Una grave denuncia cae sobre 16 dirigentes sociales de Cajamarca, luego de que el Fiscal Provincial Penal de Celendín, Ruperto Eugenio Alcántara Vásquez, reabriera un caso previamente archivado para solicitar 31 años y ocho meses de prisión efectiva contra ellos, acusados del delito de secuestro agravado.
La denuncia se basa en que el 26 de abril del 2013 los pobladores del distrito de Sorochuco, en Celendín, durante una asamblea con tenientes gobernadores, pidieron al gobernador de su distrito, Luis Armando Castañeda Pisco, que manifieste su posición con respecto al proyecto Congay finalmente le exigieron que firme un acta renunciando al cargo. Castañeda Pisco no era respaldado por los ciudadanos de Sorochuco pues lo acusaban de utilizar el chantaje y las amenazas para favorecer a la empresa minera Yanacocha. 
Castañeda Pisco y el gobernador provincial de Celendín, Pedro Zamora Rojas, quien también estuvo presente aquel día, denunciaron a Milton Sánchez Cubas, Ramón Abanto Bernal, César Tomás Bolaños Ayala, José Percy Zamora Díaz, Segundo Sare Ortiz, Jeremías Chávez Rodríguez, Maritza Emperatriz Bolaños Ayala, Fabio Rodríguez Rojas, María Bilda Silva Rodríguez, Alberto Izquierdo Vargas, Segundo Manuel Bolaños Ayala, Justiniano Montoya García, Yeni Cojal Rojas, Arístides Arévalo Ortiz, Andrea Rodríguez Chávez y Elsa Elvira Bolaños Atalaya, por los delitos de secuestro agravado, coacción e irreverencia a los símbolos patrios.
Para Milton Sánchez Cubas, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina y uno de los acusados, la denuncia de secuestro no tiene ningún sustento debido a que los hechos, según afirma, se dieron en plena Plaza de Armas de Sorochuco, con la participación de al menos 100 personas y con presencia de efectivos policiales. 
PROCESO IRREGULAR
En este proceso judicial se han dado una serie de irregularidades. Según el testimonio y los documentos que dio Milton Sánchez a LaMula.pe, este caso fue abierto, cerrado y vuelto abrir por la fiscalía. Asimismo, un documento fiscal precisa que hubo intentos de presionar al Minsiterio Público por parte del denunciante Zamora Rojas, tal y como lo señala el fiscal Ricardo Alberto Gomez Hurtado de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Celendín mediante una disposición fiscal. "...en mi despacho, hicieron (Zamora Rojas y su abogado) llamadas telefónicas a diferentes fiscales superiores de Cajamarca, siendo notorio sus comportamientos de una actitud de coacción ..."
Para los dirigentes sociales este es un caso de persecución política en contra de los que se oponen al proyecto Conga, utilizándose las leyes  para beneficiar a la empresa Yanacocha.
Foto: caballeroredverde.blogspot.com
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