ABREN PROCESO PENAL CONTRA 61 PERSONAS TRAS LOS SUCESOS DEL 5 DE JUNIO EN BAGUA
Juzgado penal de Utcubamba alega delitos de homicidio calificado, daños agravados, entre otros. Juzgado ordena la ubicación y captura de los denunciados, así como el embargo preventivo de sus bienes.
Elízabeth Prado.
El primer Juzgado Penal de Utcubamba, a cargo del juez Francisco Miranda Caramutti, decidió abrir proceso penal contra 61 personas por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, atentado contra los medios de transporte público, daños agravados, y otros más.
Entre los denunciados figuran los dirigentes indígenas Segundo Pizango y Santiago Manuin Valera. Este último se encuentra postrado en el hospital Las Mercedes de Chiclayo, tras ser intervenido quirúrgicamente por heridas de bala en la zona abdominal.
Contra estas dos personas y seis dirigentes más el juez ordenó ubicación y captura, así como el embargo preventivo de sus bienes para garantizar el pago íntegro de la posible reparación civil.
Las instituciones estatales señaladas como agraviadas son el Ministerio Público, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la comisaría y el local de Investigaciones de tránsito de la Policía Nacional de esta ciudad y el centro de salud El Milagro.
Los mandatos judiciales contra los 61 denunciados van desde comparecencia simple, comparecencia restringida y mandato de detención.
Vías y ríos liberados
En tanto, las ocho regiones de la amazonía amanecieron con sus vías terrestres y fluviales completamente libres. Después de constatar la derogación de los decretos legislativos 1064 y 1090 por el Congreso de la República miles de nativos retornaron a sus comunidades y dejaron libres las carreteras y ríos. Cumplieron de este modo con el compromiso pactado con el primer ministro Yehude Simon Munaro.
Aunque Abilia Tapullima, del Frente de Defensa de Alto Amazonas, señaló que el restablecimiento del tránsito en la carretera Yurimaguas-Tarapoto dependerá de la derogación de siete leyes más.
Informó también que ya eligieron a los cinco representantes que vendrán a Lima para participar en la mesa de diálogo con el Ejecutivo. Tres pertenecen a Alto Amazonas, uno a Datem del Marañón y otro a la Confederación de Pueblos Indígenas.
El Alto Amazonas, indicó Tapullima, también solicitará la titulación de los territorios comunales amazónicos en su totalidad. “Hemos detectado que se ha titulado a personas extrañas y no lo vamos a permitir”, añadió.
En tanto, el pueblo awajún, que participó en la toma de la vía que une la región Loreto con la región San Martín, ha decidido permanecer en la ciudad de Yurimaguas hasta que cese la persecución judicial de sus dirigentes.
En Ucayali, el último piquete que tomó el río Ucayali en la zona de Iparía abandonó el lugar el mismo jueves después de la derogación de las dos leyes cuestionadas.
EN CUSCO Y APURÍMAC
Samuel Acero Hurtado, dirigente de la base de Chumbivilcas, de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru-Cusco (FARTAC), afirmó que no abandonarán el puente Arturo en Canchis mientras no llegue una comisión de alto nivel desde Lima.
También dijo que hoy se plegarán a la protesta las provincias de Canas y Acomayo. Los campesinos afiliados a FARTAC y la macrorregión sur se alistan para una inmensa movilización el próximo 24 de junio, anunció el dirigente cusqueño.
Mientras, en Andahuaylas, esperan a Yehude Simon el próximo martes. No aceptarán otro interlocutor, dijo Eugenio Allcca Díaz.
La plataforma de lucha de los andahuaylinos incluye el cum-plimiento de los acuerdos con el Ministerio de Agricultura el año 2007, como mayor presupuesto para la región y la implementación de una mesa de diálogo que defina el desarrollo de las comunidades campesinas.
Los delitos y los denunciados
Como presuntos autores directos de homicidio calificados figuran Feliciano Cahuasa Rolin y Ronal Requejo Jima.
Los presuntos autores intelectuales de este delito son: Segundo Pizango Chota,Joel Shimpukat Atsasua, Leo Timias Tananta, Santiago Manuin Valera, Héctor Orlando Requejo Loginote. También José Gilberto Challe Romero y Merino Trigoso Romero.
Por tenencia ilegal de armas, y presuntos autores directos: Feliciano Cahuasa Rolin, Ronal Requejo Jima y Danny López Shawit.
Como autores intelectuales de este último delito están: Segundo Pizango Chota, Joel Shimpukat Atsasua, Leo Timias Tananta, Santiago Manuin Valera, Héctor Orlando Requejo Loginote, Ronal Requejo Jima y José Gilberto Challe Romero.
Los procesados como presuntos autores directos por atentar contra los medios de transporte público, contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la figura de motín así como por atentar contra la tranquilidad pública y el patrimonio son 52 personas.
Y como autores intelectuales de estos mismos delitos se observa una lista de siete personas, entre ellas Santiago Manuin.
Diario La República-Lima 20/06/2009
RELATOR ONU PLANTEA GRUPO INVESTIGADOR CON VEEDORES INTERNACIONALES
James Anaya considera que no hubo genocidio en la amazonía. Observa que hay entendimiento entre gobierno y nativos.
James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, afirmó que existe un clima de cambio y pasos positivos para lograr un entendimiento entre el gobierno y las comunidades nativas.
El alto funcionario fue invitado al Perú para observar los sucesos de Bagua y destacó la derogación de los DL 1090 y 1064 y el inicio del diálogo.
“El gobierno me ha comunicado que se levantará el estado de emergencia en la zona de Bagua, y también hay un nuevo proceso de diálogo en curso con buenas posibilidades para tomar pasos definitivos a soluciones que preocupan a los pueblos indígenas”, señaló.
Anaya planteó la formación de una comisión especial que investigue las muertes en Bagua. “Debería haber una investigación exhaustiva de las operaciones policiales y la actuación de los pueblos indígenas. En esta comisión debe participar una entidad internacional como garante”, expresó.
Dijo que no constató acciones de genocidio: “Genocidio implica exterminio de un pueblo o grupo y, por los hechos vistos, como definición jurídica internacional, no se perciben estos elementos”.
El dato
Exhorto. Anaya llegó al Perú el miércoles 17 para indagar los hechos en Bagua, después de exhortar al gobierno a “adoptar medidas para proteger los derechos fundamentales” de las personas.
