LA VERDAD DE LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO
Antes que un gobierno apesadumbrado por todas las muertes dolorosas ocurridas en Bagua –cuyo recuento aún no termina–, lamento percibirle oportunismo para ocultar sus errores a través de la construcción de un respaldo en base a la aceptación –sin chistar– de que la crisis de la Amazonía es una conspiración contra la democracia; de que, frente a ese complot, el único salvador de la patria es Alan García; y de que todos los que discrepen de él pueden ser considerados hasta terroristas.
Ese ha sido el discurso oficial desde que se conocieron las primeras muertes. El presidente García –con sus ministros y medios que lo apoyan a ojos cerrados– sostiene que la protesta de los nativos es “una agresión que es producto de una conspiración de los que no quieren que el Perú progrese, o por intereses externos o por ignorancia elemental”. Agrega que son terroristas que quieren armar “otro Andahuaylazo”.
Para aceptar una acusación de esa gravedad no es suficiente que la anuncie el presidente, sino que debería esforzarse por darle credibilidad. Sus seguidores aceptan sus dogmas de fe sin preguntar, pero el resto de peruanos –empezando por la prensa independiente– tiene la obligación de exigir pruebas.
No se puede aceptar tan fácilmente que son terroristas los nativos que han peleado en las guerras contra Ecuador y que sufren una antigua intolerancia e indiferencia de los gobiernos centrales. El origen de sus reclamos es legítimo, aunque sin duda no las matanzas que realizaron. El ‘Estado limeño’ debió escucharlos con atención y no pelotear el tema, por dos meses, entre el Ejecutivo y el Congreso. Ahí radica una responsabilidad crucial de lo ocurrido. Cuando un gobierno recurre al balazo como instrumento de solución de conflictos está renunciando a su misión de gobernar y revelando una gran debilidad.
El gobierno no puede mentir como cuando cuenta muertos, ni violentar el debido proceso como quiso, para detener a Alberto Pizango, la ministra de Justicia, siempre apurada por la tinterillada que satisfaga al presidente. Hizo bien, por ello, en responderle con energía el presidente de la Corte Suprema.
El gobierno erró en la ejecución de la incursión, no consideró los informes de inteligencia y envió como carne de cañón a valerosos policías. Tampoco supo manejar el fondo de la negociación con los nativos amazónicos principalmente porque no tiene vocación sincera de diálogo con los que considera ‘perros del hortelano’.
Que el gobierno no lo reconozca no implica que se le deba aceptar, por ingenuidad o interés, sus engaños. Pero ya están advertidos lo mal que van a pasarlo todos los que, a partir de ahora, no se traguen el sapo presidencial con su ‘verdad oficial’. Pueden acabar hasta de terroristas.
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Antes que un gobierno apesadumbrado por todas las muertes dolorosas ocurridas en Bagua –cuyo recuento aún no termina–, lamento percibirle oportunismo para ocultar sus errores a través de la construcción de un respaldo en base a la aceptación –sin chistar– de que la crisis de la Amazonía es una conspiración contra la democracia; de que, frente a ese complot, el único salvador de la patria es Alan García; y de que todos los que discrepen de él pueden ser considerados hasta terroristas.
Ese ha sido el discurso oficial desde que se conocieron las primeras muertes. El presidente García –con sus ministros y medios que lo apoyan a ojos cerrados– sostiene que la protesta de los nativos es “una agresión que es producto de una conspiración de los que no quieren que el Perú progrese, o por intereses externos o por ignorancia elemental”. Agrega que son terroristas que quieren armar “otro Andahuaylazo”.
Para aceptar una acusación de esa gravedad no es suficiente que la anuncie el presidente, sino que debería esforzarse por darle credibilidad. Sus seguidores aceptan sus dogmas de fe sin preguntar, pero el resto de peruanos –empezando por la prensa independiente– tiene la obligación de exigir pruebas.
No se puede aceptar tan fácilmente que son terroristas los nativos que han peleado en las guerras contra Ecuador y que sufren una antigua intolerancia e indiferencia de los gobiernos centrales. El origen de sus reclamos es legítimo, aunque sin duda no las matanzas que realizaron. El ‘Estado limeño’ debió escucharlos con atención y no pelotear el tema, por dos meses, entre el Ejecutivo y el Congreso. Ahí radica una responsabilidad crucial de lo ocurrido. Cuando un gobierno recurre al balazo como instrumento de solución de conflictos está renunciando a su misión de gobernar y revelando una gran debilidad.
El gobierno no puede mentir como cuando cuenta muertos, ni violentar el debido proceso como quiso, para detener a Alberto Pizango, la ministra de Justicia, siempre apurada por la tinterillada que satisfaga al presidente. Hizo bien, por ello, en responderle con energía el presidente de la Corte Suprema.
