23 de junio de 2014

Ollanta Humala cambia sorpresivamente a ministros del Interior, RR.EE y MTC

Sorpresivamente el gobierno ha confirmado hoy el cambio de tres ministros de Estado que ocupaban las carteras del Interior, Relaciones Exteriores así como Transportes y Comunicaciones.

Walter Albán, Eda Rivas y Carlos Paredes Manrique, respectivamente, dejarán el gabinete ministerial que preside René Cornejo.

Se sabe que hay serios problemas de seguridad ciudadana que afectan al país, por ello se habría optado por la salida de Albán aunque la prensa reseñó que este renunciaba a la cartera del Interior por problemas personales.

Sobre Eda Rivas, su salida se produce a pocos días de que Chile advirtiera que presentará una nota de protesta por el tema del "Triángulo Terrestre" que quedó en el aire tras el fallo de la Corte de la Haya en el diferendo marítimo con Chile.

En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hubo una autocrítica de pocas obras ejecutadas de infraestructura y carreteras.

A través de un comunicado, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que hoy por la tarde será la juramentación de los nuevos ministros.

http://periodismoenlinea.org 23.06.14

Albán renunció a Interior y será reemplazado por Daniel Urresti

Saliente ministro deja el cargo por motivos personales. Su sucesor será el actual alto comisionado contra la minería ilegal
Albán renunció a Interior y será reemplazado por Daniel Urresti
El reemplazo de Walter Albán, Daniel Urresti, juraría al cargo esta misma tarde a las 5 p.m. (Foto archivo Andina)

Luego de siete meses de gestión, Walter Albán presentó su renuncia al cargo de Ministro del Interior por motivos personales y sería reemplazado por el alto comisionado en Asuntos de Formalización e Interdicción de la Minería Ilegal, el militar en retiro Daniel Urresti.
Fuentes cercanas a Albán confirmaron la dimisión y este Diario pudo conocer que se viene, además, una recomposición del gabinete ministerial.
Daniel Urresti juraría al cargo esta tarde en Palacio de Gobierno.

Diario El Comercio 23.06.14

 

Walter Albán renunció al Ministerio del Interior y sería reemplazado por Daniel Urresti

Se supo que el saliente ministro deja el cargo, supuestamente, por motivos personales. Su sucesor sería el actual Alto Comisionado contra la minería ilegal.


Después de siete meses en el cargo, el ministro del Interior, Walter Albán Peralta, presentó su renuncia al presidente Ollanta Humala.
Asimismo, fuentes cercanas al Ejecutivo han indicado que el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, ya tendría en mente al sucesor de Albán y sería el alto comisionado contra la minería ilegal, Daniel Urresti, un ex militar miembro de la promoción del presidente Ollanta Humala.
Como se recuerda, Albán asumió el alto cargo el 19 de noviembre del 2013, mientras que Urresti cumple funciones como alto comisionado para la Interdicción y Formalización de la Minería.

Diario Gestión 23.06.14

22 de junio de 2014

Pobladores cajamarquinos ingresan al Quilish para sacar agua en tubería para su consumo

 

Fuente: Portafolio Periodístico.Tony Alvarado A.22.06.16

21 de junio de 2014

Se queda. Pulgar Vidal: “Nos cortaron los brazos pero seguiremos trabajando”

Lamentó. El ministro Pulgar Vidal dijo lamentar que un sector empresarial no entienda que necesitamos exigencias ambientales claras.

El ministro del Ambiente admitió que el paquete de reactivación económica anunciado por el Ejecutivo quita facultades a su cartera. Sin embargo, aclaró, no abandonará su cargo.
Alejandra Cruz

El ministro del Ambiente, Miguel Pulgar Vidal, expresó su opinión respecto a las medidas económicas que hacen parte del paquete de estímulo económico que presentó esta semana el gobierno de Ollanta Humala al Congreso.

“Este puede no ser el mejor escenario; pero uno tiene que trabajar bajo ciertos principios, estableciendo cuáles son los puntos en los cuales no se está dispuesto a ceder y seguir dando la lucha para que se entienda que necesitamos reglas ambientales claras. Aunque al Minam le hayan cortado los brazos, seguirá trabajando con la misma decisión”, aseguró el ministro durante una entrevista con un canal local.

El plan del gobierno plantea reducir permisología del sector estableciendo (entre otros) que sea el Consejo de Ministros –no el Minam– el que decida la creación de áreas reservadas, y en la fijación de estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos permisibles (LMP).

La semana pasada se conoció que Pulgar Vidal habría amenazado con dejar su cargo debido a que estas medidas debilitaban a su cartera. Sin embargo, anoche el ministro descartó dejar su cargo.

“Probablemente haya gente que crea que deba renunciar, pero no, señores, porque el debate se da en este mundo político con todo y sus dificultades. Si puedo seguir trabajando aquí para asegurarme de que no desaparezcan al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), lo haré”, dijo Pulgar Vidal.

Así, reveló que cinco empresas que han iniciado una acción por barrera burocrática ante el Indecopi para quitarle el aporte por regulación a la OEFA. “Y la Yanacocha ha presentado ante el Poder Judicial una acción de amparo porque dice que esta figura es confiscatoria. Buscan desaparecer al OEFA y como gobierno no lo permitiremos”, prometió.

El ministro también aseguró que el buscar incentivar la inversión reduciendo trámites en su sector surge de un error. “La permisología no tiene que ver con mi sector, el Minam no aprueba los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los retrasos son muchas veces culpa de las empresas que no presentan sus EIA a tiempo”, argumentó.

