidió el tribunal cuestionado y abogó públicamente por los paramilitares.

Noticias Prensa Latina 25.09.2012




EDA RIVAS: CIDH LE HA PEDIDO AL PERÚ RESUELVA SUS PROBLEMAS EN CASA



Los jueces ordenaron a Perú que presente, a más tardar el 20 de enero de 2013, un informe que indique todas las medidas adoptadas para cumplir con reparaciones ordenadas.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Eda Rivas, afirmó este lunes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) accedió a que Perú busque corregir "en sede interna" una resolución judicial que en julio pasado rebajó las condenas por la llamada matanza de Barrios Altos.

Según un comunicado de su despacho, Rivas precisó que una resolución emitida este lunes por la CIDH "no ha ordenado anular el fallo, sino que ha accedido a que Perú resuelva en sede interna y corrija la anomalía producida por la sentencia".

Recordó que la decisión de reducir las condenas fue tomada por un tribunal presidido por el vocal supremo Javier Villa Stein, por lo que consideró que la decisión de la CIDH, "significa un triunfo para la posición del Estado Peruano".

"La CIDH pudo haber ordenado que se anule el fallo, pero no lo ha hecho. Lo que ha hecho es decirle al Estado peruano que resuelva sus problemas en casa" y ha dado un plazo hasta enero del próximo año, añadió.

La sala presidida por Villa Stein decidió en agosto pasado que la matanza de Barrios Altos no constituía un delito de lesa humanidad, por lo que rebajó las sentencias a todos los implicados, incluido el exasesor Vladimiro Montesinos, de 25 a 20 años de cárcel.

La ministra comentó, al respecto, que la resolución de la CIDH coincide con la posición del Ejecutivo, de que la sentencia "es incompatible y se aparta de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los fallos del Poder Judicial con respecto al caso Barrios Altos y los delitos cometidos por el denominado grupo Colina".

"El pronunciamiento final de la Corte Suprema sobre la acción de amparo debe tener en cuenta esos elementos", enfatizó antes de anunciar que el procurador presentará este martes un escrito al tribunal que ve el caso acompañado de la sentencia de la CIDH para que sea evaluado y tomado en cuenta para resolver el proceso de amparo.

La CIDH emitió hoy una resolución tras la audiencia del pasado 27 de agosto sobre el cumplimiento de la sentencia del caso Barrios Altos, en la que murieron 15 personas, entre ellas un niño de 8 años, a manos del grupo Colina.

El tribunal señaló este lunes que "si se emiten decisiones internas que controvierten o desvirtúan" el reconocimiento de responsabilidad estatal y la sentencia de la CIDH por este caso "se mantiene la violación del derecho de las víctimas o sus familiares a obtener el esclarecimiento de los hechos".

Los jueces ordenaron a Perú que presente, a más tardar el 20 de enero de 2013, un informe que indique "todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas que se encuentran pendientes de cumplimiento".

RPP Noticias-Lima 24.09.2012




24 de septiembre de 2012

CONGA: VIDA SÍ, ORO NO
Joan Martínez Alier *


El poderoso señor Roque Benavides, de la empresa Buenaventura, tuvo una rabieta en Lima el 24 de agosto pasado. Su socio en Yanacocha, la segunda mina de oro del planeta, la empresa Newmont de Denver, Colorado, anunció que suspendía el proyecto Conga. Ese gran proyecto de minería de oro y cobre iba a ser una extensión del de Yanacocha, propiedad de Newmont, Buenaventura y el Banco Mundial. Conga ha sido suspendida. Más aún, Yanacocha debe ir pensando en pagar sus pasivos ambientales, como la Chevron-Texaco, en Ecuador, y la Repsol YPF, en Argentina. Debe pagar sus deudas sociales y ecológicas.

Los pasivos ambientales de Yanacocha son enormes. Cerros destruidos, tierras apropiadas ilegalmente, aguas contaminadas, un derrame de mercurio que acabó sin justicia para los damnificados. El distrito de Bambamarca ha declarado huelgas generales varias veces en los pasados 20 años. El de Hualgayoc se le unió en diversas ocasiones. Ahora fue Celendín la zona que protestó más fuertemente ante la amenaza a las fuentes de agua. En escarmiento, la policía mató en julio de 2012 a cinco manifestantes en Bambamarca y Celendín. El estado de emergencia todavía continuaba a finales de agosto.

