COMUNIDAD DE EL ÁMARO AMENAZA CON EXPULSAR A LA FUERZA MAQUINARIA DE MINAS CONGA

Lo advirtieron de manera pacífica, los pobladores del caserío El Ámaro Quengorío, comprensión de la provincia de Bambamarca amenazaron con retirar la maquinaria de minas Conga que se encuentra dentro de su comunidad en los próximos días, los manifestantes aseguran que esa zona es eminentemente agrícola y ganadera y por lo tanto la actividad extractiva pondría en riesgo su producción.

La primera preocupación que mostraron los campesinos de El Ámaro, es que las aguas del río Grande, que se unen a un canal que provine de la denominada Laguna Azul, se han contaminado con sedimentos producto del movimiento de tierra que realizan en la zona, y en varias oportunidades han sufrido la muerte de peces, que crían en el río y otros canales. En un lugar donde los canales se unen y forman el mencionado río, se puede notar claramente, cómo el agua que proviene de la zona que no está en explotación es transparente y cristalina, sin embargo el agua que viene de la zona de trabajos de la mina es turbia, y hasta de un color casi amarillento.

Los pobladores la mañana de ayer decidieron recorrer el canal que proviene de la Laguna Azul, para verificar el estado de las aguas, demostrando evidentemente que en todo el recorrido se repite la turbidez de la misma, de igual modo mostraron su disconformidad ante la construcción de plataformas a un costado de la quebrada, lo cual comentan según el Ministerio de Energía y Minas no es permitido.

Durante su recorrido, los pobladores fueron seguidos muy de cerca por efectivos de la Unidad de Fuerzas Especiales USE de la Policía Nacional, quienes inclusive en un momento forcejearon con ellos tratando de impedir su recorrido, cuando los campesinos se comprometieron hacer el recorrido de manera pacífica, los dejar seguir pero haciéndoles una continua “marcación”.

Alamiro Jambo, presidente de las Rondas Campesinas de la zona comentó que la visita que hicieran ayer ha sido para alertar a los funcionarios de la minera Conga, que de no retirar su maquinaria, serán ellos quienes lo hagan a la fuerza. “Ya no podemos esperar más tiempo, esta vez estamos decididos a todo y con el apoyo del Frente de Defensa de Bambamarca expulsaremos a la minera”. Según los manifestantes la minera ha realizado la audiencia para presentar su estudio de Impacto Ambiental para las comunidades de Celendín y no para lasque corresponden a Bambamarca, lo que implica que no tienen licencia social.

Por su parte el alcalde de Quengorío Basilio Garay Ramos, dijo que el problema con esta empresa minera tiene que ver con la delimitación que ha quedado pendiente en el Gobierno Regional, para definir si estas comunidades pertenecen a Bambamarca o Celendín, por lo que dijo lamentar que el presidente regional, Gregorio Santos, se ha hecho de oídos sordos ante el pedido de esa comunidad.

“Nosotros hemos apoyado la campaña de Goyo, y hasta hemos sido personeros, y nos da mucha pena que ahora no nos haga caso y no se preocupe por solucionar nuestros reclamos” dijo el alcalde quien pidió la presencia de Santos para que recorra su comunidad y vea que tienen mucha potencialidad agrícola y ganadera y no aceptan la minería.

Finalmente Juan Llamoctanta Cruzado, gobernador del caserío dijo que han hecho varios proyectos productivos como la forestación con miles de plantas de pino y la “siembra” de truchas que son actividades que están en riesgo ante la explotación minera.

Al final del recorrido, los pobladores tuvieron un enfrentamiento verbal que casi llegó a los puños con funcionarios de la empresa Securitas, que presta servicios de seguridad privada para Yanacocha y este proyecto expansionista.

Diario El Mercurio-Cajamarca 30.06.2011

PROTESTAS EN PUNO TIENEN COMO SUSTENTO EL RECHAZO A LAS ACTIVIDADES MINERAS

Las manifestaciones en las distintas provincias del departamento de Puno, que hasta el momento han dejado seis víctimas mortales, están vinculadas a las actividades mineras que la población rechaza.

Contaminación del río Ramis
Por un lado, se encuentran las manifestaciones en Juliaca, realizadas por los pobladores de la provincia de Azángaro, que piden el cese de las actividades mineras informales que contaminan la cuenca del río Ramis.

En estas manifestaciones han participado población de las provincias de Carabaya, Azángaro y San Antonio de Putina.

El último monitoreo realizado por la Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos, que pertenece a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en noviembre pasado, indica que cinco de los siete ríos de la cuenca del río Ramis están contaminados por la minería informal.

Se trata de contaminación con metales pesados, entre los cuales se encontró aluminio, arsénico, hierro y manganeso, en cantidades que superan los estándares nacionales de calidad de agua.

Los ríos Crucero, Santa Rosa, Ayaviri, Pucará y Llallimayo tiene contaminación en la Categoría 3, lo que significa que sus aguas no sirven para el riego de tierras destinadas a la agricultura, ni para abrevar a los animales.

Después de más de una año y medio de publicado el informe del ANA, el presidente Alan García promulgó el Decreto de Urgencia N° 028-2011 que declara de necesidad pública la recuperación ambiental de la zona afectada.

Proyecto minero Santa Ana
Mientras tanto, en la provincia de Chucuito, al sur de Puno, la protesta se enfocaba en la derogación del Decreto Supremo 083-2007, el cual otorgaba concesión a la mina Santa Ana, propiedad de la firma canadiense Bear Creek Mining Company.

Esta jornada de protesta se inició el pasado 9 de mayo, liderada por Walter Aduviri. Finalmente, a través del D.S. 032-2011-EM se deja sin efecto el D.S. 083-2007.

El pasado 21 de junio, el dirigente aymara Walter Aduviri y el congresista Yonhy Lescano presentaron una serie de documentos que evidencian irregularidades en la concesión a Bear Creek Mining en el 2007.

Según indicó Lescano, se produjo un “faenón” para entregar la concesión minera. Refirió que el proyecto nunca contó con un informe sobre una posible contaminación de aguas.

Ejecutivo promulga cinco normas
Para poner fin a las protestas de la población puneña, el Ministerio de Energía y Minas y la Presidencia del Consejo de Ministros, dictaron cinco normas entre resoluciones supremas y decretos de urgencia.

Las normas suspenden las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en el departamento de Puno, y establecen como requisito para otorgar concesiones la aprobación de las poblaciones afectadas mediante el proceso de consulta previa.

Servindi-Lima 30.06.2011

PRESENTARÁN DENUNCIA PENAL CONTRA EL CONGRESISTA FRANCISCO CCAMA


Río ramis. Alcalde de Municipalidad Distrital de Asillo, víctor cutisaca, lo acusa. La próxima semana Cutisaca asistirá a la Fiscalía Superior de Puno. Ccama afrontará cargos por extracción ilegal de oro y defraudación tributaria.

No dejan de caerle acusaciones al congresista electo por Puno Francisco Ccama Layme. Cuando aún no termina de afrontar las diez denuncias judiciales por contaminación minera, ahora podría recibir otra, esta vez por los delitos de extracción ilegal de oro y defraudación tributaria, de parte del alcalde de la Municipalidad Distrital de Asillo, Víctor Cutisaca Sucari.

Cutisaca anunció que presentará una denuncia penal contra el proclamado legislador fujimorista.

Francisco Ccama Layme es presidente de la Central de Cooperativas Mineras de San Antonio de Poto (CECOMSAP), la cual es investigada por realizar trabajos sin estudios de impacto ambiental, contaminar el río Ramis y extraer oro sin autorización.
Dichas denuncias se encuentran en la Fiscalía Ambiental de Puno, a cargo del fiscal Adjunto Provisional Federico Chávarry Cúneo, ante el traslado a Lima del magistrado Alejandro Tapia.

El problema es que, desde su creación en el año 2008, esta dependencia ambiental archivó más de 850 procesos de investigación.
Para el abogado e investigador del caso Río Ramis, Wenceslao Apaza Ñaupa, este hecho pone en duda una posible sanción contra el fujimorista Francisco Ccama.

Según Apaza, el fiscal Chávarry Cúneo no está realizando una investigación adecuada de la contaminación del río Ramis –el proceso de investigación preparatoria tendría que haber culminado este 28 de junio– y duda de una sanción.

“Hay serias deficiencias en esa investigación, como la dilatación del proceso. Por eso es que Ccama está muy confiado”, indicó.

Esto en alusión a las últimas declaraciones del electo parlamentario fujimorista, quien aseguró que las diez denuncias judiciales serán pronto sobreseídas en razón de su colaboración con las autoridades del Ministerio Público.

Incluso, Ccama aseguró que la actividad minera en la zona lleva más de 150 años y que el río “siempre ha tenido aguas turbias”. Además prometió la formalización de mineros artesanales como parte de sus actividades legislativas.

Al respecto, el fiscal Chávarry negó falta de seriedad en la indagación que lleva a cargo, pero explicó que la investigación sigue en proceso, no por dilatar el caso, sino por tener más pruebas que permitan una sentencia justa.

Agregó que el procedimiento ha demorado porque el acusado presentó una Excepción de Procedencia de la Acción, una acción legal por la cual se establece que las partes del hecho implicado no constituyen un delito.

“El Ministerio Público ha rebatido esa acción legal, faltan aún varias diligencias y la decisión la tiene el juez. Hay que tener en cuenta que las denuncias no solo son por operar sin estudios de impacto ambiental, contaminar la cuenca del río Ramis con metales pesados y extraer oro sin autorización, sino también por alteración del paisaje”, dijo el fiscal adjunto.

Sin embargo, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Asillo, Víctor Cutisaca Sucari, advirtió que no esperará la sentencia, y que presentará una denuncia penal la semana entrante contra Francisco Ccama por los delitos de extracción ilegal de oro y defraudación tributaria.

En declaraciones a La República, el burgomaestre Cutisaca explicó que se ha conformado un grupo especial de trabajo con el abogado Wenceslao Apaza para formular la denuncia contra Ccama.

“Estos días evaluaremos todos los sustentos para presentarlos ante la Fiscalía Superior de Puno, pues nuestra denuncia también alcanza defraudación tributaria y no solo el lado ambiental”, señaló.

