ALCALDE DENUNCIA INCURSIÓN DE MINEROS INFORMALES EN SAN IGNACIO
Alcalde del Distrito de Namballe Amadeo Mijahuanca Peña, denunció que personas allegadas a la minería informal, están transportando maquinaria pesada a su zona, con propósitos de aprovechar las partículas de oro que el Río Canchas conserva en sus profundidades.
Considerando que para la separación de este mineral, se tiene que utilizar químicos altamente contaminantes del agua, lo cual atentaría contra la agricultura que se promueve en está provincia, ha hecho un llamado a la población para que impida esta actividad que no tiene el permiso social que le autorice desarrollarla.
El Río Canchas en su forma natural, es el que sirve de línea divisoria entre el Perú y el Ecuador y, es el afluyente del Río Chinchipe ya en la parte peruana, que irriga grandes sectores de la Provincia de San Ignacio, con producción ecológica que se exporta hacia los mercados solidarios de Estados Unidos y otros países.
El alcalde en forma determinante ha señalado que sea quien sea, no permitirán que se explote bajo ninguna forma los recursos minerales existentes en sus ríos y en cualquier lugar de su jurisdicción, respondiendo al sentir de la población que no desea la actividad minera previniendo una futura contaminación general de su medio ambiente.
Diario Panorama Cajamarquino 06/04/2009
AUTORIDADES DISCUTEN PEDIDO DE YANACOCHA PARA USAR AGUA DE QUEBRADA MAMACOCHA
Las autoridades de los centros poblados de El Tambo, El Alumbre y Quegorio (Hualgayoc) se reunirán hoy a fin de discutir el pedido formulado por la minera Yanacocha para usar las aguas de la Quebrada Mamacocha.
Dichos manantiales, que nacen en el caserío de Namacocha, abastecen de líquido vital a los más de 40 mil habitantes de 40 comunidades ubicadas al sureste de Bambamarca -capital de esta provincia cajamarquina.
Yanacocha, que desarrolla el proyecto minero Conga, en el distrito de Huasmín, en la provincia de Celendín, solicitó el uso de las aguas para sus operaciones extractivas. Por tal motivo, Lenin Jiménez Sánchez, representante de la Administración del Agua de Cajamarca, efectuó una visita ocular a la quebrada el pasado 27 de marzo.
Sin embargo, dirigentes de base de Namococha denunciaron que esta inspección no les fue notificada y que a la misma sólo acudieron algunas autoridades de la localidad. Así mismo, se habría dejado constancia que éste caserío pertenece a Huasmín, cuando en realidad corresponde a Bambamarca.
Eloy Sánchez Leyva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la municipalidad de Bambamarca, informó que los regidores de su comuna acordaron solicitar información a la Administración del Agua de Cajamarca.
En declaraciones a Radio Coremarca, recordó que -en virtud a lo establecido por la Ley de Recursos Hídricos- se priorizará el uso de las aguas de éstos manantiales para el consumo humano, la agricultura y la ganadería, y recién después para el uso industrial.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 06/04/2009
"LA HISTORIA NO SE PUEDE BORRAR"
Entrevista a Mons. Miguel Cabrejos. El presidente de la Conferencia Episcopal opina que el Museo de la Memoria evitará repetir atrocidades. Además, pide que la sentencia a Fujimori se asuma con valentía.
Monseñor, ¿cómo ha asumido la decisión oficial de dar paso al Museo de la Memoria?
Muy bien. Felicito la decisión de crear una comisión para levantar ese museo, considerando que ha habido controversia.
Ahora solo queda confiar en que se haga, y bien…
Es importante que sea así porque no debe repetirse lo que pasó cuando estuvimos sometidos a una ideología de muerte que nunca más debe volver a imperar. En ese sentido, el Museo debe servir para educar, formar, enseñar y fomentar el respeto a la dignidad humana, consolidar los derechos humanos y garantizar el Estado de Derecho.
Siendo así, ¿por qué hubo y aún hay tanta resistencia?
Por la polarización. Hay quienes quieren orientar ciertas situaciones desde su punto de vista. Pero la Iglesia quiere ser objetiva…
¿Cómo conseguirlo?
Hay un principio básico: la historia no se puede borrar. Alemania, por ejemplo, no ha desaparecido su memoria; al contrario, es un pueblo que ha recapacitado y reaccionado a favor diciendo que nunca más debe volver a suceder lo que pasó en los campos de concentración. En el Perú el terrorismo existió, hubo muchísimas muertes e, independientemente de cómo y quiénes las provocaron y de quiénes sufrieron, eso no debe volver a pasar.
Pero en el Perú esa negación tiene expresiones políticas con injerencia en la opinión pública y hasta en opciones electorales...
Sí, por eso la Iglesia tiene la obligación de iluminar. Por la salud del Perú y del mundo, nos conviene tener un museo de esta memoria, pero de forma objetiva y transparente, educando y formando…
Quienes se oponen al Museo atacan a sus promotores. ¿La Iglesia se siente incomprendida?
No. No queremos vivir en conflicto ni sentirnos incomprendidos. Es al revés. La aceptación de la Iglesia como institución en el Perú es muy alta. Pero más allá de eso, siempre ha defendido la dignidad y los derechos humanos, por eso no renunciamos a ese afán, como tampoco a la historia. Y si la historia ha sido gloriosa, la felicitamos; pero si ha sido negativa, que sirva para que no vuelva a repetirse…
…A riesgo de que lo califiquen de ‘caviar’, Monseñor.