El gobierno erró en la ejecución de la incursión, no consideró los informes de inteligencia y envió como carne de cañón a valerosos policías. Tampoco supo manejar el fondo de la negociación con los nativos amazónicos principalmente porque no tiene vocación sincera de diálogo con los que considera ‘perros del hortelano’.
Que el gobierno no lo reconozca no implica que se le deba aceptar, por ingenuidad o interés, sus engaños. Pero ya están advertidos lo mal que van a pasarlo todos los que, a partir de ahora, no se traguen el sapo presidencial con su ‘verdad oficial’. Pueden acabar hasta de terroristas.
Diario La República-Lima 08/06/2009
Continúan bloqueos en la vía Fernando Belaunde
RESTRINGEN LIBERTAD DE PRENSA EN ZONAS DEL CONFLICTO
Por ser un medio de comunicación que cubrió las protestas en la Amazonía, hay intenciones de desaparecer radio La Voz, informó el corresponsal de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) en la provincia de Utcubamba (Bagua), Carlos Flores. Además, según informó, se ha cancelado la licencia de funcionamiento de otras dos emisoras en Jaén.
Sobre la cifra de muertos indígenas, todavía por determinar, Flores informó que hasta el momento la cifra más fiable es la difundida por la Defensoría del Pueblo. Confirmó que sólo han podido identificarse once cuerpos, aunque mencionó que existen numerosas denuncias, todavía sin constatar, de en zonas aledañas de la ciudad cercanas al enfrentamiento habría más cadáveres.
Flores precisó que continúa el toque de queda y que por las noches muchos ciudadanos son detenidos y que son liberados por la mañana.
Asimismo, se ha dispuesto la suspensión de las labores escolares en toda la provincia.
Por su parte, el director de radio Oriente, Geovani Acate, informó que los bloqueos en la carretera Fernando Belaúnde continúan. Así, en el kilómetro 34 y en el 17 hay piquetes de rondas campesinas y población nativa, aunque el punto más fuerte es el kilómetro 4 y medio.
Además, la Defensoría del Pueblo se ha reunido con los dirigentes y la población amazónica invocando a que no haya más disturbios. De igual forma, la policía hace llamados permanentes a la población a mantener la calma. Incluso, el jefe policial de la zona aseguró que no piensa acatar ninguna orden de disparar armas de fuego.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 08/06/2009
POLICÍAS DECOMISAN MATERIAL FOTOGRÁFICO DE PERIODISTAS
Policías integrantes de los contingentes que llegaron a la curva del diablo en el límite de la región Cajamarca y Amazonas, requisaron las cámaras fotográficas y grabadoras así como filmadoras con las cuales cubrían los hechos en la zona.
La denuncia fue hecha por los hombres d prensa en la radio LD Stereo de la ciudad de Bagua capital de la provincia del mismo nombre, ésta misma emisora entrevistó a familiares de ciudadanos que supuestamente han sido internados en el cuartel El Milagro y temen por su integridad física.
Mientras tanto madres de familia de los comedores populares de Bagua grande han montado una olla común en el parque 1 de setiembre de la ciudad de Bagua, para alimentar a los nativos que están arribando a la ciudad heridos, sedientos y hambrientos como consecuencia de su huída ante la represión policial.
Diario Panorama Cajamarquino 08/06/2009
VICARÍA: BAGUA ES UNA “ZONA DE GUERRA”
AMENAZA. Denuncian que Policía esperaría que heridos salgan del hospital para capturarlos.
Jaén (Cajamarca).- El representante de la mesa ambiental de la Vicaría de Jaén, Nicanor Alvarado, denunció que un contingente policial está en las afueras del hospital de Bagua Grande a la espera de que salgan los dirigentes heridos para detenerlos, por lo que anunció la conformación de un comité para auxiliarlos.
Nicanor Alvarado informó que entre ellos se encuentra Santiago Manuin, líder que resultó herido con una bala en el vientre y que hasta el sábado se afirmaba había fallecido.
Confirmó la versión de que la policía está impidiendo el paso de la población para auxiliar a heridos que se están desangrando en los matorrales.
“Hay unos 25 nativos muertos, cuyos cadáveres están en la morgue, y hay una fuerte versión de que otro grupo de nativos habrían sido arrojados al río Marañón por efectivos de la Diroes. Además, otros heridos permanecían en los matorrales desangrándose y la policía impedía su paso”, reiteró la autoridad eclesiástica.
Nicanor Alvarado demandó la presencia de la Cruz Roja Internacional y la conformación de una comisión de alto nivel que investigue las muertes.
Informó asimismo que hay un grupo de licenciados del Ejército que meses atrás hicieron una invasión en las cercanías de Bagua, muchos de los cuales habrían sido abatidos por las balas de la Dinoes.
“Esta madrugada [del sábado 06], el licenciado Florencio Pintado Castro, de 43 años, fue trasladado hacia Inambari para ser sepultado”, detalló.
