30 de junio de 2009

MINERÍA AMENAZA LA BIODIVERSIDAD DE CAJAMARCA


Llamado de atención para las autoridades nacionales y regionales del alcalde de Llapa, José Marciano Suárez, reconocido luchador y defensor de nuestra ecología.

La autoridad edil informó que su distrito es sede de la feria de “Biodiversidad y plantas medicinales” que se desarrollará del 17 al 19 de julio.

El distrito de Llapa (San Miguel) organiza la segunda feria de “Biodiversidad y plantas medicinales” del 17 al 19 de julio para promocionar el valor y cuidado de las diversas variedades que suman más de 280 en esta zona, informó el alcalde distrital José Marciano Suárez Suárez, quien además es un reconocido luchador y defensor de la ecología de la región Cajamarca.

BIODIVERSIDAD EN PELIGRO
El alcalde llapino asegura que “en el mundo estamos amenazados por el calentamiento global de la tierra, hay plantas y animales que se están extinguiendo, y como en nuestras regiones no se hacen ferias de promoción de la biodiversidad a veces los propios niños, la juventud, no conocen que tienen en sus lugares y cuando uno no conoce no le da el valor, y obviamente estamos contribuyendo a deforestar, estamos contribuyendo a la pérdida de estas plantas que por años están en nuestra tierra”.

Pero, luego precisa que “la gran amenaza de de la biodiversidad en nuestra región es la minería, en caso de la Selva es la minería, la actividad petrolera y las empresas extractoras de madera; que van arrasando con toda la biodiversidad que existen en esas zonas”.

“Por ejemplo, revisando el libro ‘La Jalca de Oro’ de Isidoro Sánchez, ahí se señala una serie de animales y plantas que existieron en el área de expansión de Minera Yanacocha, vamos a ver si esos animales hay ahora, imposible, han desaparecido; entonces, las empresas mineras están prácticamente arrasando con la flora y la fauna de nuestras comunidades”, nos comenta.

Pero reconoce que “la población también afecta a la biodiversidad, en el caso del uso excesivo de las plantas, la sobre explotación. En caso de la fauna, el uso de los agroquímicos afecta terriblemente -por ejemplo a las aves silvestres- ya que hay muchos animales o seres vivos pequeños en la tierra que son el alimento de otros, pero por la utilización de estos agroquímicos terminan muriendo y afectando la alimentación de los otros animales. El uso excesivo de los agroquímicos es un serio problema que amenaza la biodiversidad”.

“También la presencia de los residuos sólidos es otro problema muy grave. Antes se utilizaba -en las poblaciones campesinas y rurales- la talega, mantel o alforja para realizar las compras; ahora se lo hace en una bolsa de plástico, la que luego se arroja a la naturaleza y genera contaminación ambiental, que termina siendo otro problema grave que afecta la existencia de la biodiversidad”, explica.

GOBIERNO NO HACE NADA
El alcalde de Llapa señala que el gobierno central no hace nada por la biodiversidad y las autoridades regionales hacen muy poco. “A Pronamachcs [hoy Agro Rural] no lo vemos. Aparte que en sus programas de reforestación utiliza eucalipto, pino y ciprés, que son plantas exóticas, y que poco a poco van eliminando a las plantas nativas del lugar, ya que estas especies son los ‘atilas’ de los andes; entonces ahí debe haber una conciencia de las instituciones para hacer un trabajo en conjunto que nos permita proteger la diversa riqueza que tenemos en nuestra región”.

Agrega que “el gobierno regional está trabajando la zonificación ecológica y económica de la región Cajamarca, pero es un trabajo que va con pies de plomo, pienso que la minería le puso tremendos zapatos de plomo a los funcionarios para que no avancen; porque mientras el trabajo de zonificación ecológica va con pies de plomo, la minería va en un jet a una tremenda velocidad, entonces estamos en una gran desventaja porque la minería avanza y va llegando a muchos territorios, mientras las instituciones -como el gobierno regional- son lentas, no hacen nada, por lo que con el tiempo vamos a perder muchísima biodiversidad y esta riqueza muy grande que tenemos en nuestra región”.

Puntualiza que “tenemos muchos sectores importantes en nuestra región, y especialmente en las zonas rurales donde aparece la defensa de los campesinos, quienes cuidan su biodiversidad, porque es parte de su herencia que recibieron, pues el hombre andino se considera parte de la naturaleza, y no es como el hombre de la cultura occidental que quiere explotarlo todo; pues el hombre andino quiere convivir, porque considera que la planta y el animal son miembros del mismo espacio que comparte, ya que dentro de la cosmovisión andina es un solo conjunto hombre, animales y plantas en la tierra, llamada pachamama”.

DETALLES
La segunda feria de “Biodiversidad y plantas medicinales” es organizada por la municipalidad distrital de Llapa, en coordinación con la Asociación de Defensa y Educación Ambiental (Adea) y las instituciones y organizaciones distritales; quienes retomaron el trabajo iniciado el 2004 cuando se realizó la primera feria en este distrito sanmigueleño.

En esta feria “vamos a hacer concursos de plantas medicinales, tanto nativas que son las que se ubican en los cerros, así como las cultivadas que son las que se ubican en los huertos” precisa José Suárez, agregando que “luego realizaremos un concurso de plantas ornamentales, ya que hay mucha producción de flores en Llapa, además de exposiciones con especialistas, y finalmente planteamos un concurso de animales menores y animales silvestres”.

Agrega que están preparando a la población de su distrito para que inicien la industrialización de las hierbas y plantas “en jarabes, mates, ungüentos, pomadas, para lo cual hay algunos especialistas encargados de capacitar a las personas del lugar para utilizar las plantas de manera racional y con mejores posibilidades de venta”.

CLARIDATO
Llapa, llamado “sucursal del cielo” por su hermosura en los paisajes, tiene en el cerro Negro, lleno de oro, una fuente de vida natural que es importante conservarlo.

Diario El Clarín-Cajamarca 30/06/2009





CANCHIS REINICIA HUELGA GENERAL


Descontento en el sur no cesa.

DETALLE

A las cero horas de hoy empezaron con el bloqueo de vías. En los próximos días la medida podría radicalizarse debido a que el gobierno no presentó propuestas concretas de solución a las demandas contenidas en la plataforma de lucha.

Las 17 bases del Comité de Lucha de la provincia cusqueña de Canchis decidieron anoche, tras varias horas de debate, reiniciar hoy su huelga indefinida, ante la negativa del gobierno ante la demanda de que concerte con la población el proyecto hidroenergético Sallca Pucará y anule las concesiones mineras otorgadas por el gobierno sin aprobación de las comunidades.

La medida de fuerza fue suspendida por 72 horas el pasado viernes, para debatir lo tratado previamente con el premier Yehude Simon. Ayer, durante varias horas, los comuneros discutieron la respuesta del Ejecutivo, que propone ejecutar el acuerdo de noviembre de 2008, cuando el premier se comprometió a elaborar un estudio de impacto ambiental en la zona alta y media del valle del Sallca, estudio que no ha empezado siquiera a diseñarse.

Los asambleístas de Canchis consideraron el planteamiento gubernamental como una “mecida” y una “burla”, por lo cual decidieron reiniciar la protesta generalizada, con bloqueos de carreteras.

El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Canchis, Mario Tapia, dijo que “todas las bases acordaron desestimar la propuesta, ya que no hay nada a favor de la población y, por el contrario, todo sigue a favor de los empresarios privados”.

“Vamos a reunirnos de todas formas con el premier Yehude Simon, pero no en Lima, sino en Canchis, donde se inició el diálogo. Ningún dirigente está facultado para hablar en Lima con el Ejecutivo”, expresó.

“Nosotros luchamos por la vida, eso pedimos que entiendan; no existen banderas políticas como el gobierno pretende hacer creer. Protegemos nuestro territorio”, indicó.

Agregó que los canchinos exigen la cancelación del proyecto Sallca Pucará, por considerar que afectará sus aguas y terrenos, la derogación de la Ley de Recursos Hídricos y la anulación de las concesiones mineras, y nada de esto ha sido atendido por el gobierno.

La respuesta del gobierno a las demandas de la provincia fue entregada a los dirigentes comunitarios por el gobernador de Canchis, Sergio Llerena y el alcalde de la provincia, Mario Velásquez.

Diario La Primera-Lima 30/06/2009





VARIAS PROPUESTAS Y NINGUNA DECISIÓN SOBRE DOE RUN


Fundición de La Oroya no opera desde inicios de mes por falta de concentrados. Los trabajadores todavía no presentan la medida cautelar.

Tras casi una semana de haberse levantado el paro general en La Oroya, la situación en el complejo metalúrgico que opera Doe Run Perú (DRP) todavía es incierta, pues hasta el momento no se ha tomado ninguna medida para reactivar la fundición.

Como se recuerda, el miércoles los sindicatos de DRP acordaron presentar una medida cautelar para solicitar la administración judicial de la empresa. Sin embargo, al día siguiente, Juan Carlos Huyhua, gerente general de DRP, se reunió con los trabajadores para presentarles una propuesta alterna.

En tanto, Buenaventura, uno de los proveedores de la operadora, dijo que los acreedores podrían recurrir al Indecopi. A la fecha, ninguna de las propuestas se ha hecho efectiva, pero los trabajadores anunciaron que hoy o mañana presentarían la medida cautelar, tras lo cual solicitarán el asesoramiento del gobierno para obtener dinero fresco para echar a andar la fundición.

“Sabemos lo que es una medida cautelar, pero ignoramos el procedimiento y consecuencias que pueda tener más adelante; por eso necesitamos el apoyo del gobierno”, precisó Roberto Guzmán, secretario del sindicato metalúrgico.
Sobre la propuesta de DRP, el dirigente dijo que se acordó que la misma sea presentada al MINEM.

Precisiones

Solución integral. El vicepresidente de Asuntos Ambientales de DRP, José Mogrovejo, dijo que la propuesta de la empresa, que incluye US$ 31 millns. De dinero fresco, es la única que plantea una solución integral al problema.

MINEM. El ministerio informó que hoy responderá al planteamiento de DRP. Se debe señalar que las mineras proveedoras rechazan la propuesta porque no garantiza la viabilidad de La Oroya.

Diario La República-Lima 30/06/2009





Aprodeh evalúa recurso de nulidad contra resolución que declaró prescripción a favor de ex marino Teodoro Bernabé.
PIDEN SE REABRA CASO EL FRONTÓN


La masacre de El Frontón volvería a verse en los tribunales, cuando se resuelva el hábeas corpus.

La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, evalúa presentar un recurso de nulidad de la resolución irregular que archivó la investigación al ex marino Teodoro Bernabé, con el objetivo de que sea incluido nuevamente en el proceso por la matanza de presos de la antigua isla penal El Frontón, ocurrida durante el primer gobierno del presidente Alan García.

La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) suspendió a los vocales Nancy Ávila León, Jorge Egoávil Abad y Mallson Urbina, ex integrantes de la Tercera Sala Penal, por no fundamentar correctamente la resolución de archivamiento del juicio seguido contra Bernabé, bajo la figura de la prescripción.

Al respecto, Gloria Cano comentó que la conducta de los magistrados suspendidos fue realmente cuestionable y consideró acertada la decisión de la Ocma. Pensamos que la resolución de la Tercera Sala Penal con reos Libres debería ser declarada nula por cuanto no está ajustada a la ley.

“Nosotros plantearíamos que cuestione el fondo de esta resolución en la nulidad de acto jurídico, porque el Tribunal Constitucional se planteó solamente las formas por las cuales se solicitó que esta resolución sea declarada inconstitucional. De ser amparada la nulidad, el ex marino Teodoro Bernabé podría ser incluido nuevamente en el juicio”, sostuvo. La jurista Gloria Cano confirmó en otro momento que otros 23 implicados han presentado un recurso de hábeas corpus, solicitando que se archive el proceso que se les sigue bajo el supuesto de que ya han prescrito. Recordó que, de ser el caso, la resolución final del Consejo Nacional de la Magistratura deberá separar del Poder Judicial a los vocales Ávila León, Egoávil Abad y Mallson Urbina.

Diario La Primera-Lima 30/06/2009





SOBRE HÉROES Y (35) TUMBAS


Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe


Lo que debiera hacer la oposición (si hubiera una)

La oposición tiene esta mañana, cuando se debata y vote la censura a los ministros Yehude Simon y Mercedes Cabanillas, la oportunidad de mostrar que es capaz de hacerse sentir para recoger el sentir ciudadano, o que solo es un jarrón decorativo.
El país y el gobierno necesitan una renovación ministerial para obtener oxígeno e iniciar el cuarto año del lustro político con mejor perspectiva. Los mismos interpelados lo han reconocido. El premier ha dicho que dejará el cargo de todas maneras, y la ministra del Interior que ya presentó la renuncia.

¿Deben salir Simon y Cabanillas? Sí. No son los únicos responsables en el gabinete, pero es obvio que la renovación debe empezar por ambos. No porque ellos hayan buscado el resultado lamentablemente trágico que se tuvo –en modo alguno se puede pensar eso–, sino porque los dos estuvieron en el centro de las decisiones políticas que constituyeron un ejemplo de mal gobierno, de incapacidad de comprender la situación generada, y de actuar a destiempo y mal.

Eso está en línea con la evaluación de la opinión pública sobre la crisis amazónica. Si todavía no se han concretado las renuncias de los ministros Simon y Cabanillas es porque el gobierno espera obtener algún beneficio político de la interpelación. Si no hay censura, para proclamar un triunfo frente a la supuesta conspiración; y si la hay, para blindar al próximo premier y endurecer las posiciones actuales.

Si hubiera una oposición inteligente y con capacidad de articular estrategias en función de principios antes que de componendas, podría plantearse objetivos como, por ejemplo, censurar a la ministra del Interior como expresión de la responsabilidad política que corresponde por una operación mal planeada y con alto costo (la mayor matanza de policías en toda su historia), pero no despedir al premier pues este caerá de todas maneras y se puede evitar el escenario de una eventual disolución del Congreso que sería muy perjudicial.

Lo más probable, sin embargo, es que hoy no veamos muchos principios sino el resultado de cuchipandas bajo la mesa. Ya se habla, por ejemplo, del ofrecimiento de vicepresidencias en el Congreso y de carteras en el nuevo gabinete. Lo que el Apra habría hecho con el gobierno actual si fuera oposición.

Los que perdieron una elección no es que hayan sido exonerados de la tarea de trabajar activamente por el progreso del país, sino que han recibido el mandato de realizar una ‘oposición leal’ en el entendido de que se puede discrepar e incluso actuar en sentido contrario al del partido que ganó el derecho de gobernar sin que ello implique que estén fuera de la Constitución o rompiendo las reglas del sistema político.

Diario La República-Lima 30/06/2009





HELICÓPTERO HABRÍA PRECIPITADO MASACRE EN LA ESTACIÓN 6


Según testimonio de militar que lideró personal. De comprobarse esta versión, se negaría la que responsabiliza de las muertes a una información radial.

Miguel Gutiérrez.

