3 de diciembre de 2009

DISCUTEN APLICACIÓN DE LA LEY RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS CAJAMARQUINAS


Con la promulgación de la Ley de Recursos Hídricos (Ley No. 29338), se fortalece la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y mejora la eficiencia en el uso de este recurso.

Por ello, ayer en horas de la mañana, en la sede de la Dirección Regional de Agricultura, se desarrolló un taller para el análisis y perspectivas de la referida ley y sus dispositivos legales vigentes.

Es necesario preparar a la agricultura para el gran desafío de seguir produciendo y abasteciendo no sólo al mercado interno, sino al exterior; a fin de lograr que el tema del agua forme parte de la agenda de competitividad, debido a que los comités de regantes usan el 80% del agua, pero nunca antes habían hecho el manejo de la cuenca en la parte alta para darle sostenibilidad al recursos, pero será posible manejar el recursos pensando en las futuras generaciones.

La Ley 29338, busca modernizar y hacer más eficiente el uso del agua tanto en los sectores productivos, como en el doméstico. En esta ley se crea el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, cuyo objetivo será articular el accionar del Estado para conducir los procesos de gestión integrada y de conservación de los recursos hídricos en los ámbitos de las cuencas, los ecosistemas y los bienes asociados.

Asimismo, se precisa que la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y la máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, teniendo responsabilidad en el funcionamiento del mismo. Una de las funciones inherentes a dicha autoridad será elaborar el método y determinar el valor de las retribuciones económicas por el derecho de uso de agua, así como por los vertimientos residuales en fuentes naturales.

La norma además establece dos modalidades de pago por el uso del agua, la retribución económica que hace el usuario al Estado y la tarifa que se paga por el uso de la infraestructura a las juntas de riego. Pero la nueva ley establece también sanciones para los que hacen un mal uso del agua, que van desde quitar la licencia de uso hasta procesos penales.

El texto de la ley precisa en su artículo segundo que el agua constituye el patrimonio de la Nación. En tanto que el artículo 24 de la norma establece que los Consejos de Cuenca son espacios multisectoriales y privados, que tienen el objeto de participar en la planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos.

Esta Ley surge ante el evidente mal uso los recursos hídricos, no sólo en la minería o en la agricultura, sino con el agua potable entubada perdiéndose muchos metros cúbicos por la situación de las cañerías de conducción y por el mal uso que le damos al líquido elemento en viviendas.

Diario Panorama Cajamarquino 03/12/2009





PCM PREPARA EQUIPOS MULTISECTORIALES PARA AFRONTAR CONFLICTOS SOCIALES


Inicia la formación de equipos multisectoriales para afrontar conflictos sociales en la región. Capacitación dirigida a funcionarios de los gobiernos regionales, municipales, organizaciones de base y, organizaciones no gubernamentales.

Esta preparación es parte del programa de apoyo para una cultura de paz y el fortalecimiento de capacidades nacionales para la prevención y el manejo constructivo de conflictos, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), informó Wálter Chávez Briones.

Se han desarrollado con los participantes los tópicos del programa de prevención, resolución constructiva de conflictos y gestión de crisis sociales, detalló Chávez.

Se aborda el tema de la Cultura de paz, el Estado, el Gobierno y la Democracia. Así como los problemas sociales y prevención de potenciales conflictos públicos, acotó.

Esta preparación tiene el objetivo de fortalecer las capacidades y habilidades necesarias para que, desde sus espacios de acción, contribuyan al manejo adecuado de los problemas sociales; la Presidencia del Consejo de Ministros viene desarrollando el programa deformación en prevención, resolución constructiva de conflictos y gestión de crisis sociales.

El programa de apoyo a una Cultura de Paz y fortalecimiento de capacidades de la PCM viene ejecutando este trascendental evento dirigido a las autoridades y funcionarios regionales y locales de las oficinas que atienden conflictos, líderes de la sociedad civil involucrados en problemas sociales.

Este programa ha sido creado con la finalidad de promover la paz social y la estabilidad, por medio del fortalecimiento de capacidades para la prevención y el manejo de conflictos sociales, de las entidades del gobierno y la sociedad a nivel nacional, regional y local.