Datos
Más dudas. Según Aldo Santos, de la ONG Servicios Educativos Rurales (SER), Ccama no es fiable respecto de la solución de estos problemas. “No me imagino, por ejemplo, a Francisco Ccama proponiendo una ley para la formalización de la minería informal”, comentó.

Colocados. Santos destacó que los pobladores de las zonas donde impera la minería informal “pueden colocar congresistas y además tienen capacidad para movilizar gente”.

Las denuncias que pesan sobre Francisco Ccama
El electo congresista por Fuerza 2011, Francisco Ccama, afronta 10 procesos judiciales luego que la Fiscalía Provincial en Materia Ambiental del Distrito Judicial de Puno hallara a su representada, CECOMSAP, responsable por extraer oro sin autorización, operar sin Estudios de Impacto Ambiental, y por no resarcir los daños producto de la contaminación.

En ese sentido, la denuncia especifica una pena de cárcel no menor de cuatro años ni mayor de seis, para todo aquel que cause perjuicio o daño grave al ambiente y sus componentes.

El documento también cuestiona a la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno por tomar en cuenta los Estudios de Impacto Ambiental que demuestran la contaminación minera que causaban CECOMSAP y otras empresas sobre el río Ramis.

De otro lado, la denuncia pide que se comunique con la SUNARP para que informe sobre los posibles bienes de propiedad de los imputados, para efecto de los embargos preventivos que garanticen una eventual reparación civil y ambiental a las comunidades afectadas.

Diario La República-Lima 30.06.2011

EL DIÁLOGO ANTES QUE LA REPRESIÓN

En pleno conflicto de Bagua, hace dos años, la Región San Martín, bajo el liderazgo del Gobierno Regional de San Martín, optó por el diálogo y las vías legales para atender las legítimas demandas de los pueblos indígenas, a diferencia de lo que ocurría a nivel nacional la solución en San Martín fue la más adecuada luego de negociar la recolección de firmas para solicitar la derogatoria de los decretos legislativos ante el Tribunal Constitucional, la respuesta no se hizo esperar y en menos de una semana se recolectó más de 70,000 firmas con un claro apoyo de la ciudadanía en general, las medidas de fuerza y paralizaciones de las carreteras terminaron por esta solución inteligente.

A partir de ahí se formó la Mesa de Diálogo de Pueblos Indígenas de San Martín, liderada por el Consejo Regional y con el acompañamiento de diversas organizaciones. La iniciativa emprendida, ante la indiferencia del estado nacional, fue la de elaborar el reglamento de derecho a la participación y consulta previa, la que debería ser aprobada mediante ordenanza regional; la misma que fue trabajada concertadamente con todas las federaciones indígenas de la región.

Diario La Primera-Lima 30.06.2011

Alcalde de Juli desafía a manifestantes y ratifica posición crítica sobre huelga y hasta dice que está dispuesto a renunciar.
CONFLICTO ENTRE DIRIGENTES Y AUTORIDADES EN PUNO

Protestas no tienen cuando acabar en la región Puno.

Tras el levantamiento de la huelga indefinida en diferentes provincias de la región, luego de más de 40 días de protesta en contra de las concesiones mineras, centenares de pobladores de Juli se movilizaron por las principales arterias de esta ciudad exigiendo la presencia del alcalde, Juan Aguilar Olivera, para que explique su ausencia en esta medida de lucha.

Aguilar Olivera, desafió a los manifestantes a través de una emisora local, anunciando que si la mayoría lo pidiera, él renunciaría sin ningún inconveniente. “Algunos creen que mi renuncia va a solucionar los problemas; eso no es verdad. Se puede dar un paso al costado, no asistir a tres sesiones ordinarias y la vacancia es automática; si la gran mayoría lo pide (su renuncia) no tengo ningún inconveniente”, replicó.

Lo mismo hizo en la plaza de Armas, el domingo pasado, cuando la población escuchaba el informe de sus dirigentes. Públicamente reiteró su posición, a la vez que justificó su ausencia indicando que la Ley no le permitía estar en las huelgas, lo que generó reacción de los asistentes.

De otra parte, la mayoría de la población juleña ratificó como presidente del Comité de Defensa de Medio Ambiente, a Hernán Chipana Mamani, desconociendo así el liderazgo de Walter Aduviri sobre ellos, por haber tenido cierto celo político con sus enviados a la capital de la República. El liderazgo de los aymaras no es del todo claro, dada la notoriedad de Walter Aduviri, sin haber participado en las elecciones para definir autoridades locales el año pasado. Sin embargo, las autoridades elegidas en la zona sur de Puno, ven con dificultad su propio liderazgo como en el caso del alcalde de Juli.

Diario La Primera-Lima 29.06.2011

CONGRESISTAS SON RESPONSABLES DE LA CONTAMINACIÓN DE CUENCA DEL RAMIS


Puno. Tomás Cenzano (Apra) y Francisco Ccama (Fuerza 2011) vinculados a la minería informal. Familia de Cenzano es propietaria de mina en La Rinconada, donde operan 30 mil informales. Ccama tiene viejas denuncias por contaminar ese río.

La reciente asonada en Juliaca que causó la muerte de cinco personas cuando miles de campesinos del norte de Puno exigían al gobierno la urgente descontaminación del río Ramis tiene en la minería informal que ejecutan cerca de treinta mil personas en las alturas de Ananea a los responsables de este delito ambiental.

Pero resulta que el congresista aprista Alfredo Tomás Cenzano Sierralta y el recientemente elegido parlamentario fujimorista Francisco Ccama Layme tienen mucho que ver con el hecho.

Ccama Layme, de las filas del fujimorismo, es presidente de la Central de Cooperativas Mineras de San Antonio de Poto, y como tal tiene una denuncia fiscal por contaminación minera en la cuenca del río Ramis.

Esta organización opera sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental. Y Francisco Ccama es considerado el principal minero informal en Ananea.

Sin embargo el ahora electo legislador alegó que la actividad minera en el Ramis se practica desde hace más de cincuenta años.
Y frente a la evidente turbidez de las aguas de este río, afirmó displicente que éstas siempre han permanecido con esa coloración.
Lo cierto es que la Central de Cooperativas Mineras que Ccama preside no ha cumplido con descontaminar el río Ramis y menos evitar que siga envenenándose.

El analista político Aldo Santos, de la ONG Servicios Educativos Rurales (SER), dudó del trabajo que pueda realizar este congresista en beneficio de Puno.

“No me imagino, por ejemplo, a Francisco Ccama proponiendo una ley para la formalización de la minería informal”, comentó.
En cuanto a Tomás Cenzano Sierralta, este congresista declaró tener el 33 por ciento de participación en la concesión minera Chibolo-2, situada en la zona de Winchumayo.

También aceptó poseer el 45 por ciento de la minera Media Naranja. Esta empresa fue acusada de tener una deuda con la Sunat por un monto de 240 millones de soles.

Más tarde transfirió dichas acciones a su hijo, en razón de que la Ley General de Minería le prohibía realizar actividad minera en su condición de legislador. Aún así, siguió ligado a las empresas a través de su familia.

Según refirió Aldo Santos, del Servicio Educativo Rural (SER), la familia de Tomás Cenzano es además propietaria de joyerías en Juliaca y para la fabricación de joyas acopian oro de la zona de Ananea, donde precisamente impera la minería informal.
Informales tienen mucho poder

Aldo Santos reveló también que los dos congresistas mencionados son propietarios de minas en la zona, y reconoció que los mineros informales tienen mucho poder.

“Ellos pueden colocar congresistas y además tienen mucha capacidad para movilizar gente”, anotó el analista de SER.
Santos recordó igualmente que en la gestión del presidente regional Hernán Fuentes, unos cuarenta mil mineros artesanales llegaron hasta Juliaca y amenazaron con quedarse allí para bloquear la ciudad de Puno si el gobierno regional no instalaba un sistema de luz eléctrica en la localidad de Ananea.

“Ahora los campesinos han logrado un presupuesto de 150 millones de soles para la descontaminación de la cuenca del Ramis, pero el presupuesto total para hacer esta labor llega a los 300 millones de dólares”, afirmó Santos, quien lamentó que en Lima no se maneje la información como se debe.

La clave
Desde el año 2007 hasta la semana pasada en que se reunieron dirigentes y autoridades con el Ejecutivo, se han levantado 24 actas para tratar de mitigar los impactos de la minería informal en el ya bastante dañado río Ramis, pero no ha habido acciones drásticas para acabar con los orígenes de la contaminación. Santos recomendó mecanismos para negociar con los informales porque podría iniciarse un gran conflicto cuando sean afectados.

Reparan terminal aéreo de Juliaca
Aeropuertos Andinos del Perú, concesionario del terminal Inca Manco Cápac de Juliaca, inició ayer los trabajos de reparación de las zonas dañadas que le corresponden en su calidad de administrador de las instalaciones, y agregó que reiniciará sus operaciones en coordinación con Córpac una vez que esta reemplace sus equipos dañados y se cuente con la seguridad necesaria.

Mientras tanto, en el hospital Carlos Monge Medrano se intervino quirúrgicamente a siete personas que tenían balas y perdigones en sus cuerpos a causa de la revuelta del último viernes en Juliaca. Otros cinco heridos permanecen internados en una clínica, en tanto que las demás personas afectadas por la violencia ya fueron dadas de alta. El presidente del Gobierno Regional, Mauricio Rodríguez, aseguró que continuarán apoyando con medicinas a los heridos.

Diario La República-Lima 28.06.2011

PUEBLO KAKINTE DENUNCIA FALTA DE CONSULTA EN PROYECTO DE REPSOL

- Mientras el Ministerio de Energía y Minas se ufana de haber aprobado el Estudio de Impacto Ambiental las comunidades kakinte denuncian estar mal informadas del proyecto, no haber dado su consentimiento y estar desprotegidas frente a los impactos que ya empiezan a percibir en sus territorios ancestrales.

