INVOLUCRAN A RÍO BLANCO EN TORTURAS
Violencia. Campesinos afirman que fueron llevados a sus oficinas. Porfirio Clemente y Servando Quinde lo revelaron a abogado defensor. Otros dos comuneros llegan hoy al Congreso para exigir justicia.
Rocío Maldonadp.
La historia se repite. Los días 10, 11 y 12 de noviembre comuneros de Huancabamba fueron conducidos por la policía hasta una oficina de la empresa Minera Río Blanco Copper S.A. (antes Minera Majaz), ubicada en el distrito de Carmen de la Frontera, donde fueron interrogados y torturados.
La versión la ofrecieron Porfirio Clemente Huamán (51) y Servando Quinde Alberca (33), acusados de presunto homicidio calificado por los hechos violentos ocurridos el primero de noviembre en el campamento Henry Hill’s, de propiedad de Río Blanco.
“Los comuneros (Clemente y Quinde) señalan que han sido llevados a una dependencia de Río Blanco. Ellos me han confirmado que es allí donde se producen los actos de tortura”, precisó David Velasco, defensor de los campesinos.
El letrado lamentó que la empresa nuevamente esté vinculada con actos de violencia, como en 2005, cuando 28 personas denunciaron secuestro y tortura dentro de un campamento de Minera Majaz, causa que actualmente es vista en la Alta Corte de Inglaterra.
El letrado Velasco mencionó también que serían 15 los policías involucrados en las torturas aplicadas a los comuneros. Señaló que el viernes último se efectuó una diligencia de reconocimiento fotográfico, sin embargo, fue suspendida por la inasistencia de la defensa de los policías acusados.
El abogado defensor de los campesinos informó que mañana presentará un recurso contra la detención preliminar expedida a cinco personas acusadas de presuntamente haber participado en el ataque al campamento minero el primero de noviembre.
Ronderos ofrecen conferencia
La legisladora nacionalista y representante de Piura, Marisol Espinoza, informó que hoy al mediodía ofrecerá una conferencia de prensa acompañada por los ronderos Manuel Guerrero y Segundo Ibáñez, quienes llegaron a la capital para demandar justicia por el atropello del que fueron víctimas luego de los violentos suceso en el campamento de Río Blanco.
”Se dice que los comuneros tenían AKM, el mismo argumento que se utilizó contra los nativos de Bagua. Pero ellos no estaban participando de ninguna protesta”, refirió la parlamentaria. Mencionó que los campesinos acudirán hasta cortes internacionales para reclamar justicia. Agregó que ha solicitado un informe de los hechos al Mininter.
Diario La República-Lima 14/12/2009
EL ALTO MANDO POLICIAL ES EL RESPONSABLE DEL ‘BAGUAZO’
El informe sobre los sucesos del 5 de junio dice que la responsabilidad no se limita únicamente a la actuación del general Luis Muguruza.
La versión final del informe de la Comisión Investigadora de los sucesos de Bagua (creada por el Poder Ejecutivo), ocurridos el 5 de junio pasado, ha establecido responsabilidades en el alto mando policial por la deficiente planificación de las operaciones de aquel día, tanto en la Curva del Diablo como en la Estación Nº 6. Es decir, el documento concluirá que el mal manejo policial no se limitó únicamente a la inacción del general PNP Luis Muguruza, sino que apuntará al más alto nivel.
Fuentes vinculadas a la comisión dijeron a Perú.21 que aunque los integrantes de la misma no se ponían de acuerdo en qué tipo de responsabilidad le competía a la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas, sí dijeron que el informe es más específico en cuanto a las responsabilidades que tuvo el gobierno por el “Baguazo’.
Y es que, tras las críticas que recibió el borrador del informe – del que diera cuenta Perú.21 el sábado último– de parte de una de las integrantes de la comisión, por ser impreciso y tener varios “vacíos”, el pleno del citado grupo de trabajo se reunió ayer para darle mayor rigurosidad al texto final.
INDÍGENAS IBAN A DESALOJAR. Lo que sí menciona el informe final es que un día antes de los enfrentamientos en la denominada Curva del Diablo, los apus nativos ya habían llegado a un acuerdo con el general Javier Uribe para levantar el bloqueo de la carretera Fernando Belaunde al día siguiente, a las 9:30 de la mañana, lo cual fue ignorado por la jefatura policial del general Muguruza, tal como lo revelara Perú.21 el 30 de agosto pasado. Si el mando policial hubiera respetado ese plazo, sin duda se hubiera evitado la muerte de 24 policías y de 10 nativos.