El Proyecto incluye los componentes de fortalecimiento de las capacidades institucionales del gobierno, a nivel nacional, regional y local, para asumir el liderazgo en la prevención y manejo de conflictos sociales sobre la base de diálogo y promoviendo la participación de los actores de la sociedad civil.

Promoción y fortalecimiento del diálogo intercultural entre las comunidades, indígenas y el gobierno en todos los niveles, con respecto a la prevención y manejo de temas de conflicto social.

Coordinación entre las instituciones y actores relacionados con la lucha contra, el tráfico de drogas, a través de procesos de diálogo y de concertación para la implementación de políticas d gobierno en las zonas de las crisis emergentes.

Promoción de una cultura de paz de diálogo entre los actores gubernamentales y no gubernamentales. Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales y locales y de la sociedad civil, para la prevención y el manejo de conflictos sociales, dentro del proceso de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el desastre.

Los conflictos sociales en un sistema democrático no son buenos ni malos, el problema se genera cuando no son tratados adecuadamente por falta de experiencia y voluntad en su manejo o resolución.

El número de conflictos sociales en el Perú suma 238 (en el 2008 eran 93), pero sólo la Presidencia del Consejo de Ministros tiene una unidad de manejo de conflictos.

Para el jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, el Estado debe invertir en potenciar y capacitar a más funcionarios en el manejo y resolución de los conflictos sociales. Esta inversión es a todas luces rentable si se tienen en cuenta las pérdidas que ocasionan estos para el Estado y el sector privado.

En el Perú la capacitación en este tipo de materia aún es incipiente y solo algunas universidades dictan cursos o talleres al respecto.

LA DESCONFIANZA

En cuanto al exponencial aumento de los conflictos socioambientales, especialmente en el rubro de minería, es la gran desconfianza que sienten las comunidades ante las empresas y el Estado. Se pensaba que con la creación del Ministerio del Ambiente, esa situación se revertiría, pero hasta el momento esa cartera no ha podido llenar las expectativas.

La desconfianza que suelen sentir los pobladores nace del temor a la contaminación y, principalmente, del incumplimiento de los acuerdos pactados anteriormente entre los pueblos y las empresas o el Estado.

Los conflictos socioambientales – Cusco, Áncash, Ayacucho, Cajamarca y Lima son las regiones con mayor número de conflictos socioambientales. El 62% de los casos se concentra en ocho regiones: Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Ancash, Junín, Loreto, Pasco y Lima.

De los 116 conflictos socioambientales, 33 se encuentran en la fase de diálogo, es decir un número mayor al que había en febrero. Entre los conflictos socioambientales, los más numerosos (82) tienen que ver con la actividad minera.

Diario Panorama Cajamarquino 03/12/2009





TRABAJADORES DE ANTAMINA RESPIRAN MINERALES PESADOS


Médico Antonio Makano tiene casos en sus manos y señala que minera intenta desvirtuar estado de salud de empleados

Minería riesgosa. Personal que presta servicio e la minera Antamina presenta en su organismo intoxicación por metales pesados como arsenio, plomo, cobre, mercurio, litio entre otros. Un mineralograma, examen practicado al cabello de los trabajadores, ha determinado el diagnóstico

Antonio Nakano Osores, consultor médico de Defensoría Legal de Salud y del acto médico (Delesame), tiene el caso de los afectados en sus manos. En total hay siete comprobados, pero no se descarta que exista un mayor número de trabajadores, que sin saber llevan los pesados minerales en su organismo

Nakano Osores refiere que la presencia de los minerales antes mencionados en el organismo de las personas puede desencadenar enfermedades cancerígenas, trastornos digestivos, sinusitis crónica, entre otras enfermedades

Uno de los siete trabajadores afectados y cuya salud corre riesgo es Saúl Juárez Flores. El mineralograma ha determinado que tiene en su organismo arsénico y otros minerales en una cantidad superior a la que pueda resistir el cuerpo. Se presume que en Antamina respiró las sustancias que terminaron en su organismo

