DERRAME DE ANTAMINA EN CAJACAY: A
CASI UN MES, EL VALOR DE LA
SALUD EN DEBATE
Tras hacerse
pública la noticia sobre el derrame de minerales que sufriera un ducto de
propiedad de la minera Antamina, en el distrito de Cajacay, en base a
entrevistas hechas en la zona hace pocos días, vale la pena reflexionar sobre
lo que está aconteciendo en Cajacay, a casi un mes de sucedido el derrame
minero.
El día 08 de agosto se realizó
una reunió entre la
Comunidad Campesina de Cajacay y la empresa minera Antamina,
anunciada con la presencia del Presidente de su Directorio. Las entidades que
estuvieron presentes, entre ellas la Defensoría del Pueblo. Aparentemente, ésta y
otras instituciones públicas no habrían sido invitadas formalmente, sino, por
convocatoria de preocupados residentes cajacainos en Lima conscientes de esta
situación.
El resultado fue la firma de un
Acta de compromiso, con dos puntos resaltantes: 1. La construcción de la
represa Huarco Curan y 2. El establecimiento de la Comisión de Salud que
determine las indemnizaciones a los afectados.
1. Construir la represa Huarco
Curan, a más de 10 años de solicitud
No es la primera vez que ocurren
problemas entre la
Comunidad Cajacay y Antamina, desde el año dos mil en que se
firmó el primer convenio para posibilitar las operaciones de la empresa en la
zona se ha dado una historia llena de ofrecimientos, expectativas, y
frustraciones en Cajacay, sin duda, la más relevante demanda para la Comunidad fue la construcción
de la represa Huarco Curan.
La población local esperó y
exigió que Antamina financie la obra considerada de importancia fundamental
para la obtención de agua en las actividades productivas de la zona ante la
variabilidad de lluvias a cambio de que en la zona funcione el mineroducto que
transporta los minerales y la operatividad de dos válvulas.
Humberto Campodónico explica que:
“En términos de suma simple, Antamina invirtió US$ 2,461 millones de 1997 al
2009. Comenzó a depreciar en el 2003 –de acuerdo a nuestros cálculos– por un
total de US$ 2,248 millones y tuvo utilidades netas desde el 2005 por US$ 6,320
millones, lo que arroja un flujo neto positivo de US$ 6,106 millones”.
Ante esto, el siguiente
cuestionamiento es: ¿Realmente, Antamina no pudo financiar en más de 10 años la
represa que requería Cajacay teniendo un saldo neto de más de 6000 millones de
dólares? Pareciera que tuvo que suceder el derrame de minerales para que la Comunidad obtuviera el
compromiso de la ejecución de esta obra por la empresa en solo 45 días.
Como antecedentes, cuando la Comunidad exigía a la
empresa que financie la construcción de dicha represa, ofrecida
contractualmente con la firma del Convenio el año dos mil, con la cual
obtuvieron la aceptación de la
Comunidad para la construir de dos válvulas y permitir paso
del mineroducto por una de sus calles principales . A cambio Antamina se
comprometía a hacer las gestiones para buscar financiamiento. Así,
textualmente, el acuerdo señala:“La fecha de culminación de la obra será la
indicada en el expediente técnico, que no excederá del 31 de diciembre del 2001
salvo caso fortuito o de fuerza mayor”, este primer convenio establecía una
multa de cincuenta mil dólares americanos si hasta el 31 de junio del 2001 no
se iniciaba la construcción de la obra.
Han pasado ya once años y nada se
ha hecho debido a trámites burocráticos (Muchos acusan al SNIP, entre otras
instituciones) y cuestionados manejos comunales. Todo este incumplimiento
provocó serios reclamos de los comuneros. El año 2009, la Comunidad realizó un
paro para exigir la construcción de la represa, tal es así que la Defensoría del Pueblo
registró el conflicto social en el Reporte Mensual de Conflictos Sociales, la
policía usó balas para reprimir las protestas y resultaron 12 personas heridas.
