ALCALDE DE SAN IGNACIO SOLICITA RETIRO DE MINERA
El retiro de la empresa minera Río Blanco Cooper, que opera entre Ayabaca y Huancabamba, en la región Piura, solicitó el alcalde de San Ignacio, Carlos Martínez Solano, como presidente del Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte.
Aprovechando una conferencia de prensa, el dirigente anti-minero responsabiliza al Gobierno Central de no querer restablecer el diálogo sobre el caso de esta empresa minera, pero, además, de haber otorgado nuevas concesiones en zonas reservadas.
Sin embargo, el burgomaestre estima que debe reiniciarse el diálogo, pero sólo para que el Gobierno se comprometa a cumplir con la decisión de una consulta popular que hace dos años, y sin cumplir los requisitos de ley, la población realizó en los lugares de influenza del proyecto minero.
En resumen, el alcalde Carlos Martínez considera que para reiterar el pedido de retiro de esta minera, hay necesidad de formar una mesa de diálogo.
Por otra parte, denunció que hay mapas que acreditan el incremento de concesiones mineras en áreas de terrenos que van desde 6 hasta 24 mil hectáreas de terreno, en zonas declaradas como intangibles, responsabilidad que atribuye al ex premier Yehude Simon Munaro.
Diario Panorama Cajamarquino 05/10/2009
DISPARAN CONTRA 300 PERSONAS POR TIERRAS
Sujetos atacaron a mineros y campesinos de Ituata, en Carabaya, durante reunión.
Nuevamente los conflictos por una mina informal habrían ocasionado víctimas mortales. Según se supo, en momentos en que se realizaba una reunión que convocó a unas 300 personas, entre mineros y ronderos, de las minas de Winchumayo y Valencia, entre otras, diez sujetos encapuchados sorprendieron a los concurrentes a dicha cita en la localidad de Chacayaje, en el distrito de Ituata, provincia de Carabaya, y les dispararon sin que nadie entienda bien en ese instante qué estaba pasando.
Al parecer, los pobladores del lugar donde se perpetró el ataque mantienen constantes problemas con los habitantes del distrito de Ayapata (entre ambas jurisdicciones se encuentran las mencionadas minas), porque sus límites no están bien delimitados.
Como se recuerda, en marzo pasado, un alud en la mina Winchumayo dejó 10 fallecidos. Luego de ese trágico accidente, los pobladores del distrito de Ituata clausuraron los accesos a sus puentes y vías, de modo tal que los mineros de la zona de Ayapata no llegaran a la mencionada mina. Esta sería la razón por la que los residentes de Ituata responsabilizan a los mineros de Ayapata del ataque.
CULPAN A ALCALDE. Por su parte, el abogado Dari Leoncio Huamán también responsabilizó de los actos violentos al alcalde de este último distrito, Javier Pariapaza Arraya.
“Anteriormente, en la localidad de Susuya mandó a secuestrar a pobladores de Ituata y también envió encapuchados a la localidad de Tambillo para que hagan desmanes en contra de la municipalidad de ese lugar. Estos casos que están siendo investigados por la Fiscalía de la provincia de Carabaya”, aseguró Leoncio Huamán a RPP Noticias.
NO HAY VERSIÓN OFICIAL. El general de la PNP Horacio Huivín Grandez corroboró que ha habido heridos, pero no confirmó las posibles muertes de las que hablaban algunas agencias de noticias. “La versión de los fallecidos no la podemos afirmar ni negar. Sin embargo quiero anunciar que la Policía está a la espera de que los fiscales penales lleguen a la zona para hacer las investigaciones del caso”, aseguró.
Fuentes locales confirmaron que un grupo de heridos de bala llegó a Macusani y fue internado en el hospital local. Ellos afirmaron que vieron tres muertos. En tanto, el ministro del Interior, Octavio Salazar, manifestó que no había víctimas mortales.