El 4 de julio fue detenido en la plaza de Cajamarca el ex sacerdote Marco Arana, el video de su brutal detención dio la vuelta al mundo. Un Gandhi peruano, cuyas imágenes y palabras llegaron a Denver, Colorado.

Tras una pacífica Marcha por el Agua desde Cajamarca hasta Lima en febrero de 2012, la situación se hizo muy tensa por la terquedad del gobierno. Una gran parte de la región de Cajamarca ha estado en estado de emergencia bajo control de la policía varios meses en 2012, sin derecho de manifestación ni asamblea. El estado puesto al servicio de la minería extranjera, insultando a la población local.

La evaluación de impacto ambiental presentada por Newmont y aprobada por el gobierno anterior fue criticada desde el propio Ministerio de Ambiente, cuando Ollanta Humala llegó a la presidencia en 2011 y después fue desmenuzada por el experto hidrogeólogo Robert Moran. Nada pudo hacer el gobierno de Perú para remediar el descrédito del EIA con sus expertos ad-hoc traídos de España y Portugal.

Mario Vargas Llosa en su rol de comentarista neoliberal defendió el proyecto Conga en marzo y abril de 2012 argumentando que "detrás de las protestas, existe una izquierda radical que se escuda en los temas ambientales", denunciando la posición "puramente ideológica y dogmática" de quienes se oponían a esas inversiones mineras. Todo podía hacerse sin dañar el ambiente. La minería, dijo el escritor, incluso puede favorecer el ambiente natural. ¿Qué más fantasías escribirá Vargas Llosa sobre los conflictos mineros?

El 24 de agosto pasado Richard O’Brien, máximo ejecutivo de Newmont, dijo en Lima que se suspendía ese proyecto de casi 5 mil millones de dólares, porque las condiciones locales no eran favorables. El gobierno regional se oponía y las encuestas de opinión en la región eran desfavorables al proyecto.

La empresa ha tenido tanta presencia en Cajamarca que la policía se desplazaba a veces en sus vehículos pero Yanacocha ya perdió una vez ante los campesinos y el cura Marco Arana, renunciando a destruir el Cerro Quilish. Esta es ahora su segunda gran derrota, tal vez la definitiva.

Para la derecha, todo se reduce a una mezcla de ignorantes y resentidos, de maximalistas anticapitalistas, eco-fascistas, maoístas recalcitrantes, ONG extranjeras que parecen inocentes, intelectuales utópicos, todos ellos contra el progreso y el desarrollo.

Le derecha ha defendido la mano dura del presidente Ollanta Humala, tan dura que costó la renuncia de dos primeros ministros en solamente un año tras 15 muertes de manifestantes en distintas regiones del país. El tercer primer ministro, Juan Jiménez Mayor, asegura que la suspensión es simplemente una decisión de la Newmont: por favor no hablen más de Conga. Los grupos ecologistas temen un engaño, exigen que retiren la maquinaria, la empresa dice que seguirá construyendo unos reservorios de agua. A pesar de esas sospechas, es una gran victoria del ecologismo popular. El presidente regional de Cajamarca, Goyo Santos, indicó que el proyecto Conga está muerto. Los muertos no se levantan.

Yanacocha fue muy próspera (3.3 millones de onzas de oro en 2005, 1.4 millones en 2011), necesitaba ahora el nuevo proyecto. A los que dijeron "Conga no va", Ollanta Humala replicó que Conga sí iba. Al final ha cedido. Ojalá esta derrota lleve a Humala hacia una política post-extractivista para evitar los conflictos sociales y prevenirse ante una oscilación a la baja de los precios de algunos minerales.

*Instituto de Ciencias y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona; coordinador del Proyecto EJOLT

 La Jornada 24.09.2012





CAJAMARCA: POBLADORES DE BAÑOS DEL INCA SE MOVILIZAN CONTRA YANACOCHA




Pobladores del distrito de Baños del Inca exigen que la empresa Yanacocha se retire del cerro La Shccsha, considerado como un acuífero.

Un nuevo conflicto se inicia contra la empresa minera Yanacocha, pues el Comité Especial de la Ordenanza Municipal 051-2006, del distrito de Baños del Inca (Cajamarca), convocó a una movilización en contra de la empresa aurífera, a la cual se la acusa de no respetar la ordenanza edil.

