YANACOCHA RECARGADA
Por: Humberto Campodónico
El Grupo de Estudio también comprobó que la Gerencia de Responsabilidad Social y Ambiental de Yanacocha había sido aislada y que muchos funcionarios de la mina –tanto en Cajamarca como en la Oficina Regional de Lima– creen que no son responsables de promover buenas relaciones con las comunidades. Se entrevistó a un alto funcionario que dijo: “No soy de Asuntos Externos, por tanto no le puedo hablar de responsabilidad social”.
El párrafo que antecede proviene del “Informe sobre las relaciones con las comunidades”, elaborado por consultores independientes para Newmont Mining de EEUU (accionista mayoritario de Yanacocha) y que fuera presentado a la empresa en mayo de este año. Como se aprecia, el Grupo de Estudio (GE) constató, en su visita al Perú en el 2007, que existe un divorcio en Yanacocha entre la Gerencia Social y los funcionarios “operativos” de la mina.
El Informe (1) tiene su origen en los serios problemas sociales y ambientales que ha tenido Newmont con las poblaciones y comunidades nativas en diversas partes del mundo. Los casos que se estudian son: Yanacocha, Batu Hijau en Indonesia, Ahafo en Ghana, Mina Marta en Nueva Zelandia y Operaciones Carlín en EEUU. En Yanacocha, los principales conflictos han sido: el derrame de mercurio del 2000, Cerro Quilish en el 2004 y la muerte de un campesino en Combayo en el 2006 durante una movilización. Es por eso que en la Asamblea General de Accionistas del 2007, el pedido de un grupo de accionistas minoritarios (ligados a organizaciones religiosas) para que se investiguen estos hechos y se propongan soluciones fue aceptado por los accionistas mayoritarios y aprobado por amplia mayoría.
Además del divorcio ya señalado, otro problema principal (en todo el mundo) es la falta de credibilidad de la empresa debido, sobre todo, a la cantidad de promesas incumplidas. El Informe abunda en detalles –y entrevistas– sobre el particular.
El respeto a los derechos humanos también preocupa, debido a las constantes quejas y conflictos con el personal de seguridad de la empresa y con las empresas de seguridad privadas. Se detallan las malas relaciones con Forza, contratada por Yanacocha, y su política de hostigamiento al padre Marco Arana, director de la ONG Grufides.
También se destaca la poca credibilidad del gobierno peruano, así como la debilidad de sus estructuras legales y de supervisión, lo que “no proporciona mecanismos imparciales para resolver los conflictos entre las partes y asegurar la responsabilidad por los actos indebidos (…). En general se percibe que la falta de gobierno favorece a la compañía y podría proporcionarle impunidad por los daños al medio ambiente”.
Afirma el Informe que Newmont, a partir del reconocimiento de sus errores, ha tomado medidas para mejorar sus relaciones con las comunidades (entre ellas el llamado “Nuevo Enfoque”, lo que incluye el respeto a los derechos humanos). La empresa define así la “licencia social”: “Es la aceptación y creencia de la sociedad y, específicamente, de las comunidades locales, en la creación de valor de nuestras actividades, de tal manera que podamos continuar con el acceso y la extracción de los recursos naturales”.
Este informe de parte demuestra claramente –una vez más– que las actividades extractivas son generadoras de conflictos sociales en todo el mundo. Y que no es cierto que la protesta frente a las malas prácticas sea una “conspiración antiminera”.
En el caso peruano se constata el agotamiento del marco legal, social y ambiental de la actividad minera (así como el tributario). Iniciativas como la de la Asamblea de Newmont y el Informe de su comité ad hoc pueden contribuir, desde el lado empresarial, a la construcción de una nueva política minera. Siempre y cuando, claro está, no se queden en el papel y se pongan en práctica.
Diario La República-Lima 09/10/2009
Por: Humberto Campodónico
El Grupo de Estudio también comprobó que la Gerencia de Responsabilidad Social y Ambiental de Yanacocha había sido aislada y que muchos funcionarios de la mina –tanto en Cajamarca como en la Oficina Regional de Lima– creen que no son responsables de promover buenas relaciones con las comunidades. Se entrevistó a un alto funcionario que dijo: “No soy de Asuntos Externos, por tanto no le puedo hablar de responsabilidad social”.
El párrafo que antecede proviene del “Informe sobre las relaciones con las comunidades”, elaborado por consultores independientes para Newmont Mining de EEUU (accionista mayoritario de Yanacocha) y que fuera presentado a la empresa en mayo de este año. Como se aprecia, el Grupo de Estudio (GE) constató, en su visita al Perú en el 2007, que existe un divorcio en Yanacocha entre la Gerencia Social y los funcionarios “operativos” de la mina.
El Informe (1) tiene su origen en los serios problemas sociales y ambientales que ha tenido Newmont con las poblaciones y comunidades nativas en diversas partes del mundo. Los casos que se estudian son: Yanacocha, Batu Hijau en Indonesia, Ahafo en Ghana, Mina Marta en Nueva Zelandia y Operaciones Carlín en EEUU. En Yanacocha, los principales conflictos han sido: el derrame de mercurio del 2000, Cerro Quilish en el 2004 y la muerte de un campesino en Combayo en el 2006 durante una movilización. Es por eso que en la Asamblea General de Accionistas del 2007, el pedido de un grupo de accionistas minoritarios (ligados a organizaciones religiosas) para que se investiguen estos hechos y se propongan soluciones fue aceptado por los accionistas mayoritarios y aprobado por amplia mayoría.
Además del divorcio ya señalado, otro problema principal (en todo el mundo) es la falta de credibilidad de la empresa debido, sobre todo, a la cantidad de promesas incumplidas. El Informe abunda en detalles –y entrevistas– sobre el particular.
El respeto a los derechos humanos también preocupa, debido a las constantes quejas y conflictos con el personal de seguridad de la empresa y con las empresas de seguridad privadas. Se detallan las malas relaciones con Forza, contratada por Yanacocha, y su política de hostigamiento al padre Marco Arana, director de la ONG Grufides.
También se destaca la poca credibilidad del gobierno peruano, así como la debilidad de sus estructuras legales y de supervisión, lo que “no proporciona mecanismos imparciales para resolver los conflictos entre las partes y asegurar la responsabilidad por los actos indebidos (…). En general se percibe que la falta de gobierno favorece a la compañía y podría proporcionarle impunidad por los daños al medio ambiente”.
Afirma el Informe que Newmont, a partir del reconocimiento de sus errores, ha tomado medidas para mejorar sus relaciones con las comunidades (entre ellas el llamado “Nuevo Enfoque”, lo que incluye el respeto a los derechos humanos). La empresa define así la “licencia social”: “Es la aceptación y creencia de la sociedad y, específicamente, de las comunidades locales, en la creación de valor de nuestras actividades, de tal manera que podamos continuar con el acceso y la extracción de los recursos naturales”.
Este informe de parte demuestra claramente –una vez más– que las actividades extractivas son generadoras de conflictos sociales en todo el mundo. Y que no es cierto que la protesta frente a las malas prácticas sea una “conspiración antiminera”.
En el caso peruano se constata el agotamiento del marco legal, social y ambiental de la actividad minera (así como el tributario). Iniciativas como la de la Asamblea de Newmont y el Informe de su comité ad hoc pueden contribuir, desde el lado empresarial, a la construcción de una nueva política minera. Siempre y cuando, claro está, no se queden en el papel y se pongan en práctica.
Diario La República-Lima 09/10/2009