En ese sentido también aseguró que los proyectos de hidrocarburos en estado de fuerza mayor tampoco tiene fundamento ambiental. “Esto se debe sobre todo a temas tecnológicos dentro de las empresas o a que como tienen nueva información geológica estas prefieren retrasar sus operaciones”, dijo.

Respecto a las discrepancias dentro del gabinete, Pulgar Vidal se rehusó a dar detalles pero aseguró que no hay ningún ministro que considere al sector ambiental como un estorbo. “No ventilo públicamente discrepancias internas; como sí hacen otros. Los debates internos se mantienen como tal y solo los que me conocen sabrán reconocer todo lo que uno hace para defender las líneas que no se pueden cruzar”, dijo al asegurar que el debate de estas propuestas fue amplio y se tuvo en cuenta su opinión.

CLAVES

No se va. El ministro del Ambiente aseguró que seguirá en su cargo para defender los intereses ambientales y lograr el desarrollo económico sostenible.

No cede. Pulgar Vidal aseguró que no permitirá que se desaparezca al OEFA, Senace ni la consulta previa y mucho menos al Minam.

Congreso debatirá medidas el miércoles

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso debatirá el próximo miércoles el proyecto de ley del gobierno que plantea medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión, dijo el presidente de dicho grupo de trabajo, Tito Valle.

El despacho invitará al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Luis Miguel Castilla, para que acuda a la próxima sesión ordinaria a fin de que pueda absolver las interrogantes que surjan de los parlamentarios.

“El MEF ya cumplió con presentar la propuesta, pero por la premura y la envergadura de las modificaciones es necesario una mayor explicación”, explicó Valle.

Además, adelantó que si hay la voluntad política, se podría someter a votación el texto en la sesión del Pleno del jueves 26 de junio.

Diario La República 21.06.14

Hay empresarios que buscan desaparecer la fiscalización ambiental, afirma Pulgar Vidal


El ministro del Ambiente afirmó que las propuestas del Gobierno en materia ambiental para agilizar las inversiones, no le ha “cortado los brazos” a su sector.

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, habló fuerte contra un grupo de empresarios en el Perú, a los que acusó de estar empeñados en desaparecer la cartera que dirige.

“Hay un grupo de empresarios que para mí no reflejan la responsabilidad social y ambiental de las empresas, que de un tiempo a esta parte han venido planteando en distintos medios un conjunto de medidas que en el Ministerio del Ambiente no van a aceptar nunca”, afirmó el ministro.

Precisó que entre las propuestas que según Pulgar Vidal el Gobierno no acepará es el desaparecer el OEFA o que el Senace deje de funcionar. Tampoco derogar los estudios ambientales ni eliminar la consulta previa.

“Incluso como se ha escuchado a Pedro Pablo Kuckzynski decir que hay de desaparecer el Ministerio del Ambiente y fusionarlo con Turismo. Eso es inadmisible”, dijo en RPP.

No le cortan los brazos

Respecto de las medidas presentadas por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República con las que busca agilizar las inversiones en minería e hidrocarburos, Pulgar Vidal señaló que las propuestas ambientales “no le cortan los brazos”.

“Yo nunca develaré los entretelones de un debate, porque en política finalmente las decisiones son de gobierno. Pero un ministro del ambiente no se queda sin brazos en la medida que tenga y siga teniendo la capacidad de defender a su sector y la gestión de ambiente”, refirió.

Diario Gestión 21.06.14

20 de junio de 2014

MINAM: ¿Un ministro jardinero?

Por: Claudia Cisneros

Ya estábamos advertidos. Cuando en marzo pasado Beatriz Merino, ex defensora del Pueblo, hoy presidenta de la Soc. Peruana de Hidrocarburos, presentó el llamado Libro Blanco. El flamante ministro del Minem, Mayorga, apadrinó la presentación del Nuevo Testamento del empresariado extractivo, opinó a favor de la flexibilización de normas ambientales y mintió asegurando que había un consenso con el Minam.

Los usuales mercenarios mediáticos, a sueldo, auspicio o bono, apoyaron el relajamiento del cuidado medioambiental minimizando su verdadero riesgo. El gobierno preparaba (con vaselina) a la opinión pública para lo que se venía. Tres meses después nos presentan al monstruo: Se culpa de la desaceleración económica al Minam. Los empresarios han encontrado en esta delicada coyuntura económica la coartada perfecta para deshacerse del único ministerio que representaba al país más que a sus intereses empresariales.

El paquete de normas que para ellos han presentado disminuye las atribuciones del Minam en cosas tan elementales como la facultad de declarar Zonas Reservadas o elaborar los Estándares de Calidad Ambiental (http://bit.ly/1lUdvNw), rebaja multas por contaminación. Esto es un verdadero escándalo. Como dice César Gamboa de DAR (http://bit.ly/UibIHR) los “procesos técnicos serán políticos porque los decidirá el Consejo de ministros”.

Este contraataque empresarial, acogido y promovido por el Ejecutivo, configura una de las más altas traiciones de este gobierno. No solo porque la solución de la desaceleración no pasa solo por incentivar inversiones rápidas en ese sector (de hecho pone en evidencia cuánto no ha hecho lo debido Castilla para diversificar y sustentar nuestra economía en otros rubros), sino que la factura que nos va a dejar es una huella enorme y potencialmente dinamita social para el siguiente, sino también este gobierno.

Para todos los involucrados la ecuación parece ser: hagamos caja, hagámosla ya. ¿Alguien puede creer que a esos empresarios y a esos políticos les interesa principalmente nuestra economía, la tuya, la mía, la de los que menos tienen? El susto económico funciona, pero como dice José De Echave, es un “falso y peligroso dilema para un país entre regulaciones ambientales e inversiones”. (http://bit.ly/1qiNyIg).