La mencionada norma edil declara al sector La Shacsha como “área de conservación municipal”, y actualmente, los manifestantes señalan que algunas nacientes de agua disminuyeron a consecuencia de las perforaciones realizadas por Yanacocha

Los voceros del mencionado comité especial precisan que Yanacocha dentro de sus planes de ampliación del proyecto Carachugo, tiene previsto ingresar al cerro la Shacsha, considerado como uno de los principales acuíferos del distrito de Baños del Inca.

El burgomaestre del distrito de Baños del Inca, Jesús Julca, manifestó que la empresa (Yanacocha) debe dejar de realizar trabajos de exploración por cuanto el poder judicial aún no se pronuncia sobre la ordenanza municipal que protege el cerro la Shacsha.

De igual forma, para este viernes 28 de setiembre, el comité especial también invitó a la población a realizar una visita a la zona, y constatar si hay o no presencia de maquinaria en el lugar.

RPP NOTICIAS-LMA 24.09.2012




MINERAS GANAN MILLONADAS Y PAGAN IMPUESTOS RISIBLES



Las exportaciones mineras llegaron el año pasado a los US$ 27.361 millones y solo las 10 principales empresas acumularon una utilidad neta de casi US$ 7.000 millones en 2011, sin embargo el gobierno solo recaudará, con el nuevo esquema de cobro, S/. 1.500 millones.

El año pasado el gobierno anunció un nuevo esquema de cobro a las empresas mineras, con la creación de la Nueva Regalía Minera, el Gravamen Especial a la Minería y el Impuesto Especial a la Minería que, en suma, incrementarían en S/. 3.000 millones el cobro anual que se les realiza a dichas empresas extractivas.

Sin embargo, el Grupo Propuesta Ciudadana advirtió al mismo tiempo que el incremento no se trataría de S/. 3.000 millones como lo anunció con bombos y platillos el gobierno, sino de S/. 1.500 millones.

El especialista Epifanio Baca, del Grupo Propuesta Ciudadana, explica que, haciendo una comparación a modo de ejercicio con lo que se cobraría en el año 2011 con el nuevo esquema de impuestos y lo que se recaudaría con el anterior, la diferencia entre el primero y el segundo solo es de S/. 1,500 millones.

“Cuando se hace un cálculo del nuevo esquema sumándole el Impuesto a la Renta, nos da S/ 13.220 millones y con el anterior modelo de cobro sumado al Impuesto a la Renta, daría S/ 11.720”, asegura.

Detalle
Hay 27 proyectos en exploración por US$ 26,243 actualmente. Y el proyecto Tía María (gestionado por Southern) suspendido en marzo de 2011 sigue cuantificado en la cartera de proyectos de exploración.

La diferencia de ambos, dice Epifanio Baca, es el excedente que equivale a la mitad de lo anunciado por el gobierno el año pasado.

El nuevo cobro a las empresas mineras se aplica desde octubre del año pasado y solo se trata de un incremento de S/. 1.500 millones, pese a que las exportaciones de minerales en 2011 alcanzaron la exorbitante suma de US$ 27.361 millones y representaron el 76.3% del total exportado por nuestro país.

Además, debemos tener en cuenta que según datos de la Superintendencia de Mercado de Valores, para 2011, las utilidades netas de empresas como Antamina, alcanzaron, en 2011, los US$ 1.744 millones, mientras Cerro Verde llegó a US$ 1.078 millones.

En tanto, la Compañía Minera Barrick superó los US$ 650 millones y la polémica minera Yanacocha alcanzó los US$ 627 millones, por su parte la minera dedicada a la extracción de cobre, Southern Perú, tuvo alrededor de US$ 1.078 millones de utilidad neta en 2011 y la China Shougang Hierro Perú obtuvo US$ 495.9 millones.

La Compañía de Minas Buenaventura (también accionista en la mina Yanacocha), alcanzó utilidades por US$ 421.3 millones, a su vez, Minsur, US$ 411.6 millones, Volcán Compañía Minera US$ 275.9 millones y finalmente Gold Fields La Cima US$ 210.5 millones.

En conjunto, las diez empresas que operan en nuestro país tienen una utilidad neta (ganancia total) de US$ 6.993 millones.

El economista y profesor de la Universidad Católica Pedro Francke considera que el gobierno tuvo la oportunidad para presionar a las grandes empresas mineras y que éstas paguen más por extraer el mineral que es propiedad de todos los peruanos.

Teniendo en cuenta que las 10 principales mineras del país tienen una utilidad de casi 7 mil millones de dólares en conjunto, Francke opina que el gobierno debió, por lo menos, aplicar un impuesto para que la mitad de esas utilidades netas (las cuales representan la ganancia total) sean del gobierno.

