LAS CONCESIONES MINERAS SON EL PRIMER DETONANTE DE CONFLICTOS SOCIALES
Sergio Sánchez Ibáñez, gerente regional de recursos naturales
Perú, país minero; un epíteto que ha sido sinónimo más de conflicto que desarrollo. El potencial minero muchas veces es una cruz tan pesada que ha costado sangre sostenerla.
Dialogamos con Sergio Sánchez Ibáñez, gerente regional de recursos naturales sobre el tema de concesiones mineras y las relaciones con las comunidades. Un tema que saltó a la palestra y que tuvo que ser analizado y tratado con pinzas en la última mesa de diálogo en Hualgayoc, donde empresarios, funcionarios estatales y comunidades tuvieron que ponerse de acuerdo.
¿Hay posiciones en común entre la población frente al tema minero?
Existe la preocupación de las concesiones. Aunque las empresas realizan un trabajo legal para lograr la concesión, ello no implica el respeto a la posición de la propia comunidad. Si la empresa no se logra el trato de compra venta con los campesinos, entonces se da el tema de expropiación y termina el minero con los terrenos del campesino sí o sí. Ese es un detonante para cualquier conflicto social, pero lamentablemente no se le da, o no se desea dar el real y serio tratamiento al tema.
¿Tan grave es el tema de concesiones?
Tan grave que nos dio como resultado el Baguazo. Se dieron las leyes, el Estado actúo en base a ciertos criterios y la población se opuso, tuvimos como resultado un enfrentamiento del cual nadie es responsable hasta hoy, pero hay muertos y desaparecidos. El motivo la falta de diálogo, de concertación, la falta de aclarar los temas oportunamente. Cuando hablamos de una concesión estamos hablando del mismo problema por la falta de diálogo.
¿Pero las empresas mineras gastan millones en prensa y propaganda?
Gastan para informar sobre sus actividades o su labor, pero cuanta de esa labor es efectiva. A veces nos basamos en publicar o difundir por los medios de comunicación algo que creemos está bien, pero tal vez, nunca surtió efecto o sólo son parte de un comercial o una estrategia, muchas cosas la población desconoce y no se entera.
¿No hay un mismo criterio para concesionar y para dialogar?
Así es. Para concesionar hay una celeridad única. Todo el mecanismo del Estado se mueve a favor de la concesión y promoción de las inversiones, pero al momento de acercarse a la población de dialogar, el mecanismo es lento, muy lento y eso provoca que se sucedan una serie de hechos que lo único que logran es más enfrentamientos.
¿Hay muchas dudas respecto del tema de las concesiones mineras en la población?
Sí. La población sigue formulándose preguntas respecto del tema, y las respuestas no los satisfacen. Gente de caseríos, de comunidades se preguntan cómo es posible que se concesionen nuevamente zonas que ya están concesionadas. Las concesiones tienen un marco legal y eso lo ve el Ejecutivo directamente, muchas poblaciones piden que no se concesione, pero descubren de la noche a la mañana que sus zonas ya están concesionadas hace años, muchas veces ni siquiera se les comunica si aceptan o no, o están dispuestos a dialogar sobre el tema. ¿Cómo gerencia han propuesto alguna alternativa?
Sí. Hemos enviado cartas al ministerio de Energía y Minas, en las cuales se les pedía mayor detenimiento al momento de dar las concesiones y sobre todo el tema de expropiaciones, pues esto es lesivo a los derechos de las personas, no podemos simplemente por promover una actividad económica quitarles terrenos a la gente, terrenos en los cuales han vivido por generaciones. A través de los medios de información las mineras anuncian e informan la promoción de la compra venta de terrenos, pero en verdad el tema de servidumbre minera debe ser tratado de otra manera. La gente no se queda tranquila con esos procesos de expropiación forzada, eso genera conflicto, además luego viene el tema de la contaminación, un problema mayor. En la expropiación la figura es la siguiente: te deposité el dinero en tal cuenta, anda cobra, en un mes o dos te desalojo y listo, solucionado el problema, eso no es así de sencillo. En otros casos la población piensa que les pagan muy poco por sus terrenos, la gente quiere vender sus terrenos pero a un precio que ellos consideran justo, y tienen el derecho de exigir el precio que mejor les parece por algo que es suyo. A esto hay que aumentar en el panorama, que las empresas hacen valer sus derechos en base a dispositivos y normas legales que las amparan.