Diario Perú 21-Lima 05/10/2009
LA OROYA, UNA CIUDAD LLENA DE IMPOTENCIA
Esclavos de una empresa. El dilema de una población de vivir con plomo en la sangre o quedarse sin empleo. A pesar del grave impacto ambiental que causa Doe Run a la población, para muchos es un mal necesario porque ayuda a sostener la economía de la ciudad.
Una tensa calma se vive estos días en la ciudad de La Oroya. Las piedras y los gases lacrimógenos que quebraron la tranquilidad de este apacible lugar ya son parte del pasado para los miles de pobladores que, tras meses de conflictos, ahora intentan recuperar su actividad diaria, sus labores comerciales, la paz en sus hogares y, sobre todo, sus vidas.
La ampliación por 30 meses del Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) que otorgó la semana pasada el Congreso de la República a la empresa Doe Run Perú (DRP) selló el fin de un enfrentamiento que dejó un saldo de dos muertos entre policías y trabajadores de la metalúrgica, sin mencionar los miles de soles que perdió el sector comercial de esta ciudad tras la paralización de la empresa.
Y es que para todos es más que sabido que DRP constituye el eje económico de La Oroya. Esta es una ciudad que a causa de los altos niveles de contaminación que registran sus tierras y aguas no puede desarrollar ningún tipo de actividad agraria o ganadera. Evidentemente la refinería “tiene la sartén por el mango” sobre la población.
La frustración de no poder hacer nada contra la contaminación invade a cientos de pobladores que han perdido la esperanza de poder cambiar su realidad.
Tal es el caso de Sonia Jiménez, comerciante de 40 años a quien hace mucho tiempo le dejó de interesar el plomo que lleva en la sangre, siempre y cuando tenga algo que comer. “La ciudad está muerta. En un día normal vendía cerca de S/.800, ahora si tengo suerte hago S/.300. Dígame, ¿cómo puedo hablar del medio ambiente, cuando mis hijos no tienen qué comer?”, cuestiona Sonia.
Sin embargo, así como Sonia también hay quienes piensan que la salud es primero. Luis Camayo es un joven taxista de 27 años para quien el dinero ganado nunca compensará las enormes cantidades de óxido que su cuerpo soporta cuando la gran chimenea de Doe Run está operativa.
“Es cierto, el comercio se ha venido abajo y lo que yo gano ahora con mi taxi no es ni la cuarta parte de lo que sacaba antes, pero creo que a nadie le debe gustar sentir ese gas que no deja respirar y que quema la garganta”, cuenta Luis mientras nos muestra una negra sustancia que cubre las laderas del río Mantaro aledañas a la fábrica.
Los niños de plomo
El problema de la contaminación ambiental es un hecho que Doe Run no puede negar. En un estudio elaborado el 2007 por ONGs ambientalistas de la zona, se demuestra que el nivel de plomo en el aire es 195% mayor al considerado estándar en Canadá.
Razón por la cual el 90% de los niños de La Oroya poseen plomo en la sangre, con niveles que en promedio triplican los estándares aceptados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
Uno de los casos más preocupantes es el de Amparo Fabián Ortega, una pequeña niña de seis años quien, según un análisis del Ministerio de Salud, posee 27,7 microgramos de plomo por decilitro de sangre, cuando el nivel admisible es de tan solo 10 mg/dl.
A su padre, Pablo Fabián Martínez, no le deja de preocupar la salud de su menor hija, quien, según asegura, no cuenta con la estatura de un niño de su edad.
“Amparito es una niña un poco retraída, que juega sola, pero lo que me preocupa es que no es del mismo tamaño que otros niños de su edad. Y no es solo ella, mis otros dos hijos, mi esposa y yo también tenemos plomo”, señala Pablo.
Se tiran la pelota
El envenenamiento progresivo al que está expuesta La Oroya no parece ser un asunto de preocupación para el gobierno. Prueba de ellos es que Doe Run logró una vez más postergar sus compromisos ambientales en desmedro de la población afectada.
