MAJADERÍAS DE “MAJAZ”
Por Roberto Ochoa B.
Ya no se llama Majaz y ya cambió de dueños. Ahora se llama “Minera Río Blanco” y sus propietarios son los del grupo chino Zijin.
Pero las majaderías siguen en Majaz, más precisamente en la provincia piurana de Huancabamba.
Primero contrataron sicarios y atacaron a la población. Y terminaron ofreciendo disculpas. Luego crearon organizaciones “populares” paralelas y hasta acusaron de terroristas a los ronderos y sus dirigentes comuneros. La justicia archivó los casos.
Ahora cambiaron de estrategia. Acaban de fundar la ONG Integrando, vinculada al Grupo Romero y con los mismos dirigentes “populares” asalariados de la minera. Pero lo que no cambia es la matonería.
El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú denunció un atentado contra los comuneros de Segunda y Cajas, en Huancabamba. Y han fundado una seudo Central de Rondas Campesinas (CRC), pese a que existe la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de la Provincia de Huancabamba con autoridades elegidas democráticamente el pasado 5 de junio.
Lo lamentable, empero, es la actitud del gobierno regional de Piura. El viernes 19 de junio, la CRC fue autorizada por el vicepresidente de la región a participar en la Mesa de Diálogo del proyecto Río Blanco. Es decir, el gato de despensero y en complicidad con las autoridades del gobierno regional. ¡Gua!
Diario La República-Lima 22/06/2009
“GOBIERNO DEBE DE DESACTIVAR CONFLICTOS Y BUSCAR EL DIÁLOGO”
Según analistas, gobierno de garcía se enfrenta a su mayor crisis.
Francesca García
Ante la caída de nueve puntos porcentuales en la aprobación de su gestión –según última encuesta de Ipsos Apoyo–, los analistas consideran que el gobierno de Alan García debe cambiar su manera de afrontar los conflictos sociales por una política de diálogo y mayor información.
1] Cambio en la solución de conflictos
La caída en la aprobación nacional de la gestión del presidente Alan García en nueve puntos porcentuales –en comparación con mayo de este año– no se detendrá con la eventual solución de las demandas amazónicas, pues esta continuará mientras las distintas protestas sociales permanezcan latentes, opinó el analista político Sinesio López.
“El problema iniciado en la selva no se resuelve solo con la desaprobación de García, pues mientras no se desactiven estas movilizaciones y protestas, estas seguirán minando la popularidad del presidente”, consideró López Jiménez.
Según el estudioso, es necesario que el gobierno asuma una manera distinta de enfrentar los conflictos, donde a la par debe incidir en una mayor lógica de diálogo que le permita a futuro evitar más caídas.
“García asumió el cargo con la idea de que le habían dado un cheque en blanco”, precisó. En ese sentido, López estimó que de realizarse un relevo en el gabinete ministerial, este no deberá ser integrado por partidarios apristas, sino que deberá estar formado por personas independientes.
2] Subida dependerá de su desempeño
Para el historiador y analista político Antonio Zapata, la actual es la peor crisis que ha atravesado el gobierno, aunque reconoció que la desaprobación presidencial es susceptible a ser ‘revertida o empeorada’, según el desenlace de la crisis social.
“Por ejemplo, si Yehude Simon logra salir adelante, el gobierno va a salvar la cara. De ser así, no hay duda de que subirá unos puntos en las próximas encuestas”, indicó.
Por otra parte, consideró que es importante el cambio en el gabinete ministerial, donde –opinó– se deberían asumir las responsabilidades de las fallas cometidas.
“Nunca como ahora un movimiento social puso en pare al gobierno, ni tampoco hubo tantos muertos. Es la peor catástrofe en la historia de la Policía y la ministra del Interior sigue como si no hubiera sido con ella”, advirtió.
3] Crear instituciones para informar
En opinión de Hugo Neira, analista político y actual director de la Biblioteca Nacional, la principal falla del gobierno, que terminó pasándole la factura política, ha sido la falta de una comunicación efectiva con la población.
“Falta algo más que una mesa de diálogo. Esa mediación no está mal, pero más allá de ellas debe haber aparatos permanentes de información que lleguen a toda la ciudadanía. Se ha hecho un ahorro en comunicación que salió carísimo en términos políticos”, precisó.
Agregó que con este nuevo mecanismo se podría evitar la ‘mala información’, que –resaltó– es un trabajo que no debería ser solucionado por los ministros de Estado ni con gabinetes.
A criterio de Neira, la desaprobación de García no se encuentra en su punto más crítico, pero sí señaló que la actual es, más bien, una crisis general de la clase política.
Diario La República-Lima 22/06/2009
TRABAJADORES DE DOE RUN INICIAN PARO CON BLOQUEO DE LA CARRETERA CENTRAL
Demandan solución al problema de la continuidad de operaciones de planta metalúrgica. Medida sería apoyada por mercados y transportistas
Dos mil 900 trabajadores de la empresa Doe Run Perú de La Oroya iniciaron a la medianoche de ayer un paro indefinido en demanda de solución al problema de la continuidad de operaciones de la planta metalúrgica, manifestó Luis Castillo Carlos, secretario general de la Federación Minera del Perú.
Previéndose el bloqueo de vías, la Policía Nacional recomendó ayer que no salgan vehículos desde Lima hacia la sierra por la Carretera Central, pues de hacerlo serían detenidos por las fuerzas del orden a la altura de Corcona, que se hallan en el lugar desde las 8 p.m.
El paro con cierre de carreteras fue acordado la noche del sábado durante la asamblea de delegados de trabajadores de Doe Run realizada en La Oroya. En esa reunión participaron dirigentes de las organizaciones sociales de la provincia, que anunciaron el apoyo de toda la población de la provincia de Yauli-La Oroya.
Ellos también acordaron rechazar la última propuesta de la empresa Doe Run de postergar hasta el jueves el cierre de operaciones de la planta por 90 días. “Lo que queremos es que se solucione de una vez por todas el problema”, dijeron.
Zócimo Galarza, presidente del comité de lucha de los trabajadores de Doe Run, manifestó que se trata de un paro cívico provincial indefinido, porque se plegaron a él todas las fuerzas organizadas de la provincia y sus distritos.
EL DATO
Toda la provincia de Yauli-La Oroya paralizaría sus actividades. No trabajará el gremio que presta servicio de transporte urbano, interdistrital e interprovincial, así como los comerciantes.
Diario El Comercio-Lima 22/06/2009
TRES MIL TRABAJADORES DE DOE RUN HOY INICIAN HUELGA EN LA OROYA
Empresa rechaza medida y señala que entorpecerá negociaciones para obtener acuerdo. Trabajadores exigen mayores salarios si se suspenden labores.
Ante el anuncio del cierre de las instalaciones de la empresa Doe Run desde hoy y la propuesta de la empresa de pagar en lo sucesivo el 50% de las remuneraciones de los trabajadores, cerca de 3 mil obreros de la metalúrgica iniciarán una marcha por las principales calles de La Oroya (Junín).
Según el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), Luis Castillo, el objetivo de esta huelga es exigir a la empresa minera “pagar el 80% de las remuneraciones (en lugar del 50%) y respetar los puestos de trabajo”.