De acuerdo a Nakano Osores, los minerales han causado Juárez Flores, quien manipula maquinaria pesada en el proceso de producción minera, fuera diagnosticado con sinusitis crónica, tumoración pulmunar y digestiva, así como perdida auditiva. “Si la minera no cuida a sus trabajadores, mucho menos lo hará con los pobladores de la zona y el agua que utiliza”, puntualizó

Diario La República-Lima 03/12/2009





ACUSAN A POLICÍA POR MUERTE DE COMUNEROS EN HUANCABAMBA


Dos muertos y seis heridos de bala dejó la represión policial en el caserío Cajas Canchaque, del distrito de El Carmen de la Frontera, en la provincia de Huancabamba.

Según dijo a Radio Cutivalú, Elmer Tocto Cunaique, familiar de los dos fallecidos, los hechos se produjeron al promediar las 16:40 horas del miércoles, cuando un contingente policial llegó a la zona para detener al rondero Lorenzo Rojas García, presuntamente involucrado en los hechos ocurridos el pasado 1 de noviembre, en el campamento minero "Henry´s Hill" de la minera Río Blanco.

Tocto Cunaique narró que la población, al enterarse de la presencia policial y posible detención del rondero, salió en su defensa y es ahí donde los agentes del orden empiezan a disparar, hiriendo de muerte a Cástulo Correa Huayama (39) y a Vicente Romero Ramírez (52).

El hecho dejó también como saldo seis heridos: Joaquín Ramírez Toga (34), Eulalia Romero Ramírez, José Ramírez Guevara, Polemón Tocto Peña y Rogelio Rojas. Este último tiene 18 años y presentaría una herida de bala en la cabeza.

Por su parte, la representante de Relaciones Institucionales de las Rondas Campesinas de Huancabamba, Ayde García Ruiz, manifestó que, tras los hechos, acudió a la fiscalía para solicitar el levantamiento de los cadáveres; empero, sólo recibió la negativa de esta entidad, aduciendo que no tenía ningún reporte de la Policía Nacional.

Los ronderos solicitaron la presencia de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público y del Ministerio de Salud (MINSA).

En tanto, el jefe de la Primera División Territorial de la Policía Nacional, general PNP Walter Rivera Alva, señaló que la violencia se desató cuando sus agentes precedían a la detención de tres personas acusadas del delito de homicidio calificado, y delito contra el patrimonio y daños en agravio de la empresa Río Blanco.

Rivera Alva relató que cuando se procedía a la captura de la tercera persona, los efectivos policiales fueron emboscados por ronderos de la zona. En respuesta a ello, y en legítima defensa, hicieron uso de sus armas de fuego, causando la muerte de dos personas. Así mismo, precisó que dos efectivos policiales también resultaron heridos.

Los dos detenidos son Porfirio Clemente Huamán (51) y Servando Quinde Alberca (33); sobre ellos pesa una orden de captura, la cual se hizo efectiva ayer. Ambos han sido trasladados a la ciudad de Chulucanas.

Ante esta situación, la congresista Marisol Espinoza calificó los hechos como "indignantes". Sostuvo además que las muertes registradas se pudieron evitar, pues desde hace dos semanas hicieron un llamado al presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, al Ministerio del Interior y a todas las instituciones involucradas para que se instale una mesa de diálogo.

Espinoza Cruz se comprometió a notificar inmediatamente del caso al Ministerio del Interior para que el titular de dicho sector precise las circunstancias y el por qué la Policía disparó contra la población.

En tanto, la parlamentaria Rosa María Venegas consideró que estos hechos intentan cubrir la incapacidad de la Policía de realizar una investigación seria. Coincidió con los ronderos en reclamar la presencia de la Defensoría del Pueblo donde realmente se le requiere.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 03/12/2009





EN SUCESOS DE BAGUA HUBO USO EXCESIVO DE LA FUERZA


Informe. Según Amnistía Internacional. Defensores de DDHH dicen que los policías iniciaron el operativo cuando manifestantes dormían o desayunaban.

Los efectivos policiales que participaron en el violento desalojo de Bagua ejercieron el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza para despejar la “Curva del Diablo”, sostuvo Amnistía Internacional (AI) en su último informe, seis meses después de los sucesos.

