7 de abril de 2009

LAS LECCIONES DEL SALVATAJE A DOE RUN


Por José de Echave
Director ejecutivo de Cooperacción


Lo ocurrido en las dos últimas semanas en torno al tema de Doe Run deja un clima tan cargado que puede terminar contaminándonos como ocurre con el aire que respiran todos los días los pobladores de La Oroya. Aquí algunos temas a título de lecciones:

-Ha sido saludable que el Estado no comprometa los recursos de todos los peruanos para salvar a una empresa que desde que llegó al país no ha hecho otra cosa que incumplir con sus obligaciones. La salida, que implica un crédito privado de varios bancos y empresas mineras, no solamente permite salvar el complejo de un colapso inminente sino que sugiere posibles alternativas para un futuro inmediato, ante la evidente falta de capacidad y compromiso de Doe Run.

-De esta crisis debe quedar claro que no es lo mismo buscar salvar el complejo metalúrgico y los empleos en La Oroya que salvar a Doe Run. Esta empresa no es sinónimo del complejo, de los intereses de los trabajadores ni de la población de La Oroya. Al contrario, su presencia perjudica el futuro de dicha ciudad.

-En aras de una mayor transparencia, sería saludable que el Ministerio de Energía y Minas informe sobre la situación actual del fideicomiso. No debemos olvidar que la resolución ministerial 257/2006-MEM-DGM obligó a Doe Run a suscribir un fideicomiso, mediante escritura pública, con el entonces Banco Wiesse Sudameris. Dicho contrato debía cubrir “el 100% de todas las obligaciones dispuestas” en un informe que sustentaba la resolución (artículo 2).

-Además, en el artículo 5 de la misma resolución, se señalaba que, en un plazo de 30 días calendario, Doe Run Perú debía constituir y presentar “una Carta Fianza, solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática a simple solicitud escrita del Ministerio de Energía y Minas, por el monto de US$ 28’641,094, equivalente al 20% del costo del proyecto prorrogado Plantas de Ácido Sulfúrico” del complejo de La Oroya. ¿Cómo están estos instrumentos y cómo están siendo gestionados? Se necesita un informe claro e integral al respecto y sería ideal que como parte de la negociación la empresa se adhiera a la Iniciativa de Transparencia Financiera (EITI por sus siglas en inglés) como lo han hecho otras empresas del sector.

-Como consecuencia de toda esta crisis queda un saldo negativo para la población y la salud de La Oroya: un nuevo anuncio de ampliación del programa de inversiones ambientales (PAMA). ¿Cuántas veces más se beneficiará a Doe Run con una ampliación del plazo del PAMA? ¿Esta es la última? Cabe recordar que lo mismo se dijo el 2006 cuando se le amplió el PAMA: la resolución ministerial 257/2006-MEM-DGM señalaba que: “Doe Run deberá cumplir con el proyecto Plantas de Ácido Sulfúrico en los plazos perentorios e improrrogables que se señalan en el anexo de la presente resolución ministerial” (artículo 1).

-No se da un buen mensaje con esta decisión. El Ministerio de Energía y Minas no ha cumplido su parte: fiscalizar. La Dirección General de Minería debió “disponer la realización de acciones de fiscalización continua”, “la cual evaluará trimestralmente el cumplimiento de las medidas y actividades establecidas para la construcción de las Plantas de Ácido Sulfúrico del Complejo Metalúrgico de La Oroya” (artículo 8). Si la empresa no cumplía, en el mismo artículo se señalaba que se debían “aplicar las sanciones correspondientes”. El ministerio se durmió y recién ahora nos enteramos de que la planta apenas tiene un avance del 50%. No ha sido la paralización de las dos últimas semanas lo que explica el retraso, como se ha señalado.

¿Sacaremos las lecciones en esta ocasión? Las autoridades correspondientes tienen la palabra y la sociedad civil deberá estar vigilante.

Diario La República-Lima 07/04/2009






DEFENSORÍA SE PRONUNCIÓ


Exigen Frenar contaminación en La Oroya

La Defensoría del Pueblo exhortó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a que proteja, como necesidad prioritaria, la salud de las personas afectadas por la contaminación en La Oroya (Junín).

Beatriz Merino, titular de esa entidad, dijo que el Gobierno debe adoptar medidas que garanticen la calidad del ambiente en dicha jurisdicción mediante acciones como la implementación de programas especializados de salud en la zona, la remediación de los pasivos ambientales y la fiscalización de las obligaciones de la empresa Doe Run Perú.

Diario Perú 21-Lima 07/04/2009





EXIGEN MAYOR ATENCIÓN A AMAZÓNICOS


Otra vez a la lucha.

Luego de anunciar que este jueves empezará el segundo paro amazónico en ciudades como Bagua, Yurimaguas, Iquitos, Puerto Maldonado, Quillabamba, Pucallpa, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, acusó ayer al Ejecutivo de utilizar a los representantes de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), organización que agrupa a un número reducido de comunidades nativas, a favor de la presencia de empresas petroleras en la selva amazónica, para evitar dialogar con los representantes de la mayoría de los pueblos amazónicos del país, que se oponen a estas actividades.

Dijo que el paro, entre otras cosas, exigirá al gobierno que preste mayor atención a los problemas de la mayoría de los amazónicos. “Lo que el gobierno está haciendo es no escuchar a los pueblos indígenas, pues sólo realiza mesas de diálogo con Conap, cuando sabe que ésta es relacionista pública de las empresas petroleras y tiene un convenio con Perupetro. ¿Cómo puede el gobierno utilizar así a esa gente?”, dijo en diálogo con este diario.

Pizango afirmó que el Ejecutivo pretende imponer su agenda de diálogo a los pueblos amazónicos, cuando éstos tienen ya una agenda propia para buscar una solución a los conflictos sociales de la región selvática.

“Está bien que la Presidencia del Consejo de Ministros quiera establecer mecanismos de diálogo con nosotros, pero yo ya envié nuestra agenda de diálogo y el gobierno quiere imponer lo que quiere”, indicó.

Manifestó que el diálogo con el Ejecutivo será aceptado sólo si éste cumple el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aplica las recomendaciones de la comisión multipartidaria del Congreso que evaluó los decretos legislativos y cumple la promesa de instalar una comisión para reformar la Constitución.

El 12 de marzo, Aidesep pidió en una carta al premier Yehude Simon, la aprobación de una ley de consulta previa, en cumplimiento del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, y la derogatoria de los decretos legislativos 1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090, que afectan los derechos indígenas.

Diario La Primera-Lima 07/04/2009





AMAZÓNICOS INICIAN PARO INDEFINIDO ESTE 9 DE ABRIL


Congreso no cumplió con derogar leyes lesivas a los pueblos indígenas, sino que las reafirmó. Solicitud de diálogo enviada hace un mes por sus dirigentes no fue respondida por el premier Yehude Simon.

Ante la poca voluntad política mostrada por el gobierno para resolver la derogatoria de los decretos legislativos 1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090 considerados atentatorios contra los derechos de los pueblos indígenas, dirigentes de 1,350 comunidades amazónicas anunciaron un paro indefinido hasta conseguir la solución a sus reclamos.

Dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) señalaron que los representantes de estas comunidades se han pronunciado por retomar la movilización de agosto del año pasado, suspendida en ese entonces frente al compromiso del Congreso de la República de revisar los seis decretos legislativos considerados lesivos a los derechos indígenas.

Dijeron que lejos de cumplir la promesa, el poder legislativo emitió la ley 29317 que modifica e incorpora diversos artículos al decreto 1090, conocido como Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

La comisión multisectorial y multipartidaria, presidida por la congresista Gloria Ramos, que se formó precisamente para revisar las normas atentatorias, concluyó en la necesidad de derogarlas.

Sin embargo, dijeron en Aidesep, que hacer efectiva esta conclusión dependerá del presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén.

El titular de la mesa directiva del Legislativo debe poner a consideración del pleno los acuerdos, pero aún no lo ha hecho.
Los voceros de la asociación indígena también informaron que su paro indefinido será íntegramente financiado por los pueblos amazónicos. Ellos harán uso de sus propias cosechas para enfrentar los días y meses que les demande hasta conseguir la atención tanto del Ejecutivo como del Legislativo.

Más apoyo
Las comunidades andinas y amazónicas de la macrorregión centro del Perú dijeron por su parte que iniciarán una huelga amazónica andina el próximo 13 de abril, en apoyo a los pueblos amazónicos.

Las comunidades y pueblos de la región Pasco también convocaron a un paro para los días 13 y 14 de abril, según se informó.

El dato
Atentatorios. En mayo del año pasado, los Apus de las comunidades amazónicas señalaron que de los 100 decretos emitidos por el Congreso, 94 se referían a temas amazónicos. De ellos, 34 eran lesivos a sus derechos.

Las demandas por resolver
Los requerimientos de los pueblos indígenas giran sobre cuatro puntos: Reforma de la Constitución Política del Estado para restablecer los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los territorios indígenas.

Derogatoria de los decretos legislativos que atentan contra los derechos colectivos de estos pueblos.

Aprobación de una ley que obligue al Estado a implementar el derecho de consulta previa, consignada en el convenio 169 de la OIT, y en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

El cumplimiento del Convenio 169, suscrito por el Estado peruano y ratificado por el Congreso mediante la resolución legislativa 26253.

Diario La República-Lima 07/04/2009





AMENAZAN DE MUERTE A ABOGADOS DE LA PARTE CIVIL EN JUICIO CONTRA FUJIMORI


Aprodeh recibió la tarde de ayer una llamada en la que dijeron que Gloria Cano, Carlos Rivera y Ronald Gamarra “eran hombres muertos”

Los abogados de la parte civil en el juicio contra Alberto Fujimori,
Ronald Gamarra, Carlos Rivera y Gloria Cano, además de Francisco Soberón, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), fueron amenazados de muerte en la víspera, afirmó el director ejecutivo de Aprodeh, Miguel Jugo.

Sostuvo que la llamada anónima se enmarca en un contexto de amenazas de denuncia contra los magistrados de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema y de anunciadas movilizaciones del fujimorismo.

“A las 4:30 de la tarde entró una llamada al anexo del Área Legal de Aprodeh y una persona señaló que debería cuidarse Gloria Cano, Carlos Rivera, Ronaldo Gamarra y Francisco Soberón, porque son hombres muertos. (...) Era la voz de un hombre que aparentemente lo decía con mucha tranquilidad”, contó Jugo en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Hay una enervación del fujimorismo, que se enmarca en la amenaza o presión a los jueces. Esto va a ser puesto en conocimiento de las autoridades y vamos a estar alertas a cualquier actividad que se presente”, dijo.

También comentó que han solicitado garantías a la comisaría del sector y recordó que su institución tiene medidas cautelares aprobadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Diario El Comercio-Lima 07/04/2009





HORA DE LA JUSTICIA


Solo en democracia podía haberse desarrollado un juicio como el que hoy debe terminar con la lectura de la sentencia a Alberto Fujimori. Un juicio público, transmitido por los medios de comunicación, con pleno respeto por el debido proceso. Los peruanos debemos tener presente que nunca un encausado por la justicia peruana ejerció a plenitud sus derechos a la defensa como lo ha hecho en estos quince meses el cuestionado ex presidente. Se trata de un juicio inobjetable y cuya sentencia marcará sin duda un precedente histórico.

Y allí reside justamente una de las virtudes de la democracia como sistema político: la vigencia irrestricta de los derechos de cualquier ciudadano, al margen de sus ideas y de sus acciones. Fujimori merecía un juicio justo y lo ha tenido. La democracia demuestra así ser infinitamente superior a toda clase de regímenes autoritarios que conculcan derechos, vulneran garantías y manipulan los poderes de Estado.

Diez años atrás, en los estertores de una década perdida, el Poder Judicial era digitado por el gobierno de Alberto Fujimori.