El representante del Vicariato lamentó que en Bagua, las fuerzas policiales y de las Fuerzas armadas no estén respetando los derechos humanos, alegando que están dentro de un estado de sitio. “En bagua no hay derechos humanos, está es una zona de guerra”, puntualizó Nicanor Alvarado.
Acotó, asimismo, que se logró alojar a 120 nativos provenientes de la provincia de Condorcanqui en la municipalidad de El Milagro. No obstante, expresó su preocupación porque fuera del referido concejo hay un centenar de policías a punto de incursionar para llevarlos detenidos.
Diaro El Clarín-Cajamarca 08/06/2009
LA NACIÓN ENSANGRENTADA
La Nación llora a sus muertos. A sus hijos amazónicos ancestrales que han muerto defendiendo el Estado de derecho y la constitucionalidad al exigir la derogatoria de leyes inconstitucionales que afectan sus derechos. A sus hijos uniformados, los policías, que han fallecido en el ejercicio de su deber cumpliendo decisiones políticas erradas.
La responsabilidad política es del gobierno, crecientemente incapaz de ejercer con mínimos de eficiencia la gobernanza democrática. No se defiende el orden público ni el principio de autoridad disparando bombas lacrimógenas, desde un helicóptero, a miles de indígenas que protestaban para que el gobierno respete la Constitución y los tratados internacionales, que son leyes internas. Un acto violento, innecesario y temerario, en contra de quienes exigían legalidad, produjo el estallido del conflicto.
Pero el uso de la violencia por parte del gobierno ha estado no sólo en el trágico final de la protesta amazónica, sino en su origen. Aprobar leyes con conocimiento pleno de su inconstitucionalidad es una forma de violencia institucional que afecta la estabilidad democrática. Lo es también mentir en el ejercicio del poder. Es falso que el TLC con Estados Unidos exija los regímenes de propiedad intelectual, de aprovechamiento de las aguas y de los derechos de propiedad indígenas contenidos en la legislación cuestionada. El Departamento de Estado debe estar muy preocupado y sensible con la asociación que hace el gobierno entre las leyes inconstitucionales y el Tratado de Libre Comercio. La incomodidad debe ser mayúscula con la sangre que ahora se asocia al TLC.
Pero lo más grave de estas horas difíciles es la actitud y el pensamiento que pregona la separación y división de los peruanos, entre aquellos que representan el poder y los que lo sufren, entre aquellos cuyas muertes importan y aquellos cuyas muertes se desprecian; una visión que desafía a nuestra propia historia y realidad social, desconociendo la pluralidad étnica del Perú real.
Este peligroso discurso neocolonizador de la propia patria está llegando al extremo de incitar a la violencia estatal contra los peruanos y peruanas vulnerables, contra los que no se consideran “hortelanos”, que son la inmensa mayoría de la Nación. El delirio debe sosegarse. Se requiere antes que odio exacerbado por la violencia verbal, tranquilidad, serenidad y sosiego. Responsabilidad nacional y convicciones democráticas sobre el Estado y la sociedad. Voces serenas, respetuosas de todas las sangres que componen y enriquecen el país, voces que en la crisis fortalezcan los valores democráticos. Como la de los obispos amazónicos que alertaron sobre la inconveniencia de una masiva presencia policial o el llamamiento institucional a favor de la legalidad y el diálogo hecho por Beatriz Merino, la defensora del Pueblo. El país y el mundo saben que la lucha indígena es justa y que sus reivindicaciones responden al interés nacional: la preservación de la paz social y la cohesión nacional y el respeto a la legalidad que ampara las justas demandas de los pueblos amazónicos.
Diario La Primera-Lima 08/06/2009
NO APRENDE
Junio es un mes muy especial para el presidente Alan García. El 18 y 19 de junio de 1986, durante su primer gobierno, tuvo lugar la denominada “masacre de los penales” que dejó 244 muertos, tras la violenta debelación de los motines de presos senderistas en los penales de “El Frontón”, “Lurigancho” y “Santa Bárbara”. Con razón García esperó hasta junio para dar la orden de disparar.
Diario La Primera-Lima 08/06/2009
Familiares y compañeros de policías muertos en la selva se rebelan contra ministros y el presidente García y los acusan por desastroso operativo.
“LOS MANDARON A LA MUERTE”
(1) Dolor. Deudos lloran la muerte de 24 policías y sindican al presidente García y a sus ministros por mandarlos al sacrificio. (2) Denuncia. Enviaron a jóvenes policías a una muerte segura. (3) Ministros no fueron al entierro por temor a familia policial. (4) Último adiós. Dramáticas escenas protagonizaron los deudos. (5) Heridos por decenas. (6) Rotundo fracaso. Operativo terminó en un baño de sangre.
