Movimientos
sociales, campesinos e indígenas se dan cita en Lima en la Cumbre de
los Pueblos paralela a la conferencia sobre Cambio Climático de la ONU.
Concentración de la tierra, hostigamiento a los pobladores y soberanía
alimentaria en la agenda para un desarrollo sustentable.
Arrancó en
Lima la XX Conferencia de las Partes (COP20) sobre cambio climático
promocionada por las Naciones Unidas para poder acordar nuevos patrones
globales para la reducción de los efectos de la actividad humana sobre
el clima. Más de 10.000 delegados de 195 países están discutiendo los
cambios que deberán hacerse a la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, adoptada en 1994 (y legalmente vinculante
desde 1997, con la incorporación del Protocolo de Kyoto), pero jamás
respetada por las grandes potencias industriales. Se espera que sea la
COP21, que se realizará en París en 2015 la que marque una nueva etapa
mundial con respecto al tema.
Sin
embargo, y en paralelo a la cumbre oficial, organizaciones sociales,
movimientos populares de todo el planeta darán vida a partir del 9 de
diciembre a la Cumbre de los Pueblos, espacio de discusión y acción que
pretende hacer valer sus reivindicaciones en la discusión de delegados a
la COP20 en Lima, para la cual se esperan unos 8.000 participantes y
más de 200 organizaciones de todo el mundo. Y efectivamente, los
intereses de estados y empresas, y aquellos de campesinos, indígenas y
movimientos populares, parecen correr por rieles separados hace varios
años. Salvo algunas excepciones, como la de Venezuela, sede de la PreCop
Social donde los movimientos acordaron un documento que será llevado
por los delegados venezolanos a la cumbre, los modelos de desarrollo en
disputa parecen ser irremediablemente distantes.
Mientras
las delegaciones oficiales parecen querer profundizar los enfoques de
“capitalismo verde”, o la “agricultura climáticamente inteligente”,
reediciones modernizadas de la Revolución Verde desarrollista de la
segunda mitad del siglo XX, los movimientos sociales apuntan al
fortalecimiento de la agricultura familiar y la protección de los
derechos de los campesinos para plasmar un nuevo modelo de desarrollo
humano.
El enfoque
está puesto en la producción alimentaria. Según datos de la FAO, la
industria agrícola es responsable de entre el 70 y el 90% de la
deforestación mundial, lo cual la convierte en la fuente de entre 15 y
18% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Si a eso se le suma
el uso de agrotóxicos, los procesos de manifactura, transporte y
conservación, resulta que entre 44% y 57% de todas las emisiones de
gases de efecto de invernadero provienen del sistema alimentario global.
Éste está a su vez basado en un sistema social, económica y
políticamente injusto. Las mismas Naciones Unidas, aseguran que más del
60% de los alimentos a nivel mundial son producidos por campesinos en
pequeñas propiedades. El 90% de todas las fincas del mundo tienen en
promedio 2,2 hectáreas, y sin embargo ocupan menos de un cuarto de la
tierra cultivable a nivel global. El fenómeno de la concentración de la
tierra se hace aún más visible en América Latina y en la zona del
Asia-Pacífico. En nuestro continente, la agricultura familiar, campesina
o indígena representa más del 80% de las fincas existentes, pero
detiene sólo el 17% de la tierra agrícola. Uno de los casos más graves
es el de Paraguay, donde el 2,6% de la población detiene más del 80% de
la tierra cultivable, o Colombia, donde los pequeños agricultores han
perdido alrededor de la mitad de sus tierras en los últimos 30 años. Un
proceso que avanza en todo el continente y que tiene repercusiones
directas en la forma de producción de alimentos. El avance de la
extranjerización y el monocultivo, que en nuestro continente se ha
duplicado en los últimos 20 años, el modelo de producción extensivo y
biotecnológico, van generando cada vez más repercusiones en la relación
entre el hombre y la naturaleza, relegando los sectores sociales más
humildes. Según un estudio del The Munden Project, el 93% de los
emprendimientos agrícolas, mineros y madereros involucran terrenos
habitados por pueblos indígenas y comunidades locales. Esto ha generado,
especialmente en la última década, una gran cantidad de conflictos
sociales, resueltos en muchos casos con la desaparición, amenaza o
asesinato de los líderes campesinos y indígenas. Si bien los
relevamientos oficiales al respecto escasean, se puede afirmar, sobre la
base de datos de organizaciones sociales a nivel mundial, que más de
900 activistas han sido asesinados entre 2002 y 2013 por conflictos
relacionados con la propiedad de la tierra o proyectos mineros. La mitad
de ellos en Brasil. Perú, Paraguay, México, Colombia y Honduras siguen
en la macabra lista dominada por países latinoamericanos.
Concentración
de la tierra y hostigamiento a las comunidades campesinas son entonces
dos de los ejes fundamentales que los movimientos sociales de América
Latina pondrán arriba de la mesa en Lima durante la Cumbre de los
Pueblos. Ambos fenómenos han crecido exponencialmente en los últimos 10
años en nuestro continente, y la razón, según indican, es la imposición
en la mayoría de nuestros países de un modelo agro-minero-exportador,
basado en la obtención de commodities con el menor nivel de inversión
posible y preferentemente de capitales extranjeros. Así, las
legislaciones locales deben adecuarse. En todo el continente se han
aprobado -o están a punto de aprobarse, como sucede en Argentina en
estas semanas- nuevas “leyes de semillas”. Sus repercusiones sobre la
pequeña producción ha sido, según denuncian diferentes organizaciones
sociales, nefasta. En nuestro continente el 87% de las semillas del
mercado están patentadas. El 77% corresponde a diez empresas, y la mitad
de ellas a tres: Monsanto, Dupont y Syngenta, que a su vez monopolizan
el mercado de pesticidas, agrotóxicos e inoculantes. Es por ello que en
Lima los movimientos populares también llevarán la bandera de la
soberanía alimentaria, como contraparte del modelo agroexportador que se
ha instalado en el continente.
Queda
claro entonces, que la discusión acerca del cambio climático que se
desarrolla en la COP20 debe ahondar sus raíces en las formas de
producción inicuas que han establecido los diferentes modelos de
desarrollo en el mundo, y en especial en nuestro continente. Como reza
uno de los lemas de la Cumbre de los Pueblos, debemos cambiar el
sistema, no el clima.
9 diciembre, 2014
Federico Larsen
Periodista
y docente, conductor de L’Ombelico del Mondo, en Radionauta FM de La
Plata y periodista internacional de Miradas al Sur y Notas, y medios
internacionales.
http://alainet.org/active/79338?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