Entonces no pocos jueces y fiscales desfilaban por la salita del SIN para recibir dinero y luego indicaciones de Vladimiro Montesinos. Muchos fallos judiciales se redactaban allí y más tarde eran simplemente refrendados en los tribunales por jueces que luego terminaron, merecidamente, en la cárcel.

Hoy Fujimori ya no se puede jactar del control que antes ejercía sobre jueces y fiscales. Cierto es que todavía tiene adeptos en la judicatura, pero estos carecen del poder y la capacidad necesarios para repetir la historia de los noventa.

Esta sustancial diferencia entre una década y otra fue advertida ayer por el presidente Alan García cuando declaró que el juicio a Alberto Fujimori ha sido una oportunidad muy importante para estudiar y valorar lo jurídico en los años noventa. “Yo espero –dijo García en su condición de Presidente – un fallo justo y legal, plenamente ajustado a la ley, y estoy convencido de que la mayoría de los peruanos sabe que este ha sido un proceso que ha tenido todas las garantías de la democracia”.

Es sintomático que la confianza del Presidente en la probidad e imparcialidad de nuestros jueces no sea un sentimiento aislado. Una encuesta de la Pontificia Universidad Católica del Perú acaba de revelar que el 75% de los limeños y chalacos considera que se ha respetado a cabalidad el derecho a la defensa del ex mandatario.

Como sosteníamos ayer, aquí no hay venganza, solo sed de justicia.

Diario La República-Lima 07/04/2009





MOMENTO HISTÓRICO


Todos debemos respetar la sentencia de hoy

La foto de hoy en la Diroes, cuando el magistrado César San Martín lea la sentencia frente a Alberto Fujimori sentado en el banquillo del acusado, dará la vuelta al mundo inmediatamente en la web, mañana será portada de todos los diarios nacionales, de varios de otros países, y ningún peruano podrá olvidarla.

No habrá momento más crucial ni con más implicancias políticas futuras, en todos los juicios de Fujimori, que el de esta mañana. Las partes podrán apelar el fallo, pero es difícil imaginar que la siguiente instancia vaya a modificar su sentido, convirtiendo una condena en absolución o viceversa.

El fallo de hoy corresponde a uno de los tres juicios que se le sigue a Fujimori, dentro de los límites fijados por la extradición de la justicia chilena, pero este será, por su naturaleza vinculada a derechos humanos, es decir, a la vida, el más importante y con mayor incidencia local e internacional.

Todas las fases del procesamiento judicial de Fujimori son importantes, además, pues están permitiendo a los peruanos una catarsis de los turbulentos años noventa. Pero ninguno lo será como el de esta mañana. Hoy es, por tanto, un momento histórico que se recordará mucho tiempo después, y que los libros de historia consignarán de manera destacada.

Lo más probable es que –con toda justicia – hoy Fujimori será condenado. Este hecho será otra característica fundamental de la sentencia de esta mañana, pues transmitirá un mensaje claro a los poderosos que, como siempre en el país, les gusta ejercer sus cargos con arrogancia, prepotencia y poco cuidado por la gente, creyéndose intocables. El mensaje de que esto puede empezar a cambiar será lanzado esta mañana.

Asimismo, los peruanos hemos tenido la oportunidad singular de asistir a un juicio ejemplar llevado con mucha profesionalidad. Desde el tribunal de César San Martín, Hugo Príncipe y Víctor Prado; los fiscales –José Peláez y especialmente Avelino Guillén, quien tuvo un papel descollante–; los abogados de la parte civil –Ronald Gamarra, Carlos Rivera y Gloria Cano–; y el de la defensa, César Nakazaki, quien dio un ejemplo de cómo hacer una defensa profesional sin contaminarse del carácter político de su cliente, pues siempre pareció un abogado, no un fujimorista. Fue un gran juicio.

Debo confesar que, cuando Fujimori estaba en Japón, hubiera apostado, a ojos cerrados, a que este día nunca llegaría. Pero todo tiene su final. El proceso fue largo, pero los peruanos podemos estar orgullosos de haber tenido un juicio ejemplar. Ojalá que hoy tengamos una gran conclusión cualquiera sea la sentencia. El fallo debe ser respetado por todos, nos guste o no nos guste.

Diario La República-Lima 07/04/2009





EMPRESARIOS RECLAMAN A MINERA ANGLO AMERICAN


Representantes de empresas de la comunidad de Michiquillay, distrito de Encañada, exigen a minera Anglo American la contratación de trabajadores y empresas de esa zona, cumpliendo el compromiso asumido con los comuneros; antes de priorizar la contratación de empresarios y trabajadores foráneos.

COMPROMISO. Empresarios de Michiquillay exigen que empresa priorice contratación de empresas de su zona.

Unos 30 representantes de empresas de la comunidad de Michiquillay, distrito de Encañada, exigen a la minera Anglo American la contratación de trabajadores y empresas de esa zona, cumpliendo el compromiso asumido con los comuneros; antes de priorizar la contratación de empresarios y trabajadores foráneos.

Ayer llegaron hasta las oficinas de la empresa minera en Cajamarca para solicitar se cumpla el acuerdo social asumido por Anglo American y los comuneros de Michiquillay, ya que la empresa no estaría respetando los acuerdos plasmados en las diferentes actas elaboradas en las reuniones realizadas entre la comunidad y los representantes de la minera.

El grupo de empresarios estuvo encabezado por Wilder Alvarado Guevara, quien exigió respeto a la comunidad de Michiquillay de parte de Anglo American, así como respeto al acuerdo social firmado por los representantes de la minera con la comunidad y la actuación del Comité Laboral, al que acusaron que no estaría realizando su trabajo. Alvarado Guevara precisó que la empresa se comprometió a contratar personal y empresas evaluadas inicialmente por el Comité Laboral, quien es responsable de dar el visto bueno si la persona o empresa pertenece a la comunidad de Michiquillay para luego ser incorporado por la empresa minera, situación que no se estaría aplicando ni respetando.

También exigieron que la empresa Anglo American saque a licitación todas las obras que va a realizar y que primero se realice una selección entre los trabajadores o empresas de Michiquillay, si ahí no existe lo que se requiere que se amplíe la convocatoria a Encañada, luego a Cajamarca; para que si finalmente no se encuentra en la región, recién se convoque a nivel nacional, “ya que se debe priorizar a la gente del lugar, del distrito y la región, porque estamos viendo a gente y empresas foráneas que ya fueron incorporadas”, precisó Wílder Alvarado. La delegación de empresarios de Michiquillay fue atendido en plena calle por Jorge Del Castillo, empleado de la empresa, quien les indicó que formen una comisión para que ingrese a las oficinas a dialogar con el personal autorizado para buscar una solución a los problemas denunciados por los empresarios. Del Castillo, cuando fue abordado por los periodistas, indicó que no está autorizado para brindar declaraciones, pero señaló que existe buena disposición de la empresa minera para recibir a los empresarios de Michiquillay y buscar una solución a los reclamos que ellos expresaron. Finalmente los empresarios de Michiquillay aseguraron que ayer llegaron unos 30 representantes para dialogar pacíficamente con la empresa minera, pero que si no son atendidos, volverán pero en una protesta que convocará entre 400 a 500 pobladores de Michiquillay.

EL PROYECTO
El yacimiento de Michiquillay se ubica a 47 kilómetros de la ciudad de Cajamarca, a 239 kilómetros del puerto de Pacasmayo (La Libertad) y a 908 kilómetros de Lima. Michiquillay es un yacimiento tipo pórfido de cobre, con contenidos de oro y plata por explorar, la extensión de la concesión minera abarca 4,051.42 hectáreas contenidas en 18 derechos mineros en la zona, y tiene reservas estimadas de 544 millones de toneladas métricas.

DETALLES
Como se recuerda, la compañía inglesa Anglo American Services se adjudicó el pasado 31 de abril de 2007 la buena pro del proyecto minero Michiquillay (Encañada - Cajamarca), yacimiento tipo pórfido de cobre, con contenidos de oro y plata por explorar. La minera ofreció US$ 403 millones por la transferencia, monto casi diez veces mayor al precio base de US$ 44 millones que determinó ProInversión.

En aquella oportunidad se indicó que el proyecto considera compromisos sociales y ambientales de parte de la empresa inglesa Anglo American Services que promuevan una minería responsable y moderna en la zona, cuyos pilares son: salud, educación, desarrollo agropecuario, empleo, y respeto a su cultura y costumbres.

Además se precisó que se estima que en la etapa de exploración de Michiquillay se podrían generar hasta 300 puestos de trabajo directos, que deberán incrementarse en las etapas de la construcción y operación comercial. De igual modo, se prevé la multiplicación de trabajos indirectos por requerimiento de bienes, insumos y servicios, desde el inicio del proyecto.

CLARIDATO
En la adjudicación del yacimiento se dijo que un total de US$ 201.5 millones se destinará a la comunidad de Michiquillay. Firma invertirá US$ 700 millones.

Diario El Clarín-Cajamarca 07/04/2009





EL NEGOCIO DEL AGUA


Se ha presentado un informe pormenorizado sobre las presuntas irregularidades en la concesión y utilización de aguas subterráneas y superficiales, al jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Abelardo De la Torre Villanueva.

Ha sido un trabajo paciente y en el cual hemos encontrado indicios de irregularidades, y hemos logrado el respaldo de pruebas que refuerzan el informe elevado al jefe del ANA en la ciudad capital, informa Sergio Sánchez Ibáñez, gerente regional de medio ambiente y recursos naturales (RENAMA).

Este documento que se ha elevado al ANA cuenta con la firma y sello del consejero regional de San Marcos, Chanel Ruiz Vargas. Ruiz también asume la presidencia del comité de Gestión Ambiental, agregó Sánchez.

Esta situación de dio en la ex oficina de Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR), desde el 2006 al 2008. En ese entonces, aparece como jefe del ATDR, Luis Abásolo Tejada.

Ese documento señala que la Gerencia de Recursos Naturales y la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional Cajamarca, han recogido, en los últimos tres meses, información sobre situaciones presuntamente irregulares llevadas a cabo por Luis Abásolo Tejada y un grupo de trabajadores durante su gestión en el ATDR.

Se involucra a Lenin Iván Jiménez Sánchez, en la ex ADTR Cajamarca, quien ha desarrollado, además de su labor en la administración pública, actividades profesionales en la municipalidad Huasmín (Celendín) en la elaboración de inventario participativo de agua y canales de subcuencas del río Ñum Ñum y micro cuenca quebrada Pencayoc. En la municipalidad de Chirinos (Jaén), consultorías entre otras materia de investigación.

Se señala a Fausta Gutiérrez Dilas, secretaria de la ATDR; por quejas de mal trato a usuarios relacionados con expedientes que coincidentemente son motivo de problemas y conflictos sociales en Cajamarca. Así mismo hay quejas que durante mucho años se ha venido cobrando la suma de un Nuevo Sol, por usuario, sólo por hacer figurar en el padrón caso del que estamos recogiendo información desde Chota hasta Cajamarca donde sabemos hay actas de las reuniones de los pobladores donde se prueban estas acciones.

En el tercer punto, se menciona a Marco Antonio Quilcate Guzmán y Carlos Alberto Niño Castro, quienes desarrollan trabajos topográficos para las comunidades. Esta actuación se encuentra dentro de las prohibiciones a los funcionarios públicos señaladas en la Ley y en su propio contrato, ya que genera un conflicto de interés, ya que será la ex-ADTR la institución que tenga que validar esta información, convirtiéndose en juez y parte. Además que habrían aprovechado su posición como servidores públicos en la ADTR para lograr la realización de estos contratos, obteniendo una ventaja indebida en contra de otros profesionales al hacer usos inadecuado de la información generada por la administración a favor personal.

