7 de abril de 2009

LAS LECCIONES DEL SALVATAJE A DOE RUN


Por José de Echave
Director ejecutivo de Cooperacción


Lo ocurrido en las dos últimas semanas en torno al tema de Doe Run deja un clima tan cargado que puede terminar contaminándonos como ocurre con el aire que respiran todos los días los pobladores de La Oroya. Aquí algunos temas a título de lecciones:

-Ha sido saludable que el Estado no comprometa los recursos de todos los peruanos para salvar a una empresa que desde que llegó al país no ha hecho otra cosa que incumplir con sus obligaciones. La salida, que implica un crédito privado de varios bancos y empresas mineras, no solamente permite salvar el complejo de un colapso inminente sino que sugiere posibles alternativas para un futuro inmediato, ante la evidente falta de capacidad y compromiso de Doe Run.

-De esta crisis debe quedar claro que no es lo mismo buscar salvar el complejo metalúrgico y los empleos en La Oroya que salvar a Doe Run. Esta empresa no es sinónimo del complejo, de los intereses de los trabajadores ni de la población de La Oroya. Al contrario, su presencia perjudica el futuro de dicha ciudad.

-En aras de una mayor transparencia, sería saludable que el Ministerio de Energía y Minas informe sobre la situación actual del fideicomiso. No debemos olvidar que la resolución ministerial 257/2006-MEM-DGM obligó a Doe Run a suscribir un fideicomiso, mediante escritura pública, con el entonces Banco Wiesse Sudameris. Dicho contrato debía cubrir “el 100% de todas las obligaciones dispuestas” en un informe que sustentaba la resolución (artículo 2).

-Además, en el artículo 5 de la misma resolución, se señalaba que, en un plazo de 30 días calendario, Doe Run Perú debía constituir y presentar “una Carta Fianza, solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática a simple solicitud escrita del Ministerio de Energía y Minas, por el monto de US$ 28’641,094, equivalente al 20% del costo del proyecto prorrogado Plantas de Ácido Sulfúrico” del complejo de La Oroya. ¿Cómo están estos instrumentos y cómo están siendo gestionados? Se necesita un informe claro e integral al respecto y sería ideal que como parte de la negociación la empresa se adhiera a la Iniciativa de Transparencia Financiera (EITI por sus siglas en inglés) como lo han hecho otras empresas del sector.

-Como consecuencia de toda esta crisis queda un saldo negativo para la población y la salud de La Oroya: un nuevo anuncio de ampliación del programa de inversiones ambientales (PAMA). ¿Cuántas veces más se beneficiará a Doe Run con una ampliación del plazo del PAMA? ¿Esta es la última? Cabe recordar que lo mismo se dijo el 2006 cuando se le amplió el PAMA: la resolución ministerial 257/2006-MEM-DGM señalaba que: “Doe Run deberá cumplir con el proyecto Plantas de Ácido Sulfúrico en los plazos perentorios e improrrogables que se señalan en el anexo de la presente resolución ministerial” (artículo 1).

-No se da un buen mensaje con esta decisión. El Ministerio de Energía y Minas no ha cumplido su parte: fiscalizar. La Dirección General de Minería debió “disponer la realización de acciones de fiscalización continua”, “la cual evaluará trimestralmente el cumplimiento de las medidas y actividades establecidas para la construcción de las Plantas de Ácido Sulfúrico del Complejo Metalúrgico de La Oroya” (artículo 8). Si la empresa no cumplía, en el mismo artículo se señalaba que se debían “aplicar las sanciones correspondientes”. El ministerio se durmió y recién ahora nos enteramos de que la planta apenas tiene un avance del 50%. No ha sido la paralización de las dos últimas semanas lo que explica el retraso, como se ha señalado.

¿Sacaremos las lecciones en esta ocasión? Las autoridades correspondientes tienen la palabra y la sociedad civil deberá estar vigilante.

Diario La República-Lima 07/04/2009






DEFENSORÍA SE PRONUNCIÓ


Exigen Frenar contaminación en La Oroya

La Defensoría del Pueblo exhortó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a que proteja, como necesidad prioritaria, la salud de las personas afectadas por la contaminación en La Oroya (Junín).

Beatriz Merino, titular de esa entidad, dijo que el Gobierno debe adoptar medidas que garanticen la calidad del ambiente en dicha jurisdicción mediante acciones como la implementación de programas especializados de salud en la zona, la remediación de los pasivos ambientales y la fiscalización de las obligaciones de la empresa Doe Run Perú.