¿A pesar de ser legal el tema de servidumbre y expropiación?
Claro son temas legales, establecidos en la ley y en las normas vigentes, pero no implica aceptación por parte de la población.
¿En cuanto al tema de pasivos en Hualgayoc, donde son más visibles?
Hay el compromiso por parte del ministerio de Energía y Minas de tratar el tema y de remediar los pasivos ambientales. En el caso de Hualgayoc, hay el compromiso es de remediar el sesenta por ciento de pasivos ambientales. La presión que se ejerce en el tema de pasivos es por el tema de la salud de las personas, tengamos en cuenta que cada pasivo es una fuente de contaminación para la población.
¿En cuánto al tema de la minera San Nicolás?
Osinerming tiene que iniciar un proceso legal a través de la Fiscalía de la Nación. Esa minera ha sido sancionada a través de entidades competentes, pero ellos hacen caso omiso y siguen arrojando sus aguas contaminadas a las quebradas de la zona, eso es grave, muy grave, pero esa minera no se da por enterada. La denuncia tiene que surtir efecto y cerrar esta minera.
Diario Panorama Cajamarquino 14/01/2010
LAMENTAN FALTA DE VOLUNTAD PARA RESOLVER PROBLEMÁTICA AMAZÓNICA
El abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) para el caso Bagua, Juan José Quispe, lamentó que el gobierno no tenga mayor voluntad para resolver la problemática de los pueblos indígenas.
A través de CNR, aclaró que no justifica actos de violencia; sin embargo, indicó que el Ejecutivo no mostró la mejor disposición para dialogar con las comunidades nativas.
“Lamentablemente, a estas consecuencias se llega cuando no se habla claramente, sino a medias. No justificó acciones de violencia o patear el tablero, pero el gobierno no pone la mayor de las voluntades para solucionar el problema”, remarcó.
Quispe consideró que la solución a esta crisis la tienen el gobierno y el Poder Judicial, pues éstos deben avanzar en los procesos a los nativos en el Primer Juzgado Penal de Utcubamba (Amazonas).
Pidió, además, al Ministerio del Interior (MININTER) mostrar mayor transparencia; y solicitó al Ministerio Público esclarecer el desarrollo del proceso a Asterio Cujupat, nativo sindicado como supuesto asesino de mayor PNP Felipe Bazán.
“Quiero llamar la atención porque este proceso es muy raro. Se debió acumular al proceso principal que se sigue en el Juzgado Penal Transitorio de Utcubamba en donde están todos los procesados y agraviados de los hechos ocurridos de 5 de junio”, acotó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 14/01/2010
RETROCESOS EN PROCESOS JUDICIALIZADOS POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
De los mil 626 procesos judicializados por delitos a los derechos humanos, el Ministerio Público archivó 953 sin informar a las partes interesadas de esta decisión.
Esta cifra de desprende del balance sobre la situación de los procesos en materia de Derechos Humanos realizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Miguel Jugo, director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) citó como ejemplo de esta situación las matanzas de Cayara, Accomarca, Lucanamarca y Los Cabitos, casos que hasta el momento no se solucionan.
En ese sentido, consideró gravísimo que la fiscal de Ayacucho, Cristina Olazábal haya sido acusada del presunto delito de prevaricato, luego que denunciara penalmente al presidente de la República, Alan García.
“Entre el 2003 y 2006 la fiscal produce denuncias importantísimas, por el caso Cabitos, Chuschi, Cayara, Lucanamarca y Putis. Ella estuvo abocada en estas investigaciones, y por ello sale la resolución en donde la denuncian y probablemente pierda el cargo”, advirtió Jugo.