Mayorga ha llegado a decir en público, y para que escuchen todos, que “la creación del Ministerio del Ambiente, la consulta previa (…) han significado un bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás”. (http://bit.ly/1m0pvx6). ¿Cómo es posible que en un país en el que aún no se resuelve lo que pasó hace 5 años en que murieron 32 peruanos (uno desaparecido) por el mismo concepto de hacer caja y de despreciar el cuidado del medioambiente y el derecho de quienes subsisten a partir de él, se permita que un ministro diga algo así? ¿No es acaso elocuente el silencio del presidente, de su esposa, o de otros ministros que no han salido a enmendarle la plana?

Es obligación legal y moral del Estado y del Minam resguardar lo poco avanzado y de ninguna manera aceptar un retroceso. Nadie en la sociedad civil sabe qué más esconde el paquetazo antiambiental. El ministro Pulgar Vidal tiene una responsabilidad, primero, frente a la población a la que sirve, antes que a un gobierno. Y aún no se le escucha, pese a que el Minam va rumbo al cadalso. ¿Será que lo habremos perdido? ¿Se alineará y preferirá quedarse de jardinero, en vez de defender el ministerio y las causas del país y de la gente por las que ha trabajado toda su vida?

Diario La República 20.06.14

El plan del Gobierno para impulsar el crecimiento económico

El Ejecutivo envió dos proyectos de ley al Congreso. Se busca promover la inversión y reducir las trabas burocráticas

(Foto: Archivo El Comercio)
El Gobierno finalmente envió al Congreso dos normas que intentan dinamizar la economía. Se trata del proyecto de ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de las inversiones en el país; y el proyecto de ley de contrataciones del Estado, para así revertir los resultados adversos experimentados en los primeros meses del año.

El primer proyecto de ley abarca desde aspectos laborales, impulso a las pequeñas y medianas empresas, hasta aspectos de simplificación tributaria, impulso a la inversión de grandes proyectos (mineros, hidrocarburos, construcción).

Dentro del paquete de medidas, llama poderosamente la atención la flexibilización de aspectos relacionados con la fiscalización ambiental, los que, en buena medida, estarían deteniendo el desenvolvimiento de las grandes inversiones.

Estos trámites agobian al sector minero-energético. Como se recuerda, Ricardo Briceño, ex presidente de la Confiep, identificó más de 180 cuellos de botella, lo que justificaría la decisión del Gobierno.


El plan del Gobierno para impulsar el crecimiento económico
 
Para destrabar este nudo, el Ejecutivo propuso un paquete de normas que flexibilizan la normativa ambiental y recortan las prerrogativas del Ministerio del Ambiente (Minam) y sus órganos de línea: el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp).

¿Qué propone el Gobierno? En primer lugar, regular las funciones del OEFA en atención a las criticas del sector minero-energético, que se queja de su desmedida severidad sancionadora.

Al efecto, se busca que el ente fiscalizador reduzca sus multas ambientales a un 35% del monto original durante un período de tres años, en los que deberá priorizar la prevención y corrección de conductas. Y para evitar el “incentivo perverso” en la imposición de sanciones, se establece que estos irán directamente al Tesoro Público y no a las arcas del ente fiscalizador.

Lorenzo de La Puente, experto en derecho ambiental y socio de De La Puente Abogados, comentó que esta regulación es necesaria, pues la falta de racionalidad del OEFA ha generado arbitrariedades en los últimos dos años. “El OEFA está obligada a incentivar la producción limpia en el Perú, pero solo se ha dedicado a multar”, señaló.

MENOS PODERES

El Ejecutivo también plantea que sea el Consejo de Ministros, y no el Minam, el que decida en la creación de áreas reservadas y en la fijación de estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos permisibles (LMP). Dichas medidas serán tomadas en consenso con los sectores involucrados y se refrendarán mediante decreto supremo.

De esta manera, se prevendría la creación de una nueva área reservada en la franja costera de Piura y Tumbes (que se sobrepone a 11 lotes de hidrocarburos) y la imposición de los nuevos ECA de aire, que las fundiciones de cobre se ven imposibilitadas de cumplir hasta la fecha por ausencia de tecnología adecuada.

El paquete también prevé acortar a 30 días el plazo de emisión de las opiniones vinculantes y no vinculantes requeridas para aprobar los estudios de impacto ambiental (EIA) de los proyectos de inversión.

A Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, le pareció conveniente esta última medida; sin embargo, indicó que con la norma en general nuevamente se menosprecia o descalifica la importancia de los temas ambientales para promover las inversiones. “Como lo veo, ahora los temas ambientales tendrán más burocracia”, indicó.

LA RECETA DEL EJECUTIVO
Deudas tributarias e IGV
. Plantea la disminución de las deudas tributarias libres de litigios y procesos administrativos de empresas y personas, vía la extinción de la capitalización de los intereses moratorios –que hoy ascienden a 14,4% anual– desde el 31 de diciembre de 1998 hasta similar período del 2005. Además de la suspensión de intereses moratorios en la etapa de apelación y facilidades en medidas cautelares, y modificar la ley que aprueba el régimen de percepciones del IGV.

Garantías en la minería. Incorpora un nuevo contrato de estabilidad tributaria a los proyectos  mineros con capacidad de producción inicial superior a las 15.000 toneladas métricas por día.

Tributos municipales. Propone uniformizar los parámetros que usan las municipalidades para determinar las tasas de trámites, derechos y licencias, con la finalidad de que estos se aproximen al costo en que incurre la comuna para brindar sus servicios.

Regulación ambiental. Modifica la fuente de financiamiento de las entidades fiscalizadoras en materia ambiental, de ingresos por multas a presupuesto del Tesoro Público.

