Según el informe de la Defensoría del Pueblo, sólo en marzo 179 casos seguían activos. La protesta no cesa.
SE REPORTARON 238 CONFLICTOS SOCIALES
Tensiones que no bajan, por diversos motivos pero que alimentan el descontento nacional.
SOBRE LAS REGIONES
Además, se da cuenta de cinco conflictos reactivados, en Cusco, Junín, Lima, San Martín y Tacna. Tres son socioambientales, uno se debe a demarcación territorial y otro a asuntos de gobierno local. En marzo se han resuelto tres conflictos, en Ayacucho, Lima y otro, relacionado a una demanda al Inpe, que tenía alcance nacional.
Mientras, por un lado, el país es sacudido por la sentencia a Fujimori, el otro movimiento provocado por las protestas sociales no disminuye, según lo confirma el reciente informe de la Defensoría del Pueblo, cuya Dirección de la Unidad de Conflictos Sociales, registró un total de 238 conflictos sociales, en marzo. Según el reporte Nº 61, se resolvieron tres, pero aparecieron 23 nuevos conflictos de diversa naturaleza.
El documento informa en detalle que, del total de conflictos, al finalizar marzo del 2009, 179 se encuentran activos (75%) y 59 en estado latente (25%). Además, se da cuenta de 57 acciones colectivas de protesta y de ocho acciones de violencia subversiva. Durante el mes anterior se contabilizaron 218 conflictos sociales. Con relación al tipo de conflictos verificados por la Defensoría, se precisa que 116 casos (49%) corresponden a casos socioambientales; 32 (13%) responden a asuntos de gobiernos locales, en tanto que 21 (9%) se encuentran vinculados a conflictos laborales.
Con relación a los nuevos casos, éstos se han producido en Lima (seis); Puno (tres); Áncash, Junín, Loreto, Moquegua y San Martín (dos en cada uno); y Piura (un caso). Durante marzo se registraron 69 casos que aún se mantiene el diálogo. Entre las ocho acciones de violencia subversiva registradas en marzo se da cuenta del asesinato de tres personas, en la región Huánuco.
Diario La Primera-Lima 08/04/2009
RECRUDECE RECLAMO SOCIAL
Nativos amenazan con bloquear ríos
Dirigentes dicen que quieren dialogar, pero desconocen autoridad del ministro Brack
Grupos indígenas que habitan en las orillas de los ríos Napo y Corrientes (Loreto) anunciaron un paro de protesta contra varias leyes que ellos consideran que vulneran sus derechos y favorecen a las empresas. Adelantaron que como medida de protesta, a partir de mañana jueves 9, cerrarán el paso a embarcaciones que circulen por dichos ríos.
Para Edwin Vásquez, dirigente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, las comunidades indígenas han buscado el diálogo con el Gobierno, pero que se ha visto frustrado en más de una oportunidad, en la ciudad de San Lorenzo (provincia de Datem del Marañón) y en Lima. “Iremos al paro ya que no hubo diálogo, el Gobierno no nos hizo caso”, dijo Vásquez.
El dirigente agregó que quieren “conversar con alguna autoridad que tenga poder para solucionar los problemas y no con el ministro Antonio Brack. Queremos dialogar con el primer ministro, con el presidente”, agregó. Los nativos piden la derogatoria de normas como la 1073, 1074 y 1090. “Estas leyes solo sirven para regalar el territorio de los indígenas a las empresas petroleras, madereras y mineras”.
EL DATO
Otro pedido
Los nativos también piden que el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Amazónicos y Afroperuanos sea un ente descentralizado y autónomo.
Diario El Comercio-Lima 08/04/2009
DOE RUN
A FIN DE MES PODRÍAN INICIARSE OPERACIONES DE FUNDICIÓN Y REFINERÍA EN LA OROYA
El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, adelantó la posibilidad de que las operaciones en el Complejo Metalúrgico de La Oroya se inicien a fin de mes si se cumplen todos los acuerdos previos a los que se comprometió la empresa Doe Run Perú (DRP), propietaria del complejo que comprende la fundición y refinería de La Oroya.