La Organización del Desarrollo del Pueblo Kakinte (ODPK), que representa a comunidades kakinte de La Convención (Cusco) y Satipo (Junín); exigió en una carta dirigida a REPSOL, el respeto a sus derechos como pueblos indígenas.

La carta se refiere al proyecto de prospección sísmica 2D-3D y perforación de 23 pozos, exploración Kinteroni, Mapi y Mashira, Lote 57, que se encuentra entre las provincias de Satipo (Junín), Atalaya (Ucayali) y La Convención (Cusco).

A pesar de ello, el pasado 15 de mayo, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) difundió que dicha cartera, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE), aprobó el estudio de impacto ambiental (EIA) para la prospección sísmica.

A través de la Resolución Directoral Nº133-2011-MEM/AAE, la DGAAE indica que el proyecto iniciará actividades con la perforación de tres pozos exploratorios: Kinteroni BX, Mapi LX y Mashira GX.

Asimismo se menciona que el EIA cuenta con la Opinión Técnica Favorable del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP) y por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

El comunicado del MEM señala también que el EIA “cumple con los lineamientos establecidos en el reglamento de protección ambiental de hidrocarburos y ha desarrollado todo el proceso de participación ciudadana que requiere la norma establecida para ello”.

ODPK rechaza supuesta consulta
Ante ello, en una carta remitida al MEM y a REPSOL el pasado 13 de junio, la ODPK comunica al Ministerio que la población, autoridades y organización kakinte, observaron y desaprobaron el proyecto llevado a cabo por parte de REPSOL.

Dicha desaprobación consta en el Oficio N° 74-2010-MEMAAE, firmado en la comunidad de Tsoroja el 18 de julio de 2010 con el asunto como parte de un taller informativo luego de presentar el EIA del proyecto de prospección sísmica 2D-3D y perforación de 23 pozos, exploración Kinteroni, Mapi y Mashira, Lote 57.

Además, esa misma fecha, las autoridades, comunidades y la organización kakinte exigieron al Ministerio de Energía y Minas y a REPSOL que se comprometan a desarrollar un mayor número de talleres informativos con participación del pueblo kakinte.

También exigieron que la información sobre el proyecto de extracción sea comunicada al pueblo kakinte previamente a las acciones que realice el gobierno y REPSOL sobre sus territorios.

Asimismo, consideraron en el documento que el pueblo kakinte debe conocer las acciones del proyecto de extracción y conocer a través de qué normas y con qué criterios de consulta el gobierno peruano y sus instituciones velarán por los derechos de los pueblos indígenas.

Por otro lado, demandaron al MEM realizar periódicamente talleres sobre las actividades de la empresa extractiva en sus territorios. Y requirieron la asistencia de los representantes del MEM de manera permanente en los talleres promovidos por REPSOL.

Asimismo pidieron al gobierno peruano que sus derechos lingüísticos sean garantizados entre las normas y métodos del proceso informativo, con la entrega de instrumentos o documentos traducidos a su lengua.
Los kakintes del río Tambo, Junín
El pueblo Kakinte pertenece a la familia etnolingüística Arawak y está conformado por aproximadamente mil personas, ubicadas en el distrito de Río Tambo, en la provincia de Satipo, región Junín.

Viven principalmente de las actividades de autosubsistencia como la caza, pesca y los cultivos de panllevar. Algunos se dedican a la siembra del café y el cacao, pero tienen dificultades de acceso para sacar su producción a otros mercados y comercializarlos.

Asimismo, este grupo indígena presenta una preocupante situación de pobreza y precariedad, debido al abandono por parte del Estado que invierte muy poco en los sectores educación, salud y vivienda.

Uno de los principales problemas del pueblo kakinte es la pérdida de su lengua materna e identidad cultural. Actualmente sólo cuentan con un docente bilingüe que domina la lengua kakinte y que es miembro de la misma comunidad.

Las seis comunidades cuentan con escuela primaria pero con profesores bilingües provenientes de otras comunidades y que estarían enseñando a los escolares en un idioma distinto: el machiguenga.

Los niños que terminan su educación primaria no pueden continuar sus estudios debido a la precaria situación económica que hace imposible costear sus estudios en otros lugares.

Las enfermedades más comunes que sufre la población son: tuberculosis, gripe, diarrea y hepatitis. También se presentan algunas enfermedades venéreas.
Aislamiento geográfico

El pueblo Kakinte se encuentra aislado geográficamente. Existen dos vías de acceso, por carretera y aérea:

Por carretera:
Tramo 1: Lima – Satipo: 10 horas de viaje en bus. Pasaje: S/. 50 soles.
Tramo 2: Satipo – Puerto Ocopa: 3 horas de viaje en automóvil. El pasaje cuesta S/. 30 soles y si es por deslizador demora 4 horas, el costo es de S/. 25.00.
Tramo 3: Puerto Ocopa – Boca Poyeni: 4 horas de viaje en bote. Pasaje S/.25.00
Tramo 4: Desde Boca Poyeni se continúa a pie por una trocha hasta llegar a la comunidad Tsoroja. Este desplazamiento toma dos días de viaje.
Por vía aérea:
Se aborda una avioneta desde Mazamari, en Satipo. El viaje dura 45 minutos y el costo es de S/. 1,500.00 por persona o aproximadamente 540 dólares americanos.

Servindi-Lima 28.06.2011

FRENTES DE DEFENSA FIRMAN ACUERDO CONTRA MINERAS


Por dos días representantes de los distintos Frentes de Defensa de la región Cajamarca se reunieron en la provincia de San Marcos, en la II Asamblea Interprovincial de Frentes de Defensa de la Región Cajamarca, donde debatieron los distintos problemas que reclaman para de ese modo unir esfuerzos y exigir el cumplimiento de los mismos ante las instancias respectivas.

En la reunión estuvieron presentes representantes de los frentes de defensa de San Pablo, de la cuenca del Jequetepeque, de San Miguel, Chugur; del valle de Condebamba y de las Federaciones de Rondas Campesinas de San Marcos y Cajamarca.

Con motivo de la próxima asunción de mando del presidente Ollanta Humala, los asistentes también analizaron la situación en la que quedarán los distintos conflictos, por ello acordaron unir esfuerzos para defender el agua, el territorio y la biodiversidad, reclamando para ello el cumplimiento y una mejor normatividad para la consulta previa en la que sean las comunidades quienes decidan si aceptan o no los proyectos mineros y extractivos. De igual modo pedirán la derogatoria de las leyes que criminalizan las protestas.

En otro momento acordaron también exigir la modificatoria de la Ley de recursos hídricos número 29338, la misma que debería tener como puntos básicos la toma de decisiones basada en los usuarios de la cuencas y la posibilidad de declaratoria de Zona de Reserva Protegida a las cabeceras de cuenca, amenazadas por la actividad minera.

Al respecto Wilfredo Saavedra Marreros, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca explicó que se debe respetar el proyecto de Zonificación Ecológica y Económica, y en base a ello revisar todas las concesiones mineras, declarando intangibles las cabeceras de cuenca donde se ponga en riesgo la calidad del agua; los miembros de la asamblea dijeron que uno de los puntos de emergencia son las cabeceras de cuenca ubicadas en el proyecto minero Conga, por lo cual el 5 de julio tratarán de reunirse con el presidente regional a fin de solicitar se apruebe una ordenanza regional parecida a la de La Zanja en esa jurisdicción.

Finalmente en la reunión se acordó reclamar al Gobierno Regional la pronta instalación del laboratorio ambiental, y que el próximo presidente de la República cumpla con exigir el pago de sobre ganancias a las mineras y de regalías.

Todos estos acuerdos fueron firmados por los asistentes en lo que han denominado La Declaración de San Marcos.

Diario El Mercurio-Cajamarca 27.06.2011

AYMARAS LEVANTAN PARO Y RECLAMAN CAMBIOS EN MINISTERIO DE ENERGÍA


Acuerdos. Tránsito en frontera con Bolivia se normalizó luego de 41 días de bloqueo. Decisión fue tomada al lograr la solución del 70 por ciento de sus demandas. Darán una tregua de 30 días a Ollanta Humala para que atienda el resto.

Después de conseguir que el gobierno solucione el setenta por ciento de sus demandas, los pobladores aymaras decidieron levantar la huelga indefinida que iniciaron el 9 de mayo para exigir la derogatoria del Decreto Supremo 083, que otorgaba concesión minera a la empresa Santa Ana, además de solicitar que se anulen todas las concesiones en el sur de Puno.

Como resultado de ello, el puente internacional de Desaguadero fue reabierto al mediodía después de 41 días de paralización.

Los manifestantes que tenían el control sobre esta vía procedieron a concentrarse en la plaza de esta ciudad en espera del retorno del dirigente Walter Aduviri para que les informe detalladamente sobre la gestión que cumplió en la mesa de diálogo con el gobierno.

Miles de pobladores de Ilave, Ácora y Juli reunidos allí reconocieron la labor cumplida por Aduviri junto al medio centenar de representantes de base que también intervinieron en el trato.

El recibimiento fue apoteósico. Bandas de músicos y cohetones dieron el marco festivo al acto.

Frente a la multitud de comuneros, Aduviri explicó las razones que lo llevaron a reunirse con el líder etnocacerista Antauro Humala en el penal de Piedras Gordas.
Afirmó que su único interés era acercarse al presidente electo Ollanta Humala, y que gracias a la visita al etnocacerista se reunió con Isaac Humala, patriarca de esa familia.

“A él (Isaac Humala) le hemos dicho que en la zona aymara no se permitirán la minería ni la actividad petrolera”, recalcó en la plaza de Desaguadero.

El líder campesino reveló haber exigido al padre del electo presidente se reconozca a la nación aymara con una norma especial y también se constituya la universidad aymara.

Plazo al gobierno de Humala
Walter Aduviri señaló que el 30% de sus demandas por solucionar deberán ser resueltas en el gobierno de Ollanta Humala.

Refirió que el decreto 083 quedó sin efecto y se hizo ajustes a la aplicación del Convenio 169 de la OIT, pero está pendiente la cancelación de todas las concesiones en esta parte de la región.