Pequeñas y microempresas. Crea un fondo por S/.600 millones a través de Cofide para garantías y factoring, además para instrumentos de difusión tecnológica. Incrementa el fondo Promype a S/.1.200 mlls. y su alcance.

LAS CIFRAS

► En 17% podrían disminuir las deudas tributarias de aprobarse las nuevas medidas, según el tributarista Jorge Picón.  Estas eran necesaria porque la Sunat ya venía perdiendo varios litigios.

► 120.000 millones de soles es la deuda tributaria vigente que mantienen las personas y empresas con la autoridad recaudadora.

► 60 días hábiles tendrían el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas para revisar los nuevos estándares de calidad ambiental de aire, que hoy afectan las fundiciones de metales.

►15 años de estabilidad tributaria tendrían los proyectos mineros que demanden una inversión superior a los US$500 millones.

Diario El Comercio 20.06.14

5 DATOS PARA ENTENDER CÓMO EL GOBIERNO ESTÁ RECORTANDO AL MINISTERIO DE AMBIENTE

Por: Ernesto Cabral

Esto es lo que pasa mientras vemos el Mundial:

Hace una semana, el presidente Humala anunció que en el Consejo de Ministros se aprobó un paquete de medidas para reactivar la economía peruana, que serán enviados al Congreso. Sin embargo, se conoció que el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, votó en contra de estas medidas propuestas por el MEF. Los rumores decían, incluso, que se encontraba al borde de la renuncia. ¿Por qué?

 Foto: América Económia

Iván Lanegra, exviceministro de Interculturalidad, ha realizado un análisis al respecto. Cada uno de los puntos podría aclararnos las razones por las que Pulgar-Vidal no está nada contento con este paquete de medidas. Veamos.

1. Reducción de las multas de la OEFA

¿Qué es la OEFA? Basta con decir esto: la OEFA ha sido visto como una amenaza para ciertas empresas que ya han sido sancionadas por atentar contra el medio ambiente. Y ahora, como explica Noticias SER, las medidas reducen las competencias del Minam en relación a las labores de fiscalización de la OEFA. El análisis de Lanegra precisa un poco más este punto:

Por 3 años el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA deberá sancionar excepcionalmente. Si lo hace, deberá recurrir a medidas correctivas (no deberá multar). Solo si estas no se cumplen, podrá multar hasta por el 35% del máximo que podría imponer actualmente.

A esto hay que sumarle que lo recaudado en multas irá directamente al Tesoro Público. Pero, ¿por qué este tipo de medidas? El Comercio señala que el reajuste se da en base a las críticas del sector minero-energético por su “desmedida severidad sancionadora”.

 2. El Minam ya no creará Zonas Reservadas

Primero, ¿qué cosa es una Zona Reservada? Se trata de una categoría temporal, que se otorga a un área para ser protegida mientras se estudia si debe ser considerada Área Natural Protegida. Hasta el momento, el Minam era el encargado de crearlas, pero con el paquete de medidas todo cambia:

Las Zonas Reservadas (categoría transitoria, que se usa en tanto se realizan estudios para categorizar un Área Natural Protegida) se crearán mediante Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Hoy es función del Ministerio del Ambiente – MINAM (solo necesita Resolución Ministerial de la autoridad ambiental).

Para el director de la SPDA, Pedro Solano, esta medida favorece a un grupo específico de empresas:

“Nos hemos reunido con los empresarios, el gremio y el Minam más de tres veces para explicarles esto. Es falso que sus derechos se vean afectados, pues la Ley de Áreas Protegidas dice expresamente que los derechos preexistentes se respetan. Están mintiendo y lo están haciendo porque a las empresas no les gusta que vaya a haber más ojos encima de sus operaciones”, dice Solano al advertir que de aprobarse la medida solo hará que los conflictos sociales se incrementen.

Y aún hay más.

3. Solo 30 días para opinar sobre EIA

El paquete también propone un plazo de 30 días para  la emisión de las opiniones vinculantes y no vinculantes necesarias para aprobar un EIA (Estudio de Impacto Ambiental). ¿Qué pasa si se pasan de este tiempo? Lanegra tiene de nuevo la respuesta:

No hacerlo será falta grave y se sancionará al funcionario responsable. Si además dicha opinión técnica es además vinculante (es decir, no es posible aprobar el EIA sin una opinión favorable de la correspondiente entidad), el Titular de la entidad deberá opinar bajo responsabilidad.

Lanegra dice también que "emitir opiniones técnicas vinculantes sobre los EIAs de gran complejidad en menos de 30 días es –al menos– una invitación al error".

Aquí Pedro Solano sí tiene una opinión favorable; sin embargo, igual asegura que se menosprecia la importancia de los temas ambientales para promover las inversiones.

4. Análisis económico para los estándares de calidad ambiental

Existen dos herramientas para advertirnos de la contaminación, explica Lanegra:

El ECA (Estándares de Calidad Ambiental) define cuándo el aire, el río o el suelo en el que vivimos están contaminados.
El LMP (Límites Máximos Permisibles) define cuánta contaminación puede emitir cada empresa.
Hasta el momento, el Minam los aprueba mediante Decreto Supremo y sólo se necesitaba una opinión previa del sector correspondiente. Sin embargo, el paquete del MEF propone algo diferente:

… sea el Consejo de Ministros, y no el Minam, el que decida en la creación de áreas reservadas y en la fijación de estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos permisibles (LMP). Dichas medidas serán tomadas en consenso con los sectores involucrados y se refrendarán mediante decreto supremo.