Diario Perú 21-Lima 07/04/2009





EXIGEN MAYOR ATENCIÓN A AMAZÓNICOS


Otra vez a la lucha.

Luego de anunciar que este jueves empezará el segundo paro amazónico en ciudades como Bagua, Yurimaguas, Iquitos, Puerto Maldonado, Quillabamba, Pucallpa, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, acusó ayer al Ejecutivo de utilizar a los representantes de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), organización que agrupa a un número reducido de comunidades nativas, a favor de la presencia de empresas petroleras en la selva amazónica, para evitar dialogar con los representantes de la mayoría de los pueblos amazónicos del país, que se oponen a estas actividades.

Dijo que el paro, entre otras cosas, exigirá al gobierno que preste mayor atención a los problemas de la mayoría de los amazónicos. “Lo que el gobierno está haciendo es no escuchar a los pueblos indígenas, pues sólo realiza mesas de diálogo con Conap, cuando sabe que ésta es relacionista pública de las empresas petroleras y tiene un convenio con Perupetro. ¿Cómo puede el gobierno utilizar así a esa gente?”, dijo en diálogo con este diario.

Pizango afirmó que el Ejecutivo pretende imponer su agenda de diálogo a los pueblos amazónicos, cuando éstos tienen ya una agenda propia para buscar una solución a los conflictos sociales de la región selvática.

“Está bien que la Presidencia del Consejo de Ministros quiera establecer mecanismos de diálogo con nosotros, pero yo ya envié nuestra agenda de diálogo y el gobierno quiere imponer lo que quiere”, indicó.

Manifestó que el diálogo con el Ejecutivo será aceptado sólo si éste cumple el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aplica las recomendaciones de la comisión multipartidaria del Congreso que evaluó los decretos legislativos y cumple la promesa de instalar una comisión para reformar la Constitución.

El 12 de marzo, Aidesep pidió en una carta al premier Yehude Simon, la aprobación de una ley de consulta previa, en cumplimiento del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, y la derogatoria de los decretos legislativos 1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090, que afectan los derechos indígenas.

Diario La Primera-Lima 07/04/2009





AMAZÓNICOS INICIAN PARO INDEFINIDO ESTE 9 DE ABRIL


Congreso no cumplió con derogar leyes lesivas a los pueblos indígenas, sino que las reafirmó. Solicitud de diálogo enviada hace un mes por sus dirigentes no fue respondida por el premier Yehude Simon.

Ante la poca voluntad política mostrada por el gobierno para resolver la derogatoria de los decretos legislativos 1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090 considerados atentatorios contra los derechos de los pueblos indígenas, dirigentes de 1,350 comunidades amazónicas anunciaron un paro indefinido hasta conseguir la solución a sus reclamos.

Dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) señalaron que los representantes de estas comunidades se han pronunciado por retomar la movilización de agosto del año pasado, suspendida en ese entonces frente al compromiso del Congreso de la República de revisar los seis decretos legislativos considerados lesivos a los derechos indígenas.

Dijeron que lejos de cumplir la promesa, el poder legislativo emitió la ley 29317 que modifica e incorpora diversos artículos al decreto 1090, conocido como Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

La comisión multisectorial y multipartidaria, presidida por la congresista Gloria Ramos, que se formó precisamente para revisar las normas atentatorias, concluyó en la necesidad de derogarlas.

Sin embargo, dijeron en Aidesep, que hacer efectiva esta conclusión dependerá del presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén.

El titular de la mesa directiva del Legislativo debe poner a consideración del pleno los acuerdos, pero aún no lo ha hecho.
Los voceros de la asociación indígena también informaron que su paro indefinido será íntegramente financiado por los pueblos amazónicos. Ellos harán uso de sus propias cosechas para enfrentar los días y meses que les demande hasta conseguir la atención tanto del Ejecutivo como del Legislativo.

Más apoyo
Las comunidades andinas y amazónicas de la macrorregión centro del Perú dijeron por su parte que iniciarán una huelga amazónica andina el próximo 13 de abril, en apoyo a los pueblos amazónicos.

Las comunidades y pueblos de la región Pasco también convocaron a un paro para los días 13 y 14 de abril, según se informó.

El dato
Atentatorios. En mayo del año pasado, los Apus de las comunidades amazónicas señalaron que de los 100 decretos emitidos por el Congreso, 94 se referían a temas amazónicos. De ellos, 34 eran lesivos a sus derechos.