Según pudo conocer Perú.21, el documento incluirá detalles de las razones por las que el general Luis Muguruza llegó tarde a la Curva del Diablo, contrariando lo que había sido planificado. La razón sería el cumpleaños de dicho oficial, celebrado en Bagua un día antes de los hechos.
Diario Perú 21-Lima 14/12/2009
SE LEVANTARÁN CADÁVERES SIN PRESENCIA DE FISCAL
PROMULGAN LEY. Norma autoriza a fuerzas armadas y POLICíAS a actuar es zonas de emergencia. Sólo podrán recoger los cuerpos de miembros de las fuerzas del orden, pero no de civiles. Deberán dar cuenta al MP.
Redacción La República.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quedaron autorizadas a levantar los cadáveres de los efectivos de las fuerzas del orden que fallezcan en zonas de emergencia, en caso el representante del Ministerio Público no pueda llegar hasta el punto debido a su lejanía.
Así quedó establecido en una ley promulgada ayer por el presidente Alan García, que incorpora un tercer párrafo en el artículo 239 del Código Procesal Penal de 1991, en el que se señala que el recojo de cadáveres por parte de los miembros de las FFAA y PNP se realizará de manera excepcional cuando existan dificultades que impidan la presencia de la fiscalía.
“Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional proceden al acto de levantamiento de cadáver dejando constancia de dicha diligencia y dando cuenta al representantes del Ministerio Público dentro de las 24 horas más al término de la distancia de ser el caso”, precisa la norma.
Al promulgar el dispositivo en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, García indicó que esta busca proteger la dignidad del militar caído defendiendo el país.
Comentó que con esta norma solo basta con poner en conocimiento del Ministerio Público eventuales decesos para que personal militar o policial proceda a levantar el cadáver, retirarlo del lugar y ponerlo a buen recaudo.
El jefe de Estado aclaró que la ley no es aplicable para casos de civiles. Agregó que se requerirá la respectiva delegación del fiscal para el levantamiento de cadáver de civiles.
“Los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policiales tienen el pleno y debido derecho a poder resguardar el cuerpo de quienes han perdido la vida al servicio de la democracia”, manifestó.
Explicó que los miembros de las FFAA y PNP efectuarán la entrega del cadáver en forma inmediata.
En otro momento, García defendió el indulto que concedió a José Enrique Crousillat. “Tres mil personas han sido beneficiadas una por una tras un estudio. Personas con sida terminal, úlceras cancerosas, a todas esas personas hemos servido. Cuando me traen al caso de un señor de 78 años y que está enfermo, ¿qué rencor puede hacer que no le dé lo que les he dado a otros tres mil?”, dijo.
Requieren más del 30% de votos
El presidente García también promulgó la ley que establece la segunda vuelta en las elecciones regionales, que entrará en vigor en octubre del 2010, y que se llevará a cabo cuando ninguno de los candidatos alcance el 30% de los votos válidos.
“Ahora con la segunda vuelta, los gobiernos regionales tendrán mayor sostenibilidad y solidez en su constitución”, indicó el jefe de Estado.
También refirió que el dispositivo establece que los presidentes y vicepresidentes regionales que desean ir a una reelección tienen que pedir licencia sin goce de haber cuatro meses antes de la elección.
Diario La República-Lima 14/12/2009
DENUNCIAN INMINENTE DEFORESTACIÓN DE TRES MIL HECTÁREAS DE BOSQUES VÍRGENES EN SAN MARTÍN
Más de tres mil hectáreas de bosques primarios corren el riesgo de desaparecer por las actividades del Grupo Romero en el distrito de Barranquita, provincia de Lamas, en la Región San Martín.
Así lo denunció Geovanni Acate, director de Radio Oriente de Yurimaguas (Loreto), quien el último fin de semana sobrevoló la zona en cuestión, ubicada en el eje carretero que une a ambos departamentos.
Se trata de terrenos concedidos por el gobierno -y sin consultar a las comunidades- a las empresas Agropecuaria del Shanusi, Agrícola del Cainarachi y Palma del Espino, pese a tratarse de bosques casi vírgenes, para la siembra de palma aceitera.
