¿ALGUIEN SE ACUERDA DÓNDE QUEDA BAGUA?
El reclamo planteado por los deudos de los policías masacrados en Bagua repuso en la agenda nacional a esta tragedia ocurrida hace dos meses, pero cada día que pasa hay más interesados en no recordarla ni en aprender las lecciones de este fracaso.
Los familiares de los policías asesinados en la curva del diablo y en la estación 6 plantearon dos tipos de reclamos. El primero es por incumplimiento de compensaciones económicas por fallecimiento en servicio. Al margen de cada caso específico, la explicación ofrecida ayer sobre este pedido por el jefe de la PNP, el general Miguel Hidalgo, parece razonable.
La respuesta al segundo tipo de reclamos es más compleja, pues estos se dirigen a la determinación de las responsabilidades de las autoridades que, por acción u omisión, enviaron a 26 policías al matadero. Parece claro que, en efecto, hubo una grave irresponsabilidad que produjo descoordinaciones y, finalmente, muertes lamentables de policías, como también lo son las de los indígenas fallecidos en el enfrentamiento.
Pero lo que profundizó la indignación de los policías y de sus familiares fue la condecoración que Mercedes Cabanillas se hizo poner en las postrimerías de su gestión como ministra.
La muerte de un policía en el cumplimiento del deber siempre deber ser motivo de profundo pesar pues, con frecuencia, su presencia constituye la expresión más cercana del Estado para el ciudadano. Un policía muere por cuidarnos a todos.
En otros lugares, esto es un evento de profundo pesar, y en los entierros siempre participan las principales autoridades, como el alcalde en Nueva York, o la familia real en España. En el Perú, en cambio, la muerte de un policía es un hecho cotidiano y a su entierro nunca va el presidente y, a veces, como con los policías muertos en Bagua, ni el ministro del sector. Hoy, muchos en el gobierno quieren voltear la página de la identificación de responsabilidades por la muerte de los policías.
Lo mismo está sucediendo con la interpretación gubernamental del proceso social ocurrido en la Amazonía hace dos meses, lo que se expresa en la insistencia, como lo hizo en Ginebra el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, en la teoría de la conspiración y en culpar únicamente a los indígenas por la tragedia, un absurdo sin pies ni cabeza que es una lavada de manos y que ya se demostró que carece de fundamento.
En este contexto, debe saludarse el gesto de ayer del presidente Alan García de recibir en Palacio de Gobierno al alcalde de Santillana, el distrito recientemente atacado por Sendero Luminoso, un acto de solidaridad que él debería repetir en el futuro con más frecuencia, al igual que sus ministros. Por ejemplo, con los familiares de todas las víctimas de Bagua.
Diario La República-Lima 08/08/2009
:: Esperan encontrar justicia
CONACAMI ABOGA POR ESFUERZOS COMUNES ENTRE FAMILIARES DE POLICÍAS Y NATIVOS MUERTOS EN BAGUA
El presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), Mario Palacios, dejó abierta la necesidad de sumar esfuerzos entre los familiares de los civiles y policias fallecidos en los enfrentamientos en Curva del Diablo, el 5 de junio.
A través de la CNR, Palacios Quispe destacó la necesidad de lograr una verdadera reconciliación en el país y lamentó que tal afán sea boicoteado por las actitudes del presidente Alan García y del ministro de Justicia, Aurelio Pastor.
“El problema de fondo es responsabilidad del gobierno, de los ministros y el presidente de la República, que quiere enfrentar a la policía y sus familiares con los nativos”, señaló el dirigente social.
Palacios, recordó que durante años se ha buscado “enfrentar a peruanos contra peruanos, la conducta del gobierno frente a los conflictos siempre ha sido la misma (...) ocurrió en Moquegua y ahora en Bagua”.
El dirigente de CONACAMI cuestionó la actitud de Pastor en Ginebra, durante la presentación del informe del Estado peruano ante el Comité Especial contra la Discriminación Racial (CEDR) de las Naciones Unidas.
“El Perú necesita una reconciliación verdadera y eso está muy lejos con este tipo de actitudes”.
: “No hay nada que celebrar”
Sobre el día de los Pueblos Indígenas que se recuerda este domingo 09 de agosto, Palacios aseveró que en el país “no hay nada que celebrar, pues no hay preocupación por implementar políticas que adhieran a las comunidades nativas e indígenas del país”.
“El gobierno trata mal a los nativos, persigue a los dirigentes, se criminaliza la protesta y se les presiona judicialmente”, aseguró al tiempo que resaltó que han tenido que pasar 14 años para que el convenio 169 sea admitido por la sociedad peruana.