“Esto demuestra que el gravamen extra no ha sido significativo, la cifra no era exacta, el gobierno pudo recaudar por lo menos la mitad de las utilidades netas”, acotó.

El congresista Javier Diez Canseco advierte, por su parte, que la modificación de impuestos a la minería no recaudará los S/. 3.000 millones que el gobierno aseguró, ahora tan solo llegará a S/. 1.000 millones.

Si las regalías son los costos de producción, esto reducirá en Impuesto a la Renta, dice Diez Canseco, y esto afectará al total recaudado que se reducirá a la tercera parte de lo asegurado por el gobierno el año pasado.

Cajamarca en blanco y negro

Cajamarca, una de las regiones con mayores índices de pobreza del país, con una población total de 1.5 millones de habitantes (2011) y un coeficiente de electrificación rural de apenas el 64%, tuvo, en 2011, inversiones mineras por más de US$ 1.430 millones, el doble con respecto a la de 2010 (US$ 554.5 millones).

La empresa con mayor explotación minera en esa región es sin duda Yanacocha, que exportó US$ 2.049 millones, según el Boletín Mensual de Aduanas, y es una de las empresas principales del país en contribuir a que el Perú haya sido el primer productor de oro a nivel Latinoamericano y sexto a nivel mundial en 2011.

La contratapa de esta historia de grandezas, no obstante, es que Cajamarca tiene un Índice de Desarrollo Humano de 0.56% y se encuentra en el puesto 20 a nivel país. Se pudo hacer más, pero al parecer le tiemblan las manos al gobierno.

Con Nuestro Perú 23.09.2012





21 de septiembre de 2012

 FRENTE DE DEFENSA DE HUALGAYOC DA PLAZO A CONGA PARA QUE SE RETIRE



El presidente del Frente de Defensa de Hualgayoc, Edy Benavides, dijo que la minera responsable de Conga debe retirarse en 15 días de las lagunas donde se ejecutaría el proyecto.

El dirigente indicó que Yanacocha los "ha estado meciendo”, como el gobierno de Humala, al decir que el proyecto se ha paralizado, cuando no es así. “Subiremos a Chaillahuon –donde se construye un reservorio de agua– para paralizarlo y obligarlos a que se marchen de nuestras tierras”, señaló.

Precisó que en su lucha no desean más muertos, y responsabilizó al gobierno de lo que pueda ocurrir el 5 de octubre, día en que vence el plazo.

Al frente de un grupo de dos mil campesinos, Benavides llegó desde Bambamarca a la ciudad de Cajamarca para protestar. Unas 200 personas lideradas por Wilfredo Saavedra, del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, intentaron oponerse a la protestadel grupo de Benavides.

Newmont se pronuncia

Luis Campos, vicepresidente regional de Responsabilidad Ambiental y Social de Newmont - Sudamérica, señaló que la minera “construye tres reservorios en Cajamarca, independientemente de la ejecución del proyecto Conga, pues  siempre han priorizado el agua y su objetivo es asegurar que esta llegue a las comunidades.

 “El tema del agua debe ser lo primero antes de empezar la actividad minera”, expresó.


La República-Lima 21.09.2012




Washington DC, 20 de septiembre de 2012
Excmo. Presidente Ollanta Humala
Presidencia de la República del Perú
Lima, PERU


De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a S.E. con el propósito de transmitirle nuestra preocupación por los incidentes en que miembros de las fuerzas de seguridad de Perú han usado fuerza letal durante operativos de control de manifestaciones públicas y recomendar una serie de medidas que consideramos que su ilustrado gobierno debería adoptar para asegurar que el accionar de la fuerza pública se ajuste a las obligaciones jurídicas internacionales de derechos  humanos asumidas por Perú.

Durante el primer año de su presidencia, 15 civiles habrían muerto tras recibir disparos efectuados aparentemente por miembros de las fuerzas de seguridad nacionales durante enfrentamientos con manifestantes1. En el gobierno de su predecesor, el Presidente Alan García, 165 civiles murieron durante “conflictos sociales y las subsecuentes intervenciones policiales”, según datos aportados por la Defensoría del Pueblo2. Treinta oficiales de policía también perdieron la vida en estos incidentes.

