RÍO BLANCO EN TIEMPOS DE CONGA
Ronderos de Piura. Imagen: radio
Enmanuel
- Algunas lecciones para el
gobierno a fin de evitar la violencia, priorizar el agua y garantizar los
derechos de los pueblos.
Por Raphael Hoetmer*
El conflicto
minero que más se parece a lo de Conga es, en términos de duración, fuerza
organizativa, actores sociales y capacidad de propuesta, probablemente el caso
de Río Blanco. En él, las comunidades de Segunda y Cajas y de Yanta,
articuladas a organizaciones y municipalidades de San Ignacio y Jaén
(Cajamarca), Ayavaca, Huancambamba y Tambogrande (Piura) en el Frente para el
Desarrollo Sostenible en la
Frontera Norte del Perú (FDSFNP), se opusieron a la
conformación de un distrito minero en sus territorios, ya que ello afectaría al
ecosistema de los páramos andinos y los bosques neblinas que proveen de agua a
la zona.
Tras varias marchas, distintos
tipos de demandas al Estado, y la realización de una consulta vecinal que
expresó un rotundo “No” a la minería en la zona, la empresa Zijin se replegó,
sin dejar sus pretensiones de desarrollar el proyecto. El conflicto en la
frontera norte del Perú costó la vida a cuatro comuneros, decenas de dirigentes
y autoridades fueron criminalizados, e inclusive un grupo de comuneros fue
torturado y detenido ilegalmente en el campamento minero.
Ya que Zijin recientemente ha
expresado a las comunidades y autoridades locales su intención de retomar el
proyecto minero, valdría la pena analizar las condiciones del conflicto a raíz
de lo que ha pasado en Cajamarca, con la finalidad de evitar la violencia y garantizar
los derechos de las poblaciones locales.
Como en las zonas de Bambamarca y
Celendín, en Ayavaca y Huancabamba el eje vertebral de la organización social
son las rondas campesinas. Ellas ejercen un gran control territorial en la zona
y mantienen una capacidad organizativa impresionante que hacen muy difícil la
instalación de un proyecto minero grande en la zona. En general, las
comunidades de la sierra de Piura mantienen prácticas colectivas fuertes que
han sostenido el “No” a la minería en la zona.
En Cajamarca, Ayavaca y
Huancabamba hay corrientes de opinión a favor de la mina (a menudo
económicamente vinculado a ella), sin embargo, una gran mayoría de la población
se opone a la actividad, en base a argumentos muy claros. Al contrario de los
prejuicios limeños difundidos por los grandes medios de comunicación, la
población no sólo sabe muy bien por qué se opone a la actividad minera
(respaldados además por estudios técnicos), sino, también tiene propuestas
claras en relación al modelo de desarrollo deseado para la zona, basado en la
agricultura y el ecoturismo. Tienen un proyecto propio que ven incompatible con
la minería.
Estos argumentos son reforzados
por la identidad y la dignidad local que la población está determinada a
defender tras los atropellos, insultos, violencia y asesinatos sufridos a manos
de la empresa y el propio Estado. A ello se suma una espiritualidad local que
da gran importancia al agua, a las lagunas y los cerros.
Finalmente, igual que en
Cajamarca en Huancabamba y Ayavaca existe una articulación entre las
organizaciones sociales y las autoridades locales (destacan los alcaldes de
Huancabamba y San Ignacio) que conjuntamente conforman el FDSFNP, y dan una
solidez particular a la oposición al proyecto.
A ello se suma la solidaridad y
colaboración de activistas y ONG nacionales e internacionales que garantizan
que el conflicto y una eventual repetición de la violencia y represión contra
las comunidades no pasarían desapercibidos por la opinión pública nacional e
internacional.
Aparte de compartir estas
condiciones que han puesto en jaque (y probablemente han inviabilizado por un
buen tiempo) al proyecto Conga, en el caso de Río Blanco no hay un EIA
aprobado, el proyecto fue rechazado en una consulta vecinal y la presencia de la
empresa en los territorios de las comunidades es ilegal.
Las comunidades encontraron en
estos años de lucha, una aliada importante en la actual vice-presidenta Marisol
Espinosa. Ojalá que ella pueda –y quiera- explicar al presidente Humala que no
se pueda realizar minería en cualquier sitio, y que -al igual que Conga- Río
Blanco es social y ambientalmente inviable. De lo contrario, el gobierno
nacionalista se ganará un nuevo conflicto, con un potencial enorme de dañar su
imagen e intereses, y con altas posibilidades de desembocar en represión y
violencia.
Pues, Río Blanco, Tambogrande,
Islay y Quillish enseñan que una oposición muy mayoritaria a un proyecto
minero, respaldado por un proyecto socio-económico local propio, han
significado en la última década en el Perú que el “proyecto no va”.
Lo que urge en el país es una
nueva política minera que defina dónde pueda (y donde no) desarrollarse, bajo
qué condiciones la actividad minera. El derecho de los pueblos a elegir su
propio modelo de desarrollo, la protección de la biodiversidad y las fuentes de
agua, y la inversión en la pequeña y mediana agricultura, deberían ser
elementos fundamentales de esta política.
—
*Raphael Hoetmer es investigador
asociado del Programa Democracia y Transformación Global
(www.democraciaglobal.org), y candidato al doctorado en el Instituto de
Estudios Sociales de la
Universidad Erasmo de Rotterdam, con una investigación sobre
los movimientos sociales en el Perú. En el marco de esta investigación ha
realizado trabajo de campo en la zona de Ayavaca entre los años 2008 y 2010.
Servindi-Lima 19.08.2012
