19 de septiembre de 2014

Mineras buscan ahogar a la OEFA

El financiamiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) está amenazado por demandas de amparo

LAMULA.PE

El próximo año el Perú podría quedarse sin financiamiento para las actividades de evaluación y fiscalización ambiental de prosperar la demanda que un grupo de  veinte empresas mineras han interpuesto al OEFA con la finalidad de esquivar el pago del Aporte por Regulación (APR). 

El APR es un impuesto que afecta a las empresas vinculadas a los sectores de minería, energía y petróleo, creado por la Ley 27332 en el año 2000, siendo las leyes 29951, 30011 y 30115 expedidas entre el 2012 y el 2013 las que reconocen al OEFA como acreedor tributario de una contribución que supone  el 84.12% del presupuesto proyectado por este organismo del Ministerio del Ambiente para el 2015. 

Con un total de ciento cincuenta millones de soles previstos para las actividades del próximo año, si la demanda de estas empresas prospera, Perú podría quedarse sin poder financiar las actividades de supervisión, regulación, sanción y solución de controversias. Dicho impuesto supone, según ley, un monto no mayor al 1% del valor de la facturación anual de las empresas mineras, productoras de energía eléctrica o extractoras de petróleo. Actualmente, el monto se ha fijado en 0.15% del valor de las ventas de estas empresas, un cobro que estas compañías consideran confiscatorio. 

En rueda de prensa convocada por el OEFA esta mañana, se informó que un grupo de 20 empresas mineras (la lista va más abajo) demandaron ante diversos juzgados de la Corte Superior de Justicia de Lima y Callao que el DS No 130–2013–PCM asociado a la Ley 27332 que establece la alícuota del APR que le corresponde percibir al OEFA, es inaplicable, y solicitaron a su vez que el importe ya pagado al Estado por dicho concepto les fuera devuelto. 

Según declaró Luz Orellana, secretaria general del OEFA, sectores como energía y petróleo han venido cumpliendo con el compromiso tributario del APR sin problemas.

Cuatro de esas demandas de amparo ya han sido desestimadas por juzgados de Lima y Callao. Se trata de las acciones de amparo presentadas por Gold Fields S.A, Minera Aurífera Retamas S.A, la Compañía Minera Antapaccay y Perubar S.A. 

 El OEFA espera que el resto de juzgados proceda de la misma manera con las demás  demandas. 

Lista de las empresas mineras que han interpuesto una demanda al OEFA
  • MINERA YANACOCHA S.R.L.
  • COMPAÑÍA MINERA COIMOLACHE S.A.
  • COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A.
  • VOTARANTIN METAIS – CAJAMARQUILLA S.A.
  • COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C.
  • CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.
  • SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
  • MINERA COLQUISIRI S.A.
  • HUDBAY PERÚ S.A.C.
  • SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
  • COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A.
  • IMPALA PERU S.A.C.
  • SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
  • COMPÑAIA MINERA BATEAS S.A.C.
  • COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
  • MINERA CHINALCO PERU S.A.
  • CONPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A.
  • PERU BAR S.A.
  • MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.
  • GOLD FIELDS LA CIMA S.A.

2014-09-18 

Presentan la Cumbre de los Pueblos como espacio ciudadano global paralelo a la COP20

Movimientos sociales, pueblos indígenas y sociedad civil en general unen sus voces y propuestas en un espacio unitario común frente a la Conferencia de las Partes (COP20) que organiza Naciones Unidas en Lima.

Servindi, 19 de setiembre, 2014.- 

http://servindi.org/img/2014/09/CP_logo_final_chico.jpg
La Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático se desarrollará del 8 al 11 de diciembre en el Parque de la Exposición de la ciudad de Lima y contará con mesas de debate, exposiciones y presentaciones artístico-culturales.

El miércoles 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se desarrollará la Marcha Global de los Pueblos frente al Cambio Climático, con un pasacalle que mostrará la diversidad cultural de los pueblos y recordará que las políticas sobre cambio climático son también un asunto de derechos humanos, y no solo ambiental o climático.

El evento que tiene por lema “Cambiar el Sistema y no el Clima” se propone como un escenario para movilizar a la sociedad civil en torno al tema de cambio climático, un espacio de crítica y propuesta frente a las políticas gubernamentales y los intereses de las  grandes empresas extractivistas.

La Comisión Política de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, encargada de la organización, llama mediante un pronunciamiento, a todos los pueblos y movimientos sociales del mundo a unir fuerzas y congregar propuestas en la Cumbre, en diciembre.

Los planteamientos claves de la sociedad civil hacia la COP 20 son que los Estados adopten compromisos vinculantes y emprendan políticas efectivas de mitigación, y en especial de adaptación, que reduzcan las vulnerabilidades e impactos sociales, económicos y culturales del cambio climático para las próximas generaciones a fin de alcanzar justicia climática.