Además, el conjunto de resoluciones de licencias y permisos emitidos durante la gestión de Abásolo Tejada, deben ser materia de investigación de acuerdo a la reglamentación emitida por la autoridad correspondiente en los años 2006 y 2007 y donde se presume irregularidades.

A TOMAR EN CUENTA

Es necesario averiguar los tramites efectuados por Yanacocha en la caducidad de licencia de 3 canales Encajón - Coyotán, Quishuar, La Shacsha y los tramites del canal Tual, Llagamarca éste último canal con Resolución Ministerial (Lima) y en donde el. Martínez anterior jefe de ATDR ahora responsable de Agua en Yanacocha lo deja sin efecto.

Estas prácticas se han generalizado en parte del personal de ADTR, y genera desconfianza en usuarios de sistemas de agua que perciben a la administración como corrupta generando tensiones en algunas oportunidades conflictos.

RESOLUCIONES

Año 2006

Resolución 410 – 2006 Expediente 1197 del 2006. Se han otorgado 2 licencias para uso Minero y Agrícola con un mismo expediente. Esto es irregular de acuerdo a ley.

Año 2007

Resolución 417, 418 421 Expediente 2353 y 2354.
El expediente es presentado por Rió Tinto el 15 de junio del 2007 para el desarrollo de trabajos.

Este expediente debió ir a Lima por ejecución de obras. Se lo presentó como para permiso.

Resolución 415
Se pide permiso de uso de agua para regado de vías. Se presenta como permiso pero para este caso debe ser una autorización la que se emita y debe ser dada desde Lima.

Resolución 448 GOLDFIELDS (7 septiembre)
Piden autorización para pozo de Agua Subterránea PP3, PP10 y PP16. ATDR otorga esta resolución como permiso. Pero este expediente debió ser revisado y emitido como autorización en Lima.

Año 2008

Resolución 030 - 2008
El expediente es presentado por el 7 de agosto 2006 y la resolución sale el 7 de marzo.

Les dan licencia de uso poblacional. Con caudal de 0.16 m3 pero para cuantas personas alcanzaría este caudal?

Resolución 380 - 2008
Expediente es presentado el 15 de julio del 2008 y emitido el 30 de julio. Para el condominio el Capulí. No cumple con requisitos, exámenes, requisitos para hacer pozos

Diario Panorama Cajamarquino 31/03/2009





6 de abril de 2009

ALCALDE DENUNCIA INCURSIÓN DE MINEROS INFORMALES EN SAN IGNACIO


Alcalde del Distrito de Namballe Amadeo Mijahuanca Peña, denunció que personas allegadas a la minería informal, están transportando maquinaria pesada a su zona, con propósitos de aprovechar las partículas de oro que el Río Canchas conserva en sus profundidades.

Considerando que para la separación de este mineral, se tiene que utilizar químicos altamente contaminantes del agua, lo cual atentaría contra la agricultura que se promueve en está provincia, ha hecho un llamado a la población para que impida esta actividad que no tiene el permiso social que le autorice desarrollarla.

El Río Canchas en su forma natural, es el que sirve de línea divisoria entre el Perú y el Ecuador y, es el afluyente del Río Chinchipe ya en la parte peruana, que irriga grandes sectores de la Provincia de San Ignacio, con producción ecológica que se exporta hacia los mercados solidarios de Estados Unidos y otros países.

El alcalde en forma determinante ha señalado que sea quien sea, no permitirán que se explote bajo ninguna forma los recursos minerales existentes en sus ríos y en cualquier lugar de su jurisdicción, respondiendo al sentir de la población que no desea la actividad minera previniendo una futura contaminación general de su medio ambiente.

Diario Panorama Cajamarquino 06/04/2009





AUTORIDADES DISCUTEN PEDIDO DE YANACOCHA PARA USAR AGUA DE QUEBRADA MAMACOCHA


Las autoridades de los centros poblados de El Tambo, El Alumbre y Quegorio (Hualgayoc) se reunirán hoy a fin de discutir el pedido formulado por la minera Yanacocha para usar las aguas de la Quebrada Mamacocha.

Dichos manantiales, que nacen en el caserío de Namacocha, abastecen de líquido vital a los más de 40 mil habitantes de 40 comunidades ubicadas al sureste de Bambamarca -capital de esta provincia cajamarquina.

Yanacocha, que desarrolla el proyecto minero Conga, en el distrito de Huasmín, en la provincia de Celendín, solicitó el uso de las aguas para sus operaciones extractivas. Por tal motivo, Lenin Jiménez Sánchez, representante de la Administración del Agua de Cajamarca, efectuó una visita ocular a la quebrada el pasado 27 de marzo.

Sin embargo, dirigentes de base de Namococha denunciaron que esta inspección no les fue notificada y que a la misma sólo acudieron algunas autoridades de la localidad. Así mismo, se habría dejado constancia que éste caserío pertenece a Huasmín, cuando en realidad corresponde a Bambamarca.

Eloy Sánchez Leyva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la municipalidad de Bambamarca, informó que los regidores de su comuna acordaron solicitar información a la Administración del Agua de Cajamarca.

En declaraciones a Radio Coremarca, recordó que -en virtud a lo establecido por la Ley de Recursos Hídricos- se priorizará el uso de las aguas de éstos manantiales para el consumo humano, la agricultura y la ganadería, y recién después para el uso industrial.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 06/04/2009





"LA HISTORIA NO SE PUEDE BORRAR"


Entrevista a Mons. Miguel Cabrejos. El presidente de la Conferencia Episcopal opina que el Museo de la Memoria evitará repetir atrocidades. Además, pide que la sentencia a Fujimori se asuma con valentía.

Monseñor, ¿cómo ha asumido la decisión oficial de dar paso al Museo de la Memoria?

Muy bien. Felicito la decisión de crear una comisión para levantar ese museo, considerando que ha habido controversia.
Ahora solo queda confiar en que se haga, y bien…

Es importante que sea así porque no debe repetirse lo que pasó cuando estuvimos sometidos a una ideología de muerte que nunca más debe volver a imperar. En ese sentido, el Museo debe servir para educar, formar, enseñar y fomentar el respeto a la dignidad humana, consolidar los derechos humanos y garantizar el Estado de Derecho.

Siendo así, ¿por qué hubo y aún hay tanta resistencia?
Por la polarización. Hay quienes quieren orientar ciertas situaciones desde su punto de vista. Pero la Iglesia quiere ser objetiva…

¿Cómo conseguirlo?
Hay un principio básico: la historia no se puede borrar. Alemania, por ejemplo, no ha desaparecido su memoria; al contrario, es un pueblo que ha recapacitado y reaccionado a favor diciendo que nunca más debe volver a suceder lo que pasó en los campos de concentración. En el Perú el terrorismo existió, hubo muchísimas muertes e, independientemente de cómo y quiénes las provocaron y de quiénes sufrieron, eso no debe volver a pasar.

Pero en el Perú esa negación tiene expresiones políticas con injerencia en la opinión pública y hasta en opciones electorales...

Sí, por eso la Iglesia tiene la obligación de iluminar. Por la salud del Perú y del mundo, nos conviene tener un museo de esta memoria, pero de forma objetiva y transparente, educando y formando…

Quienes se oponen al Museo atacan a sus promotores. ¿La Iglesia se siente incomprendida?
No. No queremos vivir en conflicto ni sentirnos incomprendidos. Es al revés. La aceptación de la Iglesia como institución en el Perú es muy alta. Pero más allá de eso, siempre ha defendido la dignidad y los derechos humanos, por eso no renunciamos a ese afán, como tampoco a la historia. Y si la historia ha sido gloriosa, la felicitamos; pero si ha sido negativa, que sirva para que no vuelva a repetirse…

…A riesgo de que lo califiquen de ‘caviar’, Monseñor.

Eso sería un error, pero la Iglesia no puede renunciar a defender la vida, y lo que pasó en el Perú fue atroz. Pero si hay algo que puede ayudar es que todos somos peruanos. Los que murieron, los que actuaron con responsabilidad y sin ella, los civiles y militares que murieron, sus familiares. ¿A quiénes atacamos si el Perú somos todos? Por ahí debe ir la reflexión. La Iglesia siempre debe apostar por la vida, por el bien común, por la paz…

Como lo está haciendo Mons. Barreto en La Oroya, al promover que el rescate de la minera Doe Run tenga en cuenta también el rescate de su medio ambiente…

Así es. Él es arzobispo de Huancayo y como tal defiende valientemente la vida y su ambiente. Sabemos por investigaciones serias que hay alta contaminación y plomo en la sangre de todos. Está claro que la Iglesia no se opone a la explotación minera, pero sí reclama el cuidado del medio ambiente. El Perú es riquísimo, y todos tenemos la obligación de defender la naturaleza…

¿Y qué siente cuando ve esfuerzos por salvar la minera pero no por la tierra que explota?
Cuando se discute si, en un parto, se debe salvar a la madre o al niño, la Iglesia dice que debe salvarse a los dos. En este caso, está bien el esfuerzo por salvar la inversión minera en La Oroya, pero paralelamente se debe velar para que los empresarios cuiden el medio ambiente, por la salud de los peruanos. No hay que olvidarse de eso.

¿Debió ponerse condiciones?
Sí. Desconozco los detalles técnicos, pero el principio es válido. Al final, es una cuestión ética que la zona de donde se extrae la riqueza sea favorecida. Es justo que las personas que viven y trabajan allí sean éticamente valoradas.

Parece que esa ética no cuenta mucho en el sector minero…

Algunos empresarios sí tienen actitud positiva y desean aplicar bien la responsabilidad social.

Debe ser una minoría…

Probablemente. Por eso la Iglesia debe seguir hablando…

Aún poniendo en riesgo su integridad, como algunos sacerdotes y obispos lo hacen…

Sí, y a ellos hay que felicitarlos. Y defenderlos. Pido que no los vean como enemigos, son tan peruanos como los empresarios y como los niños que viven contaminados.

“Acepten sentencia a Fujimori con fortaleza y valentía”

Usted fue reelegido presidente de la Conferencia Episcopal. ¿Qué significa ser el rostro de la Iglesia de un país que no distribuye con justicia su riqueza?
Es cierto, y en eso debe estar el esfuerzo de todos: de la Iglesia, del gobierno, los empresarios. Está bien que haya peruanos con capacidad de generar riqueza, pero no debemos olvidar el bien común y la gente necesitada.

¿La Iglesia no debería pronunciarse con más firmeza en ese tema, y en el de la corrupción?
Siempre lo ha hecho, y es cierto que debería insistir más, pero nuestra crítica no debe ser considerada negativa. Solo tratamos de que se reflexione para mirar al futuro respetando la dignidad. No olvidemos que, en el fondo, todos nos aferramos a Dios.

A propósito. La sentencia a Fujimori se conoce mañana, y es probable que quienes no se sientan respaldados por la justicia crean que Dios los abandonó…

Bueno, la situación no es sencilla. Solo puedo decir que habrá una sentencia, y esperamos que el tribunal imparta una recta justicia; pero si esta justicia es real, verdadera... invito a todos a tener la fortaleza y valentía de saber aceptarla y pasar a corregir su actitud. La Iglesia siempre sabrá iluminarnos.

Diario La República-Lima 06/04/2009





JUSTICIA NO ES VENGANZA


“La venganza jamás ha sido la razón de la lucha de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta”, dijo Antonia Pérez, la viuda del catedrático Hugo Muñoz Sánchez: “Lo que nos mueve es el afán de encontrar justicia para que las autoridades sepan qué secuencias afrontarán en caso de cometer atropellos”.

“Yo no busco venganza porque mi corazón y mi alma no guardan ni rencor contra Fujimori”, señaló por su parte Rosa Rojas Borda, esposa de Manuel Ríos Pérez y madre del menor de ocho años Javier Ríos Rojas, asesinados en Barrios Altos: “Sería una tranquilidad que lo declaren culpable porque solo así se demostrará que nuestra lucha y el largo camino que recorrimos para exigir justicia han sido compensados”.