Juzgado penal de Utcubamba alega delitos de homicidio calificado, daños agravados, entre otros. Juzgado ordena la ubicación y captura de los denunciados, así como el embargo preventivo de sus bienes.
Elízabeth Prado.
El primer Juzgado Penal de Utcubamba, a cargo del juez Francisco Miranda Caramutti, decidió abrir proceso penal contra 61 personas por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, atentado contra los medios de transporte público, daños agravados, y otros más.
Entre los denunciados figuran los dirigentes indígenas Segundo Pizango y Santiago Manuin Valera. Este último se encuentra postrado en el hospital Las Mercedes de Chiclayo, tras ser intervenido quirúrgicamente por heridas de bala en la zona abdominal.
Contra estas dos personas y seis dirigentes más el juez ordenó ubicación y captura, así como el embargo preventivo de sus bienes para garantizar el pago íntegro de la posible reparación civil.
Las instituciones estatales señaladas como agraviadas son el Ministerio Público, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la comisaría y el local de Investigaciones de tránsito de la Policía Nacional de esta ciudad y el centro de salud El Milagro.
Los mandatos judiciales contra los 61 denunciados van desde comparecencia simple, comparecencia restringida y mandato de detención.
Vías y ríos liberados
En tanto, las ocho regiones de la amazonía amanecieron con sus vías terrestres y fluviales completamente libres. Después de constatar la derogación de los decretos legislativos 1064 y 1090 por el Congreso de la República miles de nativos retornaron a sus comunidades y dejaron libres las carreteras y ríos. Cumplieron de este modo con el compromiso pactado con el primer ministro Yehude Simon Munaro.
Aunque Abilia Tapullima, del Frente de Defensa de Alto Amazonas, señaló que el restablecimiento del tránsito en la carretera Yurimaguas-Tarapoto dependerá de la derogación de siete leyes más.
Informó también que ya eligieron a los cinco representantes que vendrán a Lima para participar en la mesa de diálogo con el Ejecutivo. Tres pertenecen a Alto Amazonas, uno a Datem del Marañón y otro a la Confederación de Pueblos Indígenas.
El Alto Amazonas, indicó Tapullima, también solicitará la titulación de los territorios comunales amazónicos en su totalidad. “Hemos detectado que se ha titulado a personas extrañas y no lo vamos a permitir”, añadió.
En tanto, el pueblo awajún, que participó en la toma de la vía que une la región Loreto con la región San Martín, ha decidido permanecer en la ciudad de Yurimaguas hasta que cese la persecución judicial de sus dirigentes.
En Ucayali, el último piquete que tomó el río Ucayali en la zona de Iparía abandonó el lugar el mismo jueves después de la derogación de las dos leyes cuestionadas.
EN CUSCO Y APURÍMAC
Samuel Acero Hurtado, dirigente de la base de Chumbivilcas, de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru-Cusco (FARTAC), afirmó que no abandonarán el puente Arturo en Canchis mientras no llegue una comisión de alto nivel desde Lima.
También dijo que hoy se plegarán a la protesta las provincias de Canas y Acomayo. Los campesinos afiliados a FARTAC y la macrorregión sur se alistan para una inmensa movilización el próximo 24 de junio, anunció el dirigente cusqueño.
Mientras, en Andahuaylas, esperan a Yehude Simon el próximo martes. No aceptarán otro interlocutor, dijo Eugenio Allcca Díaz.
La plataforma de lucha de los andahuaylinos incluye el cum-plimiento de los acuerdos con el Ministerio de Agricultura el año 2007, como mayor presupuesto para la región y la implementación de una mesa de diálogo que defina el desarrollo de las comunidades campesinas.
Los delitos y los denunciados
Como presuntos autores directos de homicidio calificados figuran Feliciano Cahuasa Rolin y Ronal Requejo Jima.
Los presuntos autores intelectuales de este delito son: Segundo Pizango Chota,Joel Shimpukat Atsasua, Leo Timias Tananta, Santiago Manuin Valera, Héctor Orlando Requejo Loginote. También José Gilberto Challe Romero y Merino Trigoso Romero.
Por tenencia ilegal de armas, y presuntos autores directos: Feliciano Cahuasa Rolin, Ronal Requejo Jima y Danny López Shawit.
Como autores intelectuales de este último delito están: Segundo Pizango Chota, Joel Shimpukat Atsasua, Leo Timias Tananta, Santiago Manuin Valera, Héctor Orlando Requejo Loginote, Ronal Requejo Jima y José Gilberto Challe Romero.
Los procesados como presuntos autores directos por atentar contra los medios de transporte público, contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la figura de motín así como por atentar contra la tranquilidad pública y el patrimonio son 52 personas.
Y como autores intelectuales de estos mismos delitos se observa una lista de siete personas, entre ellas Santiago Manuin.
Diario La República-Lima 20/06/2009
RELATOR ONU PLANTEA GRUPO INVESTIGADOR CON VEEDORES INTERNACIONALES
James Anaya considera que no hubo genocidio en la amazonía. Observa que hay entendimiento entre gobierno y nativos.
James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, afirmó que existe un clima de cambio y pasos positivos para lograr un entendimiento entre el gobierno y las comunidades nativas.
El alto funcionario fue invitado al Perú para observar los sucesos de Bagua y destacó la derogación de los DL 1090 y 1064 y el inicio del diálogo.
“El gobierno me ha comunicado que se levantará el estado de emergencia en la zona de Bagua, y también hay un nuevo proceso de diálogo en curso con buenas posibilidades para tomar pasos definitivos a soluciones que preocupan a los pueblos indígenas”, señaló.
Anaya planteó la formación de una comisión especial que investigue las muertes en Bagua. “Debería haber una investigación exhaustiva de las operaciones policiales y la actuación de los pueblos indígenas. En esta comisión debe participar una entidad internacional como garante”, expresó.
Dijo que no constató acciones de genocidio: “Genocidio implica exterminio de un pueblo o grupo y, por los hechos vistos, como definición jurídica internacional, no se perciben estos elementos”.
El dato
Exhorto. Anaya llegó al Perú el miércoles 17 para indagar los hechos en Bagua, después de exhortar al gobierno a “adoptar medidas para proteger los derechos fundamentales” de las personas.