Acate Coronel advirtió que el hecho puede acrecentar la posición de los lugareños, que desde el 2005 batallan por mantener otro tipo de modelo de desarrollo que respete el equilibrio ecológico.
“No sólo se está perjudicando el ecosistema de la zona, sino se está fomentando la creación de un conflicto social. Los pobladores de la zona siempre han luchado por otros alternativas de desarrollo, pero el gobierno avala la deforestación permitiendo el ingreso de las empresas”, remarcó.
Recordó que el 2008, en un primer sobrevuelo, se comprobó la destrucción total de ocho mil 800 hectáreas. "No han dejado una sola hierba, es sólo tierra lo que se observa".
En el caso particular de Barranquita, los pobladores lograron el año pasado una medida cautelar para evitar que la compañía Agropecuaria Agrícola del Cainarachi -propiedad del Grupo Romero- ingrese a la zona. Sin embargo, en una instancia superior, el Poder Judicial ha desestimado la primera medida.
"Los comuneros han dicho que no dejarán ingresar a nadie al territorio que les corresponde como distrito. Esto podría generar un enfrentamiento entre campesinos quechuas con los trabajadores y la seguridad del Grupo Romero", subrayó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 14/12/2009
NECROPSIA REVELA QUE COMUNEROS RECIBIERON DISPAROS POR LA ESPALDA
Masacre en Majaz víctimas fueron baleadas por la espalda y de arriba hacia abajo. Peritos del Ministerio Público verifican que el orificio de salida del proyectil es más grande que el de entrada. Fotografías lo confirman.
Elízabeth Prado.
El grupo de fotografías a las que ha accedido La República no solo grafica lo determinado por la necropsia de ley, sino que refuerza la versión que dieron los comuneros de Cajas-Canchaque, respecto a lo que ocurrió el dos de diciembre en esa localidad piurana.
Los campesinos aseguraron que fueron atacados por un contingente de más de treinta policías al momento en que reclamaban por la detención de campesinos, sin que existiera una orden judicial.
Por el contrario, la Policía Nacional, a través del general PNP Walter Rivera Alva, había dicho que cientos de campesinos armados con piedras “y balas” emboscaron ese día a los agentes policiales. Además refirió que dos agentes estaban heridos
Lo cierto es que estas fotografías revelan que los restos de los comuneros Cástulo Correa Huayama (39) y Vicente Romero Ramírez (52) presentan heridas de balas disparadas por la espalda con salida por el tórax.
El peritaje señala que según la trayectoria que tomó el proyectil dentro del cuerpo de las víctimas, los disparos fueron ejecutados de arriba hacia abajo.
En opinión de los peritos, este hecho indica que quien realizó el disparo tenía el dominio completo del espacio y también ventaja respecto a su víctima al momento de percutar su arma.
El material gráfico, asimismo, permite constatar que el tórax de las víctimas, especialmente el de Cástulo Correa Huayama, presenta una herida más grande que en la espalda. Esta especie de boquerón es la típica señal de la salida de un proyectil.
Eulalia Romero Ramírez, hermana del campesino fallecido Vicente Romero Ramírez, refirió desde su lecho en el Hospital Santa Rosa, que esa tarde los comuneros estaban en sus casas cuando llegó el contingente policial para entregar notificaciones por el atentado que sufriera el campamento de Minera Río Blanco.
Al ver que detenían a un comunero, ella protestó y recibió un impacto de bala en la pierna. Así, con estos testimonios la versión policial fue debilitándose de a pocos. La ciudadanía no conoció la identidad de los agentes heridos que denunció el general Rivera Alva.
Lo que mostró la policía, tres días después de los hechos, fue una camioneta con impactos de bala como prueba de haber sido atacados por los campesinos de la comunidad de Cajas-Canchaque.
Este caso es visto en el Juzgado de Huancabamba y aún no hay un pronunciamiento al respecto. En tanto, el juzgado de Chulucanas que sigue el caso del atentado a la Minera Río Blanco debe resolver la apelación del fiscal Martín Rijaba, quien no estuvo de acuerdo con la orden de comparecencia dispuesta para los comuneros.