Como se recuerda, DRP requiere de un crédito bancario de US$75 millones que será avalado por las empresas mineras del centro, las que además le prestarán US$100 millones en concentrados. Para ello deberá capitalizar la deuda (por US$156 millones) que tienen con su principal accionista y poner sus acciones a disposición del Estado por si no cumple con su programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA) en La Oroya.
Sánchez indicó que ayer la empresa tuvo una junta de accionistas para realizar la ampliación de capital. Asimismo, el ministro evitó confirmar si ampliarán por unos meses el plazo del PAMA que vence en octubre. Indicó que esto se evaluará en los siguientes días en la medida en que haya avances en los compromisos.
LA CIFRA
US$73
Millones requiere invertir Doe Run para culminar su programa de adecuación y manejo ambiental en La Oroya.
Diario El Comercio-Lima 08/04/2009
AGUAS NEGRAS EN CALLES CAJAMARQUINAS
Cajamarca, “Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas”, tiene serios problemas de contaminación por las aguas negras que rebalsan de los desagües. Las aguas servidas o aguas negras son los desechos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e industrial que llevan disueltas o en suspensión una serie de materias orgánicas e inorgánicas y que provienen de la descarga de sumideros, fregaderos, inodoros, cocinas, lavanderías (detergentes), residuos de origen industrial (aceites, grasas, curtiembres, etc.); es decir del metabolismo de las ciudades, similar a los procesos de digestión y excreción en las personas.
Por supuesto que la naturaleza juega su papel en este rebalse, especialmente cuando llueve, pero lo central es que los sistemas para desaguar agua de lluvias están mal hechos y no funcionan adecuadamente. Todos sufrimos casi por dos años o un poco más por las obras para este sistema de canalización de aguas de lluvia y mejoramiento del sistema colector de aguas “cloacales” (sic) de nuestra ciudad; pero, al final, algo pasó con tales obras que no sirven; algo estuvo mal diseñado, o mal construido, o mal administrado; y, según sabemos, se gastaron algunos millones de soles en estas obras, inclusive con un crédito internacional.
SEDACAJ es la entidad responsable del manejo del saneamiento de la ciudad y debe informar a la población que es lo que realmente se está haciendo para solucionar esta grave inconveniencia urbana que, si bien es cierto, pueden haberse generado en anteriores administraciones, ya pasó el tiempo suficiente (más de dos años) para que se le busque una solución. Sino, cada vez que hay una tempestad en la ciudad, las calles se van a saturar de aguas de lluvias y de aguas de alcantarillados que rebosan, contaminando las calles y veredas, siendo una amenaza para la salud de los ciudadanos, inundando casas y establecimientos, interrumpiendo el tránsito peatonal y vehicular, y atentando contra la seguridad de las personas y de algunos barrios y sectores vulnerables. Hay que llamar la atención, asimismo, a aquellos vecinos que en estas oportunidades arrojan sus basuras a las calles empeorando el problema.
Tal ha sido la situación real motivada por una muy fuerte e intensa precipitación el día lunes 6 del mes en curso. Más, es una situación previsible y controlable si las autoridades responsables cumplen con sus funciones, mucho más considerando que por tales funciones reciben dietas y salarios y por estos servicios hay un pago mensual de cada vivienda cajamarquina. ¿O tendremos que llegar al extremo de pedir al ministerio público que inicie una acción legal a SEDACAJ por incumplimiento de funciones o por cometer delitos ambientales y contra la seguridad ciudadana?
Diario Panorama Cajamarquino 08/04/2009
DIECISIETE AÑOS DESPUÉS…
La ejemplar sentencia dictada contra el ex presidente Alberto Fujimori es síntoma del indudable fortalecimiento de nuestra democracia y nos permite afirmar que el 7 de abril del 2009 merece ser recordado como día de la independencia del Poder Judicial.
Por primera vez en un país de América Latina se juzga y condena a un ex presidente por crímenes de lesa humanidad. La decisión de los vocales César San Martín, Hugo Príncipe y Víctor Prado demuestra así que la separación de poderes y el contrapeso de estos, requisitos esenciales de un Estado de Derecho, ya no son más una simulación en el Perú.