Los nativos asesinaron a 12 de los 38 efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones (Dinoes) cautivos al advertir que helicópteros de las fuerzas armadas sobrevolaban la estación petrolera Nº 6 y no necesariamente las noticias propaladas por las emisoras radiales, según el reporte de un militar en la zona.

En el informe Nº 003 del 13 de junio del 2009, documento que forma parte del Acta de la Junta Especial de Investigación Operativa de los sucesos, el teniente coronel de infantería Juan Velasco, a cargo de las tres patrullas, relata que “fueron sembrados por helicópteros a dos kilómetros de la estación Nº 6 entre las “13:30 y las 14:20 horas del 5 de junio del 2009”.

Estas patrullas tenían la orden de relevar a los policías, tal como se acordó en reuniones en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El oficial refiere que el piloto del helicóptero antes de dejar a los militares realizó un sobrevuelo. “Entonces visualizamos que las instalaciones se encontraban tomadas por nativos, alrededor de 1,200 personas dispersadas en las instalaciones”, indicó.

Este acto habría determinado que los nativos optaran por dar muerte a los efectivos y no las noticias radiales que daban cuenta del desalojo en la Curva del Diablo.

“A las 19.30 (la patrulla) se encuentra con un policía que les informa que los nativos que controlan la Estación 6, al escuchar los helicópteros separaron a los 18 policías, entre ellos el comandante Miguel Montenegro, jefe del grupo Diroes, y los llevaron a una colina, a 400 metros de la carrozable hacia el monte, y los asesinaron con las AKM capturadas”, dice el informe.

La patrulla llegó al día siguiente

En su reporte, el oficial dice que las patrullas, pese a tener conocimiento de los hechos de la masacre, continuaron su camino hacia la base militar. Al día siguiente las patrullas llegaron a la estación Nº 6 y solo hallaron 5 fusiles y los 9 cuerpos a 500 metros de la carretera.

El oficial indica también que no intervinieron la estación Nº 6 por un acuerdo previo con los nativos que le bloquearon el acceso a la estación. Los militares ignoraban completamente que los policías estaban a pocos metros ya muertos.

“Alrededor de las 18 horas, las patrullas pasan frente a la puerta principal de la Estación 6, donde verifican que hay entre 300 y 350 nativos entre hombres mujeres y niños. Es en esos momentos que hacen indicaciones a los nativos para que no hagan daño a los policías rehenes y que al día siguiente regresarían para seguir conversando, lo cual recibió una respuesta afirmativa con un movimiento de cabeza”, detalla el informe.

Diario La República-Lima 29/06/2009





Informó Defensor del Pueblo de Amazonas
DEFENSORÍA DARÁ INFORMACIÓN PRELIMINAR SOBRE INVESTIGACIÓN DE POSIBLES DESAPARICIONES EN BAGUA


:: Hasta el momento, Defensoría sólo ha visitado comunidades a las que existe el acceso a través de pista

Desde la semana pasada, la Defensoría del Pueblo recopila información para, o bien descartar las denuncias de desapariciones tras los sucesos de Bagua del 5 de junio, o corroborarlas a través de la elaboración de un listado de personas que hasta el momento no han regresado a sus comunidades, por lo que se encontrarían bajo el estatus de desaparecidos.

El Defensor del Pueblo de Amazonas, Roberto Guevara, confirmó a CNR que han visitado las comunidades cuyo acceso es posible por carretera, como Imazita (Bagua) y Nieva (Condorcanqui).

Guevara informó que mañana en la Defensoría del Pueblo se informará de los resultados de este informe preliminar sobre personas no habidas pero también quiso aclarar que todavía faltan al menos dos viajes más para comprobar la situación en las comunidades que únicamente tienen acceso por río.

“La investigación no ha terminado”, señaló el defensor de Amazonas. “La próxima semana vamos a visitar otras comunidades de otro sector y con dos viajes más ya se habrá terminado un recorrido que cubra un porcentaje significativo de las comunidades”.

El alcalde de la municipalidad provincial de Condorcanqui, Hector Requejo, confirmó a CNR que en la capital, Nieva, no tiene conocimiento de denuncias de personas desaparecidas, pero opinó que sería necesario viajar a Huahuas y a otras comunidades alejadas por río para corroborar o descartar estas versiones.

Al igual que la Defensoría, instituciones como la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y el Vicariato de Jaén también se encuentran corroborando información para elaborar un listado definitivo de personas no habidas. Debido a la dificultad para llegar por río a las comunidades y lo extenso de la zona, estos listados se encuentran en una etapa preliminar.

Cabe recordar que el pasado 20 de junio, Aprodeh, junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) difundió haber recogido alrededor de un centenar de testimonios de amigos y familiares de personas que no habrían regresado a sus comunidades de origen desde los enfrentamientos del 5 de junio, muchas de las cuales provenían de la zona de Huahuas (Bagua. Amazonas)

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 29/06/2009





ALAN GARCÍA INSISTE EN LA TESIS DEL COMPLOT INTERNACIONAL PARA EXPLICAR LAS PROTESTAS


En nuevo artículo advierte que vivimos en una guerra fría con gobernantes extranjeros. Presidente lamenta que en el Perú “la conciencia política no marche tan rápido como el crecimiento material”.

El presidente de la República, Alan García, retomó este domingo la senda de los artículos periodísticos que inició el 28 de octubre del 2007 con “El síndrome del perro del hortelano” para analizar los últimos conflictos sociales en el país.

“A la fe de la inmensa mayoría” es el título del artículo publicado en el diario Expreso, en el cual el jefe del Estado esta vez insiste en la teoría de la conspiración internacional como explicación a la tensión social que vive nuestro país.

Más de veinte días después de los trágicos sucesos de Bagua, García Pérez sostiene que lo sucedido en es parte de un conflicto continental, pero va más allá al afirmar que “ahora vivimos en una guerra fría en la que participan gobernantes extranjeros”.

Recuerda que el 2006, dos modelos políticos y económicos pugnaban por el poder: “De un lado, la democracia política y económica que aprovecha el avance del mundo y, de otro, el estatismo económico y la demagogia que detiene a los países. Nuestra nación estuvo a punto de caer en el sendero equivocado que conduce a la pobreza y a la crisis”, señala.

En aquella oportunidad, subraya García, el Perú ganó la batalla y escogió un camino comprobado para el crecimiento, lo cual está reflejado en las cifras del crecimiento económico .Sin embargo, lamenta el jefe del Estado, la “conciencia política no marcha tan rápido como el crecimiento material”.

Señala a ‘Antisistemas’

Esta situación, indica, es aprovechada por grupos antisistema que, en su opinión, “son una minoría” que moviliza un máximo de 50 mil personas. Asegura que esos grupos no pasarán, pues a ellos se antepone la mayoría demócrata y racional que está silenciosa por dejarse atemorizar por radicales.

A la mayoría García le invocó a usar más la radio, los blogs o el internet para exponer sus ideas.

Vargas Llosa coincide

En sintonía con los escrito por el jefe del Estado, el escritor Mario Vargas Llosa también publicó un artículo en el que señala los presidentes Evo Morales y Hugo Chávez apoyan a los grupos extremistas y demagogos que promueven la violencia en el Perú.

En el caso de Bagua, considera que el gobierno erró al no consultar a las comunidades indígenas los decretos legislativos que los involucraban directamente, pero dice que no es seguro que ese método hubiera sido más eficaz, pues la intromisión extranjera viene intoxicando a la amazonía.

Afirma que los decretos fueron satanizados, pues estaban bien orientados en el fondo. Por ello sostiene que los nativos consiguieron una victoria pírrica con su derogación, pues con ello alejaron a la inversión privada que trae desarrollo.

Diario La República-Lima 29/06/2009





LA OPOSICIÓN LE CRITICA A GARCÍA SU ENFOQUE PARCIAL DE LA REALIDAD


El mandatario dice que hay una guerra fría en la que participan gobernantes extranjeros. Carlos Raffo afirma que si García sigue viendo los problemas fuera de casa, no solucionará nada.

El Gobierno volvió a utilizar la teoría del complot y la conspiración internacional para tratar de explicar, en buena medida, los conflictos y la convulsión social que se vive en el país – sobre todo en el interior –, solo que esta vez el presidente Alan García lo puso en blanco y negro, en un artículo titulado A la fe de la inmensa mayoría, que publicó en el diario Expreso.

“Esto es parte de un conflicto continental (…). Vivimos una guerra fría en la que participan gobernantes extranjeros”, afirmó el jefe del Estado, tras sostener que en el Perú aún subsisten los grupos “antisistema’ que lo que buscan es precipitar la caída del Gobierno en la segunda mitad del mandato para convocar a una asamblea constituyente, establecer la reelección y estatizar las empresas.

Pero este discurso parece que no convenció a la oposición en el Parlamento, pues ayer varios de sus representantes –en diálogo con Perú.21– coincidieron en que el análisis o diagnóstico que el mandatario hace sobre la problemática social es, por decir lo menos, parcial e incompleto.

El legislador fujimorista Carlos Raffo admitió que hay una operación en marcha –promovida por el presidente venezolano Hugo Chávez– que viene impulsando a los movimientos antisistema en el Perú, pero también resaltó que esa ofensiva no tendría ningún impacto en el Perú si es que no hubiera un país insatisfecho.

“Si el presidente sigue buscando el problema fuera de su casa, no va a llegar a la solución fácilmente (...) No es correcto tirarle la pelota a los demás. Si este gobierno no acepta que está enfermo de ineficiencia, no va a llegar a ninguna parte”, enfatizó.

Carlos Bruce, de la Alianza Parlamentaria, reconoció que hay grupos que quieren imponer en el país modelos que no garantizan el progreso, pero, al mismo tiempo, criticó la poca capacidad del Ejecutivo para activar mecanismos de diálogo permanentes con las poblaciones que tienen un sinnúmero de reclamos, expectativas y necesidades por satisfacer.

Aseveró que el mandatario y sus ministros se han acostumbrado a dirigir el país desde los escritorios de sus oficinas y que “el Gobierno ha querido transitar por una senda autoritaria, porque es más fácil solucionar los problemas mandando a los policías que sentándose a dialogar”.

BÚMERAN POLÍTICO. Más enérgico fue el nacionalista Daniel Abugattás, quien sostuvo que el jefe del Estado “está viendo fantasmas donde no los hay”, y agregó que si realmente hubiera participación de gobiernos extranjeros en las protestas, debería romper relaciones con ellos. “Lo que dice es un búmeran para el presidente, porque denuncia pero no hace nada; entonces, o es mentira o es un ineficaz”, insistió.

El congresista especuló que la idea de García, al hacer estas aseveraciones, es preparar el camino para empezar a tomar medidas más dictatoriales y “perpetuar el liberalismo económico que propugna y para poder mantenerse en el poder hasta el final de su mandato”. Como no tiene propuesta –aseveró–, lo único que hace es seguir la línea que le dejó el ex presidente norteamericano George W. Bush.
Por el lado de Unidad Nacional, Guido Lombardi dijo que por más que existan indicios de la interferencia de Venezuela o de Bolivia, pretender mostrar eso como el asunto de fondo de la reciente crisis social revela que el Ejecutivo no está comprendiendo los verdaderos problemas de la población, como la exclusión de las comunidades nativas e indígenas.

ANTIAPRISMO. Después de conocer las críticas que emanaron de las distintas bancadas parlamentarias, el secretario general del Apra, Mauricio Mulder, respondió que la oposición nunca va a aceptar lo que venga del Gobierno por la sencilla razón de que sus miembros son “antiapristas”.

“Frente a gente obtusa, no tengo nada que decir (...) Aunque parezca soberbia, no me interesa lo que digan en la oposición”, manifestó el legislador oficialista tras señalar que no se cansarán de denunciar el complot político, que tiene raíces internacionales. “El que lo quiere creer, que se lo crea, pero al final, va a haber una falta de espíritu democrático para defender el sistema”, recalcó a Perú.21.

Diario Perú21-Lima 29/06/2009





EMPRESARIOS NO CREYERON EN ‘BLINDAJE’


Este año inversión privada crecerá apenas 2.5%, cuando el 2008 subió 25%. Pese al reiterado pedido presidencial de mantener nivel de inversiones, empresas postergaron proyectos ante incertidumbre de crisis internacional.

José Carlos Reyes.

Cuando en noviembre del año pasado, en el marco de la CADE, el presidente Alan García, en un enérgico discurso frente a decenas de empresarios, los exhortó a no dejar de invertir en el Perú y “no asustarse” por los efectos de la crisis ya que “garantizaba” que el PBI no crecería menos de 6.5% en el 2009, pocos se imaginaron que seis meses después el panorama cambiaría significativamente.

Ya en mayo último, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tuvo que reajustar a la baja el crecimiento del PBI a 3.5% para este año.

Y es que el impacto de la crisis internacional resultaba evidente ante la menor demanda externa e interna, lo cual inevitablemente afectó las expectativas de la inversión privada, sector vital para nuestra economía (explicó casi la mitad del crecimiento del PBI el 2008)

Así, mientras el año pasado la inversión privada creció 25.6%, el Banco Central de Reserva (BCR) reajustó a la baja sus proyecciones para este año y prevé que apenas crezca 2.5%, mientras que el MEF es más optimista y calcula un aumento de 5%.

Cabe indicar que durante el primer trimestre del año, la inversión privada apenas creció en 1.8%, cifra considerablemente menor al 19.7% de crecimiento reportado en el mismo periodo del 2008.

Para el economista Kurt Burneo estas cifras demuestran que el sector empresarial nunca creyó en las proyecciones del presidente.
“Pese a que aplaudían sus discursos, otra fue la actitud al momento de decidir sus inversiones, pues (los empresarios) tienen contacto día a día con la economía y saben su real evolución”, sostuvo.

Postergan proyectos

Entre los principales sectores que han reducido sus niveles de inversión está el minero. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) refiere que debido a la incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial y de los precios de los minerales, al rededor del 60% de los proyectos de exploración y explotación mineros para el periodo 2009-2012 están paralizados o en evaluación.

La CCL toma como ejemplo el anuncio a inicios de año de la paralización de los proyectos de la mina Conga de Yanacocha (requiere inversión de US$ 1,500 millones) y la explotación de cobre de Southern Perú en Apurímac (inversión de US$ 1,200 millones).

Burneo agregó que también preocupa la caída de la inversión de los sectores Manufactura y Comercio, y su impacto directo en el nivel de producción. Entre enero y abril de este año la producción de estos sectores cayó en -7,35% y -0,35%, respectivamente.

Sincerar cifras

El retroceso de la inversión privada continuaría. La consultora Macroconsult prevé para el segundo trimestre, después de muchos años, una tasa de crecimiento negativa. ¿Cómo frenar la caída?

“Primero, el gobierno debe ganarse la confianza del empresariado diciendo la verdad (sobre la real caída del PBI). Fue un gran error esos anuncios exagerados que sólo generaron incertidumbre en el sector privado”, apuntó Burneo.

Datos

Cae IED. Según el BCR el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) se reduciría de US$ 4,079 millones (en el 2008) a US$ 2,824 millones en el 2009.