Diario La República-Lima 20/06/2009
Además, recomendó que el gobierno reevalúe las denuncias contra dirigentes indígenas
RELATOR DE LA ONU PIDIÓ UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA EN MANOS DE UNA COMISIÓN INDEPENDIENTE
Relator de la Naciones Unidas sobre la situación de los pueblos indígenas, James Anaya, pidió una investigación exhaustiva sobre los hechos de violencia sucedidos en Bagua y recomendó que ésta sea realizada por una comisión especial independiente formada no sólo por funcionarios del Estado sino también por instituciones internacionales y representantes de los pueblos indígenas.
El Relator admitió que durante su visita a Bagua había recibido “versiones divergentes y hasta antagónicas sobre los sucesos y las circunstancias en los que éstos se produjeron”.
Por ello, afirmó que el esclarecimiento de los hechos es esencial para la creación de un clima de confianza que permita avanzar en la búsqueda de soluciones con la participación de todas las partes.
Al ser interrogado sobre si durante su visita había recibido testimonios sobre desaparecidos u ocultación de cadáveres, admitió que sí los escuchó, por lo que se entrevistó con la Defensoría del Pueblo.
“Existen testimonios pero no pruebas fehacientes”, declaró. “Con eso no estoy diciendo que todo este bien, sino que estoy llamando a una investigación exhaustiva de una comisión independiente que afronte los hechos de una manera objetiva".
Recomendó reevaluación de acusaciones contra líderes indígenas
Frente a la orden de captura por los delitos de sedición e insurgencia que pesa contra líderes de Aidesep como Alberto Pizango o la orden de captura en contra del dirigente aguaruna Santiago Manuim Valera, recomendó al reevaluación de todos los casos abiertos en contra de dirigentes indígenas.
“Creo que debe haber una reevaluación de las imputaciones con respecto a él (Pizango). No estoy diciendo cual debería ser el resultado de eso. Habría que tomar todos los elementos en consideración”.
Finalmente, James Anaya anunció que realizará una segunda visita a Perú para dar seguimiento a lo observado en esta misión de la ONU.
Relator especial de la ONU, James Lenoir Anaya, niega intervención extranjera. Pide comisión investigadora independiente.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/06/2009
DESCARTA INJERENCIA
Dice que los factores internos crearon el conflicto en la Amazonía.
DETALLE
En horas de la mañana, el relator de la ONU habló con la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, sobre el trabajo humanitario de la Defensoría tras los trágicos acontecimientos de Bagua. El funcionario felicitó la iniciativa de la Defensoría para promover el diálogo y hacer respetar los derechos de los nativos.
El Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas, James J. Lenoir Anaya, confirmó ayer que no hubo intervención de infiltrados extranjeros en la protesta amazónica que por una fracasada intervención policial dejó como saldo más de 30 muertos entre policías y civiles.
Lenoir dijo anoche, luego de su regreso de Bagua, donde habló con los actores de los deplorables sucesos del viernes 5 de junio, que sólo supo de esas noticias (injerencia extranjera) a través de los medios de comunicación, echando por tierra las últimas declaraciones del presidente García, que refirió, en su discurso a los sucesos de Bagua, que “políticos de otros países competidores del Perú buscaban destruir la excelente imagen de nuestra Patria”.
Asimismo, el relator de la ONU exhortó al gobierno a que realice una investigación exhaustiva de lo ocurrido en la selva y recomendó la conformación de una comisión multisectorial independiente, con representantes indígenas e internacionales.
Dijo que debe verificarse el número de muertos, las condiciones en que están viviendo los nativos detenidos, incluir los demás decretos cuestionados en la mesa de diálogo y reevaluar las imputaciones del gobierno hechas a líderes indígenas. Asimismo recomendó el cese a la persecución política en busca de culpables.
Como jurista, Lenoir Anaya afirmó que no vio indicios de genocidio en Bagua, sin embargo resaltó que sólo permaneció en Bagua por espacio de unas horas, motivo de fuerza para una nueva visita al Perú haciendo el seguimiento al tema.
Diario La Primera-Lima 20/06/2009
EN EL PERÚ NO EXISTE INSTITUCIONALIDAD INDÍGENA
Pese a que nuestro país está obligado por el Convenio 169 de la OIT, es preocupante que no existan instituciones representativas que orienten las políticas en materia de comunidades indígenas, señaló Hernán Coronado, representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Practica (CAAAP).
El abogado indicó que la falta de esa institucionalidad indígena en el país redunda en el fracaso de los mecanismos de dialogo que se intentan cuando se producen conflictos y afirmó que los resultados de una mesa de diálogo no serán viables en tanto “no exista una entidad que vele por el cumplimiento de esos acuerdos”.
Aseguró que a raíz de los conflictos en la amazonía por la revocación de los decretos legislativos, los pueblos indígenas se han convertido en el nuevo actor social de la nación.
Coronado Chuecas refirió que el reclamo por la derogatoria de los decretos 1064 y 1090, no fue la causa de los conflictos que vivió la amazonía peruana en los últimos meses. Aseguró que el origen del problema es la reiterada exclusión social que han sufrido los pueblos indígenas, cuyos derechos han sido marginalizados.
Es por ello, explicó el abogado, que la amazonía ha vivido su propio proceso de desarrollo, ajena al desarrollo del resto del país. Lamentó que el gobierno “haya intentado integrarla a su desarrollo, con violencia e irresponsabilidad”.
Hernán Coronado indicó que es necesario fortalecer entre la población lo que significa el derecho a la consulta de las comunidades indígenas. Indicó que este es un derecho único y exclusivo de los pueblos, por tanto requiere de un tratamiento especial que el Estado tiene la obligación de proporcionar.
Aclaró que el derecho a la consulta no puede ser un proceso único, “no se basa en el hecho de preguntarle a un grupo de indígenas o comuneros si están o no de acuerdo con un acto, sino implica un proceso más allá de una sola pregunta que puede formular acuerdos parciales o simplemente no puede tener acuerdos”.
El representante del CAAAP, explicó que el único que debe hacer el llamado y establecer el derecho a la consulta es el Estado. “Cualquier otra forma de manifestación se puede llamar cabildo, audiencia públicas, juntas vecinales, pero no consulta”. Subrayó que tampoco las empresas, ni las mismas organizaciones indígenas son las que deben implementar las consultas.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/06/2009
Director de Radio La Voz demuestra ilegalidad de clausura de la emisora y persecución de sus periodistas.
PRENSA AMENAZADA
“Sólo cumplimos con difundir lo que nos informaban nuestros reporteros”, dijo Flores.
