LOS RONDEROS DE EL ROLLO CERRARÁN PASO A MINERÍA
En reunión realizada, el último fin de semana, en el centro poblado “El Rollo”, comprensión del distrito de Choros, provincia de Cutervo, las rondas campesinas acordaron por unanimidad cerrar el paso a la actividad minera por considerarla nociva y atentatoria contra la vida del ser humano.
“En esta asamblea donde participaron centenares de ronderos, por unanimidad acordamos decirle no a la minería, y trabajaremos en defensa de la vida”, afirmó Dante Sánchez Villegas, presidente del Comité Provincial de Rondas Campesinas de la provincia de Cutervo.
Sostuvo que en este distrito, al abigeato, la delincuencia común y otras lacras de la sociedad, se viene sumando ahora la posible actividad minera que estaría trayendo consigo el empobrecimiento de sus hermanos campesinos, el atentado contra la vida del ser humano y la contaminación del medio ambiente.
“La minería trae pan hoy y hambre mañana, por ello siempre hemos sido opositores a esta actividad y venimos siendo perseguidos y denunciados ante el Poder Judicial por delitos que no hemos cometido. Se nos ha denunciado por usurpación de funciones y secuestro, cuando nuestro único delito es defender la vida, y si ese es nuestro delito, gustosos aceptamos nuestra culpa”, expresó.
El dirigente manifiesta que cuando tratan de reclamar y defender sus derechos y de los campesinos, como en este caso en defensa de la vida, pretender callarlos aduciendo que están usurpando funciones, y son denunciados como amenaza para evitar que continúen con sus protestas.
“Pero estamos seguros que organizadamente y trabajando en forma conjunta, la ronda campesina nunca será doblegada”, sentenció.
Diario Panorama Cajamarquino 19/08/2009
DEUDOS DE POLICÍAS MUERTOS EN BAGUA ESTUDIAN DENUNCIAR A ALTOS MANDOS
Los deudos de los policías muertos en los enfrentamientos del 5 de junio en Bagua (Amazonas) evalúan formular una denuncia penal contra los altos mandos que organizaron este operativo, informó el abogado Antonio Salazar.
A través de la CNR, Salazar indicó que los familiares de los 24 agentes caídos están a la espera del informe de Inspectoría de la Policía-que debió publicarse la semana pasada- donde se determinan las responsabilidades por el fallido operativo en la Curva del Diablo.
Así mismo, no descartó la posibilidad de que sus patrocinados se sumen a los familiares de los diez civiles muertos en estos hechos. "Nunca se ha negado esa posibilidad; a los familiares (de los policías) les interesa saber qué pasó, bajo qué órdenes fueron enviados los efectivos", subrayó.
De igual modo, el letrado solicitó al Ministerio del Interior cumplir con la homologación de las resoluciones de baja de los efectivos fallecidos, a fin que sus familiares puedan recibir como pensión el 100% de los sueldos que tuvieron en vida.
Detalló que mientras las víctimas en Curva del Diablo han sido dados de baja por "acción en armas", los muertos en la Estación Nº 6 fueron catalogados como "por acto de servicio".
"Se le pidió al Ministerio del Interior no hacer distingo, pues en ambos casos fueron por acción de armas. El miércoles pasado, el ministro (Octavio Salazar) se comprometió a emitir la resolución homologándolos (...) seguimos con el mismo paseo desde hace dos meses".
Así mismo, pidió al MININTER atender casos como el de Rosa Guzmán García, a quien se le negó la pensión como madre del SO José Alberto García Guzmán (20), por haber estado casada con un militar.
Finalmente, denunció que a los policías sobrevivientes se les sigue tratando como elementos "desechables" y tampoco reciben la adecuada atención de salud ni psicológica para superar eventuales traumas.
