PRESENTAN PROYECTO DE LEY CON NUEVA POSTURA SOBRE COMUNIDADES NATIVAS
Por Jorge Saldaña Ramírez
El debate sobre el régimen jurídico de las tierras de las comunidades de la selva y la sierra sigue abierto. Mientras el Poder Ejecutivo insiste en que no promulgará la norma que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073 --aprobada el viernes pasado--, desde ayer la representación parlamentaria tiene en sus manos una propuesta que recoge el nuevo planteamiento que sobre el tema hizo el presidente Alan García la noche del lunes.
La iniciativa pertenece al congresista aprista y presidente de la Comisión de Constitución, José Vargas Fernández, quien recoge los alcances presidenciales.
La propuesta contempla que se necesite el 66% del voto de todos los miembros de la comunidad para decidir la transferencia o venta definitiva de las tierras, pero que se permita la asociación, alquiler, 'joint venture' y otras modalidades con no menos del 50%.
"DE ESA MANERA SE CONCILIAN LOS CRITERIOS", REMARCÓ VARGAS.
En el proyecto se establece la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, así como la modificación del artículo 10 y la resolución del artículo 11 de la Ley 26505 (Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas), con la finalidad de establecer un quórum diferenciado para la transferencia de propiedad y otros actos de disposición de las tierras comunales.
"Esto permitirá a dichas comunidades acceder a los diferentes mecanismos de asociación para la inversión privada, pudiendo inclusive, de estar interesadas, intervenir de manera directa en determinado proyecto o, en su defecto, ceder parte de sus tierras con el objeto de obtener una contraprestación económica por el uso de las mismas por parte de inversionistas", reza el proyecto.
Vargas declaró que en el transcurso de hoy solicitará formalmente al Consejo Directivo del Parlamento --que es la instancia que define la agenda de temas que se verán en el pleno-- que su propuesta de ley sea exonerada del trámite previo de pasar por comisiones.
Si esta posición prosperase, el proyecto podría ser discutido por la representación parlamentaria mañana jueves en la sesión habitual del pleno.
GRUPO DE ENLACE
Mañana también se discutirá la formación de un grupo multipartidario que actuará como una especie de enlace para el diálogo con las comunidades. Este tendría carácter deliberativo, es decir, que no propondrá normas.
La idea primigenia es que lo deben integrar representantes de las ocho bancadas parlamentarias, aunque no se descarta que la tarea también pueda ser encargada a los miembros de la actual Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que ayer nombró una subcomisión con este mismo fin.
"Reclamamos respeto", refiere representante de etnias
Fue directo. El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango Chota, fue al grano cuando opinó acerca del cambio de actitud mostrado por el jefe del Estado, Alan García, en el tema de la posesión de las tierras de las comunidades de la selva y la sierra.
"Nos parece que el Gobierno se sigue aferrando a su posición y no escucha a los pueblos amazónicos. Nosotros no reclamamos por un tema de porcentaje. Nosotros reclamamos respeto. Que nos escuchen y que cada vez que quieran legislar o tomar decisiones sobre las tierras comunales y ancestrales de la selva peruana, que conversen con nosotros pues siempre hemos estado abiertos al diálogo sincero", indicó.
Pizango reiteró que lo único que su organización y otras similares buscan es lograr que el Gobierno respete el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Reiteró que ante su posición de dialogar, el Gobierno "hasta el momento no ha respondido".
Diario El Comercio – Lima 27/08/2008
LAS COMUNIDADES DE LA SIERRA ADVIERTEN QUE EMPRENDERÁN PROTESTAS
Los dirigentes de centrales campesinas sostienen que el presidente Alan García “se está deslegitimando solo”. Aseguran que el mandatario “no tiene derecho a decidir el destino de las tierras”.
Si las protestas de las comunidades nativas de la selva colocaron contra las cuerdas al Gobierno y lo obligaron a retroceder en sus afanes por acelerar la inversión privada, lo que se le viene podría ser más difícil.
Antolín Huáscar, de la Confederación Nacional Agraria (CNA); Miguel Palacín, de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), y Roberto López, de la Confederación Campesina del Perú (CCP), rechazaron la propuesta planteada el lunes por Alan García para rescatar en parte el espíritu de los decretos 1015 y 1073, derogados por el Congreso. Los dirigentes le exigieron que reconozca sus errores y advirtieron el inicio de protestas más fuertes.
“El presidente quiere dividirnos, y nosotros rechazamos eso. Si no quiere gobernar para los pueblos que lo eligieron sino para las transnacionales, lo vamos a desconocer y le vamos a exigir que ponga su cargo a disposición. Nosotros estamos listos para levantarnos si insiste en vender las tierras campesinas”, aseguró Huáscar.
Palacios aclaró que García no tiene derecho a decidir el destino de las tierras y que no aceptan medidas arbitrarias y dictatoriales. “Él solo se está deslegitimando. Si no se corrige, no reconoceremos su autoridad”, dijo.
López informó que la CCP, la CNA y la Conacami vienen coordinando consultas macrorregionales, y anunció que saldrán a protestar si el Gobierno no deroga todos sus decretos.
Diario Perú 21 – Lima 27/08/2008
Advierte especialista Reynaldo Trinidad. Alberto Pizango rechaza planteamiento de García.
CUIDADO CON TRAMPAS DE PROPUESTA DE GARCÍA
Indígenas esperan que Ejecutivo respete decisión del Congreso.