¿Por qué la sociedad civil propone este espacio?
El movimiento social parte de la premisa de que el problema del cambio climático no es solo ambiental, sino que involucra al conjunto de la vida social y natural, por lo que debe abordarse en toda su complejidad y de manera integral.
Debido a su magnitud en la vida humana, la sociedad civil considera que la comunidad de Estados tienen la obligación de atender las diversas demandas y propuestas de las organizaciones sociales y pueblos originarios.
Es sabido que los principales afectados son las poblaciones vulnerables –entre éstas las comunidades y pueblos indígenas y en particular las mujeres rurales–, cuyas prácticas productivas, sociales y culturales guardan una estrecha relación con el ambiente y la Madre Tierra.
Además, la crisis climática aumenta los riesgos y amenaza la vida, el ambiente, la salud, los ecosistemas, la biodiversidad, la seguridad y la soberanía alimentaria de todas las poblaciones del mundo.
Cabe destacar que en el Perú asistimos en los últimos meses a una regresión en materia ambiental y climática expresada en la Ley 30230 (llamada “paquetazo ambiental”), la escasa participación de la sociedad civil en la elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y en la poca claridad respecto al papel del Estado peruano en la presidencia de la COP 20.
En este contexto se produce el repudiable asesinato de Edwin Chota y tres dirigentes indígenas a manos de criminales vinculados a la mafia de la tala ilegal de madera que se desarrolla de manera impune en el Perú.

¿Quiénes lo organizan?
La Comisión Política de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático surge de un proceso de articulación y coordinación de la sociedad civil frente al cambio climático.
Su propósito es cimentar un espacio unitario con la aspiración común de plantear nuevas formas de vida y convivencia basadas en el Buen Vivir y el respeto de los derechos humanos.
La Comisión Política está conformada por trece organizaciones nacionales de Perú.
Integran la Comisión gremios sindicales como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillados del Perú (FENTAP).
Asimismo, organizaciones indígenas como la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA).
A ellos se agrega la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP).
También se encuentra el Grupo Perú COP20, que reúne a más de 80 organizaciones de la sociedad civil, la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE PERÚ), la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) y la Marcha Mundial de Mujeres (MMM).

Voceros de la Comisión Política
La Comisión Política tiene cinco (5) voceros acreditados oficialmente y que son: Ibis Fernández (CGTP), Rosa Guillén (MMM), Antolín Huáscar (CNA), Moisés Quispe (ANPE) y Gladis Vila Pihue (ONAMIAP).

Acceda a la Declaración de la Cumbre de los Pueblos 18 de setiembre, 2014

Asamblea de las Comunidades Originarias Awajún y Wampis, Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas de las Regiones de Cajamarca y Amazonas


Acuerdos y Conclusiones de la Asamblea de las Comunidades Originarias Awajún y Wampis, Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas de las Regiones de Cajamarca y Amazonas

El día 16 de septiembre en el distrito de Huarango de la provincia de San Ignacio-Cajamarca, se realizó la asamblea, de las autoridades comunales y ronderas de Jaén y San Ignacio, líderes Awajún de la comunidad de Supayaku, distrito de Huarango, como de San José de Lourdes provincia de San Ignacio junto a nuestras organizaciones e instituciones representativas, como: Oficina Regional de Comunidades Nativas, campesinas y rondas campesinas de Cajamarca, Organización Fronteriza Awajun de Cajamarca – ORFAC, ODECOFROC, OCCAAM, CIAP, FEMAAM, ORPIAN, CUNARC –PERÚ, COMUNIDADES CAMPESINAS DE SAN PEDRO DE PERICO, SAN ANTONIO DE HUARANGO, SAN JUAN DE CHIRINOS, COMUNIDAD CAMPESINA NIÑO DIOS DE ZAPOTAL, COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JOSÉ DE LOURDES, FEDERACIÓN REGIONAL DE RONDAS CAMPESINAS, URBANAS E INDÍGENAS DE CAJAMARCA, FEDERACIONES PROVINCIALES, DISTRITALES, BASES Y SECTORIALES DE RONDAS CAMPESINAS DE JAÉN Y SAN IGNACIO, dicho evento se llevó a cabo en el local comunal de Huarango, provincia de San Ignacio, Región Cajamarca desde las 9:00 am, con los objetivos de:

1. Fortalecer los conocimientos de dirigentes locales y regionales sobre temas de institucionalidad indígena, consulta previa y conflictos socio ambiental.
2. Promover alianzas con organizaciones indígenas de la región Amazonas con la finalidad de dar asesoramiento y acompañamiento para el fortalecimiento de la consulta previa a nivel de región.
3. Debatir alianzas y articulaciones entre organizaciones de base sobre los impactos medioambientales en la minería fronteriza en las provincias de San Ignacio-Cajamarca y Condorcanqui – Amazonas.

Para ello hemos desarrollado varios Temas como: Ley de Consulta Previa, Paquete de medidas ambientales y económicos dados por el gobierno, Criminalización de la protesta social y luego del Informe sobre la presencia de los proyectos mineros Águila Dorada – San Ignacio y Afrodita en la Cordillera del Cóndor en Condorcanqui – Amazonas, nos pronunciamos:

Por tal motivo,

Exigimos el respeto a los procesos de consulta popular, libre e informada, por constituir un derecho de las poblaciones indígenas y comunidades campesinas, quiénes tienen un sistema propio de justicia y desarrollo económico, político y social. La empresa Águila Dorada no puede pasar por encima de las leyes peruanas y convenios internacionales firmados por el Estado peruano y mucho menos por encima de los derechos de los pueblos de las comunidades indígenas de Naranjos y Supayaku de los distritos de San José de Lourdes y Huarango en la provincia de San Ignacio, en Cajamarca, herederos de los pueblos originarios jíbaros. Asimismo, exigimos al gobierno que respete y haga respetar nuestros derechos como peruanos.