Detalló que no es la primera vez que el Ministerio Público mella la labor de la fiscal, pues Olazábal jamás fue designada como fiscal titular a pesar de tener un papel fundamental en las referidas investigaciones.
“Hace seis años que trabaja en Ayacucho como fiscal provisional, ha recibido amenazas varias veces, y lo peor es que durante sus acciones, debió ser nombrada titular y siempre se le impuso como provisional. Incluso su asistente ahora es fiscal titular”, enfatizó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 14/01/2010
NATIVOS DESAPROBARON INFORME FINAL
Resultados. Aceptaron trabajos de las mesas 2, 3 y 4, pero con observaciones. Tanto Aidesep como Conap consideraron que es incompleto, incrimina y acusa a los indígenas y no busca la reconciliación del Estado con los nativos.
Después de conocer los resúmenes de los informes de las cuatro mesas de diálogo, el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos aprobó tres de ellos y observó el informe final de la comisión investigadora de los hechos de Bagua.
Las objeciones provinieron de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), así como de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap). Estas organizaciones indígenas lo observaron por considerarlo un documento incompleto. También porque culpa a los nativos por los hechos y no busca la reconciliación del Estado con los pueblos indígenas.
Saúl Puerta Peña, secretario nacional de Aidesep, informó que la solicitud para terminar de analizar los testimonios recogidos en Bagua y obtener un informe cabal no les fue aceptada.
“Hemos llegado con toda voluntad para dialogar con el gobierno y conseguir una reconciliación, pero nuestras propuestas no han sido recogidas ni aceptadas”, manifestó al finalizar la reunión del Grupo Nacional.
Entre los pedidos que hizo Aidesep están la derogatoria de los decretos leyes lesivos a sus derechos, la indemnización a los deudos de los caídos el 5 de junio y el retorno de Alberto Pizango al país.
Oseas Barbarán, presidente de Conap, confirmó que la propuesta para ampliar el plazo de investigación de los sucesos de Bagua no tuvo aceptación clara por el presidente del Grupo Nacional, el ministro Adolfo de Córdoba.
Sin embargo, el titular de Agricultura declaró que todas las opiniones de las partes congregadas en la comisión han sido aceptadas y serán elevadas al Consejo de Ministros para su análisis.
“Se ha aprobado la formación de una comisión que hará seguimiento y monitoreo a los cuatro informes, y la PCM determinará su ejecución”, acotó.
En tanto la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, cuestionó el pedido de retorno de Pizango. “Es una solicitud sin sustento porque no es un perseguido político”, reclamó.
Datos
Reclamo. Carlos Navas, coordinador de la Mesa 1, protestó porque el informe final de la comisión investigadora de Bagua no fue revisado por esta mesa como correspondía, y pasó directamente al Grupo Nacional.
Abrupto. También consideró una descortesía con los asistentes el sorpresivo punto final que Adolfo de Córdoba y los ministros de Estado le dieron a la reunión del Grupo Nacional, que ayer concluyó su trabajo.
Nicaragua plantea expulsar a Pizango
El embajador de Nicaragua en Perú, Tomás Borge, declaró a un medio nicaragüense que el presidente de Aidesep debe ser expulsado de Nicaragua porque violó las normas de asilo que lo condicionaba.
“Pizango está abusando de la hospitalidad, de la generosidad del gobierno sandinista, él no tiene derecho de hablar porque es un asilado, si él quiere hablar que se vaya para Perú”, afirmó el embajador centroamericano tras señalar que el líder indígena no ha sido expulsado por respeto a la población nativa del Perú.
Borge dijo que las declaraciones hechas por Alberto Pizango le han ocasionado varias llamadas de atención de la cancillería peruana. “Con justa razón porque un asilado nicaragüense en Perú no podría hablar contra mi gobierno”, dijo.