El herido grave por bala,
entonces, comunero Gregorio Balabarca Alva, nos manifiesta que se hizo cuatro
operaciones para poder restablecer su Salud, estas fueron cubiertas por
Antamina, sin embargo, después de esto no ha recibido ningún tipo de
indemnización respecto a las secuelas del impacto de bala, así, dijo: “Yo fui
una persona sana, trabajaba en empresas, ahorita, yo no sirvo para nada…ese fue
el motivo para que mis hijos queden sin estudios”, por lo que, hasta el día de
hoy exige una indemnización.
A pesar de todo, la Comunidad no se amilanó
y continuó las gestiones ante el Estado con la Región Ancash (a
donde derivó la minera esta obra) y el MEF, lográndose, finalmente, la
viabilidad del proyecto hasta en julio de este año, días antes del derrame, bajo
el presupuesto del Gobierno Regional de Áncash y con apoyo parcial de Antamina.
Por los puntos expuestos, la
reunión del 08 tuvo como uno de sus principales logros lo ya conseguido
previamente a los sucesos del derrame. Asimismo, esta obra de importancia
productiva para la Comunidad
por la variabilidad de cantidad de lluvias en los cultivos, tuvo que esperar
más de 10 años para poder construirse cuando el acta de acuerdo contemplaba que
el 2001 se culminaría. Igualmente, el costo de movilización y en específico, la
indemnización a Gregorio Balabarca es una agenda pendiente que podría y debería
plantearse en las reuniones próximas.
Si bien, había responsabilidades
del Estado más que de la
Empresa, nos preguntamos: ¿Por qué Antamina no fue claro
respecto a sus limitaciones para conseguir la construcción de la represa como
parte de una negociación para obtener las concesiones de la construcción del
mineroducto y las dos válvulas en el distrito de Cajacay (una de ellas la que
explosionó originando el derrame)? ¿Es que acaso Antamina jugó con las
expectativas de la población? ¿O es que la deficiente comunicación entre
empresa, Comunidad y Estado permitió que torpemente se generen condiciones de
conflictividad social en la última década en la zona?
Así, las expectativas de la
población estuvieron siempre en poder ver la ejecución de la represa; se trata
pues de una frustración de más de 10 años a partir de la llegada de la empresa
y así, las tareas de relacionamiento comunitario se vieron condicionadas a difíciles
circunstancias sociales las cuales ofrecían como resultado una posición muy
crítica respecto a la política de responsabilidad social de Antamina. La gran
lección de todo esto fue que para la población local que exigía las muestras de
transparencia, claridad y responsabilidad durante las negociaciones y
establecimientos de acuerdos, dicha responsabilidad social se hubiera expresado
en el cumplimiento de las obras prometidas desde el 2000.
Casos, como el de Cajacay, se
repiten en muchas partes del país y es menester que las empresas balanceen
entre sus ganancias netas y las demandas de desarrollo local en las zonas en
donde operan, así como, manejen una política no especulativa de negociaciones
para el establecimiento de acuerdos.
2. Tras el derrame ¿Cómo se está
dando el proceso de reparaciones a los afectados?
Cuando ya parecía que se había
alcanzado una relativa paz social en Cajacay, los hechos ocurridos el 25 de
julio en el caserío de Santa Rosa volvieron a generar riesgos que amenazaban
las relaciones entre empresa y población. Producto del derrame, Antamina se
comprometió en la reunión del 08 de agosto a indemnizar a la comunidad por los
daños ocurridos en base el informe que realice el recién formado Comité de
Salud e integrado por el Alcalde de Cajacay, el Presidente de la Comunidad y
especialistas del Colegio Médico (entre otros profesionales) que la Comunidad pueda
solicitar; y todo el gasto por contratación de profesionales sería asumido por
Antamina. Esta Comisión se dio un plazo de 45 días para la emisión de su
informe final. Poco después, el 15 de agosto en la Asamblea Comunal
si bien los comuneros reconocían el esfuerzo del Colegio Médico para
restablecer personal médico en la atención de los afectados en el caserío de
Santa Rosa, también manifestaron su temor a una posible manipulación de los
resultados médicos que Antamina financia y por las instituciones de Salud con
las cuales Antamina tiene convenio.