El 2005 fueron secuestrados y torturados
Los comuneros de Huancabamba, que el 2 de diciembre perdieron a dos de sus miembros, son los mismos que en el año 2005 denunciaron el secuestro y la tortura de 28 personas dentro del campamento de Minera Majaz, por parte de la policía y miembros de seguridad de esta empresa.
La denuncia no tuvo eco en las autoridades piuranas hasta que aparecieron fotografías que mostraban el grave hecho. La causa hoy es vista en la Alta Corte de Inglaterra.
Después que esta Corte ordenó el congelamiento de los activos de Monterrico Metals, matriz de Río Blanco, que garantiza el pago de la indemnización para los torturados, sucede un atentado al campamento de Río Blanco, el 1° de noviembre.
Los primeros sospechosos fueron los comuneros de Huancabamba. El 2 de diciembre los policías fueron a notificarlos y a efectuar detenciones por el hecho.
Diario La República-Lima 13/12/2009
EXPECTATIVA Y CONFIANZA EN PRESENTACIÓN DE INFORME SOBRE “BAGUAZO”.
El vocero de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Salomon Awanash expresó su confianza en las conclus¡ones de la comisión investigadora de los hechos en Bagua, pues “ésta trabajó directamente con los apus”.
El líder indígena indicó que esta comisión desde el inicio de sus actividades escuchó los testimonios de los indígenas que participaron en los lamentables hechos de violencia en la carretera Fernando Belaunde Terry.
“Esta es una comisión independiente que maneja muy internamente sus temas, y lo que sé es que ellos estan avanzando para hacer la entrega el 15 de este mes (...) esperamos los resultados”, precisó.
Al ser consultado por las recientes declaraciones de general Luis Muguruza, quien indicó encontrarse satisfecho con el operativo del 5 de junio, declinó comentar al respecto al señalar que “no conozco el mando de Muguruza”.
Cabe resaltar que Susana Pinilla, integrante de esta comisión, manifestó que el final de las labores de este grupo, a fines de diciembre, no debe significar el fin del diálogo con las comunidades de la amazonía.
Indicó que si bien existe la posibilidad de postergar la presentación del informe final, consideró que deben cumplirse los plazos establecidos y presentar dicho documento el 15 de diciembre.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 13/12/2009Violencia. Campesinos afirman que fueron llevados a sus oficinas. Porfirio Clemente y Servando Quinde lo revelaron a abogado defensor. Otros dos comuneros llegan hoy al Congreso para exigir justicia.
Rocío Maldonadp.
La historia se repite. Los días 10, 11 y 12 de noviembre comuneros de Huancabamba fueron conducidos por la policía hasta una oficina de la empresa Minera Río Blanco Copper S.A. (antes Minera Majaz), ubicada en el distrito de Carmen de la Frontera, donde fueron interrogados y torturados.
La versión la ofrecieron Porfirio Clemente Huamán (51) y Servando Quinde Alberca (33), acusados de presunto homicidio calificado por los hechos violentos ocurridos el primero de noviembre en el campamento Henry Hill’s, de propiedad de Río Blanco.
“Los comuneros (Clemente y Quinde) señalan que han sido llevados a una dependencia de Río Blanco. Ellos me han confirmado que es allí donde se producen los actos de tortura”, precisó David Velasco, defensor de los campesinos.
El letrado lamentó que la empresa nuevamente esté vinculada con actos de violencia, como en 2005, cuando 28 personas denunciaron secuestro y tortura dentro de un campamento de Minera Majaz, causa que actualmente es vista en la Alta Corte de Inglaterra.
El letrado Velasco mencionó también que serían 15 los policías involucrados en las torturas aplicadas a los comuneros. Señaló que el viernes último se efectuó una diligencia de reconocimiento fotográfico, sin embargo, fue suspendida por la inasistencia de la defensa de los policías acusados.
El abogado defensor de los campesinos informó que mañana presentará un recurso contra la detención preliminar expedida a cinco personas acusadas de presuntamente haber participado en el ataque al campamento minero el primero de noviembre.
Ronderos ofrecen conferencia
La legisladora nacionalista y representante de Piura, Marisol Espinoza, informó que hoy al mediodía ofrecerá una conferencia de prensa acompañada por los ronderos Manuel Guerrero y Segundo Ibáñez, quienes llegaron a la capital para demandar justicia por el atropello del que fueron víctimas luego de los violentos suceso en el campamento de Río Blanco.