Por su parte Doe Run Perú en un comunicado de prensa expresó su preocupación por el paro provincial. “Ello entorpecerá el diálogo que mantenemos, por un lado, con los representantes de los trabajadores y autoridades de trabajo, a fin de llegar a un entendimiento para la aplicación de la inevitable suspensión temporal de labores y, por otro lado, con representantes del gobierno y proveedores mineros para alcanzar la pronta solución integral a nuestros problemas económicos y financieros”, indicó.
El dato
Labores. Doe Run también informó que sus trabajadores podrán asistir hoy lunes a su centro de labores en forma normal, en tanto aún no se defina la Suspensión Temporal de Labores.
Diario La República-Lima 22/06/2009
NATIVOS EXIGEN QUE SE INDEMNICE A FAMILIARES DE NATIVOS MUERTOS
Así como el gobierno ha hecho con los policías fallecidos en el ‘Baguazo’. Según varios apus, la derogación de decretos no repara los daños causados por la fallida resolución de la crisis amazónica, sino que ha acentuado rebeldía.
María Elena Hidalgo.
Enviada especial.
Bagua. A días de la derogación de los decretos 1090 y 1064 por el Congreso de La República, la Amazonía no encuentra la calma. Ahora, las comunidades que participaron en el paro amazónico reclaman al Estado un reconocimiento económico para los familiares de los indígenas caídos similares al que el presidente de la República anunció para los deudos de los policías que perdieron la vida el 5 de junio pasado en Bagua. La derogación de los decretos supremos, aseguran, no es suficiente para aplacar el dolor causado a su pueblo.
La República se desplazó esta semana por diferentes comunidades awajún de las cuencas de los ríos Marañón y Santa María de Nieva, de la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, para conocer el sentir de los indígenas tras la derogación de las leyes de la selva, y logró entrevistar a varios apus.
Gerónimo Shacaime Cajinga, de la comunidad de Japaime; Hiran Yanco Bermeo, de Canampa; Benito Taan Wamputs, de Pajacusa; y Marcelo Toledo Puas, de la comunidad de Yawawa, reclaman lo mismo: pensión para los seis nativos asesinados por la policía, cuyas muertes han dejado en el desamparo a sus familiares.
Ni olvido ni perdón
“Hemos perdido a Rommel Tenazoa Sánchez y Jesús Carlos Tsakim, quienes salieron de aquí para defender sus tierras ancestrales y que fueron muertos por mandato del gobierno, que los ha matado sin piedad cuando estaban inofensivos y eso no es justo. Pido a la humanidad que haga justicia en la tierra contra Alan García, y a Dios que lo haga en el cielo. Esto no se puede borrar solo con un decreto derogado. A los awajún nos ha costado seis vidas que Alan García rompa esa hoja y haga una ley nueva conjuntamente con los pueblos indígenas”, expresó indignado el apu de Japaime, Gerónimo Shacaime Cajinga.
Japaime es, sin lugar a dudas, el pueblo que se encuentra más dolido con lo acontecido el 5 de junio pasado. Es una comunidad ubicada en la cuenca del río Santa María de Nieva, adonde se llega desde Bagua luego de 16 horas de viaje por tierra y bote.
De este lugar salieron, un mes antes del choque, 32 indígenas con destino a la Curva del Diablo para defender “su selva” de manera pacífica, pero luego de ese fatídico viernes solo retornaron 30 de ellos.
“Si Alan quiere que lo perdone, que reconozca una indemnización para las familias de los indígenas muertos por los policías. Que se les reconozca igual que a los policías, luego podemos pensar en perdonarlo”, sentencia el apu de la comunidad de Japaime.
A pesar de no contar con bajas entre los que salieron en defensa de sus tierras, en la comunidad de Canampa el sentir es similar.
Así lo hace saber el apu de Canampa, Hiran Yanco Bermeo, quien reclama que así como el presidente anunció la indemnización a los policías por morir realizando su labor y defendiendo el orden, ellos exigen que de igual manera se pague por la muerte de sus hermanos que cayeron defendiendo su territorio.
“Aquí no hay diferencias. Somos humanos como ellos y el gobierno debe reconocer a las viudas que se han quedado con sus hijos huérfanos y que no tienen ningún ingreso”, advirtió.
EN REBELDÍA
Canampa, comunidad a la que se llega desde Bagua luego de viajar 10 horas por auto y surcar durante cinco horas el río Marañón, no perdona la actitud que, afirma, el gobierno ha tomado en contra de su pueblo y hasta se atreven en su rebeldía a desconocer a Alan García como su presidente.
“Alan García ha ordenado una matanza y cree que derogando las leyes se va a ir tranquilo? Él ha atacado al pueblo awajún que ha salido a defender lo que considera suyo. Nos ha atacado por aire y tierra cuando nosotros solo teníamos lanzas, y eso es cobardía. Los awajún no reconocemos a ese señor como nuestro presidente. Él se quedará contento con su derogatoria, pero nosotros no estamos contentos, no estamos bien. Estamos aislados, soportando la indiferencia de un gobierno que nunca se preocupó por nosotros, y que para ser tomados en cuenta nos obliga a salir de nuestras comunidades y viajar durante días para tomar alguna carretera importante que llame su atención”, expresa indignado el apu Hiran Yanco, de Canampa.
DÍAS DE SOBREVIVENCIA
Y Yanco tiene razón, las comunidades de la Amazonía se encuentran olvidadas por el Estado. En sus comunidades no existen postas médicas ni escuelas. Los indígenas sobreviven con sus cultivos que principalmente son el plátano y la yuca, los que constituyen el 80% de su dieta alimenticia.
Consumir carne es un lujo para los awajún dado que la caza es cada día más difícil por la extinción de los animales del monte. La pesca tampoco es la solución. El principal pez que habita en sus ríos es la carachama, que en el mejor de los casos alcanza los 6 cm de largo.
Comprar carnes está fuera de su alcance, pues el poder adquisitivo de los nativos de estas comunidades es paupérrima. Por un racimo de plátano de más de 100 unidades los comerciantes pagan entre 3 y 5 soles, dependiendo de la calidad; sin embargo, un kilo de pollo les es vendido a 15 soles.
La sobrevaloración de precios de los productos foráneos es habitual en las cinco cuencas del Amazonas, que en el mejor de los casos se elevan al doble de su valor real.
Derogación no los calma
La anulación de los decretos supremos no ha cambiado mucho el resentimiento de los nativos ante el gobierno. Benito Taan Wamputs, apu de la comunidad de Pajacusa, en la cuenca del marañón, responsabiliza también a Alan García.
“No lo reconocemos como presidente del Perú porque no nos representa. Su gobierno nunca nos ha apoyado. Nosotros vivimos de nuestro trabajo y sacrificio”, manifiesta.
Referente al tema de las indemnizaciones, Taan es claro: “No vamos a permitir que se reconozca solo a los policías muertos, que a ellos se les dé miles de soles y que a la familia de los nuestros los dejen desamparados. Nuestros indígenas deben ser reconocidos tanto como los policías”.
A pesar de contar con poca información sobre los desaparecidos, la identidad y su procedencia, lo que también reclaman los apus al gobierno es que les sean entregados los cuerpos de sus hermanos de raza que, consideran, han sido muertos por las fuerzas del orden. Asimismo, reclaman por sus compañeros detenidos.
Datos
Detenidos. Los detenidos a los que el apu de Canampa, Hiram Yanco Bermeo, se refiere son: Jamer Tetsa Tsenguan (16) y Dekentai Reátegui Sixto (23), ambos proceden de una comunidad localizada en la cuenca de Santa María de Nieva.