Impacto. Entre el 2001 y el 2008 la IED explicó cerca del 20% de la inversión privada total. Debido a la rebaja del 2009, este año sólo representará el 10%.

Caerá aporte de las inversiones

Debido a la caída de la inversión privada, este sector tendrá una contribución al crecimiento del PBI casi cinco veces menor al aporte del 2008. Mientras el año pasado la inversión pública contribuyó con 5.1 puntos porcentuales al 9.8% de crecimiento del PBI, para este año el BCR calcula que el aporte será de apenas 0.6 puntos porcentuales.

Al parecer el gobierno apuesta todo al impulso de la inversión pública para sostener el PBI de este año. El BCR proyecta que el aporte de la inversión pública al alza del PBI crezca de apenas 1.4 puntos porcentuales en el 2008 a 2.1 este año. “Pero ello no alcanzará para lograr el 3.5% de crecimiento del PBI que proyecta el gobierno. El PBI en el mejor de los casos crecerá 1.5%”, subrayó Burneo.

Diario La República-Lima 29/06/2009





INVESTIGUEN ILEGALES EMBARGOS EN PIURA


Propiedades en litigio.

DETALLE

El jueves último, los afectados por estas expropiaciones se reunieron en el distrito piurano de Los Órganos y acordaron formar una asociación para defender sus derechos. Más pobladores están uniéndose para luchar por sus casas, incluido el gremio de transportistas y diversos asentamientos humanos que están a punto de ser desalojados.

La congresista piurana Marisol Espinoza expresó ayer su preocupación por los desalojos irregulares que el gobierno ha iniciado, a través de la Superintendencia de Bienes Nacionales, contra miles de pobladores de diversas zonas del departamento de Piura, quienes reclaman la propiedad de los predios que ocupan desde hace décadas y que están ubicados en unos terrenos que Petroperu abandonó.

La intención del gobierno es expropiar estos lugares para venderlos a inversionistas extranjeros, el hecho fue denunciado por LA PRIMERA y por ello la parlamentaria viajó hasta la zona, y tras conocer esta problemática anunció que mañana martes presentará ante las comisiones de Fiscalización y de Vivienda sendos pedidos para que el Congreso tome cartas en el asunto.

“El gobierno está violentando el derecho a propiedad de las personas que tienen la posesión de estos terrenos por muchas décadas sin que el gobierno central les haya reclamado antes. Es algo nefasto que el gobierno, en lugar de solucionar un problema social y sanear estas tierras a favor de la gente que lo necesita, piense primero en venderlas, nunca se han preocupado por ellos para darles agua o desagüe y ahora van y los amenazan con un desalojo”, indicó Espinoza tras criticar la política del presidente Alan García de vender y rematar todo

“Cada vez es más notable la intención que tiene García por vender el Perú”, apuntó la parlamentaria quien luego detalló que la misma táctica de expropiación y reventa ha sido aplicada en la zona denominada La Huaca, también en Piura, donde la población está indignada y a punto de salir a las calles para evitar ser desalojada de sus casas que mediante la figura legal de prescripción adquisitiva les pertenece.

La intención del gobierno es expropiar estos lugares para venderlos a inversionistas extranjeros, el hecho fue denunciado por LA PRIMERA y por ello la parlamentaria viajó hasta la zona, y tras conocer esta problemática anunció que mañana martes presentará ante las comisiones de Fiscalización y de Vivienda sendos pedidos para que el Congreso tome cartas en el asunto.

“El gobierno está violentando el derecho a propiedad de las personas que tienen la posesión de estos terrenos por muchas décadas sin que el gobierno central les haya reclamado antes. Es algo nefasto que el gobierno, en lugar de solucionar un problema social y sanear estas tierras a favor de la gente que lo necesita, piense primero en venderlas, nunca se han preocupado por ellos para darles agua o desagüe y ahora van y los amenazan con un desalojo”, indicó Espinoza tras criticar la política del presidente Alan García de vender y rematar todo

“Cada vez es más notable la intención que tiene García por vender el Perú”, apuntó la parlamentaria quien luego detalló que la misma táctica de expropiación y reventa ha sido aplicada en la zona denominada La Huaca, también en Piura, donde la población está indignada y a punto de salir a las calles para evitar ser desalojada de sus casas que mediante la figura legal de prescripción adquisitiva les pertenece.

Diario La Primera-Lima 29/06/2009




Niegan infiltraciones de Sendero o del MRTA en protestas de Canchis

CAMPESINOS DE CANCHIS DISCUTEN PROPUESTA DE LA PCM


Los dirigentes campesinos de la provincia cusqueña de Canchis se reúnen para evaluar la propuesta que les remitió la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y decidir si prolongan la tregua de 72 horas que dieron a las autoridades o reinician la huelga que suspendieron el último jueves.

El presidente del Comité de Lucha de Canchis, Alejo Valdez, informó que tras recibir el documento de la PCM, las federaciones campesinas de la provincia se reunieron en el distrito de Combapata, y comentó que de los ocho puntos que contiene la propuesta, el primero es el que podría generar disconformidad entre los dirigentes.

Una de las principales demandas de la provincia cusqueña es la no privatización de la hidroeléctrica Salcca Pukará, pero en su propuesta la PCM desestima este pedido, por lo que podrían agudizarse los conflictos, sobre todo de la población de Combapata, donde se realizaría el proyecto hidroenergértico, consideró el líder campesino.

Por su parte, el secretario general del Frente Único de Defensa de los Intereses de Canchis, Mario Tapia, precisó que durante la reunión se acordará también si una comitiva de campesinos viaja hasta Lima para discutir la propuesta con el Primer Ministro, por lo que la tregua de 72 horas se ampliaría para los próximos días.

Por la mañana, el secretario de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Juan Manuel Figueroa, informó que del envío de la propuesta a los campesinos y de la convocatoria para una reunión en Lima el próximo 6 de julio. Indicó que se les está haciendo llegar los planteamientos técnicos elaborados por los propios funcionarios de los sectores involucrados frente a las propuestas que los campesinos remitieron a Lima el viernes.

Dirigentes niegan informaciones publicadas por El Comercio

Respecto a un informe difundido por el diario El Comercio el último jueves, que alude al Secretario General del Frente de Defensa, Mario Tapia y menciona presuntas infiltraciones de Sendero Luminoso y el MRTA en las protestas de Canchis, el dirigente rechazó las acusaciones y aseguró que todos los dirigentes se conocen entre ellos y saben que ninguno tiene vinculaciones con movimientos terroristas.

Por ello, descartó que el tema vaya a formar parte de las reuniones, porque, indicó, la plataforma de lucha es prioritaria.

“El Estado tiene su servicio de inteligencia y si esto estuviera ocurriendo, hace rato nos hubieran detectado”, afirmó en declaraciones para la CNR.

La provincia de Canchis acató por 14 días un paro indefinido en rechazo a la concesión de la central hidroeléctrica de Salcca Pukará y a las concesiones mineras, y demandando la derogatoria de leyes que consideran lesivas para las comunidades campesinas.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 29/06/2009





UN MUNDO SIN PERIODISTAS


Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe


Es lo que quisiera el gobierno de Alan García

A los gobiernos soberbios les cuesta reconocer sus errores y los suelen encubrir con razones exógenas al desempeño propio, como está ocurriendo con el actual cuando usa, como chivos expiatorios, una conspiración externa y –¡qué raro!– la prensa.
Así, en la continuación de su saga periodística, García reiteró ayer –A la fe de la inmensa mayoría-su versión del complot como explicación de su fracaso para encarar los más de 200 conflictos sociales que cada mes recuerda la Defensoría y que son consecuencia del antiguo olvido del Estado.

Radicales siempre ha habido y habrá, pero pretender que los de ahora significan una real conspiración contra la democracia resulta, por la falta de pruebas sólidas, un engaño. “Me bastan las declaraciones de gobernantes extranjeros”, respondió el viernes el presidente cuando se las solicitaron. Tanto lo repite que hasta Evo Morales acabará creyéndose el cuento.

Lo más peligroso es que el combo del presidente también incluye a la prensa como factor desestabilizador pues acaba
“retroalimentando el terrorismo del desorden”. Agrega que “tomar un puente es un hecho pero lograr que todo el país se entere y se atemorice vale mil veces más”, en lo que constituye una evidente invitación a censurar de la cobertura periodística hechos que sin duda son noticia en favor de su propia imagen.

Es lo mismo que opina el dirigente aprista Mauricio Mulder cuando dice que la prensa debe colaborar con el gobierno, o el aún premier Yehude Simon, quien el sábado se la pasó responsabilizando a “una prensa que no gobierna pero sí atiza”.

En dirección similar apuntan algunos empresarios como los que de manera anónima citó El Comercio el viernes en el contexto del riesgo de que la inestabilidad política afecte la inversión: “La prensa no debería prestar tanta atención a sucesos como el de Bagua –y en general a noticias ‘desestabilizadoras’– porque –según ellos– le dan una idea equivocada al mundo sobre cómo va avanzando y desarrollándose el país”.

Eso es parte de la disyuntiva tramposa de que no puede haber ‘prensa neutral’ pues o se está con el gobierno o con la conspiración, y explica iniciativas antidemocráticas como la de Jorge del Castillo contra La Primera para que la Sunat revele su secreto tributario –lo que no hace con sus medios afines– o el cierre ilegal de radio La Voz de Bagua Grande, algo que ha criticado hasta el Consejo de la Prensa Peruana.

Hoy el Perú enfrenta la amenaza creciente de recortes sustantivos a la libertad de expresión por parte de un gobierno que cree que toda crítica a su gestión es herejía desestabilizadora y se la debe castigar, y que –parafraseando el libro de Horacio Verbitsky– mejor estaríamos en un mundo sin periodistas.

Diario La República-Lima 29/06/2009





27 de junio de 2009

EX JEFES POLICIALES DESVIRTÚAN LA VERSIÓN DE CABANILLAS


Según los generales en situación de retiro Luis Montoya y José Tisoc, el ministro es quien ordena las operaciones. Dicen que el plan operativo y la orden de operación deben ser aprobados por el titular del sector.

La ministra había asegurado que la orden de desalojar la Curva del Diablo la dio el director de la PNP. (Yael Rojas)

Dos ex directores generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) pusieron en cuestión ayer la defensa ensayada por la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien, durante la interpelación del jueves último en el Congreso, evadió su responsabilidad en el fallido operativo policial en Bagua. Ante el Pleno del Parlamento, la titular del sector dijo que quien ordenó el desalojo de la zona denominada Curva del Diablo fue el director general de la Policía, “en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales”.

Según el general (r) PNP Luis Montoya Villanueva, “en estos casos las órdenes vienen del aparato político, del ministro del sector o, incluso, del propio presidente de la República. Ahora, si el director general ve que una operación puede generar costos sociales elevados, debe decírselo al ministro; pero, claro, eso ocurre cuando el director general tiene pantalones y opina, no cuando agacha la cabeza”.

Por su parte, el general (r) PNP José Tisoc Lindley indicó que “toda actividad de esa magnitud debe ser consultada con el ministro y, si se planifica un operativo, este también tiene que contar con la autorización del ministro”.

EL PROCEDIMIENTO. Ambos ex jefes máximos de la Policía explicaron a este diario que, antes de un operativo, el alto mando de la Policía elabora dos documentos: el Plan General de Operación y la Orden de Operación. El primero es diseñado por la Dirección de Operaciones Policiales (Direop) y establece el número de efectivos, armas, transporte, entre otros factores, necesarios para la acción. Este documento debe ser aprobado por el director general y, luego, por el ministro. El segundo lo elaboran los jefes de la zona que van a ejecutar la operación, pero también requiere de la aprobación de la Direop, del director general y, por supuesto, del ministro del Interior.

Este procedimiento se siguió en operativos exitosos como el de Santa Anita, el del Alto Huallaga –con las protestas cocaleras–, Corral Quemado versión 2008 e, incluso, en situaciones difíciles como las de llave, Andahuaylas y Moquegua. Según Tisoc y Montoya, es imposible que en el caso de Bagua no se haya procedido de esta manera.

Diario Perú 21-Lima 27/06/2009





SIGUE BÚSQUEDA DE NATIVOS


El asesor legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Juan José Quispe, confirmó ayer la desaparición de nativos indígenas, entre los que se hallarían inclusive apus, que se enfrentaron a la policía en la “Curva del Diablo”, y adelantó que a más tardar el 15 de julio dará a conocer la cifra exacta de los nativos que se encuentran en esa condición.

La información fue contrastada por LA PRIMERA con otras fuentes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Defensoría del Pueblo, que señalaron que la lista preliminar existente consigna a 61 personas cuyo paradero se desconoce hasta el momento, se han sumado otro grupo de desaparecidos que no cuentan con Documento Nacional de Identidad (DNI) y varios menores de edad, que no han retornado a sus respectivas comunidades.

Sigue investigación
“Lo que sucede es que el cruce de informaciones sobre posibles desaparecidos demora porque las comunidades indígenas están muy alejadas entre sí y en zonas inhóspitas. En algunas ya se ha podido determinar casos y en otras todavía no. Pero para mediados de julio tendremos el número exacto de desaparecidos”, subrayó Juan José Quispe.

Diario La Primera-Lima 27/06/2009





LOBBIES Y CONFLICTOS SOCIALES


Por Alberto Adrianzén M. (*)

Las respuestas tanto del Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, como de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, durante la interpelación, demuestran la incapacidad del poder para entender lo que viene ocurriendo en el país. La falta de ideas es tan obvia que han tenido que recurrir una vez más a dos viejos argumentos: a) el complot internacional de los “antisistema”; y b) que la solución a los conflictos se logra cuando se negocia directamente con los que demandan y al margen de intermediarios ya que estos, dice Simon, “anteponen temas políticos”.

Si se observa bien, ambos argumentos apuntan a lo mismo: negarle a los que demandan la posibilidad de hacer política. Ya sea porque son unos simples “títeres” de algún líder o país conspirador (y si es “chavista”, mejor), o, simplemente, porque la política es mala. Lo que dice Simon luego de un curso veloz de “conflictología” es bastante elocuente: “Lo que he aprendido después de veinte horas de diálogo con las comunidades, es que cuando ellos hablan con voz propia, y demuestran sus necesidades que son justas, no hay dificultades, pero cuando alguien los suplanta a ellos y antepone temas políticos, allí están las dificultades”.

Sería bueno preguntarle qué entiende primero por hablar “con voz propia” y segundo por qué asocia palabras como suplantación, temas políticos y dificultades. En realidad, lo que Simon está diciendo es que toda representación política de una de las partes del conflicto (me refiero del lado de aquellos que demandan) es siempre negativa, porque, finalmente, “politiza” el conflicto. La idea de que el pueblo es una suma de “sindicatos” o de “demandantes” y que no merece una representación política (es decir, una identidad política), es el viejo discurso fujimorista y/o autoritario. Al poder le conviene negociar uno por uno cada conflicto (es el triángulo sin base de Julio Cotler); que los demandantes no junten sus demandas, y menos que alguien los represente y que tengan una identidad política. En este contexto Simon antes que un Gandhi que recorre el país proclamando paz y amor, es un pacificador colonial y un padrino al mismo tiempo.