”Se dice que los comuneros tenían AKM, el mismo argumento que se utilizó contra los nativos de Bagua. Pero ellos no estaban participando de ninguna protesta”, refirió la parlamentaria. Mencionó que los campesinos acudirán hasta cortes internacionales para reclamar justicia. Agregó que ha solicitado un informe de los hechos al Mininter.
Diario La República-Lima 14/12/2009
EL ALTO MANDO POLICIAL ES EL RESPONSABLE DEL ‘BAGUAZO’
El informe sobre los sucesos del 5 de junio dice que la responsabilidad no se limita únicamente a la actuación del general Luis Muguruza.
La versión final del informe de la Comisión Investigadora de los sucesos de Bagua (creada por el Poder Ejecutivo), ocurridos el 5 de junio pasado, ha establecido responsabilidades en el alto mando policial por la deficiente planificación de las operaciones de aquel día, tanto en la Curva del Diablo como en la Estación Nº 6. Es decir, el documento concluirá que el mal manejo policial no se limitó únicamente a la inacción del general PNP Luis Muguruza, sino que apuntará al más alto nivel.
Fuentes vinculadas a la comisión dijeron a Perú.21 que aunque los integrantes de la misma no se ponían de acuerdo en qué tipo de responsabilidad le competía a la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas, sí dijeron que el informe es más específico en cuanto a las responsabilidades que tuvo el gobierno por el “Baguazo’.
Y es que, tras las críticas que recibió el borrador del informe – del que diera cuenta Perú.21 el sábado último– de parte de una de las integrantes de la comisión, por ser impreciso y tener varios “vacíos”, el pleno del citado grupo de trabajo se reunió ayer para darle mayor rigurosidad al texto final.
INDÍGENAS IBAN A DESALOJAR. Lo que sí menciona el informe final es que un día antes de los enfrentamientos en la denominada Curva del Diablo, los apus nativos ya habían llegado a un acuerdo con el general Javier Uribe para levantar el bloqueo de la carretera Fernando Belaunde al día siguiente, a las 9:30 de la mañana, lo cual fue ignorado por la jefatura policial del general Muguruza, tal como lo revelara Perú.21 el 30 de agosto pasado. Si el mando policial hubiera respetado ese plazo, sin duda se hubiera evitado la muerte de 24 policías y de 10 nativos.
Según pudo conocer Perú.21, el documento incluirá detalles de las razones por las que el general Luis Muguruza llegó tarde a la Curva del Diablo, contrariando lo que había sido planificado. La razón sería el cumpleaños de dicho oficial, celebrado en Bagua un día antes de los hechos.
Diario Perú 21-Lima 14/12/2009
SE LEVANTARÁN CADÁVERES SIN PRESENCIA DE FISCAL
PROMULGAN LEY. Norma autoriza a fuerzas armadas y POLICíAS a actuar es zonas de emergencia. Sólo podrán recoger los cuerpos de miembros de las fuerzas del orden, pero no de civiles. Deberán dar cuenta al MP.
Redacción La República.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quedaron autorizadas a levantar los cadáveres de los efectivos de las fuerzas del orden que fallezcan en zonas de emergencia, en caso el representante del Ministerio Público no pueda llegar hasta el punto debido a su lejanía.
Así quedó establecido en una ley promulgada ayer por el presidente Alan García, que incorpora un tercer párrafo en el artículo 239 del Código Procesal Penal de 1991, en el que se señala que el recojo de cadáveres por parte de los miembros de las FFAA y PNP se realizará de manera excepcional cuando existan dificultades que impidan la presencia de la fiscalía.
“Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional proceden al acto de levantamiento de cadáver dejando constancia de dicha diligencia y dando cuenta al representantes del Ministerio Público dentro de las 24 horas más al término de la distancia de ser el caso”, precisa la norma.
Al promulgar el dispositivo en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, García indicó que esta busca proteger la dignidad del militar caído defendiendo el país.
Comentó que con esta norma solo basta con poner en conocimiento del Ministerio Público eventuales decesos para que personal militar o policial proceda a levantar el cadáver, retirarlo del lugar y ponerlo a buen recaudo.
El jefe de Estado aclaró que la ley no es aplicable para casos de civiles. Agregó que se requerirá la respectiva delegación del fiscal para el levantamiento de cadáver de civiles.