Cargos. Ellos han sido acusados de asesinar y arrebatar las armas de los policías muertos en la Curva del Diablo y en la Estación 6, en los incidentes iniciados el viernes 5 de junio.
“La selva nos da la vida”
“Nuestro pueblo está conforme con la derogación de los decretos, pero no podemos estar totalmente contentos porque nos agobia la preocupación por recuperar la libertad de nuestros hermanos detenidos y los cuerpos de hermanos desaparecidos, así sea hueso por hueso”, declaró el apu de la comunidad de Canampa, Hiran Yanco Bermeo.
“El 5 de junio fuimos con nuestras lanzas porque es nuestro símbolo awajún y por ellas nos han tildado de terroristas. Este hecho demuestra el desconocimiento del presidente sobre nuestra cultura”, prosiguió.
“La selva es el corazón de nuestras vidas –agregó–, y sin ella sufriremos. La selva nos da la lluvia que crea la vida, nos da el palmiche con el que hacemos nuestras casas, nos abastece, y por eso nosotros la cuidamos como ella nos cuida”.
Diario La República-Lima 22/06/2009
Dirigentes exigen derogatoria de otros decretos, y volver realidad la región “Juan Santos Atahualpa”.
NATIVOS PIDEN NUEVA REGIÓN EN LA SELVA
Pedidos en espera. No todo es derogar los decretos 1090 y 1064.
DETALLE
El Fredersec está integrado por 10 organizaciones como la Asociación de Nacionalidades Asháninkas del Pichis, Federación de Comunidades Nativas Yanesha, la Central Asháninka del Río Tambo, Organización de Comunidades Nativas Nomatseguengas de Pangoa, etc. Su pliego de reclamos incluye el pedido de una nueva Constitución política del Estado.
Los dirigentes yaneshas del Frente de Defensa Regional de la Selva Central (Fredersec) descartaron ayer que las organizaciones indígenas de las regiones de la selva central hayan decidido culminar la protesta amazónica, tras la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064. Es más, la lucha sigue, motivada por la derogatoria de los otros decretos y la creación de una nueva región que, sin ser reconocida por el Estado, existe desde 1901.
El presidente del Fredersec, Teófilo Vallejos Ramos, dijo a LA PRIMERA que las medidas de lucha, como los bloqueos de carretera, sólo han sido suspendidas momentáneamente, pero que el objetivo de los pueblos amazónicos es que los decretos 994, 995, 997, 1013, 1014, 1020, 1035, 1039, 1040, 1042, 1060, 1075, 1080, 1084 y 1089, sean derogados también por el Congreso.
“No es que la huelga se haya solucionado con la derogatoria del 1090 y el 1064, sino que hay muchos más decretos que deben ser derogados. Sólo hemos suspendido los bloqueos para que podamos discutir la derogatoria de los demás decretos”, refirió.
Nueva región
El secretario general de Fredersec, Josué Ballesteros Mateo, agregó a esto que los pueblos amazónicos de la selva central exigen la creación de una nueva región que abarque las provincias de Chanchamayo, Satipo, Oxapampa y Puerto Inca selváticas del centro del país.
“El nombre de la provincia sería ‘Juan Santos Atahualpa’. Ya fue formada en 1901 por la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec). Esta región debe estar formada por Oxapampa, Loma Linda, La Merced Puerto Bermúdez, Puerto Inca, Pichanaqui, entre otros”, expresó.
Asimismo, el dirigente informó que las comunidades nativas de la selva central alistan una movilización, el 8 de julio, a Lima para exigir el cese de la persecución judicial en contra de sus dirigentes.
Diario La Primera-Lima 22/06/2009
TRAS LA VIOLENCIA EN AMAZONAS, LAS OFENSAS TARDAN MÁS EN CURAR
Muchos indígenas no han vuelto a casa debido al desorden tras enfrentamiento. Nieva, capital de la provincia, quedó sin clases, sin juez, sin fiscal ni policías
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Por: Roxabel Ramón Enviada especial
El río Marañón está crecido por estos días. Para los awajun y wampis, que habitan sus márgenes a lo largo de la provincia de Condorcanqui (Amazonas), esa es una señal de que sus hijos regresarán. Vivos o muertos. En la comunidad de Canampa, niños calatos hacen clavados sobre pozas cristalinas mientras los adultos vigilan por turnos ese cauce agitado de olas brillantes.
El ritual se repite en las otras cuatro cuencas de la provincia: Domingusa, Cenepa, Nieva y Santiago. Y el domingo pasado la alegría se trasladó en peque peque a la comunidad wampis de Chapiza: de la embarcación saltaron los hermanos Lidia y Euclides. Ellos llegaron sonrientes a pesar de haber dedicado veinte horas a un viaje de caminos imposibles, que emprendieron tras haber permanecido cinco días ocultos en una casa de Bagua.
Ellos y otros cuatro mil indígenas del pueblo jíbaro (awajun y wampis) salieron hace dos meses de casi 200 comunidades asentadas en la selva espesa de Condorcanqui, para sumarse a la toma de la carretera Fernando Belaunde, en Bagua. A su paso obligado por el pequeño poblado de Nieva, capital de la provincia, recibieron respaldo y provisiones de los pocos mestizos que viven allí.
“Pasaban con sus lanzas de palmera diciendo que iban a hacerse escuchar por el gobierno. Pedían que los acompañáramos, pero nosotros qué vamos a resistir. Ellos con su masato sí pueden aguantar meses”, dice Élida Álvarez, cajamarquina afincada en Nieva desde hace 15 años.
Unos 20 choferes de colectivo que hacen la ruta Bagua-Nieva los llevaron en varias vueltas. Camioneros, balseros y dueños de restaurantes también pusieron su cuota y varios mestizos se sumaron a la toma. Unos por convicción, otros por miedo a ser “ishangueados” (castigo que los indígenas infligen a los colonos que se portan mal, azotándolos con ramas de ortiga).
Cuando el último 5 de junio la protesta terminó en matanza —las cifras oficiales hablan de 34 peruanos muertos, entre policías y civiles—, Nieva se quedó sin comisaría, sin fiscalía, sin juzgado, sin clases. Los empleados públicos, así como muchos colonos salieron en estampida por temor a represalias. Los que se quedaron ni pudieron dormir, pues conocen la tradición bélica de los jíbaros y el alto sentido de obligación de vengar la muerte de los suyos.
“El que no mata al que mató a su hermano se vuelve en un objeto de burla en la comunidad”, explica Hermenegildo Espejo, joven awajun que estudia Lingüística en San Marcos. Agrega que sus paisanos sirvieron con inusual coraje en la guerra del Cenepa (1995), no tanto en nombre del Perú —ese país lejano que nunca les dio nada, pero siempre les ha pedido soldados y riquezas—, sino para vengar a los hermanos que caían en manos ecuatorianas.
“Creímos que volverían a matarnos, pero volvieron tristes, diciendo que había sido un error matarse entre hermanos (indígenas y policías). Los más políticos decían que habían caído en una trampa del gobierno”, narran los esposos Álvarez, dueños de un hotel en Nieva.