La sentencia también reivindica el nombre de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, a quienes durante años se tildó de terroristas en el desesperado afán de justificar esos asesinatos. Compartimos por ello la satisfacción que embarga a sus familiares, para quienes la sentencia es el epílogo de una tenaz lucha en búsqueda de verdad y justicia.
El trascendente veredicto, portada en los diarios más importantes del mundo, es desde su lectura en la sala, un precedente para la jurisprudencia mundial sobre crímenes de lesa humanidad. Los gobernantes están notificados, la arbitrariedad y el crimen nunca más serán instrumentos de un jefe de Estado para combatir el terror.
El fallo contra el ex dictador condenándolo como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y asesinato con alevosía y calificando los mencionados delitos como crímenes contra la Humanidad según el Derecho Internacional Penal es un estandarte contra la impunidad y un hito histórico en la defensa de los derechos humanos.
Esta misma defensa de los derechos humanos ha sido uno de los pilares de la línea editorial de este diario desde los tiempos en que Gustavo Mohme Llona, nuestro director-fundador, denunciaba desde estas mismas páginas lo ocurrido en La Cantuta y Barrios Altos como hechos atroces cuya autoría exigía individualizar y castigar. En su homenaje publicamos, una década después, una “dve” (sic) sus premonitorias columnas.
Este diario, es oportuno reiterarlo ahora, condenó en los términos más duros la barbarie que desató Sendero Luminoso, principal responsable de la violación de los DDHH en nuestro país. Con esa misma convicción, también denunció las detenciones y desapariciones perpetradas por agentes del Estado. Al hacerlo siempre reivindicó la existencia de una moral superior en los móviles del Estado que enfrenta al terrorismo y en quienes autoriza para usar las armas en su defensa.
El tribunal presidido por César San Martín ha devuelto, diecisiete años después, la bandera de la justicia a la democracia y la ha liberado de un estigma que la anclaba al pasado y que era un imperativo moral corregir.
Diario La República-Lima 08/04/2009
UN DÍA DESPUÉS
La condena impuesta a Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer constituye un verdadero hito en la historia del Perú.
En los diecisiete años transcurridos desde que se perpetraron estos crímenes hubo que vencer obstáculos casi insuperables para lograr que se haga justicia y gran parte del mérito corresponde a los familiares de las víctimas, que a lo largo de su duro calvario contaron con el apoyo de grupos de defensores de los derechos humanos y especialmente de Aprodeh.
El esclarecimiento de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta fue bloqueado desde cuando el general Nicolás de Bari Hermoza –utilizando su condición de comandante general del ejército– sacó los tanques a la calle para amenazar a quienes denunciaban el crimen. La bancada fujimorista recurrió luego a todas las artimañas posibles para intentar bloquear toda investigación; es de recordar a Martha Chávez argumentando que los estudiantes de La Cantuta se habían “autosecuestrado”.
A pesar de todo, la verdad fue abriéndose paso. El trabajo de la prensa independiente puso en evidencia la existencia del grupo Colina. En el camino quedaron la agente de inteligencia Mariella Barreto, compañera sentimental de Santiago Martin Rivas y madre de su hijo, asesinada y decapitada por atribuírsele haber filtrado información a la prensa. Leonor La Rosa, otra agente, fue torturada hasta dejarla parapléjica. Cuando la presión nacional e internacional obligó a juzgar a algunos integrantes del grupo Colina, el Parlamento fujimorista sustrajo a los procesados de la justicia civil para entregarlos a un tribunal militar que realizó un juicio en que ni siquiera se convocó a los altos mandos implicados y al que nadie tuvo acceso. Sentenciados los asesinos, fueron confinados en un encierro dorado, con sueldo completo y premios. Se amotinaron meses después, reclamando la amnistía que se les había prometido, a cambio de que eximieran de responsabilidad a los mayores responsables. Cumplió entonces el Parlamento fujimorista otorgando la ley de amnistía, ardorosamente defendida por Rafael Rey. Largo ha sido el camino recorrido para llegar a la ejemplar sentencia dictada por los magistrados César San Martín, Hugo Príncipe Trujillo y Víctor Prado Saldarriaga.