De otro lado, casi al mismo
tiempo que la comisión referida entregaba sus resultados, el Centro Nacional de
Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para La Salud (CENSOPAS- MINSA)
había realizado importantes análisis a buena parte de la población, demostrando
que ya habría presencia de minerales por encima del nivel permitido en 6 niños.
Entre los afectados de diversa edad que se habrían registrado hasta el momento
tenemos:
Gilberto Jara Vega: uno de los
primeros afectados por ser guardián de la válvula que explotó, teme no tener un
análisis alternativo que garantice su real estado de Salud, ya que él,
únicamente, ha sido atendido por los médicos -contratados por Antamina- de la Clínica San Pablo de
Huaraz; el primer diagnóstico (25 de julio) que le dieron dice textualmente:
“Efecto tóxico de sustancia inorgánicas no especificadas y síndrome rotor” el
quince de agosto se le dio de alta señalando en constancia de la Clínica San Pablo que:
“Los resultados están dentro de la normalidad” la desconfianza de la certeza
sobre la real situación de su salud no solo de él, sino en general de la Comunidad es evidente.
La madre gestante de siete meses,
Nancy Damián Ribera. Esta comunera demanda que se realicen análisis profundos
que diagnostiquen la situación de su salud y la del niño que lleva dentro,
asimismo, afirma que a pesar de haber pasado casi un mes del derrame no se le
ha acercado ningún personal del Estado y que los médicos que ha enviado
Antamina, hasta la fecha, no le dan razón sobre su diagnóstico, únicamente, le
han dicho que se encuentra en buen estado. Está dudosa sobre lo que le espera a
ella y su bebé.
La madre de la niña Yoselin
Damián Ribera internada en el Hospital del Niño con daños graves a su vista por
el mineral tóxico, señala desesperada con comprensible llanto que hay
incertidumbre sobre el diagnóstico de su hija. Indignada desmiente versiones en
el sentido de que su hija ya habría estado mal de la vista antes de los sucesos
del derrame. La enorme preocupación sobre lo que pueda suceder con su pequeña
hija la aflige, salvo la atención de DIRESA el Estado parece estar ausente.
Al preguntar a cierto poblador no
identificado sobre la presencia de plomo en los niños este respondió: “Si los
niños están con plomo, ya pe, mejor van a morir más rápido…y la familia queda
con su plata”. Igualmente, al preguntar sobre la vista de la niña afectada a
otra pobladora dijo: “!Ah, Ella ya estaba mal de la vista antes!”. Estas mismas
personas al interrogarle sobre su diagnóstico de Salud admitieron que no tenían
resultados claros sobre qué es lo que tenían.
Además de las posiciones críticas
respecto los diagnósticos médicos, muchos comuneros se cuestionan sobre cómo se
efectúa el proceso de reparaciones.
Isidro Huerta Guzmán (Comunero
activo por más de 50 años y ex.presidente comunal) hace hincapié en que lo
ofrecido por Antamina no es proporcional a los daños generados y ello sería
avalado por algunos dirigentes. Él explica que: “Hay un fraccionamiento en la Comunidad…Antamina está
convenciendo a pobladores con brindar víveres, aceite, sémola, yogurt,
alimentos…Antamina ha venido a corromper, realmente, a los comuneros de la Comunidad de Cajacay. A
todos los que protestan y que legalmente reclaman a través de unos sencillos
les convence a los dirigentes y se acabó, ahí terminan los reclamos”.
