DENUNCIAN A 19 DIRIGENTES RONDEROS DE HUANGAMARCA
Representantes de la minera Liriopampa SAC denunciaron por secuestro y coacción a 19 dirigentes ronderos de las zonas de Liriopampa y Secce, en el caserío de Huangamarca, provincia de Hualgayoc.
La denuncia fue formulada por Francisco Carranza Rubio, representante de la compañía antes mencionada, quien en mayo pasado fue detenido junto a otras dos personas cuando realizaban exploraciones en la localidad.
Marco Aguilar Vásquez, asesor de las rondas, informó a Radio Coremarca que los procesados rindieron su manifestación ante la Segunda Fiscalía Provincial. Las investigaciones de la policía determinaron que no hubo responsabilidad de parte de los procesados en los delitos imputados.
Luego, el atestado fue llevado ante la Fiscalía que evaluó los hechos y tampoco encontró responsabilidad en los ronderos por el delito de secuestro agravado. Sin embargo, sí responsabilizó a tres de ellos por coacción.
Aguilar informó que el delegado de Liriopampa SAC ha interpuesto una queja de derecho ante la Fiscalía provincial a cargo de las investigación, pues no está de acuerdo con el archivamiento del caso. Por ello, la decisión compete ahora a la Fiscalía Superior de Chota.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 21/12/2009
ACTUANDO AL MARGEN DE LA LEGALIDAD
Hasta noviembre de 2005 la vida de las familias de las comunidades de Segundo y Cajas y Yanta, en Piura, transcurría dedicada a la agricultura, agroindustria, ganadería y turismo. Ese mes todo cambió para ellos: el Ministerio de Energía y Minas autorizó la exploración de la minera Majaz con el proyecto Río Blanco, sin tomar en cuenta la opinión de los comuneros y sin considerar que en los planes de la región no aparece la minería como centro de desarrollo.
Han pasado más de cuatro años y las comunidades siguen en lucha porque se les respete sus derechos. En el camino cuatro campesinos han sido asesinados, otros secuestrados y torturados en una demostración de que a este gobierno le importa más el gran capital que las demandas y las vidas de los comuneros. En cambio, la Corte del Reino Unido dio un ejemplo al régimen del presidente García y pidió, en respuesta a la denuncia de torturas, que se le congele las cuentas por ocho millones de dólares a la empresa Monterrico Metals (entonces dueña de Majaz).
Esta semana (La República, 13/12/09) se conocieron nuevos hechos sobre las muertes de los campesinos, Vicente Ramírez y Cástulo Correa Huayama, ocurridas el 2 de diciembre pasado. Los protocolos de necropsia señalan que los campesinos murieron a consecuencia de disparos que recibieron por la espalda. La investigación no ha concluido, pero es evidente que los efectivos policiales que esa fecha llegaron hasta la comunidad de Cajas para detener a varios comuneros, acusados de atentar contra el campamento de la minera y causar la muerte de dos vigilantes y un policía, tienen mucho que explicar. Fotografías exhibidas por este diario (La República, 17/12/09) confirman que los policías llegaron armados. El ministro del Interior ha dicho que se investigarán las denuncias, pero el jefe regional de la Policía en Piura ha dado por zanjado el asunto y restó validez al informe forense.
Los campesinos han negado toda participación en el atentado a la minera. Creen más bien que la empresa, hoy en manos del consorcio chino Xiamen Zijin Mining, lo organizó para inculparlos y seguir adelante en un proyecto que tiene el rechazo de las comunidades.
Los comuneros se enfrentan al poder de la minera que tiene el aval del gobierno, de la Policía y de algunos jueces que se han prestado al juego de la compañía china. Ello explica la persecución a los líderes campesinos y la denuncia a más de 130 personas, en su mayoría comuneros. Los acusan de los más diversos delitos: contra la seguridad pública, asociación para delinquir, arrebato de armamento, homicidio culposo, conspiración, terrorismo, etc.
El proceso judicial abierto no toma en cuenta que los comuneros sólo quieren vivir en paz. Con sus bosques y con sus actividades agrícolas que históricamente son las que han impulsado el desarrollo de la región. No quieren la minería porque destruye sus fuentes de agua y afecta la biodiversidad. La legislación los ampara, pero eso no parece importar a las autoridades de esta administración.