El grupo Colina no solo asesinó a inocentes en Barrios Altos y La Cantuta sino hasta asesinó a trabajadores por contrata, como los campesinos del Santa, liquidados por sindicalistas, el secretario general de la Federación Minera del Perú, Saúl Cantoral, y el secretario general de la CGTP, Pedro Huilca Tecse. Fujimori es además responsable de la comisión de otros delitos abominables, como la esterilización sin su consentimiento de decenas de miles de mujeres peruanas.
Los 25 años de prisión de Fujimori hacen justicia, aunque estos últimos delitos no hayan sido motivo del juicio. Después de todo, a Al Capone no se le probó ningún crimen, y terminó en prisión por evasión de impuestos.
Como peruano, luego de la náusea de los escándalos político-delincuenciales de los últimos meses –cuyo colmo es la condena dictada contra Fernando Rospigliosi en el Parlamento, por los corruptos que él ha denunciado–, da gusto sentirse orgulloso de estos jueces.
Diario La República-Lima 08/04/2009
NO MATARÁS
Una condena histórica que es un himno a la vida
El fundamento contundente de la sentencia que condenó a Alberto Fujimori a veinticinco años de prisión por hallarlo culpable en todas las acusaciones por violación de derechos humanos es un hecho histórico y un legítimo motivo de orgullo para los peruanos, pero, antes que eso, es un homenaje a la vida que genera la esperanza de que esto no ocurra más en el Perú.
Por ello, el país les debe un sincero y profundo agradecimiento a los vocales César San Martín, Hugo Príncipe y Víctor Prado, quienes condenaron a Fujimori por los asesinatos en La Cantuta y Barrios Altos por parte de un comando paraestatal que –como demostró el fallo y no se debe olvidar – se organizó con la participación crucial del entonces presidente.
La justicia peruana condenó a Fujimori por ese motivo. No por sus políticas ni por venganza, como aducen sus partidarios, sino, para decirlo de un modo claro y directo, por asesinato.
Por ello, más que la cara compungida del condenado cuando le leían su sentencia, la imagen con la que debe recordarse este momento histórico en el futuro debe ser el rostro sereno y tranquilo de Gisela Ortiz y Raida Cóndor.
Gracias al esfuerzo valiente, prolongado e inagotable de mucha gente como ellas, para que los asesinatos de su hermano y de su hijo por el ‘grupo Colina’ de Fujimori no quedaran impunes, los futuros gobernantes ahora están advertidos de que deben respetar la vida de todos los ciudadanos y de que no pueden asesinar –ni encargárselo a alguien – por más poderosos que se sientan o más ‘justificada’ que sea su causa.
Algunas expresiones luego de la condena, sin embargo, reflejan que va a persistir la creencia de que el fin justifica los medios. No solo en los fujimoristas, hoy con sangre en el ojo y sed de venganza, sino en otras tiendas políticas. Lourdes Alcorta del PPC –para quien “Barrios Altos fue una lamentable casualidad”– o Luis Giampietri, el vicepresidente del Apra, son solo dos ejemplos. Como ellos, varios creen que la sentencia de San Martín reivindica al terrorismo, cuando no es otra cosa que el rechazo al terror como forma de combatir al terror, el triunfo de la justicia sobre la impunidad.
¿Esta sentencia beneficia o perjudica el futuro electoral de Keiko Fujimori? ¿Podrá Alberto Fujimori recibir un indulto? ¿Alguien que no sea su hija tendría el desparpajo de dárselo?
Eso no importa en este momento. Al margen de lo que ocurra después, y de lo que consiga la componenda oscura, el título de condenado a veinticinco años por asesinato no se lo quitará nadie a Alberto Fujimori. Y, en poco tiempo, el proceso que empezará por corrupción seguramente le añadirá el cartel del ladrón.