LA SELVA ES NUESTRA MADRE
“Nosotros no queremos comprar agua, queremos tomarla del río. Esa es nuestra alegría”, se expresa en accidentado castellano Teresa Bermeo, matriarca de Canampa. Hundiendo sus tobillos ágiles en el barro, nos lleva a casa de Noria. Otra abuela que llora cantando (la melodía se llama “anem”) la ausencia de su nieto de 15 años: Jamer Tetsa.
Según la Defensoría del Pueblo, Jamer fue llevado a un centro para menores en Chiclayo porque cargaba un arma que habría recogido en la Curva del Diablo, ese tramo de nombre presagioso en la carretera Belaunde. A su abuela nadie le ha dicho aún dónde está su único compañero.
Tras el enfrentamiento, los apus de las cinco cuencas dieron cuenta de unos 400 ausentes. Cifra que va disminuyendo a medida que los indígenas retornan a casa. Vivos. O muertos, como José Timias (18) y Romel Tenazoa (25), de la comunidad de Japayme. Uno era escolar, el otro sirvió en el ejército y era padre de familia. Ambos cultivaban chacras.
VERSIÓN QUE SIEMBRA DUDA
El apu de Canampa pidió permiso a la asamblea para que periodistas de El Comercio entrasen a la comunidad. “Van a escucharlos y van a llevar el mensaje a Lima”, los convenció en awajun. “Queremos los cuerpos de nuestros hermanos, que la policía se llevó en helicópteros”, respondieron varias voces. “Nos han dicho salvajes genocidas. ¿Acaso todos los indígenas hemos matado?”.
En Bagua contactamos con dirigentes indígenas en la clandestinidad, como Nélida Calvo, Mateo Inpi o Edwin Montenegro, quienes repiten esa versión sin señalar nombres ni pruebas. La prensa local se suma a su difusión, que llega a Condorcanqui como un “naeddeswgki” o una lanza hiriente.
Levantan toque de queda en Bagua
Después de quince días se levantó el toque de queda en las provincias de Bagua y Utcubamba en la región Amazonas y en Jaén y San Ignacio en Cajamarca. Sin embargo, el estado de emergencia continúa en estas localidades. Ahora los pobladores podrán retomar su rutina nocturna, tanto para el negocio como para la diversión.
Diario El Comercio-Lima 21/06/2009
:: Misión internacional exige investigación
AFIRMAN QUE HUBO VIOLACIONES A DDHH EN BAGUA
Una misión de representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) llegó a nuestro país para labores de observación en la zona donde se produjo los enfrentamientos entre nativos y policías el 5 de junio y constató violaciones de derechos humanos a la población originaria.
En la visita que realizaron a las zonas de Bagua Grande, Bagua y Jaén entre el 16 y 19 de junio recibieron denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, práctica de tortura a nativos awajún por agentes de la Dinoes, detenciones ilegales y ocultamiento de información.
Además, se entrevistaron con el premier Yehude Simon y el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, organismos de derechos humanos, instituciones como Aidesep y líderes nativos, y concluyeron en la necesidad de crear una comisión independiente que investigue los sucesos y cuente con la participación de organismos internacionales.
El mexicano Rodolfo Stavenhagen, ex relator de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, denunció la inexistencia de un informe policial sobre el operativo de desalojo de la carretera Fernando Belaúnde el día de los enfrentamientos.
Por ello, la información que pudo recavar fue que la policía ingresó sin previo aviso a la población y que actuó con fuerza excesiva. “Todo esto constituye un cuadro de violaciones a los derechos humanos”.
A su turno, la religiosa Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y presidenta de la Comisión de la Verdad de dicho país, afirmó que tras visitar el lugar vio que la población siente temor y desconfianza por el hostigamiento y persecución contra líderes y comuneros.
Luego de lamentar el fallecimiento de los policías y expresar sus condolencias a los familiares de los mismos, reiteró la denuncia de días pasados sobre el traslado irregular de 18 detenidos del penal de Bagua Grande al de Chachapoyas en fechas coincidentes con el arribo al lugar del relator de Naciones Unidas, James Anaya.
Expresó su preocupación por la situación del dirigente awajún Santiago Manuim Valera, quien recibió ocho balazos en el abdomen y pese a lo cual la policía espera su recuperación para ejecutar la orden de captura en su contra.
Ambos observadores anunciaron finalmente que en dos meses emitirán un informe sobre la visita de cinco días a la amazonía y lo entregarán al gobierno peruano.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/06/2009
DENUNCIAN QUE FISCALÍA SE NIEGA A INVESTIGAR MUERTE DE NATIVOS
Luego de recibir denuncias por homicidio y lesiones graves de siete pobladores a consecuencia de los enfrentamientos del 5 de junio, la Primera Fiscalía Provincial de Utcubamba decidió no investigar los casos y archivarlos provisionalmente.
Así reveló el miembro del equipo legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Juan José Quispe, quien explicó que la decisión del Ministerio Público de archivar las denuncias se ampara en que no se ha individualizado a los policías autores.
“Archivar provisionalmente significa que la investigación está durmiendo en la esquina de los recuerdos”, dijo y detalló que ante la situación Aprodeh activó la denuncia ante la primera fiscalía provincial a afectos de que investiguen estos homicidios y lesiones.
El representante de APRODEH, Contó que se entrevistó con las víctimas y pudo comprobar que había personas con huellas de profundos orificios de entrada y de salida, con consecuencias posteriores. “Ellos, a diferencia de los deudos de los policías, no reciben nada, y será en el marco de un proceso penal donde se incorpore al Estado como tercero civil responsable para que den una indemnización a los familiares de estas personas”, indicó.
Las denuncias que la fiscalía se niega a investigar son las de Rufina Linares Terrones, por el homicidio de su conviviente Alejandro Salazar Huamán; de Sandra Jacqueline Oblitas Torres, por la muerte de su pareja Porfirio Coronel Jiménez; del profesor Leodoro Gonzales Uriarte, por las lesiones graves que ha sufrido; del también profesor Julio César Vásquez Elera por lesiones graves; de José Santos Adrianzén Medina, por lesiones leves con un proyectil de arma de fuego; de Claudina Pérez Navarro, sobre lesiones graves que sufrió su nieta de siete años Lady Luz Montes Gonzales, a quien hasta la fecha no le extirpan una bala, y de Elia Flor Vásquez Rodrigo, por las lesiones graves de su hermano Geiner Briones Rodrigo.
Informe no habido
Por otra parte, el doctor Quispe —quien visitó la zona en dos oportunidades luego del conflicto y estuvo presente en la conferencia de prensa convocada por la FIDH—, reveló también que la policía se niega a entregar a la fiscalía el informe del operativo de desalojo del 5 de junio en el que murieron más de 30 personas entre policías, civiles y nativos.
Anunció por ello que Aprodeh está evaluando pedir a la fiscalía que solicite al juez una orden de allanamiento a los locales policiales de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), que debían entregar el informe sobre la operación y se niegan a hacerlo.
Sospechan 'chuponeo'
Juan José Quispe denunció, además, que las llamadas telefónicas que realiza a sus defendidos en la amazonía están siendo interceptadas.
Relató que en Bagua cuando conversaba telefónicamente con uno de sus defendidos apareció un mensaje en su teléfono celular que decía “llamada interceptada por otro interlocutor”, y mientras hablaba escuchaba unas voces lejanas al fondo.
Atribuyó el caso a que la labor y la posición de Aprodeh y de él como abogado de la institución ya es conocida en la zona de conflictos.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/06/2009
Por Roberto Ochoa B.