Según Luis Gonzales, jefe de Control Ambiental de Doe Run, los altos niveles de contaminación existentes en La Oroya no son solo responsabilidad de la empresa, sino del propio gobierno.
El funcionario afirmó que el Estado no ha cumplido su compromiso de remediar las más de 3,800 hectáreas de suelos impactados alrededor del complejo metalúrgico, donde el polvo está constantemente expuesto a la población
“Si bien las emisiones que salen de la fundición causan el mayor impacto sobre la ciudad, hay otros factores que tienen mucho riesgo para la salud de la población, como el polvo depositado por más de 70 años de operación, alrededor del complejo”, indicó.
Más allá de las responsabilidades, lo cierto es que La Oroya no deja de ser una ciudad postergada.
EL DATO
Operaciones. Los más de 3500 trabajadores de Doe Run Perú volverán a laborar en la empresa desde el 1º de noviembre de este año, fecha en la cual la empresa espera haber llegado a un acuerdo con sus proveedores mineros y así poder reactivar sus operaciones con normalidad. Sin embargo, afirman que aún están en pleno proceso de negociación.
Medidas de aislamiento
Una de las pocas medidas que se han implementado para evitar que más niños aumenten sus niveles de plomo en la sangre es el convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud, el gobierno regional de Junín y Doe Run, a través del cual aíslan a los niños más intoxicados en un centro especializado en el pueblo de Cocrachacra, a 15 minutos de la ciudad de La Oroya, donde reciben educación y asistencia médica.
Diario La República-Lima 05/10/2009
RECHAZAN CONSTRUCCIÓN DE MÁS DUCTOS PARA CAMISEA
Dirigentes del Frente de Defensa del Valle de Cumpiruciato se presentaron ayer en Quillabamba (La Convención) para anunciar que no permitirán que la ampliación del tendido del gas de Camisea deprede las cabeceras de cuenca.
La delegación denunció que los trabajos de ampliación podrían agravar la carencia de agua en la zona, por lo que no aceptarán compensaciones ni los puestos de trabajo que le ofrece la empresa a cargo de llevar el hidrocarburo a Lima.
Los miembros del frente aseguraron a las autoridades de la capital del distrito de Santa Ana que no se oponen al desarrollo; empero, alertaron que la construcción de nuevos ductos pone en peligro el abastecimiento de líquido vital para las comunidades.
En ese sentido, criticaron la facilidad con que los funcionarios del Estado otorgan permisos para la ejecución de obras de ampliación de los ductos de gas. "Ellos viven en Lima otra realidad; por eso para el Ministerio de Energía y Minas (MEM) es facil de aprobar", dijo uno de los integrantes de la comitiva de Cumpiruciato.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 03/10/2009
NATIVOS ACHUAR ACUSAN A PETROLERA TALISMÁN DE PROMOVER ENFRENTAMIENTOS
Dirigentes de las comunidades nativas achuar del distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón (Loreto), acusaron a la empresa petrolera Talismán de generar las condiciones para un enfrentamiento que pudo saldarse con muchas vidas.
Se trata de Lucas Irar Miik y Puanchir Mitiap Kapuchak, residentes de las comunidades de Rubina y Churus, respectivamente, quienes hoy presentarán ante la Fiscalía de la Nación una denuncia penal contra la compañía canadiense por tentativa de genocidio.
En el documento, se refiere que, a fines de abril pasado, unos 130 comuneros achuar de las cuencas del Huituyacu, Manchari y Huasaga, se trasladaron hacia la base de Talismán, ubicada en Setuchi Central (quebrada afluente del río Morona), para pedirle a sus directivos su retiro inmediato de los territorios ancestrales.
La petrolera se negó a dialogar con los nativos y optó por trasladar en sus helicópteros a comuneros achuar y wampis afiliados a la Federación Achuar del Morona (FASAM) con la que está vinculada.