Diario La República-Lima 08/04/2009
SE REPORTARON 238 CONFLICTOS SOCIALES
Tensiones que no bajan, por diversos motivos pero que alimentan el descontento nacional.
SOBRE LAS REGIONES
Además, se da cuenta de cinco conflictos reactivados, en Cusco, Junín, Lima, San Martín y Tacna. Tres son socioambientales, uno se debe a demarcación territorial y otro a asuntos de gobierno local. En marzo se han resuelto tres conflictos, en Ayacucho, Lima y otro, relacionado a una demanda al Inpe, que tenía alcance nacional.
Mientras, por un lado, el país es sacudido por la sentencia a Fujimori, el otro movimiento provocado por las protestas sociales no disminuye, según lo confirma el reciente informe de la Defensoría del Pueblo, cuya Dirección de la Unidad de Conflictos Sociales, registró un total de 238 conflictos sociales, en marzo. Según el reporte Nº 61, se resolvieron tres, pero aparecieron 23 nuevos conflictos de diversa naturaleza.
El documento informa en detalle que, del total de conflictos, al finalizar marzo del 2009, 179 se encuentran activos (75%) y 59 en estado latente (25%). Además, se da cuenta de 57 acciones colectivas de protesta y de ocho acciones de violencia subversiva. Durante el mes anterior se contabilizaron 218 conflictos sociales. Con relación al tipo de conflictos verificados por la Defensoría, se precisa que 116 casos (49%) corresponden a casos socioambientales; 32 (13%) responden a asuntos de gobiernos locales, en tanto que 21 (9%) se encuentran vinculados a conflictos laborales.
Con relación a los nuevos casos, éstos se han producido en Lima (seis); Puno (tres); Áncash, Junín, Loreto, Moquegua y San Martín (dos en cada uno); y Piura (un caso). Durante marzo se registraron 69 casos que aún se mantiene el diálogo. Entre las ocho acciones de violencia subversiva registradas en marzo se da cuenta del asesinato de tres personas, en la región Huánuco.
Diario La Primera-Lima 08/04/2009
RECRUDECE RECLAMO SOCIAL
Nativos amenazan con bloquear ríos
Dirigentes dicen que quieren dialogar, pero desconocen autoridad del ministro Brack
Grupos indígenas que habitan en las orillas de los ríos Napo y Corrientes (Loreto) anunciaron un paro de protesta contra varias leyes que ellos consideran que vulneran sus derechos y favorecen a las empresas. Adelantaron que como medida de protesta, a partir de mañana jueves 9, cerrarán el paso a embarcaciones que circulen por dichos ríos.
Para Edwin Vásquez, dirigente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, las comunidades indígenas han buscado el diálogo con el Gobierno, pero que se ha visto frustrado en más de una oportunidad, en la ciudad de San Lorenzo (provincia de Datem del Marañón) y en Lima. “Iremos al paro ya que no hubo diálogo, el Gobierno no nos hizo caso”, dijo Vásquez.
El dirigente agregó que quieren “conversar con alguna autoridad que tenga poder para solucionar los problemas y no con el ministro Antonio Brack. Queremos dialogar con el primer ministro, con el presidente”, agregó. Los nativos piden la derogatoria de normas como la 1073, 1074 y 1090. “Estas leyes solo sirven para regalar el territorio de los indígenas a las empresas petroleras, madereras y mineras”.
EL DATO
Otro pedido
Los nativos también piden que el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Amazónicos y Afroperuanos sea un ente descentralizado y autónomo.
Diario El Comercio-Lima 08/04/2009
DOE RUN
A FIN DE MES PODRÍAN INICIARSE OPERACIONES DE FUNDICIÓN Y REFINERÍA EN LA OROYA
El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, adelantó la posibilidad de que las operaciones en el Complejo Metalúrgico de La Oroya se inicien a fin de mes si se cumplen todos los acuerdos previos a los que se comprometió la empresa Doe Run Perú (DRP), propietaria del complejo que comprende la fundición y refinería de La Oroya.