Ya no se llama Majaz y ya cambió de dueños. Ahora se llama “Minera Río Blanco” y sus propietarios son los del grupo chino Zijin.
Pero las majaderías siguen en Majaz, más precisamente en la provincia piurana de Huancabamba.
Primero contrataron sicarios y atacaron a la población. Y terminaron ofreciendo disculpas. Luego crearon organizaciones “populares” paralelas y hasta acusaron de terroristas a los ronderos y sus dirigentes comuneros. La justicia archivó los casos.
Ahora cambiaron de estrategia. Acaban de fundar la ONG Integrando, vinculada al Grupo Romero y con los mismos dirigentes “populares” asalariados de la minera. Pero lo que no cambia es la matonería.
El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú denunció un atentado contra los comuneros de Segunda y Cajas, en Huancabamba. Y han fundado una seudo Central de Rondas Campesinas (CRC), pese a que existe la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de la Provincia de Huancabamba con autoridades elegidas democráticamente el pasado 5 de junio.
Lo lamentable, empero, es la actitud del gobierno regional de Piura. El viernes 19 de junio, la CRC fue autorizada por el vicepresidente de la región a participar en la Mesa de Diálogo del proyecto Río Blanco. Es decir, el gato de despensero y en complicidad con las autoridades del gobierno regional. ¡Gua!
Diario La República-Lima 22/06/2009
“GOBIERNO DEBE DE DESACTIVAR CONFLICTOS Y BUSCAR EL DIÁLOGO”
Según analistas, gobierno de garcía se enfrenta a su mayor crisis.
Francesca García
Ante la caída de nueve puntos porcentuales en la aprobación de su gestión –según última encuesta de Ipsos Apoyo–, los analistas consideran que el gobierno de Alan García debe cambiar su manera de afrontar los conflictos sociales por una política de diálogo y mayor información.
1] Cambio en la solución de conflictos
La caída en la aprobación nacional de la gestión del presidente Alan García en nueve puntos porcentuales –en comparación con mayo de este año– no se detendrá con la eventual solución de las demandas amazónicas, pues esta continuará mientras las distintas protestas sociales permanezcan latentes, opinó el analista político Sinesio López.
“El problema iniciado en la selva no se resuelve solo con la desaprobación de García, pues mientras no se desactiven estas movilizaciones y protestas, estas seguirán minando la popularidad del presidente”, consideró López Jiménez.
Según el estudioso, es necesario que el gobierno asuma una manera distinta de enfrentar los conflictos, donde a la par debe incidir en una mayor lógica de diálogo que le permita a futuro evitar más caídas.
“García asumió el cargo con la idea de que le habían dado un cheque en blanco”, precisó. En ese sentido, López estimó que de realizarse un relevo en el gabinete ministerial, este no deberá ser integrado por partidarios apristas, sino que deberá estar formado por personas independientes.
2] Subida dependerá de su desempeño
Para el historiador y analista político Antonio Zapata, la actual es la peor crisis que ha atravesado el gobierno, aunque reconoció que la desaprobación presidencial es susceptible a ser ‘revertida o empeorada’, según el desenlace de la crisis social.
“Por ejemplo, si Yehude Simon logra salir adelante, el gobierno va a salvar la cara. De ser así, no hay duda de que subirá unos puntos en las próximas encuestas”, indicó.
Por otra parte, consideró que es importante el cambio en el gabinete ministerial, donde –opinó– se deberían asumir las responsabilidades de las fallas cometidas.
“Nunca como ahora un movimiento social puso en pare al gobierno, ni tampoco hubo tantos muertos. Es la peor catástrofe en la historia de la Policía y la ministra del Interior sigue como si no hubiera sido con ella”, advirtió.
3] Crear instituciones para informar
En opinión de Hugo Neira, analista político y actual director de la Biblioteca Nacional, la principal falla del gobierno, que terminó pasándole la factura política, ha sido la falta de una comunicación efectiva con la población.
“Falta algo más que una mesa de diálogo. Esa mediación no está mal, pero más allá de ellas debe haber aparatos permanentes de información que lleguen a toda la ciudadanía. Se ha hecho un ahorro en comunicación que salió carísimo en términos políticos”, precisó.
Agregó que con este nuevo mecanismo se podría evitar la ‘mala información’, que –resaltó– es un trabajo que no debería ser solucionado por los ministros de Estado ni con gabinetes.
A criterio de Neira, la desaprobación de García no se encuentra en su punto más crítico, pero sí señaló que la actual es, más bien, una crisis general de la clase política.
Diario La República-Lima 22/06/2009
TRABAJADORES DE DOE RUN INICIAN PARO CON BLOQUEO DE LA CARRETERA CENTRAL
Demandan solución al problema de la continuidad de operaciones de planta metalúrgica. Medida sería apoyada por mercados y transportistas
Dos mil 900 trabajadores de la empresa Doe Run Perú de La Oroya iniciaron a la medianoche de ayer un paro indefinido en demanda de solución al problema de la continuidad de operaciones de la planta metalúrgica, manifestó Luis Castillo Carlos, secretario general de la Federación Minera del Perú.
Previéndose el bloqueo de vías, la Policía Nacional recomendó ayer que no salgan vehículos desde Lima hacia la sierra por la Carretera Central, pues de hacerlo serían detenidos por las fuerzas del orden a la altura de Corcona, que se hallan en el lugar desde las 8 p.m.
El paro con cierre de carreteras fue acordado la noche del sábado durante la asamblea de delegados de trabajadores de Doe Run realizada en La Oroya. En esa reunión participaron dirigentes de las organizaciones sociales de la provincia, que anunciaron el apoyo de toda la población de la provincia de Yauli-La Oroya.
Ellos también acordaron rechazar la última propuesta de la empresa Doe Run de postergar hasta el jueves el cierre de operaciones de la planta por 90 días. “Lo que queremos es que se solucione de una vez por todas el problema”, dijeron.
Zócimo Galarza, presidente del comité de lucha de los trabajadores de Doe Run, manifestó que se trata de un paro cívico provincial indefinido, porque se plegaron a él todas las fuerzas organizadas de la provincia y sus distritos.
EL DATO
Toda la provincia de Yauli-La Oroya paralizaría sus actividades. No trabajará el gremio que presta servicio de transporte urbano, interdistrital e interprovincial, así como los comerciantes.
Diario El Comercio-Lima 22/06/2009
TRES MIL TRABAJADORES DE DOE RUN HOY INICIAN HUELGA EN LA OROYA
Empresa rechaza medida y señala que entorpecerá negociaciones para obtener acuerdo. Trabajadores exigen mayores salarios si se suspenden labores.
Ante el anuncio del cierre de las instalaciones de la empresa Doe Run desde hoy y la propuesta de la empresa de pagar en lo sucesivo el 50% de las remuneraciones de los trabajadores, cerca de 3 mil obreros de la metalúrgica iniciarán una marcha por las principales calles de La Oroya (Junín).
Según el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), Luis Castillo, el objetivo de esta huelga es exigir a la empresa minera “pagar el 80% de las remuneraciones (en lugar del 50%) y respetar los puestos de trabajo”.