A esta situación, algunos
comuneros agregan que lo que prima para lo toma de decisiones es una casi
generalizada falta de conocimientos y por tanto, que será un proceso largo.
El Agente Municipal de la Zona de Santa Rosa, Wilfredo
Moran, señaló que están evaluando internamente cómo proceder ante los sucesos,
asimismo, dijo que si bien tienen algunos asesores, no obstante, no son
especialistas en el tema y ven también necesario el hecho de contactar y
asesorarse del tema. Igualmente, entienden que habrá un proceso largo antes de
poder determinar un acuerdo óptimo sobre el tema, por lo que, esperan que la
empresa pueda responder a sus reclamos.
Se conoce, por versión de la Asamblea Comunal,
que Antamina ha dado una cantidad de dinero por concepto de “gastos por
evacuación” a cada persona de la zona por las afectaciones. La cifra no parece
ser clara, pero, se habla de alrededor s/. 250 soles por día a cada persona. De
momento, el acuerdo de establecer atención médica continua en el caserío de
Santa Rosa-por versión de la propia asamblea comunal- no se está cumpliendo,
sino que solo se da en algunos días y en ciertas horas, no respetando por tanto
lo estrictamente acordado.
Al llegar a la zona el fuerte
olor respirable aún luego de más de veinte días, nos recordaba el incidente y
allí corroboramos que Antamina a raíz del derrame minero ha contratado mano de
obra local para limpiar la zona y pintar las casas de los pobladores con
material financiado por la empresa, por lo que, observamos que una cantidad
considerable de casas y el colegio de la zona se encontraban pintadas y
coloridas.
Finalmente, vale señalar que
Antamina, a través de Nota de prensa, ha confirmado que: “se compromete a
indemnizar por daños y perjuicios a la comunidad de acuerdo al resultado de los
informes y los análisis técnicos, y lo que la comisión de salud proponga”. Así
como también, que va a esperar la evaluación de la OEFA sobre los impactos de
los sucesos (Esta saldría en 45 días).[1]
Por toda la información obtenida,
una importante pregunta que surge es ¿Por qué el Ejecutivo está enfrentando el
tema de manera tan alejada a los afectados? La Comisión de Salud de la
que en todo momento se hace referencia no está integrada y menos aún dirigida
por ningún organismo del Estado, siendo las autoridades de la zona las que
tienen coordinación directa en este espacio con la asesoría de los
especialistas del Colegio Médico. A todo ello, Antamina señala que son
“espacios paralelos” pero, no obstante, se basarán en los resultados de esta
Comisión para dar las reparaciones. Asimismo, si bien las autoridades locales
que conforman la Comisión
pueden solicitar diferente apoyo técnico, no son especialistas en el tema y
desconocen los procedimientos técnicos-jurídicos en estos casos. El Colegio
Médico, sin duda, cumple un aporte fundamental, aunque se debe reconocer que
entre muchos comuneros se nota la existencia de cierta desconfianza hacia
ellos; lo cual desde nuestro punto de vista, puede ser visto como legítima, por
lo que se demanda una opinión médica alternativa y sin ningún tipo de
vinculación con la empresa. En ese sentido, la necesidad de otros análisis
independientes es palpable para los pobladores, manejando posibilidades como la
de recurrir a apoyo internacional.
¿Cuánto vale la salud? ¿La salud tiene
precio? ¿Cinco mil, diez mil, treinta mil…?
La falta de información,
comunicación y transparencia hacia todos los afectados de la zona desde el día
en que acontecieron los hechos, ha generado un clima de especulación sobre los
pagos que Antamina tendría que hacer por los impactos del derrame. En suma, ha
pasado casi un mes del derrame y los afectados, hasta la redacción de este
artículo, no han recibido -o no se notaba- asesoramiento especializado y
monitoreo permanente del Estado para conocer sobre la situación de los
afectados, ni tampoco de ONGs que hagan conocer, entre otras cosas, cuál es el
procedimiento, quiénes deberían recibir reparaciones y menos aún, tener
claridad sobre lo que ha sucedido con la Salud de los afectados.