Los indígenas, muchos de los cuales portaban armas, fueron colocados frente a la delegación procedente del Huituyacu, Manchari y Huasaga. De acuerdo a los testimonio de varios de los comuneros presentes, se estuvo muy cerca de desatar un enfrentamiento armado entre ambas facciones.
Lucas Irar señaló que el conflicto por la explotación petrolera tiene más de tres décadas. En 1996 hubo un primer enfrentamiento debido al ingreso de la empresa Arco. En el caso de Talismán, el dirigente achuar señaló que la empresa se ha dedicado a captar miembros de la comunidad para dividirla y ganar aliados que apoyen sus actividades en el Lote 64.
Por su parte, el abogado Julio Dávila -quien asesora legalmente a los nativos achuar- indicó que la denuncia se encuentra respaldada por un video, donde se aprecia a miembros de FASAM portando armas de diverso alcance.
Explicó que el artículo Nº 319 del Código Penal describe la figura de tentativa de genocidio "ocasionar la matanza de personas, o de estos grupos o crear las condiciones que puedan traer como consecuencia la desaparición total o parcial de estos grupos".
"Han hecho todos los actos para que se produzca la matanza, pero esta no se ha producido gracias a la intervención de varios lideres de ambos lados", puntualizó.
Finalmente, precisó que el objetivo de la denuncia es poner en claro a las autoridades que tienen que cumplir con sus funciones y responsabilidades. "Estas empresas tienen que regirse por nuestras leyes. Los lotes petroleros no son zonas extraterritoriales".
Cabe señalar que los achuar realizaron una asamblea los días 29 y 30 de agosto del 2009 en la comunidad nativa de Wijint, donde se invito a las autoridades de las comunidades del Morona afiliadas a FASAM a fin de dialogar y ponerse de acuerdo con respecto a la presencia petrolera en la región; sin embargo este último grupo argumentó una reunión con la petrolera Talismán en la ciudad de Tarapoto (San Martín) para no asistir a la convocatoria.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 02/10/2009
El retiro de la empresa minera Río Blanco Cooper, que opera entre Ayabaca y Huancabamba, en la región Piura, solicitó el alcalde de San Ignacio, Carlos Martínez Solano, como presidente del Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte.
Aprovechando una conferencia de prensa, el dirigente anti-minero responsabiliza al Gobierno Central de no querer restablecer el diálogo sobre el caso de esta empresa minera, pero, además, de haber otorgado nuevas concesiones en zonas reservadas.
Sin embargo, el burgomaestre estima que debe reiniciarse el diálogo, pero sólo para que el Gobierno se comprometa a cumplir con la decisión de una consulta popular que hace dos años, y sin cumplir los requisitos de ley, la población realizó en los lugares de influenza del proyecto minero.
En resumen, el alcalde Carlos Martínez considera que para reiterar el pedido de retiro de esta minera, hay necesidad de formar una mesa de diálogo.
Por otra parte, denunció que hay mapas que acreditan el incremento de concesiones mineras en áreas de terrenos que van desde 6 hasta 24 mil hectáreas de terreno, en zonas declaradas como intangibles, responsabilidad que atribuye al ex premier Yehude Simon Munaro.
Diario Panorama Cajamarquino 05/10/2009
DISPARAN CONTRA 300 PERSONAS POR TIERRAS
Sujetos atacaron a mineros y campesinos de Ituata, en Carabaya, durante reunión.
Nuevamente los conflictos por una mina informal habrían ocasionado víctimas mortales. Según se supo, en momentos en que se realizaba una reunión que convocó a unas 300 personas, entre mineros y ronderos, de las minas de Winchumayo y Valencia, entre otras, diez sujetos encapuchados sorprendieron a los concurrentes a dicha cita en la localidad de Chacayaje, en el distrito de Ituata, provincia de Carabaya, y les dispararon sin que nadie entienda bien en ese instante qué estaba pasando.