DETALLE
De acuerdo a las informaciones recogidas por este diario de la zona, se tiene conocimiento que el asalto de los nativos en la Estación 6 de Petroperú se originó horas después de efectuarse el violento operativo en Bagua, produciéndose un enfrentamiento entre los 38 efectivos y cerca de un millar de nativos, en la cual cayeron varios policías y un número indeterminado de nativos, luego del cual los amazónicos se apoderaron de dicha estación.
Expertos califican de monumental fracaso intervención policial en Amazonas y responsabilizan a gobierno.
El dolor y la indignación se fusionaron, ayer, en el entierro de los policías caídos en la selva. Familiares y compañeros de los caídos aseguran que sus seres queridos fueron enviados sin respaldo ni elementos debidos, a sabiendas que la situación estaba a punto de estallar. Sabedores de la indignación, ningún ministro se hizo presente en Chorrillos.
A pocos días de producido la intervención ordenada desde Lima contra la huelga de nativos en Bagua, Amazonas, que dejó 24 policías muertos y un número indeterminado de nativos cuyos cadáveres, según denuncian, están siendo desaparecidos, la tarde de ayer fueron enterrados los restos de seis miembros de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Diroes) en el Camposanto Santa Rosa de Lima, en Chorrillos. A La ceremonia, presidida por el director de la Policía Nacional, general PNP José Sánchez Farfán y el jefe del Estado Mayor, general Miguel Hidalgo, no asistió ningún ministro de Estado, siendo notoria la ausencia de la ministra del Interior.
“García los mandó a morir”
LA PRIMERA constató la lluvia de acusaciones que surgieron en el camposanto por parte de los familiares directos así como de compañeros de los policías caídos, contra el gobierno por esta tragedia. Wilson Vilca Romero, amigo y colega del fallecido suboficial técnico José Vilela Morales, quien deja esposa y cuatro hijos, cuestionó que las autoridades más representativas del gobierno no se hayan hecho presente y expresó que las familias van a denunciar penalmente a las autoridades, a quienes indicó como los responsables de la muerte de su ex compañero. “Los hermanos policías vamos a luchar contra este genocidio. Los denunciaremos penalmente, el gobierno nos utiliza como carne de cañón y muchas veces mandan un contingente mal pagado, mal uniformado… ellos son los culpables de las muertes de mis hermanos”. Señaló indignado.
De otro lado, la madre del suboficial Javier Campos Marín (23) dijo que los responsables de la muerte de su hijo son el Congreso, Alan García, y sus ministros. “García los ha mandado a morir, por qué no van ellos y se mueren. Nosotros nos hemos sacado el diablo en todo, para que estudien y hasta para comprarles sus uniformes. Ahora, ¿dónde está la ministra?, ¿por qué no vienen y ven nuestro dolor? Son unos cobardes”, dijo entre sollozos.
Asimismo, Giuliana Ticona, esposa del fallecido suboficial Melciades Díaz Villegas (35), quien deja una pequeña niña de dos años de edad, denunció que su esposo -al morir- no contaba con un chaleco antibalas. “Ahora qué le diré a mi hijita cuando me pregunte por su papá, él era enviado a sus comisiones sin viáticos, sin nada. Incluso dormían en el piso donde les caía la noche”.
De igual manera, los familiares del suboficial José García Guzmán (21) exigieron una investigación completa. “A él no le tocaba viajar allá, recién hace un mes y medio había llegado de estar en Bagua, él no llevaba un chaleco antibalas. La ministra Cabanillas dijo que sólo iban experimentados y eso no es cierto”, denunció, acotando que exigirán que las investigaciones no queden en promesas.
Del total de 23 policías caídos, en Lima sepultaron a seis, entre los cuales se encuentran: SOR1 PNP José Vilela, SOT3 PNP Jhony Salcedo, SO2 PNP Melciades Díaz, SO3 PNP Javier Campos, SO3 José García y el SO3 PNP Jhony Sánchez. Cinco policías fueron llevados a sus lugares de nacimiento: Arequipa, Moquegua, Trujillo y Tumbes.
Ayer también llegaron a Lima los cuerpos de los policías muertos en la Estación 6 de Petroperú, mientas que el viceministro Wilson Hernández informó del hallazgo del cadáver del comandante Miguel Montenegro.
Responsabilidad política
Para el ex ministro de Defensa, Roberto Chiabra, también el problema es dilucidar si hubo un error de inteligencia o en la ejecución de las operaciones, porque no se puede enviar a gente a una zona sin conocimiento del número de manifestantes y su ánimo, sobre todo 24 horas después de saber que el Congreso no iba a debatir la derogatoria del D. L. 1090.
Y es que según Chiabra, 13 muertos son demasiados para el desalojo de una carretera lo que también hace preveer que hubo una falla en la forma de enfrentar a los nativos que no actúan igual que una población de la costa o la sierra, o que los efectivos no han estado bien entrenados y armados.