“Los informes y las declaraciones de testigos, además de fotografías y grabaciones en video obtenidas por Amnistía Internacional, corroboran la afirmación de que durante la operación policial llevada a cabo en la carretera Fernando Belaunde Terry entre la Curva del Diablo y una intersección conocida como El Reposo se hizo un uso indiscriminado y desproporcionado de armas de fuego contra civiles inermes y se sometió a malos tratos a los manifestantes”, afirma el documento.

Agrega que lo mismo habría ocurrido en Bagua y Bagua Grande, adonde fueron trasladados los heridos y se congregaron algunos pobladores para respaldar la protesta de indígenas amazónicos.

Presentó el caso del periodista y dirigente indígena de la comunidad nativa de Wawas Felipe Sabio, quien habría sido abatido a tiros cuando salía del Hospital de Bagua, donde realizaba un reporte sobre los heridos y muertos.

AI señaló que los agentes apostados en “La Curva del Diablo” no formularon una advertencia clara antes de iniciar el operativo, tal como ordenan los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego.

Los testimonios señalan que las acciones empezaron a las 6 de la mañana, cuando muchos de los manifestantes estaban durmiendo y otros preparaban el desayuno.

Diario La República-Lima 03/12/2009





PADRE ARANA DENUNCIÓ ESPIONAJE EN SU CONTRA


Durante la visualización y escucha de los bienes incautados a los marinos Jesús Manuel Ojeda y Elías Ponce Feijoo se encontraron archivos comprimidos correspondientes a escuchas a líneas telefónicas de nuevos personajes en el caso BTR. Así aparece como nueva víctima del “chuponeo” la ex secretaria de la Embajada de Venezuela Virly Torres. Fueron espiadas ella y su familia entre enero del 2006 y marzo del 2007. Torres, como se recuerda, estaba muy ligada con los grupos peruanos pro chavistas.

Otro personaje que estaba bajo la ilegal lupa de BTR era el padre Marco Arana. De acuerdo al expediente judicial, entre el material hallado en la revisión de los bienes de Ojeda y Ponce figuran varios archivos comprimidos que corresponden a escucha de la línea telefónica de la ONG Grufides que actuaba en Cajamarca y que estaba ligada al padre Arana. El “chuponeo” fue efectuado entre octubre del 2006 y febrero del 2007.

Al respecto, el padre Marco Arana sostuvo que BTR, que trabajaba para Yanacocha y Forza, hacía espionaje en su contra. “Varias veces se me interrumpía el teléfono”, dijo a El Comercio, tras señalar que presentaron una denuncia a la Fiscalía de Prevención del delito de Cajamarca en el 2006 por espionaje, intimidación y presuntas interceptaciones, pero esta fue archivada en Cajamarca. Esto debido a las relaciones del Ministerio Público y la empresa minera, dijo.

Ante ello dijo que han presentado una denuncia por la operación de espionaje ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo de este año y una ampliación en noviembre pasado debido a que el Estado no los está protegiendo.

En el material de Ponce Feijoo también se encontraron archivos que corresponden a escuchas realizadas en setiembre del 2005 a la línea telefónica de Genaro Delgado Parker.

Igualmente los peritos informáticos y la jueza Martínez encontraron en los bienes de Ponce archivos con grabaciones hechas al ex presidente del Gobierno Regional del Callao, Rogelio Canches, y a Isabel Paiva, conspicua miembro del humalismo.

Por estos nuevos agraviados, la jueza decidió ampliar la acusación contra los “chuponeadores” de BTR.

Diario El Comercio-Lima 02/12/2009





DOS MUERTOS DEJA ENFRENTAMIENTO ENTRE POLICÍAS Y COMUNEROS DE HUANCAMBAMBA


Dos muertos y varios heridos, algunos de bala, es el saldo de un enfrentamiento entre comuneros del caserío de Cajas-Canchaque, en la provincia piurana de Huancabamba, con efectivos de la Policía Nacional.

Los hechos se registraron hacia las 16:00 horas, cuando agentes de la Policía Nacional efectuaban detenciones en cumplimiento de una orden judicial, según informó el general Walter Rivera, jefe de la Primera División Territorial de la PNP.