PD: El ministro de Economía, Luis Carranza, no tiene otro camino que acatar el mandato del Tribunal Constitucional que ordena al gobierno cumplir con la ley y proceder a la homologación salarial de los docentes universitarios. Es inconcebible que los profesores lleven tres meses en huelga para lograr que el gobierno cumpla con la legislación. Y, sin embargo, cada día escuchamos al Dr. García dar lecciones de democracia y de respeto a las leyes.
Diario La República-Lima 20/12/2009
HOY SE PRESENTA INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA DEL "BAGUAZO"
En un clima de incertidumbre por los resultados, será presentado hoy el informe final de la comisión investigadora de los hechos producidos en Bagua el 5 de junio.
Según la integrante del grupo de trabajo, la ex ministra Susana Pinilla, los resultados se basan en "un trabajo muy profesional con un análisis profundo dentro del corto plazo que se nos dio".
En declaraciones a la Agencia Andina, Pinilla aseguró que el documento a presentarse será objetivo sobre los hechos acontecidos el 5 de junio en la Curva del Diablo, donde falleció una treintena de personas, producto del violento desalojo perpetrado por la policía.
Cabe señalar, que hace unos días se conoció el borrador del documento, que reflejaba, según diversas fuentes, inexactitudes sobre los hechos, además de señalar como responsables de los actos de violencia, a los pobladores amazónicas y sin encontrar responsables políticos.
Hace unos días, a través de CNR, el coordinador de la mesa de diálogo entre el gobierno y las comunidades indígenas, Carlos Navas, denunció que hubo mala intención en el informe elaborado por la comisión del gobierno encarga de esclarecer los hechos de Bagua.
"Gracias a Dios que este informe se ha hecho público. Tenía una mala intención: culpar a los indígenas, a ONGS y a la Iglesia. Menos mal apareció porque no tiene que ser secreto, pues es de interés de todo el país", declaró a través de CNR.
El también alcalde del centro poblado de Imazita (Amazonas) descartó que la responsabilidad de los contenidos del documento sean del representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Jesús Manacés.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/12/2009
Representantes de la minera Liriopampa SAC denunciaron por secuestro y coacción a 19 dirigentes ronderos de las zonas de Liriopampa y Secce, en el caserío de Huangamarca, provincia de Hualgayoc.
La denuncia fue formulada por Francisco Carranza Rubio, representante de la compañía antes mencionada, quien en mayo pasado fue detenido junto a otras dos personas cuando realizaban exploraciones en la localidad.
Marco Aguilar Vásquez, asesor de las rondas, informó a Radio Coremarca que los procesados rindieron su manifestación ante la Segunda Fiscalía Provincial. Las investigaciones de la policía determinaron que no hubo responsabilidad de parte de los procesados en los delitos imputados.
Luego, el atestado fue llevado ante la Fiscalía que evaluó los hechos y tampoco encontró responsabilidad en los ronderos por el delito de secuestro agravado. Sin embargo, sí responsabilizó a tres de ellos por coacción.
Aguilar informó que el delegado de Liriopampa SAC ha interpuesto una queja de derecho ante la Fiscalía provincial a cargo de las investigación, pues no está de acuerdo con el archivamiento del caso. Por ello, la decisión compete ahora a la Fiscalía Superior de Chota.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 21/12/2009
ACTUANDO AL MARGEN DE LA LEGALIDAD
Hasta noviembre de 2005 la vida de las familias de las comunidades de Segundo y Cajas y Yanta, en Piura, transcurría dedicada a la agricultura, agroindustria, ganadería y turismo. Ese mes todo cambió para ellos: el Ministerio de Energía y Minas autorizó la exploración de la minera Majaz con el proyecto Río Blanco, sin tomar en cuenta la opinión de los comuneros y sin considerar que en los planes de la región no aparece la minería como centro de desarrollo.
Han pasado más de cuatro años y las comunidades siguen en lucha porque se les respete sus derechos. En el camino cuatro campesinos han sido asesinados, otros secuestrados y torturados en una demostración de que a este gobierno le importa más el gran capital que las demandas y las vidas de los comuneros. En cambio, la Corte del Reino Unido dio un ejemplo al régimen del presidente García y pidió, en respuesta a la denuncia de torturas, que se le congele las cuentas por ocho millones de dólares a la empresa Monterrico Metals (entonces dueña de Majaz).