Denunciamos las malas prácticas empresariales y sociales que ha venido utilizando la empresa Minera AGUILA DORADA SAC, quien para la realización de los talleres informativos y audiencias públicas en la comunidad de Naranjos, ha sido chantajeados, presumiblemente pagadas o condicionadas, para firmar las actas de asistencia.

Rechazamos la criminalización de los dirigentes y líderes indígenas y campesinos, incluso la persecución política de nuestras autoridades regionales, como es el caso de nuestro compañero rondero Gregorio Santos Guerrero, injustamente detenido y encarcelado, que se viene realizando como represalia a su oposición al proyecto minero Conga y a todos los proyectos mineros, caso Águila Dorada SAC. Nos solidarizamos con el pueblo Saweto, Memoria viva –Asháninkas, asesinados por defensa de sus territorios.

Pedimos al Ministerio de Energía y Minas que considere INVÁLIDOS la Declaratoria de Impacto Ambiental y la Resolución de aprobación de las actividades de exploración llevadas a cabo por la empresa minera águila Dorada SAC, por haberse realizado mediante el uso de prácticas deshonestas, sin tomar en cuenta a los hermanos y hermanas ubicadas en la cuenca alta, media y baja del río Chirinos o Miraflores o chingonzales y sus poblaciones principalmente afectadas: Naranjos, Alto Naranjos, Chinim, Santa Águeda, Nuevo kucha, Chimi Chimi, Tuna, Supayaku, Yamakey, Nuevo Kunchin, Suwa, Valencia, Chingozales,Sawintsa, Najen, Datem, por lo que dejamos constancia la violación del derecho de nuestro territorio, arrasamiento de nuestra vegetación en cabecera de cuenca, dado que no hemos sido informados sobre el proyecto y tampoco hemos dado nuestro consentimiento para su exploración y explotación. Por lo tanto, Águila Dorada SAC no cuenta con licencia social.

Afirmamos la necesidad de los procesos informativos y de diálogo como instrumentos para la toma de decisiones por las poblaciones afectadas, así como para evitar el inicio de nuevos conflictos sociales.

Consideramos necesario evaluar la viabilidad ambiental y social del proyecto MINERO Águila Dorada SAC, así como del resto de PROYECTOS MINEROS que se pretenden construir en el río Chirinos o Miraflores o Chingozales, a través de una Evaluación Ambiental Estratégica que revise los impactos integrados de las inversiones proyectadas. Nuestra vida, cultura e integridad están en peligro, sobre todo nuestro recurso natural agua.

Pedimos al Gobierno del presidente Ollanta Humala que inicie una discusión nacional sobre el modelo de una nueva minería, la diversificación productiva en el Perú y el nuevo modelo de desarrollo basado en la agricultura, anteponiendo los intereses nacionales y de las grandes mayorías a los de empresas extranjeras y grandes industrias extractivas.

Hacemos un llamado al Perú y el mundo a solidarizarse con la lucha y resistencia de los pueblos originarios AWAJÚN de Supayaku, Naranjos de los distritos de Huarango y San José de Lourdes y sus anexos y del CENEPA por presencia del proyecto minero Afrodita y del proyecto petrolero del Lote 116 a cargo de Pacifico Rubiales y Maurel ET PROM. Nuestra defensa del río Chirinos o Miraflores o chingozales, y por ende de la Amazonía, se da en el marco de la protección de nuestra historia y de la herencia cultural y ancestral que queremos dejar a nuestras futuras generaciones.