DETALLE
Roberto Pereira, asesor legal de IPYS, presentó un recurso de reconsideración al Ministerio de Transportes. Si no fuera aceptado, la entidad presentará un recurso de amparo basándose en la hipótesis del control de contenidos. Dijo que las declaraciones del premier Simon y la ministra Cabanillas a diversos medios contra la radio, confirmarían la hipótesis.
Carlos Flores, director y propietario de Radio La Voz de Bagua Grande, demostró ayer que las razones del viceministerio de Comunicaciones para quitarle la licencia de funcionamiento de su emisora no tienen asidero legal y que el cierre de su radio es más bien una represalia por difundir la protesta amazónica.
La resolución viceministerial que supuestamente fundamenta la suspensión de la licencia es, según Flores, totalmente falsa, pues la radio cumplió con homologar su antena de transmisión y su transmisor, y que la estación funciona en un local con permiso de la municipalidad porque el asignado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (el cerro La Morería Alta) no cuenta con luz eléctrica ni servicios básicos.
Dijo que el cierre de Radio La Voz es una forma de censurar a la prensa y una represalia porque la emisora hizo un amplio despliegue de noticias y testimonios en torno a la protesta de los nativos y los graves sucesos del trágico 5 de junio, así como en los días posteriores.
Se trata, remarcó, de una medida intolerante de persecución. Informó que el miércoles la Procuraduría del Ministerio de Transportes ha formalizado ante la Fiscalía Provincial de Utcubamba una denuncia contra él y todos los reporteros de la radio por los delitos de apología a la subversión, vandalismo y hasta homicidio culposo.
A su vez, Adriana León, responsable del área de libertad de prensa del IPYS, manifestó que el cierre de Radio La Voz es un mal precedente que afecta directamente a la libertad de prensa y expresión.
“No existen razones legales para el cierre de Radio La Voz, creemos que se usó argumentos jurídicos para controlar los contenidos de la emisora”, declaró León.
Diario La Primera-Lima 20/06/2009
MTC INSISTE EN JUSTIFICAR CIERRE DE RADIO LA VOZ
Pese a lo señalado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y por los directivos de Radio La Voz (Utucubamba), el ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguró que no existe una acción política en el cierre de dicha emisora.
A través de un comunicado, el MTC informó que en el caso de Radio La Voz, se han producido “incumplimientos de sus obligaciones establecidas en la Ley N° 28278, Ley de Radio y Televisión”.
Según este comunicado, una de las faltas de la emisora fue que la emisora estuvo funcionando en una dirección distinta a la autorizada.
“La mencionada radio ha venido y viene funcionando en la dirección Calle Perú N° 181, sector Las Brisas, distrito de Bagua, provincia de Utcubamba; que es diferente a la dirección Cerro Morerilla Alta, distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, que fue la autorizada. El 29 de enero de 2009, Radio La Voz comunicó mediante Escrito de Registro P/ D N° 012410, que estaba funcionando en otra dirección, pero esto solo convalido la infracción cometida”.
Sobre el tema, el abogado Roberto Pereira del IPYS, mencionó en la víspera que la radio informó de la modificación del lugar de funcionamiento de la planta.
Otro aspecto presentado por el MTC es que “la emisora tenía autorización para operar en la frecuencia 102,1 MHz, sin embargo, en una parte de la programación, operaba un enlace auxiliar en la frecuencia 513.25 MHz, que no estaba autorizada; lo cual es calificado como una infracción MUY GRAVE, según el numeral 2 del artículo 87° del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones”.
Sin embargo, los directivos de la radio afirman que una vez que el MTC les hizo la observación, se anuló ese aspecto técnico, para evitar problemas, toda vez que se utilizaba esta señal de corta frecuencia para enviar la señal desde la cabina al transmisor.
Y el último punto del comunicado del MTC asegura que “en el periodo correspondiente entre el 15 de marzo de 2007 y el 15 de marzo de 2008, Radio La Voz no cumplió con homologar los equipos, lo que también es causal de pleno derecho para suspender la licencia. De conformidad con el literal a) del artículo 76 de la Ley de Radio y Televisión, este incumplimiento es calificado como una infracción GRAVE”.
Al respecto, el abogado Pereira, recordó que en enero de este año, La Voz consiguió la homologación de su antena. Sobre la falta de homologación del transmisor, el MTC informó a la emisora que podía hacerlo inscribiéndose al plan anual de homologaciones, pero no le comunicó cuándo debía realizarlo.
Finalmente, el ministerio estipula que “las infracciones cometidas por Radio La Voz, fueron detectadas 07 meses antes de ocurrido los hechos en Bagua, tal como consta en el Acta de Inspección Técnica N°000249-2008 del 23 de noviembre de 2008”, y además establece que el período de evaluación iba del 15 de marzo del 2007 al 15 de marzo del 2008.
Durante este período, la emisora rectificó todas las observaciones hechas por el MTC, e incluso en el mes de marzo del 2009, a través del Oficio 1013-2009, suscrita por el Director General de Control y Supervisión de Comunicaciones, Jorge Apoloni Quispe, se considera procedente su solicitud de homologación expidiéndose el Certificado de Homologación con código Nº ANRA 19340 de fecha 25/02/2009”.
En dicho documento se hace referencia al informe Nº 567-2009/MTC/29301 del 25 de febrero del presente año en el cual se indica que radio La Voz “cumple con las disposiciones de la Ley y su Reglamento General, el Reglamento Específico de Homologación de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones”, entre otros.
Siendo de esta manera que se expidió el certificado, no se entiende como el MTC contradice sus disposiciones, señalando en la Resolución Viceministerial 211-2009, en el quinto párrafo “que, mediante el Informe Nº 6688-2008-MTC/29.02 del 31 de diciembre de 2008 (...) se da cuenta de la inspección técnica efectuada el 23 de noviembre de 2008, la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones emite opinión desfavorable”.
Un dato adicional, en el comunicado el MTC establece que “en el caso de Radio La Voz de Bagua, su año de evaluación es el comprendido entre el 15 de marzo de 2007 y 15 de marzo de 2008”.
Sin embargo, a renglón seguido manifiestan que “en ese periodo durante la evaluación realizada el 23 de noviembre de 2008 se detectaron tres incumplimientos a la Ley, que son causales de pleno derecho para revocar la licencia correspondiente”
Cabe señalar que en el comunicado, el MTC afirma que “la libertad de Expresión y de Prensa está totalmente asegurada y es libre en nuestra democracia”.
