CONACAMI DENUNCIA QUE ONU PRIORIZA DERECHOS DE TRANSNACIONALES
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha dado un duro golpe a la defensa de los derechos humanos, al apoyar, a través de la Comisión de Derechos Humanos, los “principios rectores” elaborado por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, las Empresas Transnacionales y Otras Empresas, John Ruggie.
Así lo consideró el consejo directivo nacional de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami Perú) tras conocer que dichos principios rectores ignoran la necesidad de contar con mecanismos vinculantes sobre las operaciones de empresas transnacionales, los cuales servirían para prevenir abusos.
Asimismo, se reafirmó en que las medidas planteadas por el texto de Ruggie no garantizan la protección y respeto de los derechos humanos, pues apela a fórmulas voluntarias que en la práctica no han funcionado.
Conacami recuerda que el Grupo de Trabajo Transnacionales (GT ETN)/Tribunal de la Red Birregional Enlazando Alternativas, del cual es parte, ha señalado en reiteradas ocasiones que “estos mecanismos son utilizados por las empresas como cortina de humo para ocultar su actuación abusiva y desviar cualquier tentativa de adoptar mecanismos de control obligatorio”.
Estas observaciones fueron presentadas oportunamente por el GT-ETN/Tribunal a través de una declaración firmada por más de 30 organizaciones y movimientos sociales de América Latina y Europa.
El documento se basa en el trabajo de investigación y denuncia de las violaciones de derechos humanos en América Latina por parte de empresas transnacionales europeas para la preparación de las tres sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), realizadas entre 2006 y 2010.
Las sesiones del TPP concluyeron que las violaciones de los derechos por parte de las empresas son de naturaleza sistemática, y no eventos aislados, los cuales se encuentran amparados por un sistema jurídico compuesto por tratados de libre comercio e inversiones y por arbitrajes internacionales, para la resolución de disputas inversionista-Estado, que generalmente benefician a las corporaciones transnacionales.
El GT-ETN/Tribunal sostiene que esta arquitectura de impunidad, establecida con la complicidad de los Estados y las instituciones financieras internacionales, subordina los derechos de los pueblos a los “derechos” de las empresas y a la obtención de ganancias.
En ese sentido, el consejo directivo nacional de Conacami apoya el pedido del GT-ETN/Tribunal para que en adelante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, elabore y adopte una normativa legal vinculante para las operaciones de las empresas transnacionales.
Asimismo se suma a la exigencia de priorizar las propuestas de las comunidades afectadas por la actuación de empresas transnacionales, garantizando su derecho a ser oídas.
Declaración del Grupo de Trabajo Transnacionales/Tribunal de la Red Birregional Europa-América Latina y Caribe Enlazando Alternativas
El Grupo de Trabajo Transnacionales/Tribunal de la Red Birregional Europa-América Latina y Caribe Enlazando Alternativas manifestamos nuestro rechazo al informe final del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, las Empresas Transnacionales yOtras Empresas, John Ruggie, y exigimos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que defina e implemente un proceso para la elaboración y adopción de una normativa legalvinculante sobre las operaciones de las empresas transnacionales, en la cual las comunidades afectadas por los abusos de las empresas y organizaciones sociales tengan voz y también participación efectiva.
Durante el proceso de elaboración de su informe (2005-2011), el Relator Especial se negó a recibir las denuncias de las y los afectados por las violaciones de derechos por parte de las empresas, negando así a las víctimas de dichas violaciones el derecho a ser oídas y reconocidas, tener acceso a la justicia, y excluyéndolas del proceso. Al mismo tiempo, Ruggie optó por privilegiar el acceso y la visión de las empresas multinacionales, como lo demuestra su decisión de aceptar los servicios voluntarios de quince centros jurídicos internacionales especializados en el asesoramiento de grandes empresas en 2009.
En las tres sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), realizadas entre 2006 y 2010, se escucharon a más de 100 representantes de comunidades afectadas, movimientos y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe, quienes denunciaron graves abusos cometidos por cerca de 70 empresas transnacionales. A partir de estas sesiones, el TPP concluyó que las violaciones de los derechos por parte de las empresas son de naturaleza sistemática, y no eventos aislados (1). También se comprobó la existencia de un entramado jurídico compuesto por tratados de libre comercio e inversiones y por decisiones en los procesos arbitrales para la resolución de disputas inversionista-Estado, que facilita y protege las operaciones de las empresas y les permite actuar con arbitrariedad. Esta arquitectura de impunidad, establecida con la complicidad de los Estados, subordina los derechos de los pueblos a los “derechos” de las empresas y a la obtención de ganancias.
En este contexto, para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, no basta con proponer mecanismos de cumplimiento voluntario –tales como el Global Compact o programas deResponsabilidad Social Corporativa– como recomienda el Relator Especial en su informe final. Estos mecanismos son utilizados por las empresas como cortina de humo para ocultar su actuación abusiva ydesviar cualquier tentativa de adoptar mecanismos de control obligatorio.
Más allá de esas aparentes soluciones, es fundamental que se reconozca que:
- “el Estado tiene una responsabilidad indelegable por la vigencia de los DDHH en el ámbito de su jurisdicción y debe impedir que los mismos sean violados, ya sea por el mismo Estado y/o sus propios funcionarios como por los particulares” (2);
- ” las sociedades transnacionales, como todas las personas privadas, tienen la obligacion de respetar la ley y si no lo hacen deben sufrir sanciones civiles y penales, también a escala internacional, lo que surge claramente de un examen un poco atento de los instrumentos internacionales vigentes” (3).
Para revertir esta situación y asegurar que la actividad de las empresas cese de violar los derechos humanos, exigimos que:
- el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) no apruebe el informe y las recomendaciones del Relator Especial John Ruggie,- que el CDH defina un proceso para elaborar y adoptar un código de conducta obligatorio para las empresas transnacionales y para establecer un Tribunal Económico Internacional que haga valer los principios de verdad, justicia y reparación, reciba e investigue denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las víctimas -tanto a nivel individual como colectivo- contra empresas, imponga sanciones a los violadores y que garantice el respeto a la Madre Tierra.
1 de junio de 2011
Grupo de Trabajo Transnacionales/Tribunal de la Red Birregional Europa-América Latina y Caribe Enlazando Alternativas
ACSUR-Las Segovias
Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos – AMAP
Alianza Social Continental – ASC
Asociación Entrepueblos
ATTAC Argentina
Collectif Venezuela 13 Avril
Comité pour les droits humains “Daniel Gillard”
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería – CONACAMI
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Ecologistas en Acción
France Amérique Latine – FAL
Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional del País Vasco
IEPALA
Instituto Eqüit – Gênero, Economia e Cidadania Global
International Gender and Trade Network – IGTN
Jubileo Sur/Américas
Movimiento Agrario Indígena Zapatista – MAIZ
Movimiento Social Nicaragüense – Otro Mundo Es Posible
Observatorio de la Deuda en la Globalización – ODG
Observatorio de Multinacionales en America Latina – OMAL
Partido de Rifondazione Comunista/Izquierda Europea
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio – RMALC
Red de Acción Ciudadana Frente al Libre Comercio e Inversión SintiTechan
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
Solidaridad Suecia -América Latina/Latinamerikagrupperna – SAL
Transnational Institute – TNI
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo – UCIZONI
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Servindi-Lima 23.06.2011
