Gran preocupación ha generado
en la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas (Huancabamba, Piura) la
realización de actividades, como la realizada el día de hoy en el Barrio el
Alto de la Paloma, ciudad de Huancabamba, convocado por la Oficina de Energía y
Minas del Gobierno Regional de Piura, denominado “Promoción y Difusión minera y los
mecanismos de la Participación Ciudadana”, evento que buscaría
convencer a la población a fin de lograr la licencia social que carece el
Proyecto Minero Río Blanco.
Como se recordará el Proyecto
Minero Río Blanco de la empresa Río Blanco Copper S.A. (antes llamada Majaz
S.A.), subsidiaria de la empresa china ZijinTongguan, que cuenta con una
concesión sobre los territorios de las comunidades de Segunda y Cajas
(Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), fue rechazado por la población a través de una
Consulta Popular efectuada en el año 2007, en la que el 97% de la población
opto por un modelo de desarrollo basado en la agricultura, rechazando dicho proyecto
minero por considerarlo una grave amenaza al ecosistema del páramo andino que
irriga las cuencas de la región Piura, y que alberga especies de flora y
fauna endémicas.
Esta preocupación se ve
agravada, toda vez que estos hechos se inscribirían en la decisión política del
Estado peruano de que se lleven a cabo todos los proyectos mineros, decisión
que estaría detrás de la aprobación y promulgación en el mes de julio de la Ley
30230 de la “Ley que
establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos
para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País”,
a la cual se le ha denominado “ley del paquetazo ambiental” y que podría
producir graves impactos sobre todo en la seguridad territorial de
las comunidades nativas y campesinas, según información proporcionada por
Benito Guarnizo, comunicador social de Huancabamba.
A ello debemos sumar el hecho
de que la empresa ha reabierto en las últimas semanas su oficina administrativa
en Huancabamba y ha comenzado una campaña asistencialista al interior de los
colegios de la ciudad (midiendo la vista a los niños, regalándoles una manzana,
una caja de jugo, etc.), con la finalidad de ganarse la simpatía de la
población ocultando que si ejecuta su proyecto minero, se generarían efectos
negativos irreversibles en el ambiente.
Otro elemento que incrementa la
preocupación de los comuneros es la criminalización y persecución a sus
dirigentes, la cual ya se habría iniciado al reactivarse, recientemente,
investigaciones penales contra los comuneros que data del año 2007,
disponiéndose nuevas diligencias, renovándose órdenes de captura en su contra
(las que se pretendieron efectivizar el día de las elecciones municipales y
regionales), etc.. No debemos olvidar que las acciones de la empresa, anteriormente
han dejado el doloroso saldo de varios comuneros muertos, heridos, comuneros
víctimas de tortura en el campamento de la empresa, así como cientos de
comuneros criminalizados.
Fuente: FEDEPAZ