“Los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policiales tienen el pleno y debido derecho a poder resguardar el cuerpo de quienes han perdido la vida al servicio de la democracia”, manifestó.
Explicó que los miembros de las FFAA y PNP efectuarán la entrega del cadáver en forma inmediata.
En otro momento, García defendió el indulto que concedió a José Enrique Crousillat. “Tres mil personas han sido beneficiadas una por una tras un estudio. Personas con sida terminal, úlceras cancerosas, a todas esas personas hemos servido. Cuando me traen al caso de un señor de 78 años y que está enfermo, ¿qué rencor puede hacer que no le dé lo que les he dado a otros tres mil?”, dijo.
Requieren más del 30% de votos
El presidente García también promulgó la ley que establece la segunda vuelta en las elecciones regionales, que entrará en vigor en octubre del 2010, y que se llevará a cabo cuando ninguno de los candidatos alcance el 30% de los votos válidos.
“Ahora con la segunda vuelta, los gobiernos regionales tendrán mayor sostenibilidad y solidez en su constitución”, indicó el jefe de Estado.
También refirió que el dispositivo establece que los presidentes y vicepresidentes regionales que desean ir a una reelección tienen que pedir licencia sin goce de haber cuatro meses antes de la elección.
Diario La República-Lima 14/12/2009
DENUNCIAN INMINENTE DEFORESTACIÓN DE TRES MIL HECTÁREAS DE BOSQUES VÍRGENES EN SAN MARTÍN
Más de tres mil hectáreas de bosques primarios corren el riesgo de desaparecer por las actividades del Grupo Romero en el distrito de Barranquita, provincia de Lamas, en la Región San Martín.
Así lo denunció Geovanni Acate, director de Radio Oriente de Yurimaguas (Loreto), quien el último fin de semana sobrevoló la zona en cuestión, ubicada en el eje carretero que une a ambos departamentos.
Se trata de terrenos concedidos por el gobierno -y sin consultar a las comunidades- a las empresas Agropecuaria del Shanusi, Agrícola del Cainarachi y Palma del Espino, pese a tratarse de bosques casi vírgenes, para la siembra de palma aceitera.
Acate Coronel advirtió que el hecho puede acrecentar la posición de los lugareños, que desde el 2005 batallan por mantener otro tipo de modelo de desarrollo que respete el equilibrio ecológico.
“No sólo se está perjudicando el ecosistema de la zona, sino se está fomentando la creación de un conflicto social. Los pobladores de la zona siempre han luchado por otros alternativas de desarrollo, pero el gobierno avala la deforestación permitiendo el ingreso de las empresas”, remarcó.
Recordó que el 2008, en un primer sobrevuelo, se comprobó la destrucción total de ocho mil 800 hectáreas. "No han dejado una sola hierba, es sólo tierra lo que se observa".
En el caso particular de Barranquita, los pobladores lograron el año pasado una medida cautelar para evitar que la compañía Agropecuaria Agrícola del Cainarachi -propiedad del Grupo Romero- ingrese a la zona. Sin embargo, en una instancia superior, el Poder Judicial ha desestimado la primera medida.
"Los comuneros han dicho que no dejarán ingresar a nadie al territorio que les corresponde como distrito. Esto podría generar un enfrentamiento entre campesinos quechuas con los trabajadores y la seguridad del Grupo Romero", subrayó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 14/12/2009
NECROPSIA REVELA QUE COMUNEROS RECIBIERON DISPAROS POR LA ESPALDA
Masacre en Majaz víctimas fueron baleadas por la espalda y de arriba hacia abajo. Peritos del Ministerio Público verifican que el orificio de salida del proyectil es más grande que el de entrada. Fotografías lo confirman.
Elízabeth Prado.
El grupo de fotografías a las que ha accedido La República no solo grafica lo determinado por la necropsia de ley, sino que refuerza la versión que dieron los comuneros de Cajas-Canchaque, respecto a lo que ocurrió el dos de diciembre en esa localidad piurana.
Los campesinos aseguraron que fueron atacados por un contingente de más de treinta policías al momento en que reclamaban por la detención de campesinos, sin que existiera una orden judicial.