El comandante (r) EP Jorge Rivas, presidente de la Asociación de Comandantes de las Fuerzas Armadas, pidió, a través de LA PRIMERA, la revisión de las notas de inteligencia que el jefe de la Digemin, Abed Abdul, hizo llegar al entonces director general de la PNP, Mauro Remicio, y a la ministra Cabanillas dos semanas antes de producirse los hechos violentos del puente Corral Quemado y la Estación 6 del Oleoducto Norperuano.
“No hicieron nada, por el contrario enviaron a los policías al sacrificio. La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, debe asumir la responsabilidad política. También existe responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Legislativo que no supieron llegar a un acuerdo con los indígenas para solucionar el problema en forma pacífica. La verdad es que el diálogo franco nunca existió”, subrayó.
Piden la restitución de derechos
El secretario general de la Agremiación de Policías del Perú, Javier Soto, pidió al gobierno dejar sin efecto el decreto de urgencia 062-2009 que les recorta el derecho a petición en el caso de las viudas y los padres, calificando la norma de abusiva.
“Sobre todo para los que mueren en defensa de su patria, como los efectivos que fueron enviados recientemente a la Amazonía peruana como “carne de cañón”, donde un ascenso póstumo significa ahora sólo 30 soles mensuales en el caso de los suboficiales y 50 soles en el caso de los brigadieres”, indicó.
Monumental fracaso
El analista Carlos Basombrío calificó el operativo policial de “monumental fracaso” en el blog Espacio Compartido. “Tuvieron todo el tiempo del mundo para prepararse y obtener información de inteligencia. Como es obvio debían conseguirlo al menor costo humano posible. Más de 30 muertos dan cuenta del tamaño del fracaso. El ‘Moqueguazo’ y el desalojo del ‘Bosque de Pomac’ terminan pareciendo deslices menores, comparados con la magnitud del fracaso del operativo de hoy”, opinó.
En la misma web, el ex ministro Fernando Rospigliosi, escribió que “la masacre ocurrida en Bagua y zonas aledañas, no tiene precedentes en la historia del Perú (…) Muchos de los nativos de esa región han servido en el Ejército -sobre todo desde el conflicto con Ecuador en 1995-, saben manejar armas y conocen tácticas militares. ¿Se necesita tener un súper servicio de inteligencia, los recursos de la CIA o la KGB para darse cuenta de una cuestión tan elemental? (…) En Bagua y la estación N° 6, los policías al parecer fueron enviados al matadero, sin órdenes precisas y sin mandos adecuados”.
Diario La Primera-Lima 08/06/2009
TOMAN DOS ESTACIONES DE PLUSPETROL
En apoyo a la protesta amazónica, unos 500 indígenas tomaron los lotes 8 y 1 AB que opera la empresa Plusetrol Norte en Loreto, e intentaron también tomar el control del aeropuerto de Trompeteros, ubicado a pocos metros del río Corrientes, pero fueron repelidos por las autoridades policiales.
Adolfo Rengifo, presidente de la comunidad indígena que realizó esta acción, denunció que les dispararon a quemarropa, versión que coincide con la del dirigente del Frente Patriótico de Loreto, Wagner Mussolini. Afortunadamente no reportaron muertos ni heridos.
Diario La Primera-Lima 08/06/2009
POLICÍA DISPUESTA A LIBERAR VÍA YURIMAGUAS-TARAPOTO
Nativos abrirán carretera unas horas y luego la Policía no dejaría que la vuelvan a tomar. Afirman que contingentes policiales y del Ejército arriban a la zona por río y por tierra.
El nororiente sigue siendo una bomba de tiempo. Los lamentables hechos de sangre protagonizados el último viernes en la calurosa ciudad de Bagua (Amazonas) entre nativos y policías, podrían volverse a repetir a solo unos kilómetros de allí, en la carretera que une Tarapoto (San Martín) con Yurimaguas (Loreto).
Walter Cáceres Gutiérrez, comandante de la Policía Nacional de Yurimaguas, manifestó a Perú.21 que se ha logrado un acuerdo con los grupos indígenas –que bloquean dicha vía desde hace más de 20 días– para despejarla por unas horas y, así, los camiones y buses varados que forman una larga cola puedan pasar. Sin embargo, el plan del alto oficial es otro.
“El diálogo se ha dado en buenos términos pese a que ellos son más de 2 mil nativos y nosotros tan solo unos pocos efectivos. Lo que ellos no saben es que, después que reabran la carretera, vamos a intentar persuadirlos por todos los medios para que no la vuelvan a tomar. No obstante, hemos tomado las previsiones del caso por si se da un enfrentamiento”, sostuvo el comandante PNP.
Al respecto, la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) informó que un equipo conjunto de militares y policías estaría llegando como refuerzo a Yurimaguas por río, atravesando la zona del Alto Huallaga, y por vía terrestre, por el distrito de Balsapuerto, tierra natal de Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), para retomar el control de la carretera y de los puertos fluviales, los cuales se hallan cerrados por piquetes de revoltosos.