Palacios recordó que recién hace dos años a raíz de los levantamientos de los pueblos amazónicos, es que el gobierno tomó decisiones y la prensa se preocupó por los pueblos nativos.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 07/08/2009
En afirmaciones a CNR durante su visita a Datem del Marañón
PRESIDENTE DEL PJ GARANTIZA QUE NO HABRÁ PERSECUCIÓN A DIRIGENTES INDÍGENAS
El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Villa Stein, garantizó que no habrá persecución de tipo alguno contra los dirigentes de las comunidades indígenas de la Amazonía.
"El Poder Judicial está evaluando con cuidado y objetividad el comportamiento general de dirigentes y no dirigentes, con toda prudencia (...) así que no estén preocupados. No va a haber persecución de ningún tipo", manifestó desde la localidad de San Lorenzo, capital de la provincia de Datem del Marañón (Loreto).
Villa Stein brindó estas declaraciones luego de ser consultado sobre el pedido que le hiciera Hugo Pérez, presidente del Frente de Defensa de Datem del Marañón, para que cese la persecución judicial contra Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y Marcial Mugarra, titular de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORPI).
"Es un pedido de nuestros pueblos, ellos como dirigentes han asumido (la defensa de sus derechos) pero ahora sufren esto de parte del gobierno", señaló Pérez Tetsa a Radio La Voz de la Selva.
El dirigente resaltó, así mismo, que organismos de reconocida credibilidad como Amnistía Internacional (AI) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se han pronunciado a favor de los indígenas con relación a los sucesos ocurridos en Bagua, el 5 de junio. "Es una muestra que los indígenas también tenemos derechos", remarcó.
Cabe indicar que el presidente del PJ se reunió esta mañana con las autoridades y líderes de base de San Lorenzo, en el auditorio de la municipalidad distrital, en el marco de su política de acercamiento a las comunidades nativas.
Esta mañana, desde Nicaragua, Alberto Pizango aseguró que retornará al Perú si es que el Poder Judicial cambia la orden de detención que pesa en su contra por comparecencia.
"Si la justicia peruana cambia mi orden de detención por comparecencia, yo estoy dispuesto a irme (a Perú) y dar la cara a esto, porque creo que esto es lo que el país necesita", señaló Pizango Chota.
Como se recuerda, el 37º Juzgado Penal de Lima emitió una orden de detención contra el ex presidente de AIDESEP acusado de los delitos contra la tranquilidad pública, apología de sedición y motín en agravio del Estado, derivados de su actuación durante las protestas indígenas en Amazonas.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 07/08/2009
El reclamo planteado por los deudos de los policías masacrados en Bagua repuso en la agenda nacional a esta tragedia ocurrida hace dos meses, pero cada día que pasa hay más interesados en no recordarla ni en aprender las lecciones de este fracaso.
Los familiares de los policías asesinados en la curva del diablo y en la estación 6 plantearon dos tipos de reclamos. El primero es por incumplimiento de compensaciones económicas por fallecimiento en servicio. Al margen de cada caso específico, la explicación ofrecida ayer sobre este pedido por el jefe de la PNP, el general Miguel Hidalgo, parece razonable.
La respuesta al segundo tipo de reclamos es más compleja, pues estos se dirigen a la determinación de las responsabilidades de las autoridades que, por acción u omisión, enviaron a 26 policías al matadero. Parece claro que, en efecto, hubo una grave irresponsabilidad que produjo descoordinaciones y, finalmente, muertes lamentables de policías, como también lo son las de los indígenas fallecidos en el enfrentamiento.
Pero lo que profundizó la indignación de los policías y de sus familiares fue la condecoración que Mercedes Cabanillas se hizo poner en las postrimerías de su gestión como ministra.
La muerte de un policía en el cumplimiento del deber siempre deber ser motivo de profundo pesar pues, con frecuencia, su presencia constituye la expresión más cercana del Estado para el ciudadano. Un policía muere por cuidarnos a todos.
En otros lugares, esto es un evento de profundo pesar, y en los entierros siempre participan las principales autoridades, como el alcalde en Nueva York, o la familia real en España. En el Perú, en cambio, la muerte de un policía es un hecho cotidiano y a su entierro nunca va el presidente y, a veces, como con los policías muertos en Bagua, ni el ministro del sector. Hoy, muchos en el gobierno quieren voltear la página de la identificación de responsabilidades por la muerte de los policías.
Lo mismo está sucediendo con la interpretación gubernamental del proceso social ocurrido en la Amazonía hace dos meses, lo que se expresa en la insistencia, como lo hizo en Ginebra el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, en la teoría de la conspiración y en culpar únicamente a los indígenas por la tragedia, un absurdo sin pies ni cabeza que es una lavada de manos y que ya se demostró que carece de fundamento.