“Energía y Minas debe pasarnos una copia fedateada de los actuados sobre las 600 concesiones que existen en el sur de Puno para evaluar el procedimiento que siguieron. Esto está pendiente y el próximo gobierno de Ollanta Humala tiene la tarea de solucionar el problema”, afirmó el dirigente.

También dijo que las comunidades aymaras movilizadas para exigir reivindicaciones entrarán en un cuarto intermedio, y a partir del 30 de julio darán una tregua de un mes al presidente entrante para que atienda lo que aún queda por resolver.

“Le daremos un plazo que se cumplirá el 30 de agosto para que trabaje este caso y el Congreso saque la Ley de Consulta”, precisó.

Reestructuración del sector
Walter Aduviri consideró que al Ejecutivo le falta mucho por trabajar en materia social.

“Nosotros recomendamos al gobierno de Ollanta Humala que reestructure la Oficina de Prevención de Conflictos Sociales que no sirve para nada. Igual con Energía y Minas, donde parece que la corrupción ha primado”, afirmó.

También señaló que la oficina que evalúa los Estudios de Impacto Ambiental debe ser un ente independiente no vinculado al Minem.

“No vamos a permitir la corrupción. Si en el próximo gobierno el Ministerio de Energía y Minas y la Oficina de Conflictos siguen como están hasta ahora, bueno... no sé qué le espera a Ollanta Humala”, anotó el dirigente.

Chehade: “No hay necesidad de amenazas”
El electo vicepresidente de la República, Omar Chehade, sostuvo que el actual gobierno quiere aplicar la política del “pato rengo” para cojear en los últimos días de mandato cuando ya se eligió al nuevo presidente.

En ese sentido, exhortó al presidente Alan García a asumir responsabilidades en los últimos 30 días que le quedan en el poder.

Sobre las exigencias del dirigente aymara Walter Aduviri, quien aseguró que darían 30 días de tregua al próximo gobierno, Chehade señaló que cumplirán su promesa de primar el diálogo.

“No hay necesidad de amenazas, en nuestro gobierno no habrá más derramamiento de sangre”, dijo.

Diario La República-Lima 27.06.2011

PUNEÑOS ENTIERRAN A SUS MUERTOS Y SUSPENDEN LA HUELGA EN AZÁNGARO


Duelo. Deudos de caídos en protestas sociales claman ayuda. Provincia que fue foco de violencia amaneció con las carreteras desbloqueadas. Pobladores dieron fin a protestas contra las concesiones mineras.

En el fondo, Francisca Huayta Condori sabe que los héroes de las protestas sociales no existen. O tal vez no lo sabe, pero lo intuye. “¿Héroe, héroe? ¿Para qué quiero héroe si después todos se olvidan?”, dice la anciana en el auditorio de la municipalidad distrital de Asillo, en Azángaro. Los restos de su esposo descansan sobre dos caballetes de metal donde cuelga un letrero con la proclama que ahora parece irritarla: “Gregorio Huamán Huamaní, mártir del 24 de junio”.

Es probable que muy pronto se olviden de Gregorio aunque ayer todos lo tenían presente. “¿Gregorio Huamán?”, grita un acomedido poblador. “¡Presente!”, responde una y otra vez el público. La huelga por la descontaminación del río Ramis y contra las concesiones mineras ha sido suspendida en toda la provincia de Azángaro. Es un día de duelo. Las pistas fueron desbloqueadas desde la noche del sábado y hoy un cargador frontal limpia las piedras y tierra que obstaculizaban el tránsito vehicular.

Asillo está situado a 51 kilómetros de la ciudad de Azángaro, capital de la provincia del mismo nombre. Dos de las cinco víctimas del enfrentamiento entre los huelguistas que el último viernes se enfrentaron a la policía por tomar el aeropuerto Manco Cápac son oriundos de aquí. El martes 21 los manifestantes llegaron a Juliaca y tres días después la violencia se desbordó.

Gregorio Huamán era un campesino de 54 años que perdió la vida el Día del Campesino. En Asillo, como en los otros catorce distritos de la provincia de Azángaro, viven de la ganadería, la agricultura y en menor medida del comercio. Sus campos están cubiertos de pastos naturales que sirven de alimento a sus bovinos. Por su territorio cruza el río Ramis, tributario del lago Titicaca, que recibe los relaves de la minería informal en Ananea y La Rinconada.

Es un afluente enfermo. Según el responsable de Ecología y Medio Ambiente de la Dirección Regional de Salud en Puno, Mauro Quispe, sus aguas tienen mercurio, arsénico y cobre. Los pobladores han notado que sus vacunos se enferman cuando beben el agua del río.

Los funerales
En el cementerio de Asillo fueron enterrados los cuerpos de Gregorio Huamán y Raúl Canccapa Huaricallo, luego de una misa de cuerpo presente oficiada por el sacerdote Alfredo Húngaro. Francisca Huayta no solo pidió sanción para los responsables de la muerte de su esposo, sino que clamó ayuda para sus hijos. Tres de sus cinco vástagos son menores de edad. Una de ellos tiene necesidades especiales, ya que cuando tenía 12 años cayó de cabeza y quedó discapacitada.

En Juliaca fueron sepultados los otros tres cuerpos en el campo santo La Capilla. El primero fue de Antonio Campos Huanca, quien fue alcanzado por un proyectil cuando se asomaba por una de las paredes de su casa, para presenciar el enfrentamiento en el aeropuerto.

Más tarde el turno fue de Félix Yrpanoca Turpo, estudiante universitario azangarino. Él, como Petronila Coa Huanca, debía ser sepultado en su provincia, pero una decisión de sus familiares cambió los planes. El duelo en Puno apenas comienza.

La clave
Policías heridos. Los heridos no solo estuvieron del lado de los manifestantes. El comandante de la Policía Nacional, Fredy Enríquez Mansilla, informó ayer que al menos 35 efectivos policiales recibieron atención médica debido a heridas provocadas por las piedras lanzadas por los huelguistas. Diez de ellos pertenecen a la División de Operaciones Especiales (Dinoes) y fueron trasladados a Arequipa, debido a la gravedad de sus lesiones.

Comisaría quedó desamparada
En la ciudad de Azángaro se reiniciaron las actividades, y ayer, día de feria, los comerciantes inundaron las calles. Sin embargo, el temor es haberse quedado a merced de los delincuentes, debido a que el sábado la comisaría del pueblo quedó desamparada. Los efectivos partieron a Juliaca por temor a ser linchados antes de que un grupo de manifestantes quemara la infraestructura.

Por la tarde el tráfico en la ruta al Cusco se rehabilitó y tras retirarse el Ejército que custodiaba con tanquetas el puente Maravillas, en la salida a Juliaca, este quedó bajo protección de la Policía de Carreteras.

Diario La República-Lima 27.06.2011

BAGUAZO: LIBRES DE POLVO Y PAJA

El pleno del Congreso aprobó el Informe en mayoría sobre los sucesos de Bagua que libera de responsabilidad penal y de cualquier tipo de sanción a los ex ministros implicados en un hecho de consecuencias letales. Una nueva burla.

La semana pasada se volvió a confirmar que en este país las lecciones se paporretean y se olvidan, y que las rasgaduras de vestiduras se zurcen a los pocos días. Mercedes Cabanillas, Yehude Simon y Mercedes Aráoz salieron inmaculados luego que se aprobara un informe timorato y anodino fabricado para librarlos de culpas y para acumular amores y favores en aras del fortalecimiento de la alianza apro-fujimorista.

Para entender por qué el informe suscrito por Martha Moyano (Fuerza 20011), Juan Perry (Alianza Nacional) y Eduardo Espinoza (UPP) pudo convertirse en el único que se discutiría en el pleno, debemos recordar cómo se llegó a este sinsentido: Hace un año, el Congreso parió cuatrillizos, debido a que la Comisión que se formó para investigar los sucesos de Bagua no se puso de acuerdo y se dividió. Por un lado, Güido Lombardi redactó un informe que fue la madre de los otros. Otro integrante de la Comisión, el congresista nacionalista Víctor Isla, no coincidió con Lombardi en las conclusiones y recomendaciones, y terminó presentando una versión corregida del mismo. Los congresistas Falla y Calderón del APRA, también se abrieron, redactando un documento que produce vergüenza ajena. Y, finalmente, pasó lo inesperado: Moyano, Perry y Espinoza quedaron en mayoría, con un informe wash and ware.

Lo que hizo Moyano y compañía fue mutilar el informe que presentó Lombardi. Retiraron la parte del análisis y algunas conclusiones y las sazonaron con acusaciones a las ONG y a los líderes locales. Y se copiaron una parte impresentable del informe aprista en la que se sostiene que las comunidades nativas fueron infiltradas por elementos subversivos. Afortunadamente, omitieron la reconstrucción de los hechos en la Curva del Diablo hecha por los apristas donde, sin sangre en la cara, manifiestan que el 5 de junio los policías fueron emboscados por miles de indígenas que cercaron al grupo del mayor Bazán, le quitaron sus armas y dispararon primero.

Lo que sí mantuvieron fue la conclusión del informe Lombardi sobre las responsabilidades políticas que caen sobre el Ejecutivo por haber promulgado los decretos, y las de los ministros por haberlos refrendado: la de Mercedes Cabanillas por no haber ejercido la conducción política que le competía, la de Yehude Simon por no haber tenido una actuación que solucionara el reclamo, y la de Mercedes Aráoz por negligente e imprudente.

En lo que todos los informes coinciden es en sostener que se debe penalizar la actuación de los jefes policiales responsables del operativo. (Al final, todo el peso de la ley ha recaído en los generales Muguruza y Uribe y otros cuatro policías, a los que se les ha abierto instrucción por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves y leves).

Fue una desgracia que los informes de Lombardi e Isla no alcanzaran mayoría, o que ambos congresistas no se pusieran de acuerdo. (Aun en ese caso, les hubiera faltado una firma más). La discusión de uno de esos dos documentos hubiera producido un real debate, punzante e incisivo, que hubiera concluido con sanciones ejemplificadoras, y no con la farsa que reprodujo en el Congreso todos los errores, vicios, prejuicios, desentendimientos y mentiras que precipitaron el conflicto del 5 de junio del 2009 .