TENSIÓN EN LORETO. De otro lado, unos 500 nativos intentaron apoderarse de las instalaciones de los lotes 8 y 1AB, de la compañía petrolera Pluspetrol, ubicados en Loreto. De acuerdo con fuentes locales, los indígenas también quisieron tomar el aeropuerto de Trompeteros, cercano al río Corrientes, pero fueron controlados por la Policía.
“Nos han disparado a quemarropa”, precisó el dirigente del Frente Patriótico de Loreto, Wagner Mussolini, aunque no reportó heridos tras los incidentes. Asimismo, se conoció que, tras un diálogo entre siete representantes nativos y el fiscal de la zona, no hubo ningún acuerdo. Por ello, decenas de pobladores amazónicos permanecían en los alrededores de las bases petroleras a la espera de refuerzos.
NUEVOS ENFRENTAMIENTOS. De otro lado, en la jurisdicción de Ciro Alegría, en la provincia de Condorcanqui, a nueve horas de Bagua, habría habido otro enfrentamiento entre nativos y policías. El resultado: un comandante muerto y un mayor herido, según reveló a este diario el director del hospital Héroes del Cenepa de Essalud de la localidad de Nieva, Remigio Cabrejos Carmona.
En este sitio, sostuvo el galeno, los indígenas se rehusan a rendirse hasta que las autoridades no les entreguen el cuerpo de sus compañeros caídos en los enfrentamientos. El funcionario indicó a nuestro corresponsal que todo su personal médico ha sido trasladado en helicóptero hacia Ciro Alegría para atender a los heridos.
RECUPERAN CUERPO. Por su parte, el viceministro de Orden Interno, general PNP (r), Wilson Hernández, aseveró que se tiene conocimiento del hallazgo de un cadáver cerca de la estación 6 de Petroperú, el cual correspondería al comandante Montenegro Caldío, quien lideraba el grupo de 38 efectivos a cargo de la seguridad de dicha instalación petrolera. Con ello, se confirma hasta el momento la muerte de 24 policías.
Finalmente, la ministra de Justicia, Mercedes Cabanillas, condenó que, tras los trágicos hechos ocurridos en Bagua, se haya acordado en la Cumbre Amazónica –desarrollada en Tarapoto– iniciar una huelga indefinida en toda la Amazonía a partir de este jueves. También desmintió la existencia de reportes de Inteligencia que habrían advertido sobre los supuestos planes de los nativos para protagonizar hechos de violencia, como respuesta al desbloqueo de la carretera Fernando Belaunde.
Diario Perú 21-LIma 08/06/2009
:: Se pliegan a movilización del 11 de junio
CUMBRE AMAZÓNICA DECLARA SEMANA DE DUELO AMAZÓNICO
Las organizaciones sociales y demás participantes de la Cumbre Amazónica, declararon una semana de duelo amazónico por las víctimas de los actos de violencia en Bagua, y convocaron a las autoridades locales y regionales a levantar la bandera a media asta.
Asimismo expresaron su solidaridad a los familiares de los policías y comunidades afectadas, y culparon de estas muertes al presidente Alan García, quien – a su parecer- ordenó estos actos violentos los cuales denunciarán ante la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), Corte Penal Internacional y otros tribunales.
Así mismo exigen la renuncia del gabinete encabezado por el Premier Yehude Simon, a quien responsabilizan de una campaña que, junto a la titular del Interior Mercedes Cabanillas y el presidente del Congreso Javier Velásquez Quesquén, presionan al Poder Judicial para eludir la responsabilidad penal y política del presidente García, y encarcelar al líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Alberto Pizango”.
El pronunciamiento también declara héroes a los ciudadanos asesinados el pasado 5 de junio en Bagua, pues consideran que estos nativos sacrificaron sus vidas en defensa de los derechos amazónicos y recursos naturales de la Nación.
Del mismo modo solicitan la inmediata derogatoria de los decretos legislativos 994, 1020, 1064, 1080, 1089, 1090, etc. y leyes privatizadora 29338, la aprobación de la Ley de Desarrollo Sostenible de la selva y el cese del toque de queda y estado de emergencia en Bagua y toda la Amazonía.
Del mismo modo, exigen un juicio justo y la libertad de los líderes de AIDESEP, en especial de su representante Alberto Pizango, así como no criminalizar las luchas amazónicas y sociales.
Finalmente, la Cumbre Amazónica anuncia su apoyo a la movilización nacional de protesta convocada para este jueves 11 de junio.