Como se recuerda, DRP requiere de un crédito bancario de US$75 millones que será avalado por las empresas mineras del centro, las que además le prestarán US$100 millones en concentrados. Para ello deberá capitalizar la deuda (por US$156 millones) que tienen con su principal accionista y poner sus acciones a disposición del Estado por si no cumple con su programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA) en La Oroya.
Sánchez indicó que ayer la empresa tuvo una junta de accionistas para realizar la ampliación de capital. Asimismo, el ministro evitó confirmar si ampliarán por unos meses el plazo del PAMA que vence en octubre. Indicó que esto se evaluará en los siguientes días en la medida en que haya avances en los compromisos.
LA CIFRA
US$73
Millones requiere invertir Doe Run para culminar su programa de adecuación y manejo ambiental en La Oroya.
Diario El Comercio-Lima 08/04/2009
AGUAS NEGRAS EN CALLES CAJAMARQUINAS
Cajamarca, “Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas”, tiene serios problemas de contaminación por las aguas negras que rebalsan de los desagües. Las aguas servidas o aguas negras son los desechos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e industrial que llevan disueltas o en suspensión una serie de materias orgánicas e inorgánicas y que provienen de la descarga de sumideros, fregaderos, inodoros, cocinas, lavanderías (detergentes), residuos de origen industrial (aceites, grasas, curtiembres, etc.); es decir del metabolismo de las ciudades, similar a los procesos de digestión y excreción en las personas.
Por supuesto que la naturaleza juega su papel en este rebalse, especialmente cuando llueve, pero lo central es que los sistemas para desaguar agua de lluvias están mal hechos y no funcionan adecuadamente. Todos sufrimos casi por dos años o un poco más por las obras para este sistema de canalización de aguas de lluvia y mejoramiento del sistema colector de aguas “cloacales” (sic) de nuestra ciudad; pero, al final, algo pasó con tales obras que no sirven; algo estuvo mal diseñado, o mal construido, o mal administrado; y, según sabemos, se gastaron algunos millones de soles en estas obras, inclusive con un crédito internacional.
SEDACAJ es la entidad responsable del manejo del saneamiento de la ciudad y debe informar a la población que es lo que realmente se está haciendo para solucionar esta grave inconveniencia urbana que, si bien es cierto, pueden haberse generado en anteriores administraciones, ya pasó el tiempo suficiente (más de dos años) para que se le busque una solución. Sino, cada vez que hay una tempestad en la ciudad, las calles se van a saturar de aguas de lluvias y de aguas de alcantarillados que rebosan, contaminando las calles y veredas, siendo una amenaza para la salud de los ciudadanos, inundando casas y establecimientos, interrumpiendo el tránsito peatonal y vehicular, y atentando contra la seguridad de las personas y de algunos barrios y sectores vulnerables. Hay que llamar la atención, asimismo, a aquellos vecinos que en estas oportunidades arrojan sus basuras a las calles empeorando el problema.
Tal ha sido la situación real motivada por una muy fuerte e intensa precipitación el día lunes 6 del mes en curso. Más, es una situación previsible y controlable si las autoridades responsables cumplen con sus funciones, mucho más considerando que por tales funciones reciben dietas y salarios y por estos servicios hay un pago mensual de cada vivienda cajamarquina. ¿O tendremos que llegar al extremo de pedir al ministerio público que inicie una acción legal a SEDACAJ por incumplimiento de funciones o por cometer delitos ambientales y contra la seguridad ciudadana?
Diario Panorama Cajamarquino 08/04/2009
DIECISIETE AÑOS DESPUÉS…
La ejemplar sentencia dictada contra el ex presidente Alberto Fujimori es síntoma del indudable fortalecimiento de nuestra democracia y nos permite afirmar que el 7 de abril del 2009 merece ser recordado como día de la independencia del Poder Judicial.
Por primera vez en un país de América Latina se juzga y condena a un ex presidente por crímenes de lesa humanidad. La decisión de los vocales César San Martín, Hugo Príncipe y Víctor Prado demuestra así que la separación de poderes y el contrapeso de estos, requisitos esenciales de un Estado de Derecho, ya no son más una simulación en el Perú.