Hoy se habla de éxito en la selva y en Andahuaylas. Cuál éxito, uno se pregunta. Firmar un acta, crear una mesa de diálogo o lograr una tregua que seguramente durará poco tiempo, a estas alturas no es ningún éxito, ya que repite el viejo patrón de comportamiento de los últimos gobiernos. Y es que el problema de nuestro sistema político es que no tiene formas de resolver o de dirimir los conflictos porque aquellos que demandan carecen de representación (e identidad) política. Cuando eso sucede, los desacuerdos no se pueden dirimir mediante formas que la institucionalidad ha ido creando con el tiempo. En estos contextos los conflictos son inacabados, eternos.

Por eso los gobiernos firman actas y crean mesas de diálogo como una manera de mecer o de patear el problema hacia delante; es decir, de no resolver los conflictos y las demandas. Y por eso, también, estamos sujetos-como hoy se demuestra en algunos casos- al chantaje de minorías (incluyo a los lobbies) capaces de generar grandes crisis políticas. Confundir la solución momentánea de un conflicto (otros dirían mecida) con la pacificación, es un error político.

De ahí que los conflictos estallen cada cierto tiempo (son casi estacionales) porque el gobierno no cumple con sus promesas o con las actas firmadas o con las famosas mesas de diálogo. Lo que viene sucediendo, como lo señaló Mirko Lauer en una de sus columnas, es que los instrumentos (mesas de diálogo o actas) para resolver los conflictos sociales en el país se han agotado. Por eso, lo que hace Simon es repetir un viejo libreto. No hay ninguna novedad. Emplea los viejos mecanismos de “solución” que no son solución. Es el “señor” que “escucha” al pueblo. Un Gan-dhi “bamba”.

Lo que vienen mostrando estos conflictos, además, es que los lobbies y los lobistas son los culpables, en gran medida, de lo que está sucediendo hoy. Simon, en lugar de responsabilizar a la oposición por los sucesos de Bagua, le debería preguntar a su ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, por qué mintió, como afirma El Comercio, al decir que la derogación de los DL sobre la selva ponía en peligro el TLC con EEUU y cómo fue el “contrabando legislativo” en la fabricación de estos mismos decretos. O al ministro de Energía, por qué hoy los peruanos nos quedamos sin gas.

Sospecho que la respuesta sería la misma: los lobbies. Hoy el Estado peruano está colonizado por estos lobbies. Ellos presionan y sacan leyes que, por lo general, no favorecen a la población. Sin embargo, estos últimos conflictos estarían mostrando que ese Estado servicial con lobbies y lobistas, está en crisis. Y eso es una buena noticia para la democracia y para el país.

Diario La República-Lima 27/06/2009





Acreedores no aceptan “propuesta” de Doe Run y sostienen que se necesitan 100 millones como mínimo para que siga funcionado.
LLEGÓ A SU HORA CERO


Situación se agrava en el complejo de La Oroya.

DETALLE

Doe Run planteó el miércoles una inyección de 31 millones de dólares de capital fresco por parte del accionista mayoritario y pidió al gobierno una extensión de 30 meses del PAMA. Además, ofreció pagar sólo un tercio de la deuda, comprometiéndose a cancelar la diferencia en tres años.

El gerente general de la minera El Brocal, una de las acreedoras más importantes de Doe Run Perú, Ysaac Cruz, manifestó ayer que es inaceptable y poco serio el plan de rescate que presentó la firma el miércoles, y manifestó que dicha propuesta ha sorprendido a los acreedores, ya que nunca fue presentada en ninguna de las reuniones que han mantenido con la empresa.

“Doe Run debe a sus acreedores 110 millones de dólares, pero pretende pagarles sólo 30 millones para que se les siga proveyendo mineral. Además, pide beneficios tributarios y la extensión del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), lo que es inaceptable y poco serio”, afirmó.

En ese sentido, manifestó que ante la actual situación, la viabilidad de las operaciones de Doe Run está en peligro, y señaló que la única solución pasa por inyectar capital fresco de trabajo de por lo menos de 100 millones de dólares, además de buscar financiación para el cumplimiento del PAMA.

Mala administración
Para el analista de temas mineros José de Echave, la crisis que actualmente afronta la empresa es el resultado de una mala administración y poca transparencia en sus movimientos bancarios, ya que, agregó, una empresa que ha tenido utilidades durante los últimos tres años, no puede alegar que no tiene dinero para cumplir con sus obligaciones.

“Esta empresa ha entrado en este mal momento financiero por los malos manejos. Sin embargo, pese a que están en un grave problema, no quieren meter manos a los bolsillos, pretendiendo que el Estado se haga cargo”, concluyó.

De otro lado, indicó que la situación de inestabilidad que actualmente viven los trabajadores es única y exclusivamente responsabilidad de la empresa y sus malos manejos.

Diario La Primera-Lima 27/06/2009





ACUSAN A MINERA RÍO BLANCO DE CREAR ORGANIZACIONES "PARALELAS" EN PIURA


La empresa minera Río Blanco crea organizaciones “paralelas” en la sierra de Piura, para generar conflictos ya que no ha logrado la aceptación de la población, opinó la subdirectora de la ONG Cooper Acción, Julia Cuadros.

Cuadros Falla dijo que esta situación forma parte de una estrategia de la minera que opta por la creación de organizaciones paralelas que cumplan el rol de provocar a la población y de esta manera acallar los reclamos de la misma, tal como ocurrió cuando se constituyó el Frente por la Unidad de Segunda y Cajas.

Recordemos que este frente fue el que denunció por terrorismo y otros delitos a 35 líderes y defensores de los derechos humanos; denuncia que careció de fundamentos y que fue finalmente archivada por el Poder Judicial.

De la misma manera, la minera estaría actuando en coordinación con ONG Integrando, la cual ha sido cuestionada por generar conflictos entre los mismos pobladores de la zona.

Además, se ha creado una organización de rondas paralela a la ya existente, la cual tendría la finalidad de generar enfrentamientos entre los comuneros.

En tanto, los representantes de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Huancabamba emitieron un pronunciamiento público donde denuncian la conformación de una organización rondera paralela.

Recordaron que fueron elegidos democráticamente el 7 de julio del 2008 y ratificados en consejo extraordinario del 5 de abril del presente año, que tuvo como veedor al máximo representante de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, Daniel Idrogo.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 26/06/2009





Si la empresa metalúrgica concreta la propuesta económica
TRABAJADORES DE DOE RUN DESISTIRÍAN DE PEDIR ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA


Los trabajadores de la fundición de La Oroya están evaluando la propuesta emitida a través de un comunicado por Doe Run. Así lo informó Roiberto Guzmán, secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de La Oroya.

Aunque la decisión de presentar ante el Poder Judicial una medida cautelar que permitiría a los trabajadores asumir la administración de la compañía se mantiene, de concretarse la propuesta técnica presentada por Doe Run ésta pondría fin a las pretensiones de los empleados.

En diálogo con la CNR, el dirigente informó que tras conocer el comunicado de Doe Run dirigieron una carta a la empresa pidiendo que oficialice la propuesta, tras lo cual los representantes de la compañía convocaron a los trabajadores para darles mayores alcances de las medidas que tienen previsto implementar para reiniciar los trabajos.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas en La Oroya los convocó también a una reunión hoy para explicar la situación y escuchar las propuesta de los trabajadores.

Luego de la paralización que hicieran los trabajadores del complejo metalúrgico y la tregua de 30 días que le dieran al gobierno y la empresa, el último jueves Doe Run emitió un comunicado afirmando que no está en bancarrota. El mismo escrito propone inyectar más de 30 millones de dólares a la compañía. Doe Run aseguró poder amortizar la deuda con sus proveedores en tres años más. También pidió la prórroga del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por 30 meses más.

Frente a ello, y mientras no haya una respuesta oficial de parte de los acreedores y los trabajadores, el futuro de la fundición es incierto.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 26/06/2009



26 de junio de 2009

Bloquean vías en Puno, mientras en Cusco dirigentes de Sicuani evalúan fracaso de reunión con Simon. La Oroya se calma, pero Juliaca se enciende.
SIGUEN CONFLICTOS SOCIALES


En compás de espera la situación en Cusco. Las tensiones no descienden.

SIGUE EL PEDIDO

El dirigente de La Oroya explicó que continúa la decisión del sindicato de interponer una medida cautelar al Poder Judicial para solicitar la administración judicial del Complejo Metalúrgico de La Oroya. “Esa fue una decisión del sindicato de trabajadores y estará interponiéndose en Lima, pero queremos escuchar también la versión de la empresa”, refirió, dejando en compás de espera las nuevas acciones.

El viaje de Yehude Simon, previo a la interpelación, no apaga los incendios sociales que siguen remeciendo el país. Mientras los representantes del Ejecutivo y del Gobierno Regional del Cusco justificaron ayer su fracaso en las negociaciones con los dirigentes campesinos de la provincia de Canchis, surgen nuevas protestas en otras zonas. Más vías en Puno fueron bloqueadas y ahora es Juliaca la ciudad que concentra las mayores tensiones.

Exigiendo la derogatoria del Decreto Legislativo 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Federación Departamental de Campesinos de Puno reafirmó la paralización de diversas provincias de este departamento. Diversos piquetes de pobladores obstaculizan las carreteras a la zona oriente de la región Puno, provincia de Huancané, impidiendo el acceso vehicular del transporte público y de productos con la ciudad de Juliaca, que ya empieza a sentir el desabastecimiento.

Según informó Ideeleradio, la vía Juliaca-Cusco también se encuentra bloqueada, pero en la ciudad de Juliaca, tanto el comercio como la movilización de vehículos era estable hasta la tarde de ayer pero los ánimos se vienen caldeando, hasta la espera de alguna modificación por parte de los dirigentes.

De otro lado, el dirigente del Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Canchis (Cusco), Alejo Valdez, informó que continúan en reunión con sus bases con el fin de evaluar si levantan la huelga indefinida que acatan desde hace 15 días y dar una tregua al Ejecutivo para solucionar su plataforma de lucha. “Se instaló una mesa de diálogo con el presidente del Consejo de Ministros; sin embargo, no se firmó ningún acta al no llegar a un acuerdo en la solución que el Ejecutivo plantea a nuestra plataforma de lucha en relación a la anulación del proyecto hidroeléctrico Sallca Pucará y las concesiones mineras”, dijo. Hasta el cierre, no se decide el desbloqueo de las vías. Por su parte, el presidente regional de Cusco, Hugo Gonzales Sayán, hizo una invocación a los comuneros en huelga a deponer su medida de fuerza para establecer una mesa de diálogo.

Justifican fracaso
De otro lado, el ministro de Trabajo, Jorge Villasante, quien participó en la mesa de diálogo de la ciudad de Sicuani, junto con el premier Yehude Simon y el ministro de Agricultura, Carlos Leyton, dijo a LA PRIMERA que el diálogo fracasó debido a “sectores intransigentes” que buscan desestabilizar al gobierno.

Asegura que una prueba de esta “estrategia” es que el pliego de reclamos de los comuneros de Canchis incluía propuestas ajenas a reclamos sociales, como la derogatoria de la Ley de Carrera Pública Magisterial.

Mientras, el dirigente del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de La Oroya (STMLO), Máximo Lagos, confirmó que la Carretera Central ya se encuentra totalmente desbloqueada desde ayer, en acatamiento al acuerdo de suspender por 30 días el paro indefinido de los trabajadores de Doe Run Perú (DRP) y la sociedad civil de La Oroya, pero la lucha no cesa.

Diario La Primera-Lima 26/06/2009





YEHUDE SIMON Y MECHE CABANILLAS ESQUIVARON SUS RESPONSABILIDADES


Ministra dijo que el comando policial decidió intervención en bagua. Premier reveló que, en la víspera, el Consejo de Ministros determinó que había que “poner orden” en Curva del Diablo, pero con un costo mínimo.

Jorge Loayza.

El premier Yehude Simon reveló que en el Consejo de Ministros previo al 5 de junio se determinó que había que “poner orden” en la Curva del Diablo, mientras que la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, dijo que con la “decisión del gabinete” el comando de la Policía Nacional –y no ella– decidió la fecha y hora del operativo que costó la vida de 24 policías y 10 nativos.

El jefe del gabinete estuvo doce horas ante el pleno del Congreso. En la mañana respondió por la intervención de la Sunat en Panamericana TV, y en la tarde por el operativo de Bagua.

Según Simon, le iba a tomar pocos segundos señalar quién dio la orden, pero luego dijo que el tema era más profundo y dio un largo discurso en el que trató de explicar las causas del conflicto amazónico.

También culpó a cierto sector de la oposición por informar mal a los nativos.

Al final, Simon reveló que antes del operativo, en el Consejo de Ministros, se dijo que había que poner orden en la Curva del Diablo “pero con el costo mínimo”.

“Debemos reconocer que la Policía Nacional tenía que cumplir con su deber de desbloquear la vía. En el Consejo de Ministros se habló del agotamiento del diálogo y de cómo miles de peruanos exigían orden. Se dijo que en función a la Constitución y las normas hay que hacer los esfuerzos para poder poner orden en nuestro país”, acotó.

A su turno la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, indicó que de acuerdo con las normas establecidas, el comando policial tuvo que determinar cómo y cuándo intervenir, por lo cual dijo que no era posible que una autoridad política manipule esa decisión.
También señaló –con documentos en mano– que la Policía Nacional solicitó y recibió ayuda de las Fuerzas Armadas durante los más de cincuenta días de conflicto.

Pidió al Pleno que el director general de la Policía, José Sánchez Farfán, y el jefe de Dinoes, Luis Muguruza, puedan informar al pleno, pero la oposición lo rechazó.

Luego el pleno se enfrascó en un largo debate donde el más atacado fue Simon, sobre todo por la bancada nacionalista y el bloque fujimorista, que pidieron su renuncia.

Igual posición tuvieron los congresistas de Unidad Nacional, Bloque Popular y Alianza Parlamentaria. Cuando las críticas se dirigieron a Cabanillas, esta dijo: “Soy responsable de lo que me señalan la Constitución y las normas”.

El oficialismo defendió a sus ministros, pero resaltando logros del gobierno y culpando a fuerzas de Bolivia y Venezuela.
Luego de seis horas de debate y ante una serie de ataques de los nacionalistas, el premier dijo, dirigiéndose a ellos: “Acá hay responsabilidad compartida, pero nosotros (el gobierno) no tenemos responsabilidad con los muertos. Tienen responsabilidad los que metieron cizaña”.

“La Sunat es autónoma”

1] En cuanto a la interpelación sobre la intervención de Panamericana TV por la Sunat, el premier dijo que ni el presidente Alan García ni los ministros tuvieron injerencia en dicha decisión, pues aseguró que dicha institución es autónoma. Además, garantizó que el canal 7 no está parcializado con el partido de gobierno.

2] Los congresistas de la mayoría de bancadas no aceptaron la versión del jefe del gabinete y sostuvieron que la decisión sí fue del Ejecutivo y tuvo por intención usar ese medio de comunicación para fines políticos gobiernistas.