De esta manera, se prevendría la creación de una nueva área reservada en la franja costera de Piura y Tumbes (que se sobrepone a 11 lotes de hidrocarburos) y la imposición de los nuevos ECA de aire, que las fundiciones de cobre se ven imposibilitadas de cumplir hasta la fecha por ausencia de tecnología adecuada.

Para Isabel Calle, directora del programa de política y gestión ambiental de la SPDA, se está desconociendo con esta medida la autoridad ambiental del Minam:

 “Así funcionaba antes de que existiera el Minam. Están desconociendo que tenemos una autoridad ambiental competente. Están desvalorando y debilitando el sector (…) Es falso que no puedan intervenir en la decisión. Y tampoco afectan la inversión, pues no son exigibles jurídicamente a las empresas”.

5. Más y más recortes

A todo esto, el análisis de Lanegra agrega que "ni la Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial asignarán usos ni exclusiones de uso". Además, El Comercio indica que se incorpora un nuevo contrato de estabilidad tributaria a los proyectos mineros "con capacidad de producción inicial superior a las 15.000 toneladas métricas por día".

Las críticas no se han hecho esperar. César Gamboa de DAR asegura que los procesos técnicos se volverán más políticos, ahora que el Consejo de Ministros decidirá. Por eso, más de 30 organizaciones civiles rechazan estas medidas.

Todo esto ocurre este año, en el que somos la sede de la Cumbre del Cambio Climático COP 20. Es la reunión más importante ambiental (de una de las anteriores COPs salió el Protocolo de Kyoto). Algunos dicen que esta es la única razón por la que que Pulgar Vidal aún no renuncia.

Listo, pueden seguir viendo el Mundial.

http://utero.pe 20.06.14

"Mi rol como ministro es defender las reglas”


El ministro Manuel Pulgar Vidal reacciona a los cuestionamientos tras anuncio del "paquete reactivador" de la economía, y los recortes de funciones que supone en materia de control ambiental.
Desde diversos sectores se ha denunciado que el llamado “paquete Castilla" -serie de medidas económicas para atajar la desaceleración de la economía- recorta las competencias del MINAM.
En entrevista con David Rivera para el programa “Puntos de vista”, de la televisora estatal TvPerú, Pulgar Vidal se negó a brindar detalles del debate ministerial sobre estas medidas, afirmando que se mantiene 'leal' al gobierno.
El ministro hizo un balance de sus actividades y defendió la labor de la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), señalando que su "rol como ministro es defender las reglas del ambiente”. ¿De qué o quién?
El ministro dijo que hay un sector empresarial que está desinformado y se niega a aceptar la dinámica global de reglas ambientales. “Se han llenado de fantasmas”, dijo.
Ante los rumores de su renuncia luego de la COP20, sostuvo: "Yo no me quedo en un puesto porque hay una conferencia internacional, yo me quedo en un puesto porque creo que puedo defender la gestión ambiental de un país... Uno no renuncia en una".

http://redaccion.lamula.pe 20.06.14

19 de junio de 2014

Organizaciones de sociedad civil rechazan reducción de competencias del MINAM

 

Ante el Proyecto de Ley 3627-2014 (Paquete de Medidas para Reactivar la Economía) y Proyecto de Ley N°3626/2013-PE (Ley de contrataciones del Estado) enviado por el Ejecutivo al Congreso, organizaciones de sociedad civil rechazan reducción de competencias del MINAM.
A continuación transcribimos el pronunciamiento: 

Las organizaciones de pueblos indígenas y originarios, sociales, trabajadores, redes de derechos humanos y de la sociedad civil y de los gobiernos descentralizados firmantes, expresan su profundo rechazo ante la propuesta de “medidas económicas para la reactivación de la economía peruana”, presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante el Consejo de Ministros, medidas que pretenden reducir las competencias ambientales del Ministerio del Ambiente (MINAM) para aprobar los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA), y para establecer zonas reservadas administradas por el Servicio Nacional de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP); y pretenden limitar la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para establecer multas a las instituciones que incumplan las obligaciones ambientales; además de limitar las opiniones vinculantes y no vinculantes de los sectores para la aprobación de los Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Las propuestas alcanzadas por el MEF, además de debilitar la capacidad sancionadora del aún joven OEFA, de reducir la capacidad normativa del MINAM, también se pretende reducir la capacidad de gestión para la creación de zonas reservadas (áreas protegidas de categoría transitoria). Este pretendido cambio normativo contraviene el Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales - Ley 26821 (art. 13), la Ley de Áreas Naturales Protegidas – Ley 26834 (art. 13), e incluso las propias obligaciones del Perú frente al Tratado Libre Comercio con Estados Unidos, al colocarse una restricción política como es la aprobación por el Consejo de Ministros.

Hemos perdido una oportunidad histórica al no aprovechar los beneficios de la renta extractiva para la diversificación de nuestra economía en los últimos 20 años. Recién cuando se ve agravada la dependencia de nuestro modelo económico por la caída de los precios de los minerales, se pretende impulsar la economía a costa de debilitar las incipientes reformas en materia ambiental, señalando sin sustento técnico que éstas son las reales causas del retraso económico o las que generan “desconfianza” en el sector empresarial. De acuerdo a distintos expertos nacionales y extranjeros, el mantener un Estado rentista y clientelista, y la falta de profundas reformas institucionales son, entre otras, las principales causas de la falta de “competitividad” de la economía peruana.

De acuerdo al seguimiento de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos socio-ambientales, el Estado peruano ha sido cuestionado en su rol de promotor de las inversiones. Es por ello que la población local y los pueblos indígenas se han movilizado para criticar y exigir respeto a sus derechos, a decidir sobre las prioridades de su desarrollo, a su relación con la naturaleza.

