El Comercio levanta la noticia de que Daniel Urresti es el ministro del Interior con más aprobación, según la última encuesta de Ipsos-Perú.
Pero detengámonos un momento. No es que Urresti sea el más aprobado
entre los actuales ministros, sino que el apoyo a su gestión (25%) es
mayor si lo comparamos con las tres gestiones anteriores. Bastante
forzada e interesada la intención de El Comercio por levantar más de la
cuenta a Urresti, sobre todo cuando el 53% de los encuestados declara no
conocer la denuncia que pesa en su contra por el asesinato al
periodista Hugo Bustíos en 1988, lo cual perjudicaría su actual
aprobación. ¿Estamos ante el ministro que el país necesita?
El ministro Urresti se ha popularizado
mostrando medidas efectistas y coyunturales como encabezar
megaoperativos contra la delincuencia, así como dando declaraciones
altisonantes contra la criminalidad. “Mi intención es destrozarle la
cabeza a la delincuencia”, declaró alguna vez el actual ministro del
Interior. Por supuesto, dada las preocupantes cifras de inseguridad
ciudadana, estas declaraciones caen bien en la población, pero sin
acciones de fondo, como atacar la corrupción policial, caen en saco
roto.
Pero repasemos la información que el 51%
de peruanos parece desconocer. Según el expediente judicial que acusa a
Urresti, el actual ministro, como encargado de la Sección de
Inteligencia y Contrainteligencia de la Jefatura Política de Huanta en
1988, habría tenido conocimiento de la detención del senderista
“Sabino”, quien habría implicado al periodista Bustíos en las
actividades de Sendero Luminoso, lo cual habría sido el motivo de su
asesinato. Por tal motivo, se le acusa al ministro Urresti de presunto
autor mediato de este crimen. A esta denuncia se suma otra realizada por
la Federación Minera de Madre de Dios por el asesinato de Américo Laura
Pizarro, ocurrida en una protesta de mineros informales en Mazuco
(Inambari).
Por la gravedad de las acusaciones del expediente, diversas organizaciones internacionales de derechos humanos criticaron
la posición del gobierno de cerrar filas en favor de Urresti. Como
señala Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de Centro por la Justicia
y el Derecho Internacional (CEJIL), “la decisión del Ejecutivo peruano
de ofrecer un cargo público a una persona investigada por estos graves
hechos, envía un mensaje de irrespeto a la labor del poder judicial en
combatir la impunidad, además de ser una afrenta directa para las
víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Perú”.
Las declaraciones del Presidente de la
República, Ollanta Humala, crean mayores suspicacias sobre este caso.
Humala ha dicho que “no ve la culpabilidad” de Urresti en el caso de
Bustíos, lo cual, sin dudas, es un ataque a la independencia judicial y
supone “recompensar” a una persona acusada de graves violaciones a los
derechos humanos.
Muy preocupante que el Presidente Humala
ponga las manos al fuego por un ministro cuya temprana labor viene
siendo sobredimensionada, y que, por el contrario, bien haría en dar un
paso al costado de la cartera del Interior y enfrentar a la justicia
como corresponde.
Publicado http://www.otramirada.pe 15.07.14