Cabe indicar que la Cuarta Cumbre Amazónica se desarrolló el 6 y 7 de junio en la ciudad de Tarapoto.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 08/06/2009
DOE RUN CESARÁ POR 90 DÍAS A EMPLEADOS DE LA OROYA
El sindicato había pedido al Gobierno que amplíe el PAMA para seguir operando. La empresa se reunirá hoy con proveedores y solicitará una nueva cita con el Gobierno.
Doe Run Perú, el cuarto mayor exportador de metales del país, “mandará a casa” a miles de trabajadores de su complejo metalúrgico por 90 días debido a una crisis financiera, mientras busca medidas que la ayuden a evitar una quiebra, anunció el vicepresidente de Asuntos Ambientales de la firma, José Mogrovejo.
La compañía paralizó el martes toda la producción de su fundición y refinería de metales, cuatro meses después que bancos cortaron un crédito para sus operaciones, en medio de la crisis mundial que desplomó los precios de los metales.
En abril, la compañía logró que algunos acreedores avalen créditos a cambio de que la matriz de la firma, el grupo estadounidense Renco, capitalice una deuda de US$156 millones en la filial peruana y ponga todas sus acciones a nombre del Estado en garantía para culminar un plan de limpieza ambiental.
Sin embargo, ahora Doe Run ha afirmado que primero necesita una extensión del plazo para concretar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que vence en octubre.
DESDE EL 15 DE JUNIO. “Nuestra situación nos obliga a tomar algunas medidas que permitan darnos sostenibilidad en el tiempo, por eso nos vemos obligados a pensar en que ya los trabajadores vayan a sus casas”, aseveró Mogrovejo.
“Estamos estimando que el descanso para la mayoría de los trabajadores sería a partir del 15 de junio. La norma indica que sea hasta por tres meses”, agregó el ejecutivo.
Doe Run cuenta con 3,500 trabajadores directos y otros 16,000 empleos indirectos. Si estos puestos se pierden se generaría un problema social en la región andina de Junín, donde está ubicado el complejo.
REUNIÓN CLAVE. Mogrovejo comentó que están redoblando los esfuerzos para salir de la crisis. “Tenemos programada una reunión el lunes (hoy) con los proveedores de concentrados; esperamos que se lleguen a acuerdos que sean razonables”, precisó.
Dijo además que solicitará reuniones con autoridades del Gobierno para “plantear alternativas que les permitan cumplir con la ejecución del PAMA”, a pesar de que varios ministros han descartado esta opción. La firma dijo que seguirá operando normalmente su pequeña mina de cobre Cobriza, ubicada en el región andina de Huancavelica.
Trabajadores mineros de La Oroya solicitaron la semana pasada al Ejecutivo que amplíe el plan ambiental para no poner en riesgo los puestos de trabajo.
Diario Perú 21-Lima 08/06/2009
:: Nativos ashuares toman estaciones petroleras
TENSIÓN EN YURIMAGUAS POR POSIBLE INCURSIÓN POLICIAL
Esta mañana, pobladores de la etnia ashuar, tomaron las estaciones del lote petrólero A1B y el lote 8 en la zona de Andoas-Trompeteros, provincia de Alto Amazonas, por lo cual en las próximas horas la Policía Nacional, conjuntamente con el Ejército desalojarían a los nativos.
Esta información fue de alguna manera reafirmada por la Dirección Regional de Salud del Alto Amazonas, toda vez que esta convocó a todo su personal, y decreto en alerta verde a sus distintos puntos de salud, lo cual incluye al hospital de apoyo de Yurimaguas.
Así mismo, anoche se conoció la información que este equipo conjunto de militares y policías, llegaría a Yurimaguas, por el río a través de la zona del Alto Huallaga, y por vía terrestre, por el distrito de Balsapuerto, tierra natal de Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.
Según informaciones de radio Oriente, la población se mantuvo en vigilia, ante la posible intervención de la policía.
Motocarristas y trabajadores de construcción civil se trasladaron al kilómetro cuatro de la carretera Yurimaguas - Tarapoto, sumándose a la población indígena que sigue en la protesta. Los kilómetros 34 y 17 también continúan bloqueados desde hace mas de un mes.
Los puertos continúan vigilados por indígenas y campesinos ante la eventualidad de policías y militares lleguen por vía fluvial desde San Martín o Iquitos.
El alcalde de la provincia de Alto Amazonas, Héctor Hidalgo Rojas envió una carta a la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, para que no se use la fuerza policial para desalojar a los indígenas, y evitar así una masacre como la producida en Bagua el último viernes.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 07/06/2009
:: Reciben llamadas en la radio anunciando esta posibilidad
ALERTAN SOBRE POSIBLE ARRESTO DE PERIODISTA DE RADIO LA VOZ
El Ejército, detendría durante las horas del toque de queda en Bagua, a varios dirigentes sociales, entre ellos al periodista de Radio La Voz, Carlos Flores, quien viene siendo amenazado por informar sobre los actos de violencia ocurridos el último fin de semana, y a quien acusan de usar su medio para “azuzar” a la población.