El problema fundamental no es la demora de las inversiones sino la falta de voluntad política en el proceso de fortalecimiento institucional para la gestión ambiental y social de las inversiones, es decir, tanto para la evaluación ambiental, como para la supervisión de las obligaciones ambientales, que pasa por respetar la autonomía de la autoridad ambiental y continuar con el fortalecimiento del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y el OEFA.
Desafortunadamente, existe un reducido compromiso de nuestro gobierno por impulsar un modelo de desarrollo sostenible equitativo e inclusivo que contemple el proceso de Ordenamiento Territorial, la definición de competencias ambientales entre niveles de gobierno, el fortalecimiento de la gestión de evaluación ambiental a las inversiones, la implementación de la consulta previa y la titulación territorial para los pueblos indígenas, entre otras políticas. Este escenario se ve agravado por una campaña mediática y de opiniones del sector empresarial que muestran su poca capacidad por comprender que los problemas nacionales solamente se solucionarán logrando un debate abierto y trasparente sobre la gestión de los recursos naturales y bajo un enfoque de respeto a los derechos individuales y colectivos, y construyendo consensos en torno a acuerdos a largo plazo sobre nuestro modelo de sociedad, obligaciones establecidas bajo el modelo de gobernanza ambiental en el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE).

Estos intentos por seguir debilitando el proceso de reformas del sector ambiental atentan contra el derecho fundamental a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, y demuestran una vez más el errático compromiso que tiene este gobierno frente a la Agenda de Cambio Climático, peor aún como país anfitrión de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20), que se realizará en Lima el mes de diciembre.
En tal sentido, demandamos que el Ministerio del Ambiente se pronuncie como ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y que el Gobierno peruano asuma una posición coherente frente a la conservación de la diversidad biológica y una correcta política de mejora de la gestión ambiental de las inversiones, así como el respeto de los derechos de las y los ciudadanos y pueblos indígenas del Perú, mediante un debate amplio que involucre no solo a medios de comunicación o sector privado, sino a toda la sociedad civil y las comunidades campesinas y nativas, principales afectadas por estas medidas.

Firmantes:
Asociación Arariwa
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
Asociación Nacional de Centros (ANC)
Asociación Paz y Esperanza
Amazónicos por la Amazonía (AMPA)
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Asociación Proyecto Amigo-la Libertad
CEDAL Centro de Derechos y Desarrollo
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
Centro de Promoción y Estudios de la Mujer Andina "Lulay"
Centro Proceso Social Asesoría Legal
Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
Colectivo Tarpuy Mita
Colegio de Biólogos del Perú
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
Confederación Nacional Agraria (CNA)
Confederación Campesina del Perú (CCP)
Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social (CONADES)
CooperAcción
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP)
Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú (FENTAP)
Foro Ecológico del Perú
Fórum Solidaridad
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
Grupo Perú COP 20
Grupo Propuesta Ciudadana
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS)
Marcha Mundial de las Mujeres – Perú
Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCCIC)
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú ONAMIAP
Programa Democracia y Transformación Global (PDTG)
Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
Red Muqui Nacional
Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE)
Servicios Educativos Rurales (SER)

Isabel Calle de la SPDA: paquete de normas del Ejecutivo atentaría contra el ambiente y la salud de los peruanos



En entrevista con TV Perú, la directora del Programa de Política y Gestión Ambiental de la SPDA, Isabel Calle, señaló que el conjunto de normas que el Ejecutivo presentará ante el Congreso, denominado “paquete de reactivación económica”, linda con lo inconstitucional porque bajará los estándares ambientales, lo cual atentaría contra el ambiente y la salud de los peruanos. 

Calle Valladares explicó que entre dichas normas que propondrá el Ejecutivo figura aquella que pretende que las zonas reservadas sean creadas mediante decreto supremo aprobadas por la Presidencia del Consejo de Ministros, cuando antes se aprobaban mediante resolución ministerial.

Por otro lado, agregó la abogada, se pretende que la recaudación que realiza el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a través de las multas no sean usadas como un recurso directo.
“En el caso de la recaudación de las multas me preocupa el hecho de que sea el propio Estado el que renuncie a su potestad de sanción. Tú tienes un Estado que tiene el deber de proteger a las personas y el deber de aplicar su potestad sancionadora y de repente dice ‘no, yo voy a recudir al 35% las multas’. Entonces, a mí me parece que linda con lo constitucional el hecho que el propio Estado renuncie a esa posibilidad de ejercer su potestad sancionadora”, apuntó.
La abogada dijo también que con estas medidas “hay un poco de incoherencia y creo que promover la inversión económica, para nada tiene que implicar bajar estándares ambientales”. Al respecto recordó que el actual Gobierno creó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) con el fin de que “los inversionistas se encontraran con una sola institucionalidad donde pudiera recurrir y negociar todos los permisos ambientales”.
“No estamos dejando crecer al Senace. Estamos ante un panorama en donde el Senace ni siquiera ha nacido en términos prácticos de funciones. Entonces, las medidas que se están promoviendo son un poco incongruentes con las medidas que dieron cuando crearon este organismo”, mencionó.
Finalmente, la especialista dijo que los actuales estándares ambientales “vienen desde hace muchos años y lo que quiere es proteger la salud de las personas y el ambiente. Entonces, si nosotros renunciamos a estos estándares, estamos renunciando a la posibilidad de proteger nuestra salud y el ambiente”.

https://spdaactualidadambiental.lamula.pe 19.04.14

“No se puede hacer cambios a la gestión ambiental al caballazo”


Entrevista a César Gamboa, director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos naturales (DAR).