Eso sería un error, pero la Iglesia no puede renunciar a defender la vida, y lo que pasó en el Perú fue atroz. Pero si hay algo que puede ayudar es que todos somos peruanos. Los que murieron, los que actuaron con responsabilidad y sin ella, los civiles y militares que murieron, sus familiares. ¿A quiénes atacamos si el Perú somos todos? Por ahí debe ir la reflexión. La Iglesia siempre debe apostar por la vida, por el bien común, por la paz…
Como lo está haciendo Mons. Barreto en La Oroya, al promover que el rescate de la minera Doe Run tenga en cuenta también el rescate de su medio ambiente…
Así es. Él es arzobispo de Huancayo y como tal defiende valientemente la vida y su ambiente. Sabemos por investigaciones serias que hay alta contaminación y plomo en la sangre de todos. Está claro que la Iglesia no se opone a la explotación minera, pero sí reclama el cuidado del medio ambiente. El Perú es riquísimo, y todos tenemos la obligación de defender la naturaleza…
¿Y qué siente cuando ve esfuerzos por salvar la minera pero no por la tierra que explota?
Cuando se discute si, en un parto, se debe salvar a la madre o al niño, la Iglesia dice que debe salvarse a los dos. En este caso, está bien el esfuerzo por salvar la inversión minera en La Oroya, pero paralelamente se debe velar para que los empresarios cuiden el medio ambiente, por la salud de los peruanos. No hay que olvidarse de eso.
¿Debió ponerse condiciones?
Sí. Desconozco los detalles técnicos, pero el principio es válido. Al final, es una cuestión ética que la zona de donde se extrae la riqueza sea favorecida. Es justo que las personas que viven y trabajan allí sean éticamente valoradas.
Parece que esa ética no cuenta mucho en el sector minero…
Algunos empresarios sí tienen actitud positiva y desean aplicar bien la responsabilidad social.
Debe ser una minoría…
Probablemente. Por eso la Iglesia debe seguir hablando…
Aún poniendo en riesgo su integridad, como algunos sacerdotes y obispos lo hacen…
Sí, y a ellos hay que felicitarlos. Y defenderlos. Pido que no los vean como enemigos, son tan peruanos como los empresarios y como los niños que viven contaminados.
“Acepten sentencia a Fujimori con fortaleza y valentía”
Usted fue reelegido presidente de la Conferencia Episcopal. ¿Qué significa ser el rostro de la Iglesia de un país que no distribuye con justicia su riqueza?
Es cierto, y en eso debe estar el esfuerzo de todos: de la Iglesia, del gobierno, los empresarios. Está bien que haya peruanos con capacidad de generar riqueza, pero no debemos olvidar el bien común y la gente necesitada.
¿La Iglesia no debería pronunciarse con más firmeza en ese tema, y en el de la corrupción?
Siempre lo ha hecho, y es cierto que debería insistir más, pero nuestra crítica no debe ser considerada negativa. Solo tratamos de que se reflexione para mirar al futuro respetando la dignidad. No olvidemos que, en el fondo, todos nos aferramos a Dios.
A propósito. La sentencia a Fujimori se conoce mañana, y es probable que quienes no se sientan respaldados por la justicia crean que Dios los abandonó…
Bueno, la situación no es sencilla. Solo puedo decir que habrá una sentencia, y esperamos que el tribunal imparta una recta justicia; pero si esta justicia es real, verdadera... invito a todos a tener la fortaleza y valentía de saber aceptarla y pasar a corregir su actitud. La Iglesia siempre sabrá iluminarnos.
Diario La República-Lima 06/04/2009
JUSTICIA NO ES VENGANZA
“La venganza jamás ha sido la razón de la lucha de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta”, dijo Antonia Pérez, la viuda del catedrático Hugo Muñoz Sánchez: “Lo que nos mueve es el afán de encontrar justicia para que las autoridades sepan qué secuencias afrontarán en caso de cometer atropellos”.
“Yo no busco venganza porque mi corazón y mi alma no guardan ni rencor contra Fujimori”, señaló por su parte Rosa Rojas Borda, esposa de Manuel Ríos Pérez y madre del menor de ocho años Javier Ríos Rojas, asesinados en Barrios Altos: “Sería una tranquilidad que lo declaren culpable porque solo así se demostrará que nuestra lucha y el largo camino que recorrimos para exigir justicia han sido compensados”.
Ese es el estado de ánimo, la expectativa y el anhelo de los familiares de las víctimas de los crímenes del grupo de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), que actuaron al amparo de órdenes superiores castrenses que contaban con el respaldo del jefe supremo de las Fuerzas Armadas que mañana recibirá sentencia. No hay rabia ni encono en sus palabras y expresiones.
En cambio, no ocurre lo mismo en las filas del fujimorismo, que ha perdido la serenidad y el equilibrio y amenaza con soliviantar los ánimos.
La legisladora Keiko Sofía Fujimori y sus partidarios ponen en cuestión la transparencia del proceso judicial y con falsos argumentos prometen salir a las calles en caso el fallo resulte condenatorio.
Ni bien el tribunal señaló como fecha de lectura de la resolución el martes siete de abril, la ex primera dama del fujimorato criticó la decisión judicial argumentando que era demasiado rápido y que sospechaba que la sentencia ya estaba escrita. La Corte Suprema tuvo que intervenir para precisar que la sala estaba actuando conforme a ley.
Durante el juicio, los fujimoristas han demostrado que cuenta con una fuerza de choque que ha protagonizado deplorables episodios, como acciones de violencia verbal y física contra los abogados y los familiares de las víctimas del SIE, además de ataques al monumento El ojo que llora, entre otros condenables actos. Hay que estar atentos a la provocación.
Los fujimoristas deben aprender de los deudos de las víctimas de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, quienes, serenamente, respetan a la justicia y sus decisiones.
Diario La República-Lima 06/04/2009
INDÍGENAS IRÁN A LA HUELGA INDEFINIDA DESDE EL JUEVES
Exigen derogatoria de decretos legislativos que, según ellos, atentan contra sus derechos.