Puso como ejemplo el caso del SOT Prudencio Larico Mamani, quien participó en el operativo de Bagua y perdió la vida en el atentado senderista a la comisaría del centro poblado de Secce
Coordinaora Nacional de Radio-Lima 19/08/2009
CIDH ADMITE DENUNCIA CONTRA PERÚ POR CONTAMINACIÓN EN LA OROYA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una denuncia contra el Estado peruano por violaciones a los derechos humanos, a raíz de las supuestas muertes y daños a la salud de la población de La Oroya (Junín) como consecuencia de las omisiones del Ejecutivo ante la contaminación ambiental que ocasiona el complejo metalúrgico.
Organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), y el grupo ecologista Earthjustice presentaron en diciembre de 2006 una denuncia en contra del Estado por la violación de los artículos 4º (vida), 5º (integridad personal), 8º (garantías judiciales), 11º (honra y dignidad), 13º (libertad de pensamiento y expresión), 19º (derechos del niño) y 25º (protección judicial) de la CIDH.
Dichos organismos alegaron que las operaciones del complejo —administrado por el Estado por más de 30 años, hasta 1997, cuando lo adquirió Doe Run— generaron violaciones e incumplieron normas de carácter ambiental. Tras escuchar a las partes, la CIDH admitió la denuncia.
Astrid Puentes, codirectora de la AIDA con sede en México, informó a la CNR que la denuncia implica determinar la responsabilidad internacional del Perú por no proteger de manera afectiva los derechos de los residentes del Valle del Mantaro.
“Estamos buscando acciones efectivas para remediar la contaminación, como un control efectivo de los daños ambientales, atención médica a las personas afectadas y tratamiento y fiscalización del complejo metalúrgico”, aseveró.
“Si esto no funciona dentro de la comisión, ésta podría elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en ese caso tendríamos una sentencia internacional”, acotó Puentes.
Aclaró que si bien hay una responsabilidad que debe también recaer en Doe Run, a nivel internacional no existe una instancia ante la cual uno pueda demandar a una compañía. “Los únicos responsables son los estados y por eso la empresa no es parte de la demanda”, concluyó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 19/08/2009
En reunión realizada, el último fin de semana, en el centro poblado “El Rollo”, comprensión del distrito de Choros, provincia de Cutervo, las rondas campesinas acordaron por unanimidad cerrar el paso a la actividad minera por considerarla nociva y atentatoria contra la vida del ser humano.
“En esta asamblea donde participaron centenares de ronderos, por unanimidad acordamos decirle no a la minería, y trabajaremos en defensa de la vida”, afirmó Dante Sánchez Villegas, presidente del Comité Provincial de Rondas Campesinas de la provincia de Cutervo.
Sostuvo que en este distrito, al abigeato, la delincuencia común y otras lacras de la sociedad, se viene sumando ahora la posible actividad minera que estaría trayendo consigo el empobrecimiento de sus hermanos campesinos, el atentado contra la vida del ser humano y la contaminación del medio ambiente.
“La minería trae pan hoy y hambre mañana, por ello siempre hemos sido opositores a esta actividad y venimos siendo perseguidos y denunciados ante el Poder Judicial por delitos que no hemos cometido. Se nos ha denunciado por usurpación de funciones y secuestro, cuando nuestro único delito es defender la vida, y si ese es nuestro delito, gustosos aceptamos nuestra culpa”, expresó.
El dirigente manifiesta que cuando tratan de reclamar y defender sus derechos y de los campesinos, como en este caso en defensa de la vida, pretender callarlos aduciendo que están usurpando funciones, y son denunciados como amenaza para evitar que continúen con sus protestas.
“Pero estamos seguros que organizadamente y trabajando en forma conjunta, la ronda campesina nunca será doblegada”, sentenció.
Diario Panorama Cajamarquino 19/08/2009
DEUDOS DE POLICÍAS MUERTOS EN BAGUA ESTUDIAN DENUNCIAR A ALTOS MANDOS
Los deudos de los policías muertos en los enfrentamientos del 5 de junio en Bagua (Amazonas) evalúan formular una denuncia penal contra los altos mandos que organizaron este operativo, informó el abogado Antonio Salazar.