Así mismo asegura que “ninguna entidad del Estado, tampoco el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, realiza intervenciones sobre contenidos informativos o líneas periodísticas”.
Sin embargo, llama a la suspicacia, el hecho que la emisora haya sido cerrada cuando, diversos representantes del gobierno y del partido aprista, incluida la ministra del Interior Mercedes Cabanillas, acusaran a esta emisora de asuzar la violencia en Bagua, el viernes 05 de junio.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/06/2009
:: Los llevaron de madrugada
DENUNCIAN TRASLADO IRREGULAR DE PRESOS A CHACHAPOYAS CUANDO RELATOR DE LA ONU LLEGABA A BAGUA
Un total de 18 internos del penal de Bagua Grande fueron trasladados intempestivamente al de Chachapoyas justo en la fecha en que el relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y derechos fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, arribó a Bagua para constatar la situación de la población indígena a dos semanas de los sucesos en dicha ciudad.
Así reveló Ketty Herrera, abogada de la Conferencia Episcopal de Acción Social (CEAS), quien precisó que los detenidos mostraban signos de haber sido golpeados luego de su detención, y le preocupa que pese a que las diligencias judiciales se desarrollaban con regularidad los desplazaron precisamente el día en que el relator llegaba.
“Quizás tenga que ver algo con este proceso y que se haya realizado esta acción, que además contraviene el derecho a la visita porque a los familiares se les hace maś difícil ir al penal”, expresó en declaraciones a la CNR.
La doctora Herrera denunció también que el penal de Chachapoyas tiene condiciones muy frías y que a los internos se los trasladó con la poca ropa que llevaban encima.
“Se está tratando de ver a través de pastoral carcelaria de Chachapoyas brindarles algún tipo de abrigo”.
En otro momento dijo que, según el hijo del dirigente Santiago Manuin —quien inicialmente fue dado por muerto—, habría un contingente policial custodiando el hospital donde está internado, que restringe la visita de familiares e impide cualquier conversación con la prensa.
Como se sabe, el fiscal de Bagua, formuló una denuncia contra el dirigente indígena, ganador del premio Reina Sofía de España, por supuestamente haber participado en el ataque a los policías durante la operación de desalojo en la Curva del Diablo.
Versión coincidente
Por otra parte, el representante legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Juan José Quispe, informó en la misma línea de la representante de CEAS.
Señaló que el domingo se dispuso la excarcelación de mucha gente al abrirse el auto apertura de instrucción, y se dio detención a 18 y comparecencia simple a otro grupo.
“Esos 18 fueron trasladados del penal de Bagua Grande al de Chachapoyas”, afirmó.
Quispe precisó que incluso los jueces penales de Bagua Chica y de Bagua Grande trasladaron su diligencia para el miércoles que viene en el penal de Chachapoyas.
Detalló además que la carretera que va de Bagua a Chachapoyas está cerrada de seis de la mañana a seis de la tarde por obras de restauración que realiza una empresa, por lo que los detenidos fueron transportados por la madrugada, pese a haber toque de queda en la zona.
Además, mencionó que la cárcel de Bagua Grande es para procesados, en tanto que la de Chachapoyas es para reos sentenciados, lo que representa una situación irregular.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 19/06/2009
:: CNR hará públicos el lunes audios y videos tomados el día 5 de junio durante los enfrentamientos. También testimonios que denuncian desapariciones
FIDH: ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO INVESTIGAR LAS DESAPARICIONES
Ex comisionado de la ONU para asuntos indígenas recibió testimonios generalizados de desapariciones
A pesar de haber transcurrido 15 días desde que el desalojo en la carretera Fernando Belaunde Terry inició una espiral de violencia en la región de Bagua un número todavía no esclarecido de personas no han regresado a sus comunidades de origen.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Episcopal de Acción Social y la Defensoría del Pueblo trabajan en la elaboración de informes de personas “no habidas” que no se encuentran en los listados de personas heridas, detenidas o refugiadas en casas parroquiales después de los enfrentamientos entre la policía y los indígenas aguaruna.
La semana pasada, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dio la cifra preliminar de 61 personas desaparecidas, en base a una primera visita a la zona del conflicto.
La Coordinadora Nacional de Radio, a través de Radio La Voz de Utcubamba y Radio Marañón, ha recopilado numerosos testimonios de audio y video de personas que denuncian la desaparición de cadáveres y que piden que investiguen el paradero de sus seres queridos.
Este hecho preocupa a la Federación Internacional de Derechos Humanos, que junto al Comisionado de la ONU para asuntos indígenas, James Anaya, visitó ayer Bagua para levantar información sobre lo que verdaderamente ocurrió el pasado 5 de junio.
“No está claro cuantos muertos hay porque hay muchas denuncias de que han desaparecido cadáveres y mucha gente no encuentra a sus familiares”, denunció en declaraciones a CNR Rodolfo Spavenhagen, ex Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (2001-2008) y miembro de la Federación Internacional de los Derechos Humanos.
“Hemos recopilado tanta información de testigos que han visto cuerpos tirados de muertos en la pista, en el cerro...”, relató en conversación telefónica Spavenhaguen, quien además fue presidente del grupo de expertos de la Organización Internacional de Trabajo que preparó el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas. “Se están reuniendo las listas exactas de cuantas personas fueron victimadas por el ataque”, dijo.
Para el experto internacional es “absolutamente necesario investigar el tema de los desaparecidos”. En ese sentido afirmó que es necesario saber quien dio la orden de desalojo, que se ordenó a la policía y sobre todo porque esta acción no contó con la presencia de un fiscal o de un representante de la Defensoría del Pueblo.
Denuncias de desapariciones son generalizadas
Durante su visita a Bagua constató que las denuncias de desaparición de cadáveres y de familiares que buscan a sus seres queridos “es generalizada”.
Rodolfo Spavenhagen reconoció que es posible que algunos de los desaparecidos se hayan refugiado en el monte o en casas de personas amigas, pero que por lógica, ante el alto número de denuncias de personas no habidas “puede ser también que personas perdieran la vida y los cuerpos no se encuentran o fueron desaparecidos”, por lo que se requiere “una investigación seria por las autoridades”.
