CONASEC: POLICÍAS FUERON EMBOSCADOS POR COMUNEROS PIURANOS
Pese a los testimonios y las pruebas, el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), Eduardo Pérez Rocha, afirmó que los policías que investigaban los hechos ocurridos en el campamento de la minera Río Blanco fueron emboscados por los pobladores del caserío Cajas Canchaque (Piura).
A través de CNR, el ex director de la Policía Nacional indicó que los efectivos del orden no fueron a notificar a quienes eran investigados por el ataque del 1 de noviembre,sino que cumplían con un mandato judicial.
“El caso es que no fueron a notificar sino a cumplir con un mandato judicial, de acuerdo a la disposición que da la autoridad de un poder para darle garantías; los pobladores, al enterarse, emboscaron al personal policial”, aseveró.
Detalló que el representante del Ministerio Público encargado del caso prestaba auxilio a las fuerzas del orden que llegaron al lugar de los hechos; incluso, Pérez Rocha dice que se tiene material fílmico que avalan sus afirmaciones.
“Hace tiempo vemos que se ha perdido el respeto a la autoridad. El artículo 200 del Código Penal dice que cuando un grupo de personas, mediante amenazas, exige que la autoridad ejecute algo para su beneficio personal, la pena mínima es de seis a diez años; y cuando participan dos es de hasta 25 años”, explicó.
Sobre el uso de la fuerza en este lamentable hecho, señaló que “cuando la policía interviene, primero conmina a la gente a dejar la violencia atrás. Posteriormente, si no es acatado, hay medidas disuasivas. Tenemos proyectiles de goma, pero cuando está en peligro la vida e integridad de la policía tienen que defenderse”, finalizó.
Como se recuerda, el miércoles 2 de diciembre, un grupo de policías ingresó al caserío de Cajas Canchaque para detener al comunero Lorenzo Rojas García, presuntamente involucrado en los hechos ocurridos el pasado 1 de noviembre, en el campamento minero "Henry´s Hill" de la minera Río Blanco.
La población, al enterarse de la presencia policial y posible detención del rondero, salió en su defensa y es ahí donde los agentes del orden empiezan a disparar, hiriendo de muerte a Cástulo Correa Huayama (39) y a Vicente Romero Ramírez (52).
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 09/12/2009
GOBIERNO PROTEGE A MINERAS, AUNQUE TENGA QUE MATAR CAMPESINOS
Integrante del VIMA y alcalde de Jaén, Jaime Vílchez, condenan política abusiva del APRA
Tras la tragedia ocurrida en Cajas Canchaque Huancabamba que enluta nuevamente a la población campesina, la vicaria del medio ambiente VIMA y la municipalidad provincial de Jaén PRJ, expresaron su solidaridad con los deudos y a la vez condenan la política “abusiva” que viene implementando el actual Gobierno de Alan García Pérez
Elar Calle Huamán, integrante del equipo de la oficina del Medio Ambiente del Vicariato San Francisco Javier (VIMA), expresó su solidaridad con los comuneros de Cajas Canchaque y responsabilizó de los hechos a la política que implementa el Gobierno de Turno. “Protegen los capitales extranjeros, aunque tengan que matar a sus compatriotas”, aseveró.
Indicó que primero fue la población indígena, ahora nuevamente la violencia recrudece la sierra de Piura y este mismo escenario podría seguir repitiéndose en todo el país. “Ya esta demostrado, que este gobierno aprista trabaja para que a cualquier costo la empresa extractivas transnacionales operen en nuestro país sin ningún tipo de control”, expresó.
Por su parte el alcalde de Jaén, Jaime Vílchez Oblitas, también se sumó a la solidaridad para con las familias que han perdido sus seres queridos y a la vez reclamó a l gobierno atender el pedido del frente por el desarrollo sostenible para que se retome el diálogo y buscar una solución al conflicto. “Mis condolencias a los familiares de los comuneros fallecidos, y lamento el gobierno continúe permitiendo que humildes ciudadanos y comuneros sigan perdiendo la vida, por defender sus derechos, mientras que el gobierno favorece a una empresa minera extranjera que se encuentra ilegalmente, operando en territorio campesino”, finalizó.
Diario La República-Lima 09/12/2009
POLICÍA MASACRO A COMUNEROS DE HUANCABAMBA
Líder del partido tierra y libertad pidió investigación del caso y salida de Minera Río Blanco
El sacerdote y líder del partido Tierra y Libertad, Marco Arana, acusó a la policía “de haber masacrado a los comuneros Cástulo Correa Huayama (39)y Vicente Romero Ramírez (52) durante el incidente registrado en el caserío de Cajas Canchaque, en la provincia de Huancabamba, el pasado 2 de diciembre”
“La PNP masacró a los comuneros de Huancabamba. No hay otro término. Fue una masacre. Ya salieron las pericias balísticas que muestran que los agentes los atacaron por la espalda y desde arriba. Nunca hubo una emboscada como han manifestado. Aquí ha habido una represión y una violación de los derechos humanos”, expresó.
Arana agregó que para el conflicto cese la minera Río Blanco debe de salir de la zona “No podemos decir que los campesinos respeten la ley si la minera no lo hace. La propia defensoría ha dicho que la empresa está ilegal en la zona. Por eso tiene que salir y luego pedir permiso para entrar. Y si se lo dan es otra cosa. Esa empresa ha malogrado sus relaciones con la comunidad”
Diario La República-Lima 09/12/2009
Pese a los testimonios y las pruebas, el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), Eduardo Pérez Rocha, afirmó que los policías que investigaban los hechos ocurridos en el campamento de la minera Río Blanco fueron emboscados por los pobladores del caserío Cajas Canchaque (Piura).