DETALLE
Antes de la propuesta del mandatario, Del Castillo dijo en varias ocasiones que el Ejecutivo de ninguna manera promulgará la norma que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, aprobada por una amplia mayoría en el Congreso. Ayer, tras la propuesta de García, Del Castillo reiteró que el Ejecutivo evalúa la posibilidad de observar la norma.
El experto en temas agrarios Reynaldo Trinidad advirtió ayer sobre aspectos tramposos de la propuesta del presidente Alan García, de que el Congreso apruebe una nueva ley para las comunidades indígenas, que facilite la entrega de sus tierras en alquiler a empresas privadas, como alternativa al fracaso del intento oficial de simplificar el procedimiento de venta de las mismas.
Trinidad dijo que la trampa está en incorporar a los ‘comuneros posesionarios’ y no únicamente a los ‘comuneros calificados’ o propietarios, en las decisiones que se adopten para vender o alquilar las tierras comunales.
El especialista puso en tela de juicio el planteamiento del presidente García de reducir al 51% del total de comuneros la mayoría necesaria para que las comunidades puedan asociarse, alquilar o establecer convenios con terceros para explotar las tierras y mantener el requisito de 66% para la venta.
Trinidad dijo que hay que tener cuidado con la propuesta, pues los verdaderos propietarios, reconocidos en los estatutos de la comunidad o por títulos del Estado, son los únicos que deberían decidir en las votaciones. “Ellos son los comuneros calificados”, sostuvo.
No deberían votar, en cambio, los llamados ‘comuneros posesionarios’, que pueden ser invasores de tierras, ‘sembrados’ por el gobierno o por las empresas interesadas en adquirir las tierras comunales.
“La medida se presta a la manipulación y a la presencia de elementos ajenos a las comunidades, el gobierno quiere privatizar las tierras y puede convalidar la presencia de intrusos en las decisiones que se adopten”, explicó Trinidad.
Advirtió acerca de una política contraria a las comunidades, como la que revierte al Estado tierras supuestamente eriazas, tal como ocurrió con la comunidad San Pedro de Lloc, a la que se arrebató más de 1,200 hectáreas para vendérselas a la empresa Gandules, que ahora controla cerca de 3,000 hectáreas.
Trinidad reclamó que el Congreso revise toda la legislación expedida por el gobierno que tenga que ver con el uso de aguas, bosques y tierras, pues propicia su privatización y entrega a grandes capitales.
RECHAZAN PLANTEAMIENTO
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Alberto Pizango, rechazó el planteamiento, sin cambios sustanciales, formulado por el presidente Alan García.
Adelantó que ante la posibilidad de que el Ejecutivo observe la ley que deroga dichas normas, los pueblos indígenas y amazónicos continuarán en su lucha.
El líder amazónico insistió en que buscan que el gobierno respete el Convenio 169 de la OIT, pues los pueblos indígenas tienen una propuesta clara. Asimismo dijo que esperan un diálogo con el Ejecutivo “que hasta el momento, a pesar de nuestra solicitud, no se da”.
Tras incidir en que el mejor camino es el diálogo y no las decisiones adelantadas, en alusión a la propuesta del jefe de Estado, Pizango detalló que la plataforma de reclamos de los pueblos amazónicos tiene doce puntos, de los que ocho se relacionan directamente con el Ejecutivo y cuatro con el Congreso, con cuyos representantes ya se inició un primer acercamiento; además del compromiso de conformar una Comisión Multisectorial que –conjuntamente– analizará la situación de la selva.
DECRETOS LEGISLATIVOS SON INCOSTITUCIONALES
Tras un estudio exhaustivo, el constitucionalista Francisco Eguiguren llegó a la conclusión de que la mayoría de los decretos legislativos elaborados por el Ejecutivo en uso de las facultades otorgadas por el Congreso, tienen naturaleza inconstitucional.
Eguiguren explicó que varios de los decretos no tienen relación con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, cuya implementación fue el objetivo del otorgamiento de las facultades legislativas.
“El Ejecutivo ha hecho un uso extensivo y abusivo de la delegación de facultades. El Art. 2.2 de la Ley 29157 indica que tiene que haber una relación estricta entre las materias delegadas y su vinculación con la implementación del TLC”, dijo Eguiguren, quien elaboró el estudio a pedido de la Agencia Humanitaria Oxfam Internacional.
Según Eguiguren, los decretos legislativos 1015 y 1073 son inconstitucionales, pues transgreden el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que indica que cualquier disposición del gobierno que afecte a la organización interna de una comunidad nativa debe ser consultada con esta previamente. Del mismo modo, el Ejecutivo derogó la Ley 26505 mediante el decreto 1064, cuando una ley sólo puede ser modificada o derogada por otra ley aprobada por el Congreso.
El letrado explicó que un rasgo característico del uso dado por el Ejecutivo a las facultades delegadas ha sido la “intención manifiesta” de exceder y aprovechar las atribuciones recibidas para expedir un número de normas con ninguna o muy poca vinculación con el TLC. “Ello hace que tales decretos puedan ser calificados de inconstitucionales por razones de forma, al haber incumplido los parámetros fijados en la ley 29157, lo que ameritaría su derogación en el Congreso, o que se declare su inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional”, precisó.
Diario La Primera – Lima 27/08/2008