Acuerdos
1. Exigimos la paralización de trabajos y retiro inmediato y definitivo de la empresa minera Águila Dorada SAC, de nuestros territorios ancestrales de la comunidad Awajún en San José de Lourdes-San Ignacio.
2. Toda persona extraña o minera será detenida por las rondas campesinas, comunidades campesinas y los pueblos Awajun y serán amonestados de acuerdo al derecho consuetudinario, se les hará firmar un acta de compromiso de nunca más ingresar a territorio ancestral sin el permiso y consentimiento de los pueblos ronderos e indígenas de San Ignacio.
3. Las autoridades ronderas y Awajuns, que estén traicionados o negociando con las mineras, entre ellas Águila Dorada SAC, serán amonestados y sancionados de acuerdo a las normas comunales, de persistir serán expulsados de la comunidad.
4. Con el fin de garantizar la tranquilidad de los pueblos indígenas y ronderos, se pondrán tranqueras en entradas y salidas de los pueblos, con letreros que digan propiedad comunal- rondera e indígena, resaltando el marco legal que los ampara a los pueblos indígenas y ronderos.
5. Las comunidades campesinas y rondas campesinas, como los pueblos awajun, asumen el compromiso de realizar asambleas, en todos los pueblos de la cuenca del rio Chirinos o Miraflores o chingonzales y el marañón, con el fin de implementar tales acuerdos.
6. SI la empresa minera Águila Dorada SAC, no se retira de los territorios ancestrales de los pueblos awajun en el menor tiempo posible, se implementaran acciones de resistencia y lucha hasta que dicha empresa se retire definitivamente de los territorios que ha invadido.
7. Rechazamos todo tipo de negociación que están realizando algunas autoridades estatales y privadas, a través de las famosas mesas de dialogo, a cambio de sacar adelante el megaproyecto minero Águila Dorada, de suceder cualquier costo social, serán las únicas responsables.
8. San Ignacio, Jaén y toda la zona nororiental de Cajamarca y Amazonas, es netamente agropecuaria, cafetalera, cacaotera, forestal y turística. Los territorios de bosques naturales de flora y fauna, son declarados habita natural y cultural de los pueblos Awajun y Wampis, por lo tanto dichos pueblos de dicha zona nororiental, tiene su propio modelo de desarrollo económico, sostenible y sustentable en el tiempo, por lo expuesto la actividad extractiva de minerales no son compatibles en dichos territorios, los mismos que se defenderán cueste lo que cueste.
9. La próxima Asamblea de los pueblos originarios, Awajun, Wampis, comunidades campesinas y rondas campesinas, se realizar el 18 de octubre, en el distrito de San José de Lourdes-San Ignacio.
10. Para mejor coordinación e integración de los pueblos originarios, se conformó el “FRENTE DE DEFENSA NORORIENTAL, EN DEFENSA DE LOS TERRITORIOS (tierra, vida, agua, recursos naturales, identidad cultural y autoridad consuetudinaria comunal-rondera), quedando conformado por las siguientes instituciones indígenas y ronderas:
  • Organización Fronteriza Awajun de Cajamarca – ORFAC.
  • Federación Subregional de Rondas Campesinas y Urbanas de Jaén.
  • Federación Provincial de Rondas Campesinas de San Ignacio.
  • Federación Distrital de Rondas Campesinas de Huarango
  • Federación Distrital de Rondas Campesinas de San José de Lourdes
  • COMUNIDADES CAMPESINAS DE SAN PEDRO DE PERICO, SAN ANTONIO DE HUARANGO, SAN JUAN DE CHIRINOS, COMUNIDAD CAMPESINA NIÑO DIOS DE ZAPOTAL, COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JOSÉ DE LOURDES.
Huarango, 16 de setiembre del 2014

Oficina Regional de Comunidades Nativas, campesinas y rondas campesinas de Cajamarca. Organización Fronteriza Awajun de Cajamarca – ORFAC. Federación Subregional de rondas de Jaén. Federación provincial de rondas campesinas de San Ignacio. Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú – CUNARC-PP. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz FEDEPAZ .ODECOFROC. OCCAAM,CIAP, FEMAAM, ORPIAN, CUNARC P, COMUNIDADES CAMPESINAS DE SAN PEDRO DE PERICO, SAN ANTONIO DE HUARANGO, SAN JUAN DE CHIRINOS, COMUNIDAD CAMPESINA NIÑO DIOS DE ZAPOTAL, COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JOSÉ DE LOURDES,FEDERACIONES DISTRITALES , BASES Y SECTORIALES DE JAÉN Y SAN IGNACIO.

12 de septiembre de 2014

Minería en Perú, ¿mal augurio para indígenas y campesinos ?

DW- VIERNES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 16:45 GMT

 
La inadecuada respuesta gubernamental a la población campesina en Perú por los serios impactos de la gran minería preocupa a organizaciones de la sociedad civil. DW habló con uno de sus representantes en Bruselas.

“Por cada gramo de oro hay que mover una tonelada de roca. Son 600.000 toneladas al día. Las fuentes de agua y los manantiales han desaparecido en Cajamarca. Cuando las manifestaciones en contra del proyecto Conga –la ampliación de la mina Yanacocha- el ejército y la policía fueron pagados por la mina. Estamos presenciando una mercenarización de la Policía”, afirmó Pablo Sánchez, director de Grufides (Grupo de Información e Intervención para el Desarrollo Sostenible).

Cajamarca, un mal augurio
Que Cajamarca, la mitad de cuyo territorio está bajo concesiones mineras, sea la región más pobre y con mayores conflictos de Perú –a pesar de que su economía registra un crecimiento del 6% y de que la pobreza se ha reducido a la mitad en diez años- lanza sombras oscuras para el porvenir de las poblaciones rurales.

Tanto la organización alemana Misereor como las belgas Justice et Paix y Centre Avec detectan un incremento en la criminalización de la protesta social. También la falta de espacios de diálogo.

“Después de 20 años de actividad de la empresa Yanacocha y de sus elevados beneficios gracias a la explotación de la mayor mina de oro a cielo abierto de América del Sur -a pesar de las promesas de empleo y prosperidad para la ciudad, Cajamarca es la primera en la lista de ciudades con pobreza extrema en Perú”, afirma Géraldine Duquenne de Justice et Paix.

A esto se suma que el Ministerio de Medio Ambiente y los mecanismos de control autónomo se enfrentan a recortes en su campo de acción. Además las comunidades campesinas indígenas no están protegidas por la Ley de la Consulta Previa, aprobada en Perú en 2011 y que prevé la posibilidad de que una población originaria se oponga a un proyecto extractivo.
Según Susanne Friess de Misereror, las comunidades andinas del Perú nunca se autodenominaron indígenas por temor a la discriminación. La situación en conjunto pinta de negro el porvenir del 30% de la población del país andino que no habita los grandes centros urbanos.