Diario La República-Lima 13/01/2010
Sergio Sánchez Ibáñez, gerente regional de recursos naturales
Perú, país minero; un epíteto que ha sido sinónimo más de conflicto que desarrollo. El potencial minero muchas veces es una cruz tan pesada que ha costado sangre sostenerla.
Dialogamos con Sergio Sánchez Ibáñez, gerente regional de recursos naturales sobre el tema de concesiones mineras y las relaciones con las comunidades. Un tema que saltó a la palestra y que tuvo que ser analizado y tratado con pinzas en la última mesa de diálogo en Hualgayoc, donde empresarios, funcionarios estatales y comunidades tuvieron que ponerse de acuerdo.
¿Hay posiciones en común entre la población frente al tema minero?
Existe la preocupación de las concesiones. Aunque las empresas realizan un trabajo legal para lograr la concesión, ello no implica el respeto a la posición de la propia comunidad. Si la empresa no se logra el trato de compra venta con los campesinos, entonces se da el tema de expropiación y termina el minero con los terrenos del campesino sí o sí. Ese es un detonante para cualquier conflicto social, pero lamentablemente no se le da, o no se desea dar el real y serio tratamiento al tema.
¿Tan grave es el tema de concesiones?
Tan grave que nos dio como resultado el Baguazo. Se dieron las leyes, el Estado actúo en base a ciertos criterios y la población se opuso, tuvimos como resultado un enfrentamiento del cual nadie es responsable hasta hoy, pero hay muertos y desaparecidos. El motivo la falta de diálogo, de concertación, la falta de aclarar los temas oportunamente. Cuando hablamos de una concesión estamos hablando del mismo problema por la falta de diálogo.
¿Pero las empresas mineras gastan millones en prensa y propaganda?
Gastan para informar sobre sus actividades o su labor, pero cuanta de esa labor es efectiva. A veces nos basamos en publicar o difundir por los medios de comunicación algo que creemos está bien, pero tal vez, nunca surtió efecto o sólo son parte de un comercial o una estrategia, muchas cosas la población desconoce y no se entera.
¿No hay un mismo criterio para concesionar y para dialogar?
Así es. Para concesionar hay una celeridad única. Todo el mecanismo del Estado se mueve a favor de la concesión y promoción de las inversiones, pero al momento de acercarse a la población de dialogar, el mecanismo es lento, muy lento y eso provoca que se sucedan una serie de hechos que lo único que logran es más enfrentamientos.
¿Hay muchas dudas respecto del tema de las concesiones mineras en la población?
Sí. La población sigue formulándose preguntas respecto del tema, y las respuestas no los satisfacen. Gente de caseríos, de comunidades se preguntan cómo es posible que se concesionen nuevamente zonas que ya están concesionadas. Las concesiones tienen un marco legal y eso lo ve el Ejecutivo directamente, muchas poblaciones piden que no se concesione, pero descubren de la noche a la mañana que sus zonas ya están concesionadas hace años, muchas veces ni siquiera se les comunica si aceptan o no, o están dispuestos a dialogar sobre el tema. ¿Cómo gerencia han propuesto alguna alternativa?
Sí. Hemos enviado cartas al ministerio de Energía y Minas, en las cuales se les pedía mayor detenimiento al momento de dar las concesiones y sobre todo el tema de expropiaciones, pues esto es lesivo a los derechos de las personas, no podemos simplemente por promover una actividad económica quitarles terrenos a la gente, terrenos en los cuales han vivido por generaciones. A través de los medios de información las mineras anuncian e informan la promoción de la compra venta de terrenos, pero en verdad el tema de servidumbre minera debe ser tratado de otra manera. La gente no se queda tranquila con esos procesos de expropiación forzada, eso genera conflicto, además luego viene el tema de la contaminación, un problema mayor. En la expropiación la figura es la siguiente: te deposité el dinero en tal cuenta, anda cobra, en un mes o dos te desalojo y listo, solucionado el problema, eso no es así de sencillo. En otros casos la población piensa que les pagan muy poco por sus terrenos, la gente quiere vender sus terrenos pero a un precio que ellos consideran justo, y tienen el derecho de exigir el precio que mejor les parece por algo que es suyo. A esto hay que aumentar en el panorama, que las empresas hacen valer sus derechos en base a dispositivos y normas legales que las amparan.