A través de la CNR, Salazar indicó que los familiares de los 24 agentes caídos están a la espera del informe de Inspectoría de la Policía-que debió publicarse la semana pasada- donde se determinan las responsabilidades por el fallido operativo en la Curva del Diablo.
Así mismo, no descartó la posibilidad de que sus patrocinados se sumen a los familiares de los diez civiles muertos en estos hechos. "Nunca se ha negado esa posibilidad; a los familiares (de los policías) les interesa saber qué pasó, bajo qué órdenes fueron enviados los efectivos", subrayó.
De igual modo, el letrado solicitó al Ministerio del Interior cumplir con la homologación de las resoluciones de baja de los efectivos fallecidos, a fin que sus familiares puedan recibir como pensión el 100% de los sueldos que tuvieron en vida.
Detalló que mientras las víctimas en Curva del Diablo han sido dados de baja por "acción en armas", los muertos en la Estación Nº 6 fueron catalogados como "por acto de servicio".
"Se le pidió al Ministerio del Interior no hacer distingo, pues en ambos casos fueron por acción de armas. El miércoles pasado, el ministro (Octavio Salazar) se comprometió a emitir la resolución homologándolos (...) seguimos con el mismo paseo desde hace dos meses".
Así mismo, pidió al MININTER atender casos como el de Rosa Guzmán García, a quien se le negó la pensión como madre del SO José Alberto García Guzmán (20), por haber estado casada con un militar.
Finalmente, denunció que a los policías sobrevivientes se les sigue tratando como elementos "desechables" y tampoco reciben la adecuada atención de salud ni psicológica para superar eventuales traumas.
Puso como ejemplo el caso del SOT Prudencio Larico Mamani, quien participó en el operativo de Bagua y perdió la vida en el atentado senderista a la comisaría del centro poblado de Secce
Coordinaora Nacional de Radio-Lima 19/08/2009
CIDH ADMITE DENUNCIA CONTRA PERÚ POR CONTAMINACIÓN EN LA OROYA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una denuncia contra el Estado peruano por violaciones a los derechos humanos, a raíz de las supuestas muertes y daños a la salud de la población de La Oroya (Junín) como consecuencia de las omisiones del Ejecutivo ante la contaminación ambiental que ocasiona el complejo metalúrgico.
Organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), y el grupo ecologista Earthjustice presentaron en diciembre de 2006 una denuncia en contra del Estado por la violación de los artículos 4º (vida), 5º (integridad personal), 8º (garantías judiciales), 11º (honra y dignidad), 13º (libertad de pensamiento y expresión), 19º (derechos del niño) y 25º (protección judicial) de la CIDH.
Dichos organismos alegaron que las operaciones del complejo —administrado por el Estado por más de 30 años, hasta 1997, cuando lo adquirió Doe Run— generaron violaciones e incumplieron normas de carácter ambiental. Tras escuchar a las partes, la CIDH admitió la denuncia.
Astrid Puentes, codirectora de la AIDA con sede en México, informó a la CNR que la denuncia implica determinar la responsabilidad internacional del Perú por no proteger de manera afectiva los derechos de los residentes del Valle del Mantaro.
“Estamos buscando acciones efectivas para remediar la contaminación, como un control efectivo de los daños ambientales, atención médica a las personas afectadas y tratamiento y fiscalización del complejo metalúrgico”, aseveró.
“Si esto no funciona dentro de la comisión, ésta podría elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en ese caso tendríamos una sentencia internacional”, acotó Puentes.
Aclaró que si bien hay una responsabilidad que debe también recaer en Doe Run, a nivel internacional no existe una instancia ante la cual uno pueda demandar a una compañía. “Los únicos responsables son los estados y por eso la empresa no es parte de la demanda”, concluyó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 19/08/2009