Pero no será “sólo” la población rural la afectada: los pasivos ambientales que provoca la extracción minera, con legislaciones nacionales muy permisivas, se prevén a perpetuidad. Sobre todo en cuanto a la contaminación de las aguas se refiere.

¿No sirven las cláusulas?
En este contexto, tanto el acuerdo de libre comercio firmado con la UE (2012) como el acuerdo de materias primas firmado con Alemania (2013) preocupan, pues son instrumentos políticos para promover la actividad económica, en el Perú claramente orientada a la exportación de materias primas.

Aunque no se fijan volúmenes, el acuerdo de materias primas con Perú reviste mucho atractivo para Alemania, pues “aparte de ser un gran consumidor de recursos mineros a escala global, su sector empresarial siempre ha mostrado mucho interés por proveer servicios a la actividad minera en el Perú”, explica a DW el director de Grufides.

Cabe subrayar que el acuerdo firmado con Alemania tiene una cláusula referente a la observación de los convenios de la OIT –como el de la consulta previa. Y que el firmado con la UE posee mecanismos de observación del cumplimiento de estándares de desarrollo sostenible y de derechos humanos.

No obstante, “esto representa sólo una herramienta, que de ser usada brinda una posibilidad, una ventana de esperanza. La prioridad de los acuerdos”, resalta Sánchez De Francesch, “no es necesariamente su cumplimiento. A ello se suma las limitaciones que existen para aplicar desde Europa controles sobre decisiones que los políticos europeos consideran domésticas o locales”.

Así las cosas, en la gira que por Europa hace el activista, apoyado por organizaciones europeas, el objetivo es visibilizar la preocupante situación y la perspectiva en el país andino.

“Las naciones de la UE tienen una responsabilidad a través de la compra que hacen las naciones de los minerales en el mundo y también de las inversiones que se realizan”, concluye el activista abogando por mayor trabajo a favor de la transparencia y la trazabilidad de los minerales. Y subrayando que es muy importante que se sepa que en su país en este momento, según el entrevistado, las empresas mineras pagan a la policía.

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11 de septiembre de 2014

Firma de los acuerdos de gobernalidad regionales por parte de los candidatos

Hoy, 11 de setiembre, a las 6 p.m. en el Hotel Costa del Sol tendrá lugar el evento "Concertando el desarrollo de Cajamarca" - Firma del acuerdo de gobernabilidad 2015-2018.

Al evento participarà el presidente de la Mesa Nacional, Federico Arnillas y 7 candidatos a la presidencia regional de Cajamarca.

https://www.youtube.com/watch?v=jZow_bsT_oo&feature=youtu.be

El “paquetazo” implica entregar las tierras comunales a los inversionistas

Servindi, 11 de setiembre, 2014

El abogado Laureano del Castillo advirtió que la Ley 30230 entraña el riesgo de entregar la tierra de las comunidades a favor de los titulares de proyectos de inversión.

El director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) explica los riesgos de la Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en una  entrevista concedida a La Revista Agraria.

Al respecto la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú pidieron al gobierno central garantizar los derechos sobre la tierra de aproximadamente ocho mil comunidades campesinas y nativas del país.

La plataforma —conformada por organizaciones de la sociedad civil, gremios agrarios e indígenas—, advierte que el “paquete reactivador” de la inversión vulnera el derecho a la propiedad de las tierras de las comunidades campesinas.

A continuación la entrevista a Laureano del Castillo elaborada por Carla Calderón-Urquizo:

- ¿Cuál ha sido la intención del Gobierno al dictaminar este “paquete reactivador”? ¿Qué pretende cambiar sobre el tema de los derechos a la propiedad de las tierras de comunidades campesinas y nativas?
El saneamiento de la propiedad tiene que ver con un proceso donde el Estado, o una dependencia del mismo, formaliza derechos sobre la propiedad a una serie de titulares, incluso del propio Estado. Lo que causa preocupación es que en el Título III de la Ley 30230 se anuncia una serie de mecanismos excepcionales para la formalización o saneamiento de predios orientados a proyectos de gran inversión.
Por ejemplo, si una empresa quiere invertir en unas plantaciones de alcachofas o espárragos en un terreno que no tiene riego sencillo, se lo pide al Estado. Quizá esas tierras no están a nombre del Estado, pero probablemente sí a nombre de una comunidad campesina o nativa que no poseen sus títulos de propiedad en regla. Entonces, la ley plantea que si el inversionista necesita 50 mil hectáreas, el Gobierno saneará dichas hectáreas y se las brindará. Esto se producirá bajo el argumento de que —en teoría— esas tierras no tienen dueño y el Estado las apropia.

- En el título III de la ley N° 30230 se señala que se realizarán procedimientos especiales de saneamiento físico y legal de predios, especialmente de las comunidades ¿qué significa eso?
En la actualidad existen porciones de tierras en nuestro país que no tienen título. Es decir, la persona puede tener el derecho, pero al no tener el título resulta muy difícil, y hasta imposible, probar que es su propiedad. Entre estos casos se encuentran las comunidades campesinas y nativas. En la actualidad, existen comunidades que poseen títulos de propiedad imperfectos. Es decir, sin georreferenciación ni catastro. Las comunidades no tienen cómo acreditar que esa propiedad es suya, entonces, el Estado la conserva para poder aprovecharla como mejor le parezca. El Estado saneará la propiedad (“procedimientos especiales de saneamiento físico y legal de predios”) para dársela a un inversionista público o privado con el fin de que se realicen proyectos de gran envergadura.