¿A pesar de ser legal el tema de servidumbre y expropiación?
Claro son temas legales, establecidos en la ley y en las normas vigentes, pero no implica aceptación por parte de la población.
¿En cuanto al tema de pasivos en Hualgayoc, donde son más visibles?
Hay el compromiso por parte del ministerio de Energía y Minas de tratar el tema y de remediar los pasivos ambientales. En el caso de Hualgayoc, hay el compromiso es de remediar el sesenta por ciento de pasivos ambientales. La presión que se ejerce en el tema de pasivos es por el tema de la salud de las personas, tengamos en cuenta que cada pasivo es una fuente de contaminación para la población.
¿En cuánto al tema de la minera San Nicolás?
Osinerming tiene que iniciar un proceso legal a través de la Fiscalía de la Nación. Esa minera ha sido sancionada a través de entidades competentes, pero ellos hacen caso omiso y siguen arrojando sus aguas contaminadas a las quebradas de la zona, eso es grave, muy grave, pero esa minera no se da por enterada. La denuncia tiene que surtir efecto y cerrar esta minera.
Diario Panorama Cajamarquino 14/01/2010
LAMENTAN FALTA DE VOLUNTAD PARA RESOLVER PROBLEMÁTICA AMAZÓNICA
El abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) para el caso Bagua, Juan José Quispe, lamentó que el gobierno no tenga mayor voluntad para resolver la problemática de los pueblos indígenas.
A través de CNR, aclaró que no justifica actos de violencia; sin embargo, indicó que el Ejecutivo no mostró la mejor disposición para dialogar con las comunidades nativas.
“Lamentablemente, a estas consecuencias se llega cuando no se habla claramente, sino a medias. No justificó acciones de violencia o patear el tablero, pero el gobierno no pone la mayor de las voluntades para solucionar el problema”, remarcó.
Quispe consideró que la solución a esta crisis la tienen el gobierno y el Poder Judicial, pues éstos deben avanzar en los procesos a los nativos en el Primer Juzgado Penal de Utcubamba (Amazonas).
Pidió, además, al Ministerio del Interior (MININTER) mostrar mayor transparencia; y solicitó al Ministerio Público esclarecer el desarrollo del proceso a Asterio Cujupat, nativo sindicado como supuesto asesino de mayor PNP Felipe Bazán.
“Quiero llamar la atención porque este proceso es muy raro. Se debió acumular al proceso principal que se sigue en el Juzgado Penal Transitorio de Utcubamba en donde están todos los procesados y agraviados de los hechos ocurridos de 5 de junio”, acotó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 14/01/2010
RETROCESOS EN PROCESOS JUDICIALIZADOS POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
De los mil 626 procesos judicializados por delitos a los derechos humanos, el Ministerio Público archivó 953 sin informar a las partes interesadas de esta decisión.
Esta cifra de desprende del balance sobre la situación de los procesos en materia de Derechos Humanos realizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Miguel Jugo, director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) citó como ejemplo de esta situación las matanzas de Cayara, Accomarca, Lucanamarca y Los Cabitos, casos que hasta el momento no se solucionan.
En ese sentido, consideró gravísimo que la fiscal de Ayacucho, Cristina Olazábal haya sido acusada del presunto delito de prevaricato, luego que denunciara penalmente al presidente de la República, Alan García.
“Entre el 2003 y 2006 la fiscal produce denuncias importantísimas, por el caso Cabitos, Chuschi, Cayara, Lucanamarca y Putis. Ella estuvo abocada en estas investigaciones, y por ello sale la resolución en donde la denuncian y probablemente pierda el cargo”, advirtió Jugo.