Los arrestos causaron el descontento de los comuneros y dieron paso a la violencia. Como resultado del incidente, perdieron la vida los comuneros Castulo Correa Huayama (39) y Vicente Romero Ramírez (52). Además, quedaron ocho heridos, entre ellos: Joaquín Ramírez Toga (34), Eulalia Romero Ramírez, José Ramírez Guevara, Polemón Tocto Peña y Rogelio Rojas. Este último tiene 18 años y presentaría una herida de bala en la cabeza.

Informada de los hechos, la congresista Marisol Espinoza se comprometió a notificar inmediatamente del caso al Ministerio del Interior para que el titular de dicho sector precise las circunstancias y porqué la Policía habría disparado contra la población.

Voceros de la Primera Región Policial de Piura dijeron no tener información sobre este incidente. Sin embargo, decenas de pobladores de Cajas-Canchaque se comunicaron con Radio Cutivalú para denunciar el hecho.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 02/12/2009





DOS MUERTOS, OCHO HERIDOS Y DOS DETENIDOS TRAS REPRESIÓN EN HUANCABAMBA


Pobladores del Caserío Cajas Canchaque, en la provincia de Huancabamba, denunciaron hoy, haber sido víctimas de una brutal represión por parte de miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) que investigan los lamentables hechos ocurridos el 1 de noviembre en el campamento de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. Según detallan los propios comuneros hay dos muertos, ocho heridos y dos detenidos producto de esta represión.

Hasta el momento, se conoce que los fallecidos son el ex teniente gobernador de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, Castro Correa Huayama y Vicente Ramírez Martínez, padre de familia de 50 años.

Entre los heridos estarían Simon Tocto, Joaquin Ramirez, Eulalia Romero, José Ramirez, Nerida Correa Melendez, Elita Correa Melendez, Apolinaria Correa Melendez, Merli Correa Melendez y Reina Melendez. Además se sabe que José Servando Quinde Alberca, del caserío de Rosarios Bajos y Porfirio Clemente Huamán del caserío Pan de Azucar han sido detenidos y conducidos hasta la comisaria de Chulucanas.

Ismael Huayama, alcalde de El Carmen de la Frontera, manifestó que al pasar por su jurisdicción los efectivos policiales sólo informaron que los llevaban hasta la ciudad de Chulucanas para que rindan su declaración. Ellos han sido trasladados en una camioneta 4x4 color celeste de placa PQ 4307 de la PNP.

Se sabe también que los miembros de la policía están ingresando a los diferentes caseríos de la zona en una camioneta blanca del escuadrón verde 105 y otra camioneta blanca con rayas negras, donde se estaría movilizando el comandante de la comisaría de Huancabamba.

En el caserío de Cajas Canchaque, la policía abrió fuego pretendiendo amedrentar a los pobladores e intentando detener a Lorenzo Rojas, y al no ser encontrado se maltrató e hirió a su padre.

David Velazco, abogado de las víctimas, manifestó que se ha cometido un abuso puesto que todos los comuneros citados por los hechos violentos ocurridos en el campamento Henrry Hill’s el pasado 1 de noviembre, están en condición de testigos, según la información que proporcionó la Fiscalía Mixta de Huancabamba y que sólo se les debió hacer entrega de una notificación para que fueran a brindar su manifestación.

Fedepaz, preocupado por este accionar de la policía, ha notificado de los acontecimientos a la Defensoría del Pueblo, que está interviniendo en estos momentos en la zona, para garantizar el respeto a la libertad, la vida e integridad de las personas.

En tal sentido, exigimos el cese inmediato de dicha represión y la intervención de las autoridades correspondientes con la finalidad investigar las muertes y sancionar la actitud arbitraria hostil de efectivos policiales, que en el supuesto cumplimiento de sus funciones reprimen de manera brutal y sin justificación alguna a los humildes campesinos de dicha provincia piurana, atentando contra sus vidas y libertad personal.