Al parecer, los pobladores del lugar donde se perpetró el ataque mantienen constantes problemas con los habitantes del distrito de Ayapata (entre ambas jurisdicciones se encuentran las mencionadas minas), porque sus límites no están bien delimitados.
Como se recuerda, en marzo pasado, un alud en la mina Winchumayo dejó 10 fallecidos. Luego de ese trágico accidente, los pobladores del distrito de Ituata clausuraron los accesos a sus puentes y vías, de modo tal que los mineros de la zona de Ayapata no llegaran a la mencionada mina. Esta sería la razón por la que los residentes de Ituata responsabilizan a los mineros de Ayapata del ataque.
CULPAN A ALCALDE. Por su parte, el abogado Dari Leoncio Huamán también responsabilizó de los actos violentos al alcalde de este último distrito, Javier Pariapaza Arraya.
“Anteriormente, en la localidad de Susuya mandó a secuestrar a pobladores de Ituata y también envió encapuchados a la localidad de Tambillo para que hagan desmanes en contra de la municipalidad de ese lugar. Estos casos que están siendo investigados por la Fiscalía de la provincia de Carabaya”, aseguró Leoncio Huamán a RPP Noticias.
NO HAY VERSIÓN OFICIAL. El general de la PNP Horacio Huivín Grandez corroboró que ha habido heridos, pero no confirmó las posibles muertes de las que hablaban algunas agencias de noticias. “La versión de los fallecidos no la podemos afirmar ni negar. Sin embargo quiero anunciar que la Policía está a la espera de que los fiscales penales lleguen a la zona para hacer las investigaciones del caso”, aseguró.
Fuentes locales confirmaron que un grupo de heridos de bala llegó a Macusani y fue internado en el hospital local. Ellos afirmaron que vieron tres muertos. En tanto, el ministro del Interior, Octavio Salazar, manifestó que no había víctimas mortales.
Diario Perú 21-Lima 05/10/2009
LA OROYA, UNA CIUDAD LLENA DE IMPOTENCIA
Esclavos de una empresa. El dilema de una población de vivir con plomo en la sangre o quedarse sin empleo. A pesar del grave impacto ambiental que causa Doe Run a la población, para muchos es un mal necesario porque ayuda a sostener la economía de la ciudad.
Una tensa calma se vive estos días en la ciudad de La Oroya. Las piedras y los gases lacrimógenos que quebraron la tranquilidad de este apacible lugar ya son parte del pasado para los miles de pobladores que, tras meses de conflictos, ahora intentan recuperar su actividad diaria, sus labores comerciales, la paz en sus hogares y, sobre todo, sus vidas.
La ampliación por 30 meses del Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) que otorgó la semana pasada el Congreso de la República a la empresa Doe Run Perú (DRP) selló el fin de un enfrentamiento que dejó un saldo de dos muertos entre policías y trabajadores de la metalúrgica, sin mencionar los miles de soles que perdió el sector comercial de esta ciudad tras la paralización de la empresa.
Y es que para todos es más que sabido que DRP constituye el eje económico de La Oroya. Esta es una ciudad que a causa de los altos niveles de contaminación que registran sus tierras y aguas no puede desarrollar ningún tipo de actividad agraria o ganadera. Evidentemente la refinería “tiene la sartén por el mango” sobre la población.
La frustración de no poder hacer nada contra la contaminación invade a cientos de pobladores que han perdido la esperanza de poder cambiar su realidad.
Tal es el caso de Sonia Jiménez, comerciante de 40 años a quien hace mucho tiempo le dejó de interesar el plomo que lleva en la sangre, siempre y cuando tenga algo que comer. “La ciudad está muerta. En un día normal vendía cerca de S/.800, ahora si tengo suerte hago S/.300. Dígame, ¿cómo puedo hablar del medio ambiente, cuando mis hijos no tienen qué comer?”, cuestiona Sonia.