Detalló que no es la primera vez que el Ministerio Público mella la labor de la fiscal, pues Olazábal jamás fue designada como fiscal titular a pesar de tener un papel fundamental en las referidas investigaciones.
“Hace seis años que trabaja en Ayacucho como fiscal provisional, ha recibido amenazas varias veces, y lo peor es que durante sus acciones, debió ser nombrada titular y siempre se le impuso como provisional. Incluso su asistente ahora es fiscal titular”, enfatizó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 14/01/2010
NATIVOS DESAPROBARON INFORME FINAL
Resultados. Aceptaron trabajos de las mesas 2, 3 y 4, pero con observaciones. Tanto Aidesep como Conap consideraron que es incompleto, incrimina y acusa a los indígenas y no busca la reconciliación del Estado con los nativos.
Después de conocer los resúmenes de los informes de las cuatro mesas de diálogo, el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos aprobó tres de ellos y observó el informe final de la comisión investigadora de los hechos de Bagua.
Las objeciones provinieron de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), así como de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap). Estas organizaciones indígenas lo observaron por considerarlo un documento incompleto. También porque culpa a los nativos por los hechos y no busca la reconciliación del Estado con los pueblos indígenas.
Saúl Puerta Peña, secretario nacional de Aidesep, informó que la solicitud para terminar de analizar los testimonios recogidos en Bagua y obtener un informe cabal no les fue aceptada.
“Hemos llegado con toda voluntad para dialogar con el gobierno y conseguir una reconciliación, pero nuestras propuestas no han sido recogidas ni aceptadas”, manifestó al finalizar la reunión del Grupo Nacional.
Entre los pedidos que hizo Aidesep están la derogatoria de los decretos leyes lesivos a sus derechos, la indemnización a los deudos de los caídos el 5 de junio y el retorno de Alberto Pizango al país.
Oseas Barbarán, presidente de Conap, confirmó que la propuesta para ampliar el plazo de investigación de los sucesos de Bagua no tuvo aceptación clara por el presidente del Grupo Nacional, el ministro Adolfo de Córdoba.
Sin embargo, el titular de Agricultura declaró que todas las opiniones de las partes congregadas en la comisión han sido aceptadas y serán elevadas al Consejo de Ministros para su análisis.
“Se ha aprobado la formación de una comisión que hará seguimiento y monitoreo a los cuatro informes, y la PCM determinará su ejecución”, acotó.
En tanto la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, cuestionó el pedido de retorno de Pizango. “Es una solicitud sin sustento porque no es un perseguido político”, reclamó.
Datos
Reclamo. Carlos Navas, coordinador de la Mesa 1, protestó porque el informe final de la comisión investigadora de Bagua no fue revisado por esta mesa como correspondía, y pasó directamente al Grupo Nacional.
Abrupto. También consideró una descortesía con los asistentes el sorpresivo punto final que Adolfo de Córdoba y los ministros de Estado le dieron a la reunión del Grupo Nacional, que ayer concluyó su trabajo.
Nicaragua plantea expulsar a Pizango
El embajador de Nicaragua en Perú, Tomás Borge, declaró a un medio nicaragüense que el presidente de Aidesep debe ser expulsado de Nicaragua porque violó las normas de asilo que lo condicionaba.
“Pizango está abusando de la hospitalidad, de la generosidad del gobierno sandinista, él no tiene derecho de hablar porque es un asilado, si él quiere hablar que se vaya para Perú”, afirmó el embajador centroamericano tras señalar que el líder indígena no ha sido expulsado por respeto a la población nativa del Perú.
Borge dijo que las declaraciones hechas por Alberto Pizango le han ocasionado varias llamadas de atención de la cancillería peruana. “Con justa razón porque un asilado nicaragüense en Perú no podría hablar contra mi gobierno”, dijo.
Diario La República-Lima 13/01/2010