Los dos congresistas estuvieron comprometidos con la investigación desde el principio y trabajaron el documento en forma conjunta, hasta que un punto neurálgico los dividió: justamente el de la responsabilidad penal de algunos miembros del Ejecutivo. Y es que Isla dio un paso más al atribuirle responsabilidades penales al presidente García, a la ex ministra Cabanillas (por homicidio culposo), y a la ex ministra Aráoz (por el delito de falsedad genérica). Fue un paso al más allá, jurídicamente discutible, pero valiente.

Un año después, Lombardi ha salido a los medios a declarar que no basta con señalar la responsabilidad política, si ésta no va respaldada por una acusación constitucional y de algún tipo de sanción como la inhabilitación para ocupar cargos en el sector público. En el caso de Cabanillas, el congresista sostiene que actuó con una falta absoluta de responsabilidad cuando el mismo 5 de junio, al mediodía, tres horas antes de la muerte de los policías en la Estación 6 , ella declara en RPP que dicha instalación estaba bajo control. (Una perla de las muchas que caracterizaron su lamentable actuación durante el conflicto).

En buen cristiano, el peso de la ley solo caerá sobre los policías responsables del operativo y sobre los líderes indígenas que encabezaron la legítima protesta en defensa de su territorio. Actualmente hay más de 80 dirigentes con orden de captura y su situación es insostenible porque no pueden salir de sus territorios, no pueden trabajar ni comercializar sus productos y, por lo tanto, corre peligro la alimentación y educación de sus hijos.

Lo más lamentable es que los acusados no son los que dispararon en la Curva del Diablo, ni los que asesinaron a los policías en la Estación 6. Son los líderes más visibles y conocidos en la región, que estuvieron encabezando la protesta pacífica, pero que no pudieron controlar a los indígenas que decidieron actuar con violencia. El caso más conocido es el de Simón Weepiu, acusado de secuestro, lesiones graves y muerte. Se trata del Apu que estuvo más de cincuenta días en la Estación 6 en buenas relaciones con los trabajadores y con los policías, hasta que el día 5 de junio fue desbordado por la masa compuesta por mucha gente que llegó de la parte alta y media del río Santiago y otras personas que no eran conocidas. A Simón lo tumbaron junto al comandante Montenegro, lo patearon y golpearon, y lo dejaron en el piso con el pantalón roto. Antes de que se lleven a los policías al monte, debió salir de la Estación 6 para salvar su vida.

Después de lo ocurrido en Bagua, el gobierno y el pueblo awajún rompieron palitos. Parece que ni la cola sintética ni el Triz podrán repararlos.

Servindi-Lima 27.06.2011

SE DEROGÓ DS Nº 083-2007 CUYA PUBLICACIÓN SALDRÁ MAÑAMA EN DIARIO OFICIAL EL PERUANO APLICACIÓN DE CONSULTA PARA ACTIVIDADES MINERAS Y PETROLERAS EN PUNO

El Ejecutivo derogó el Decreto Supremo Nº 083-2007, el cual pone fin al proyecto minero Santa Ana y aplicará el procedimiento de Consulta Previa para las actividades mineras y petroleras ubicadas en el departamento de Puno, normas que serán publicadas mañana en el diario oficial El Peruano. De esta manera y tras más de 10 horas de diálogo entre el ministro del Interior, Miguel Hidalgo y el viceministro de Minas, Fernando Gala con los dirigentes aimaras en el auditorio del MEM, se llegó a importantes soluciones que posibilita que se deponga la huelga indefinida que viene acatando Puno desde hace más de 30 días, en contra de las concesiones mineras y petroleras en la zona sur de la región altiplánica.

Respecto a la Consulta en el departamento de Puno, se dispuso que los procesos, procedimientos, títulos de concesiones mineras y el otorgamiento de derechos de exploración y/o explotación de hidrocarburos existentes en el departamento de Puno no autorizan por sí mismos a realizar actividades mineras o petroleras de exploración ni explotación, ya que previamente debe efectuarse el proceso de consulta con la finalidad de llegar a un acuerdo con los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente, en el marco del Convenio 169 de la OIT y la Ley Nº 24656-Ley de Comunidades Campesinas, según lo determine el Ministerio de Cultura.

Además, se dispone que para las concesiones mineras vigentes y para el otorgamiento de derechos de exploración y/o explotación de hidrocarburos ubicadas en el departamento de Puno, el MEM coordinará con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Agricultura, a efecto de una adecuada determinación de los pueblos indígenas que deban ser materia del proceso de consulta en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

COMISIÓN MULTISECTORIAL
El MEM también acordó con los dirigentes aimaras ampliar los alcances de la Resolución Suprema Nº 131-2011-PCM, a efecto de estudiar y proponer las acciones pertinentes respecto a los derechos para exploración y/o explotación de hidrocarburos ubicados en las provincias de Chucuito, El Collao, Puno y Yunguyo, del departamento de Puno.

Como se recuerda a fines de mayo el Poder Ejecutivo formó una Comisión Multisectorial, adscrita al Ministerio de Energía y Minas (MEM), encargada de estudiar y proponer, en un plazo de 180 días, las acciones pertinentes respecto a las concesiones mineras en las provincias de Chucuito y Yunguyo, ubicadas en el departamento de Puno.

La Comisión estará conformada por un representante del Ministerio de Energía y Minas, quien la presidirá, un representante del Ministerio de Cultura, un representante del Ministerio del Ambiente, un representante del Ministerio de Agricultura, un representante del Gobierno Regional de Puno, así como los representantes de los alcaldes provinciales y distritales de la zona sur de Puno, incluidos también representantes de la Sociedad Civil.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 24.06.2011

NUEVO ENFRENTAMIENTO EN JULIACA ENTRE POLICÍAS Y POBLADORES DE AZÁNGARO QUE INTENTARON TOMAR AEROPUERTO

Se produjo un lamentable enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los manifestantes en las inmediaciones del aeropuerto internacional Inca Manco Capac de Juliaca, cuando los huelguistas intentaron ingresaron al recinto aéreo y fueron dispersados con gases lacrimógenos y disparos al aire. Producto del enfrentamiento, varias personas resultaron heridos y tuvieron que ser llevados al hospital en ambulancias y por el serenazgo municipal, siendo los afectados en su mayoría manifestantes.

Al respecto, el jefe de la Oficina de Prevención de Conflictos Sociales de la PCM Ronald Ibarra, desde la capital Lima, invocó a la calma a los manifestantes, tras indicar que están buscando solución en una mesa de diálogo instalada hace minutos atrás.

La comisión de diálogo está presidido por el Ministro de Vivienda, Juan Sarmiento, viceministros de Minas, Interior, Medio Ambiente, también participa el presidente regional, alcaldes de Azángaro, Carabaya y burgomaestres distritales conjuntamente con los dirigentes.

Por su parte, el dirigente de la Central de Barrios de Juliaca, manifestó que son incontrolables las masas, no obstante llamó a la calma a los protestantes.

MÁS DATOS:
1. El comunero Pablo Mamani sería uno de los heridos con bala.
2. Algunos manifestantes o infiltrados estarían portando armas de fuego.
3. Alrededor de 10 personas heridas se atienden de salud Juliaca
4. Hay una persona fallecida en el Jr. aeronaútica de Juliaca producto de la huelga

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 24.06.2011

CONACAMI DENUNCIA QUE ONU PRIORIZA DERECHOS DE TRANSNACIONALES

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha dado un duro golpe a la defensa de los derechos humanos, al apoyar, a través de la Comisión de Derechos Humanos, los “principios rectores” elaborado por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, las Empresas Transnacionales y Otras Empresas, John Ruggie.

Así lo consideró el consejo directivo nacional de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami Perú) tras conocer que dichos principios rectores ignoran la necesidad de contar con mecanismos vinculantes sobre las operaciones de empresas transnacionales, los cuales servirían para prevenir abusos.

Asimismo, se reafirmó en que las medidas planteadas por el texto de Ruggie no garantizan la protección y respeto de los derechos humanos, pues apela a fórmulas voluntarias que en la práctica no han funcionado.

Conacami recuerda que el Grupo de Trabajo Transnacionales (GT ETN)/Tribunal de la Red Birregional Enlazando Alternativas, del cual es parte, ha señalado en reiteradas ocasiones que “estos mecanismos son utilizados por las empresas como cortina de humo para ocultar su actuación abusiva y desviar cualquier tentativa de adoptar mecanismos de control obligatorio”.

Estas observaciones fueron presentadas oportunamente por el GT-ETN/Tribunal a través de una declaración firmada por más de 30 organizaciones y movimientos sociales de América Latina y Europa.

El documento se basa en el trabajo de investigación y denuncia de las violaciones de derechos humanos en América Latina por parte de empresas transnacionales europeas para la preparación de las tres sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), realizadas entre 2006 y 2010.

Las sesiones del TPP concluyeron que las violaciones de los derechos por parte de las empresas son de naturaleza sistemática, y no eventos aislados, los cuales se encuentran amparados por un sistema jurídico compuesto por tratados de libre comercio e inversiones y por arbitrajes internacionales, para la resolución de disputas inversionista-Estado, que generalmente benefician a las corporaciones transnacionales.

El GT-ETN/Tribunal sostiene que esta arquitectura de impunidad, establecida con la complicidad de los Estados y las instituciones financieras internacionales, subordina los derechos de los pueblos a los “derechos” de las empresas y a la obtención de ganancias.

En ese sentido, el consejo directivo nacional de Conacami apoya el pedido del GT-ETN/Tribunal para que en adelante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, elabore y adopte una normativa legal vinculante para las operaciones de las empresas transnacionales.

Asimismo se suma a la exigencia de priorizar las propuestas de las comunidades afectadas por la actuación de empresas transnacionales, garantizando su derecho a ser oídas.

Declaración del Grupo de Trabajo Transnacionales/Tribunal de la Red Birregional Europa-América Latina y Caribe Enlazando Alternativas
El Grupo de Trabajo Transnacionales/Tribunal de la Red Birregional Europa-América Latina y Caribe Enlazando Alternativas manifestamos nuestro rechazo al informe final del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, las Empresas Transnacionales yOtras Empresas, John Ruggie, y exigimos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que defina e implemente un proceso para la elaboración y adopción de una normativa legalvinculante sobre las operaciones de las empresas transnacionales, en la cual las comunidades afectadas por los abusos de las empresas y organizaciones sociales tengan voz y también participación efectiva.