Se vienen protestas en la Amazonía. De acuerdo con la vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Daysi Zapata, las organizaciones indígenas acatarán una paralización indefinida a partir del próximo 9 de abril para exigir la derogatoria de los decretos legislativos que, según ellos, atentan contra los derechos de los pueblos nativos.
En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), la representante indígena informó que todas las comunidades –tanto amazónicas como andinas– participarán en esta medida de fuerza, la cual es de carácter pacífica y que ya ha sido coordinada con las municipalidades de los diferentes departamentos.
Zapata indicó que esta huelga responde a la poca eficiencia del gobierno para resolver la problemática de los pueblos indígenas, así como su indiferencia ante los reclamos de los pobladores, quienes solicitan frenar las concesiones mineras, petroleras y la deforestación masiva por parte de las empresas extrajeras.
NO A LA LEY DE AGUAS. “Básicamente, reclamamos por el decreto 1090 y por la recientemente aprobada Ley de Aguas, y porque también el Estado no está respondiendo a las expectativas para que se implemente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, precisó.
La dirigente brindó estas declaraciones luego de la presentación del balance de la situación de pueblos indígenas amazónicos del Perú y sus bosques en I Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas y Líderes Locales para la Defensa de los Derechos y Conservación de los Bosques.
En el certamen participaron 70 representantes de organizaciones indígenas y de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Venezuela y Perú.
En dicho encuentro se anunció la formación de una red de acción rápida internacional para velar por la sostenibilidad de los bosques y la defensa de los derechos locales.
Como se recuerda, tras una serie de protestas encabezadas por los pueblos indígenas amazónicos, el Congreso derogó los decretos legislativos 1015 y 1073. Sin embargo, estos son solo parte de un gran paquete que las organizaciones nativas consideran que vulneran los derechos de los más de 332 mil indígenas.
Diario Perú 21-Lima 06/04/2009
UN FRAGMENTO DE LA VERDAD
Cuatro reputados centros de investigación y seis experimentados científicos se unieron para publicar “Minería y conflicto social”. Pero, cual reflector que aísla a un personaje en el escenario, el libro enfoca seis proyectos mineros, todos transnacionales, dejando en tiniebla al resto del reparto. Si se tratara de una pieza de teatro, felicitaríamos el arte del dramaturgo, pero cuando están en juego decisiones que afectan el progreso del país, es necesario tener en cuenta lo omitido por este estudio.
Recordemos primero los contornos del escenario. La minería peruana fue una actividad declinante durante los gobiernos sucesivos militar, de Belaunde y de García. Entre 1968 y 1990, la producción minera por habitante cayó 0,5% anual; por contraste, desde 1991 creció 5% al año. De no haberse producido ese giro, hoy serían mucho menores el gasto social, la inversión pública, los presupuestos de muchos gobiernos locales, la industria que alimenta a la minería y las reservas internacionales que deben defendernos de la crisis financiera. La mayor parte del despegue productivo es obra de empresas transnacionales.
Segundo, si bien estas empresas son las grandes productoras, la mayor parte de los conflictos sociales y daño ecológico actual de la minería resulta de la actividad de empresarios nacionales y de un ejército-hormiga de mineros informales, actores no enfocados por el libro. El economista Miguel Santillana investiga el fenómeno de la minería informal, que según el Gobierno involucra a 600 mil personas que trabajan sin respetar norma fiscal, laboral o ambiental alguna, desconociendo derecho de propiedad y cometiendo flagrantes abusos a los derechos humanos, como las adolescentes raptadas para la prostitución; y no sorprende que su centro de actividad sea tan difícil de penetrar, como los territorios liberados del narcoterrorismo. El uso descontrolado de mercurio y cianuro viene contaminando masivamente ríos de Puno y Piura, el Titicaca, valle de Ica y grandes zonas de Madre de Dios. Todo esto es ignorado por el libro “Minería y conflicto social”.
El libro tampoco revela aspectos del currículum de sus autores que deberían darse a conocer al lector. Ante un caso de parto complicado, por ejemplo, ¿no quisiéramos saber acaso si el médico que nos atiende tiene alguna objeción religiosa frente al aborto? Algo así sucede con más de uno de los autores, que han sido activistas centrales en varios de los conflictos que ahora analiza, y asociados a entidades que expresan una abierta creencia antiminera.
Diario El Comercio-Lima 06/04/2009
ESPECIAL. CIUDAD GRIS POR EL PLOMO
CON PERMISO PARA CONTAMINAR
Doe Run opera también en Herculaneum (EE.UU). Sin embargo allí, los niveles de plomo en la sangre de los niños son menores a los registrados en los chicos de La Oroya Antigua
¿A qué huele una ciudad ubicada a 3.745 m.s.n.m. que hace 87 años se sepulta en plomo? Es un olor seco e irritante, desapercibido para la población. Pero es aun más intenso en La Oroya Antigua, donde viven 8.500 personas, el 35% de ellas son niños que habitan en 1.815 casas.
La reputación de Doe Run en el mundo no es la más esperanzadora. En EE.UU. ha sido duramente cuestionada por los niveles de contaminación que arrojó sobre la ciudad de Herculaneum, ubicada en Missouri. Solo que ahí no permitieron que siguiera haciéndolo. Doe Run libera en La Oroya 1.245 veces más arsénico de lo que emite en Herculaneum. Lo mismo ocurre con el plomo en la sangre: los niños de La Oroya Antigua están más contaminados que los de la ciudad estadounidense.
En el 2004 se consideró que había un nivel de riesgo inaceptable para la salud de los residentes de Herculaneum y, con el apoyo de Doe Run, fueron reubicados.
En ese mismo sentido, una investigación independiente realizada por los británicos Donna O’Kelly y James Wood, en febrero del 2008, concluye que la solución técnica y económicamente más viable y segura para la salud de la población de La Oroya “requiere la inmediata reubicación a un nuevo asentamiento construido fuera de la zona afectada”.