Diario La República-Lima 26/06/2009





CABANILLAS SE LAVÓ LAS MANOS EN RESPONSABILIDAD DE BAGUA


Grupos de oposición presentaron dos mociones de censura contra el premier y la ministra. Simon plantea que comisión independiente investigue responsabilidades en 'Baguazo’.

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, evitó asumir directamente su responsabilidad por los sucesos ocurridos el 5 de junio en Bagua durante el desbloqueo de la carretera Fernando Belaunde Terry, en la denominada Curva del Diablo, que dejó el saldo trágico de 24 policías y 10 nativos muertos.

En su explicación ante el Pleno del Congreso de la República, que la interpeló por estos sucesos, Cabanillas informó que la orden para el desalojo partió del director de la Policía Nacional, José Sánchez Farfán, y que fue ejecutada por el general PNP Javier Uribe, jefe del comando de operaciones en dicha zona.

“El general Sánchez Farfán informó que el operativo de desalojo se llevaría a cabo el viernes 5 de junio”, refirió la ministra. Asimismo, indicó que dicha orden fue previamente decidida en el Consejo de Ministros.

Cabanillas reiteró que no fue su función supervisar los detalles del operativo y que, como una funcionaria civil, respetó las atribuciones especializadas de la Policía. “Tengo la conciencia tranquila. El ministro no es un mariscal de campo. Soy responsable política dentro del marco constitucional; no soy irresponsable”, subrayó.

Por su parte, el premier Yehude Simon sostuvo que en el incidente de Bagua se inmolaron efectivos policiales “para evitar una masacre que los intereses desestabilizadores querían provocar”. Al término de su exposición, que duró siete horas, el primer ministro planteó que una comisión independiente, formada por miembros de la sociedad civil, investigue las responsabilidades políticas y administrativas del 'Baguazo’.

Las explicaciones de ambos, sin embargo, no impidieron que la oposición suscribiera dos mociones de censura pidiendo la cabeza de los dos integrantes del gabinete ministerial. Las firmaron legisladores del Partido Nacionalista, del fujimorismo, de Alianza Parlamentaria, del Bloque Popular y de Unidad Nacional.

Durante el debate, las críticas de la oposición fueros duras. El vocero nacionalista, Fredy Otárola, opinó que la ministra se había 'lavado las manos’ al culpar al comando de la Policía y que tanto ella como Simon serían pasibles de una demanda penal.

A su turno, el fujimorista Carlos Raffo cuestionó la conducta del premier e indicó que era muy tarde para sermones porque los 34 muertos eran el resultado del fracaso de sus negociaciones. “Nos ha puesto delante los cadáveres de la Policía para tapar su fracaso”, añadió.

Por el lado del Apra, Mauricio Mulder atribuyó gran parte de la responsabilidad de lo sucedido en la selva a “grupúsculos” que manipulan a las comunidades nativas para desestabilizar la democracia. Añadió que “los enemigos del Perú seguirán buscando muertos” y que todo obedece a una escalada política que se daría en julio y en setiembre para cercar Lima.

CASO PANAMERICANA. Por la mañana, el primer ministro respondió a los cuestionamientos por la intervención de la Sunat en Panamericana Televisión y por la utilización indebida de la señal de Canal 7 a favor del vocero de la bancada oficialista, Aurelio Pastor. Ante la representación parlamentaria, Simon descartó la intervención gubernamental en la medida cautelar adoptada sobre el Canal 5, y aseguró que esta fue una decisión autónoma de la Sunat y de la cual –dijo– tanto él como su gabinete tomaron conocimiento a través de los medios de comunicación. En ese contexto, rechazó que el propósito real de la intervención responda a un afán del Ejecutivo de direccionar la línea editorial del referido medio de comunicación.

Sus palabras, sin embargo, no convencieron a la oposición.

Diario Perú 21-Lima 26/06/2009





:: Familiares de civiles fallecidos denuncian a efectivos policiales
APRODEH: FISCALÍA DEBE INVESTIGAR A POLICÍAS POR SUCESOS EN BAGUA


La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), denunció ante la Fiscalía de la Nación que las pesquisas iniciadas por la muerte de diez civiles por los sucesos en Bagua (Amazonas) están a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), pese a que los investigados son miembros de la misma institución.

“La investigación no la debe hacer la Policía Nacional porque son los denunciados”, declaró el abogado de Aprodeh, Juan José Quispe. “Quizás algunos miembros de la PNP hayan participado en el desalojo, por lo que no procede que se encarguen de la investigación”.

En el marco de las investigaciones que realiza el Ministerio Público para determinar responsabilidades penales tras los sucesos de Bagua se encuentran procesados 84 civiles. Dentro de estas diligencias, la Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba también inició de oficio una investigación en contra de algunos efectivos policiales por los delitos de homicidio y lesiones.

Esta denuncia fue archivada provisionalmente al no haberse individualizado a los presuntos autores. Por ello, el pasado 19 de junio, un grupo de civiles e indígenas heridos y también familiares de civiles fallecidos presentaron ante el Ministerio Público una nueva denuncia.

Sin embargo, los denunciantes fueron notificados el 22 de junio por personal de la División de Investigación Homicidios de la Dirincri-Lima para declarar al día siguiente en el local de la policía en Bagua.

Este hecho ha motivado que la FIDH, junto con Aprodeh, dirija una carta a la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, para pedir que la investigación sea trasladada a la Fiscalía, tal y como establece el articulo Nº 159 de la Constitución.

“Ante la irresponsabilidad del Ministerio Público de correr el trasladado de la investigación a sabiendas que los denunciados son miembros de la PNP, lo que ahora se debería hacer es que la división de investigación criminal remita las denuncias a la fiscalía para que de acuerdo a ley sea la Fiscalía la que realice la investigación y no la PNP”, consideró Juan José Quispe.

:: Irregularidades en los autos de instrucción de los procesados

Aprodeh, junto con la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) han asumido de oficio la defensa de los 84 civiles procesados por los sucesos de Bagua.

Al respecto, Aprodeh considera que “han metido a todos en el mismo saco” y que han considerado autores intelectuales a todos los líderes de la zona, bien sean nativos, dirigentes de la CGTP o de organizaciones de base.

Según Aprodeh y la FIDH, los autos de instrucción presentan “gruesas fallas”. “No hay una adecuada tipificación del ilícito penal en el auto de apertura de instrucción, lo que es inconstitucional”, señaló el letrado.

Otra de las irregularidades señaladas es el hecho de que los autos de instrucción no están documentados, tal y como establece la Constitución.

“Por el hecho de ser dirigentes los están poniendo como autor intelectual”, denuncia. “ ¿Cómo se puede iniciar un proceso si no hay una motivación de por qué se está procesando a una persona por los delitos por los que se les está abriendo instrucción?”, se preguntó.

En virtud de estos hechos, Aprodeh considera que el auto de apertura de instrucción presenta “gruesas falencias jurídico penales y constitucionales”.

“Esto hace pensar que todo ha sido muy a la ligera y que se ha querido procesar a personas por presión•”, acotó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 26/06/2009





LA OROYA VUELVE A LA NORMALIDAD, PERO FUTURO DE DOE RUN NO SE DEFINE


Trabajadores escucharon propuesta de empresa y evalúan próximas acciones judiciales. Mientras, representante de los acreedores sugiere ir a Indecopi.

Luego del paro de tres días en La Oroya, las actividades en esta ciudad se reiniciaron con normalidad, pero la situación de la minera Doe Run aún no se define. Por un lado, la empresa presentó una propuesta a los acreedores y el gobierno para reiniciar actividades; por otro, los trabajadores evalúan solicitar su administración judicial.

Ayer, representantes de los sindicatos y el presidente de Doe Run, Carlos Huayhua, dialogaron sobre la nueva oferta de la empresa, la cual se basa en una inyección de 31 millones de dólares.

Esta propuesta fue rechazada por el facilitador del diálogo, el congresista Jorge del Castillo, quien explicó que se trata de “un cambio de versión”, pues durante las negociaciones con el gobierno Doe Run ofreció más dinero y otras cosas.

Del Castillo explicó que en primera instancia la empresa necesita garantizar el financiamiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y para ello debe invertir casi 55 millones de soles.

Otra opción es la sugerida por un representante de los acreedores, Roque Benavides, quien dijo que se puede acudir a Indecopi para garantizar la recuperación de las deudas.

El dato
Huelga. La Federación Minera del Perú anunció que los trabajadores, unos mil 126, de la Minera Sogan, en la localidad de Marcona, ingresarán a una huelga indefinida desde el 30 de junio.

Diario La República-Lima 26/06/2009





RECHAZAN PLAN DE DOE RUN


Roque Benavides asegura que mantienen la posibilidad de acudir al Indecopi.

Los acreedores de Doe Run, a quienes la refinería les debe más de US$100 millones, no han renunciado a la posibilidad de llevar el caso al Indecopi.

Roque Benavides, gerente general de Minas Buenaventura, señaló que esta opción se mantiene en pie, pero admitió que acudir a un proceso concursal “tomaría mucho tiempo”.

Benavides también comentó que el propio Indecopi viene evaluando esa situación. Sin embargo, un vocero de dicho organismo aclaró que, de acuerdo con la Ley Concursal, solo los acreedores o el propio deudor pueden solicitar que se inicie ese trámite. Así, aseguró que la entidad no actuaría de oficio en dicho problema.

De otro lado, el ejecutivo de Buenaventura rechazó la propuesta de Doe Run de inyectar US$31 millones a la compañía para pagar un tercio de la deuda a los proveedores y que el saldo sea abonado en tres años.

“No me gusta. Yo he vendido un chocolate y a mí me pagan el precio del chocolate; no me pueden cambiar los términos. Yo necesito que a mí me paguen porque tengo la responsabilidad de cuidar las finanzas de una empresa en la que tienen invertidos sus ahorros cuatro millones de afiliados de las AFP”, enfatizó.

En tanto, el gerente general de Doe Run, Juan Carlos Huyhua, presentó al sindicato de trabajadores la propuesta de la refinería. Así, aseguró que la compañía está dispuesta a terminar con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). “Además, tenemos en proyecto las actividades de post-PAMA, que comprenden la modernización del complejo metalúrgico de La Oroya y que, se estima, superarán los US$108 millones de inversión”, indicó el ejecutivo.
Como se informó, el plan de los trabajadores es pedir la administración judicial de la minera.

Diario Perú 21-Lima 26/06/2009





CANCHIS DA TREGUA DE TRES DÍAS AL EJECUTIVO


Dirigentes del Comité de Lucha advierten que reiniciarán paro si no se solucionan demandas. Receso permitirá que población se abastezca de alimentos. En Puno, pobladores empiezan a manifestar rechazo al aislamiento forzado.

Corresponsales.

Los dirigentes del Comité de Lucha de Canchis otorgaron al Ejecutivo una tregua de 72 horas, que empieza hoy a las cero horas, para que presente las alternativas de solución a sus demandas.

El acuerdo fue adoptado por 200 dirigentes reunidos en asamblea en el distrito de San Pablo, a una hora de Sicuani. Se advirtió que si hasta el próximo lunes el Ejecutivo no entrega una propuesta que cubra las expectativas de los canchinos, estos reiniciarán el paro indefinido.

“El gobierno ya conoce nuestra forma de pensar y las demandas que planteamos en la mesa de diálogo del miércoles”, dijo el presidente del Comité de Lucha de Canchis, Alejo Valdez, quien destacó que con este acuerdo Canchis cumple con dar una tregua al gobierno en aras de encontrar soluciones, como lo solicitó el premier, a quien hoy darán a conocer su decisión.
En la reunión los dirigentes se reafirmaron en demandar la nulidad de las concesiones mineras en el Cusco y de la concesión de la hidroeléctrica Sallca Pukara, así como la derogación de la Ley de Recursos Hídricos y de la norma que criminaliza las protestas sociales.

Entrampado
Simon dijo el miércoles que no se puede declarar la nulidad de las concesiones mineras porque son compromisos asumidos por el Estado, y sobre Salcca Pukara propuso que concluya el estudio de impacto ambiental y luego será la comunidad quien decida si procede o no.

Respecto a la supuesta injerencia boliviana en las protestas denunciada por Simon y otros personajes del gobierno, el dirigente Alejos dijo que esta no existe en la dirigencia del Comité de Lucha de Canchis, pero admitió que las organizaciones que la integran evalúan presuntas infiltraciones de intereses extranjeros a través de ONGs.

La decisión del Frente de Defensa llega en forma oportuna y les da un respiro a la población de Sicuani y a los transportistas que empezaron a expresar su desacuerdo con el paro porque en los 16 días ha generado desabastecimiento y mantenía paralizada la ciudad.

Anoche empezaron a circular algunos vehículos en Sicuani, y hoy todo vuelve a la normalidad, al menos temporalmente.

Puno sigue bloqueado
1] Por segundo día consecutivo, los campesinos de la región Puno paralizaron sus actividades para protestar en contra del gobierno de Alan García y pedir la derogación de la Ley de Recursos Hídricos.

2] Ayer tampoco hubo actos de violencia, pero las vías que unen a Juliaca –la ciudad más comercial de Puno– con otras provincias y con la región Cusco siguen bloqueadas por cientos de campesinos. Lo mismo ocurre con la vía Interoceánica. A raíz del paro que culmina hoy, en varias localidades no se realizan las ferias semanales.

Diario La República-Lima 26/06/2009





CAMPESINOS DE CANCHIS DAN TREGUA DE 72 HORAS


Esperan que, en ese lapso, el Ejecutivo anule concesiones mineras; si no, retomarán paro.

Van cediendo. Los campesinos de la provincia de Canchis le dieron una tregua de 72 horas al Ejecutivo para que deje de lado el proyecto hidroenergético Salqa Pucará y para que se anulen y suspendan las concesiones mineras en esa jurisdicción, exigencias a las que no se les encontró una salida el último miércoles, durante el diálogo entre los campesinos y el premier Yehude Simon en Sicuani. Se supo que, en el marco de la tregua, las carreteras serían reabiertas hoy y que los mercados atenderían normalmente.
Sin embargo, para el presidente regional Hugo Gonzales, es muy difícil anular las concesiones mineras ya que, afirma, no se pueden borrar “de un plumazo” acuerdos previamente firmados. “Recién en noviembre pasado, mi despacho autorizó que las mineras solo podrán explotar en esa provincia si tienen la aprobación de las comunidades, pero esto no es retroactivo”, sostuvo.

Cabe señalar que el desabastecimiento de productos ya se comenzaba a sentir en Sicuani debido al bloqueo de las vías. Además, los escolares ya habían perdido varios días de clases, pues los colegios habían suspendido sus labores por temor a desmanes de los campesinos, quienes diariamente realizaban marchas.

De otro lado, el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas, apoyado por otros gremios de la zona, inició un paro indefinido en demanda de la electrificación total de la provincia, el asfaltado de las diferentes carreteras, la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos y la anulación de las concesiones mineras en el sitio.