Sin embargo, así como Sonia también hay quienes piensan que la salud es primero. Luis Camayo es un joven taxista de 27 años para quien el dinero ganado nunca compensará las enormes cantidades de óxido que su cuerpo soporta cuando la gran chimenea de Doe Run está operativa.
“Es cierto, el comercio se ha venido abajo y lo que yo gano ahora con mi taxi no es ni la cuarta parte de lo que sacaba antes, pero creo que a nadie le debe gustar sentir ese gas que no deja respirar y que quema la garganta”, cuenta Luis mientras nos muestra una negra sustancia que cubre las laderas del río Mantaro aledañas a la fábrica.
Los niños de plomo
El problema de la contaminación ambiental es un hecho que Doe Run no puede negar. En un estudio elaborado el 2007 por ONGs ambientalistas de la zona, se demuestra que el nivel de plomo en el aire es 195% mayor al considerado estándar en Canadá.
Razón por la cual el 90% de los niños de La Oroya poseen plomo en la sangre, con niveles que en promedio triplican los estándares aceptados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
Uno de los casos más preocupantes es el de Amparo Fabián Ortega, una pequeña niña de seis años quien, según un análisis del Ministerio de Salud, posee 27,7 microgramos de plomo por decilitro de sangre, cuando el nivel admisible es de tan solo 10 mg/dl.
A su padre, Pablo Fabián Martínez, no le deja de preocupar la salud de su menor hija, quien, según asegura, no cuenta con la estatura de un niño de su edad.
“Amparito es una niña un poco retraída, que juega sola, pero lo que me preocupa es que no es del mismo tamaño que otros niños de su edad. Y no es solo ella, mis otros dos hijos, mi esposa y yo también tenemos plomo”, señala Pablo.
Se tiran la pelota
El envenenamiento progresivo al que está expuesta La Oroya no parece ser un asunto de preocupación para el gobierno. Prueba de ellos es que Doe Run logró una vez más postergar sus compromisos ambientales en desmedro de la población afectada.
Según Luis Gonzales, jefe de Control Ambiental de Doe Run, los altos niveles de contaminación existentes en La Oroya no son solo responsabilidad de la empresa, sino del propio gobierno.
El funcionario afirmó que el Estado no ha cumplido su compromiso de remediar las más de 3,800 hectáreas de suelos impactados alrededor del complejo metalúrgico, donde el polvo está constantemente expuesto a la población
“Si bien las emisiones que salen de la fundición causan el mayor impacto sobre la ciudad, hay otros factores que tienen mucho riesgo para la salud de la población, como el polvo depositado por más de 70 años de operación, alrededor del complejo”, indicó.
Más allá de las responsabilidades, lo cierto es que La Oroya no deja de ser una ciudad postergada.
EL DATO
Operaciones. Los más de 3500 trabajadores de Doe Run Perú volverán a laborar en la empresa desde el 1º de noviembre de este año, fecha en la cual la empresa espera haber llegado a un acuerdo con sus proveedores mineros y así poder reactivar sus operaciones con normalidad. Sin embargo, afirman que aún están en pleno proceso de negociación.
Medidas de aislamiento
Una de las pocas medidas que se han implementado para evitar que más niños aumenten sus niveles de plomo en la sangre es el convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud, el gobierno regional de Junín y Doe Run, a través del cual aíslan a los niños más intoxicados en un centro especializado en el pueblo de Cocrachacra, a 15 minutos de la ciudad de La Oroya, donde reciben educación y asistencia médica.
Diario La República-Lima 05/10/2009
RECHAZAN CONSTRUCCIÓN DE MÁS DUCTOS PARA CAMISEA
Dirigentes del Frente de Defensa del Valle de Cumpiruciato se presentaron ayer en Quillabamba (La Convención) para anunciar que no permitirán que la ampliación del tendido del gas de Camisea deprede las cabeceras de cuenca.