Vea también: Nuevas fotos sobre hechos producidos en Bagua el 05 de junio, obtenidas en exclusiva por CNR.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 19/06/2009
RELATOR DE LA ONU PIDIÓ UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA EN MANOS DE UNA COMISIÓN INDEPENDIENTE
Relator de la Naciones Unidas sobre la situación de los pueblos indígenas, James Anaya, pidió una investigación exhaustiva sobre los hechos de violencia sucedidos en Bagua y recomendó que ésta sea realizada por una comisión especial independiente formada no sólo por funcionarios del Estado sino también por instituciones internacionales y representantes de los pueblos indígenas.
El Relator admitió que durante su visita a Bagua había recibido “versiones divergentes y hasta antagónicas sobre los sucesos y las circunstancias en los que éstos se produjeron”.
Por ello, afirmó que el esclarecimiento de los hechos es esencial para la creación de un clima de confianza que permita avanzar en la búsqueda de soluciones con la participación de todas las partes.
Al ser interrogado sobre si durante su visita había recibido testimonios sobre desaparecidos u ocultación de cadáveres, admitió que sí los escuchó, por lo que se entrevistó con la Defensoría del Pueblo.
“Existen testimonios pero no pruebas fehacientes”, declaró. “Con eso no estoy diciendo que todo este bien, sino que estoy llamando a una investigación exhaustiva de una comisión independiente que afronte los hechos de una manera objetiva".
Recomendó reevaluación de acusaciones contra líderes indígenas
Frente a la orden de captura por los delitos de sedición e insurgencia que pesa contra líderes de Aidesep como Alberto Pizango o la orden de captura en contra del dirigente aguaruna Santiago Manuim Valera, recomendó al reevaluación de todos los casos abiertos en contra de dirigentes indígenas.
“Creo que debe haber una reevaluación de las imputaciones con respecto a él (Pizango). No estoy diciendo cual debería ser el resultado de eso. Habría que tomar todos los elementos en consideración”.
Finalmente, James Anaya anunció que realizará una segunda visita a Perú para dar seguimiento a lo observado en esta misión de la ONU.
Relator especial de la ONU, James Lenoir Anaya, niega intervención extranjera. Pide comisión investigadora independiente.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/06/2009
DESCARTA INJERENCIA
Dice que los factores internos crearon el conflicto en la Amazonía.
DETALLE
En horas de la mañana, el relator de la ONU habló con la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, sobre el trabajo humanitario de la Defensoría tras los trágicos acontecimientos de Bagua. El funcionario felicitó la iniciativa de la Defensoría para promover el diálogo y hacer respetar los derechos de los nativos.
El Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas, James J. Lenoir Anaya, confirmó ayer que no hubo intervención de infiltrados extranjeros en la protesta amazónica que por una fracasada intervención policial dejó como saldo más de 30 muertos entre policías y civiles.
Lenoir dijo anoche, luego de su regreso de Bagua, donde habló con los actores de los deplorables sucesos del viernes 5 de junio, que sólo supo de esas noticias (injerencia extranjera) a través de los medios de comunicación, echando por tierra las últimas declaraciones del presidente García, que refirió, en su discurso a los sucesos de Bagua, que “políticos de otros países competidores del Perú buscaban destruir la excelente imagen de nuestra Patria”.
Asimismo, el relator de la ONU exhortó al gobierno a que realice una investigación exhaustiva de lo ocurrido en la selva y recomendó la conformación de una comisión multisectorial independiente, con representantes indígenas e internacionales.
Dijo que debe verificarse el número de muertos, las condiciones en que están viviendo los nativos detenidos, incluir los demás decretos cuestionados en la mesa de diálogo y reevaluar las imputaciones del gobierno hechas a líderes indígenas. Asimismo recomendó el cese a la persecución política en busca de culpables.
Como jurista, Lenoir Anaya afirmó que no vio indicios de genocidio en Bagua, sin embargo resaltó que sólo permaneció en Bagua por espacio de unas horas, motivo de fuerza para una nueva visita al Perú haciendo el seguimiento al tema.
Diario La Primera-Lima 20/06/2009
EN EL PERÚ NO EXISTE INSTITUCIONALIDAD INDÍGENA
Pese a que nuestro país está obligado por el Convenio 169 de la OIT, es preocupante que no existan instituciones representativas que orienten las políticas en materia de comunidades indígenas, señaló Hernán Coronado, representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Practica (CAAAP).
El abogado indicó que la falta de esa institucionalidad indígena en el país redunda en el fracaso de los mecanismos de dialogo que se intentan cuando se producen conflictos y afirmó que los resultados de una mesa de diálogo no serán viables en tanto “no exista una entidad que vele por el cumplimiento de esos acuerdos”.
Aseguró que a raíz de los conflictos en la amazonía por la revocación de los decretos legislativos, los pueblos indígenas se han convertido en el nuevo actor social de la nación.
Coronado Chuecas refirió que el reclamo por la derogatoria de los decretos 1064 y 1090, no fue la causa de los conflictos que vivió la amazonía peruana en los últimos meses. Aseguró que el origen del problema es la reiterada exclusión social que han sufrido los pueblos indígenas, cuyos derechos han sido marginalizados.
Es por ello, explicó el abogado, que la amazonía ha vivido su propio proceso de desarrollo, ajena al desarrollo del resto del país. Lamentó que el gobierno “haya intentado integrarla a su desarrollo, con violencia e irresponsabilidad”.
Hernán Coronado indicó que es necesario fortalecer entre la población lo que significa el derecho a la consulta de las comunidades indígenas. Indicó que este es un derecho único y exclusivo de los pueblos, por tanto requiere de un tratamiento especial que el Estado tiene la obligación de proporcionar.
Aclaró que el derecho a la consulta no puede ser un proceso único, “no se basa en el hecho de preguntarle a un grupo de indígenas o comuneros si están o no de acuerdo con un acto, sino implica un proceso más allá de una sola pregunta que puede formular acuerdos parciales o simplemente no puede tener acuerdos”.
El representante del CAAAP, explicó que el único que debe hacer el llamado y establecer el derecho a la consulta es el Estado. “Cualquier otra forma de manifestación se puede llamar cabildo, audiencia públicas, juntas vecinales, pero no consulta”. Subrayó que tampoco las empresas, ni las mismas organizaciones indígenas son las que deben implementar las consultas.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/06/2009
Director de Radio La Voz demuestra ilegalidad de clausura de la emisora y persecución de sus periodistas.
PRENSA AMENAZADA
“Sólo cumplimos con difundir lo que nos informaban nuestros reporteros”, dijo Flores.