Durante el proceso de elaboración de su informe (2005-2011), el Relator Especial se negó a recibir las denuncias de las y los afectados por las violaciones de derechos por parte de las empresas, negando así a las víctimas de dichas violaciones el derecho a ser oídas y reconocidas, tener acceso a la justicia, y excluyéndolas del proceso. Al mismo tiempo, Ruggie optó por privilegiar el acceso y la visión de las empresas multinacionales, como lo demuestra su decisión de aceptar los servicios voluntarios de quince centros jurídicos internacionales especializados en el asesoramiento de grandes empresas en 2009.

En las tres sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), realizadas entre 2006 y 2010, se escucharon a más de 100 representantes de comunidades afectadas, movimientos y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe, quienes denunciaron graves abusos cometidos por cerca de 70 empresas transnacionales. A partir de estas sesiones, el TPP concluyó que las violaciones de los derechos por parte de las empresas son de naturaleza sistemática, y no eventos aislados (1). También se comprobó la existencia de un entramado jurídico compuesto por tratados de libre comercio e inversiones y por decisiones en los procesos arbitrales para la resolución de disputas inversionista-Estado, que facilita y protege las operaciones de las empresas y les permite actuar con arbitrariedad. Esta arquitectura de impunidad, establecida con la complicidad de los Estados, subordina los derechos de los pueblos a los “derechos” de las empresas y a la obtención de ganancias.

En este contexto, para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, no basta con proponer mecanismos de cumplimiento voluntario –tales como el Global Compact o programas deResponsabilidad Social Corporativa– como recomienda el Relator Especial en su informe final. Estos mecanismos son utilizados por las empresas como cortina de humo para ocultar su actuación abusiva ydesviar cualquier tentativa de adoptar mecanismos de control obligatorio.

Más allá de esas aparentes soluciones, es fundamental que se reconozca que:

- “el Estado tiene una responsabilidad indelegable por la vigencia de los DDHH en el ámbito de su jurisdicción y debe impedir que los mismos sean violados, ya sea por el mismo Estado y/o sus propios funcionarios como por los particulares” (2);

- ” las sociedades transnacionales, como todas las personas privadas, tienen la obligacion de respetar la ley y si no lo hacen deben sufrir sanciones civiles y penales, también a escala internacional, lo que surge claramente de un examen un poco atento de los instrumentos internacionales vigentes” (3).

Para revertir esta situación y asegurar que la actividad de las empresas cese de violar los derechos humanos, exigimos que:

- el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) no apruebe el informe y las recomendaciones del Relator Especial John Ruggie,- que el CDH defina un proceso para elaborar y adoptar un código de conducta obligatorio para las empresas transnacionales y para establecer un Tribunal Económico Internacional que haga valer los principios de verdad, justicia y reparación, reciba e investigue denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las víctimas -tanto a nivel individual como colectivo- contra empresas, imponga sanciones a los violadores y que garantice el respeto a la Madre Tierra.

1 de junio de 2011

Grupo de Trabajo Transnacionales/Tribunal de la Red Birregional Europa-América Latina y Caribe Enlazando Alternativas
ACSUR-Las Segovias
Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos – AMAP
Alianza Social Continental – ASC
Asociación Entrepueblos
ATTAC Argentina
Collectif Venezuela 13 Avril
Comité pour les droits humains “Daniel Gillard”
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería – CONACAMI
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Ecologistas en Acción
France Amérique Latine – FAL
Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional del País Vasco
IEPALA
Instituto Eqüit – Gênero, Economia e Cidadania Global
International Gender and Trade Network – IGTN
Jubileo Sur/Américas
Movimiento Agrario Indígena Zapatista – MAIZ
Movimiento Social Nicaragüense – Otro Mundo Es Posible
Observatorio de la Deuda en la Globalización – ODG
Observatorio de Multinacionales en America Latina – OMAL
Partido de Rifondazione Comunista/Izquierda Europea
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio – RMALC
Red de Acción Ciudadana Frente al Libre Comercio e Inversión SintiTechan
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
Solidaridad Suecia -América Latina/Latinamerikagrupperna – SAL
Transnational Institute – TNI
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo – UCIZONI
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Servindi-Lima 23.06.2011

Pobladores de Azágaro también rechazan concesiones mineras y piden descontaminación de la cuenca del Ramis.
SE AGRAVA CONFLICTO EN PUNO POR MINERAS


Unos cinco mil pobladores de la provincia de Azángaro arribaron a las afueras de Juliaca para bloquear el puente Maravillas, impidiendo toda circulación del transporte y causando zozobra en los pobladores de la Ciudad Calcetera.

A bordo de más de medio centenar de vehículos llegaron los manifestantes azangarinos a Juliaca, un grupo de ellos se instalaron sobre el puente en mención y otro grupo marcha hacia el centro de la ciudad.

Los protestantes rechazan las concesiones mineras, exigen presupuesto para la descontaminación de la cuenca Ramis y rechazan la persecución a los dirigentes campesinos y finalmente piden la derogatoria de la Ley de los Recurso Hídricos – Ley Nº 29338.

Como se recuerda, a finales de junio e inicios de julio del año 2007, los mismos pobladores azangarinos llegaron a Juliaca para exigir descontaminación de la cuenca Ramis. Incendiaron vehículos de la Policía, tomaron el aeropuerto y la estación de trenes de Juliaca.

El dirigente Eleuterio Sanca Tapara señaló que los pobladores se dirigen al puente Maravilla de Juliaca, llevando hondas y palos para defenderse de alguna represión.

El puente Maravillas se encuentra resguardado por un contingente policial para evitar su posible toma.

El ingreso a la ciudad se realizó luego de que los dirigentes sostuvieran un diálogo con el coronel Enrique Dávila Ordoñez, jefe de la División Policial de Juliaca, así como el representante del Ministerio Público y un representante de la fiscalía.

Hay cortes de tránsito en distintos lugares de Puno, tanto en Desaguadero como en Zepita, Yunguyo, Pomata, Juli y Ayaviri, mientras que las actividades comerciales, educativas y transporte se encuentran restringidas en un 100%.

Diario La Primera-Lima 22.06.2011

JULIACA: HUELGUISTAS DE AZÁNGARO SE MANTIENEN FIRMES Y DURMIERON EN PUENTE MARAVILLAS

Las protestas con bloqueos en la ciudad de Puno se mantienen mientras continúa el diálogo en la ciudad de Lima con autoridades del Gobierno Central. Los manifestantes de la provincia de Azángaro ayer llegaron y se quedaron a dormir en el puente Maravillas de Juliaca y para hoy amenazan con radicalizar las protestas, según lo dio a conocer el dirigente Cleto Valencia Izaguirre.

“Hoy vamos a realizar una actividad radical, por motivos de estrategia no podemos revelar” expresó el dirigente tras indicar que al menos 5 kilómetros a la redonda del puente Maravillas está completamente bloqueada. Además anunció que más pobladores procedentes de los distritos de Progreso, San Antón, Asillo se sumarán a la medida de lucha.

La plataforma de lucha es amplia, piden anulación de las concesiones mineras extranjeras, descontaminación de los ríos Ramis, Suches, Coata; también no a la construcción del peaje en la vía Azángaro – Juliaca, no a la persecución de los dirigentes, rechazan la Ley Nº 29339, y piden nueva constitución política basado en el convenio 169 de la OIT.

Exigen una comisión de Alto Nivel para dialogar con el Ejecutivo, que debería realizarse en Puno y no en la capital de la República “El problema no está en Lima, debe solucionarse en Puno” finalizó.

Finalmente, precisar que un fuerte contingente policial desde tempranas horas de la mañana de hoy resguarda el aeropuerto Internacional Inca Manco Capac de la ciudad de Juliaca.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 22.06.2011

EJECUTIVO NO ACEPTA DEROGAR DS 083


Trabas. Según aymaras, concesión dada por esa ley es ilegal. La proposición indica que las concesiones mineras en Chucuito serán sometidas a consulta, pero puneños aseguran que eso no soluciona el problema.

La propuesta del Ejecutivo de someter las concesiones mineras vigentes ubicadas en la provincia puneña de Chucuito a un proceso de consulta de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el decreto supremo 023-2011-EM, fue considerada por el dirigente Walter Aduviri Kalisaya como una falta de voluntad del gobierno para solucionar las demandas de la población del sur de Puno porque esta proposición es la misma que la comisión de alto nivel les llevó a Juliaca y fue rechazada en esa oportunidad.

“El Ejecutivo nos sigue presentando la misma propuesta que ya fue rechazada por las bases. La solución pasa por voluntad política y el presidente Alan García y la ministra Rosario Fernández tienen la última palabra”, manifestó el dirigente después de leer el documento que les presentó el ministro del Interior Miguel Hidalgo y los viceministros de Minas y de Agricultura Fernando Gala y Francisco Palomino, respectivamente.

Aduviri señaló que la demanda puneña no exige consulta ni estudios de impacto ambiental.
“La agenda es cese y cancelación de todas las concesiones mineras y petroleras en la región sur de Puno, y también la anulación del decreto supremo 083”, precisó tras manifestar que la intransigencia del gobierno responde a intereses económicos y que el mencionado decreto supremo fue emitido sin argumentos técnicos ni legales.

El dirigente refirió que no se retirarán de la mesa de diálogo, la que se reiniciará hoy a las diez de la mañana en la sede del Ministerio de Energía y Minas.

Pero indicó que la prolongación de las reuniones sin resultados positivos para los aymaras está acabando con la paciencia de la población en Desaguadero.

Puno no tiene alternativa legal
El viceministro de Minas Fernando Gala indicó que el Ejecutivo ha solicitado a los dirigentes que presenten una alternativa legal al tema de la anulación de las concesiones pero que no la tienen.

“Nosotros les hemos dicho que si tienen una alternativa legal viable en el marco de la ley que nos la alcancen, pero no lo han hecho”, expresó.