Según se supo, en las próximas horas, los representantes de los campesinos estarían alcanzando su plataforma de lucha al gobierno regional, así como el pedido para que autoridades del Ejecutivo viajen a la zona.

AMENAZA EN PUNO. Mientras tanto, en Puno, la situación no es mejor debido a que la vía que une esta región con el Cusco continúa bloqueada por los integrantes de la Federación Departamental de Campesinos de Puno, quienes realizan un paro de 72 horas desde el último miércoles. Algunos puentes y carreteras en Azángaro, Moho y Sandia también están cerrados y los manifestantes amenazan con iniciar un paro indefinido, la próxima semana, si no se resuelven sus demandas.

Diario Perú 21-Lima 26/06/2009





EMPRESA MINERA PRETENDE EXPLORAR Y EXPLOTAR HIERRO EN ENTORNO DE CHAN CHAN


Mapsa S.A. afirma que no sabía que su pedido afectaba restos preíncas. Pretensiones mineras todavía están en trámite

La noticia conmocionó a más de un trujillano: una empresa minera pretende explorar y explotar hierro en la zona de amortiguamiento de Chan Chan.

Según información presentada por Carlos Smith Escobedo, representante del Instituto Inca Perú, en los registros del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico existe un pedido de derecho minero sobre tierras que rodean el santuario prehispánico.

Smith explicó que en los mapas que posee se consignan dos pedidos de parte de la empresa minera Mapsa S.A., la cual solicita el derecho minero en las zonas de amortiguamiento de la ciudadela. Dichas solicitudes estarían bajo la denominación de Iron Sea 15 (lote 1302) y Iron Sea 16 (lote 1303), ambas de mil hectáreas de extensión en las zonas periféricas del complejo arqueológico.

Según dijo, aunque las pretensiones mineras todavía están en trámite, debían denunciar lo que ocurre en Chan Chan porque ello violenta la Ley del Patrimonio Cultural y es preciso llamar la atención para impedir que se concreten. “Lo mismo, agregó, pasa con otros tantos casos que se extienden a lo largo de la costa liberteña y que afectarían zonas arqueológicas como El Brujo”.

El director del INC-La Libertad, Enrique Sánchez Maura, señaló que sería imposible que un derecho minero sea aprobado bajo el aval de su entidad. Precisó que se enteraron de esta situación hace unos días.

El subgerente administrativo de Mapsa S.A., Carlos Navarro, dijo que no sabían si alguno de los 521 pedidos de derecho minero en el país presentados ante el Ministerio de Energía y Minas atenta contra zonas arqueológicas. No obstante, admitió la posibilidad de que alguno de sus pedidos pudiera abarcar la zona de amortiguamiento de Chan Chan.

Diario El Comercio-Lima 26/06/2009





¿CUÁNDO SE JODIÓ EL GOBIERNO?


Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe


Pero aún no está jodido, debe enmendar rumbo.

Para muchos, como varias autoridades políticas del gobierno o no pocos empresarios, en el último mes se produjo un cambio súbito e imprevisto en la perspectiva del país. De creer que la senda del progreso era imparable, los hechos de Bagua y otras regiones han significado casi como una ‘vuelta a la normalidad’.

Las últimas semanas debieran haber recordado a todos, empezando por el presidente Alan García –quien suele hablar de la “envidia” que nos tienen en el exterior– que, a pesar del avance evidente en las condiciones económicas del país, aún tenemos una pobreza extendida y un sistema político bastante incapaz de procesar las demandas sociales con acierto.

Ahora tenemos un país polarizado por la responsabilidad de un gobierno enredado y confundido que se sigue aferrando a versiones preparadas para demostrar que sus problemas obedecen a una conspiración internacional y de la ultraizquierda contra la democracia, en lugar de reconocer que son consecuencia de una antigua dificultad para enfrentar la pobreza, el atraso y el resentimiento de un amplio sector de la población que no logra engancharse a la locomotora del progreso.

Esa es la tesis planteada por algunos medios de prensa en coincidencia con el gobierno, como quedó evidenciado durante la interpelación al gabinete presidido por Yehude Simon.

Ayer, en RPP, le pregunté al presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, Hans Flury, por el motivo del cambio súbito de la perspectiva nacional y, sin dejar de reconocer la existencia de sectores que –como siempre– apuestan por el extremismo, respondió dándole una importancia medular en los problemas actuales al atraso y la mecida que los gobiernos suelen aplicar a las poblaciones a las que –como la de Andahuaylas– les prometen cosas que nunca cumplen.

Para responder al título de esta columna, que alude a la frase famosa de Conversación en La Catedral, este gobierno se jodió al no ponerle igual entusiasmo a los temas de inclusión social como sí lo ha hecho –con acierto– a la promoción de la inversión privada. El otro factor que ayudó a detonar la explosión social es la arrogancia exhibida por el presidente García y algunos ministros, la cual está en el corazón mismo de la teoría ‘perro del hortelano’, y en la forma como se expuso.

Esto no significa que el gobierno ‘ya esté jodido’ pues, sin duda, todavía está a tiempo de enmendar el rumbo. Ello pasa por la formación de un nuevo gabinete –pues, al margen del resultado de la interpelación, el actual ya no da más– con una actitud nueva que promueva consenso y no más polarización. Pero un error del presidente en su designación podría tener consecuencias graves. Que Dios lo ilumine cuando decida.

Diario La República-Lima 26/06/2009


25 de junio de 2009

MOGOL: A UN PASO DEL CONFLICTO


2 mil pobladores del Valle Condebamba dieron ultimátum a la empresa minera Vale Perú (antes Miski Mayo) para que retire su maquinaria de cerro Mogol, de lo contrario iniciará un conflicto de magnitudes mayores.

El lunes 29 de junio es la fecha límite para que la compañía abandone las exploraciones en la zona.

Esta advertencia se dio en la víspera, durante la audiencia pública realizada en el centro poblado Campo Alegre, jurisdicción del distrito Eduardo Villanueva (provincia San Marcos); donde la empresa venía operando.

Además, las comunidades exigen la anulación de la concesión otorgada por el Ejecutivo.

Para lograr la nulidad del permiso otorgado por el gobierno central se ha conformado una comisión, la cual viajará a la capital para pedir ante las instancias correspondientes deje sin efecto cualquier permiso de exploración y explotación minera en la zona.

Participaron de la audiencia representantes del Ministerio de Energía y Minas, del Gobierno Regional y los delegados de 60 comunidades apostadas en el valle. Los ejecutivos de Vale Perú, no acudieron – según se conoció – por falta de garantías para su integridad.

Esta reunión fue resguardada por un contingente de cien efectivos de catorce Dirección Territorial de la Policía Nacional. No se suscitaron hechos violentos y la audiencia se desarrolló en un clima pacífico.

En la audiencia, Martín Del Alcázar Chávez, director general de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, recibió por parte de los pobladores los estudios técnicos que demuestran que la zona de denuncio es cabecera de cuenca.

De acuerdo a informes emitidos por el Proyecto de Zonificación Ecológica y Económica y Ordenamiento Territorial (ZEE-OT) el denuncio minero esta ubicado en una zona eminentemente agrícola y ganadera, además de ser naciente de cuenca hídrica.

Chanel Ruiz, consejero regional de la provincia San Marcos, pidió que cesen los hostigamientos y persecución a los pobladores y dirigentes de la zona que se oponen a la minería.

Como se recuerda se han suscitado protestas, toma de carreteras y enfrentamientos, por lo que se han formulado denuncias contra los dirigentes las cuales se han ventilado en el Poder Judicial.

LAS CIFRAS

-Mil 800 kilómetros cuadrados es el total del denuncio minero en el Valle Condebamba.
-15 mil litros de leche fresca se obtienen cada día en la zona.
-12 mil cuyes semanales comercializan las comunidades del lugar.

LO QUE DIJERON
Tulio Mondragón – subgerente regional de recursos naturales

No es Presidente aquel que no sabe escuchar. El presidente García no tiene oídos para atender las necesidades del pueblo, se han dado leyes para promover la inversión, pero debe primero que nada escucharse la voluntad de los pueblos, la voluntad de los gobiernos municipales, la voluntad de los gobiernos regionales. Los pueblos tienen derecho a la soberanía, ha decidir sobre su futuro.

Eduardo Barreto – Director Regional de Energía y Minas

La empresa Vale Perú no ha cumplido con el proceso de socialización. No ha logrado acercarse a la gente. Pero debe quedar claro que el gobierno regional ha cumplido con la promesa de la audiencia pública, con escuchar la voz del pueblo.

Diario Panorama Cajamarquino 25/06/2009





SIMON TUVO TRASPIÉ EN CANCHIS


Premier abandonó Sicuani entre piedras y bombas lacrimógenas. Dirigentes insisten en exigir la nulidad de las concesiones mineras y del proyecto Salcca Pukara. El Ejecutivo les haría hoy una nueva propuesta.

Flor Huilca.

La otra cara de Andahuaylas esperó al premier Yehude Simon en la provincia de Canchis, Cusco. Fueron cuatro horas de diálogo con el Comité de Lucha de esta provincia, pero al final no se llegó a un acuerdo para levantar la medida de fuerza que hoy cumple 15 días. Por el contrario, el presidente del Consejo de Ministros debió abandonar esta ciudad protegido por un fuerte contingente policial y en medio de una lluvia de piedras.

Simon advirtió el desenlace desde el inicio. Dijo a los dirigentes del Comité de Lucha, presidido por Alejo Valdez, que pondría su mejor disposición para discutir sus demandas, aunque tenía conocimiento de que el paro no se levantaría. “Sé que ya tienen un acuerdo para continuar con el paro, aun así vamos a conversar”, señaló.

La cita estuvo a punto de no iniciarse. El premier y su comitiva de ministros de Trabajo, Energía y Minas y Agricultura debieron esperar más de una hora y media a los integrantes del Comité de Lucha y luego casi suspenden la reunión debido a que los dirigentes condicionaban el inicio del diálogo a la liberación del profesor Hugo Fernández Huamán, detenido el lunes con ocho botellas de gasolina.

Intransigencias

Simon explicó a los dirigentes que el Ejecutivo no puede interferir en el Poder Judicial, pero se comprometió a enviar una comunicación pidiendo un debido proceso para el detenido. Un momento dramático de este hecho fue cuando la madre del profesor, Nemesia Huamán, rompió en llanto y de rodillas pidió al premier la libertad para su hijo.

Simon increpó al abogado del profesor, Julio Quintanilla, a ser claro sobre las funciones del Ejecutivo. Y ante la insistencia de los dirigentes de poner este tema como prioritario antes que la discusión de sus reclamos, Simon dijo que a su pedido iría al Cusco para ver la situación del maestro. Mientras tanto, el diálogo quedaba suspendido.

La reacción de los dirigentes fue de contrariedad. Algunos pedían iniciar el diálogo y otros se mantenían en su posición. Ante ello, Alejo Valdez pidió un intermedio y regresaron con el acuerdo de iniciar el diálogo, algo que no prosperó.

El Comité de Lucha planteó como temas de agenda la derogación de la Ley de Recursos Hídricos, la de la Carrera Pública Magisterial y la que penaliza las protestas; también la nulidad de las concesiones mineras y de la concesión de la central hidroeléctrica Salcca Pukara, así como declarar en emergencia a los criadores de camélidos y su negativa a un crédito japonés para la red de agua y desagüe de Sicuani.

Las dos últimas demandas fueron atendidas por Simon, y además se acordó formar una mesa de trabajo para discutir la Ley de Carrera Pública Magisterial. Pero lo que impidió llegar a acuerdos fue la cerrada defensa de los dirigentes a aceptar otras propuestas que no sea la nulidad de las concesiones mineras y de Salcca Pukara.

El premier dijo que no se puede declarar nula una concesión, pero propuso que se revisen las concesiones dadas en el Cusco; y en el caso de Salcca Pukara, planteó que se consultaría a la población si acepta el proyecto una vez que culmine el estudio de impacto ambiental.

Los dirigentes no aceptaron esa propuesta e insistieron en la nulidad, ante lo cual el premier se comprometió a consultar el tema al Consejo de Ministros y a enviar hoy una nueva propuesta. Los dirigentes, a su vez, dijeron que enviarían la contrapropuesta al día siguiente. Luego, Simon abandonó la reunión invocando una tregua en la paralización, algo que no fue aceptado.

Mientras el diálogo se producía en la sede de la municipalidad, en la plaza de armas de Sicuani, capital de Canchis, se concentraban al menos 5 mil campesinos. La mayoría pertenecía a la provincia de Acomayo. Estos manifestantes lanzaron piedras y botellas de plástico a la comitiva de ministros cuando se retiró del lugar.

Ningún proyectil impactó a Simon, quien subió a una camioneta y fue trasladado en helicóptero al Cusco, desde donde partió a Lima para reunirse con el Gabinete.

Paro en puno y arequipa

Mientras el premier negociaba en Canchis, en las demás provincias de Cusco, Puno y Arequipa se iniciaba un paro de 72 horas que también se caracterizó por bloqueos.

En Puno, la paralización es convocada por la Federación Departamental de Campesinos de Puno, y en su primer día fue acatada de manera parcial, pues mientras en las zonas urbanas las entidades públicas y los comercios atendieron con normalidad, en las provincias el paro fue contundente.

Como en Andahuaylas y Canchis, entre las principales demandas de Sicuani están la derogación de la Ley de Recursos Hídricos y de la Carrera Pública Magisterial, además de la suspensión de las concesiones mineras y hasta la vacancia del presidente Alan García.

Si bien en la misma Juliaca no se obstruyeron vías, el servicio de transporte urbano fue restringido y miles de campesinos bloquearon la carretera que lleva a Huancané.

En Arequipa, más de mil agricultores de la Pampa de Majes exigieron, además de la derogación de la Ley de Aguas, la paralización de la construcción de la Represa de Bamputañe, pues dicen que afectaría la Represa de Condoroma, que abastece de agua a dicha irrigación y lugares aledaños.

Datos

HERIDO. Cuando Simon subía a su vehículo, desde una de las dos camionetas que lo resguardaban se lanzaron bombas lacrimógenas contra manifestantes que amenazaban con avanzar. Uno de los proyectiles impactó en Antonio Arcca Hancco.
Desbloqueo. Para evitar el desabastecimiento, los huelguistas “liberaron” las carreteras entre las 7 y 9 de la noche de ayer. Por efectos del bloqueo de vías los precios en el Cusco se dispararon y varios grifos no tienen stock.

En Puno, FFAA tienen licencia para intervenir

El Ministerio de Defensa autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional por un periodo de 10 días en el departamento de Puno, donde se acata un paro de 72 horas. La medida tiene como objetivo garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales, como agua, energía eléctrica, aeropuertos, vías de acceso y puentes. Se precisa que el control del orden interno de Puno permanecerá a cargo de la Policía Nacional.

El bloqueo de carreteras tiene incomunicadas a la mayoría de provincias de Puno. Unos cinco mil comuneros tomaron la vía que une Juliaca con las provincias de Sandia, Moho y San Antonio de Putina, entre otras. Situación similar se vivió en la vía Juliaca-Cusco y en Azángaro, donde los comuneros bloquearon las carreteras que conducen a Progreso y Asillo. En la provincia de El Collao-Ilave se registraron bloqueos en las comunidades de Chijichaya, Cutiri y Chucalla.