Los autores señalan que no bastaría con que Doe Run reduzca sus emisiones del complejo y cumpla los estándares de calidad ambiental del Perú para que la salud de los habitantes mejore. Además, se tendría que encapsular los desechos, y remover y tratar los suelos expuestos dentro del área afectada. El plomo de los suelos tardaría años en desaparecer. La Oroya seguiría oliendo a metal.
Diario El Comercio-Lima 06/04/2009
EN EL TAPETE
DOE RUN UNA VEZ MÁS
LA OPERADORA DEL COMPLEJO METALÚRGICO DE LA OROYA OTRA VEZ PRESIONÓ AL GOBIERNO PARA QUE RESUELVA SUS PROBLEMAS. NUEVAMENTE LA AMENAZA HA SIDO EL POSIBLE DESPIDO DE MÁS DE 3.500 TRABAJADORES. ¿QUÉ HACER PARA QUE ESTO NO SE VUELVA A REPETIR?
Nuevamente la empresa Doe Run Perú (DRP) puso en una situación incómoda al Gobierno. Ya lo había hecho en el 2004 cuando solicitó la ampliación de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). En esa oportunidad amenazó al Gobierno con que si no se ampliaba este programa, se corría el riesgo de que la minera paralizara sus operaciones y, con ello, dejase sin empleo a los habitantes de La Oroya, una población de alrededor de 100.000 personas que dependen directa e indirecta del complejo metalúrgico (fundición y refinería) de La Oroya, propiedad de DRP.
Hace un mes el llamado de la minera al Gobierno fue similar, luego de que un sindicato de bancos (formado por el BNP Paribás, el Banco de Crédito y el Standard Bank), le quitara un crédito revolvente de US$75 millones que servía como capital de trabajo a la empresa. En efecto, el mensaje de la minera al Gobierno era que iban a paralizar las operaciones porque no tenían capital de trabajo, lo que traía consigo, nuevamente, la posibilidad de que la minera quiebre y deje en la calle a sus 3.500 trabajadores y afecte a la economía de La Oroya.
Esto, al igual que en el 2004, originó que el Gobierno buscara soluciones para que la minera no paralice sus operaciones. Ello, pese a que DRP ha tenido buenos resultados en años anteriores.
El ministro del Ambiente, Antonio Brack, señaló que el problema de La Oroya es complejo, no solo porque se trata de una ciudad que tiene pasivos ambientales de años, que hasta ahora no se han logrado sanear, sino porque la ciudad tiene una alta dependencia de la minera. Y de eso se aprovechó DRP para gatillar una vez más el apoyo a su causa.
PODER DE FACTO
Según el especialista minero Oswaldo Tovar, en La Oroya existe un monopsonio de mano de obra. En estos casos, la paralización o cierre de operaciones genera una crisis de desempleo a gran escala, debido a que la mayoría de la población circundante a las operaciones depende de la mina. Es por eso que, cuando la mina cierra, el pueblo colapsa.
El debate, en ese sentido, estaba centrado en si el Estado debería dejar que la mina entre en insolvencia (y tal como lo dictan las reglas del mercado, quiebre) o, tal como lo hizo antes, intervenga para evitar que los trabajadores pierdan su empleo.
Pero esta no era la única discusión. Un segundo nivel del debate se centró en que DRP ya no cumpliría con el PAMA, lo cual obligaría a los pobladores de La Oroya a seguir conviviendo con el ambiente contaminado, producto de las operaciones mineras, por un tiempo más.
La solución final a la situación de DRP, anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, fue un salvataje de las mineras que le proveen de mineral por US$100 millones en concentrados y un aval para un crédito bancario por US$75 millones; además de la ampliación del PAMA y la puesta en garantía al Estado de las acciones de DRP por si no cumple con su compromiso ambiental.
El arzobispo de Junín, Monseñor Pedro Barreto, señala que en la solución ha prevalecido la situación económica antes que la salud de los pobladores de La Oroya, pues tal como ha indicado el ministro Brack, el PAMA a Doe Run se ampliaría de octubre a enero del 2010.
En realidad, salvar a la empresa ha primado. El propio ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, indicó el pasado jueves que era necesario que DRP volviera a producir para luego evaluar cómo se trataría la situación ambiental de La Oroya. Previo al acuerdo, los ministros reiteraban la importancia de cuidar los puestos de trabajo. La ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, indicó incluso que la intervención del Gobierno en el problema era para evitar un impacto sistémico, dando a entender que cerrar la empresa generaría un efecto en cadena que afectaría al resto de mineras del centro.
¿PASARÁ OTRA VEZ?
¿Estamos expuestos a una situación parecida a la de Doe Run en la que una empresa minera, de la cual depende toda una población, busque prerrogativas estatales o privadas amenazando con cerrar y despedir a sus trabajadores?
Tovar opina que sí. Y esto ocurrirá en la medida que las empresas no sean transparentes con su información, tal como ha sucedido con Doe Run. En ese sentido, el experto considera que es necesario obligar a las mineras a cotizar en la bolsa de valores al menos el 15% de su capital y que este esté en manos de accionistas locales. Con ello, se tendría acceso irrestricto a la información interna de cualquier minera, lo que permitiría cautelar situaciones extremas (como DRP) por los trabajadores, acreedores y el propio Gobierno.
Tovar indica que esto no solo ayudará a crear una cultura de gobierno corporativo en las mineras, sino también permitirá a los inversionistas locales, como AFP, Fondos Mutuos, etc., a compartir la rentabilidad producto de la explotación de recursos mineros.
¿Qué pasará si mañana otra minera vuelve a decir que ya no puede más y tiene que cerrar? ¿El Estado tendrá que cargar con la responsabilidad de buscar soluciones para salvaguardar los empleos de la población comprometida? Según Tovar, es necesario prevenir situaciones de este tipo antes de volver a ceder a las mismas presiones.