Ese es el estado de ánimo, la expectativa y el anhelo de los familiares de las víctimas de los crímenes del grupo de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), que actuaron al amparo de órdenes superiores castrenses que contaban con el respaldo del jefe supremo de las Fuerzas Armadas que mañana recibirá sentencia. No hay rabia ni encono en sus palabras y expresiones.

En cambio, no ocurre lo mismo en las filas del fujimorismo, que ha perdido la serenidad y el equilibrio y amenaza con soliviantar los ánimos.

La legisladora Keiko Sofía Fujimori y sus partidarios ponen en cuestión la transparencia del proceso judicial y con falsos argumentos prometen salir a las calles en caso el fallo resulte condenatorio.

Ni bien el tribunal señaló como fecha de lectura de la resolución el martes siete de abril, la ex primera dama del fujimorato criticó la decisión judicial argumentando que era demasiado rápido y que sospechaba que la sentencia ya estaba escrita. La Corte Suprema tuvo que intervenir para precisar que la sala estaba actuando conforme a ley.

Durante el juicio, los fujimoristas han demostrado que cuenta con una fuerza de choque que ha protagonizado deplorables episodios, como acciones de violencia verbal y física contra los abogados y los familiares de las víctimas del SIE, además de ataques al monumento El ojo que llora, entre otros condenables actos. Hay que estar atentos a la provocación.

Los fujimoristas deben aprender de los deudos de las víctimas de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, quienes, serenamente, respetan a la justicia y sus decisiones.

Diario La República-Lima 06/04/2009





INDÍGENAS IRÁN A LA HUELGA INDEFINIDA DESDE EL JUEVES


Exigen derogatoria de decretos legislativos que, según ellos, atentan contra sus derechos.

Se vienen protestas en la Amazonía. De acuerdo con la vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Daysi Zapata, las organizaciones indígenas acatarán una paralización indefinida a partir del próximo 9 de abril para exigir la derogatoria de los decretos legislativos que, según ellos, atentan contra los derechos de los pueblos nativos.

En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), la representante indígena informó que todas las comunidades –tanto amazónicas como andinas– participarán en esta medida de fuerza, la cual es de carácter pacífica y que ya ha sido coordinada con las municipalidades de los diferentes departamentos.

Zapata indicó que esta huelga responde a la poca eficiencia del gobierno para resolver la problemática de los pueblos indígenas, así como su indiferencia ante los reclamos de los pobladores, quienes solicitan frenar las concesiones mineras, petroleras y la deforestación masiva por parte de las empresas extrajeras.

NO A LA LEY DE AGUAS. “Básicamente, reclamamos por el decreto 1090 y por la recientemente aprobada Ley de Aguas, y porque también el Estado no está respondiendo a las expectativas para que se implemente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, precisó.

La dirigente brindó estas declaraciones luego de la presentación del balance de la situación de pueblos indígenas amazónicos del Perú y sus bosques en I Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas y Líderes Locales para la Defensa de los Derechos y Conservación de los Bosques.

En el certamen participaron 70 representantes de organizaciones indígenas y de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Venezuela y Perú.

En dicho encuentro se anunció la formación de una red de acción rápida internacional para velar por la sostenibilidad de los bosques y la defensa de los derechos locales.

Como se recuerda, tras una serie de protestas encabezadas por los pueblos indígenas amazónicos, el Congreso derogó los decretos legislativos 1015 y 1073. Sin embargo, estos son solo parte de un gran paquete que las organizaciones nativas consideran que vulneran los derechos de los más de 332 mil indígenas.

Diario Perú 21-Lima 06/04/2009





UN FRAGMENTO DE LA VERDAD


Cuatro reputados centros de investigación y seis experimentados científicos se unieron para publicar “Minería y conflicto social”. Pero, cual reflector que aísla a un personaje en el escenario, el libro enfoca seis proyectos mineros, todos transnacionales, dejando en tiniebla al resto del reparto. Si se tratara de una pieza de teatro, felicitaríamos el arte del dramaturgo, pero cuando están en juego decisiones que afectan el progreso del país, es necesario tener en cuenta lo omitido por este estudio.

Recordemos primero los contornos del escenario. La minería peruana fue una actividad declinante durante los gobiernos sucesivos militar, de Belaunde y de García. Entre 1968 y 1990, la producción minera por habitante cayó 0,5% anual; por contraste, desde 1991 creció 5% al año. De no haberse producido ese giro, hoy serían mucho menores el gasto social, la inversión pública, los presupuestos de muchos gobiernos locales, la industria que alimenta a la minería y las reservas internacionales que deben defendernos de la crisis financiera. La mayor parte del despegue productivo es obra de empresas transnacionales.

Segundo, si bien estas empresas son las grandes productoras, la mayor parte de los conflictos sociales y daño ecológico actual de la minería resulta de la actividad de empresarios nacionales y de un ejército-hormiga de mineros informales, actores no enfocados por el libro. El economista Miguel Santillana investiga el fenómeno de la minería informal, que según el Gobierno involucra a 600 mil personas que trabajan sin respetar norma fiscal, laboral o ambiental alguna, desconociendo derecho de propiedad y cometiendo flagrantes abusos a los derechos humanos, como las adolescentes raptadas para la prostitución; y no sorprende que su centro de actividad sea tan difícil de penetrar, como los territorios liberados del narcoterrorismo. El uso descontrolado de mercurio y cianuro viene contaminando masivamente ríos de Puno y Piura, el Titicaca, valle de Ica y grandes zonas de Madre de Dios. Todo esto es ignorado por el libro “Minería y conflicto social”.

El libro tampoco revela aspectos del currículum de sus autores que deberían darse a conocer al lector. Ante un caso de parto complicado, por ejemplo, ¿no quisiéramos saber acaso si el médico que nos atiende tiene alguna objeción religiosa frente al aborto? Algo así sucede con más de uno de los autores, que han sido activistas centrales en varios de los conflictos que ahora analiza, y asociados a entidades que expresan una abierta creencia antiminera.

Diario El Comercio-Lima 06/04/2009





ESPECIAL. CIUDAD GRIS POR EL PLOMO
CON PERMISO PARA CONTAMINAR


Doe Run opera también en Herculaneum (EE.UU). Sin embargo allí, los niveles de plomo en la sangre de los niños son menores a los registrados en los chicos de La Oroya Antigua

¿A qué huele una ciudad ubicada a 3.745 m.s.n.m. que hace 87 años se sepulta en plomo? Es un olor seco e irritante, desapercibido para la población. Pero es aun más intenso en La Oroya Antigua, donde viven 8.500 personas, el 35% de ellas son niños que habitan en 1.815 casas.

La reputación de Doe Run en el mundo no es la más esperanzadora. En EE.UU. ha sido duramente cuestionada por los niveles de contaminación que arrojó sobre la ciudad de Herculaneum, ubicada en Missouri. Solo que ahí no permitieron que siguiera haciéndolo. Doe Run libera en La Oroya 1.245 veces más arsénico de lo que emite en Herculaneum. Lo mismo ocurre con el plomo en la sangre: los niños de La Oroya Antigua están más contaminados que los de la ciudad estadounidense.

En el 2004 se consideró que había un nivel de riesgo inaceptable para la salud de los residentes de Herculaneum y, con el apoyo de Doe Run, fueron reubicados.

En ese mismo sentido, una investigación independiente realizada por los británicos Donna O’Kelly y James Wood, en febrero del 2008, concluye que la solución técnica y económicamente más viable y segura para la salud de la población de La Oroya “requiere la inmediata reubicación a un nuevo asentamiento construido fuera de la zona afectada”.

Los autores señalan que no bastaría con que Doe Run reduzca sus emisiones del complejo y cumpla los estándares de calidad ambiental del Perú para que la salud de los habitantes mejore. Además, se tendría que encapsular los desechos, y remover y tratar los suelos expuestos dentro del área afectada. El plomo de los suelos tardaría años en desaparecer. La Oroya seguiría oliendo a metal.

Diario El Comercio-Lima 06/04/2009





EN EL TAPETE
DOE RUN UNA VEZ MÁS


LA OPERADORA DEL COMPLEJO METALÚRGICO DE LA OROYA OTRA VEZ PRESIONÓ AL GOBIERNO PARA QUE RESUELVA SUS PROBLEMAS. NUEVAMENTE LA AMENAZA HA SIDO EL POSIBLE DESPIDO DE MÁS DE 3.500 TRABAJADORES. ¿QUÉ HACER PARA QUE ESTO NO SE VUELVA A REPETIR?

Nuevamente la empresa Doe Run Perú (DRP) puso en una situación incómoda al Gobierno. Ya lo había hecho en el 2004 cuando solicitó la ampliación de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). En esa oportunidad amenazó al Gobierno con que si no se ampliaba este programa, se corría el riesgo de que la minera paralizara sus operaciones y, con ello, dejase sin empleo a los habitantes de La Oroya, una población de alrededor de 100.000 personas que dependen directa e indirecta del complejo metalúrgico (fundición y refinería) de La Oroya, propiedad de DRP.

Hace un mes el llamado de la minera al Gobierno fue similar, luego de que un sindicato de bancos (formado por el BNP Paribás, el Banco de Crédito y el Standard Bank), le quitara un crédito revolvente de US$75 millones que servía como capital de trabajo a la empresa. En efecto, el mensaje de la minera al Gobierno era que iban a paralizar las operaciones porque no tenían capital de trabajo, lo que traía consigo, nuevamente, la posibilidad de que la minera quiebre y deje en la calle a sus 3.500 trabajadores y afecte a la economía de La Oroya.

Esto, al igual que en el 2004, originó que el Gobierno buscara soluciones para que la minera no paralice sus operaciones. Ello, pese a que DRP ha tenido buenos resultados en años anteriores.

El ministro del Ambiente, Antonio Brack, señaló que el problema de La Oroya es complejo, no solo porque se trata de una ciudad que tiene pasivos ambientales de años, que hasta ahora no se han logrado sanear, sino porque la ciudad tiene una alta dependencia de la minera. Y de eso se aprovechó DRP para gatillar una vez más el apoyo a su causa.

PODER DE FACTO
Según el especialista minero Oswaldo Tovar, en La Oroya existe un monopsonio de mano de obra. En estos casos, la paralización o cierre de operaciones genera una crisis de desempleo a gran escala, debido a que la mayoría de la población circundante a las operaciones depende de la mina. Es por eso que, cuando la mina cierra, el pueblo colapsa.

El debate, en ese sentido, estaba centrado en si el Estado debería dejar que la mina entre en insolvencia (y tal como lo dictan las reglas del mercado, quiebre) o, tal como lo hizo antes, intervenga para evitar que los trabajadores pierdan su empleo.

Pero esta no era la única discusión. Un segundo nivel del debate se centró en que DRP ya no cumpliría con el PAMA, lo cual obligaría a los pobladores de La Oroya a seguir conviviendo con el ambiente contaminado, producto de las operaciones mineras, por un tiempo más.

La solución final a la situación de DRP, anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, fue un salvataje de las mineras que le proveen de mineral por US$100 millones en concentrados y un aval para un crédito bancario por US$75 millones; además de la ampliación del PAMA y la puesta en garantía al Estado de las acciones de DRP por si no cumple con su compromiso ambiental.

El arzobispo de Junín, Monseñor Pedro Barreto, señala que en la solución ha prevalecido la situación económica antes que la salud de los pobladores de La Oroya, pues tal como ha indicado el ministro Brack, el PAMA a Doe Run se ampliaría de octubre a enero del 2010.