Cabe recordar que en la ciudad de Bagua se suspendieron las garantías constitucionales y se decretó el toque de queda a partir de las tres de la tarde hasta las seis de la mañana de día siguiente.
Ante esta situación, Radio La Voz, emisora afiliada a la CNR, alerta a los organismos de defensas del periodismo para brindarles respaldo a fin de evitar ver vulnerados sus derechos.
Asimismo, el la ciudad se vive una tensa calma debido a que el Ejército ha tomado control absoluto de la ciudad.
En ese sentido y para garantizar la seguridad de los nativos, la iglesia católica en Bagua, a través del párroco Casinalgo Ramos tomo bajo su tutela a más de quinientos nativos , acogiéndolos en el centro pastoral, donde la población colabora con proporcionales alimentos , medicinas y ropa hasta que la Defensoría de Pueblo pueda desplazarlos hasta su lugar de origen.
A raíz de la presencia del viceministro del Interior Wilson Hernández en Bagua Grande, se formaron varias comisiones, con el fin de visitar el lugar donde ocurrieron los enfrentamientos entre la policía y los nativos para comprobar si en la zona aún se encontrarían cadáveres de nativos.
Finalmente el Ejército y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Utcubamba suspendieron las clases en todas las instituciones educativas hasta nuevo aviso.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 07/06/2009
TENSIÓN EN YURIMAGUAS POR POSIBLE INCURSIÓN POLICIAL
Esta mañana, pobladores de la etnia ashuar, tomaron las estaciones del lote petrólero A1B y el lote 8 en la zona de Andoas-Trompeteros, provincia de Alto Amazonas, por lo cual en las próximas horas la Policía Nacional, conjuntamente con el Ejército desalojarían a los nativos.
Esta información fue de alguna manera reafirmada por la Dirección Regional de Salud del Alto Amazonas, toda vez que esta convocó a todo su personal, y decreto en alerta verde a sus distintos puntos de salud, lo cual incluye al hospital de apoyo de Yurimaguas.
Así mismo, anoche se conoció la información que este equipo conjunto de militares y policías, llegaría a Yurimaguas, por el río a través de la zona del Alto Huallaga, y por vía terrestre, por el distrito de Balsapuerto, tierra natal de Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.
Según informaciones de radio Oriente, la población se mantuvo en vigilia, ante la posible intervención de la policía.
Motocarristas y trabajadores de construcción civil se trasladaron al kilómetro cuatro de la carretera Yurimaguas - Tarapoto, sumándose a la población indígena que sigue en la protesta. Los kilómetros 34 y 17 también continúan bloqueados desde hace mas de un mes.
Los puertos continúan vigilados por indígenas y campesinos ante la eventualidad de policías y militares lleguen por vía fluvial desde San Martín o Iquitos.
El alcalde de la provincia de Alto Amazonas, Héctor Hidalgo Rojas envió una carta a la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, para que no se use la fuerza policial para desalojar a los indígenas, y evitar así una masacre como la producida en Bagua el último viernes.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 07/06/2009
:: Reciben llamadas en la radio anunciando esta posibilidad
ALERTAN SOBRE POSIBLE ARRESTO DE PERIODISTA DE RADIO LA VOZ
El Ejército, detendría durante las horas del toque de queda en Bagua, a varios dirigentes sociales, entre ellos al periodista de Radio La Voz, Carlos Flores, quien viene siendo amenazado por informar sobre los actos de violencia ocurridos el último fin de semana, y a quien acusan de usar su medio para “azuzar” a la población.
Cabe recordar que en la ciudad de Bagua se suspendieron las garantías constitucionales y se decretó el toque de queda a partir de las tres de la tarde hasta las seis de la mañana de día siguiente.
Ante esta situación, Radio La Voz, emisora afiliada a la CNR, alerta a los organismos de defensas del periodismo para brindarles respaldo a fin de evitar ver vulnerados sus derechos.
Asimismo, el la ciudad se vive una tensa calma debido a que el Ejército ha tomado control absoluto de la ciudad.
En ese sentido y para garantizar la seguridad de los nativos, la iglesia católica en Bagua, a través del párroco Casinalgo Ramos tomo bajo su tutela a más de quinientos nativos , acogiéndolos en el centro pastoral, donde la población colabora con proporcionales alimentos , medicinas y ropa hasta que la Defensoría de Pueblo pueda desplazarlos hasta su lugar de origen.
A raíz de la presencia del viceministro del Interior Wilson Hernández en Bagua Grande, se formaron varias comisiones, con el fin de visitar el lugar donde ocurrieron los enfrentamientos entre la policía y los nativos para comprobar si en la zona aún se encontrarían cadáveres de nativos.
Finalmente el Ejército y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Utcubamba suspendieron las clases en todas las instituciones educativas hasta nuevo aviso.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 07/06/2009