La sentencia también reivindica el nombre de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, a quienes durante años se tildó de terroristas en el desesperado afán de justificar esos asesinatos. Compartimos por ello la satisfacción que embarga a sus familiares, para quienes la sentencia es el epílogo de una tenaz lucha en búsqueda de verdad y justicia.
El trascendente veredicto, portada en los diarios más importantes del mundo, es desde su lectura en la sala, un precedente para la jurisprudencia mundial sobre crímenes de lesa humanidad. Los gobernantes están notificados, la arbitrariedad y el crimen nunca más serán instrumentos de un jefe de Estado para combatir el terror.
El fallo contra el ex dictador condenándolo como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y asesinato con alevosía y calificando los mencionados delitos como crímenes contra la Humanidad según el Derecho Internacional Penal es un estandarte contra la impunidad y un hito histórico en la defensa de los derechos humanos.
Esta misma defensa de los derechos humanos ha sido uno de los pilares de la línea editorial de este diario desde los tiempos en que Gustavo Mohme Llona, nuestro director-fundador, denunciaba desde estas mismas páginas lo ocurrido en La Cantuta y Barrios Altos como hechos atroces cuya autoría exigía individualizar y castigar. En su homenaje publicamos, una década después, una “dve” (sic) sus premonitorias columnas.
Este diario, es oportuno reiterarlo ahora, condenó en los términos más duros la barbarie que desató Sendero Luminoso, principal responsable de la violación de los DDHH en nuestro país. Con esa misma convicción, también denunció las detenciones y desapariciones perpetradas por agentes del Estado. Al hacerlo siempre reivindicó la existencia de una moral superior en los móviles del Estado que enfrenta al terrorismo y en quienes autoriza para usar las armas en su defensa.
El tribunal presidido por César San Martín ha devuelto, diecisiete años después, la bandera de la justicia a la democracia y la ha liberado de un estigma que la anclaba al pasado y que era un imperativo moral corregir.
Diario La República-Lima 08/04/2009
UN DÍA DESPUÉS
La condena impuesta a Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer constituye un verdadero hito en la historia del Perú.
En los diecisiete años transcurridos desde que se perpetraron estos crímenes hubo que vencer obstáculos casi insuperables para lograr que se haga justicia y gran parte del mérito corresponde a los familiares de las víctimas, que a lo largo de su duro calvario contaron con el apoyo de grupos de defensores de los derechos humanos y especialmente de Aprodeh.
El esclarecimiento de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta fue bloqueado desde cuando el general Nicolás de Bari Hermoza –utilizando su condición de comandante general del ejército– sacó los tanques a la calle para amenazar a quienes denunciaban el crimen. La bancada fujimorista recurrió luego a todas las artimañas posibles para intentar bloquear toda investigación; es de recordar a Martha Chávez argumentando que los estudiantes de La Cantuta se habían “autosecuestrado”.
A pesar de todo, la verdad fue abriéndose paso. El trabajo de la prensa independiente puso en evidencia la existencia del grupo Colina. En el camino quedaron la agente de inteligencia Mariella Barreto, compañera sentimental de Santiago Martin Rivas y madre de su hijo, asesinada y decapitada por atribuírsele haber filtrado información a la prensa. Leonor La Rosa, otra agente, fue torturada hasta dejarla parapléjica. Cuando la presión nacional e internacional obligó a juzgar a algunos integrantes del grupo Colina, el Parlamento fujimorista sustrajo a los procesados de la justicia civil para entregarlos a un tribunal militar que realizó un juicio en que ni siquiera se convocó a los altos mandos implicados y al que nadie tuvo acceso. Sentenciados los asesinos, fueron confinados en un encierro dorado, con sueldo completo y premios. Se amotinaron meses después, reclamando la amnistía que se les había prometido, a cambio de que eximieran de responsabilidad a los mayores responsables. Cumplió entonces el Parlamento fujimorista otorgando la ley de amnistía, ardorosamente defendida por Rafael Rey. Largo ha sido el camino recorrido para llegar a la ejemplar sentencia dictada por los magistrados César San Martín, Hugo Príncipe Trujillo y Víctor Prado Saldarriaga.