La ofensiva contra el sistema de gestión y protección ambiental por parte del sector empresarial del país acaba de apuntarse casi una victoria si se concreta la iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas que pretende restarle atribuciones al Ministerio del Ambiente propias de su materia, como es la facultad de declarar Zonas Reservadas y de elaborar los Estándares de Calidad Ambiental. ¿Qué impacto pueden tener estas medidas si se concretan? ¿Hasta qué punto quedará desprotegido el medio ambiente y los recursos naturales? Para tratar de entender las implicancias de esto, Noticias SER conversó con César Gamboa, director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), especialista en derecho ambiental.

Las propuestas del MEF para reactivar nuestra economía, ¿apuntan directamente a socavar la institucionalidad del Ministerio de Ambiente?
Es parte de un proceso de debilitamiento de la autoridad ambiental porque el sector privado, algunos expertos, medios de comunicación, diarios tradicionales y las propias autoridades de los sectores productivos extractivos, lo han venido señalando reiteradamente.
 
Preparando a la opinión publica para esto.
Exacto. Yo quiero dejar sentado esto porque lo venimos observando desde hace tiempo. Creo que es el corolario de varias medidas que pretenden reducir las competencias del ente rector del sistema nacional de gestión ambiental. Así como existen ministerios que son entes rectores en el sistema de gestión pública de educación, salud, economía, hay un sistema de gestión ambiental, y es el Ministerio de Ambiente. Es la máxima autoridad. Ahora lo que se pretende es reducir su autoridad y su autonomía.
 
¿Cómo así?
Al señalar que la aprobación de los limites de máximo permisibles o estándares de calidad ambiental, que son instrumentos de gestión ambiental de control que limitan cualquier actividad humana que pueda ser contaminante, ya no la haga el MINAM sino que ahora tendría que pasar por el voto aprobatorio del Consejo de ministros, que no es un órgano técnico sino político. Estaríamos retrocediendo del ente rector que era el MINAM a un ente coordinador como ocurría con el Consejo Nacional del Ambiente. Es un retroceso y por tanto se estaría vulnerando no solo el marco legal actual. Si se modifica ese marco legal, no habría ninguna regulación por el Congreso de la República sino que se estaría vulnerando el Tratado de Libre Comercio entre Perú y EE.UU. que señalaba que hay un principio de progresividad en materia ambiental que el Perú tiene que asegurar.
 
Si se concretan estas medidas que propone el MEF, ¿cuál es la situación real en la que quedaría el Ministerio del Ambiente?
En la gestión ambiental, sobre todo para las inversiones, quedaría bastante disminuido. No tendría control sobre los posibles peligros ambientales. Las únicas competencias serían dos. La función normativa para la evaluación ambiental, para los estudios de impacto ambiental. En general, cada sector tiene todavía la facultad de aprobar los EIA, pero el MINAM sería como un ente que va a regular los principios generales de esa evaluación; y la segunda sería el Senace, que también entraría en cuestionamiento porque si esto continua van a querer retrasar la implementación del Senace que se va a encargar de evaluar los EIA de proyectos más complejos, los que generan un impacto irreversible. Entonces, jurídicamente quizás no quedaría tan disminuido, pero políticamente sí.
 
Ante esa disminución de sus competencias, ¿el panorama que se presenta al país en materia ambiental es negativo?
Lo que está aumentando es el riesgo ambiental; es decir, al tener una autoridad disminuida y sin capacidad. Estos procesos de aprobación de los límites máximos permisibles o los EIA van a demorar 60 días. Estamos hablando de procesos técnicos que ahora serán políticos porque los decidirá el Consejo de ministros.

En sus términos, ¿ha triunfado la visión de acabar con la ‘permisología’ que tanto criticaba el empresariado peruano? ¿Se puede decir que sí?
Creo que se está avanzando en esa tendencia. Si tuviera que decirle que ha triunfado, le diría que no porque todavía faltan otros elementos que vencer. Si habláramos de finiquitar la ‘permisología’, si estas propuestas incluyen que sus opiniones ya no son vinculantes, es decir, no son obligatorias de seguirlas, ya con eso sería un proceso rápido.
 
¿Pero cuál es el tema de fondo en la agenda de los empresarios?
El tema de fondo es que el empresariado cree que por reducir los tiempos o los trámites administrativos nuestro país se vuelve más competitivo. Parten del concepto que hay que generar confianza en el sector privado para que este apueste. Lo que pasa es que como no hay una ganancia neta a corto plazo quieren reducir los plazos. El tema de fondo es que si queremos inversiones a largo plazo, pensando en el país, no solo a tres o dos años, cuando acabe este gobierno, sino los próximos diez años, tenemos que fortalecer el aparato institucional estatal.
 
Pero eso no se hizo
Efectivamente, por ejemplo, si el Perú en los últimos diez años ha tenido el boom de la minería, como es posible que no haya tenido un plan B o un plan de diversificar su economía con tanta renta extractiva. Debió haberse apostado por la innovación, tecnología o tratar de impulsar otro tipo de actividades económicas. Tenemos también un aparato institucional que no puede fiscalizar ambientalmente que es la OEFA, a la que también quieren eliminar su facultad sancionadora. En vez de debilitarlo y aumentar el riesgo, lo que tenemos que hacer es fortalecer ese aparato. La evaluación y la fiscalización para reducir el riesgo ambiental, reducir los conflictos y así las inversiones sean mucho más viables.