Reconocemos que el Estado peruano tiene la responsabilidad de asegurar que quienes participen en protestas y manifestaciones públicas respeten la ley, y que también está obligado a proteger la vida de las personas y los establecimientos y bienes públicos cuando estos sean objeto de ataques. No obstante, también tiene la obligación de llevar a cabo operativos de orden público de un modo que garantice el pleno respeto de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, de asociación y el derecho a la vida y la integridad física.

Una delegación de Human Rights Watch visitó Cajamarca en julio pasado para investigar las circunstancias en las cuales miembros de las fuerzas de seguridad dispararon y mataron a civiles en Celendín a comienzos del mes. Obtuvimos evidencia que sugiere de una manera convincente que el uso de la fuerza letal habría sido injustificado y constituido una violación grave de las normas internacionales de derechos humanos.

A partir de estos hallazgos y de entrevistas exhaustivas con altos funcionarios del gobierno, incluidos representantes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, jefes policiales de alto rango y el Defensor del Pueblo, hemos identificado algunos temas que, según creemos, deberían ser abordados en forma urgente por su ilustrado gobierno.

Uso de la fuerza letal en Celendín

El 3 de julio, durante una marcha que comenzó pacíficamente, en la cual participaban cerca de 3.000 personas, se produjo un enfrentamiento violento con policías y soldados luego de que un grupo de manifestantes irrumpieron en la sede municipal, ubicada en la plaza central de Celendín. En los choques que se produjeron a continuación entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad, al menos 20 civiles habrían recibido disparos de armas de fuego, y cuatro de ellos perdieron la vida. El Ministerio del Interior informó que también dos policías y un soldado sufrieron heridas de bala.

Conforme al derecho internacional, el uso de armas de fuego contra los manifestantes únicamente habría sido admisible si quienes dispararon creían razonablemente que debían hacerlo para evitar que ellos o terceros sufrieran lesiones graves o perdieran la vida.3 Asimismo el uso intencional de la fuerza letal sólo sería admisible si quienes dispararon creían razonablemente que ese uso era inevitable para proteger la vida.

Las pruebas que hemos recabado sugieren de una manera convincente que el uso de la fuerza letal por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad en Celendín habría sido injustificado. Si bien algunos manifestantes habrían atacado a policías con piedras, palos y proyectiles caseros, numerosos testigos subrayaron que ninguno llevaba armas de fuego ni usó la fuerza de un modo que claramente pusiera en riesgo la vida de otros.

De hecho, tres residentes dijeron a Human Rights Watch que vieron cuando soldados disparaban municiones letales directamente contra personas que no estaban armadas. Un cuarto residente indicó haber visto a civiles no armados que eran alcanzados por balaceras, pero no pudo determinar de dónde provenían los disparos. Uno de los civiles que murió, José Antonio Sánchez Huamán, no llevaba consigo armas y se encontraba en la vía pública observando pasivamente los acontecimientos cuando dispararon contra él soldados que se encontraban a una distancia de una cuadra, según el relato de un residente de esa localidad que presenció los hechos desde su balcón en un segundo piso. Otra víctima fatal, Paulino Eleuterio García Rojas, también murió tras recibir disparos mientras se encontraba en la calle observando los sucesos, de acuerdo con declaraciones de otro residente que presenció el disparo fatal a través de la ventana de su vivienda, pero que no pudo ver quién lo efectuó.

Según la información recogida durante nuestra misión, el único momento en que manifestantes habrían empleado un uso posiblemente letal de la fuerza se produjo entre la 1:00 y la 1:30 p.m. afuera de la sede municipal, cuando —según el Ministerio del Interior— dos policías y un soldado sufrieron heridas de bala, otro soldado recibió un golpe en la cabeza y un tercero fue herido por un artefacto pirotécnico5. El uso de la fuerza letal por miembros de las fuerzas de seguridad para repeler la presunta agresión podría haber sido justificado si estos no hubieran contado con otros medios alternativos para contrarrestar actos que, según su criterio, constituyeron un riesgo inminente de muerte o lesiones graves para ellos o terceros (aunque, como se analiza a continuación, esto no eximiría necesariamente al Estado de la responsabilidad que le cabe por las muertes ocurridas).