Esta semana (La República, 13/12/09) se conocieron nuevos hechos sobre las muertes de los campesinos, Vicente Ramírez y Cástulo Correa Huayama, ocurridas el 2 de diciembre pasado. Los protocolos de necropsia señalan que los campesinos murieron a consecuencia de disparos que recibieron por la espalda. La investigación no ha concluido, pero es evidente que los efectivos policiales que esa fecha llegaron hasta la comunidad de Cajas para detener a varios comuneros, acusados de atentar contra el campamento de la minera y causar la muerte de dos vigilantes y un policía, tienen mucho que explicar. Fotografías exhibidas por este diario (La República, 17/12/09) confirman que los policías llegaron armados. El ministro del Interior ha dicho que se investigarán las denuncias, pero el jefe regional de la Policía en Piura ha dado por zanjado el asunto y restó validez al informe forense.
Los campesinos han negado toda participación en el atentado a la minera. Creen más bien que la empresa, hoy en manos del consorcio chino Xiamen Zijin Mining, lo organizó para inculparlos y seguir adelante en un proyecto que tiene el rechazo de las comunidades.
Los comuneros se enfrentan al poder de la minera que tiene el aval del gobierno, de la Policía y de algunos jueces que se han prestado al juego de la compañía china. Ello explica la persecución a los líderes campesinos y la denuncia a más de 130 personas, en su mayoría comuneros. Los acusan de los más diversos delitos: contra la seguridad pública, asociación para delinquir, arrebato de armamento, homicidio culposo, conspiración, terrorismo, etc.
El proceso judicial abierto no toma en cuenta que los comuneros sólo quieren vivir en paz. Con sus bosques y con sus actividades agrícolas que históricamente son las que han impulsado el desarrollo de la región. No quieren la minería porque destruye sus fuentes de agua y afecta la biodiversidad. La legislación los ampara, pero eso no parece importar a las autoridades de esta administración.
PD: El ministro de Economía, Luis Carranza, no tiene otro camino que acatar el mandato del Tribunal Constitucional que ordena al gobierno cumplir con la ley y proceder a la homologación salarial de los docentes universitarios. Es inconcebible que los profesores lleven tres meses en huelga para lograr que el gobierno cumpla con la legislación. Y, sin embargo, cada día escuchamos al Dr. García dar lecciones de democracia y de respeto a las leyes.
Diario La República-Lima 20/12/2009
HOY SE PRESENTA INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA DEL "BAGUAZO"
En un clima de incertidumbre por los resultados, será presentado hoy el informe final de la comisión investigadora de los hechos producidos en Bagua el 5 de junio.
Según la integrante del grupo de trabajo, la ex ministra Susana Pinilla, los resultados se basan en "un trabajo muy profesional con un análisis profundo dentro del corto plazo que se nos dio".
En declaraciones a la Agencia Andina, Pinilla aseguró que el documento a presentarse será objetivo sobre los hechos acontecidos el 5 de junio en la Curva del Diablo, donde falleció una treintena de personas, producto del violento desalojo perpetrado por la policía.
Cabe señalar, que hace unos días se conoció el borrador del documento, que reflejaba, según diversas fuentes, inexactitudes sobre los hechos, además de señalar como responsables de los actos de violencia, a los pobladores amazónicas y sin encontrar responsables políticos.
Hace unos días, a través de CNR, el coordinador de la mesa de diálogo entre el gobierno y las comunidades indígenas, Carlos Navas, denunció que hubo mala intención en el informe elaborado por la comisión del gobierno encarga de esclarecer los hechos de Bagua.
"Gracias a Dios que este informe se ha hecho público. Tenía una mala intención: culpar a los indígenas, a ONGS y a la Iglesia. Menos mal apareció porque no tiene que ser secreto, pues es de interés de todo el país", declaró a través de CNR.
El también alcalde del centro poblado de Imazita (Amazonas) descartó que la responsabilidad de los contenidos del documento sean del representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Jesús Manacés.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/12/2009