Por su parte Doe Run Perú en un comunicado de prensa expresó su preocupación por el paro provincial. “Ello entorpecerá el diálogo que mantenemos, por un lado, con los representantes de los trabajadores y autoridades de trabajo, a fin de llegar a un entendimiento para la aplicación de la inevitable suspensión temporal de labores y, por otro lado, con representantes del gobierno y proveedores mineros para alcanzar la pronta solución integral a nuestros problemas económicos y financieros”, indicó.
El dato
Labores. Doe Run también informó que sus trabajadores podrán asistir hoy lunes a su centro de labores en forma normal, en tanto aún no se defina la Suspensión Temporal de Labores.
Diario La República-Lima 22/06/2009
NATIVOS EXIGEN QUE SE INDEMNICE A FAMILIARES DE NATIVOS MUERTOS
Así como el gobierno ha hecho con los policías fallecidos en el ‘Baguazo’. Según varios apus, la derogación de decretos no repara los daños causados por la fallida resolución de la crisis amazónica, sino que ha acentuado rebeldía.
María Elena Hidalgo.
Enviada especial.
Bagua. A días de la derogación de los decretos 1090 y 1064 por el Congreso de La República, la Amazonía no encuentra la calma. Ahora, las comunidades que participaron en el paro amazónico reclaman al Estado un reconocimiento económico para los familiares de los indígenas caídos similares al que el presidente de la República anunció para los deudos de los policías que perdieron la vida el 5 de junio pasado en Bagua. La derogación de los decretos supremos, aseguran, no es suficiente para aplacar el dolor causado a su pueblo.
La República se desplazó esta semana por diferentes comunidades awajún de las cuencas de los ríos Marañón y Santa María de Nieva, de la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, para conocer el sentir de los indígenas tras la derogación de las leyes de la selva, y logró entrevistar a varios apus.
Gerónimo Shacaime Cajinga, de la comunidad de Japaime; Hiran Yanco Bermeo, de Canampa; Benito Taan Wamputs, de Pajacusa; y Marcelo Toledo Puas, de la comunidad de Yawawa, reclaman lo mismo: pensión para los seis nativos asesinados por la policía, cuyas muertes han dejado en el desamparo a sus familiares.
Ni olvido ni perdón
“Hemos perdido a Rommel Tenazoa Sánchez y Jesús Carlos Tsakim, quienes salieron de aquí para defender sus tierras ancestrales y que fueron muertos por mandato del gobierno, que los ha matado sin piedad cuando estaban inofensivos y eso no es justo. Pido a la humanidad que haga justicia en la tierra contra Alan García, y a Dios que lo haga en el cielo. Esto no se puede borrar solo con un decreto derogado. A los awajún nos ha costado seis vidas que Alan García rompa esa hoja y haga una ley nueva conjuntamente con los pueblos indígenas”, expresó indignado el apu de Japaime, Gerónimo Shacaime Cajinga.
Japaime es, sin lugar a dudas, el pueblo que se encuentra más dolido con lo acontecido el 5 de junio pasado. Es una comunidad ubicada en la cuenca del río Santa María de Nieva, adonde se llega desde Bagua luego de 16 horas de viaje por tierra y bote.
De este lugar salieron, un mes antes del choque, 32 indígenas con destino a la Curva del Diablo para defender “su selva” de manera pacífica, pero luego de ese fatídico viernes solo retornaron 30 de ellos.
“Si Alan quiere que lo perdone, que reconozca una indemnización para las familias de los indígenas muertos por los policías. Que se les reconozca igual que a los policías, luego podemos pensar en perdonarlo”, sentencia el apu de la comunidad de Japaime.
A pesar de no contar con bajas entre los que salieron en defensa de sus tierras, en la comunidad de Canampa el sentir es similar.
Así lo hace saber el apu de Canampa, Hiran Yanco Bermeo, quien reclama que así como el presidente anunció la indemnización a los policías por morir realizando su labor y defendiendo el orden, ellos exigen que de igual manera se pague por la muerte de sus hermanos que cayeron defendiendo su territorio.
“Aquí no hay diferencias. Somos humanos como ellos y el gobierno debe reconocer a las viudas que se han quedado con sus hijos huérfanos y que no tienen ningún ingreso”, advirtió.
EN REBELDÍA
Canampa, comunidad a la que se llega desde Bagua luego de viajar 10 horas por auto y surcar durante cinco horas el río Marañón, no perdona la actitud que, afirma, el gobierno ha tomado en contra de su pueblo y hasta se atreven en su rebeldía a desconocer a Alan García como su presidente.
“Alan García ha ordenado una matanza y cree que derogando las leyes se va a ir tranquilo? Él ha atacado al pueblo awajún que ha salido a defender lo que considera suyo. Nos ha atacado por aire y tierra cuando nosotros solo teníamos lanzas, y eso es cobardía. Los awajún no reconocemos a ese señor como nuestro presidente. Él se quedará contento con su derogatoria, pero nosotros no estamos contentos, no estamos bien. Estamos aislados, soportando la indiferencia de un gobierno que nunca se preocupó por nosotros, y que para ser tomados en cuenta nos obliga a salir de nuestras comunidades y viajar durante días para tomar alguna carretera importante que llame su atención”, expresa indignado el apu Hiran Yanco, de Canampa.
DÍAS DE SOBREVIVENCIA
Y Yanco tiene razón, las comunidades de la Amazonía se encuentran olvidadas por el Estado. En sus comunidades no existen postas médicas ni escuelas. Los indígenas sobreviven con sus cultivos que principalmente son el plátano y la yuca, los que constituyen el 80% de su dieta alimenticia.
Consumir carne es un lujo para los awajún dado que la caza es cada día más difícil por la extinción de los animales del monte. La pesca tampoco es la solución. El principal pez que habita en sus ríos es la carachama, que en el mejor de los casos alcanza los 6 cm de largo.
Comprar carnes está fuera de su alcance, pues el poder adquisitivo de los nativos de estas comunidades es paupérrima. Por un racimo de plátano de más de 100 unidades los comerciantes pagan entre 3 y 5 soles, dependiendo de la calidad; sin embargo, un kilo de pollo les es vendido a 15 soles.
La sobrevaloración de precios de los productos foráneos es habitual en las cinco cuencas del Amazonas, que en el mejor de los casos se elevan al doble de su valor real.
Derogación no los calma
La anulación de los decretos supremos no ha cambiado mucho el resentimiento de los nativos ante el gobierno. Benito Taan Wamputs, apu de la comunidad de Pajacusa, en la cuenca del marañón, responsabiliza también a Alan García.
“No lo reconocemos como presidente del Perú porque no nos representa. Su gobierno nunca nos ha apoyado. Nosotros vivimos de nuestro trabajo y sacrificio”, manifiesta.
Referente al tema de las indemnizaciones, Taan es claro: “No vamos a permitir que se reconozca solo a los policías muertos, que a ellos se les dé miles de soles y que a la familia de los nuestros los dejen desamparados. Nuestros indígenas deben ser reconocidos tanto como los policías”.
A pesar de contar con poca información sobre los desaparecidos, la identidad y su procedencia, lo que también reclaman los apus al gobierno es que les sean entregados los cuerpos de sus hermanos de raza que, consideran, han sido muertos por las fuerzas del orden. Asimismo, reclaman por sus compañeros detenidos.
Datos
Detenidos. Los detenidos a los que el apu de Canampa, Hiram Yanco Bermeo, se refiere son: Jamer Tetsa Tsenguan (16) y Dekentai Reátegui Sixto (23), ambos proceden de una comunidad localizada en la cuenca de Santa María de Nieva.