Sin embargo, de hecho, el uso de armas de fuego contra civiles en Celendín no constituyó una respuesta directa a esta presunta agresión, ya que se produjo más de una hora después, según señalaron varios testigos. A pedido de Human Rights Watch, un médico que asistió a los heridos en el hospital de Celendín revisó los registros de este centro de salud y comprobó que el primer civil herido durante los disturbios de ese día había sido ingresado en el establecimiento a las 3:05 p.m., una hora y media después del momento en que, conforme indicó el Ministerio del Interior, la Policía habría sido agredida con disparos. El último herido fue ingresado a las 4:30 p.m. El médico señaló que los heridos fueron trasladados hasta el hospital “dentro de los 30 minutos” de haber recibido los disparos.
Con respecto a las víctimas fatales, los residentes que vieron cuando Sánchez Huamán y García Rojas eran abatidos por disparos indicaron que estos hechos se  produjeron cerca de las 3:15 p.m. y las 3:00 p.m., respectivamente, lo cual coincide con la información consignada en los registros del hospital, que señala que habrían sido ingresados a las 3:50 y 3:40 p.m. Una tercera víctima fatal, César Medina Aguilar, también ingresó en el hospital más de dos horas después del momento en que habrían recibido los disparos los dos policías y el soldado. (Human Rights Watch no pudo determinar la hora de ingreso de la cuarta víctima fatal, Faustino Silva Sánchez, quien fue llevado a otro establecimiento).

Si las autoridades competentes no llevan a cabo una investigación exhaustiva de lo sucedido, será imposible determinar en forma fehaciente si, en algunos casos, las fuerzas de seguridad estaban respondiendo adecuadamente a amenazas creíbles cuando dispararon contra civiles en Celendín. Sin embargo, la evidencia de posibles abusos es suficientemente convincente para requerir una investigación exhaustiva e imparcial sobre los hechos. Asimismo, dadas las aparentes similitudes entre los acontecimientos en Celendín y otras numerosas ocasiones en las que se ha recurrido al uso de la fuerza letal durante operativos de control de manifestaciones públicas en los años recientes, es fundamental que estos casos también reciban atención urgente.

Por esta razón, lo instamos a que haga todo lo que esté a su alcance para asegurar que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas sobre todas las muertes civiles durante operativos de control de manifestaciones públicas en Celendín y otros lugares en años recientes, y que los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de recurrir al uso ilegítimo de la fuerza sean sancionados de forma acorde.

Equipamiento adecuado para control de manifestaciones públicas

Reconocemos que los oficiales de policía involucrados en operaciones de control de manifestaciones públicas se enfrentan a veces con un trabajo difícil y hasta peligroso. De hecho, como mencionamos anteriormente, treinta oficiales de policía perdieron la vida durante este tipo de operaciones en años recientes y cientos han sido heridos, algunos de gravedad.

El Estado tiene la obligación clara de asegurar que la Policía cuente con la protección y equipamiento adecuados para garantizar que desempeñen sus responsabilidades sin arriesgar sus vidas, o las vidas de otros. Conforme a los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, los agentes de seguridad pública deberán contar “con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo”. Los gobiernos y organismos encargados de hacer cumplir la ley deberían “dota[r] a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones” —incluidas “armas incapacitantes no letales”—que permitan una respuesta gradual y proporcionada frente a actos de violencia durante protestas y manifestaciones.


El coronel de la Policía que estaba en ese momento a cargo del departamento de Cajamarca indicó a Human Rights Watch que los oficiales de policía en Celendín se quedaron sin gases lacrimógenos poco después de que empezaron los enfrentamientos con los manifestantes8. Sin otros medios para hacer frente a un grupo grande de manifestantes, algunos de los cuales arrojaba piedras y tenían artefactos pirotécnicos de fabricación casera, los policías se retiraron de la plazacentral e intentaron conseguir el apoyo de soldados del Ejército que entonces se encontraban en el coliseo de esa localidad, a pocas cuadras de distancia9. A partir de ese momento, el Ejército participó junto con la Policía en las acciones destinadas a controlar a los manifestantes y restablecer el orden público en las calles de Celendín. (Según el director ejecutivo de operaciones policiales, los refuerzos de la División Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) de la Policía llegaron recién después de que se produjeron los disparos fatales)10. Si los policías en Celendín hubieran contado con equipamiento adecuado, posiblemente podrían haber controlado la situación y evitado la intervención del Ejército, que dejó un saldo de varias víctimas fatales.