En realidad, salvar a la empresa ha primado. El propio ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, indicó el pasado jueves que era necesario que DRP volviera a producir para luego evaluar cómo se trataría la situación ambiental de La Oroya. Previo al acuerdo, los ministros reiteraban la importancia de cuidar los puestos de trabajo. La ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, indicó incluso que la intervención del Gobierno en el problema era para evitar un impacto sistémico, dando a entender que cerrar la empresa generaría un efecto en cadena que afectaría al resto de mineras del centro.

¿PASARÁ OTRA VEZ?
¿Estamos expuestos a una situación parecida a la de Doe Run en la que una empresa minera, de la cual depende toda una población, busque prerrogativas estatales o privadas amenazando con cerrar y despedir a sus trabajadores?

Tovar opina que sí. Y esto ocurrirá en la medida que las empresas no sean transparentes con su información, tal como ha sucedido con Doe Run. En ese sentido, el experto considera que es necesario obligar a las mineras a cotizar en la bolsa de valores al menos el 15% de su capital y que este esté en manos de accionistas locales. Con ello, se tendría acceso irrestricto a la información interna de cualquier minera, lo que permitiría cautelar situaciones extremas (como DRP) por los trabajadores, acreedores y el propio Gobierno.

Tovar indica que esto no solo ayudará a crear una cultura de gobierno corporativo en las mineras, sino también permitirá a los inversionistas locales, como AFP, Fondos Mutuos, etc., a compartir la rentabilidad producto de la explotación de recursos mineros.

¿Qué pasará si mañana otra minera vuelve a decir que ya no puede más y tiene que cerrar? ¿El Estado tendrá que cargar con la responsabilidad de buscar soluciones para salvaguardar los empleos de la población comprometida? Según Tovar, es necesario prevenir situaciones de este tipo antes de volver a ceder a las mismas presiones.

Diario El Comercio-Lima 06/04/2009





4 de abril de 2009

COMUNEROS NO QUIEREN VENDER TIERRAS A MINERA


Campesinos de El Tingo (Hualgayoc) señalan que empresa Coimolache solo les ofrecen 4 mil 700 dólares por hectárea, pero ellos exigen “reubicación”.

DESESPERADOS. Carlos Chuquilín señala que los campesinos no quieren vender sus tierras, sino una reubicación.

Varios comuneros de El Tingo (provincia de Hualgayoc) llegaron ayer hasta Cajamarca para denunciar que la empresa minera Coimolache quiere “desalojarlos” de sus propiedades, terrenos en los cuales tienen sus viviendas y realizan su actividades agropecuarias para conseguir el sustento de sus familias, aseguran los quejosos.

Sara Estela Pérez, una de las moradoras de El Tingo que se niega a vender sus tierras a la empresa minera Coimolache, señaló que los representantes de la empresa minera Coimolache los están amenazando que sino venden sus propiedades les iniciarán un proceso de servidumbre minera, con lo que los desalojarán de sus propiedades, previo pago del justiprecio.

La pobladora de El Tingo señaló que varios comuneros ya vendieron sus propiedades a la empresa minera, pero existe un grupo de seis familias, entre las que se encuentra ella, que no acepta vender sus terrenos, sino que planteó a la empresa minera la reubicación, con la finalidad de mantener propiedades en las cuales puedan continuar con sus actividades agropecuarias.

Carlos Chuquilín Chuquilín, presidente de las rondas campesinas de El Tingo, provincia de Hualgayoc, comentó que los campesinos que no quieren vender sus propiedades a minera Coimolache exigen que la empresa los reubique en otra zona apta para la agricultura y ganadería; pero los representantes de la minera les manifestaron que era imposible una negociación bajo estas condiciones.

Aseguró que la minera Coimolache solo les ofrece 4 mil 700 dólares por hectárea, aduciendo que los terrenos con eriazos; pero que tal afirmación es falsa, ya que en la zona de El Tingo se cultivan varios sembríos, además de existir grandes pastizales y ser un colchón acuífero; por lo que exigen la reubicación de todas las familias, ya que además la cantidad que les ofrecen no les alcanzaría para comprar la misma cantidad de tierra en otro lugar.

Los comuneros llegaron hasta la Ciudad del Cumbe para solicitar el apoyo de la Defensoría del Pueblo Para que la empresa minera Coimolache acepte la condición de reubicación exigida por los propietarios que no quieren vender sus terrenos; situación que si no se llega a un arreglo y la empresa inicia el proceso de servidumbre minera, terminarían desalojados de sus propiedades previo pago de un justiprecio, que según los quejosos es minúsculo y ridículo. Indican además que recibieron tres cartas notariales con las que los conminan a vender sus terrenos al precio de 4 mil 700 dólares la hectárea; pero ellos además manifestaron sus dudas, ya que aseguran que a quienes ya vendieron sus terrenos, solo les dieron el 30% de este costo, y que hasta la fecha no les cancelan todo el costo que sumó cada terreno.

CLARIDATO
Aseguran que la comunidad de El Tingo tiene más de mil pobladores, quienes viven de las actividades agropecuarias.

Diario El Clarín-Cajamarca 04/04/2009





AMPLIARÍAN POR TRES MESES MÁS PLAZO PARA QUE DOE RUN CUMPLA CON EL PAMA


La minera ahora tendría tiempo hasta enero del 2010 para poder reducir la polución y las emisiones contaminantes en su complejo de La Oroya

El ministro del Ambiente, Antonio Brack, indicó que se ampliaría por tres meses el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) a Doe Run. De esta manera, la minera debería realizar todas las inversiones necesarias para culminar el PAMA en enero del próximo año.

Se debe indicar que la empresa minera Doe Run debería haber culminado las inversiones previstas para reducir la polución y las emisiones contaminantes del Complejo Metalúrgico de La Oroya el próximo octubre. Sin embargo, Brack explicó que, considerando que las plantas de Doe Run han estado paralizadas por cerca de un mes (por falta de capital), es necesario hacer una ampliación del PAMA.

El ministro informó que en los próximos días el Ministerio de Energía y Minas publicará un decreto supremo para oficializar la ampliación. Precisó que Doe Run ya cumplió parte del mencionado programa, pero todavía le falta invertir un poco más de US$73 millones hasta octubre.

“Ya hubo otras ampliaciones del PAMA por problemas que se presentaron a lo largo del tiempo; además ha habido lentitud. Casi siempre una empresa prioriza la parte económica y social antes que la ambiental”, señaló.

ACCIONES EN PRENDA
La empresa pondrá sus acciones en prenda al Gobierno para garantizar que cumplirá el PAMA, lo cual forma parte del acuerdo al que llegaron los proveedores de Doe Run (a quienes la firma adeuda alrededor de US$100 millones), Doe Run Perú y el Gobierno.

Doe Run empezó ayer el proceso para capitalizar la deuda que tiene con su matriz (Doe Run Company), lo cual también fue parte del acuerdo suscrito en la madrugada del pasado miércoles.

CLAVES
-Doe Run adeuda unos US$156 millones a su matriz Doe Run Company (perteneciente al grupo Renco).
-Los mineros del centro proporcionarán un crédito por US$100 millones para que Doe Run vuelva a operar.

Diario El Comercio-Lima 04/04/2009






PREMIARON CON SALVATAJE A EMPRESA QUE NO INVIRTIÓ
Empresa consigue avales y rescates mientras la matriz estadounidense sigue enriqueciéndose.


DETALLE

Carlos Callupe, presidente de la Asamblea Popular de la provincia de Yauli, una de las provincias afectadas por la contaminación ambiental por parte de Doe Run, manifestó su desconfianza ante la promesa de que el gobierno no hará el salvataje a la empresa, ya que muchos de sus ejecutivos y gerentes han pasado a ser altos funcionarios del MEM y viceversa.

Durante el periodo 2005 – 2007 Doe Run tuvo un excedente de más de 107 millones que fueron a parar a los bolsillos de su dueño y no al programa de manejo ambiental.

El salvataje privado a la empresa Doe Run promovido por el gobierno ha sentado un gravísimo precedente en la actividad minera nacional, ya que el Estado de esta manera ha premiado a una empresa que no sólo ha incumplido sistemáticamente los plazos en materia de manejo ambiental, sino que, además, nunca se preocupó en invertir sus utilidades en el complejo de La Oroya

Una investigación del analista Jorge Manco Zacconetti, basada en los estados financieros de la empresa, revela que durante 1997- 2008 habría invertido 587.8 millones de dólares, de los cuales hay que deducir los 123.1 millones de dólares que se abonó como parte del contrato de transferencia por privatización firmado con el gobierno de Fujimori. De esta manera, restaría como inversión total 464.7 millones de dólares, los cuales repartidos entre once años, hacen un promedio de 47 millones de dólares por año

“Valores que no resultan significativos para un complejo minero metalúrgico como el de La Oroya, que requería de compromisos mayores de inversiones. A esto se suma que Doe Run es una empresa que no cotiza ni en la Bolsa de Valores de Lima, ni de Nueva York. En tal sentido, es una empresa cerrada, de allí la fuerte duda que generan las declaraciones de sus directivos, a ello se agrega los pésimos antecedentes empresariales del único accionista, ciudadano norteamericano de origen judío Ira Rennert, experto en la quiebra de empresas”, anota Manco.

Sin embargo, lo más grave es que la empresa en 2009 se declara en crisis financiera, cuando en el 2007 tuvo utilidades netas por 183.5 millones de dólares, pero sólo reinvirtió 143.2 millones. Es decir, un total de 40.3 millones de dólares fueron a parar a las manos de Rennert, mientras aquí Doe Run pedía nuevas ampliaciones para cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

“Además, hay que resaltar que la empresa obtuvo utilidades netas entre el 2005 y el 2007 por más de 352 millones de dólares, al margen de las depreciaciones y amortizaciones. Sin embargo, las inversiones entre el 2006 y 2008 sumaron los 244.6 millones de dólares. Por tanto, debiera interesar el destino del excedente, es decir la diferencia de más de 107 millones de dólares”, añadió Manco

Por ello, Manco recalcó la necesidad de exigir mayor transparencia a Doe Run Perú, ya que, sostuvo, es inconcebible que en pleno siglo XXI una empresa moderna no publique sus estados financieros, y sus principales cuentas. “Sería lamentable que una empresa como Doe Run Perú SRL con el gran respaldo financiero de su matriz, sorprenda nuevamente a los peruanos y nos agarre de cholitos”, dijo.

Plazos
Por su parte, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, informó ayer que Ejecutivo daría entre dos y tres meses más de plazo para que la minera Doe Run Perú cumpla con el PAMA, el cual vence el 31 de octubre de este año, y puntualizó que la empresa tendrá que cumplir el PAMA ya que el Estado tiene el aval de sus acciones, y si no cumple sus compromisos se usarán esas acciones.

Diario La Primera-Lima 04/04/2009






PRORROGARÁN PLAZO PARA QUE DOE RUN CUMPLA CON EL PAMA


Hasta por tres meses, señala ministro brack. El ministerio de Energía y Minas (MEM) publicaría un DS con el que se oficializaría la medida en los próximos días.

Luego de que un grupo de empresas mineras se comprometiera a avalar dos operaciones de financiamiento para Doe Run Perú (DRP) con US$ 175 millones, para asegurar la continuidad de sus operaciones en La Oroya, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, informó que el Ejecutivo le daría entre dos y tres meses más de plazo para que DRP cumpla con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el cual vence el 31 de octubre de este año.

“Hasta que se concrete todo el sistema de financiamiento habrá unos meses en que no opere y el PAMA tendrá que correr un poco”, argumentó el ministro.

Además indicó que para oficializar la prórroga del cumplimiento del PAMA, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicará un decreto supremo en los próximos días.

“Ya hubo otras ampliaciones del PAMA por problemas que se presentaron a lo largo del tiempo; además también ha habido lentitud. Casi siempre una empresa prioriza la parte económica y social antes que la ambiental, pero ahora estamos en una época de transición”, sostuvo el ministro.