Las demandas por resolver
Los requerimientos de los pueblos indígenas giran sobre cuatro puntos: Reforma de la Constitución Política del Estado para restablecer los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los territorios indígenas.

Derogatoria de los decretos legislativos que atentan contra los derechos colectivos de estos pueblos.

Aprobación de una ley que obligue al Estado a implementar el derecho de consulta previa, consignada en el convenio 169 de la OIT, y en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

El cumplimiento del Convenio 169, suscrito por el Estado peruano y ratificado por el Congreso mediante la resolución legislativa 26253.

Diario La República-Lima 07/04/2009





AMENAZAN DE MUERTE A ABOGADOS DE LA PARTE CIVIL EN JUICIO CONTRA FUJIMORI


Aprodeh recibió la tarde de ayer una llamada en la que dijeron que Gloria Cano, Carlos Rivera y Ronald Gamarra “eran hombres muertos”

Los abogados de la parte civil en el juicio contra Alberto Fujimori,
Ronald Gamarra, Carlos Rivera y Gloria Cano, además de Francisco Soberón, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), fueron amenazados de muerte en la víspera, afirmó el director ejecutivo de Aprodeh, Miguel Jugo.

Sostuvo que la llamada anónima se enmarca en un contexto de amenazas de denuncia contra los magistrados de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema y de anunciadas movilizaciones del fujimorismo.

“A las 4:30 de la tarde entró una llamada al anexo del Área Legal de Aprodeh y una persona señaló que debería cuidarse Gloria Cano, Carlos Rivera, Ronaldo Gamarra y Francisco Soberón, porque son hombres muertos. (...) Era la voz de un hombre que aparentemente lo decía con mucha tranquilidad”, contó Jugo en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Hay una enervación del fujimorismo, que se enmarca en la amenaza o presión a los jueces. Esto va a ser puesto en conocimiento de las autoridades y vamos a estar alertas a cualquier actividad que se presente”, dijo.

También comentó que han solicitado garantías a la comisaría del sector y recordó que su institución tiene medidas cautelares aprobadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Diario El Comercio-Lima 07/04/2009





HORA DE LA JUSTICIA


Solo en democracia podía haberse desarrollado un juicio como el que hoy debe terminar con la lectura de la sentencia a Alberto Fujimori. Un juicio público, transmitido por los medios de comunicación, con pleno respeto por el debido proceso. Los peruanos debemos tener presente que nunca un encausado por la justicia peruana ejerció a plenitud sus derechos a la defensa como lo ha hecho en estos quince meses el cuestionado ex presidente. Se trata de un juicio inobjetable y cuya sentencia marcará sin duda un precedente histórico.

Y allí reside justamente una de las virtudes de la democracia como sistema político: la vigencia irrestricta de los derechos de cualquier ciudadano, al margen de sus ideas y de sus acciones. Fujimori merecía un juicio justo y lo ha tenido. La democracia demuestra así ser infinitamente superior a toda clase de regímenes autoritarios que conculcan derechos, vulneran garantías y manipulan los poderes de Estado.

Diez años atrás, en los estertores de una década perdida, el Poder Judicial era digitado por el gobierno de Alberto Fujimori.

Entonces no pocos jueces y fiscales desfilaban por la salita del SIN para recibir dinero y luego indicaciones de Vladimiro Montesinos. Muchos fallos judiciales se redactaban allí y más tarde eran simplemente refrendados en los tribunales por jueces que luego terminaron, merecidamente, en la cárcel.

Hoy Fujimori ya no se puede jactar del control que antes ejercía sobre jueces y fiscales. Cierto es que todavía tiene adeptos en la judicatura, pero estos carecen del poder y la capacidad necesarios para repetir la historia de los noventa.

Esta sustancial diferencia entre una década y otra fue advertida ayer por el presidente Alan García cuando declaró que el juicio a Alberto Fujimori ha sido una oportunidad muy importante para estudiar y valorar lo jurídico en los años noventa. “Yo espero –dijo García en su condición de Presidente – un fallo justo y legal, plenamente ajustado a la ley, y estoy convencido de que la mayoría de los peruanos sabe que este ha sido un proceso que ha tenido todas las garantías de la democracia”.