La cantidad insuficiente de gases lacrimógenos en Celendín es el reflejo de una inacción más generalizada de las autoridades, que no adoptan todas las medidas necesarias para asegurar que las fuerzas de seguridad que participan en operativos de control de manifestaciones públicas cuenten con recursos adecuados. Tanto el director de la Policía Nacional como el director de operaciones policiales comentaron a Human Rights Watch que existe una escasez crónica de recursos básicos, como escudos, cascos, equipos de protección y dispositivos para lanzar gases lacrimógenos

La Defensoría del Pueblo ha documentado evidencias de que esta falta de recursos suficientes contribuye a generar circunstancias en las cuales es mucho más probable que miembros de la Policía cometan abusos. En el informe Violencia en los conflictos sociales, publicado en marzo de 2012, la Defensoría del Pueblo determinó que:


Los efectivos policiales no cuentan con la cantidad de equipos
adecuados para realizar los operativos: las bombas
lacrimógenas, los perdigones de goma, los escudos de
protección, son escasos. Este problema incrementa el nivel de
riesgo para policías y civiles puesto que, como elemento
subjetivo, el efectivo policial puede reconocerse en situación
de inferioridad, experimentar temor ante una multitud agresiva,
lo cual influye en su interpretación de los principios del uso de
la fuerza.

Por este motivo, instamos a S.E. a adoptar todas las medidas a su alcance para asegurar que las fuerzas de seguridad que intervienen en el control de manifestaciones públicas cuenten con el entrenamiento y equipo adecuado para desarrollar sus responsabilidades sin recurrir al uso ilegítimo de la fuerza.

Consideramos alentadoras las recientes declaraciones del Ministro del Interior indicando que su gobierno destinaría US$10 millones a la adquisición de equipos de protección y armas no letales para la policía. Es fundamental que la distribución de estos materiales sea monitoreada cuidadosamente para garantizar que la policía pueda acceder a ellos cuando sea necesario y que su uso sea de acuerdo a las normas internacionales.
 
 Normas sobre uso de la fuerza

Los sucesos de Celendín muestran también la importancia crucial de que la Policía cuente con normas claras que pueda tener en cuenta al determinar el nivel adecuado de uso de la fuerza cuando sus miembros responden a amenazas de violencia durante protestas y manifestaciones públicas.

Las directrices existentes —adoptadas por el Ministerio del Interior a través de un Manual de Derechos Humanos elaborado en 2006 y una directiva viceministerial de 2009— exigen que los policías respeten las normas internacionales sobre uso de la fuerza, incluido el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

Sin embargo, lamentablemente pareciera que los policías no reciben entrenamiento adecuado sobre cómo aplicar estas normas. Según la Defensoría del Pueblo, la capacitación policial actualmente sólo hace un abordaje tangencial de los procedimientos de control de manifestaciones públicas durante conflictos sociales, y la falta de equipo con propósito de instrucción atenta contra la efectividad del entrenamiento

Asimismo, como seguramente sabe S.E., el Congreso está tratando actualmente una propuesta (Proyecto de Ley 81/2011-CR) que, si se aprobara en su redacción actual, minaría la aplicación de estas directrices y podría permitir el uso de la fuerza letal de un modo que resulta violatorio de los estándares internacionales. Si bien consideramos positivo que gracias a su iniciativa para mejorar el texto del proyecto se hayan incorporado importantes modificaciones, no todas sus observaciones fueron aceptadas por la comisión del Congreso encargada de su revisión. Comoresultado de esto, el proyecto legislativo aún presenta falencias fundamentales en tres aspectos.

En primer lugar, el proyecto de ley no hace referencia expresa al principio de “proporcionalidad” que constituye un aspecto esencial de los estándares internacionales mencionados precedentemente. Los Principios Básicos de la ONU, por ejemplo, establecen que los funcionarios encargados de aplicar la ley “ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga” [énfasis agregado]

En segundo lugar, el proyecto de ley permite el uso de la fuerza letal en contextos en que no sería admisible para el derecho internacional. Concretamente, el artículo 7 autorizaría el uso de armas de fuego u otras formas de fuerza letal contra quien ejerza una agresión que “ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal del policía o la de terceros” [énfasis agregado], mientras que el derecho internacional permite únicamente el uso de armas de fuego cuando exista una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, y sólo contempla el empleo intencional de la fuerza letal cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida.