De otro lado, Juan Carlos Huyhua, presidente y gerente general de Doe Run Perú, expresó que con este acuerdo se puede asegurar el cumplimiento del PAMA. Además del empleo de 3,500 trabajadores en sus unidades del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

Inversiones

“Al llegar al Perú en 1997, Doe Run Perú se comprometió a invertir US$ 107 millones en el PAMA. Dicho compromiso se elevó posteriormente a US$ 244 millones. Sin embargo, la empresa ha invertido a la fecha US$ 307 millones en la ejecución de sus proyectos PAMA, superando sus compromisos de inversión ya que sólo en los últimos dos años se invirtió más de US$ 200 millones”, manifestó Huyhua. La República, edición impresa.

Diario La República-Lima 04/04/2009





3 de abril de 2009

DENUNCIAN PENALMENTE A TRES MINEROS INFORMALES DE ALGAMARCA


El fiscal de prevención del delito y medio ambiente, Guillermo Vargas Cerna, afirmó que se ha formalizado la denuncia penal contra tres mineros informales de Algamarca, reincidentes, por encontrárseles con insumos químicos y que hasta el momento vienen evadiendo la justicia. Se trata de Francis Iparraguirre Anticona, Santos Soledad Mesa Julca, Mini Oni Rojas Hurtado, que según el fiscal, han incurrido en el delito de contaminación del Medio Ambiente tipificado el artículo 304 del código penal en agravio del estado y del centro poblado menor de Algamarca.

Vargas, también, aseguró que 15 personas más vienen siendo investigando por los mismo cargos y que posteriormente serían denunciados formalmente penalmente ante Corte Superior de Justicia.

Ahora el caso ya se encuentra en el Juzgado Penal y dependerá de ellos la sanción correspondiente, teniendo en cuenta, que los inculpados están atentado contra la salud: contaminación de suelos y aguas.

Precisó que la investigación inicialmente estuvo a cargo de la fiscalía de Cajabamba conjuntamente con la policía y remitido a su despacho para su ampliación.

So reincidentes, incautándoles insumos químicos como cianuro, un poderoso contamínate de los suelos el agua y que perjudica los zonas de Algamarca y alrededores

Diario Panorama Cajamarquino 03/04/2009





SE SALIÓ CON LA SUYA


Empresa seguirá con carta libre para contaminar el medio ambiente.

DETALLE

La RM 257-2006 señala en su artículo 1 que los plazos son impostergables, entonces si el Estado piensa aplazar el compromiso ambiental de la minera Doe Run estaría yendo en contra de la norma. De otro lado, el Movimiento para la Salud de La Oroya teme que la minera incumpla por quinta vez su compromiso con el PAMA.

Doe Run logró dos líneas de crédito por 175 millones de dólares gracias a un gobierno al que no le importó las continuas infracciones de la empresa en el tema ambiental.

Tras muchos días de incertidumbre y promesas gubernamentales, finalmente la discutida minera Doe Run se salió con la suya y logrará salvarse del colapso financiero gracias a dos líneas de crédito por un total de 175 millones de dólares que el sector privado le ha otorgado, en la que el gobierno, según señaló el ministro Carranza, sólo ha servido como mediador.

De esta manera, la empresa del Grupo Renco no tendrá que recurrir a sus fondos de su matriz en Estados Unidos, ya que gracias al presidente García logró que sus proveedores le den a crédito 100 millones de dólares en concentrados minerales, para que Doe Run los procese y venda, mientras que las acciones de la minera garantizaron una línea por 75 millones de dólares.

Premio a mala empresa
Mientras tanto, los especialistas coincidieron ayer en rechazar cualquier tipo de ayuda o mediación gubernamental hacia esta empresa privada, y sostuvieron que lo mejor sería que el Ejecutivo asuma la administración del complejo metalúrgico en vista de los constantes incumplimientos de la minera en materia de manejo ambiental.

José de Echave, especialista en temas de minería, enfatizó que el gobierno debe entender que salvar el complejo metalúrgico y ayudar a los trabajadores no es sinónimo de salvar a una “mala” empresa (Doe Run) que “no respeta los derechos laborales y compromisos ambientales”.

En ese sentido, recordó que cuando el Ejecutivo le otorgó en el 2006 la cuarta prórroga –mediante RM 257-2006 y que culmina en octubre del presente año- para cumplir con el Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el Ministerio de Energía y Minas (MEM) exigió a la minera firmar un contrato de fideicomiso que garantice el cumplimiento del PAMA. “Por ello, el gobierno debe informar que el organismo maneja el dinero recaudado y cuanto hay acumulado, es que dicho dinero serviría para paliar el impacto negativo en el ambiente que causó la empresa privada y que actualmente se niega a asumir, argumentando estar en crisis financiera”, sostuvo.

Por su parte, Epifanio Baca, especialista en temas ambientales y miembro del grupo Cooperación, calificó como “inaceptable e inmoral” la intención del Estado del salvar una empresa que se caracterizó por sus malas prácticas laborales, y puntualizó que de extenderse la prórroga del PAMA significaría más tiempo para que la minera siga contaminando a La Oroya.

“Cuando el gobierno le pidió a Doe Run que ponga como garantía para el préstamo las acciones de su empresa, ésta se niega. Ahí se ve que la minera no quiere correr ni un riesgo y quiere que el Estado tome el riesgo”, acusó.

De otro lado, Rosa Amaro, presidenta del Movimiento para la Salud de La Oroya, reafirmó su convicción en que Doe Run está detrás del Estado peruano para obtener beneficios financieros inmerecidamente; y, a la par, dilatar su responsabilidad en la ejecución del plan de adecuación de manejo ambiental.

Diario La Primera-Lima 03/04/2009





MINERAS SALVAN A DOE RUN CON US$156 MILLONES Y PROBLEMA AMBIENTAL NO TIENE FIN


Fundición de La Oroya recibirá un crédito privado por US$175 millones. Si era declarada insolvente, dueño y principal acreedor iba a ser favorecido.

La minera Doe Run Perú logró darle solución a la crítica situación financiera por la que atraviesa y que la ha llevado a paralizar las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya. La ayuda no vino del sector estatal, tal como se especulaba, sino de quince empresas mineras que utilizan La Oroya para fundir y refinar sus minerales.

Entre dichas empresas destacan Sociedad Minera El Brocal, Compañía de Minas Buenaventura, Cormin, Glencore y Volcan, las cuales han comprometido un crédito de US$100 millones en concentrados y han garantizado un crédito bancario de US$75 millones que servirán a Doe Run de capital de trabajo.

El dinero fresco se otorgaría una vez que Doe Run amplíe su capital por un equivalente a US$156 millones, monto que corresponde a la deuda que tiene la minera con su principal accionista, el grupo Renco, cuyo único dueño es el estadounidense Ira Rennert. Este proceso se iniciaría hoy.

El anuncio del acuerdo lo hicieron los ministros Luis Carranza (Economía) y Pedro Sánchez (Energía y Minas); el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Hans Flury; el gerente general de Doe Run Perú, Juan Carlos Huyhua; y el gerente general de Sociedad Minera el Brocal, Ysaac Cruz.

Carranza indicó que, además, se ha comprometido la totalidad de las acciones de Doe Run Perú para el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Estas acciones serán transferidas como prenda al Estado, que a su vez las colocaría en una entidad bancaria con mandato de venta, en caso no llegara a concretarse el PAMA.

Una fuente del sector minero indicó que las empresas nombrarán a un interventor para monitorear los estados financieros de Doe Run Perú hasta la cancelación de sus deudas.

LA ECOLOGÍA PARA EL 2010
Pese a que se logró salvar la situación financiera de la empresa, queda por resolver cuándo Doe Run Perú culminará el PAMA, cuyo plazo de cumplimiento vence en octubre.

El ministro Pedro Sánchez dijo que se procuraría acabar en el menor tiempo posible, pero dejó entrever que se reajustaría el cronograma.

Explicó que una eventual ampliación del plazo se daría como parte del Decreto Supremo 046-2004, que permitió la modificación del PAMA a Doe Run Perú hace cinco años.

Una fuente del Gobierno indicó que una fecha tentativa para cumplir con el PAMA es el primer trimestre del 2010.

El gerente financiero de Compañía de Minas Buenaventura, José Gálvez, reiteró que para que los proveedores otorguen la ayuda a Doe Run Perú, deberá cumplir con ampliar su capital y otorgar las acciones en prenda al Estado. “Es exigencia de las mineras tomar las providencias para que se cumpla el PAMA”, sostuvo.

ARDUA NEGOCIACIÓN
Un proveedor minero indicó a este Diario que recién se llegó a un acuerdo con Doe Run Perú a las 2 a.m. del miércoles. Y es que, pese a que el Gobierno no comprometerá recursos públicos, sí fue una opción que los proveedores y la propia empresa estaban contemplando.

Según se supo, los proveedores mineros no estaban de acuerdo con que Doe Run Perú fuese declarada en insolvencia ante el Indecopi, puesto que esta organización podría declararla en reestructuración y establecer una prelación de pago de las deudas.

Ante ese posible escenario, el principal beneficiado iba ser Ira Rennert, el dueño del grupo Renco, que es también —como dijimos líneas arriba— el principal acreedor con US$156 millones.

Es decir, iba a convertirse nuevamente en el propietario. Esto, más que una solución, habría sido una burla para los pobladores de La Oroya y el Estado Peruano.

Diario El Comercio-Lima 03/04/2009
NOTA DE PRENSA
02 de abril de 2009

Grupo de empresas mineras financiarían deuda hasta por 175 millones de dólares

ESTADO PERUANO NO OTORGÓ SALVATAJE A DOE RUN PERÚ

En conferencia de prensa, realizada en la Sociedad Nacional de Minería, el ministro de Economía, Luis Carranza, anunció que un grupo de productores mineros (sin especificar quiénes) financiarían a la empresa minera Doe Run Perú hasta por 175 millones de dólares, a fin de salvarla de la crisis económica en la que se encuentra. Con ello, quedó descartada la intervención del Estado peruano a través de un salvataje.

Del mismo modo, el ministro informó que la casa matriz Doe Run Resources, ubicada en los Estados Unidos, se comprometió a capitalizar el total de sus acreencias -las mismas que ascienden a 156 millones de dólares.

En lo referido al cumplimiento del PAMA, el ministro Pedro Sánchez señaló que el gobierno exigirá su cumplimiento, por lo que habría pedido como garantía el 6% de las acciones de DRP. Sin embargo, el ministro Sánchez no se refirió a la solicitud de prórroga del PAMA. Cuando se le preguntó al respecto, respondió que éste se cumplirá en "el mínimo plazo posible".

La Red Muqui considera que esta decisión es positiva, pues se trata de un tema privado que además compromete a una empresa que no es transparente, que no realiza una buena gestión y que incumple con sus compromisos y obligaciones.

Respecto del PAMA, la Red Muqui exige que no se otorgue una nueva prórroga porque su postergación afecta gravemente la salud de la población de La Oroya.

Agradecemos su difusión.


Silvia Mori Vásquez
Área de Prensa
Red Muqui
Cel: 992851881






MINERAS BUENAVENTURA Y VOLCAN PRESTARÁN A DOE RUN 175 MILLONES DE DÓLARES


Experto en temas mineros, Juan Aste, considera que solución es un paliativo que no asegura continuidad a población de la Oroya

El Estado no le dará un sol a la minera Doe Run Perú (DRP). El ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, confirmó hoy en rueda de prensa la decisión que el viceministro de Minas, Felipe Isasi, adelantó ayer a CNR, durante una reunión con afectados por la contaminación de La Oroya.