- ¿Qué entidad está encargada de la titulación y saneamiento de la propiedad de las comunidades?
La Ley 30230 señala que los mecanismos de saneamiento van a estar a cargo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), con lo que el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) queda en el limbo. Nos preocupa que se esté otorgando a un organismo de vivienda, la facultad para sanear propiedades rurales. Ello, lejos de aportar luces, genera más dudas sobre el tema.

- ¿Cuáles son esas dudas?
¿Se van a respetar los derechos de las comunidades campesinas? ¿Qué sucederá con las comunidades campesinas e indígenas que no poseen un título de propiedad? o ¿Cuál será el destino de las comunidades que tienen título pero son imprecisos?, entre otros cuestionamientos. Uno de los artículos de la ley Nº 30230 dice: lo que está inscrito, así sea por encima de los registros públicos, no tiene tanta validez como lo que realizará COFOPRI como trabajo de campo.

- ¿Cuál es el principal riesgo al que se enfrentan las comunidades campesinas y nativas?
Evidentemente, está el tema del conflicto, porque ya se sabe cómo se realizan los procedimientos de saneamiento y titulación cuando donde no hay ningún tipo de difusión. Entonces, probablemente los funcionarios realizarán estos procedimientos solamente con algunos comuneros o dirigencias comunales, lo que puede generar división al interior de las comunidades. Esa separación afecta la vida institucional y debilita a la comunidad.

- ¿Qué significa la frase: “independientemente del uso actual o futuro que se les dé a los predios” que está contenida en la Ley 30230?
El Estado tiene una mirada miope. Esta frase significa que no importará si es una tierra agrícola, bosques, lugar de viviendas, entre otros. El Estado no se proyecta hacia el futuro, ni atiende a la Ley Forestal, ni a medidas de conservación de la biodiversidad. El Estado solo quiere analizar lo inmediato. Es decir, la factibilidad de proyectos de inversión de gran envergadura.

- ¿Cuál es la propuesta que tienen las organizaciones de la sociedad civil para modificar esta norma?
Varias organizaciones de la sociedad civil hemos demandado revisar y cambiar varios aspectos de la Ley Nº 30230. Creo que es oportuno y válido el reclamo que estamos respaldando. Concretamente, la Plataforma de Gobernanza Responsable de la Tierra llama la atención sobre los riesgos del Título III de dicha ley, que merece mayor atención y que el Congreso revise las implicancias de la misma. No es que la ley diga explícitamente que se le van a quitar sus tierras a las comunidades, pero tener una redacción tan amplia no lo prohíbe. El Congreso aprobó esta ley sin percatarse de los enormes riesgos, no solo ambientales, sino también sociales en perjuicio de los pequeños propietarios y miembros de comunidades campesinas y nativas.

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Fuente: Observatorio de Tierras: http://observatoriotierras.info/monitoreo/103846

9 de septiembre de 2014

AMERICA LATINA PIENSA La Cuestión Del Desarrollo

Es un ciclo de 11 documentales cortos que ha convocado la palabra de los intelectuales y movimientos sociales mas trascendentes de nuestro continente. El ciclo se publicara periódicamente a partir de la 4ta semana de agosto de 2014, a razón de 1 capítulo semanal y será distribuido desde la pagina web http://www.noalamina.org/

La producción recorrió mas de 40.000 km durante varios meses, logrando el testimonio de más de 100 entrevistados a lo largo de todos los países de América del Sur.

Capítulos:
1 - "Crisis Global" 
En esta primera entrega del ciclo América Latina Piensa buscaremos entender el contexto general, la crisis global: para algunos, crisis del capitalismo, para otros simplemente un paso más en el marco de un sistema que se ha vuelto especialmente destructivo. Para algunos pocos, una verdadera crisis civilizatoria.
https://www.youtube.com/watch?v=1pTqlE-wmG4

2 - "Gobiernos del Sur en Perspectiva"
En el contexto de la movilización general de lucha anti neoliberal durante los 90' se crearon expresiones políticas y sociales diversas, llegando a generarse propuestas de cambio civilizatorio y en ocasiones traduciéndose por la vía electoral en opciones de gobierno.
Mientras tanto, la expansión de los llamados BRICS y más tarde la desestabilización financiera global eleva sideralmente los precios de los commodities como la soja, el petróleo o los metales preciosos generando un boom de inversiones y consecuentemente una inusitada expansión de la frontera extractiva.
Entre la búsqueda de redistribuir de la riqueza y la apuesta por el crecimiento económico vía profundización de la industria extractiva se va a configurar una verdadera tensión que ubica en el centro del debate “la cuestión del desarrollo”.
https://www.youtube.com/watch?v=GOxAJ3ShnZ0

Próximos capítulos:
3 - "Campos Verdes del Plata"
4 - "El Gigante y sus Fronteras"
5 - "El Modelo Chileno"
6 - "Rentismo o Revolución"
7 - "Ecuador desde Abajo"
8 - "Tensión Boliviana"
9 - "Extractivismo Salvaje"
10 - "La cuestión del Desarrolllo"
11 - "Pensar la Transición"

Co. Agalón Producciones 2009- 2014

Argumentos de la empresa y el Estado fueron falaces

Mirtha Vásquez Chuquilín

5 de septiembre de 2014

CONGA AL VOTO


CONGA AL VOTO

Mirtha Vásquez - GRUFIDES

El día 27 de agosto se llevó a cabo la vista de la causa del caso Conga.  Un ciudadano de Cajamarca ha planteado una demanda de Amparo en contra de la empresa Minera Yanacocha y el Ministerio de Energía y Minas por haber autorizado la instalación de un proyecto minero-Conga- en una zona altamente vulnerable colocando en riesgo el medio ambiente sano y equilibrado.