Diario El Comercio-Lima 06/04/2009
Alcalde del Distrito de Namballe Amadeo Mijahuanca Peña, denunció que personas allegadas a la minería informal, están transportando maquinaria pesada a su zona, con propósitos de aprovechar las partículas de oro que el Río Canchas conserva en sus profundidades.
Considerando que para la separación de este mineral, se tiene que utilizar químicos altamente contaminantes del agua, lo cual atentaría contra la agricultura que se promueve en está provincia, ha hecho un llamado a la población para que impida esta actividad que no tiene el permiso social que le autorice desarrollarla.
El Río Canchas en su forma natural, es el que sirve de línea divisoria entre el Perú y el Ecuador y, es el afluyente del Río Chinchipe ya en la parte peruana, que irriga grandes sectores de la Provincia de San Ignacio, con producción ecológica que se exporta hacia los mercados solidarios de Estados Unidos y otros países.
El alcalde en forma determinante ha señalado que sea quien sea, no permitirán que se explote bajo ninguna forma los recursos minerales existentes en sus ríos y en cualquier lugar de su jurisdicción, respondiendo al sentir de la población que no desea la actividad minera previniendo una futura contaminación general de su medio ambiente.
Diario Panorama Cajamarquino 06/04/2009
AUTORIDADES DISCUTEN PEDIDO DE YANACOCHA PARA USAR AGUA DE QUEBRADA MAMACOCHA
Las autoridades de los centros poblados de El Tambo, El Alumbre y Quegorio (Hualgayoc) se reunirán hoy a fin de discutir el pedido formulado por la minera Yanacocha para usar las aguas de la Quebrada Mamacocha.
Dichos manantiales, que nacen en el caserío de Namacocha, abastecen de líquido vital a los más de 40 mil habitantes de 40 comunidades ubicadas al sureste de Bambamarca -capital de esta provincia cajamarquina.
Yanacocha, que desarrolla el proyecto minero Conga, en el distrito de Huasmín, en la provincia de Celendín, solicitó el uso de las aguas para sus operaciones extractivas. Por tal motivo, Lenin Jiménez Sánchez, representante de la Administración del Agua de Cajamarca, efectuó una visita ocular a la quebrada el pasado 27 de marzo.
Sin embargo, dirigentes de base de Namococha denunciaron que esta inspección no les fue notificada y que a la misma sólo acudieron algunas autoridades de la localidad. Así mismo, se habría dejado constancia que éste caserío pertenece a Huasmín, cuando en realidad corresponde a Bambamarca.
Eloy Sánchez Leyva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la municipalidad de Bambamarca, informó que los regidores de su comuna acordaron solicitar información a la Administración del Agua de Cajamarca.
En declaraciones a Radio Coremarca, recordó que -en virtud a lo establecido por la Ley de Recursos Hídricos- se priorizará el uso de las aguas de éstos manantiales para el consumo humano, la agricultura y la ganadería, y recién después para el uso industrial.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 06/04/2009
"LA HISTORIA NO SE PUEDE BORRAR"
Entrevista a Mons. Miguel Cabrejos. El presidente de la Conferencia Episcopal opina que el Museo de la Memoria evitará repetir atrocidades. Además, pide que la sentencia a Fujimori se asuma con valentía.
Monseñor, ¿cómo ha asumido la decisión oficial de dar paso al Museo de la Memoria?
Muy bien. Felicito la decisión de crear una comisión para levantar ese museo, considerando que ha habido controversia.
Ahora solo queda confiar en que se haga, y bien…
Es importante que sea así porque no debe repetirse lo que pasó cuando estuvimos sometidos a una ideología de muerte que nunca más debe volver a imperar. En ese sentido, el Museo debe servir para educar, formar, enseñar y fomentar el respeto a la dignidad humana, consolidar los derechos humanos y garantizar el Estado de Derecho.
Siendo así, ¿por qué hubo y aún hay tanta resistencia?
Por la polarización. Hay quienes quieren orientar ciertas situaciones desde su punto de vista. Pero la Iglesia quiere ser objetiva…
¿Cómo conseguirlo?
Hay un principio básico: la historia no se puede borrar. Alemania, por ejemplo, no ha desaparecido su memoria; al contrario, es un pueblo que ha recapacitado y reaccionado a favor diciendo que nunca más debe volver a suceder lo que pasó en los campos de concentración. En el Perú el terrorismo existió, hubo muchísimas muertes e, independientemente de cómo y quiénes las provocaron y de quiénes sufrieron, eso no debe volver a pasar.
Pero en el Perú esa negación tiene expresiones políticas con injerencia en la opinión pública y hasta en opciones electorales...
Sí, por eso la Iglesia tiene la obligación de iluminar. Por la salud del Perú y del mundo, nos conviene tener un museo de esta memoria, pero de forma objetiva y transparente, educando y formando…
Quienes se oponen al Museo atacan a sus promotores. ¿La Iglesia se siente incomprendida?
No. No queremos vivir en conflicto ni sentirnos incomprendidos. Es al revés. La aceptación de la Iglesia como institución en el Perú es muy alta. Pero más allá de eso, siempre ha defendido la dignidad y los derechos humanos, por eso no renunciamos a ese afán, como tampoco a la historia. Y si la historia ha sido gloriosa, la felicitamos; pero si ha sido negativa, que sirva para que no vuelva a repetirse…
…A riesgo de que lo califiquen de ‘caviar’, Monseñor.