En este contexto, debe saludarse el gesto de ayer del presidente Alan García de recibir en Palacio de Gobierno al alcalde de Santillana, el distrito recientemente atacado por Sendero Luminoso, un acto de solidaridad que él debería repetir en el futuro con más frecuencia, al igual que sus ministros. Por ejemplo, con los familiares de todas las víctimas de Bagua.
Diario La República-Lima 08/08/2009
:: Esperan encontrar justicia
CONACAMI ABOGA POR ESFUERZOS COMUNES ENTRE FAMILIARES DE POLICÍAS Y NATIVOS MUERTOS EN BAGUA
El presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), Mario Palacios, dejó abierta la necesidad de sumar esfuerzos entre los familiares de los civiles y policias fallecidos en los enfrentamientos en Curva del Diablo, el 5 de junio.
A través de la CNR, Palacios Quispe destacó la necesidad de lograr una verdadera reconciliación en el país y lamentó que tal afán sea boicoteado por las actitudes del presidente Alan García y del ministro de Justicia, Aurelio Pastor.
“El problema de fondo es responsabilidad del gobierno, de los ministros y el presidente de la República, que quiere enfrentar a la policía y sus familiares con los nativos”, señaló el dirigente social.
Palacios, recordó que durante años se ha buscado “enfrentar a peruanos contra peruanos, la conducta del gobierno frente a los conflictos siempre ha sido la misma (...) ocurrió en Moquegua y ahora en Bagua”.
El dirigente de CONACAMI cuestionó la actitud de Pastor en Ginebra, durante la presentación del informe del Estado peruano ante el Comité Especial contra la Discriminación Racial (CEDR) de las Naciones Unidas.
“El Perú necesita una reconciliación verdadera y eso está muy lejos con este tipo de actitudes”.
: “No hay nada que celebrar”
Sobre el día de los Pueblos Indígenas que se recuerda este domingo 09 de agosto, Palacios aseveró que en el país “no hay nada que celebrar, pues no hay preocupación por implementar políticas que adhieran a las comunidades nativas e indígenas del país”.
“El gobierno trata mal a los nativos, persigue a los dirigentes, se criminaliza la protesta y se les presiona judicialmente”, aseguró al tiempo que resaltó que han tenido que pasar 14 años para que el convenio 169 sea admitido por la sociedad peruana.
Palacios recordó que recién hace dos años a raíz de los levantamientos de los pueblos amazónicos, es que el gobierno tomó decisiones y la prensa se preocupó por los pueblos nativos.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 07/08/2009
En afirmaciones a CNR durante su visita a Datem del Marañón
PRESIDENTE DEL PJ GARANTIZA QUE NO HABRÁ PERSECUCIÓN A DIRIGENTES INDÍGENAS
El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Villa Stein, garantizó que no habrá persecución de tipo alguno contra los dirigentes de las comunidades indígenas de la Amazonía.
"El Poder Judicial está evaluando con cuidado y objetividad el comportamiento general de dirigentes y no dirigentes, con toda prudencia (...) así que no estén preocupados. No va a haber persecución de ningún tipo", manifestó desde la localidad de San Lorenzo, capital de la provincia de Datem del Marañón (Loreto).
Villa Stein brindó estas declaraciones luego de ser consultado sobre el pedido que le hiciera Hugo Pérez, presidente del Frente de Defensa de Datem del Marañón, para que cese la persecución judicial contra Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y Marcial Mugarra, titular de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORPI).
"Es un pedido de nuestros pueblos, ellos como dirigentes han asumido (la defensa de sus derechos) pero ahora sufren esto de parte del gobierno", señaló Pérez Tetsa a Radio La Voz de la Selva.
El dirigente resaltó, así mismo, que organismos de reconocida credibilidad como Amnistía Internacional (AI) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se han pronunciado a favor de los indígenas con relación a los sucesos ocurridos en Bagua, el 5 de junio. "Es una muestra que los indígenas también tenemos derechos", remarcó.
Cabe indicar que el presidente del PJ se reunió esta mañana con las autoridades y líderes de base de San Lorenzo, en el auditorio de la municipalidad distrital, en el marco de su política de acercamiento a las comunidades nativas.
Esta mañana, desde Nicaragua, Alberto Pizango aseguró que retornará al Perú si es que el Poder Judicial cambia la orden de detención que pesa en su contra por comparecencia.
"Si la justicia peruana cambia mi orden de detención por comparecencia, yo estoy dispuesto a irme (a Perú) y dar la cara a esto, porque creo que esto es lo que el país necesita", señaló Pizango Chota.
Como se recuerda, el 37º Juzgado Penal de Lima emitió una orden de detención contra el ex presidente de AIDESEP acusado de los delitos contra la tranquilidad pública, apología de sedición y motín en agravio del Estado, derivados de su actuación durante las protestas indígenas en Amazonas.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 07/08/2009
