23 de junio de 2007

Multan a Yanacocha por malos alimentos a trabajadores

La minera Yanacocha deberá pagar una multa de 86.250 nuevos soles por distribuir alimentos en descomposición a sus trabajadores y trabajadoras, informó el titular de la Dirección Regional de Trabajo de Cajamarca, Carlos Vergara Montero.
El funcionario indicó que a raíz de la denuncia del Sindicato de Trabajadores de Yanacocha, un inspector de su despacho se apersonó al restaurante minera, donde recogió muestras de los alimentos. Dichos potajes fueron sometidos a un análisis bromatológico en el laboratorio de la municipalidad provincial de Cajamarca. Los resultados revelaron que los ingredientes estaban en estado de descomposición.

Demandan liberación de ronderos

A través de un pronunciamiento, la Coordinadora de Rondas Campesinas de Cajamarca demandó la inmediata liberación de los comuneros detenidos tras la serie de protestas en el sector de Totoracocha. En el documento, se insta a las autoridades a devolver la libertad a Reina Sánchez Chávez, Jorge Ortiz Guerra, Rogelio Garay Cruzado, Paulino Chávez Guerra y Hermes Chávez Armas internados en el penal de Huacari. Por otra parte, el rondero Mariano Mendoza Zafra indicó que en los próximos días emprenderán un paro regional a fin de reclamar al Gobierno central más presupuesto para el agro.

Jorge Ramos - Radio Líder

www.cnr.org.pe 23/06/2007




Falta de responsable distribución del canon podría agravar conflictos sociales

El Estado no está cumpliendo responsablemente con su rol de redistribuir las riquezas y eso hace que los conflictos sociales vayan en aumento, opinó el padre Marco Arana, integrante del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) de Cajamarca.

A través de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Arana consideró que no basta decir que las empresas ya están pagando las regalías porque la ley permite que recién las mineras empiecen a cancelar sus impuestos cuando han dejado de invertir.

“El canon para Cajamarca recién comienza a ser significativo en el año 2004 cuando la relación población – minería ya estaba desgastada, y durante los once primeros años, la empresa minera Yanacocha daba una miseria”, manifestó.

En ese contexto, Arana Zegarra indicó que los conflictos sociales también son consecuencia de un problema como contaminación ambiental y si ambos factores no se toman de manera integral, estas coyunturas puedan agravarse de manera peligrosamente rápida.

Cabe recordar que el padre Marco Arana y los directivos de GRUFIDES fueron amenazados y violentados luego de la ejecución de un operativo intimidatorio de espionaje denominado “‘El Diablo”, lo cual consta en la denuncia realizada por el diario “La República” a inicios de diciembre del 2006. La pesquisa periodística estableció que el reglaje a los integrantes de GRUFIDES fue ordenando por el gerente de la empresa Forza, que brinda seguridad a la minera Yanacocha.
www.cnr.org.pe 23/06/2007




Majaz ocasionaría daños irreversibles en Piura y Cajamarca

El abogado de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Javier Jahncke, alertó sobre el daño irreversible que podría generar la explotación de minerales dentro de la zona del proyecto Río Blanco que ejecutaría la empresa minera Majaz, en las serranías de Piura.
En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Jahncke expresó su preocupación por la contaminación que sufrirían los bosques de neblinas y los páramos, que son fuente de agua para las localidades de Yanta (Ayabaca) y Segunda Cajas (Huancabamba).
Así mismo, sostuvo que los trabajos de explotación a tajo abierto simple que realizaría la minera Majaz afectarían la biodiversidad de las nacientes de cuencas agropecuarias, de las que dependen la vida y la estructura económica piuranas, y cuyos efectos contaminantes alcanzarían a los distritos de San Ignacio y Jaén, en Cajamarca.
En ese sentido, Jahncke indicó que existen pruebas contundentes que demuestran la ilegalidad operacional de la minera Majaz en el lugar, y que protegerían los derechos territoriales de las personas de las comunidades afectadas.
“Hay argumentos sólidos que establecen la presencia ilegal de la empresa minera Majaz, que no tienen el permiso formal de las comunidades, y por consiguiente su permanencia a nivel judicial debe ser constatada, debatida, y finalmente el Poder Judicial tomar las decisiones que correspondan”, explicó.
Además, manifestó que la minera Majaz realizó los trabajos de exploración y pretende efectuar los de explotación avalándose en documentos que no cuentan con el voto de los dos tercios de los miembros de la comunidad, tal como exige la Ley de Promoción de laInversión Privada, y que fueron suscritos con su antecesora, la empresa Coripacha.
Cabe indicar que el informe del 2006 de la Defensoría del Pueblo (DP) señaló que los documentos que firmaron parte de los comuneros de Yanta y Segunda y Cajas son de carácter contractuales sólo con Coripacha, mas no con la minera Majaz.
En ese contexto, el expediente que presentó Majaz a la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas (MEM), y que le dio el permiso para operar a la minera entre los años 2003 y 2006, carecerían de validez.
www.cnr.org.pe 23/06/2007