Por último, el proyecto de ley aparentemente contiene una presunción de inmunidad a favor de los policías que apliquen la fuerza letal, al disponer que “[n]o es punible penalmente la acción del policía que hizo uso de la fuerza letal conforme a esta ley”18. En esta cláusula debería incluirse una aclaración —tal como S.E. propuso en sus observaciones a la ley— que exija efectuar una investigación adecuada para determinar si el uso de la fuerza ha sido legítimo. Si no se exige tal investigación, existe un riesgo grave de que las autoridades policiales efectúen una determinación a priori de que cualquier instancia de uso de la fuerza resulta legítima, sin importar las circunstancias fácticas.

En vista de las graves falencias del proyecto legislativo, lo instamos a que continúe ejerciendo su liderazgo para conseguir que el Congreso reforme estos aspectos problemáticos del proyecto de ley. Si el proyecto se aprobara en su redacción actual, consideramos que S.E. debería adoptar todas las medidas a su alcance para subsanar las falencias en la legislación cuando promulgue las reglamentaciones destinadas a regular su aplicación.

Asimismo, es fundamental que todas las fuerzas de seguridad que resguardan el orden durante las manifestaciones públicas entiendan las reglas sobre el uso de la fuerza y que las apliquen en sus operativos. Por consiguiente, instamos a su gobierno a asegurar que se exija a todos los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en operativos de control de manifestaciones públicas conocer las normas internacionales sobre uso de la fuerza, que reciban instrucción adecuada para aplicar tales normas y que se les explique claramente que, en caso de incumplirlas, deberán rendir cuentas por su actuación.

Intervención militar en operativos de control de manifestaciones públicas

La última preocupación que surge de los eventos en Celendín es la intervención de militares en operativos de control de manifestaciones públicas. Los militares sólo deben involucrarse en este tipo de actividades policiales como último recurso, en circunstancias excepcionales, y de conformidad con lo dispuesto en el derecho peruano19. Asimismo, cuando el personal militar deba realizar actividades policiales resulta clave que estos soldados cumplan las mismas normas sobre uso de la fuerza que se aplican a la Policía y que deban rendir cuentas por sus actos si cometen abusos frente a tribunales civiles.

Actualmente, la intervención de las fuerzas armadas en operativos de seguridad pública se encuentra regulada por el Decreto Legislativo 1095, dictado por el Presidente Alan García en 2010. Este decreto contiene una disposición muy problemática (el artículo 27) el cual dispone que “las conductas ilícitas atribuibles al personal militar con ocasión de las acciones realizadas, en aplicación del presente Decreto Legislativo o en ejercicio de su función” son de jurisdicción del fuero militar. Al establecer que todas las “conductas ilícitas” por parte del personal militar estarán sujetas a la jurisdicción de los tribunales militares, el decreto podría impedir que la justicia penal ordinaria intervenga en casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles por militares.

Los organismos internacionales de derechos humanos han rechazado en forma unánime el uso de fiscales y tribunales militares en casos que suponen abusos contra civiles, y han señalado que la jurisdicción de los tribunales militares debe limitarse a aquellos delitos que son de naturaleza estrictamente militar. En un caso contra Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la jurisdicción militar debería tener un “alcance restrictivo y excepcional”. Un alcance “restrictivo” en cuanto a la jurisdicción requiere que el personal militar sea juzgado por tribunales militares únicamente cuando se les imputen delitos o faltas “que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar”21. ElComité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que supervisa el cumplimiento de las obligaciones jurídicas incorporadas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha instado a los estados parte en repetidas oportunidades a que sometan al personal militar acusado de cometer violaciones de derechos humanos a la justicia penal ordinaria

Las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo recientemente por el Congreso de su país destinadas a la “modificación del marco legal que establece el apoyo, por parte de las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional del Perú”23 constituyen una excelente oportunidad para abordar esta materia. Instamos al ilustrado gobierno de S.E. a que use estas facultades para reformar el Decreto Legislativo 1095 a fin de aclarar que el personal militar que sea acusado de violaciones de derechos humanos contra civiles debería ser investigado, imputado y procesado por autoridades de la justicia penal ordinaria.

Aprovecho la oportunidad para expresarle a S.E. los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

José Miguel Vivanco
Human Rights Watch
Washington, DC, EEUU


CC: Dr. Juan Jiménez Mayor, Presidente del Consejo de Ministros
Ministro Wilfredo Pedraza Sierra, Ministerio del Interior
Ministra Eda Rivas Franchini, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministro Pedro Cateriano Bellido, Ministerio de Defensa
Dr. José Antonio Peláez Bardales, Fiscal de la Nación
Dr. Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo (e)


HUMAN RIGHTS WATCH  20.09.2012