Algunos comuneros temen más que
otros por su Salud y hasta muchos ven una oportunidad de beneficio económico
importante, pero ninguno asegura saber exactamente cuál es su diagnóstico y las
posibles consecuencias del impacto del derrame. Esto podría favorecer que se
imponga una visión inmediatista que podría resultar peligrosa para ellos y por
ello es el Estado el llamado a garantizar que los pobladores que han sido
afectados reciban toda la atención necesaria para su Salud, así como una suma
de dinero por concepto de indemnización correspondiente a los antecedentes
internacionales sobre derrames ocurridos en otros casos (sentencias, acuerdos
de indemnización, etc.).
A nadie beneficia mantener un
diálogo cerrado, aislado y poco transparente. La empresa podría evitar un
conflicto social sobre el caso, el Estado podría ganar credibilidad sobre su
rol de garante de los derechos y la población podría dejar atrás estos sucesos
lamentables con la garantía del bienestar de su Salud y mejores condiciones
económicas para elevar su calidad de vida. Esperemos que no suceda,
exactamente, todo lo contrario.
Nuestra última reflexión sería,
después del caso de derrame de Mercurio en Choropampa y del caso de Cajacay en
particular: ¿Cómo impactan estos casos específicos a la prevención de riesgos
de todas las demás operaciones de las actividades extractivas? ¿Va a cambiar el
panorama en el sector minero producto de este derrame, o debemos esperar a más
niños contaminados con plomo? ¿Tienen planes de contingencias las operaciones
mineras que están cercanas a poblaciones rurales? ¿Han capacitado a la
población circundante sobre cómo proceder en estos casos? ¿Es posible que
operaciones de este tipo, válvulas en este caso, operen tan cerca de la
población rural? El traslado de la válvula, en donde sucedió el derrame, no es
una posibilidad que deba descartarse de primera mano-.
¿Qué quedaría por hacer en lo
inmediato?
Hacer público el proceso de
reparaciones con la presencia de todas las instituciones del Estado
(Defensoría, del Pueblo, MINAM, MINSA, MEM, PCM, entre otros) que puedan
aportar sobre el tema con TODOS LOS AFECTADOS. No sería conveniente promover
reuniones, únicamente propiciadas entre la empresa y la población.
Dar celeridad la difusión de los
resultados del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), así
como, la realización de nuevos análisis a las personas que han sido únicamente
evaluadas por los médicos que financió Antamina para poder garantizar la
confianza de la población sobre lo que resulte.
Orientar la dirección del espacio
de diálogo con un ente que cuente con imparcialidad, credibilidad y
especialización sobre el tema de los impactos que pueda mediar el proceso del
establecimiento de acuerdos sobre las reparaciones a los afectados.
Realizar continuas campañas de
información desde el Estado y la sociedad civil (incluyendo las ONGs) para los
comuneros de Cajacay sobre todo respecto al procedimiento a seguir en casos de
emergencia (como los derrames mineros) y en caso se registren impactos a la
salud y al ambiente, según lo contempla la Ley. Abrir, en ese
sentido, las posibilidades de acción a la ciudadanía en general podría evitar o
mitigar los cuestionamientos y las casi recurrentes sospechas de corrupción.
Nota: Según la última información
que obtuvimos, se habría pactado una segunda reunión para el sábado pasado
entre la empresa Antamina y la
Comunidad de Cajacay, no obstante, esta fue postergada por la
empresa y cambiada para el día lunes de en la ciudad de Lima, no obstante,
nuevamente habría sido cambiada para lo últimos días hábiles de esta semana,
asimismo, la población habría solicitado a la empresa que pueda convocar a los
entes involucrados.
Servindi-Lima 22.08.2012