Es sintomático que la confianza del Presidente en la probidad e imparcialidad de nuestros jueces no sea un sentimiento aislado. Una encuesta de la Pontificia Universidad Católica del Perú acaba de revelar que el 75% de los limeños y chalacos considera que se ha respetado a cabalidad el derecho a la defensa del ex mandatario.

Como sosteníamos ayer, aquí no hay venganza, solo sed de justicia.

Diario La República-Lima 07/04/2009





MOMENTO HISTÓRICO


Todos debemos respetar la sentencia de hoy

La foto de hoy en la Diroes, cuando el magistrado César San Martín lea la sentencia frente a Alberto Fujimori sentado en el banquillo del acusado, dará la vuelta al mundo inmediatamente en la web, mañana será portada de todos los diarios nacionales, de varios de otros países, y ningún peruano podrá olvidarla.

No habrá momento más crucial ni con más implicancias políticas futuras, en todos los juicios de Fujimori, que el de esta mañana. Las partes podrán apelar el fallo, pero es difícil imaginar que la siguiente instancia vaya a modificar su sentido, convirtiendo una condena en absolución o viceversa.

El fallo de hoy corresponde a uno de los tres juicios que se le sigue a Fujimori, dentro de los límites fijados por la extradición de la justicia chilena, pero este será, por su naturaleza vinculada a derechos humanos, es decir, a la vida, el más importante y con mayor incidencia local e internacional.

Todas las fases del procesamiento judicial de Fujimori son importantes, además, pues están permitiendo a los peruanos una catarsis de los turbulentos años noventa. Pero ninguno lo será como el de esta mañana. Hoy es, por tanto, un momento histórico que se recordará mucho tiempo después, y que los libros de historia consignarán de manera destacada.

Lo más probable es que –con toda justicia – hoy Fujimori será condenado. Este hecho será otra característica fundamental de la sentencia de esta mañana, pues transmitirá un mensaje claro a los poderosos que, como siempre en el país, les gusta ejercer sus cargos con arrogancia, prepotencia y poco cuidado por la gente, creyéndose intocables. El mensaje de que esto puede empezar a cambiar será lanzado esta mañana.

Asimismo, los peruanos hemos tenido la oportunidad singular de asistir a un juicio ejemplar llevado con mucha profesionalidad. Desde el tribunal de César San Martín, Hugo Príncipe y Víctor Prado; los fiscales –José Peláez y especialmente Avelino Guillén, quien tuvo un papel descollante–; los abogados de la parte civil –Ronald Gamarra, Carlos Rivera y Gloria Cano–; y el de la defensa, César Nakazaki, quien dio un ejemplo de cómo hacer una defensa profesional sin contaminarse del carácter político de su cliente, pues siempre pareció un abogado, no un fujimorista. Fue un gran juicio.

Debo confesar que, cuando Fujimori estaba en Japón, hubiera apostado, a ojos cerrados, a que este día nunca llegaría. Pero todo tiene su final. El proceso fue largo, pero los peruanos podemos estar orgullosos de haber tenido un juicio ejemplar. Ojalá que hoy tengamos una gran conclusión cualquiera sea la sentencia. El fallo debe ser respetado por todos, nos guste o no nos guste.

Diario La República-Lima 07/04/2009





EMPRESARIOS RECLAMAN A MINERA ANGLO AMERICAN


Representantes de empresas de la comunidad de Michiquillay, distrito de Encañada, exigen a minera Anglo American la contratación de trabajadores y empresas de esa zona, cumpliendo el compromiso asumido con los comuneros; antes de priorizar la contratación de empresarios y trabajadores foráneos.

COMPROMISO. Empresarios de Michiquillay exigen que empresa priorice contratación de empresas de su zona.

Unos 30 representantes de empresas de la comunidad de Michiquillay, distrito de Encañada, exigen a la minera Anglo American la contratación de trabajadores y empresas de esa zona, cumpliendo el compromiso asumido con los comuneros; antes de priorizar la contratación de empresarios y trabajadores foráneos.

Ayer llegaron hasta las oficinas de la empresa minera en Cajamarca para solicitar se cumpla el acuerdo social asumido por Anglo American y los comuneros de Michiquillay, ya que la empresa no estaría respetando los acuerdos plasmados en las diferentes actas elaboradas en las reuniones realizadas entre la comunidad y los representantes de la minera.