Con Nuestro Perú-Puno 02/12/2009





AI PIDE REVISIÓN INTEGRAL DE CONCESIONES EN LA SELVA


A través de un informe, Amnistía Internacional (AI) solicitó a las autoridades la revisión total de las concesiones en la selva a fin de medir su impacto en materia de derechos humanos y ecología en las comunidades nativas.

Así lo destacó Silvia Loli, directora de AI Sección Perú, quien a través de la CNR brindó detalles del informe titulado el informe "Bagua, seis meses después. Sólo por pensar diferente, por hablar diferente, nos están haciendo una injusticia”.

En el texto, se plantea detener la concesión de tierras en la Amazonía y suspender las actividades extractivas en marcha, hasta que no se determine si afectarán a las comunidades indígenas y éstas brinden el permiso correspondiente.

Loli resaltó que el informe solicita, además, el cese de la persecución a dirigentes presuntamente implicados en los hechos, además de cuestionar el pedido de disolución de organizaciones -como el que hasta hace poco pesaba contra la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

"No se pueden sentar a los indígenas a dialogar y a la vez amenazarlos con disolver sus organizaciones "(...) estas son cosas que no se deben olvidar y los hechos que motivaron estos sucesos deben ser investigados y los reales responsables llevados a la justicia", subrayó.

De igual modo, el informe de AI señala que mientras el Ejecutivo ha cumplido con entregar reparaciones a las familias de los más de 20 policías fallecidos en los incidentes, aún no se concreta los ofrecimientos para con los diez civiles e indígenas muertos.

Loli señaló que estas reparaciones deben incluir la rehabilitación física y psicológica para los nativos heridos, como es el caso del líder awajún Santiago Manuim, que recibió una ráfaga de fusil AKM.

En otro momento, Loli consideró urgente la revisión exhaustiva de los decretos legislativos que originaron las protestas en la selva a mediados de año. "Creemos que cualquier legislación que tiene que ver con las poblaciones indígenas, tiene que pasar por este tema".

Finalmente, señaló que este luctuoso episodio pone de manifiesto la necesidad de que el gobierno capacite debidamente al personal policial en la negociación y resolución de los conflictos sociales.

"Hay un conjunto de mecanismos que creemos que no fueron usados en este proceso", acotó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 02/12/2009





CASI LISTO


El reglamento de la ley de recursos hídricos está en su etapa final de elaboración y podría ser aprobado en lo que resta del año, con lo que se consolidaría como el más claro ejemplo de concertación y diálogo entre el Estado, empresa privada y los usuarios de agua del país, señaló la Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Diario La Primera-Lima 02/12/2009





MULTARÁN A MINERAS ILEGALES


Severas multas para ilegales. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), a través de una resolución publicada ayer en el diario oficial, aprobó la tipificación de infracción y escala de multas para las actividades de exploración y explotación minera que no cuenten con un estudio de impacto ambiental y autorizaciones.

La multa de menor cuantía es de 5 UIT (S/. 17.750) que se aplicará por no comunicar al Ministerio de Energía y Minas sobre la extensión en la ejecución de las actividades. Mientras que la multa más alta a pagar, que corresponde a 10.000 UIT, se aplicará por no contar con el estudio de impacto ambiental.

Con Nuestro Perú-Puno 02/12/2009





BRACK Y MINEROS ARTESANALES NO SE ENTENDIERON


Madre de Dios. Mesa de diálogo fracasó por segunda vez y ambos decidieron abandonar el recinto.

Una vez más el ministro del Ambiente, Antonio Brack, no puso llegar a un acuerdo con los mineros artesanales de Madre de Dios respecto a la formalización de estos trabajadores.

Brack abandonó el recinto y los dirigentes de la Federación Minera así como los de la Fereración Nacional de Mineros Artesanales hicieron lo mismo no sin antes emitir fuertes ataques contra la actitud del ministro.

Los únicos que se quedaron fueron los asesores del ministerio del Ambiente y las autoridades del gobierno regional de Madre de Dios, quienes se propusieron analizar el problema de la actividad minera artesanal y sus efectos en el medioambiente. Al final plantearon una tercera reunión para el 15 de diciembre, pero en la ciudad de Lima.

Diario La República-Lima 02/12/2009