En su lugar, un grupo de productores mineros concederá a la empresa un crédito revolvente de hasta 175 millones de dólares para evitar su colapso financiero. Este monto sería destinado a cubrir las deudas con sus proveedores y al cumplimiento de los compromisos asumidos en su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), cuatro veces postergado desde 1997. Como aval de este préstamo, Doe Run Resources (matriz de DRP), capitalizó el 100% de sus acciones, que ascienden a 156 millones de dólares.

Las compañías acreedoras de Doe Run Perú, que son la Sociedad Minera El Brocal, perteneciente al Grupo Minero Buenaventura; y la minera Volcan. Ambas fueron las prestamistas de este crédito millonario, según el experto en temas medioambientales Juan Aste.

A juicio de Aste, es una solución adecuada el que los proveedores se hagan cargo de la deuda en vez de que el Estado “esté gastando recursos en una empresa que ha incumplido”. Sin embargo, consideró que esta solución podría no ser viable a medio y largo plazo.

“El acuerdo debería difundirse públicamente porque la población de La Oroya está en zozobra. No se sabe la situación financiera de la compañía y no se sabe si esa situación es de corto plazo, va a durar seis meses y de ahí le van a pedir un nuevo préstamo al Estado”, declaró Aste a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR).

Cabe recordar que Doe Run no cotiza en bolsa, por lo que no es posible saber su real situación financiera. Más aún, si se tiene en cuenta el hecho de que el pasado 31 de marzo la empresa pagó el montó de tres mil 200 soles a cada uno de sus dos mil trabajadores en concepto de utilidades.

Esta decisión fue sorpresiva, ya que las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Antonio Brack, e incluso del premier Yehude Simon parecían dar el visto bueno al salvataje estatal. Sobre el comportamiento confuso del gobierno desde que el pasado 10 de marzo DRP pidió apoyo al Estado para evitar la paralización de sus operaciones, el experto consideró que el cambio de opinión sobre el salvataje se debió a la presión mediática.

“Al comienzo fue más fácil pedirle plata al Estado porque le da estabilidad a la población de la Oroya y los trabajadores iban a felicitar al gobierno”, explicó. “Después ha jugado la presión mediática y la posibilidad de acuerdo con los productores. La empresa se ha dado cuenta de que iba a tener limitaciones y los productores para recuperar su plata también”, concluyó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 02/04/2009





2 de abril de 2009

CONSEJERO REGIONAL Y LÍDERES AMBIENTALISTAS PODRÍAN SER ENCARCELADOS


En un informe enviado por la Ong Grufides advierten que el consejero por la provincia de San Marcos Chanel Ruíz Vargas y nueve líderes ambientalistas podrían ser encarcelados por participar de la una marcha pacifica en contra de la minera Miski Mayo.

Según el documento, las acciones se remontan agosto de 2007 cuando pobladores de San Marcos acordaron realizar una movilización para mostrar su disconformidad con el inicio de las operaciones de la Empresa Minera Miski Mayo, cuyas prácticas eran abusivas y abiertamente violatorias de derechos, entre ellas:

Contratación de delincuentes como parte de su personal de seguridad o “cuadros de defensa”, entre ellos se encontraba Joel Atilio Briones Acosta (37) procesado por tráfico ilícito de drogas según consta en el expediente 81-2002, José Ysmael Armas Medina (32), enjuiciado por homicidio, (expediente 116-2001).

También figuran Vidal Izquierdo ex senderista vinculado al ajusticiamiento del párroco y presidente de las rondas, Rada Romero (marzo de 1987) y participación en el atentado contra la subprefectura de Otuzco (octubre 1990).

Los delincuentes realizaban actividades de extorsión y amedrentamiento. Los excesos fueron tales que en enero del 2008 el Juzgado Mixto de la Provincia de San Marcos ordena la captura de Isidoro Fernández Chiroque y Mauro Quispe Barrios, ambos funcionarios de Miski Mayo por Homicidio Simple en grado de Tentativa.

Realización de actividades sin autorización. En octubre de 2007, los propietarios afectados por actividades de exploración interponen denuncia penal contra la empresa Minera Miski Mayo por los delitos de usurpación y daños cometidos en su propiedad.

Según declaración de los pobladores durante el año 2007 ninguna autoridad se apersonó a la zona a pesar de haberse comprometido en asistir y atender sus reclamos, frente a este hecho los pobladores dieron inicio a la marcha con aproximadamente 2000 personas.

Durante algunos momentos se produjeron desbordes de la población que fueron reprimidos por la policía. Finalmente la movilización fue dispersada con bombas lacrimógenas. A medio día se apersonó el Fiscal, quien levanto un acta por la obstaculización de la carretera en ambos sectores.

Por el hecho descrito y después de dos años el Fiscal actualmente ha solicitando al Juzgado penas entre seis y siete años de prisión para campesinos, líderes ambientales y un Consejero Regional, además de una reparación civil de S/. 20,000.00 Nuevos Soles que deberán cancelar de manera solidaria los denunciados.

Diario Panorama Cajamarquino 02/04/2009





A pesar que minera se declara insolvente y pide prórroga de PAMA
DOE RUN PAGA UTILIDADES COMPLETAS A TRABAJADORES


Pese a haberse declarado en insolvencia y solicitar la postergación del cumplimiento de sus obligaciones ambientales -debido a la crisis financiera- la minera Doe Run Perú (DRP) pagó el 31 de marzo último las utilidades a sus trabajadores, denunció el Movimiento para la Salud de La Oroya (MOSAO).

Según detallaron activistas del MOSAO, la empresa estadounidense abonó en la cuenta de cada uno de sus obreros el integro de sus utilidades correspondientes al ejercicio 2008, que ascienden a tres mil 250 soles. Dicha cantidad, en conjunto, superaría los siete millones 470 mil nuevos soles.

En ese sentido, el MOSAO cuestionó que la compañía metalúrgica atraviese por severos problemas financieros, tal como aducen sus gerentes. “El reparto de utilidades es una aceptación que la empresa ha tenido ganancias durante el año 2008”, subrayó.

A esta evidencia, se suma el hecho que la empresa norteamericana ocupó, en noviembre pasado, el sexto lugar del ranking de mineras exportadoras, con ventas que superan el millón 245 mil 445 dólares.

Así mismo, los activistas del MOSAO expresaron su preocupación respecto a que Doe Run incumpla con sus compromisos ambientales, al solicitar -por quinta vez- la prórroga de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el cual permitirá remediar la contaminación generada por sus operaciones

Estos hechos fueron planteados por delegados del MOSAO al Ministerio de Energía y Minas (MEM), en la reunión que sostuvieron ayer con el titular de dicho portafolio, Pedro Sánchez. Sin embargo, el ministro no los atendió y, en su reemplazo, fueron recibidos por el viceministro de Minas, Felipe Isasi.

:: El Estado no hará salvataje a Doe Run

Frente a las preocupaciones arriba descritas, el viceministro de Minas, Felipe Isasi Cayo, aseguró que no existe intención del gobierno de efectuar ni un “salvataje financiero”, ni una prórroga del PAMA a DRP.

El funcionario aseveró que tales afirmaciones habrían sido producto de rumores periodísticos sin fundamento, pues -según dijo- en ningún momento los gerentes de la empresa metalúrgica han solicitado que se les brinde dinero alguno.

El viceministro insistió que el problema de Doe Run es de un orden empresarial estrictamente privado, tanto así que hasta "en el Ministerio de Energía y Minas desconocen el estado financiero de la empresa norteamericana’.

En esa línea, remarcó que las recientes movilizaciones y reclamos en torno al disponibilidad del Estado para salvar de la quiebra a DRP son infundadas, producto de especulaciones de la prensa, y que no favorecen al esclarecimiento de la situación.

Indicó que tales especulaciones sólo minimizan la capacidad intelectual y técnica del titular del MEM, Pedro Sánchez para resolver el problema suscitado, el cual, aseguró, ya está siendo evaluado.

Isasi Cayo justificó también que su ausencia en la última sesión que se dio lugar en la Comisión de Minas del Congreso de República, donde había sido invitado junto al presidente ejecutivo de COFIDE, Alfonso Zárate Rivas, a fin de explicar sobre el presunto salvataje estatal a Doe Run.

Empero, el funcionario adujo que -como servidor del Ministerio de Energía y Minas- no puede estar develando a todos cuáles son las estrategias que traza su institución para manejar un tema tan controversial.

:: Desconfían de actitud del Estado

Al término de la cita, Carlos Callupe, presidente de la Asamblea Popular de la provincia de Yauli, saludó la disposición personal del viceministro para abordar el tema; sin embargo, no confió que exista esa misma actitud en el gobierno.

“Es un primer acercamiento, encontramos una disposición un tanto personal. Me parece para evitar un tanto de (los) conflictos que se está produciendo en la población. Nosotros creemos que el Estado no está haciendo nada para la población y más bien está preocupándose por atender los requerimientos de la empresa”, enfatizó Callupe a CNR.

El representante de la provincia de Yauli afirmó que le resulta difícil de creer que el gobierno no conozca la verdadera situación económica de la compañía norteamericana, como argumentó Isasi.

Así mismo, Callupe manifestó su desconfianza ante la promesa de que el gobierno no hará el salvataje a Doe Run. Sustentó que, a lo largo de la historia empresarial de la referida compañía, muchos de sus ejecutivos y gerentes han pasado a ser altos funcionarios del MEM y viceversa.

En tanto, la presidenta del Movimiento para la Salud de la Oroya (MOSAO), Rosa Amaro, también se sumó a felicitar la buena disposición del viceministro Isasi, por reunirse con ellos y escuchar sus inquietudes.

No obstante, reafirmó su convicción en que Doe Run está detrás del Estado peruano para obtener beneficios financieros inmerecidamente; y, a la par, dilatar su responsabilidad en la ejecución del plan de adecuación de manejo ambiental.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 02/04/2009





MUTIS POR SALVATAJE A DOE RUN


Premier dice: “no hay por qué preocuparse”. Trabajadores de DRP protestan por recorte en el abono de las utilidades del 2008.

Mientras crecen las especulaciones y críticas en torno al salvataje estatal a Doe Run Perú (DRP), el premier Yehude Simon se excusó anoche de dar detalles sobre el rescate (nacionalización, aval, junta de acreedores, etc.) y refirió que la información se daría a conocer en las “próximas horas o días” y que no había por qué preocuparse.

La empresa argumenta insolvencia, luego que un sindicato de bancos le cortó un crédito revolvente de US$ 75 millones. Sin embargo, ayer se supo que los trabajadores (obreros) de DRP recibieron sus utilidades correspondiente al año anterior. La cantidad depositada en las cuentas de los trabajadores fue de S/. 3,250, cifra menor a los S/. 11,000 que recibieron durante el 2007.

Protesta en la oroya

La significativa rebaja en el monto de las utilidades motivó que el sindicato metalúrgico de DRP realizara una movilización pacífica en La Oroya para exigir conocer los estados financieros de la empresa, toda vez que se sabe que la crisis financiera no impactó significativamente en las utilidades de la operadora durante el 2008.

Culpan a la crisis externa

Víctor Andrés Belaunde, gerente de relaciones institucionales de DRP, explicó que el recorte de las utilidades para los trabajadores responde a la crisis financiera que impactó en el precio de los metales desde fines de setiembre de 2008. “La crisis produjo un giro de 180 grados”, afirmó. Sin embargo, el investigador de la UNMSM Jorge Manco Z. dijo que en su opinión no se justifica que se haya reducido las utilidades en un tercio por la caída en la cotización de los minerales.

De otro lado, trascendió que el Congreso estaría evaluando una propuesta para modificar el Código Penal y sancionar con cárcel efectiva a los gerentes de empresas mineras que incumplan compromisos ambientales que incidan en la reducción de la esperanza de vida de la población.