Cargos. Ellos han sido acusados de asesinar y arrebatar las armas de los policías muertos en la Curva del Diablo y en la Estación 6, en los incidentes iniciados el viernes 5 de junio.
“La selva nos da la vida”
“Nuestro pueblo está conforme con la derogación de los decretos, pero no podemos estar totalmente contentos porque nos agobia la preocupación por recuperar la libertad de nuestros hermanos detenidos y los cuerpos de hermanos desaparecidos, así sea hueso por hueso”, declaró el apu de la comunidad de Canampa, Hiran Yanco Bermeo.
“El 5 de junio fuimos con nuestras lanzas porque es nuestro símbolo awajún y por ellas nos han tildado de terroristas. Este hecho demuestra el desconocimiento del presidente sobre nuestra cultura”, prosiguió.
“La selva es el corazón de nuestras vidas –agregó–, y sin ella sufriremos. La selva nos da la lluvia que crea la vida, nos da el palmiche con el que hacemos nuestras casas, nos abastece, y por eso nosotros la cuidamos como ella nos cuida”.
Diario La República-Lima 22/06/2009
Dirigentes exigen derogatoria de otros decretos, y volver realidad la región “Juan Santos Atahualpa”.
NATIVOS PIDEN NUEVA REGIÓN EN LA SELVA
Pedidos en espera. No todo es derogar los decretos 1090 y 1064.
DETALLE
El Fredersec está integrado por 10 organizaciones como la Asociación de Nacionalidades Asháninkas del Pichis, Federación de Comunidades Nativas Yanesha, la Central Asháninka del Río Tambo, Organización de Comunidades Nativas Nomatseguengas de Pangoa, etc. Su pliego de reclamos incluye el pedido de una nueva Constitución política del Estado.
Los dirigentes yaneshas del Frente de Defensa Regional de la Selva Central (Fredersec) descartaron ayer que las organizaciones indígenas de las regiones de la selva central hayan decidido culminar la protesta amazónica, tras la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064. Es más, la lucha sigue, motivada por la derogatoria de los otros decretos y la creación de una nueva región que, sin ser reconocida por el Estado, existe desde 1901.
El presidente del Fredersec, Teófilo Vallejos Ramos, dijo a LA PRIMERA que las medidas de lucha, como los bloqueos de carretera, sólo han sido suspendidas momentáneamente, pero que el objetivo de los pueblos amazónicos es que los decretos 994, 995, 997, 1013, 1014, 1020, 1035, 1039, 1040, 1042, 1060, 1075, 1080, 1084 y 1089, sean derogados también por el Congreso.
“No es que la huelga se haya solucionado con la derogatoria del 1090 y el 1064, sino que hay muchos más decretos que deben ser derogados. Sólo hemos suspendido los bloqueos para que podamos discutir la derogatoria de los demás decretos”, refirió.
Nueva región
El secretario general de Fredersec, Josué Ballesteros Mateo, agregó a esto que los pueblos amazónicos de la selva central exigen la creación de una nueva región que abarque las provincias de Chanchamayo, Satipo, Oxapampa y Puerto Inca selváticas del centro del país.
“El nombre de la provincia sería ‘Juan Santos Atahualpa’. Ya fue formada en 1901 por la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec). Esta región debe estar formada por Oxapampa, Loma Linda, La Merced Puerto Bermúdez, Puerto Inca, Pichanaqui, entre otros”, expresó.
Asimismo, el dirigente informó que las comunidades nativas de la selva central alistan una movilización, el 8 de julio, a Lima para exigir el cese de la persecución judicial en contra de sus dirigentes.
Diario La Primera-Lima 22/06/2009
TRAS LA VIOLENCIA EN AMAZONAS, LAS OFENSAS TARDAN MÁS EN CURAR
Muchos indígenas no han vuelto a casa debido al desorden tras enfrentamiento. Nieva, capital de la provincia, quedó sin clases, sin juez, sin fiscal ni policías
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Por: Roxabel Ramón Enviada especial
El río Marañón está crecido por estos días. Para los awajun y wampis, que habitan sus márgenes a lo largo de la provincia de Condorcanqui (Amazonas), esa es una señal de que sus hijos regresarán. Vivos o muertos. En la comunidad de Canampa, niños calatos hacen clavados sobre pozas cristalinas mientras los adultos vigilan por turnos ese cauce agitado de olas brillantes.
El ritual se repite en las otras cuatro cuencas de la provincia: Domingusa, Cenepa, Nieva y Santiago. Y el domingo pasado la alegría se trasladó en peque peque a la comunidad wampis de Chapiza: de la embarcación saltaron los hermanos Lidia y Euclides. Ellos llegaron sonrientes a pesar de haber dedicado veinte horas a un viaje de caminos imposibles, que emprendieron tras haber permanecido cinco días ocultos en una casa de Bagua.
Ellos y otros cuatro mil indígenas del pueblo jíbaro (awajun y wampis) salieron hace dos meses de casi 200 comunidades asentadas en la selva espesa de Condorcanqui, para sumarse a la toma de la carretera Fernando Belaunde, en Bagua. A su paso obligado por el pequeño poblado de Nieva, capital de la provincia, recibieron respaldo y provisiones de los pocos mestizos que viven allí.
“Pasaban con sus lanzas de palmera diciendo que iban a hacerse escuchar por el gobierno. Pedían que los acompañáramos, pero nosotros qué vamos a resistir. Ellos con su masato sí pueden aguantar meses”, dice Élida Álvarez, cajamarquina afincada en Nieva desde hace 15 años.
Unos 20 choferes de colectivo que hacen la ruta Bagua-Nieva los llevaron en varias vueltas. Camioneros, balseros y dueños de restaurantes también pusieron su cuota y varios mestizos se sumaron a la toma. Unos por convicción, otros por miedo a ser “ishangueados” (castigo que los indígenas infligen a los colonos que se portan mal, azotándolos con ramas de ortiga).
Cuando el último 5 de junio la protesta terminó en matanza —las cifras oficiales hablan de 34 peruanos muertos, entre policías y civiles—, Nieva se quedó sin comisaría, sin fiscalía, sin juzgado, sin clases. Los empleados públicos, así como muchos colonos salieron en estampida por temor a represalias. Los que se quedaron ni pudieron dormir, pues conocen la tradición bélica de los jíbaros y el alto sentido de obligación de vengar la muerte de los suyos.
“El que no mata al que mató a su hermano se vuelve en un objeto de burla en la comunidad”, explica Hermenegildo Espejo, joven awajun que estudia Lingüística en San Marcos. Agrega que sus paisanos sirvieron con inusual coraje en la guerra del Cenepa (1995), no tanto en nombre del Perú —ese país lejano que nunca les dio nada, pero siempre les ha pedido soldados y riquezas—, sino para vengar a los hermanos que caían en manos ecuatorianas.
“Creímos que volverían a matarnos, pero volvieron tristes, diciendo que había sido un error matarse entre hermanos (indígenas y policías). Los más políticos decían que habían caído en una trampa del gobierno”, narran los esposos Álvarez, dueños de un hotel en Nieva.