Eso sería un error, pero la Iglesia no puede renunciar a defender la vida, y lo que pasó en el Perú fue atroz. Pero si hay algo que puede ayudar es que todos somos peruanos. Los que murieron, los que actuaron con responsabilidad y sin ella, los civiles y militares que murieron, sus familiares. ¿A quiénes atacamos si el Perú somos todos? Por ahí debe ir la reflexión. La Iglesia siempre debe apostar por la vida, por el bien común, por la paz…
Como lo está haciendo Mons. Barreto en La Oroya, al promover que el rescate de la minera Doe Run tenga en cuenta también el rescate de su medio ambiente…
Así es. Él es arzobispo de Huancayo y como tal defiende valientemente la vida y su ambiente. Sabemos por investigaciones serias que hay alta contaminación y plomo en la sangre de todos. Está claro que la Iglesia no se opone a la explotación minera, pero sí reclama el cuidado del medio ambiente. El Perú es riquísimo, y todos tenemos la obligación de defender la naturaleza…
¿Y qué siente cuando ve esfuerzos por salvar la minera pero no por la tierra que explota?
Cuando se discute si, en un parto, se debe salvar a la madre o al niño, la Iglesia dice que debe salvarse a los dos. En este caso, está bien el esfuerzo por salvar la inversión minera en La Oroya, pero paralelamente se debe velar para que los empresarios cuiden el medio ambiente, por la salud de los peruanos. No hay que olvidarse de eso.
¿Debió ponerse condiciones?
Sí. Desconozco los detalles técnicos, pero el principio es válido. Al final, es una cuestión ética que la zona de donde se extrae la riqueza sea favorecida. Es justo que las personas que viven y trabajan allí sean éticamente valoradas.
Parece que esa ética no cuenta mucho en el sector minero…
Algunos empresarios sí tienen actitud positiva y desean aplicar bien la responsabilidad social.
Debe ser una minoría…
Probablemente. Por eso la Iglesia debe seguir hablando…
Aún poniendo en riesgo su integridad, como algunos sacerdotes y obispos lo hacen…
Sí, y a ellos hay que felicitarlos. Y defenderlos. Pido que no los vean como enemigos, son tan peruanos como los empresarios y como los niños que viven contaminados.
“Acepten sentencia a Fujimori con fortaleza y valentía”
Usted fue reelegido presidente de la Conferencia Episcopal. ¿Qué significa ser el rostro de la Iglesia de un país que no distribuye con justicia su riqueza?
Es cierto, y en eso debe estar el esfuerzo de todos: de la Iglesia, del gobierno, los empresarios. Está bien que haya peruanos con capacidad de generar riqueza, pero no debemos olvidar el bien común y la gente necesitada.
¿La Iglesia no debería pronunciarse con más firmeza en ese tema, y en el de la corrupción?
Siempre lo ha hecho, y es cierto que debería insistir más, pero nuestra crítica no debe ser considerada negativa. Solo tratamos de que se reflexione para mirar al futuro respetando la dignidad. No olvidemos que, en el fondo, todos nos aferramos a Dios.
A propósito. La sentencia a Fujimori se conoce mañana, y es probable que quienes no se sientan respaldados por la justicia crean que Dios los abandonó…
Bueno, la situación no es sencilla. Solo puedo decir que habrá una sentencia, y esperamos que el tribunal imparta una recta justicia; pero si esta justicia es real, verdadera... invito a todos a tener la fortaleza y valentía de saber aceptarla y pasar a corregir su actitud. La Iglesia siempre sabrá iluminarnos.
Diario La República-Lima 06/04/2009
JUSTICIA NO ES VENGANZA
“La venganza jamás ha sido la razón de la lucha de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta”, dijo Antonia Pérez, la viuda del catedrático Hugo Muñoz Sánchez: “Lo que nos mueve es el afán de encontrar justicia para que las autoridades sepan qué secuencias afrontarán en caso de cometer atropellos”.
“Yo no busco venganza porque mi corazón y mi alma no guardan ni rencor contra Fujimori”, señaló por su parte Rosa Rojas Borda, esposa de Manuel Ríos Pérez y madre del menor de ocho años Javier Ríos Rojas, asesinados en Barrios Altos: “Sería una tranquilidad que lo declaren culpable porque solo así se demostrará que nuestra lucha y el largo camino que recorrimos para exigir justicia han sido compensados”.
Ese es el estado de ánimo, la expectativa y el anhelo de los familiares de las víctimas de los crímenes del grupo de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), que actuaron al amparo de órdenes superiores castrenses que contaban con el respaldo del jefe supremo de las Fuerzas Armadas que mañana recibirá sentencia. No hay rabia ni encono en sus palabras y expresiones.
En cambio, no ocurre lo mismo en las filas del fujimorismo, que ha perdido la serenidad y el equilibrio y amenaza con soliviantar los ánimos.
La legisladora Keiko Sofía Fujimori y sus partidarios ponen en cuestión la transparencia del proceso judicial y con falsos argumentos prometen salir a las calles en caso el fallo resulte condenatorio.
Ni bien el tribunal señaló como fecha de lectura de la resolución el martes siete de abril, la ex primera dama del fujimorato criticó la decisión judicial argumentando que era demasiado rápido y que sospechaba que la sentencia ya estaba escrita. La Corte Suprema tuvo que intervenir para precisar que la sala estaba actuando conforme a ley.
Durante el juicio, los fujimoristas han demostrado que cuenta con una fuerza de choque que ha protagonizado deplorables episodios, como acciones de violencia verbal y física contra los abogados y los familiares de las víctimas del SIE, además de ataques al monumento El ojo que llora, entre otros condenables actos. Hay que estar atentos a la provocación.
Los fujimoristas deben aprender de los deudos de las víctimas de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, quienes, serenamente, respetan a la justicia y sus decisiones.
Diario La República-Lima 06/04/2009
INDÍGENAS IRÁN A LA HUELGA INDEFINIDA DESDE EL JUEVES
Exigen derogatoria de decretos legislativos que, según ellos, atentan contra sus derechos.
Se vienen protestas en la Amazonía. De acuerdo con la vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Daysi Zapata, las organizaciones indígenas acatarán una paralización indefinida a partir del próximo 9 de abril para exigir la derogatoria de los decretos legislativos que, según ellos, atentan contra los derechos de los pueblos nativos.