El secretario general del comité de la Federación de Campesinos de Puno (FDCP), Néstor Rivera, anunció que hoy y mañana la paralización será radical.

Diario La República-Lima 25/06/2009





CRITICAN FALTA DE ACUERDOS CONCRETOS EN REUNIÓN ENTRE SIMON Y CUSQUEÑOS


El presidente del Comité de Lucha de Canchis, Alejo Valdez, cuestionó la mesa de diálogo realizada ayer entre los dirigentes de la referida provincia cusqueña y el premier Yehude Simon, al señalar que un espacio de tal magnitud "no es para plantear posiciones sin llegar a un acuerdo".

En la víspera, Simon Munaro se reunió por más de seis horas con delegaciones de las localidades de Tinta, Combapata, Comara y San Pedro, entre otras, para recoger sus demandas para derogar la no concesión del proyecto hidroenergético Salta-Pucará y la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos, conocida como Ley de Aguas.

Sobre éstos puntos, Valdez demandó la inmediata anulación de las concesiones mineras y proyectos hidroenergéticos toda vez que éstos nunca fueron consultados con la población.

“Entendemos que el Poder Ejecutivo tiene poder de pronunciarse sobre los proyectos de Salta-Pucará y las concesiones mineras en Canchis; estos debieron ser consultados a los pueblos y comunidades campesinas. Al no consultar los pueblos se sienten marginados”, subrayó.

El dirigente recordó que en Canchis existen 42 concesiones ubicadas en las partes altas de la provincia, lo cual estaría generando contaminación en los ríos que alimentan las cuencas del Vilcanota Grande y del río Urubamba.

Por otro lado, ratificó que este mediodía se desarrollará una reunión con todas las bases para determinar si continúan con el paro indefinido que acatan desde hace 14 días o le otorgan una tregua al gobierno central.

“Hemos pedido reconsideración para continuar con la mesa de dialogo. Mañana (viernes) vamos a enviar (a Lima) vía fax nuestra evaluación y análisis, para que sepan (las autoridades) que sienten las diferentes bases”, concluyó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 25/06/2009





EN SICUANI NO SE LLEGÓ A ACUERDO Y PARO CONTINÚA


El Ejecutivo enviará hoy una nueva propuesta de solución a los comuneros. Ellos exigen que hidroeléctrica se cancele y que se prohíban las concesiones mineras.

A diferencia del diálogo de Andahuaylas, la comisión del Ejecutivo que se reunió ayer con los representantes de las comunidades campesinas de Canchis (Cusco) no pudo conseguir el levantamiento de las medidas de fuerza en la zona, que hoy cumplen 15 días. Eso se definiría esta tarde, después de que las bases analicen la nueva propuesta de solución que les enviará temprano la Presidencia del Consejo de Ministros.

Al término del diálogo con el premier Yehude Simon y con su comitiva de tres ministros, Alejandro Valdez, dirigente del Frente de Defensa de los Intereses de Canchis, dijo que ellos se mantendrán en su pedido de anular el proyecto hidroeléctrico Salcca Pukará y en que no se permita ninguna concesión minera en la región.

La posición del Ejecutivo consistía en consultar a la población afectada por el proyecto hidroeléctrico y en no permitir ninguna explotación minera que no cuente con la aprobación de las comunidades.

“No podemos levantar las medidas de fuerza porque debemos evaluar el documento del Ejecutivo. Mañana (hoy) decidiremos si damos tregua por algunas horas”, expresó Valdez, quien indicó que el Cusco, por ser Patrimonio Cultural de la Humanidad, debe tener un marco especial para proteger sus recursos hídricos, la flora y la fauna.

INICIO CON RETRASO. La discusión de las demandas se inició recién al mediodía, pese a que Simon había llegado a la sede de la Municipalidad de Sicuani horas antes. Esto sucedió porque los campesinos exigían la liberación del profesor Hugo Fernández Huamán, quien el 16 de junio fue detenido por la Policía por llevar bombas molotov.

Simon declaró que en este punto solo podía exhortar al Poder Judicial a que se respete el debido proceso, pero nada más. Después de algunas horas de deliberaciones, los campesinos aceptaron iniciar el diálogo.

SALIDA ACCIDENTADA. No obstante, las conversaciones no fueron tan extensas como en la víspera, en Andahuaylas. A las 4 de la tarde, Simon y su comitiva abandonaron Sicuani para volver a Lima y discutir, en el Consejo de Ministros, la nueva propuesta de solución que enviarán hoy. Según RPP, la salida de los representantes del Gobierno fue bastante accidentada debido al malestar de la población.

De otro lado, anoche, los comuneros decidieron abrir algunas vías para permitir el pase de productos.

Diario Perú 21-Lima 25/06/2009





LA POLICÍA SÍ SE APRESURÓ EN INICIAR EL OPERATIVO DE BAGUA


Un día antes del desalojo se reunieron los titulares de Defensa, del Interior y altos oficiales. En la cita no se fijó fecha para el operativo, pero se hizo al día siguiente sin refuerzos.

Apresuramiento. Esto no hubiera ocurrido si los que dieron la orden de desalojo hubieran esperado refuerzos. (Giancarlo Shibayama)

Por Daniel Yovera

Documentos militares rotulados como “secretos”, a los que tuvo acceso Perú.21, confirman que la Policía Nacional del Perú (PNP) se apresuró en dar inicio al operativo policial de desalojo de la llamada Curva del Diablo, en Bagua, el pasado 5 de junio.

Según los mismos, un día antes de la intervención policial, es decir, el 4 de junio, se llevó a cabo una reunión de alto nivel en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) para planificar un operativo coordinado. Estuvieron el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz; la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas; el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, y el jefe del Comando Conjunto, Francisco Contreras.

Sin embargo, en la reunión no se determinó que la operación debía empezar el 5 de junio, como al final ocurrió. En realidad, no se fijó ni el día ni la hora del operativo, pues se entiende que primero tenían que llegar a la zona –para auxiliar a los efectivos ya presentes– 800 hombres, entre militares y policías, provenientes de Lima, Tumbes y Chiclayo. Pero, lejos de esperar a que se concretara este despliegue, al día siguiente, muy temprano, la Policía inició el desalojo de la carretera con los pocos hombres que tenía, y, como se sabe, las cosas salieron mal. Alguien, sin duda, se apresuró.

REUNIÓN CLAVE. En la reunión del 4 de junio en el Comando Conjunto también estaban presentes, por el lado militar, el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Pedro Minaya, y el jefe del Comando Operacional Aéreo, Walter Vojvodic; y, por el lado policial, el director general de la PNP, general José Sánchez Farfán; el director de Operaciones, Luis Muguruza, y el director de Inteligencia, César Pasco.

Según el Acta de la Junta Especial de Investigación Operativa de los sucesos de Bagua –que fue elevada al CCFFAA y al Ministerio de Defensa–, en la reunión del 4 de junio se estableció “el apoyo a ser proporcionado por las FF.AA. a la PNP, (pero) no se establece plazos, asumiéndose que estos se concretarán de acuerdo al tiempo que dure el despliegue de las tropas”.

Pero los 800 militares y policías que iban a reforzar a los hombres del jefe de la Dinoes, general Luis Muguruza, quien tenía a cargo el operativo, aún no habían sido enviados.

Pese a ello, según se lee en el documento, “esta consideración no es tomada en el planeamiento realizado por la PNP con motivo de dar inicio al operativo policial de desalojo (y) la fecha y hora no fue de conocimiento de los comandos militares” involucrados en la operación.

Es más, otro documento de la misma junta investigadora señala que “además de no esperar el despliegue del personal de las FF.AA., tampoco se esperó el arribo del personal de la PNP antes de dar inicio al operativo policial” del 5 de junio.

ENCUENTRO EN BAGUA. Esa no fue la única reunión que hoy pone en evidencia el apresuramiento policial. Según el Acta de la Junta Especial, el 4 de junio también se llevó a cabo un encuentro en Bagua entre el jefe de la Sexta Brigada de la Selva del Ejército, Raúl Silva, y el jefe de la Cuarta Dirección Territorial Policial, Javier Uribe.

En dicha reunión, el general Silva le recomendó a Uribe “la postergación del inicio del operativo hasta terminar el despliegue de las tropas”.

Perú.21 ha podido conocer que dicho encuentro se efectuó en la noche, horas después del evento ocurrido en el Comando Conjunto, en Lima. Según fuentes militares, todo indica que, para entonces, Uribe ya sabía que el operativo se ejecutaría al día siguiente, y así se lo hizo saber a Silva.

Ello explicaría la sorpresa de este último y su intento por que la Policía aplazara su decisión hasta que los 800 hombres hubieran terminado de arribar a Bagua. Pero, de acuerdo con las mismas fuentes, Uribe le habría dicho a Silva: “General, son órdenes, es decisión política”.

Una de las conclusiones a las que arriba la Junta Especial de Investigación es contundente: “El comando policial responsable de la conducción del desalojo de la Curva del Diablo inició el operativo sin tener en cuenta el término del despliegue del personal de las FF.AA. solicitado (por la Policía) en apoyo, situación que fue puesta de manifiesto por el comandante general de la Sexta Brigada de la Selva (Silva) en la reunión de coordinación” sostenida con Uribe.

Quedan flotando entonces las siguientes preguntas: ¿Quién tomó la decisión de iniciar el 5 de junio el operativo si no había condiciones para ello? ¿Lo hizo el comando policial sin autorización de la titular del sector, pasándola por alto?

Si no fue en la reunión del 4 de junio entre Flores-Aráoz, Cabanillas y los altos jefes militares, ¿en qué momento se ordenó la operación? Nosotros quisimos hacerle esas preguntas a la ministra Cabanillas, pero, pese a nuestros requerimientos, ello no fue posible.

Un alto oficial presente en esa reunión comentó a este diario que “si ese día no se fijó fecha, fue sencillamente porque las cosas no estaban listas, y si bien un día tentativo era el 5 de junio, eso dependía de que el despliegue de tropas hubiera terminado”.

SABÍA QUE

* En la reunión del 4 de junio en el Comando Conjunto, las FF.AA. acordaron desplazar a Bagua a 100 policías antidrogas desde la base de Santa Lucía –que llegaron a Bagua Chica–, a 100 policías desde Chiclayo y a 100 soldados del Ejército desde el mismo lugar.

* Asimismo, a 150 soldados del Ejército desde Tumbes y a 350 de la Brigada de Fuerzas Especiales (Brife) del Ejército, con sede en Lima. En total, 800 hombres que bien pudieron haber reforzado a los hombres del Gral. Muguruza.

CRONOLOGÍA
3 DE JUNIO
Sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno. Trascendió que el presidente Alan García llamó la atención a Cabanillas por la falta de autoridad en Bagua. Según dijo posteriormente el premier Yehude Simon, ese día en el gabinete se decidió el desalojo de la Curva del Diablo.

4 DE JUNIO
El Pleno del Congreso decidió postergar la votación para derogar los decretos legislativos materia de la controversia en la Amazonía. Ese mismo día, entre las 2 p.m. y las 3 p.m., se reunieron en el Comando Conjunto de las FF.AA. los ministros de Defensa y del Interior, así como jefes militares y policiales.

5 DE JUNIO
Se realizó el operativo policial en Bagua, dejando 34 víctimas mortales, entre policías y nativos.

11 DE JUNIO
Cabanillas declaró en una entrevista que el operativo en la Curva del Diablo no lo decidió ella, sino el comando policial.

Diario Perú 21-Lima 25/06/2009





:: Confirman cargos contra líder indígena Santiago Manuim
CEAS CREE EN INOCENCIA DE MUCHOS PROCESADOS POR SUCESOS DE BAGUA


“Creemos en la inocencia de estas personas”, declaró la abogada Ketty Herrera, de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), órgano de servicio de la Conferencia Episcopal que ve de oficio los casos de 36 de los 84 procesados tras los sucesos de Bagua (Amazonas).

“Hay muchos de los casos que el Vicariato y CEAS está viendo y definitivamente creemos en la inocencia de estas personas”, declaró a CNR. “Hay un grupo minoritario que estamos evaluando, lo cual no quiere decir que sean culpables, sino solo que estamos evaluando y viendo”.

La abogada informó que a la mayor parte de los procesados se les atribuye “muchísimas imputaciones”. Según informa, la mayoría son procesados por cuatro o cinco delitos.

“En realidad a todos los que tienen cargo dirigencial se les ha denunciado por todos los delitos que han podido denunciar”, informó. “Esto implica ir desvirtuando cada uno de los delitos, lo primero porque es imposible que puedan estar en dos lugares a la vez”, señaló tras pedir que a cada una de estas personas se les garantice su derecho a la defensa.

:: Confirman proceso contra Manuim

Muchos de los procesados son líderes indígenas, sindicales y sociales de las provincias de Bagua y Utcubamba. Entre ellos se encuentra Santiago Manuim Valera, reconocido internacionalmente por el Premio Reina Sofía en honor a su trabajo en favor de la amazonía.

Según la lista proporcionada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Manuim Valera se encuentra procesado por los delitos de “homicidio calificado y lesiones graves, contra los medios de transporte público, motín, tranquilidad pública, contra el patrimonio y tenencia ilegal de armas”.

Manuim Valera, según los numerosos testimonios recogidos por el Vicariato de Jaén (Cajamarca), actuó el 5 de junio como intermediador con la policía y fue el primer nativo en caer herido tras recibir en el abdomen una ráfaga de ocho tiros de fusil AKM. Pese a ello, se encuentra en calidad de “no habido”. Como es de conocimiento público, el líder indígena se encuentra internado en el Hospital Las Mercedes de Chiclayo después de ser intervenido quirúrgicamente.

“Ahora lo que queda es que el juez inicie la declaración instructiva de él para ver la posibilidad de una apelación del mandato de detención”, aseveró Herrera. “Nosotros no tenemos duda de su inocencia y estamos realizando todas las acciones posibles a fin de poder establecer esta inocencia ante el juez y los tribunales correspondientes”.

Respecto a las personas que desde el 5 de junio no retornan a sus comunidades, por lo que se encontrarían en calidad de desaparecidos, la abogada del CEAS confirmó que agentes pastorales están levantando listados en las mismas poblaciones indígenas para poder elaborar un listado confiable de las personas ausentes.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 25/06/2009





EXIGEN DEROGACIÓN DE DECRETOS


Decenas de organizaciones campesinas, quechuas y aymaras de Puno cumplen desde ayer un paro de 72 horas, para exigir la derogación de varios decretos legislativos, entre ellos la Ley de Recursos Hídricos, más inversión para el sector agrario y el cierre de las mineras Aruntani, Arasi, Minsur y Ciensa-Cofre, considerados como los principales contaminantes del medio ambiente y ríos.