El grupo de empresarios estuvo encabezado por Wilder Alvarado Guevara, quien exigió respeto a la comunidad de Michiquillay de parte de Anglo American, así como respeto al acuerdo social firmado por los representantes de la minera con la comunidad y la actuación del Comité Laboral, al que acusaron que no estaría realizando su trabajo. Alvarado Guevara precisó que la empresa se comprometió a contratar personal y empresas evaluadas inicialmente por el Comité Laboral, quien es responsable de dar el visto bueno si la persona o empresa pertenece a la comunidad de Michiquillay para luego ser incorporado por la empresa minera, situación que no se estaría aplicando ni respetando.

También exigieron que la empresa Anglo American saque a licitación todas las obras que va a realizar y que primero se realice una selección entre los trabajadores o empresas de Michiquillay, si ahí no existe lo que se requiere que se amplíe la convocatoria a Encañada, luego a Cajamarca; para que si finalmente no se encuentra en la región, recién se convoque a nivel nacional, “ya que se debe priorizar a la gente del lugar, del distrito y la región, porque estamos viendo a gente y empresas foráneas que ya fueron incorporadas”, precisó Wílder Alvarado. La delegación de empresarios de Michiquillay fue atendido en plena calle por Jorge Del Castillo, empleado de la empresa, quien les indicó que formen una comisión para que ingrese a las oficinas a dialogar con el personal autorizado para buscar una solución a los problemas denunciados por los empresarios. Del Castillo, cuando fue abordado por los periodistas, indicó que no está autorizado para brindar declaraciones, pero señaló que existe buena disposición de la empresa minera para recibir a los empresarios de Michiquillay y buscar una solución a los reclamos que ellos expresaron. Finalmente los empresarios de Michiquillay aseguraron que ayer llegaron unos 30 representantes para dialogar pacíficamente con la empresa minera, pero que si no son atendidos, volverán pero en una protesta que convocará entre 400 a 500 pobladores de Michiquillay.

EL PROYECTO
El yacimiento de Michiquillay se ubica a 47 kilómetros de la ciudad de Cajamarca, a 239 kilómetros del puerto de Pacasmayo (La Libertad) y a 908 kilómetros de Lima. Michiquillay es un yacimiento tipo pórfido de cobre, con contenidos de oro y plata por explorar, la extensión de la concesión minera abarca 4,051.42 hectáreas contenidas en 18 derechos mineros en la zona, y tiene reservas estimadas de 544 millones de toneladas métricas.

DETALLES
Como se recuerda, la compañía inglesa Anglo American Services se adjudicó el pasado 31 de abril de 2007 la buena pro del proyecto minero Michiquillay (Encañada - Cajamarca), yacimiento tipo pórfido de cobre, con contenidos de oro y plata por explorar. La minera ofreció US$ 403 millones por la transferencia, monto casi diez veces mayor al precio base de US$ 44 millones que determinó ProInversión.

En aquella oportunidad se indicó que el proyecto considera compromisos sociales y ambientales de parte de la empresa inglesa Anglo American Services que promuevan una minería responsable y moderna en la zona, cuyos pilares son: salud, educación, desarrollo agropecuario, empleo, y respeto a su cultura y costumbres.

Además se precisó que se estima que en la etapa de exploración de Michiquillay se podrían generar hasta 300 puestos de trabajo directos, que deberán incrementarse en las etapas de la construcción y operación comercial. De igual modo, se prevé la multiplicación de trabajos indirectos por requerimiento de bienes, insumos y servicios, desde el inicio del proyecto.

CLARIDATO
En la adjudicación del yacimiento se dijo que un total de US$ 201.5 millones se destinará a la comunidad de Michiquillay. Firma invertirá US$ 700 millones.

Diario El Clarín-Cajamarca 07/04/2009





EL NEGOCIO DEL AGUA


Se ha presentado un informe pormenorizado sobre las presuntas irregularidades en la concesión y utilización de aguas subterráneas y superficiales, al jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Abelardo De la Torre Villanueva.

Ha sido un trabajo paciente y en el cual hemos encontrado indicios de irregularidades, y hemos logrado el respaldo de pruebas que refuerzan el informe elevado al jefe del ANA en la ciudad capital, informa Sergio Sánchez Ibáñez, gerente regional de medio ambiente y recursos naturales (RENAMA).

Este documento que se ha elevado al ANA cuenta con la firma y sello del consejero regional de San Marcos, Chanel Ruiz Vargas. Ruiz también asume la presidencia del comité de Gestión Ambiental, agregó Sánchez.