¿Quisiera agregar algo más?
Son preocupantes todas estas medidas. Creo que la sociedad civil debe responder de manera clara, con propuestas ante estos temas. Sobre todo porque todavía no tenemos toda la información. Tenemos dos de estos temas, pero quizás son más. En el caso ambiental hay una regla específica que se llama gobernanza ambiental. No se puede hacer cambios a la gestión ambiental al caballazo. Si se van a hacer cambios tienen que ser de manera participativa y no través de una medida autoritaria.

https://blognoticiasser.lamula.pe 19.0614

¿El fin del MINAM?

Editorial Noticias SER
PUBLICADO: 2014-06-19
Los recientes anuncios hechos por el ministro de Economía sobre un paquete de medidas que buscan frenar la desaceleración económica parecen ser una victoria más de los gremios empresariales que han realizado una intensa campaña mediática en contra de un conjunto de normas y políticas que forman parte de las competencias del Ministerio del Ambiente y que han sido englobadas, junto con otras normas, bajo el término de la “permisología”.
El Ministerio del Ambiente (MINAM) fue creado por el gobierno de Alan García en el año 2008, sobre la base del Consejo Nacional del Ambiente, como parte de un paquete de decretos legislativos en el marco de la delegación de facultades que se dieron para facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, más conocido como TLC. Es decir, nació como consecuencia de dicha negociación y no necesariamente como producto de la voluntad política de dicho gobierno.
Es bueno señalar que desde su creación hasta la fecha, los tres ministros que han estado a cargo del sector, Antonio Brack, Ricardo Gisecke y Manuel Pulgar Vidal, buscaron –con diferente ritmo y no siempre con la firmeza que se requería- el desarrollo de un conjunto de normas y políticas que permitieran cumplir con el objetivo central del MINAM que es “la conservación del ambiente y el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales”. Y es por esta razón, desde el momento mismo de su creación, que el sector ha sido visto como una amenaza a los intereses de algunas empresas que se resisten a que en nuestro país existan estándares ambientales de calidad; empresas que además han sido sancionadas por la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por diversas razones.
El problema es que no solo los gremios empresariales han estado en contra de las políticas del sector, al que ya habían logrado mediatizar frenando la implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles(SENACE), sino que incluso algunos ministros del actual gabinete, como el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, se han convertido en los principales enemigos del MINAM llegando a afirmar que “la creación del ministerio del Ambiente, la consulta previa y la desagregación de responsabilidades de manera descoordinada ha significado un bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás”. Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, ha declarado al diario El Comercio que “Hay trámites que demoran mucho tiempo por aspectos burocráticos, que entorpecen proyectos convenientes para el país”, refiriéndose a los plazos de aprobación de los estudios de impacto ambiental.
Es por ello que se anuncia dentro del paquete de normas medidas tales como la reducción de las competencias del MINAM en relación a las labores de fiscalización de la OEFA, a la creación de zonas reservadas o al establecimiento de los Límites Máximos Permisibles y Estándares de Calidad Ambiental que ahora requerirían del voto aprobatorio del Consejo de Ministros, lo cual neutralizaría totalmente al Ministerio del Ambiente, convirtiendo al sector en un mero tramitador. Todo ello cuando los ojos del mundo se posan sobre nuestro país que se prepara a recibir a la cumbre mundial sobre el cambio climático - COP 20.
Por esta razón, Noticias SER quiere expresar su rechazo al conjunto de medidas que viene anunciando el gobierno del presidente Ollanta Humala porque, más que resolver los problemas que afectan a nuestra economía lo único que harán será resolver los problemas de algunas empresas, y sobre todo porque su aprobación significará la partida de defunción del Ministerio del Ambiente y la desprotección total de nuestros recursos naturales.

lamula.pe 19.06.14

"Soy inocente"

Al debate de los informes de la Megacomisión en el Pleno, la defensa de Alan García responde con un pronunciamiento.

Hoy jueves, el Pleno del Congreso de la República debate los informes de la 'Megacomisión' que investigó los presuntos casos de corrupción cometidos durante el gobierno de Alan García Pérez.
El contenido de los informes es contundente. En el caso narcoindultos, la Megacomisión recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Alan García, el exministro Aurelio Pastor Valdivieso y el extitular de la comisión de indultos Miguel Facundo Chinguel.
Respecto al caso Business Track (BTR), el grupo parlamentario encontró "indicios razonables de la presunta comisión de delito de asociación ilícita para delinquir" en el expresidente Alan García, los exministros Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca, así como el general de la PNP Miguel Hidalgo, por la obstaculización de las investigaciones judiciales en el caso.
Además,  en el caso de los Colegios Emblemáticos, el grupo parlamentario recomienda acusar constitucionalmente a Yehude Simon, quien era presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Alan García.
En respuesta, la defensa de Alan García llama "absoluto desacato y desafío" la decisión del parlamento de debatir los citados informes, en alusión a la sentencia que el Poder Judicial. Como se recuerda, en marzo pasado, el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima declaró la nulidad de la citación del 4 de octubre y la sesión del 30 de octubre del 2013 y de los actos posteriores "que afecten los derechos constitucionales protegidos en el presente proceso", referidos exclusivamente a Alan García.
Al respecto, debemos señalar que esta sentencia no debe ser considerada un impedimento para debatir los informes de la Megacomisión, ya que este grupo parlamentario se formó para investigar irregularidades cometidas en el gobierno que presidió Alan García, pero no exclusivamente para investigar a su persona. Como señala el abogado y coordinador del Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP, Erick Guimaray, "la exposición de los informes de la Megacomisión frente al Pleno del Congreso de la República sigue siendo un escenario político ajustado a Ley". "Por tanto, las consecuencias que se deriven de su exposición comparten su legitimidad".
En este sentido, Asimismo, la defensa sostiene que el ex presidente no cometió ningún delito ni violó la Constitución.
Esto es lo que dicen:


lamula.pe 19.06.14