Por el contrario, la Policía Nacional, a través del general PNP Walter Rivera Alva, había dicho que cientos de campesinos armados con piedras “y balas” emboscaron ese día a los agentes policiales. Además refirió que dos agentes estaban heridos
Lo cierto es que estas fotografías revelan que los restos de los comuneros Cástulo Correa Huayama (39) y Vicente Romero Ramírez (52) presentan heridas de balas disparadas por la espalda con salida por el tórax.
El peritaje señala que según la trayectoria que tomó el proyectil dentro del cuerpo de las víctimas, los disparos fueron ejecutados de arriba hacia abajo.
En opinión de los peritos, este hecho indica que quien realizó el disparo tenía el dominio completo del espacio y también ventaja respecto a su víctima al momento de percutar su arma.
El material gráfico, asimismo, permite constatar que el tórax de las víctimas, especialmente el de Cástulo Correa Huayama, presenta una herida más grande que en la espalda. Esta especie de boquerón es la típica señal de la salida de un proyectil.
Eulalia Romero Ramírez, hermana del campesino fallecido Vicente Romero Ramírez, refirió desde su lecho en el Hospital Santa Rosa, que esa tarde los comuneros estaban en sus casas cuando llegó el contingente policial para entregar notificaciones por el atentado que sufriera el campamento de Minera Río Blanco.
Al ver que detenían a un comunero, ella protestó y recibió un impacto de bala en la pierna. Así, con estos testimonios la versión policial fue debilitándose de a pocos. La ciudadanía no conoció la identidad de los agentes heridos que denunció el general Rivera Alva.
Lo que mostró la policía, tres días después de los hechos, fue una camioneta con impactos de bala como prueba de haber sido atacados por los campesinos de la comunidad de Cajas-Canchaque.
Este caso es visto en el Juzgado de Huancabamba y aún no hay un pronunciamiento al respecto. En tanto, el juzgado de Chulucanas que sigue el caso del atentado a la Minera Río Blanco debe resolver la apelación del fiscal Martín Rijaba, quien no estuvo de acuerdo con la orden de comparecencia dispuesta para los comuneros.
El 2005 fueron secuestrados y torturados
Los comuneros de Huancabamba, que el 2 de diciembre perdieron a dos de sus miembros, son los mismos que en el año 2005 denunciaron el secuestro y la tortura de 28 personas dentro del campamento de Minera Majaz, por parte de la policía y miembros de seguridad de esta empresa.
La denuncia no tuvo eco en las autoridades piuranas hasta que aparecieron fotografías que mostraban el grave hecho. La causa hoy es vista en la Alta Corte de Inglaterra.
Después que esta Corte ordenó el congelamiento de los activos de Monterrico Metals, matriz de Río Blanco, que garantiza el pago de la indemnización para los torturados, sucede un atentado al campamento de Río Blanco, el 1° de noviembre.
Los primeros sospechosos fueron los comuneros de Huancabamba. El 2 de diciembre los policías fueron a notificarlos y a efectuar detenciones por el hecho.
Diario La República-Lima 13/12/2009
EXPECTATIVA Y CONFIANZA EN PRESENTACIÓN DE INFORME SOBRE “BAGUAZO”.
El vocero de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Salomon Awanash expresó su confianza en las conclus¡ones de la comisión investigadora de los hechos en Bagua, pues “ésta trabajó directamente con los apus”.
El líder indígena indicó que esta comisión desde el inicio de sus actividades escuchó los testimonios de los indígenas que participaron en los lamentables hechos de violencia en la carretera Fernando Belaunde Terry.
“Esta es una comisión independiente que maneja muy internamente sus temas, y lo que sé es que ellos estan avanzando para hacer la entrega el 15 de este mes (...) esperamos los resultados”, precisó.
Al ser consultado por las recientes declaraciones de general Luis Muguruza, quien indicó encontrarse satisfecho con el operativo del 5 de junio, declinó comentar al respecto al señalar que “no conozco el mando de Muguruza”.
Cabe resaltar que Susana Pinilla, integrante de esta comisión, manifestó que el final de las labores de este grupo, a fines de diciembre, no debe significar el fin del diálogo con las comunidades de la amazonía.
Indicó que si bien existe la posibilidad de postergar la presentación del informe final, consideró que deben cumplirse los plazos establecidos y presentar dicho documento el 15 de diciembre.