La demanda solicita que se suspenda la ejecución del Proyecto minero Conga por colocar en inminente riesgo el derecho constitucional a vivir en un ambiente sano y equilibrado, para ello se solicita la inaplicación de la Resolución 351-2010-MEM, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y que por ende hace viable la ejecución del mismo.

A la audiencia de vista de causa recurrieron las partes representadas por sus abogados, quienes a su turno realizaron la sustentación de sus posiciones.  La parte demandante insistió en señalar la importancia de resolver un caso como Conga que representa un conflicto en el ha entrado en tensión dos derechos, el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado y el derecho a la libertad de empresa.  Se puso en evidencia los principales impactos que se van a generar de ejecutarse el proyecto, teniendo en cuenta la zona vulnerable en la que se pretende ejecutar, una zona altoandina de jalca de Cajamarca, cabecera de 5 microcuencas que proveen de agua a cientos de poblaciones de la zona baja, en donde existe 34 hectáreas de lagunas naturales, 600 manantiales, 260 bofedales, ríos, quebradas,  que no solo cumplen un valor paisajístico, sino que generan un servicio ambiental muy importante para la naturaleza.  Al menos 210 caseríos se benefician de manera directa de esta agua existiendo , conforme al propio EIA, 102 captaciones para agua para consumo humano.

Los magistrados pudieron apreciar las principales modificaciones ambientales que propone el proyecto, desaparición de lagunas naturales como “El Perol” y  la laguna “Mala” las que van a ser convertidos en tajos, y el desagüe de dos lagunas más “laguna azul y chica”  para ser utilizadas de depósito de desmonte, conforme lo señala su EIA.  Un movimiento de 92,000 toneladas de roca al día, es lo que declara como trabajo permanente la empresa durante 19 años, y la construcción como infraestructuras de alto riesgo como una presa de relaves, la más grande en latinoamerica que ocupará 700 Has. Y que estará ubicada sobre el río alto Jadibamba y la quebrada Toromacho.

Respecto a la demanda, se precisó que la génesis de la controversia está la aprobación del EIA, en tanto ello genera la viabilidad de la ejecución del proyecto.  Por lo mismo, la demanda de amparo tiene como objeto que se declare la inaplicación de la  Resolución Directoral Nº 351 MEM/AAM que aprueba el EIA para efectos de que se suspenda la ejecución del Proyecto minero Conga por colocar en riesgo cierto e inminente el derecho constitucional a vivir en un ambiente sano y equilibrado, contemplado en el Art. 2 inc.22 de la carta magna.

Respecto al proceso
La demanda de amparo se interpuso ante la jurisdicción de Cajamarca, y tanto la primera como la segunda instancia la declararon “Liminalmente improcedente” aludiendo causales establecidas en el Art. 5 incs.2 y 4 del Código Procesal Constitucional es decir, por falta de agotamiento de las vías previas, la existencia de vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias, y además, por supuestamente necesitar este proceso, por su naturaleza, etapa probatoria. 

La parte demandante sustentó que esta es una interpretación errónea de la ley precisando un asunto fundamental que hay que considerar es que tanto el juez como la sala civil de Cajamarca partieron de un presupuesto equivocado, el considerar que el objeto de la demanda es “restar eficacia jurídica” a un acto administrativo como es la Resolución administrativa 351-2010 del MINEM, debido a lo cual requieren agotamiento de vía previa. Ante el TC se vuelve a precisar, que lo que busca el amparo es la protección concreta de un derecho fundamental como es el de vivir en un ambiente sano y equilibrado que en este caso se ve amenazado ante la ejecución de un proyecto minero,  y ello va más allá restarle eficacia o validez de una resolución directoral, por lo mismo, no tiene caso agotar vía previa, pues en la misma solo buscaría que la administración pública revise su propio acto para verificar condiciones de validez legal.

En función al mismo error la Sala civil de Cajamarca opinó que este proceso por su naturaleza necesita de etapa probatoria que debería actuarse en una vía ordinaria.  Al respecto, se recordó la naturaleza de estos procesos, la materia ambiental, respecto a los cuales debe primar un principio fundamental, el principio precautorio, principio que ha sido reconocido como constitucional (Stc. 2002-2006 y 3442-2004) y que en estos casos específicos no solo sirve para analizar el fondo de la controversia constitucional, sino también como sustento indesligable para determinar la procedencia de una demanda que en estos casos puntuales cabe la posibilidad de ser resuelta sobre la base de los indicios y sin pruebas definitivas.