Por la vía principal que conduce a los distritos de Samán y centros poblados de Sacasco, Puquis, unos dos mil campesinos marchaban coreando consignas con sus reclamos, mientras otro grupo bloqueaba el puente Ramis, único nexo con la provincia de Huancané. “Estamos exigiendo la derogatoria de la Ley de Aguas”, exclamó Paulino Condori Chipana, ex secretario general de la Federación de Campesinos base Samán - Taraco, al tiempo de señalar que lamentablemente ésta es la única manera de poner alto a la política privatista del gobierno.

Néstor Rivera Cruz, presidente de la Federación de Campesinos, señaló su exigencia al gobierno de derogar la ley 29338, “porque en esta ley se ha incorporado los artículos de los decretos legislativos 1081 y 1083, que tienen carácter privatista, concesionaria y centralista, además viola el convenio 169 de la OIT”.

Néstor Rivera, secretario de la Federación Departamental de Campesinos de Puno, explicó que la finalidad de la protesta es exigir al Ejecutivo la derogatoria de los decretos legislativos 1089, 1035, 1020 y 994 y advirtió que al término de la paralización de tres días, si no hay respuesta del gobierno, ni medidas que doten de un mayor presupuesto al sector agrario, las medidas de lucha serán radicalizadas.

Josefina Sosa, miembro del Comité de Lucha de la Cuenca Ramis, visiblemente mortificada por el anuncio que hizo el gobierno de autorizar a las Fuerzas Armadas a restablecer el orden público, dijo “qué le pasa al gobierno, ¿quiere enfrentar a la población?, ¿quiere otro Bagua aquí? Qué podemos esperar de este gobierno neoliberal insensible. El paro es pacífico, pero no hay tránsito para nadie, los transportistas saben que estamos luchando por el agua que nos quiere quitar este gobierno”.

Diario La Primera-Lima 25/06/2009





TRABAJADORES DE DOE RUN PERÚ PIDEN ADMINISTRAR LA OROYA


Recurren al Poder Judicial para tomar control de empresa. Comité Cívico de La Oroya acuerda levantar paralización y desbloquear la Carretera Central durante un mes.

Rocío Maldonado.

Agotados todos los esfuerzos para que Doe Run Perú (DRP) asuma un compromiso serio y así reflotar el complejo metalúrgico de La Oroya, y ante el inminente peligro de cierre, los trabajadores acordaron solicitar la administración judicial de la fundición.

Tras descartar dos opciones, los dirigentes de los cuatro sindicatos de DRP consideraron que lo mejor para garantizar su estabilidad laboral y la viabilidad del complejo metalúrgico era presentar una medida cautelar a fin de obtener la administración de la empresa.

“Ante la intransigencia (de DRP) dijimos ‘muy bien, hasta acá nomás. Vamos a buscar otras alternativas porque con ustedes no va’. La empresa es perniciosa para el funcionamiento del complejo que es el alma laboral de La Oroya”, afirmó el legislador Jorge Del Castillo, quien actúa como facilitador a pedido de los trabajadores.

Del Castillo refirió que la propuesta fue consensuada el martes en la sede del Ministerio de Energía y Minas, en Lima, y luego transmitida a las bases de La Oroya, quienes respaldaron el acuerdo y retornaron a sus labores, poniendo fin a dos días de paralización.

Procedimiento

La medida cautelar sería presentada ante un juzgado de La Oroya, y una vez aceptada (demorará unas semanas), el juez nombrará al administrador judicial, que deberá tener el respaldo de trabajadores, proveedores y acreedores.

“Esta persona no debe tener ninguna influencia de orden político o sindical. Aquí ya existen experiencias como la de Canal 4”, recordó el legislador.

Por su parte, Luis Castillo, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, informó que hoy presentarían la medida cautelar.

El dirigente dijo que no todo está perdido en La Oroya, y que los trabajadores asumen con valentía el reto de reflotar el complejo metalúrgico, que ve diluir sus reservas. “De US$ 90 millones que habían ahora hay US$ 40 millones”, dijo.

Al cierre de la edición, DRP emitió un comunicado que no habla del anuncio de los trabajadores, sino reitera la –según ellos– validez de la propuesta que han presentado.

Las vías fueron liberadas bajo condiciones

Pese a que los trabajadores de DRP acordaron en la madrugada del martes levantar su medida de fuerza, la paralización en La Oroya y el bloqueo de la Carretera Central se mantuvo hasta la noche, pues la sociedad civil exigía conocer los detalles del acuerdo al que llegaron los sindicatos de DRP en Lima.

Por ello se convocó a una reunión para las 4 p.m. Luego el Comité Cívico acordó suspender por 30 días el paro y liberar las vías. El alcalde provincial de Yauli La Oroya, César Augusto Gutiérrez, dijo que aceptaban la decisión de los trabajadores, pero aclaró que la población civil tiene su propia plataforma de lucha, la cual está dirigida a mejorar las condiciones ambientales en esta ciudad minera.

Por su lado, las mineras que proveen de minerales a DRP, a quienes la operadora adeuda US$ 110 millones, evalúan la solución a la que llegaron los sindicatos y el gobierno. No obstante, Roque Benavides, director gerente de Buenaventura, adelantó que su empresa no proporcionará concentrados hasta que no se asegure la cancelación de la deuda y la ejecución del PAMA.

Diario La República-Lima 25/06/2009





DESBLOQUEAN LA OROYA


La Carretera Central estuvo dos días cerrada.

Después de reunirse en asamblea por más de tres horas, los trabajadores de la empresa minera Doe Run, junto a representantes de la sociedad civil y del Comité Cívico de Defensa de La Oroya, acordaron finalmente dar una tregua de 30 días al gobierno y, en consecuencia, permitir el desbloqueo de la Carretera Central.

El anuncio lo hicieron el dirigente de los trabajadores de la empresa minera Doe Run, Alfredo Huarica, y el alcalde de La Oroya, César Gutiérrez.

La decisión fue adoptada luego de una votación a mano alzada que se realizó en la sede del Coliseo Nacional de La Oroya, hasta donde llegaron masivamente los trabajadores, quienes también comunicaron su deseo de hacerse cargo de la administración de la minera Doe Run.

La propuesta de la empresa, en tanto, sería de poner 31 millones de dólares como dinero fresco y otros 156 millones para el pago de las deudas pendientes.

Tras acordar el levantamiento de la huelga, los trabajadores volverán a trabajar en la empresa, mientras que sus esposas abandonaron los piquetes de lucha que mantenían en la zona.

Diario La Primera-Lima 25/06/2009






¿OTRA OPORTUNIDAD A LA EMPRESA?
EL PROBLEMA EN DOE RUN PERÚ SIGUE SIN RESOLVERSE


En menos de 12 horas los trabajadores de la minera Doe Run Perú habrían cambiado de parecer. Anoche, según el congresista Jorge del Castillo, facilitador del diálogo, el Gobierno llegó a un acuerdo con los cuatro sindicatos de trabajadores de la minera, lo que finalmente facilitó el levantamiento del paro por 30 días. Según Del Castillo, los trabajadores habrían aceptado acercarse hoy al Poder Judicial para solicitar una medida cautelar fuera de proceso, con el objetivo de que un juez les otorgue de manera legal la administración judicial del Complejo Metalúrgico de La Oroya y, de manera temporal, la mina Cobriza.

Sin embargo, los trabajadores estarían pensando en darle una oportunidad más a los representantes de Doe Run Perú. Ayer por la tarde, la empresa empezó a circular, en La Oroya, un comunicado en el que se reseñaba la oferta que le hizo al Gobierno, propuesta que por ser parte de las negociaciones con el Estado no podía ser ventilada públicamente hasta no llegar a un acuerdo. Hasta antes de que los trabajadores se enteraran del contenido del comunicado, la única alternativa parecía ser la solicitud de la administración judicial. Ahora, el panorama en el complejo metalúrgico habría cambiado por completo.

DIÁLOGO ENTRAMPADO
El martes por la mañana, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, y el congresista Jorge del Castillo, proporcionaron a los trabajadores tres salidas. La primera, que la empresa se declare insolvente y se someta a un procedimiento concursal (reestructuración) ante Indecopi, lo que pondría en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores. El procedimiento podría obligar a reducir drásticamente los costos. La segunda, que se continúen las conversaciones con la empresa hasta encontrar una alternativa. Y la tercera, la vía de la administración judicial. De todas estas, los trabajadores aceptaron la última.

Sin embargo, ayer por la tarde, ante el comunicado de Doe Run, el secretario general del sindicato de obreros metalúrgicos, Roiberto Guzmán, convocó a una asamblea en la que se debatió nuevamente la propuesta del Gobierno.

La gran mayoría de trabajadores cuestionó que la administración judicial no significaba una solución al problema. En ese sentido, varios cuestionaron que la sentencia de la medida tardaría en emitirse, tiempo en el que ninguna persona se responsabilizaría por sus salarios.

Roiberto Guzmán señaló que Doe Run estaba quebrada, tal como lo había manifestado un día antes Del Castillo, por lo que se preguntó de dónde conseguirían los capitales para pagar la deuda existente de Doe Run (alrededor de US$250 millones, completar el PAMA (US$73 millones) y adquirir insumos para la producción).

LA CONTRAPROPUESTA
Según Del Castillo, los proveedores de Doe Run (Cormin, Buenaventura, Volcan, AYS y El Brocal) ya se han pronunciado negativamente sobre la propuesta de Doe Run, porque la principal preocupación es que la operadora de La Oroya no ha garantizado el financiamiento del PAMA. Además, la minera había solicitado formalmente una ampliación de este por años —no 30 meses—, lo que para el Gobierno no es viable.

Los obreros están considerando la propuesta, y darle a la empresa un plazo de 48 horas antes de acercarse al Poder Judicial para solicitar la administración judicial.

MÁS DATOS
La propuesta de la minera
La minera dice que se comprometería a disponer de US$31 millones de capital de trabajo y capitalizar los US$156 millones que su accionista principal, Ira Rennert, tiene en la empresa. Sin embargo, los ofrecimientos de capital fresco están desde marzo sin cumplirse.

Doe Run señala que pagarían la tercera parte de la deuda (US$40 millones) a sus proveedores y los restantes US$80 millones en tres años. También solicitarían 30 meses de ampliación del PAMA y lo pagarían con flujo de caja.

Diario El Comercio-Lima 25/06/2009





SR. GARCÍA, ¿AÚN SIGUE USTED GOBERNANDO?


Simon y Cabanillas: ¿Se van o se quedan?

Curioso momento el actual: un premier supuestamente desahuciado se vistió de bombero-peregrino y se puso a dar vueltas por el país para apagar incendios con una manguera de la que brotan acuerdos que probablemente no estará para hacer cumplir, lo cual le augura, a él, un futuro político promisorio, pero al gobierno, una papa caliente como herencia.

Eso es un problema para el gobierno, salvo que el presidente Alan García crea ahora que hay Yehude Simon para rato pues aún no piensa cambiar de premier, mientras que en el Congreso no se podrían reunir los votos para sacarlo.

Las opiniones sobre si es que Simon debe continuar están divididas. Hasta agrupaciones políticas y medios que hace poco demandaron su renuncia por los graves sucesos de Bagua, ahora lo han pensado mejor y ya no creen que deba irse.

Un argumento de algunos que andan en esa onda es que los interpeladores no tienen ‘autoridad moral’ para censurar al premier. Pero la posibilidad no remota de que varios congresistas carecieran de esa condición ética no debiera implicar, necesariamente, que Simon cumpla con todos los requisitos para quedarse. No mezclar papas con camotes, por favor.

Además del premier, se va a decidir el puesto de Mercedes Cabanillas. ¿Se van los dos, uno, o ambos se quedan?

Simon está en busca del tiempo perdido queriendo hacer, en una semana, lo que no hizo en ocho meses. Si se hubiera puesto las pilas así desde el inicio, con perfil propio y agenda concreta, no habría tenido imagen de gatito de sofá (presidencial). Al margen del valioso despliegue negociador que está mostrando, es difícil olvidar que él es parte central de esta crisis, más por omisión que por acción. Él debió impedir que el gobierno se emborrachara de soberbia y se diera cuenta de que algo iba mal recién cuando la selva se tiñó de rojo.

La que también debiera estar haciendo maletas es la ministra del Interior, pues una cosa es con guitarra y otra con 34 cajones. Su responsabilidad política es ineludible, aunque quizá algunos quieran salvar a Simon para que Cabanillas se pueda subir a ese bote salvavidas cuyo destino es incierto.

Al margen del resultado de la interpelación y de su actuación reciente, Simon debiera dar un paso al costado, por su bien pero más por el de un gobierno que necesita, con urgencia, refresco para superar el complejo momento actual y encarar los duros dos años que se vienen.

La crisis sigue y el presidente García, quien en estos días complicados brilla por su ausencia en la escena pública, debería tomar decisiones prontas para zanjar de una vez el limbo político en el que andamos, con un premier que va por el país como un dead-man-walking.

Diario La República-Lima 25/06/2009






En tanto, Doe Run presentará mañana una propuesta técnica que le permita seguir funcionando
TRABAJADORES DE DOE RUN DAN TREGUA DE 30 DÍAS Y LEVANTAN PARO


Luego de reunirse por más de tres horas en una multitudinaria asamblea, los trabajadores de la minera Doe Run, junto a representantes de la sociedad civil y el Comité Cívico en Defensa de La Oroya que realiza negociaciones con el Estado, acordaron dar una tregua de 30 días al gobierno y la empresa tras conocer los términos de las negociaciones.

Según información de corresponsales en la zona, ya se ha iniciado el desbloqueo de la Carretera Central, que desde el pasado lunes permaneció interrumpida.

Por la mañana, el congresista Jorge del Castillo, mediador en el conflicto, confirmó que una comitiva que representa a los trabajadores interpondrá ante Poder Judicial una medida cautelar para que la administración de la compañía pase a manos de los trabajadores del complejo metalúrgico.

Ante ello, pese a que los trabajadores se mostraron conformes con la decisión y consideraron además necesaria la participación de otras mineras de responsabilidad social para sacar adelante la empresa, las esposas de los empleados mantenían bloqueada la carretera exigiendo que la decisión de llevar la solución del conflicto al Poder Judicial sea un acuerdo de consenso entre todos los representantes sindicales.

La posición Doe Run

Pese a que todo indica que Doe Run Perú (DRP) se halla en inminente estado de quiebra —prueba de ello sería que los trabajadores asumirían la administración de la compañía—, la minera anunció que emitirá un comunicado desmintiendo esas versiones.

El vicepresidente corporativo de asuntos ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, informó que en breve comunicarán la posición de la firma en relación al conflicto, afirmando, en primer lugar, que DRP no está en quiebra.

“La empresa no está en bancarrota, no es una empresa quebrada. Nosotros estamos presentando una propuesta técnica y realista que asegura la viabilidad de La Oroya en el largo plazo”, aseveró.

Según fuentes de CNR, la propuesta de Doe Run sería aportar 30 millones de dólares, que, sumado al aporte de 175 millones adicionales que harían otras empresas, buscarían reflotar la minera.

En tanto, los trabajadores anunciaron que mañana presentarán la medida cautelar ante el Poder Judicial para que se les conceda la administración de la compañía.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 24/06/2009