El grupo Colina no solo asesinó a inocentes en Barrios Altos y La Cantuta sino hasta asesinó a trabajadores por contrata, como los campesinos del Santa, liquidados por sindicalistas, el secretario general de la Federación Minera del Perú, Saúl Cantoral, y el secretario general de la CGTP, Pedro Huilca Tecse. Fujimori es además responsable de la comisión de otros delitos abominables, como la esterilización sin su consentimiento de decenas de miles de mujeres peruanas.
Los 25 años de prisión de Fujimori hacen justicia, aunque estos últimos delitos no hayan sido motivo del juicio. Después de todo, a Al Capone no se le probó ningún crimen, y terminó en prisión por evasión de impuestos.
Como peruano, luego de la náusea de los escándalos político-delincuenciales de los últimos meses –cuyo colmo es la condena dictada contra Fernando Rospigliosi en el Parlamento, por los corruptos que él ha denunciado–, da gusto sentirse orgulloso de estos jueces.
Diario La República-Lima 08/04/2009
NO MATARÁS
Una condena histórica que es un himno a la vida
El fundamento contundente de la sentencia que condenó a Alberto Fujimori a veinticinco años de prisión por hallarlo culpable en todas las acusaciones por violación de derechos humanos es un hecho histórico y un legítimo motivo de orgullo para los peruanos, pero, antes que eso, es un homenaje a la vida que genera la esperanza de que esto no ocurra más en el Perú.
Por ello, el país les debe un sincero y profundo agradecimiento a los vocales César San Martín, Hugo Príncipe y Víctor Prado, quienes condenaron a Fujimori por los asesinatos en La Cantuta y Barrios Altos por parte de un comando paraestatal que –como demostró el fallo y no se debe olvidar – se organizó con la participación crucial del entonces presidente.
La justicia peruana condenó a Fujimori por ese motivo. No por sus políticas ni por venganza, como aducen sus partidarios, sino, para decirlo de un modo claro y directo, por asesinato.
Por ello, más que la cara compungida del condenado cuando le leían su sentencia, la imagen con la que debe recordarse este momento histórico en el futuro debe ser el rostro sereno y tranquilo de Gisela Ortiz y Raida Cóndor.
Gracias al esfuerzo valiente, prolongado e inagotable de mucha gente como ellas, para que los asesinatos de su hermano y de su hijo por el ‘grupo Colina’ de Fujimori no quedaran impunes, los futuros gobernantes ahora están advertidos de que deben respetar la vida de todos los ciudadanos y de que no pueden asesinar –ni encargárselo a alguien – por más poderosos que se sientan o más ‘justificada’ que sea su causa.
Algunas expresiones luego de la condena, sin embargo, reflejan que va a persistir la creencia de que el fin justifica los medios. No solo en los fujimoristas, hoy con sangre en el ojo y sed de venganza, sino en otras tiendas políticas. Lourdes Alcorta del PPC –para quien “Barrios Altos fue una lamentable casualidad”– o Luis Giampietri, el vicepresidente del Apra, son solo dos ejemplos. Como ellos, varios creen que la sentencia de San Martín reivindica al terrorismo, cuando no es otra cosa que el rechazo al terror como forma de combatir al terror, el triunfo de la justicia sobre la impunidad.
¿Esta sentencia beneficia o perjudica el futuro electoral de Keiko Fujimori? ¿Podrá Alberto Fujimori recibir un indulto? ¿Alguien que no sea su hija tendría el desparpajo de dárselo?
Eso no importa en este momento. Al margen de lo que ocurra después, y de lo que consiga la componenda oscura, el título de condenado a veinticinco años por asesinato no se lo quitará nadie a Alberto Fujimori. Y, en poco tiempo, el proceso que empezará por corrupción seguramente le añadirá el cartel del ladrón.
Diario La República-Lima 08/04/2009