DETALLE
Roberto Pereira, asesor legal de IPYS, presentó un recurso de reconsideración al Ministerio de Transportes. Si no fuera aceptado, la entidad presentará un recurso de amparo basándose en la hipótesis del control de contenidos. Dijo que las declaraciones del premier Simon y la ministra Cabanillas a diversos medios contra la radio, confirmarían la hipótesis.
Carlos Flores, director y propietario de Radio La Voz de Bagua Grande, demostró ayer que las razones del viceministerio de Comunicaciones para quitarle la licencia de funcionamiento de su emisora no tienen asidero legal y que el cierre de su radio es más bien una represalia por difundir la protesta amazónica.
La resolución viceministerial que supuestamente fundamenta la suspensión de la licencia es, según Flores, totalmente falsa, pues la radio cumplió con homologar su antena de transmisión y su transmisor, y que la estación funciona en un local con permiso de la municipalidad porque el asignado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (el cerro La Morería Alta) no cuenta con luz eléctrica ni servicios básicos.
Dijo que el cierre de Radio La Voz es una forma de censurar a la prensa y una represalia porque la emisora hizo un amplio despliegue de noticias y testimonios en torno a la protesta de los nativos y los graves sucesos del trágico 5 de junio, así como en los días posteriores.
Se trata, remarcó, de una medida intolerante de persecución. Informó que el miércoles la Procuraduría del Ministerio de Transportes ha formalizado ante la Fiscalía Provincial de Utcubamba una denuncia contra él y todos los reporteros de la radio por los delitos de apología a la subversión, vandalismo y hasta homicidio culposo.
A su vez, Adriana León, responsable del área de libertad de prensa del IPYS, manifestó que el cierre de Radio La Voz es un mal precedente que afecta directamente a la libertad de prensa y expresión.
“No existen razones legales para el cierre de Radio La Voz, creemos que se usó argumentos jurídicos para controlar los contenidos de la emisora”, declaró León.
Diario La Primera-Lima 20/06/2009
MTC INSISTE EN JUSTIFICAR CIERRE DE RADIO LA VOZ
Pese a lo señalado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y por los directivos de Radio La Voz (Utucubamba), el ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguró que no existe una acción política en el cierre de dicha emisora.
A través de un comunicado, el MTC informó que en el caso de Radio La Voz, se han producido “incumplimientos de sus obligaciones establecidas en la Ley N° 28278, Ley de Radio y Televisión”.
Según este comunicado, una de las faltas de la emisora fue que la emisora estuvo funcionando en una dirección distinta a la autorizada.
“La mencionada radio ha venido y viene funcionando en la dirección Calle Perú N° 181, sector Las Brisas, distrito de Bagua, provincia de Utcubamba; que es diferente a la dirección Cerro Morerilla Alta, distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, que fue la autorizada. El 29 de enero de 2009, Radio La Voz comunicó mediante Escrito de Registro P/ D N° 012410, que estaba funcionando en otra dirección, pero esto solo convalido la infracción cometida”.
Sobre el tema, el abogado Roberto Pereira del IPYS, mencionó en la víspera que la radio informó de la modificación del lugar de funcionamiento de la planta.
Otro aspecto presentado por el MTC es que “la emisora tenía autorización para operar en la frecuencia 102,1 MHz, sin embargo, en una parte de la programación, operaba un enlace auxiliar en la frecuencia 513.25 MHz, que no estaba autorizada; lo cual es calificado como una infracción MUY GRAVE, según el numeral 2 del artículo 87° del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones”.
Sin embargo, los directivos de la radio afirman que una vez que el MTC les hizo la observación, se anuló ese aspecto técnico, para evitar problemas, toda vez que se utilizaba esta señal de corta frecuencia para enviar la señal desde la cabina al transmisor.
Y el último punto del comunicado del MTC asegura que “en el periodo correspondiente entre el 15 de marzo de 2007 y el 15 de marzo de 2008, Radio La Voz no cumplió con homologar los equipos, lo que también es causal de pleno derecho para suspender la licencia. De conformidad con el literal a) del artículo 76 de la Ley de Radio y Televisión, este incumplimiento es calificado como una infracción GRAVE”.
Al respecto, el abogado Pereira, recordó que en enero de este año, La Voz consiguió la homologación de su antena. Sobre la falta de homologación del transmisor, el MTC informó a la emisora que podía hacerlo inscribiéndose al plan anual de homologaciones, pero no le comunicó cuándo debía realizarlo.
Finalmente, el ministerio estipula que “las infracciones cometidas por Radio La Voz, fueron detectadas 07 meses antes de ocurrido los hechos en Bagua, tal como consta en el Acta de Inspección Técnica N°000249-2008 del 23 de noviembre de 2008”, y además establece que el período de evaluación iba del 15 de marzo del 2007 al 15 de marzo del 2008.
Durante este período, la emisora rectificó todas las observaciones hechas por el MTC, e incluso en el mes de marzo del 2009, a través del Oficio 1013-2009, suscrita por el Director General de Control y Supervisión de Comunicaciones, Jorge Apoloni Quispe, se considera procedente su solicitud de homologación expidiéndose el Certificado de Homologación con código Nº ANRA 19340 de fecha 25/02/2009”.
En dicho documento se hace referencia al informe Nº 567-2009/MTC/29301 del 25 de febrero del presente año en el cual se indica que radio La Voz “cumple con las disposiciones de la Ley y su Reglamento General, el Reglamento Específico de Homologación de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones”, entre otros.
Siendo de esta manera que se expidió el certificado, no se entiende como el MTC contradice sus disposiciones, señalando en la Resolución Viceministerial 211-2009, en el quinto párrafo “que, mediante el Informe Nº 6688-2008-MTC/29.02 del 31 de diciembre de 2008 (...) se da cuenta de la inspección técnica efectuada el 23 de noviembre de 2008, la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones emite opinión desfavorable”.
Un dato adicional, en el comunicado el MTC establece que “en el caso de Radio La Voz de Bagua, su año de evaluación es el comprendido entre el 15 de marzo de 2007 y 15 de marzo de 2008”.
Sin embargo, a renglón seguido manifiestan que “en ese periodo durante la evaluación realizada el 23 de noviembre de 2008 se detectaron tres incumplimientos a la Ley, que son causales de pleno derecho para revocar la licencia correspondiente”
Cabe señalar que en el comunicado, el MTC afirma que “la libertad de Expresión y de Prensa está totalmente asegurada y es libre en nuestra democracia”.