LA SELVA ES NUESTRA MADRE
“Nosotros no queremos comprar agua, queremos tomarla del río. Esa es nuestra alegría”, se expresa en accidentado castellano Teresa Bermeo, matriarca de Canampa. Hundiendo sus tobillos ágiles en el barro, nos lleva a casa de Noria. Otra abuela que llora cantando (la melodía se llama “anem”) la ausencia de su nieto de 15 años: Jamer Tetsa.
Según la Defensoría del Pueblo, Jamer fue llevado a un centro para menores en Chiclayo porque cargaba un arma que habría recogido en la Curva del Diablo, ese tramo de nombre presagioso en la carretera Belaunde. A su abuela nadie le ha dicho aún dónde está su único compañero.
Tras el enfrentamiento, los apus de las cinco cuencas dieron cuenta de unos 400 ausentes. Cifra que va disminuyendo a medida que los indígenas retornan a casa. Vivos. O muertos, como José Timias (18) y Romel Tenazoa (25), de la comunidad de Japayme. Uno era escolar, el otro sirvió en el ejército y era padre de familia. Ambos cultivaban chacras.
VERSIÓN QUE SIEMBRA DUDA
El apu de Canampa pidió permiso a la asamblea para que periodistas de El Comercio entrasen a la comunidad. “Van a escucharlos y van a llevar el mensaje a Lima”, los convenció en awajun. “Queremos los cuerpos de nuestros hermanos, que la policía se llevó en helicópteros”, respondieron varias voces. “Nos han dicho salvajes genocidas. ¿Acaso todos los indígenas hemos matado?”.
En Bagua contactamos con dirigentes indígenas en la clandestinidad, como Nélida Calvo, Mateo Inpi o Edwin Montenegro, quienes repiten esa versión sin señalar nombres ni pruebas. La prensa local se suma a su difusión, que llega a Condorcanqui como un “naeddeswgki” o una lanza hiriente.
Levantan toque de queda en Bagua
Después de quince días se levantó el toque de queda en las provincias de Bagua y Utcubamba en la región Amazonas y en Jaén y San Ignacio en Cajamarca. Sin embargo, el estado de emergencia continúa en estas localidades. Ahora los pobladores podrán retomar su rutina nocturna, tanto para el negocio como para la diversión.
Diario El Comercio-Lima 21/06/2009
:: Misión internacional exige investigación
AFIRMAN QUE HUBO VIOLACIONES A DDHH EN BAGUA
Una misión de representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) llegó a nuestro país para labores de observación en la zona donde se produjo los enfrentamientos entre nativos y policías el 5 de junio y constató violaciones de derechos humanos a la población originaria.
En la visita que realizaron a las zonas de Bagua Grande, Bagua y Jaén entre el 16 y 19 de junio recibieron denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, práctica de tortura a nativos awajún por agentes de la Dinoes, detenciones ilegales y ocultamiento de información.
Además, se entrevistaron con el premier Yehude Simon y el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, organismos de derechos humanos, instituciones como Aidesep y líderes nativos, y concluyeron en la necesidad de crear una comisión independiente que investigue los sucesos y cuente con la participación de organismos internacionales.
El mexicano Rodolfo Stavenhagen, ex relator de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, denunció la inexistencia de un informe policial sobre el operativo de desalojo de la carretera Fernando Belaúnde el día de los enfrentamientos.
Por ello, la información que pudo recavar fue que la policía ingresó sin previo aviso a la población y que actuó con fuerza excesiva. “Todo esto constituye un cuadro de violaciones a los derechos humanos”.
A su turno, la religiosa Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y presidenta de la Comisión de la Verdad de dicho país, afirmó que tras visitar el lugar vio que la población siente temor y desconfianza por el hostigamiento y persecución contra líderes y comuneros.
Luego de lamentar el fallecimiento de los policías y expresar sus condolencias a los familiares de los mismos, reiteró la denuncia de días pasados sobre el traslado irregular de 18 detenidos del penal de Bagua Grande al de Chachapoyas en fechas coincidentes con el arribo al lugar del relator de Naciones Unidas, James Anaya.
Expresó su preocupación por la situación del dirigente awajún Santiago Manuim Valera, quien recibió ocho balazos en el abdomen y pese a lo cual la policía espera su recuperación para ejecutar la orden de captura en su contra.
Ambos observadores anunciaron finalmente que en dos meses emitirán un informe sobre la visita de cinco días a la amazonía y lo entregarán al gobierno peruano.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/06/2009
DENUNCIAN QUE FISCALÍA SE NIEGA A INVESTIGAR MUERTE DE NATIVOS
Luego de recibir denuncias por homicidio y lesiones graves de siete pobladores a consecuencia de los enfrentamientos del 5 de junio, la Primera Fiscalía Provincial de Utcubamba decidió no investigar los casos y archivarlos provisionalmente.
Así reveló el miembro del equipo legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Juan José Quispe, quien explicó que la decisión del Ministerio Público de archivar las denuncias se ampara en que no se ha individualizado a los policías autores.
“Archivar provisionalmente significa que la investigación está durmiendo en la esquina de los recuerdos”, dijo y detalló que ante la situación Aprodeh activó la denuncia ante la primera fiscalía provincial a afectos de que investiguen estos homicidios y lesiones.
El representante de APRODEH, Contó que se entrevistó con las víctimas y pudo comprobar que había personas con huellas de profundos orificios de entrada y de salida, con consecuencias posteriores. “Ellos, a diferencia de los deudos de los policías, no reciben nada, y será en el marco de un proceso penal donde se incorpore al Estado como tercero civil responsable para que den una indemnización a los familiares de estas personas”, indicó.
Las denuncias que la fiscalía se niega a investigar son las de Rufina Linares Terrones, por el homicidio de su conviviente Alejandro Salazar Huamán; de Sandra Jacqueline Oblitas Torres, por la muerte de su pareja Porfirio Coronel Jiménez; del profesor Leodoro Gonzales Uriarte, por las lesiones graves que ha sufrido; del también profesor Julio César Vásquez Elera por lesiones graves; de José Santos Adrianzén Medina, por lesiones leves con un proyectil de arma de fuego; de Claudina Pérez Navarro, sobre lesiones graves que sufrió su nieta de siete años Lady Luz Montes Gonzales, a quien hasta la fecha no le extirpan una bala, y de Elia Flor Vásquez Rodrigo, por las lesiones graves de su hermano Geiner Briones Rodrigo.
Informe no habido
Por otra parte, el doctor Quispe —quien visitó la zona en dos oportunidades luego del conflicto y estuvo presente en la conferencia de prensa convocada por la FIDH—, reveló también que la policía se niega a entregar a la fiscalía el informe del operativo de desalojo del 5 de junio en el que murieron más de 30 personas entre policías, civiles y nativos.
Anunció por ello que Aprodeh está evaluando pedir a la fiscalía que solicite al juez una orden de allanamiento a los locales policiales de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), que debían entregar el informe sobre la operación y se niegan a hacerlo.
Sospechan 'chuponeo'
Juan José Quispe denunció, además, que las llamadas telefónicas que realiza a sus defendidos en la amazonía están siendo interceptadas.
Relató que en Bagua cuando conversaba telefónicamente con uno de sus defendidos apareció un mensaje en su teléfono celular que decía “llamada interceptada por otro interlocutor”, y mientras hablaba escuchaba unas voces lejanas al fondo.
Atribuyó el caso a que la labor y la posición de Aprodeh y de él como abogado de la institución ya es conocida en la zona de conflictos.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/06/2009