En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), la representante indígena informó que todas las comunidades –tanto amazónicas como andinas– participarán en esta medida de fuerza, la cual es de carácter pacífica y que ya ha sido coordinada con las municipalidades de los diferentes departamentos.
Zapata indicó que esta huelga responde a la poca eficiencia del gobierno para resolver la problemática de los pueblos indígenas, así como su indiferencia ante los reclamos de los pobladores, quienes solicitan frenar las concesiones mineras, petroleras y la deforestación masiva por parte de las empresas extrajeras.
NO A LA LEY DE AGUAS. “Básicamente, reclamamos por el decreto 1090 y por la recientemente aprobada Ley de Aguas, y porque también el Estado no está respondiendo a las expectativas para que se implemente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, precisó.
La dirigente brindó estas declaraciones luego de la presentación del balance de la situación de pueblos indígenas amazónicos del Perú y sus bosques en I Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas y Líderes Locales para la Defensa de los Derechos y Conservación de los Bosques.
En el certamen participaron 70 representantes de organizaciones indígenas y de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Venezuela y Perú.
En dicho encuentro se anunció la formación de una red de acción rápida internacional para velar por la sostenibilidad de los bosques y la defensa de los derechos locales.
Como se recuerda, tras una serie de protestas encabezadas por los pueblos indígenas amazónicos, el Congreso derogó los decretos legislativos 1015 y 1073. Sin embargo, estos son solo parte de un gran paquete que las organizaciones nativas consideran que vulneran los derechos de los más de 332 mil indígenas.
Diario Perú 21-Lima 06/04/2009
UN FRAGMENTO DE LA VERDAD
Cuatro reputados centros de investigación y seis experimentados científicos se unieron para publicar “Minería y conflicto social”. Pero, cual reflector que aísla a un personaje en el escenario, el libro enfoca seis proyectos mineros, todos transnacionales, dejando en tiniebla al resto del reparto. Si se tratara de una pieza de teatro, felicitaríamos el arte del dramaturgo, pero cuando están en juego decisiones que afectan el progreso del país, es necesario tener en cuenta lo omitido por este estudio.
Recordemos primero los contornos del escenario. La minería peruana fue una actividad declinante durante los gobiernos sucesivos militar, de Belaunde y de García. Entre 1968 y 1990, la producción minera por habitante cayó 0,5% anual; por contraste, desde 1991 creció 5% al año. De no haberse producido ese giro, hoy serían mucho menores el gasto social, la inversión pública, los presupuestos de muchos gobiernos locales, la industria que alimenta a la minería y las reservas internacionales que deben defendernos de la crisis financiera. La mayor parte del despegue productivo es obra de empresas transnacionales.
Segundo, si bien estas empresas son las grandes productoras, la mayor parte de los conflictos sociales y daño ecológico actual de la minería resulta de la actividad de empresarios nacionales y de un ejército-hormiga de mineros informales, actores no enfocados por el libro. El economista Miguel Santillana investiga el fenómeno de la minería informal, que según el Gobierno involucra a 600 mil personas que trabajan sin respetar norma fiscal, laboral o ambiental alguna, desconociendo derecho de propiedad y cometiendo flagrantes abusos a los derechos humanos, como las adolescentes raptadas para la prostitución; y no sorprende que su centro de actividad sea tan difícil de penetrar, como los territorios liberados del narcoterrorismo. El uso descontrolado de mercurio y cianuro viene contaminando masivamente ríos de Puno y Piura, el Titicaca, valle de Ica y grandes zonas de Madre de Dios. Todo esto es ignorado por el libro “Minería y conflicto social”.
El libro tampoco revela aspectos del currículum de sus autores que deberían darse a conocer al lector. Ante un caso de parto complicado, por ejemplo, ¿no quisiéramos saber acaso si el médico que nos atiende tiene alguna objeción religiosa frente al aborto? Algo así sucede con más de uno de los autores, que han sido activistas centrales en varios de los conflictos que ahora analiza, y asociados a entidades que expresan una abierta creencia antiminera.
Diario El Comercio-Lima 06/04/2009
ESPECIAL. CIUDAD GRIS POR EL PLOMO
CON PERMISO PARA CONTAMINAR
Doe Run opera también en Herculaneum (EE.UU). Sin embargo allí, los niveles de plomo en la sangre de los niños son menores a los registrados en los chicos de La Oroya Antigua
¿A qué huele una ciudad ubicada a 3.745 m.s.n.m. que hace 87 años se sepulta en plomo? Es un olor seco e irritante, desapercibido para la población. Pero es aun más intenso en La Oroya Antigua, donde viven 8.500 personas, el 35% de ellas son niños que habitan en 1.815 casas.
La reputación de Doe Run en el mundo no es la más esperanzadora. En EE.UU. ha sido duramente cuestionada por los niveles de contaminación que arrojó sobre la ciudad de Herculaneum, ubicada en Missouri. Solo que ahí no permitieron que siguiera haciéndolo. Doe Run libera en La Oroya 1.245 veces más arsénico de lo que emite en Herculaneum. Lo mismo ocurre con el plomo en la sangre: los niños de La Oroya Antigua están más contaminados que los de la ciudad estadounidense.
En el 2004 se consideró que había un nivel de riesgo inaceptable para la salud de los residentes de Herculaneum y, con el apoyo de Doe Run, fueron reubicados.
En ese mismo sentido, una investigación independiente realizada por los británicos Donna O’Kelly y James Wood, en febrero del 2008, concluye que la solución técnica y económicamente más viable y segura para la salud de la población de La Oroya “requiere la inmediata reubicación a un nuevo asentamiento construido fuera de la zona afectada”.