Así mismo asegura que “ninguna entidad del Estado, tampoco el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, realiza intervenciones sobre contenidos informativos o líneas periodísticas”.
Sin embargo, llama a la suspicacia, el hecho que la emisora haya sido cerrada cuando, diversos representantes del gobierno y del partido aprista, incluida la ministra del Interior Mercedes Cabanillas, acusaran a esta emisora de asuzar la violencia en Bagua, el viernes 05 de junio.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/06/2009
:: Los llevaron de madrugada
DENUNCIAN TRASLADO IRREGULAR DE PRESOS A CHACHAPOYAS CUANDO RELATOR DE LA ONU LLEGABA A BAGUA
Un total de 18 internos del penal de Bagua Grande fueron trasladados intempestivamente al de Chachapoyas justo en la fecha en que el relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y derechos fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, arribó a Bagua para constatar la situación de la población indígena a dos semanas de los sucesos en dicha ciudad.
Así reveló Ketty Herrera, abogada de la Conferencia Episcopal de Acción Social (CEAS), quien precisó que los detenidos mostraban signos de haber sido golpeados luego de su detención, y le preocupa que pese a que las diligencias judiciales se desarrollaban con regularidad los desplazaron precisamente el día en que el relator llegaba.
“Quizás tenga que ver algo con este proceso y que se haya realizado esta acción, que además contraviene el derecho a la visita porque a los familiares se les hace maś difícil ir al penal”, expresó en declaraciones a la CNR.
La doctora Herrera denunció también que el penal de Chachapoyas tiene condiciones muy frías y que a los internos se los trasladó con la poca ropa que llevaban encima.
“Se está tratando de ver a través de pastoral carcelaria de Chachapoyas brindarles algún tipo de abrigo”.
En otro momento dijo que, según el hijo del dirigente Santiago Manuin —quien inicialmente fue dado por muerto—, habría un contingente policial custodiando el hospital donde está internado, que restringe la visita de familiares e impide cualquier conversación con la prensa.
Como se sabe, el fiscal de Bagua, formuló una denuncia contra el dirigente indígena, ganador del premio Reina Sofía de España, por supuestamente haber participado en el ataque a los policías durante la operación de desalojo en la Curva del Diablo.
Versión coincidente
Por otra parte, el representante legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Juan José Quispe, informó en la misma línea de la representante de CEAS.
Señaló que el domingo se dispuso la excarcelación de mucha gente al abrirse el auto apertura de instrucción, y se dio detención a 18 y comparecencia simple a otro grupo.
“Esos 18 fueron trasladados del penal de Bagua Grande al de Chachapoyas”, afirmó.
Quispe precisó que incluso los jueces penales de Bagua Chica y de Bagua Grande trasladaron su diligencia para el miércoles que viene en el penal de Chachapoyas.
Detalló además que la carretera que va de Bagua a Chachapoyas está cerrada de seis de la mañana a seis de la tarde por obras de restauración que realiza una empresa, por lo que los detenidos fueron transportados por la madrugada, pese a haber toque de queda en la zona.
Además, mencionó que la cárcel de Bagua Grande es para procesados, en tanto que la de Chachapoyas es para reos sentenciados, lo que representa una situación irregular.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 19/06/2009
:: CNR hará públicos el lunes audios y videos tomados el día 5 de junio durante los enfrentamientos. También testimonios que denuncian desapariciones
FIDH: ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO INVESTIGAR LAS DESAPARICIONES
Ex comisionado de la ONU para asuntos indígenas recibió testimonios generalizados de desapariciones
A pesar de haber transcurrido 15 días desde que el desalojo en la carretera Fernando Belaunde Terry inició una espiral de violencia en la región de Bagua un número todavía no esclarecido de personas no han regresado a sus comunidades de origen.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Episcopal de Acción Social y la Defensoría del Pueblo trabajan en la elaboración de informes de personas “no habidas” que no se encuentran en los listados de personas heridas, detenidas o refugiadas en casas parroquiales después de los enfrentamientos entre la policía y los indígenas aguaruna.
La semana pasada, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dio la cifra preliminar de 61 personas desaparecidas, en base a una primera visita a la zona del conflicto.
La Coordinadora Nacional de Radio, a través de Radio La Voz de Utcubamba y Radio Marañón, ha recopilado numerosos testimonios de audio y video de personas que denuncian la desaparición de cadáveres y que piden que investiguen el paradero de sus seres queridos.
Este hecho preocupa a la Federación Internacional de Derechos Humanos, que junto al Comisionado de la ONU para asuntos indígenas, James Anaya, visitó ayer Bagua para levantar información sobre lo que verdaderamente ocurrió el pasado 5 de junio.
“No está claro cuantos muertos hay porque hay muchas denuncias de que han desaparecido cadáveres y mucha gente no encuentra a sus familiares”, denunció en declaraciones a CNR Rodolfo Spavenhagen, ex Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (2001-2008) y miembro de la Federación Internacional de los Derechos Humanos.
“Hemos recopilado tanta información de testigos que han visto cuerpos tirados de muertos en la pista, en el cerro...”, relató en conversación telefónica Spavenhaguen, quien además fue presidente del grupo de expertos de la Organización Internacional de Trabajo que preparó el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas. “Se están reuniendo las listas exactas de cuantas personas fueron victimadas por el ataque”, dijo.
Para el experto internacional es “absolutamente necesario investigar el tema de los desaparecidos”. En ese sentido afirmó que es necesario saber quien dio la orden de desalojo, que se ordenó a la policía y sobre todo porque esta acción no contó con la presencia de un fiscal o de un representante de la Defensoría del Pueblo.
Denuncias de desapariciones son generalizadas
Durante su visita a Bagua constató que las denuncias de desaparición de cadáveres y de familiares que buscan a sus seres queridos “es generalizada”.
Rodolfo Spavenhagen reconoció que es posible que algunos de los desaparecidos se hayan refugiado en el monte o en casas de personas amigas, pero que por lógica, ante el alto número de denuncias de personas no habidas “puede ser también que personas perdieran la vida y los cuerpos no se encuentran o fueron desaparecidos”, por lo que se requiere “una investigación seria por las autoridades”.
Vea también: Nuevas fotos sobre hechos producidos en Bagua el 05 de junio, obtenidas en exclusiva por CNR.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 19/06/2009