Esta situación de dio en la ex oficina de Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR), desde el 2006 al 2008. En ese entonces, aparece como jefe del ATDR, Luis Abásolo Tejada.

Ese documento señala que la Gerencia de Recursos Naturales y la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional Cajamarca, han recogido, en los últimos tres meses, información sobre situaciones presuntamente irregulares llevadas a cabo por Luis Abásolo Tejada y un grupo de trabajadores durante su gestión en el ATDR.

Se involucra a Lenin Iván Jiménez Sánchez, en la ex ADTR Cajamarca, quien ha desarrollado, además de su labor en la administración pública, actividades profesionales en la municipalidad Huasmín (Celendín) en la elaboración de inventario participativo de agua y canales de subcuencas del río Ñum Ñum y micro cuenca quebrada Pencayoc. En la municipalidad de Chirinos (Jaén), consultorías entre otras materia de investigación.

Se señala a Fausta Gutiérrez Dilas, secretaria de la ATDR; por quejas de mal trato a usuarios relacionados con expedientes que coincidentemente son motivo de problemas y conflictos sociales en Cajamarca. Así mismo hay quejas que durante mucho años se ha venido cobrando la suma de un Nuevo Sol, por usuario, sólo por hacer figurar en el padrón caso del que estamos recogiendo información desde Chota hasta Cajamarca donde sabemos hay actas de las reuniones de los pobladores donde se prueban estas acciones.

En el tercer punto, se menciona a Marco Antonio Quilcate Guzmán y Carlos Alberto Niño Castro, quienes desarrollan trabajos topográficos para las comunidades. Esta actuación se encuentra dentro de las prohibiciones a los funcionarios públicos señaladas en la Ley y en su propio contrato, ya que genera un conflicto de interés, ya que será la ex-ADTR la institución que tenga que validar esta información, convirtiéndose en juez y parte. Además que habrían aprovechado su posición como servidores públicos en la ADTR para lograr la realización de estos contratos, obteniendo una ventaja indebida en contra de otros profesionales al hacer usos inadecuado de la información generada por la administración a favor personal.

Además, el conjunto de resoluciones de licencias y permisos emitidos durante la gestión de Abásolo Tejada, deben ser materia de investigación de acuerdo a la reglamentación emitida por la autoridad correspondiente en los años 2006 y 2007 y donde se presume irregularidades.

A TOMAR EN CUENTA

Es necesario averiguar los tramites efectuados por Yanacocha en la caducidad de licencia de 3 canales Encajón - Coyotán, Quishuar, La Shacsha y los tramites del canal Tual, Llagamarca éste último canal con Resolución Ministerial (Lima) y en donde el. Martínez anterior jefe de ATDR ahora responsable de Agua en Yanacocha lo deja sin efecto.

Estas prácticas se han generalizado en parte del personal de ADTR, y genera desconfianza en usuarios de sistemas de agua que perciben a la administración como corrupta generando tensiones en algunas oportunidades conflictos.

RESOLUCIONES

Año 2006

Resolución 410 – 2006 Expediente 1197 del 2006. Se han otorgado 2 licencias para uso Minero y Agrícola con un mismo expediente. Esto es irregular de acuerdo a ley.

Año 2007

Resolución 417, 418 421 Expediente 2353 y 2354.
El expediente es presentado por Rió Tinto el 15 de junio del 2007 para el desarrollo de trabajos.

Este expediente debió ir a Lima por ejecución de obras. Se lo presentó como para permiso.

Resolución 415
Se pide permiso de uso de agua para regado de vías. Se presenta como permiso pero para este caso debe ser una autorización la que se emita y debe ser dada desde Lima.

Resolución 448 GOLDFIELDS (7 septiembre)
Piden autorización para pozo de Agua Subterránea PP3, PP10 y PP16. ATDR otorga esta resolución como permiso. Pero este expediente debió ser revisado y emitido como autorización en Lima.

Año 2008

Resolución 030 - 2008
El expediente es presentado por el 7 de agosto 2006 y la resolución sale el 7 de marzo.

Les dan licencia de uso poblacional. Con caudal de 0.16 m3 pero para cuantas personas alcanzaría este caudal?

Resolución 380 - 2008
Expediente es presentado el 15 de julio del 2008 y emitido el 30 de julio. Para el condominio el Capulí. No cumple con requisitos, exámenes, requisitos para hacer pozos

Diario Panorama Cajamarquino 31/03/2009