La delegación denunció que los trabajos de ampliación podrían agravar la carencia de agua en la zona, por lo que no aceptarán compensaciones ni los puestos de trabajo que le ofrece la empresa a cargo de llevar el hidrocarburo a Lima.
Los miembros del frente aseguraron a las autoridades de la capital del distrito de Santa Ana que no se oponen al desarrollo; empero, alertaron que la construcción de nuevos ductos pone en peligro el abastecimiento de líquido vital para las comunidades.
En ese sentido, criticaron la facilidad con que los funcionarios del Estado otorgan permisos para la ejecución de obras de ampliación de los ductos de gas. "Ellos viven en Lima otra realidad; por eso para el Ministerio de Energía y Minas (MEM) es facil de aprobar", dijo uno de los integrantes de la comitiva de Cumpiruciato.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 03/10/2009
NATIVOS ACHUAR ACUSAN A PETROLERA TALISMÁN DE PROMOVER ENFRENTAMIENTOS
Dirigentes de las comunidades nativas achuar del distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón (Loreto), acusaron a la empresa petrolera Talismán de generar las condiciones para un enfrentamiento que pudo saldarse con muchas vidas.
Se trata de Lucas Irar Miik y Puanchir Mitiap Kapuchak, residentes de las comunidades de Rubina y Churus, respectivamente, quienes hoy presentarán ante la Fiscalía de la Nación una denuncia penal contra la compañía canadiense por tentativa de genocidio.
En el documento, se refiere que, a fines de abril pasado, unos 130 comuneros achuar de las cuencas del Huituyacu, Manchari y Huasaga, se trasladaron hacia la base de Talismán, ubicada en Setuchi Central (quebrada afluente del río Morona), para pedirle a sus directivos su retiro inmediato de los territorios ancestrales.
La petrolera se negó a dialogar con los nativos y optó por trasladar en sus helicópteros a comuneros achuar y wampis afiliados a la Federación Achuar del Morona (FASAM) con la que está vinculada.
Los indígenas, muchos de los cuales portaban armas, fueron colocados frente a la delegación procedente del Huituyacu, Manchari y Huasaga. De acuerdo a los testimonio de varios de los comuneros presentes, se estuvo muy cerca de desatar un enfrentamiento armado entre ambas facciones.
Lucas Irar señaló que el conflicto por la explotación petrolera tiene más de tres décadas. En 1996 hubo un primer enfrentamiento debido al ingreso de la empresa Arco. En el caso de Talismán, el dirigente achuar señaló que la empresa se ha dedicado a captar miembros de la comunidad para dividirla y ganar aliados que apoyen sus actividades en el Lote 64.
Por su parte, el abogado Julio Dávila -quien asesora legalmente a los nativos achuar- indicó que la denuncia se encuentra respaldada por un video, donde se aprecia a miembros de FASAM portando armas de diverso alcance.
Explicó que el artículo Nº 319 del Código Penal describe la figura de tentativa de genocidio "ocasionar la matanza de personas, o de estos grupos o crear las condiciones que puedan traer como consecuencia la desaparición total o parcial de estos grupos".
"Han hecho todos los actos para que se produzca la matanza, pero esta no se ha producido gracias a la intervención de varios lideres de ambos lados", puntualizó.
Finalmente, precisó que el objetivo de la denuncia es poner en claro a las autoridades que tienen que cumplir con sus funciones y responsabilidades. "Estas empresas tienen que regirse por nuestras leyes. Los lotes petroleros no son zonas extraterritoriales".
Cabe señalar que los achuar realizaron una asamblea los días 29 y 30 de agosto del 2009 en la comunidad nativa de Wijint, donde se invito a las autoridades de las comunidades del Morona afiliadas a FASAM a fin de dialogar y ponerse de acuerdo con respecto a la presencia petrolera en la región; sin embargo este último grupo argumentó una reunión con la petrolera Talismán en la ciudad de Tarapoto (San Martín) para no asistir a la convocatoria.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 02/10/2009
