Unidad de Prevención de PCM evitó surgimiento de nuevos conflictos sociales
La creación de la Unidad de Prevención de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros ha impedido el surgimiento de más enfrentamientos de pobladores con autoridades, afirmó Rolando Luque, investigador de la Defensoría del Pueblo.
”Un paso importante en el Poder Ejecutivo es la creación de la Unidad de Prevención de Conflictos Sociales porque la respuesta a los conflictos tiene que ser una respuesta institucional", manifestó.
Como jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría, sostuvo que el número de enfrentamientos ha aumentado en el 2007 respecto al año pasado, tal como lo revela el monitoreo bimensual realizado por su despacho.
Refirió, por ejemplo, que en abril del 2006 sólo había 3 conflictos activos, pero que en el primer bimestre del 2007, hasta febrero, se registraron 26 conflictos activos.
"Pero el hecho de que aumenten no quiere decir que estamos pasando por un mal momento. Lo conflictos no necesariamente significan violencia, sino expresiones de desacuerdo que si son adecuadamente conducidos, se pueden convertir en oportunidades para realizar cambios", dijo.
Luque indicó que alrededor de 40 por ciento de conflictos tiene que ver con problemas entre municipio y población, y alrededor del 20 por ciento son conflictos entre comunidades y empresas mineras y petroleras.
Ante ello, señaló que siempre hubo una débil respuesta por parte del Estado, sea por parte del gobierno central o de las autoridades locales, porque no calibra adecuadamente la profundidad de los problemas y la rapidez con la que debe actuar.
En ese sentido, destacó que la Presidencia del Consejo de Ministros haya creado una unidad especial que prevenga esa clase de enfrentamientos que devengan en actos de violencia que afecten a la población en su conjunto.
"Los que más aumentaron son los casos en que el alcalde no puede asumir funciones porque hay un sector de la población que desconoce los resultados, que habla de votantes golondrinos, de irregularidades electorales o que abiertamente se declaran en contra de la reelección", apuntó.
Por ello, resaltó la necesidad de informar a la población sobre los mecanismos institucionales y democráticos para pedir, por ejemplo, la revocatoria de sus autoridades ediles.
Del mismo modo, mencionó que los conflictos obedecen a discrepancias de carácter económico porque el crecimiento en algunos sectores productivos despierta expectativas en la población.
Diario Panorama – Cajamarca 07/04/2007
Arana calladito
& Barrantes dijo además que el problema se complica porque los informales no sólo usan insumos químicos altamente nocivos como el cianuro, sino que ahora están utilizando dinamita sin las medidas de seguridad que corresponden. ¿Y qué dice de esto el cura Arana? No se oye, padre.
Diario El Correo – Lima 07/04/2007
Comisión Agraria del Congreso evaluará si es necesaria nueva Ley de Aguas
La presidenta de la Comisión Agraria del Congreso de la República, Nidia Vílchez, informó hoy que un grupo de trabajo, conformado por su comisión y presidido por el congresista Róger Nájar, está elaborando un informe final referido a la posibilidad de dictaminar una nueva Ley de Aguas o realizar algunas modificaciones a la ley vigente.
Asimismo, afirmó que en el "pre informe" elaborado por dicha comisión no existe considerando alguno que prevea la posibilidad de privatizar dicho recurso natural.
Señaló que el proyecto sobre Ley de Aguas viene siendo analizado y debatido en forma amplia y democrática por representantes de todos los sectores, y subrayó que nadie ha sido marginado del mismo.
También aseguró que en la Comisión Agraria no existe intención alguna ni voluntad política para dictaminar algún proyecto de ley que conlleve la privatización de las aguas en el país.
"Se trata de un proyecto multipartidario que recoge incluso los aportes de la misma Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP), a través de sus asesores legal y técnico, quienes participaron de las reuniones de la comisión", aclaró.
En ese sentido, pidió que no se utilice la Ley de Aguas para politizar el tema agrario o usarse "para afanes de reelección de algunos dirigentes del sector".
"Entendemos que la dirigencia nacional de los usuarios de los distritos de riego está en búsqueda de su reelección y para ello recurren a comunicados donde brindan información inexacta y carente de sustento", dijo la congresista.
"La Comisión Agraria viene trabajando el tema en forma concertada y convocando a todos los sectores involucrados. La decisión de avanzar en una nueva Ley de Aguas parte también de la constatación que este recurso se ha convertido en un bien escaso y tiene altos índices de contaminación", subrayó Vílchez.
Afirmó que la actual legislación tiene una antigüedad de 37 años y que "no existe una institucionalidad sólida" que administre este recurso, "por lo que debería efectuarse una modernización en el manejo de dicho elemento".
Finalmente, señaló que el Perú ha asumido compromisos internacionales que se deben respetar, como son la Conferencia Mundial sobre Agua y Medio Ambiente (Dublín 1992), así como el Sétimo Objetivo del Milenio de las Naciones Unidas y el Segundo Foro Mundial de La Haya (2000).
"Estos compromisos obligan a la necesidad de adecuar la gestión del agua a la actual realidad de escasez y búsqueda de equidad en el acceso, por parte de las poblaciones urbanas y rurales", concluyó.
Diario Panorama – Cajamarca 07/04/2007