En tanto el ministro del Interior Miguel Hidalgo explicó que la cancelación de una concesión minera no está establecida en la ley de minería y que se requerirá un trabajo en el Congreso para tal fin.

“Y respecto a la derogatoria del decreto supremo 083, hay un proyecto de ley en el Congreso que daría solución a la demanda de la población aymara aunque ésta será en el largo plazo”, aclaró el ministro Miguel Hidalgo.

“El DS 083 es totalmente ilegal”
El congresista por Puno Yonhy Lescano Ancieta informó que el decreto supremo 083, que faculta la concesión a la minera Santa Ana, fue emitido ilegalmente.

”Este decreto supremo no tiene sustento, solo existe el acta de un alcalde de Huacullani que en el año 2004 pidió actividad minera en la zona y eso no es suficiente sustento porque se tiene que probar que haya utilidad pública y haya beneficio para la comunidad”, dijo.

Indicó que este era un asunto muy delicado porque se trataba de autorizar a una minera extranjera para que opere en la zona de frontera.

”La falta de sustento de esta norma significa que se ha omitido funciones y se ha incurrido en irresponsabilidad que debe sancionarse”, anotó.

Diario La República-Lima 21.06.2011

MANUEL CASTREJÓN: LAS LAGUNAS DE ALTO PERÚ NO SE TOCAN, Y PUNTO

San Pablo, la heroica provincia, está de fiesta. Anuncia con bombos y platillos la celebración de su fiesta patronal.

Pero esta apacible provincia también es un referente en la lucha por la preservación de las fuentes de agua. Las lagunas de Alto Perú, son el colchón acuífero que da vida al gran valle del Jequetepeque.

Diario El Mercurio conversó con Manuel Castrejón Terán, alcalde provincial de San Pablo, al respecto de este y otros temas.

¿San Pablo es un ícono gracias a la protección de las lagunas de Alto Perú?
Así es.

¿Siguen consideradas esas lagunas como patrimonio?
Esas lagunas son más que un patrimonio. San Pablo defiende esas lagunas, es un recurso único, de esas lagunas depende la vida en todo el valle del Jequetepeque. Ahora se habla de los graves y dramáticos efectos del llamado cambio climático, el agua es un tesoro, y por lo tanto es nuestra obligación cuidar nuestras fuentes.

¿Existe algún frente de Defensa?
Sí. Hablamos de un colectivo amplio en el cual participan todas las fuerzas de San Pablo, las lagunas del Alto Perú no se tocan y punto, ese tema no tiene revisión. Hay ordenanzas que protegen esas lagunas, existen precedentes de ese cuidado, imposible que se toque el tema o que se pretenda tocar esas lagunas, de eso el pueblo puede estar seguro.

¿Se impulsaba la promoción turística en la zona?
Así es. Se está promocionando la zona de las lagunas de Alto Perú como un nuevo espacio para el turismo en San Pablo. Es importante contar con la difusión de ese lugar, que tanto significa e importa no solo para San Pablo, esas lagunas son una fuente valiosa de agua. Ahora con las nuevas tendencias de turismo, esperamos que cada vez sean más los interesados en conocer esta maravilla de la naturaleza.

¿Se están promocionando o poniendo en valor otros centros turísticos?
Sí. San Pablo es conocido mundialmente por las ruinas de Kuntur Wasi, pero son muchos los lugares que tiene la provincia para ofrecer a propios y visitantes. Existen ventanillas, restos arqueológicos, San Pablo es un destino más que interesante.

¿Se viene la fiesta qué ofrece a los visitantes?
Una sana diversión. Las actividades por la fiesta patronal son diversas, desde deportivas, sociales, culturales. San pablo está convocando a todos sus hijos, a los visitantes de toda nuestra región. San Pablo tiene muy buenas vías de acceso, es un lugar apacible, una buena oportunidad para que la familia pasee y conozca más de esta tierra.

¿Los fondos para organizar esta fiesta?
Todos provienen de los vecinos. Las familias de San Pablo aportan cada año para la fiesta. No podemos olvidar que una fiesta popular es más que una simple celebración. Es un re-encuentro de familias, de amigos, una oportunidad de volver a recordar. La fiesta y todo el programa está garantizado, los que vengan, bienvenidos.

Diario El Mercurio-Cajamarca 21.06.2011

DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMIENDA DEROGAR NORMA QUE POSTERGA MEDIDA AMBIENTAL DE AGUAS

La Defensoría del Pueblo recomendó al ministerio del Ambiente derogar el decreto supremo 010-2011 que permite a las mineras operar sin cumplir los límites máximos permisibles de contaminación de recursos hídricos hasta setiembre de 2015.

El organismo supervisor recordó que la norma anterior (DS 010-2010) ya otorgaba un plazo hasta el 21 de octubre de 2013, tiempo suficiente para que se haga cumplir un instrumento de gestión ambiental de prevención de la contaminación producida por la actividad extractiva.

El defensor del pueblo encargado, Eduardo Vega, sostuvo que la prórroga de los LMP debería contar con una justificación técnica adecuada que, al parecer, no es el caso.

Servindi-Lima 21.06.2011

AGRICULTORES QUEDARÍAN SIN AGUA DE RIEGO

Alrededor de siete mil agricultores que usan el agua de los manantiales distribuidos en la cuenca no regulada del distrito de riego del río Chili, están en riesgo de quedarse sin el recurso para cumplir sus necesidades básicas y regar sus cultivos, debido a la construcción indiscriminada de nuevos pozos tubulares.

El presidente de la Junta de Riego de Chili Zona no Regulada, Percy Del Carpio Lazo, advirtió que en los últimos años el Gobierno Regional y algunos municipios distritales construyeron entre 50 y 80 pozos tubulares en Socabaya, Quequeña, Yarabamba, Characato y Mollebaya.

Para llenar estos contenedores tomaron el agua de manantiales de agua subterránea, sin realizar previamente un estudio hidrológico por la zona, situación que habría revelado la realidad que ahora se vive. “Dicha cuenca está completamente agotada, y no tiene capacidad para agua a nadie más”, dijo el dirigente. Explicó que una solución para este problema es construir espejos de agua y pequeñas represas.

Diario La Primera-Lima 21.06.2011

MINERÍA INFORMAL ES UNA AMENAZA EN LA LIBERTAD

Casi el 70 por ciento de Cerro El Toro, ubicado a 15 minutos de Huamachuco, ha sido invadido por mineros informales, sin ningún criterio técnico utilizando como insumos: cianuro, cal y carbón activado; inclusive con equipos de perforación y explosivos, actividad que ha generado un impacto negativo en el medio ambiente.

De manera informal existen cerca de 120 labores mineras que dan lugar a 80 pozas de cianuración, las cuales consumen 1,600 kilogramos de cianuro por mes, que es proporcionado por empresas inescrupulosas. Estos insumos vertidos en grandes pozas que sirven para el procesamiento químico de material que extraen de socavones que realizan en el cerro El Cachito y El Toro.

Los desechos químicos son vertidos en los terrenos agrícolas aledaños, generando contaminación ambiental. El relave o desmonte producto de la actividad ilegal de cianuración, es colocado al costado de las pozas y dada la pendiente así como las constantes lluvias hace que dichos residuos desciendan causando daño a los suelos haciéndolos no aptos para la agricultura, dañando las viviendas, la flora y fauna de las poblaciones de Shiracmaca y Coigobamba.

A través de los medios de comunicación se ha denunciado el abuso y explotación infantil, pues el minero informal toma a menores de edad para dichas actividades al margen de la ley por ser mano de obra más barata

Estos hechos han generado una serie de acciones legales a fin de preservar el medio ambiente así como la salud de los pobladores de las zonas afectadas. Sin embargo, los resultados de las mismas reflejan una total indiferencia por parte de las autoridades que han tenido en sus manos la oportunidad para otorgar soluciones.

Diario La Primera-Lima 21.06.2011

AYMARAS RETOMAN HOY DIÁLOGO EN LIMA SOBRE TEMA MINERO CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL

El presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno Walter Aduviri, rechazó la propuesta del Ministerio de Energía y Minas sobre realizar consultas previas antes de permitir operaciones mineras. El día de hoy a las 10 de la mañana se dispuso reanudar el diálogo con las autoridades del gobierno central, luego de que ayer en horas de la tarde dirigentes de los aymaras se reunieran con las autoridades del Ministerio de Energía y Minas. En dicho diálogo Aduviri, dijo que el tema de fondo no es una consulta a los pobladores, sino la cancelación de todas las concesiones mineras en la zona sur de la región de Puno.

“El tema de fondo no es una consulta previa, el tema de fondo es el cese y cancelación definitiva de todas las concesiones mineras y petroleras en la región sur de Puno”, dijo al salir de la sede del Ministerio de Energía y Minas.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 21.06.2011

GRUPO DE TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS DEPLORA PROCESO DE APROBACIÓN DE LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, SIN CONSIDERAR ETAPA DE CONSULTA

El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ante la aprobación en el Congreso de la República de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, expresa lo siguiente:

Lamenta que el Congreso de la República no haya respetado los derechos de los pueblos indígenas en la aprobación de la Ley Forestal. En tal sentido, no se ha seguido un adecuado proceso de aprobación de esta norma por la Comisión Agraria; no se han respetado los derechos fundamentales de estos pueblos, negándose a buscar los consensos solicitados por importantes organizaciones nacionales indígenas representativas.

Deplora la forma en que se ha llevado a cabo el proceso de aprobación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sin una etapa previa de consulta, de acuerdo a los estándares establecidos en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, y la jurisprudencia vinculante, tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Censura el hecho de que el propio Congreso de la República se haya negado a discutir y aprobar el proyecto de ley de Consulta Previa que se encontraba en la agenda legislativa desde hace más de un año.

Declara que resulta una burla a los pueblos indígenas y al país que se sostenga que la Ley Forestal ha seguido un proceso de consulta cuando no se hizo mayor esfuerzo por aprobar previamente la Ley de Consulta.

Por tanto, la CNDH solicita al Presidente García observar la presente ley, para que se lleve adelante un proceso de consulta a los Pueblos Indígenas, dándoles la legitimidad necesaria.