A través de CNR, el ex director de la Policía Nacional indicó que los efectivos del orden no fueron a notificar a quienes eran investigados por el ataque del 1 de noviembre,sino que cumplían con un mandato judicial.
“El caso es que no fueron a notificar sino a cumplir con un mandato judicial, de acuerdo a la disposición que da la autoridad de un poder para darle garantías; los pobladores, al enterarse, emboscaron al personal policial”, aseveró.
Detalló que el representante del Ministerio Público encargado del caso prestaba auxilio a las fuerzas del orden que llegaron al lugar de los hechos; incluso, Pérez Rocha dice que se tiene material fílmico que avalan sus afirmaciones.
“Hace tiempo vemos que se ha perdido el respeto a la autoridad. El artículo 200 del Código Penal dice que cuando un grupo de personas, mediante amenazas, exige que la autoridad ejecute algo para su beneficio personal, la pena mínima es de seis a diez años; y cuando participan dos es de hasta 25 años”, explicó.
Sobre el uso de la fuerza en este lamentable hecho, señaló que “cuando la policía interviene, primero conmina a la gente a dejar la violencia atrás. Posteriormente, si no es acatado, hay medidas disuasivas. Tenemos proyectiles de goma, pero cuando está en peligro la vida e integridad de la policía tienen que defenderse”, finalizó.
Como se recuerda, el miércoles 2 de diciembre, un grupo de policías ingresó al caserío de Cajas Canchaque para detener al comunero Lorenzo Rojas García, presuntamente involucrado en los hechos ocurridos el pasado 1 de noviembre, en el campamento minero "Henry´s Hill" de la minera Río Blanco.
La población, al enterarse de la presencia policial y posible detención del rondero, salió en su defensa y es ahí donde los agentes del orden empiezan a disparar, hiriendo de muerte a Cástulo Correa Huayama (39) y a Vicente Romero Ramírez (52).
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 09/12/2009
GOBIERNO PROTEGE A MINERAS, AUNQUE TENGA QUE MATAR CAMPESINOS
Integrante del VIMA y alcalde de Jaén, Jaime Vílchez, condenan política abusiva del APRA
Tras la tragedia ocurrida en Cajas Canchaque Huancabamba que enluta nuevamente a la población campesina, la vicaria del medio ambiente VIMA y la municipalidad provincial de Jaén PRJ, expresaron su solidaridad con los deudos y a la vez condenan la política “abusiva” que viene implementando el actual Gobierno de Alan García Pérez
Elar Calle Huamán, integrante del equipo de la oficina del Medio Ambiente del Vicariato San Francisco Javier (VIMA), expresó su solidaridad con los comuneros de Cajas Canchaque y responsabilizó de los hechos a la política que implementa el Gobierno de Turno. “Protegen los capitales extranjeros, aunque tengan que matar a sus compatriotas”, aseveró.
Indicó que primero fue la población indígena, ahora nuevamente la violencia recrudece la sierra de Piura y este mismo escenario podría seguir repitiéndose en todo el país. “Ya esta demostrado, que este gobierno aprista trabaja para que a cualquier costo la empresa extractivas transnacionales operen en nuestro país sin ningún tipo de control”, expresó.
Por su parte el alcalde de Jaén, Jaime Vílchez Oblitas, también se sumó a la solidaridad para con las familias que han perdido sus seres queridos y a la vez reclamó a l gobierno atender el pedido del frente por el desarrollo sostenible para que se retome el diálogo y buscar una solución al conflicto. “Mis condolencias a los familiares de los comuneros fallecidos, y lamento el gobierno continúe permitiendo que humildes ciudadanos y comuneros sigan perdiendo la vida, por defender sus derechos, mientras que el gobierno favorece a una empresa minera extranjera que se encuentra ilegalmente, operando en territorio campesino”, finalizó.
Diario La República-Lima 09/12/2009
POLICÍA MASACRO A COMUNEROS DE HUANCABAMBA
Líder del partido tierra y libertad pidió investigación del caso y salida de Minera Río Blanco
El sacerdote y líder del partido Tierra y Libertad, Marco Arana, acusó a la policía “de haber masacrado a los comuneros Cástulo Correa Huayama (39)y Vicente Romero Ramírez (52) durante el incidente registrado en el caserío de Cajas Canchaque, en la provincia de Huancabamba, el pasado 2 de diciembre”
“La PNP masacró a los comuneros de Huancabamba. No hay otro término. Fue una masacre. Ya salieron las pericias balísticas que muestran que los agentes los atacaron por la espalda y desde arriba. Nunca hubo una emboscada como han manifestado. Aquí ha habido una represión y una violación de los derechos humanos”, expresó.
Arana agregó que para el conflicto cese la minera Río Blanco debe de salir de la zona “No podemos decir que los campesinos respeten la ley si la minera no lo hace. La propia defensoría ha dicho que la empresa está ilegal en la zona. Por eso tiene que salir y luego pedir permiso para entrar. Y si se lo dan es otra cosa. Esa empresa ha malogrado sus relaciones con la comunidad”
Diario La República-Lima 09/12/2009