De otro lado, existen vías procedimentales igualmente satisfactorias? La respuesta es no. El TC establece como “regla general” para eximir de este requisito “el riesgo de irreparabilidad”,“el riesgo de irreparabilidad del daño fundamental causado o por causarse a la persona el que determinará que la demanda de amparo resulte procedente” (STC 00906-209-AA); y este riesgo en este caso es particularmente inminente, debido a el proyecto legalmente autorizado como está pudo haberse ejecutado y haber generado los daños graves e irreversibles pudieron y pueden estar consumados de no ser por la resistencia de la población que incluso ha costado la vida de 5 personas.

Pero es sobre el fondo del tema que se incidió, sobre el objeto de este amparo que persigue la protección del derecho fundamental a vivir en un ambiente sano y equilibrado lo cual implica una dimensión objetiva, que vincula al Estado indefectiblemente y que le exige de forma imperativa una adecuada y efectiva protección del derecho al medio ambiente (STC 0048-2004-AI/TC).  En relación a ello, y solo por citar un ejemplo, el procedimiento de elaboración y aprobación de los EIA expresan incumplimiento del Estado con la esta obligación sustancial.   

La parte demanda a través del representante de Minera Yanacocha solo se limitó a insistir en su solicitud de declaración de improcedencia de la demanda para evitar discutir el fondo de esta controversia respecto a lo cual solo manifestó que el proyecto Conga no dañaría el ambiente pues la lagunas que se van a impactarse son absolutamente impermeables y no generan filtraciones ni cursos de agua subterránea por lo que era perfectamente factible que puedan ser reemplazadas por reservorios artificiales, negando así los serios impactos que incluso el EIA del proyecto acepta.  Por su parte el Procurador tuvo una intervención centrada en intentar explicar técnicamente el proyecto Conga para terminar aceptando que este proyecto no está suspendido legalmente como se ha pretendido afirmar. 

La causa quedó al voto, y Cajamarca queda a la espera de que este Tribunal Constitucional por fin pueda resolver institucionalmente este conflicto que ya ha traído altísimos costos sociales.

Firma la petición

Condenada por empresa minera: ¡Máxima es inocente!

En Perú, un juez acaba de sentenciar a Máxima Acuña a ser desalojada, a 2 años y 8 meses de prisión suspendida y pago de 5.500 soles a la minera Yanacocha por supuesta usurpación de tierras. Firma la petición para impedir el desalojo, cese el acoso y violencia contra Máxima por defender la tierra y las lagunas de Conga.



1 de septiembre de 2014

PROCESO DE AMPARO SOBRE EL PROYECTO MINERO CONGA EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Pueden escuchar el alegato que presentó Mirtha Vásquez de GRUFIDES en el Tribunal Constitucional por el caso Conga en el minuto 123 de este video:

http://www.tc.gob.pe/servicios/mantenimiento/audiencias/video.php?idnot=391&arch=notas_prensa/videos/Audiencias/2014/Audiencia_Pleno_27-08-2014.flv

Nota de Prensa Nº 092-2014-OII/TC

 PLENO DEL TC DEJÓ AL VOTO PROCESO DE AMPARO SOBRE EL PROYECTO MINERO CONGA

 
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Esta mañana, el Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública, en su sede de Lima, y dejó al voto un total de 55 causas, entre procesos de inconstitucionalidad, de cumplimiento, hábeas corpus y amparo.

Una de las demandas que quedaron al voto es la referida al proceso de amparo  interpuesto por Marco Arana Zegarra contra el Ministerio de Energía y Minas y otro, referente al proyecto minero Conga.

En la mencionada causa (Exp. Nº 03673-2013-AA) realizaron los informes orales por  la parte demandante la abogada Mirtha Vásquez Chuquilín y por la parte demandada hicieron uso de la palabra los abogados Bruno Marchese Quintana, en representación de minera Yanacocha, y Christian Dondero Cassano, en representación de la procuraduría  del Ministerio de Energía y Minas.

También quedaron al voto tres procesos de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley Nº 29951 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013. Una de las demandas fue interpuesta por el Colegio de Abogados del Callao (Exp. Nº 00003-2013-AI), otra por el Colegio de Abogados de Arequipa (Exp. Nº 00004-2013-AI) y la tercera demanda fue interpuesta por 5,127 ciudadanos (Exp. Nº 00023-2013-AI).

El Pleno del Tribunal Constitucional lo conforman el magistrado Óscar Urviola Hani (Presidente) y lo integran los magistrados Manuel Miranda Canales (Vicepresidente), Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada, Marianella Ledesma Narváez y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera.

El lunes 25 de agosto la Sala Primera, presidida por el magistrado Miranda Canales e integrada por los magistrados Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, sesionó en audiencia pública y dejó al voto 51 procesos constitucionales.

Por su parte, la Sala Segunda presidida por el magistrado Blume Fortini e integrada por los magistrados Ramos Núñez y Ledesma Narváez, sesionará en audiencia pública  el jueves 28 de agosto a las 09:30 horas, para la vista de la causa de 59 procesos constitucionales.

Las audiencias públicas realizadas en la Sala de Audiencias de la sede institucional de Lima son transmitidas en VIVO y pueden ser vistas ingresando a la siguiente dirección: www.tc.gob.pe/tc_audiencia_vivo.php


Lima, 27 de agosto de 2014