Para el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, esta situación demuestra que la mayoría parlamentaria ha legislado de espaldas al país y ha manifestado su incapacidad para abordar derechos fundamentales de los pueblos indígenas que ayudarían a promover el fortalecimiento de la gobernabilidad.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 21.06.2011

RADICALIZARÁN SUS MEDIDAS DE FUERZA CONTRA LA MINERÍA


Población espera que autoridades regionales anulen permiso de operaciones de empresa Perú Mineral SAC, a la cual rechazan por considerar que sus operaciones contaminan las aguas del cerro Urpillao, de donde se abastece la agricultura y ganadería de la zona así como para el consumo humano de esta localidad

Así lo informo el presidente del comité agropecuario y defensa de los recursos naturales del caserío de Nambuque, distrito de la cuesta, Yony Soto Carrión, tras anunciar que mañana más de 20 comunidades y organizaciones sociales de base acatarán un paro de 24 horas, en el que exigirán al presidente regional de la Libertad, José Murgia Zarnnier y al gerente regional de energía y minas, Geanmarco Quesada Castro, anule la autorización de dicha minera

“Hemos convocado a todas las bases, desde Simbal hasta el Cerro Urpillao. También a las zonas de Collambay, Sinsicap, San Ignacio, Currupampa y otros caseríos que también se ven afectados con la presencia de Perú Mineral SAC, ya que son agricultores que usan el recurso hídrico para sus cultivos. Nosotros sabemos que las mineras vienen a contaminar el medio ambiente”, manifestó.

El dirigente cuestiono a las autoridades regionales así como al Ministerio de Energía y Minas por otorgar los permisos y concesiones a las empresas mineras, sin tomar en cuenta a los agricultores propietarios de esas tierras.

“Nuestra protesta es contra el gobierno regional y central. Rechazamos la minería porque no se nos ha consultado para que se instale sobre nuestra agricultura, Hay leyes que nos protegen y que ordenan que para que la minería pueda operar, deben tener el permiso social de las comunidades”, expresó Soto Carrión en diálogo con la República.

Diario La República-Lima 20.06.2011

GREMIOS DE SECHURA INICIAN DIÁLOGO CON EMPRESA VALE LUEGO DE PARO DE 48 HORAS

Finalmente se inició el diálogo entre la empresa Vale y la Asociación de Transportistas, Maquinaria Pesada y Servicios Generales (ATRAMS) de Sechura, luego de que este gremio realizara un paro de 48 horas los días 13 y 14 de junio.

El motivo de la protesta de ATRAMS y otros gremios de la provincia de Sechura es exigir que la empresa Vale, que extrae fosfatos en Bayóvar, cumpla el convenio marco y priorice la contratación de trabajadores de la localidad.

El jueves 16 se realizó una mesa de diálogo donde los gremios sechuranos y los representantes de Vale acordaron revisar el cumplimiento del convenio marco, firmado el 2004 entre ProInversión y la Comunidad Campesina San Martín de Sechura.
Departamento de Piura y sus ocho provincia. Imagen: Blog: Un Tour por Piura

Luego de más de seis horas de reunión César Orrego Azula, representante de la Defensoría del Pueblo en Piura, leyó ante la prensa los acuerdos arribados.

Un segundo acuerdo fue revisar los impactos ambientales denunciados por los representantes de Atrams, los relaves en los predios de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura y las bombas de succión en el mar.

A pesar que se mencionó que las coordinaciones entre la empresa Vale y Atrams no son vinculantes, para Orrego Azula la reunión fue muy productiva porque se trazó una hoja de ruta para el proceso de diálogo.

Precisó que no será un proceso corto, y que ambas partes asumieron la decisión de agotar todos los temas de la agenda pendiente de discusión en próximas reuniones. La próxima reunión se celebrará el 24 de junio en el mismo auditorio municipal.

En la primera sesión estuvieron los representantes de la empresa Vale, encabezados por la gerenta de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, Úrsula Maclean; de ATRAMS, con su presidente Rolando Periche y del Frente de Defensa de la Bahía de Sechura, Amaru Ipanaqué.

Además, acudieron, representnado al Frente de los Marisqueros, Claudio Collazos; y el representante de la mano de obra, Blanca Chunga. Asimismo, Francisco Ayala Chunga, en su calidad de presidente de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura.

Actuaron de mediadores en la reunión la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad de Sechura, el Gobierno Regional de Piura, la Gobernación Política y la Policía Nacional del Perú.

Servindi-Lima 19.06.2011

DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMIENDA DEROGATORIA DE NORMA QUE PERMITE A EMPRESAS MINERAS POSTERGAR CUMPLIMIENTO DE NORMAS HASTA EL 2015


Ante la reciente publicación del Decreto Supremo Nº 010-2011-MINAM que facultaría a las empresas mineras a continuar con sus actividades sin cumplir con los niveles máximos de contaminación de los recursos hídricos hasta el 30 de septiembre de 2015, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio del Ambiente evaluar la posibilidad de derogar el mencionado dispositivo legal.

A través de un oficio defensorial – firmado por el Defensor del Pueblo (e) Eduardo Vega, y dirigido al Ministro del Ambiente, Antonio Brack – la institución recordó que los Límites Máximos Permisibles (LMP) constituyen un instrumento de gestión ambiental fundamental para prevenir la contaminación producto de las actividades extractivas.

Por ello, la Defensoría del Pueblo considera de suma importancia que pueda hacerse efectivo el cumplimiento del Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM, que estableció el 21 de agosto de 2013 como fecha máxima para que las empresas mineras cumplan los LMP para la descarga de efluentes líquidos de actividades minero – metalúrgicas.

Asimismo, la institución señaló que la modificación de cualquier norma, y en particular de una que modifica los plazos máximos para el cumplimiento de obligaciones ambientales, debe contar con una justificación de técnica adecuada y de carácter público.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 18.06.2011

WALTER ADUVIRI: PUEBLO AYMARA DEFENDERÁ EL LAGO TITICACA

Tras permanecer por más de 30 horas atrincherado en canal de TV. Por la tarde, el dirigente aymara exigió al gobierno se retome el diálogo para solucionar demandas de Puno. Con otros comuneros sigue agenda en Lima.

Esta vez el diálogo se impuso a la prepotencia. El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Zona Sur de la Región Puno Walter Aduviri Calizaya abandonó las oficinas de Panamericana TV ayer por la tarde, luego de que los integrantes de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Puno decidieran revocar la orden de detención preliminar en su contra.

Aduviri Calizaya había permanecido en la citada empresa televisiva desde el miércoles por la mañana, pues la policía rodeó el lugar para proceder a una orden de detención emanada por una fiscalía de Puno por haber supuestamente dirigido una violenta protesta en la ciudad de Puno.

Su salida del canal de televisión fue festejada por decenas de dirigentes aymaras que junto con los periodistas provocaron un tumulto en plena avenida Arequipa.

“No soy delincuente”, alcanzó a decir Aduviri, para después retirarse en un automóvil rumbo a las oficinas de sus abogados.

Protegeremos el Lago Titicaca
Dos horas más tarde, y luego de intentar infructuosamente introducir este caso en el Congreso, Aduviri Calizaya, acompañado del legislador Yonhy Lescano y del líder nativo Alberto Pizango, organizó una conferencia de prensa en la Confederación Nacional Agraria.

En un encuentro menos espectacular que horas antes, Aduviri respondió con claridad a los sectores que cuestionan las movilizaciones de los comuneros aymaras que desde hace 33 días se registran en la zona sur del país.

“¿Por qué la derogatoria del Decreto supremo 083-2007? Porque se antepone al artículo 71 de la Constitución Política. Dentro de los 50 km de frontera no puede haber títulos o minería”.

“En el art. 71 del DS. 083 se declara de necesidad pública ese proyecto pero, ¿cuál necesidad pública?”, se pregunta el dirigente.

“Se justifica con argumentos propios la defensa del territorio, ese que agrupa la actividad agropecuaria, la agricultura, el comercio y el turismo. Esas son las cinco actividades que predominan. En el Sur no hay minería artesanal. Defenderemos el Lago Titicaca”.

El dirigente aymara señaló como malos antecedentes en la región Puno la contaminación de la laguna Pasto Grande en la zona centro. Además, afirmó que el Lago Titicaca es el recurso del mundo al que debe cuidarse y protegerse. “Esos son nuestros argumentos para concluir que la minería no ingrese”, indicó.

Por su parte, el asesor legal del dirigente, José Luis Núñez, anunció que interpondrán una denuncia contra las autoridades por abuso de autoridad ante una detención tramitada inadecuadamente.

Mientras tanto, Aduviri continuará hoy su agenda en el Congreso, donde espera que el pedido de los aymaras sea atendido. Lo que sí queda claro es que el ingreso de la minería formal no será un punto de discusión para los aymaras que aún están en el limbo en Lima.

Merino: “Primero se debe escuchar a las comunidades”
La ex defensora del Pueblo Beatriz Merino refutó públicamente al ministro del Interior, Miguel Hidalgo, frente a casi 700 universitarios reunidos en CADE Universitaria 2011.

Hidalgo explicaba la necesidad de permitir concesiones mineras en Puno a fin de obtener recursos para las comunidades, cuando Merino lo interrumpió. “Lo que se tiene que hacer es escuchar a las comunidades que viven de la agricultura y consultarles”, dijo refiriéndose a la tensa situación en Puno.

El congresista Yonhy Lescano afirmó que la revocatoria de la detención de Aduviri no fue un mecanismo ilegal. “Fue declarada improcedente porque no fue dictada conforme a ley. Se comprobó que la Fiscalía no había citado a los dirigentes aymaras. Significa que fue dictada ilegal y arbitrariamente y fue promovida intencionalmente para detener la movilización de dirigentes a Lima”, dijo.

Lescano agregó que el Estado falló al promover capturas para impedir el diálogo, y pidió promoverlo a las autoridades. ”Los conflictos no se resuelven con capturas. La gente ha pedido escuchar y eso se nota en los resultados de la segunda vuelta”, insistió.

Diario La República-Lima 17.06.2011