Diario La República-Lima 02/04/2009






URGE RENEGOCIAR EL CONTRATO DE CAMISEA


El pedido del Cusco al presidente Alan García. Gonzales: Se debe evitar que el gas se lo lleven los chilenos.

El Cusco y otras 18 regiones del país, con el respaldo de los legisladores de Unión por el Perú (UPP), pidieron al presidente Alan García renegociar el contrato de exportación del gas de Camisea para atender primero la creciente demanda interna de este producto y resolver el déficit de energía eléctrica en el país.

La propuesta fue planteada por el presidente regional del Cusco, Hugo Gonzales Sayán, y los legisladores Aldo Estrada, Fredy Serna, José Vega, entre otros representantes de la bancada de UPP.

Gonzales dijo que empresarios de la Sociedad Nacional de Industrias y las cámaras de comercio de Lima y las regiones del sur le expresaron su preocupación porque muchas empresas corren el riesgo de quebrar si el gobierno nacional no atiende el grave déficit de energía eléctrica en el país.

Refirió que para cubrir el déficit de gas, las generadoras de electricidad están importando diesel, con un alto costo y el consiguiente perjuicio económico para el país.

Datos

Al sur. Gonzales advirtió que si el gobierno persiste en exportar nuestro gas, el destino será Chile, país que enfrenta severas restricciones de su abastecedor Argentina y que es seguro recurrirá al Perú, considerando el bajo costo del transporte.

Alternativa. Insistió en que la alternativa es renegociar el contrato con Perú LNG, suscrito durante el gobierno de Toledo.

Diario La República-Lima 02/04/2009






El colmo. Gobierno garantizará crédito por 70 millones y ahora empresa infractora (Doe Run) sostiene que necesita más.
SE APROBÓ SALVATAJE


Empresa minera pide más dinero a costa de los contribuyentes.

DETALLE

Doe Run pidió al gobierno una prórroga para que cumpla con su plan de limpieza ambiental (PAMA) en La Oroya, que vence el próximo 31 de octubre. Según Corey Laplante, investigador de Fulbright de Estados Unidos, en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, La Oroya es una de las más contaminadas del mundo.

Se consumó rescate millonario. Finalmente el Estado peruano garantizará, a través de Cofide, una línea de crédito para la minera Doe Run, operadora del complejo metalúrgico en La Oroya (Junín), por US$70 millones, según confirmó ayer el ministro del Ambiente, Antonio Brack

“Con ello, se evita un eventual cierre de sus operaciones en el país”, dijo Brack, quien señaló que una de las condiciones del Gobierno para el salvataje es que no haya despido de trabajadores en el complejo metalúrgico de la Oroya.

Sin embargo, José Mogrovejo, vicepresidente de Asuntos Ambientales de Doe Run, sostuvo que, además, la minera solicitó al Estado un préstamo de 150 millones de dólares para cumplir con su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en La Oroya (Junín).

A este respecto, el funcionario de DRP informó que necesitan los 71 millones de dólares comprometidos en su PAMA y otros 84 millones adicionales para ejecutar proyectos de infraestructura en este respecto.

Frente a este anuncio, el congresista nacionalista Yaneth Cajahuanca, miembro de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, exigió la presencia del premier Yehude Simon en el Legislativo, para que explique los términos reales del salvataje. “Debe haber transparencia. Esto se está negociando con el dinero de todos los peruanos, y la opinión publica debe saber el monto final de este arreglo”, sostuvo.

Por su parte, el congresista José Carrasco Távara sostuvo que la minera desarrolla sus actividades en el marco de un modelo económico de libre mercado y, por ende, no corresponde al Estado intervenir ni brindarle salvataje alguno.

Diario La Primera-Lima 02/04/2009





1 de abril de 2009

SALVATAJE A MINERA DOE RUN SUPERA LOS 150 MILLONES DE DÓLARES


La minera Doe Run Perú (DRP) ha solicitado al Estado un préstamo de 150 millones de dólares para cumplir con su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en La Oroya (Junín), admitió José Mogrovejo, vicepresidente de Asuntos Ambientales de la referida compañía estadounidense.

Aunque evitó brindar precisiones sobre la deuda contraída con sus distribuidores de minerales, el funcionario de DRP informó que necesitan los 71 millones de dólares comprometidos en su PAMA y otros 84 millones adicionales para ejecutar proyectos de infraestructura.

“Si logramos estos fondos, nosotros nos comprometemos a cumplir con el PAMA pactado”, aseguró Mogrovejo, quien tampoco quiso precisar un plazo de tiempo para la aplicación del PAMA.

“Todas las obras que faltan para cumplir con el PAMA están avanzadas en un 50%”, se limitó a decir, obviando que se trata de la quinta oportunidad en que la compañía norteamericana solicita una prórroga para atender sus obligaciones para con el ambiente y la salud en el Valle del Mantaro.

En la misma línea, el vicepresidente de Asuntos Ambientales de DRP se negó a determinar si estos 150 millones de dólares constituyen el monto total del salvataje que evalúa el Ejecutivo..

“Ese monto está en discusión y no puedo hablar de eso hasta que informe primero a la Comisión de Energía y Minas del Congreso”, justificó ante las sospechas de que el préstamo final solicitado pueda duplicar esa cifra debido a las deudas contraídas por Doe Run con sus proveedores de concentrados minerales.

Estas declaraciones fueron recogidas ayer en los bastidores de la sesión especial de la Comisión de Energía y Minas del Legislativo que evalúa el salvataje a Doe Run.

:: Ejecutivo y Doe Run incumplen cita con el Congreso

A pesar de haber sido convocados, no asistieron a la sesión de la Comisión ni el viceministro de Minas, Juan Felipe Isasi, ni el presidente ejecutivo de COFIDE, Alfonso Zárate Rivas. Tampoco estuvo el gerente general de Doe Run, Juan Carlos Huyhua.

Por este motivo, previa votación de los integrantes del grupo de trabajo parlamentario, se negó la palabra al José Mogrovejo, al considerarse que el Congreso había sido burlado por el Ejecutivo y por la empresa minera.

“El tema es que ya el Ejecutivo está decidiendo destinar un monto de dinero (a Doe Run) y no quiere venir acá”, resaltó la congresista nacionalista Yaneth Cajahuanca en el debate de la comisión de Energía y Minas. “¿No será que están habiendo faenones y aceitadas? Eso nos preocupa. Es importante exigir la presencia del Ejecutivo, del premier (Yehude Simon) para que expliquen que es lo que se está negociando con el dinero de todos los peruanos”.

Esta posición fue compartida por el titular del grupo congresal, Rolando Reátegui, la también congresista fujimorista Cecilia Chacón, Víctor Andres García Belaúnde (AP) y David Waissman (AP), entre otros, quienes solicitaron la presencia en la comisión del premier Yehude Simon y el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, para dar explicaciones sobre el monto final del préstamo que el Ejecutivo quiere conceder a Doe Run.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/04/2009





EL CONGRESO RECHAZA EL POSIBLE SALVATAJE A DOE RUN


Hubo coincidencia multipartidaria en la Comisión de Energía y Minas. El Gobierno pide que la empresa ponga su patrimonio en garantía, dice la ministra de Vivienda, Nidia Vílchez.

La Comisión de Energía y Minas del Congreso se pronunció ayer en contra de cualquier posibilidad de salvataje del Estado en favor de la empresa minera Doe Run, que atraviesa una aguda crisis financiera debido a la cancelación de un crédito sindicado de US$75 millones.

El presidente de dicha comisión, Rolando Reátegui, afirmó que, por acuerdo de sus miembros, enviarán un pronunciamiento a la Presidencia del Consejo de Ministros. Solicitarán que no se comprometan recursos económicos ni garantías financieras estatales en beneficio de la compañía.

Sostuvo que el ministro de Economía, Luis Carranza, debe explicar al Poder Legislativo las condiciones en las que el Gobierno pretende brindar un salvataje, situación que los legisladores rechazan tajantemente. Aseveraron que el problema financiero debe ser resuelto por sus accionistas.

EN GARANTÍA. En tanto, la ministra de Vivienda, Nidia Vílchez, también congresista natural de Junín, comentó que para completar el rescate de Doe Run, el Gobierno requiere que “la empresa ponga su patrimonio en garantía” como condición previa.

“Sí se le va a ayudar, el Ministerio de Economía está preparando el esquema, pero bajo ciertas condiciones”, enfatizó.

Vilchez dejó entrever que al interior del Consejo de Ministros hay discrepancias respecto de que se postergue la aplicación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) hasta 2011, tal como lo ha pedido la minera y con lo que estaría de acuerdo el Ministerio del Ambiente.

DATOS

* Los ministros Luis Carranza y Pedro Sánchez serán citados a la Comisión de Energía y Minas.

* Ni el viceministro de Minas, ni los funcionarios de Cofide atendieron ayer la invitación del Congreso.

* Tampoco se presentó el gerente de Doe Run, solo el vicepresidente de Asuntos Ambientales.

Diario Perú 21-Lima 01/04/2009






DOE RUN: EN DEFENSA DE LOS TRABAJADORES


La crisis de la minera Doe Run ha adquirido matices insospechados ante la inminente decisión del Gobierno de intervenir para rescatarla de la insolvencia asumiendo el riesgo de su salvataje.

Es evidente que la cuenta no será pagada por los banqueros, quienes raudamente se retiraron del riesgo. Tampoco quieren pagarla los proveedores pues se sabe que la posición de aquellos que surten de concentrado al complejo metalúrgico es no continuar con el suministro de mineral si las deudas no son saldadas en forma integral y se conceden garantías suficientes para futuras entregas.

Debe entonces ser pagada por los accionistas, pero sucede que el accionista es, además, el principal acreedor de Doe Run, quien lejos de reinvertir sus utilidades, a lo que estaba obligado por la RM 257-2006-EM, se ha colocado primero en la lista de acreedores, con una suma de más de 100 millones de dólares a través de su matriz Doe Run USA.

¿Por qué entonces debe pagarla el Estado? La obligación del gobierno de evitar que se afecte a un importante número de trabajadores no tiene que atenderse asumiendo “graciosamente” el pago de la factura de los potenciales riesgos de quienes participan de la crisis de Doe Run.

Primero se debe decidir entre realizar las pérdidas de los accionistas, o socializar las mismas a través de un salvataje estatal que hará que los contribuyentes asuman el riesgo que hoy rehúyen banqueros y mineros. Allí el Estado no debe intervenir alterando el orden de asunción de perjuicios económicos que genera la insolvencia de una empresa, poniendo en primera fila las arcas fiscales.

La legislación peruana para este tipo de crisis señala que cuando se pone en riesgo la supervivencia de una empresa, es lícito solicitar protección patrimonial y suspender pagos en el marco de un entendimiento entre los acreedores y el deudor; también señala que es el deudor el responsable de pedir esa protección. Esos mecanismos existen pero Doe Run no hizo uso de ellos.

Lejos de confesar su incapacidad de pago, recurrir a estos procedimientos y protegerse, recurrió al MEF en busca de ayuda financiera... y alguien en ese ministerio les abrió la puerta.

Estamos a tiempo de atender el conflicto social separándolo del conflicto empresarial. El Estado debe intervenir, por cierto, pero no salvando a los accionistas ni reduciendo las pérdidas de los acreedores –estas deben realizarse –, debe hacerlo en defensa de los miles de trabajadores afectados. Ni un centavo del dinero de todos los peruanos debe utilizarse para mantener los dividendos de empresas mineras, bancos y quienes confiaron comercialmente en los gestores de Doe Run.

En suma la empresa que conduce Doe Run debe ser protegida pero no para quedarse bajo el control de un avaro inversor. Si hay créditos que conceder, estos deben otorgarse tras la realización de las pérdidas, garantizarse vía la capitalización de los mismos, y ser usados para mantener la operación de la empresa hasta que se encuentre un mejor operador.

Diario La República-Lima 01/04/2009