Los autores señalan que no bastaría con que Doe Run reduzca sus emisiones del complejo y cumpla los estándares de calidad ambiental del Perú para que la salud de los habitantes mejore. Además, se tendría que encapsular los desechos, y remover y tratar los suelos expuestos dentro del área afectada. El plomo de los suelos tardaría años en desaparecer. La Oroya seguiría oliendo a metal.
Diario El Comercio-Lima 06/04/2009
EN EL TAPETE
DOE RUN UNA VEZ MÁS
LA OPERADORA DEL COMPLEJO METALÚRGICO DE LA OROYA OTRA VEZ PRESIONÓ AL GOBIERNO PARA QUE RESUELVA SUS PROBLEMAS. NUEVAMENTE LA AMENAZA HA SIDO EL POSIBLE DESPIDO DE MÁS DE 3.500 TRABAJADORES. ¿QUÉ HACER PARA QUE ESTO NO SE VUELVA A REPETIR?
Nuevamente la empresa Doe Run Perú (DRP) puso en una situación incómoda al Gobierno. Ya lo había hecho en el 2004 cuando solicitó la ampliación de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). En esa oportunidad amenazó al Gobierno con que si no se ampliaba este programa, se corría el riesgo de que la minera paralizara sus operaciones y, con ello, dejase sin empleo a los habitantes de La Oroya, una población de alrededor de 100.000 personas que dependen directa e indirecta del complejo metalúrgico (fundición y refinería) de La Oroya, propiedad de DRP.
Hace un mes el llamado de la minera al Gobierno fue similar, luego de que un sindicato de bancos (formado por el BNP Paribás, el Banco de Crédito y el Standard Bank), le quitara un crédito revolvente de US$75 millones que servía como capital de trabajo a la empresa. En efecto, el mensaje de la minera al Gobierno era que iban a paralizar las operaciones porque no tenían capital de trabajo, lo que traía consigo, nuevamente, la posibilidad de que la minera quiebre y deje en la calle a sus 3.500 trabajadores y afecte a la economía de La Oroya.
Esto, al igual que en el 2004, originó que el Gobierno buscara soluciones para que la minera no paralice sus operaciones. Ello, pese a que DRP ha tenido buenos resultados en años anteriores.
El ministro del Ambiente, Antonio Brack, señaló que el problema de La Oroya es complejo, no solo porque se trata de una ciudad que tiene pasivos ambientales de años, que hasta ahora no se han logrado sanear, sino porque la ciudad tiene una alta dependencia de la minera. Y de eso se aprovechó DRP para gatillar una vez más el apoyo a su causa.
PODER DE FACTO
Según el especialista minero Oswaldo Tovar, en La Oroya existe un monopsonio de mano de obra. En estos casos, la paralización o cierre de operaciones genera una crisis de desempleo a gran escala, debido a que la mayoría de la población circundante a las operaciones depende de la mina. Es por eso que, cuando la mina cierra, el pueblo colapsa.
El debate, en ese sentido, estaba centrado en si el Estado debería dejar que la mina entre en insolvencia (y tal como lo dictan las reglas del mercado, quiebre) o, tal como lo hizo antes, intervenga para evitar que los trabajadores pierdan su empleo.
Pero esta no era la única discusión. Un segundo nivel del debate se centró en que DRP ya no cumpliría con el PAMA, lo cual obligaría a los pobladores de La Oroya a seguir conviviendo con el ambiente contaminado, producto de las operaciones mineras, por un tiempo más.
La solución final a la situación de DRP, anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, fue un salvataje de las mineras que le proveen de mineral por US$100 millones en concentrados y un aval para un crédito bancario por US$75 millones; además de la ampliación del PAMA y la puesta en garantía al Estado de las acciones de DRP por si no cumple con su compromiso ambiental.
El arzobispo de Junín, Monseñor Pedro Barreto, señala que en la solución ha prevalecido la situación económica antes que la salud de los pobladores de La Oroya, pues tal como ha indicado el ministro Brack, el PAMA a Doe Run se ampliaría de octubre a enero del 2010.
En realidad, salvar a la empresa ha primado. El propio ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, indicó el pasado jueves que era necesario que DRP volviera a producir para luego evaluar cómo se trataría la situación ambiental de La Oroya. Previo al acuerdo, los ministros reiteraban la importancia de cuidar los puestos de trabajo. La ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, indicó incluso que la intervención del Gobierno en el problema era para evitar un impacto sistémico, dando a entender que cerrar la empresa generaría un efecto en cadena que afectaría al resto de mineras del centro.
¿PASARÁ OTRA VEZ?
¿Estamos expuestos a una situación parecida a la de Doe Run en la que una empresa minera, de la cual depende toda una población, busque prerrogativas estatales o privadas amenazando con cerrar y despedir a sus trabajadores?
Tovar opina que sí. Y esto ocurrirá en la medida que las empresas no sean transparentes con su información, tal como ha sucedido con Doe Run. En ese sentido, el experto considera que es necesario obligar a las mineras a cotizar en la bolsa de valores al menos el 15% de su capital y que este esté en manos de accionistas locales. Con ello, se tendría acceso irrestricto a la información interna de cualquier minera, lo que permitiría cautelar situaciones extremas (como DRP) por los trabajadores, acreedores y el propio Gobierno.
Tovar indica que esto no solo ayudará a crear una cultura de gobierno corporativo en las mineras, sino también permitirá a los inversionistas locales, como AFP, Fondos Mutuos, etc., a compartir la rentabilidad producto de la explotación de recursos mineros.
¿Qué pasará si mañana otra minera vuelve a decir que ya no puede más y tiene que cerrar? ¿El Estado tendrá que cargar con la responsabilidad de buscar soluciones para salvaguardar los empleos de la población comprometida? Según Tovar, es necesario prevenir situaciones de este tipo antes de volver a ceder a las mismas presiones.
Diario El Comercio-Lima 06/04/2009
